Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-08903-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-08903-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-08903-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
7 de abril de 2022
Demandante: Consorcio Acometidas Z1
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2021-08903-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
Bogotá, D.C., siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-08903-01
Demandante: CONSORCIO ACOMETIDAS Z1
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN B Y OTRO
Temas: Rechazo de la demanda por no allegar certificado de
existencia y representación del consorcio
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
1. Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora
contra la sentencia de primera instancia proferida el 27 de enero de 2022 por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta. Mediante esta providencia se declaró
improcedente la solicitud de amparo por no superar los requisitos adjetivos de
relevancia constitucional y subsidiariedad.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
2. El 18 de noviembre de 2021, por medio de correo electrónico dirigido a las
secretarías general del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, el Consorcio Acometidas Z1, a través de apoderado
judicial, presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, en la que solicitó el amparo constitucional de sus derechos al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia. En su sentir estas garantías
fundamentales le fueron vulneradas por los autos de 9 de julio de 2021 y 27 de mayo
de 2020, en su orden, mediante los cuales las autoridades judiciales accionadas
rechazaron la demanda de reparación directa que promovió contra la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, ESP, dentro del proceso No. 25000-
23-36-000-2019-00554-00/1.
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Demandante: Consorcio Acometidas Z1
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro
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1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, solicitó lo siguiente:
1. La petente respetuosamente solicita al HH. Consejo de Estado Sección Cuarta,
que, mediante sentencia de Tutela, ampare los derechos constitucionales e infirme el
auto objeto de la acción, por el que se rechaza la demanda de la parte actora (…).
2. Consecuencia de lo anterior e infirmado el auto objeto de tutela, se ordene dictar
nuevo admisorio de la demanda, conforme lo direccione esta HH. Sala,
restableciéndose y protegiéndosele los derechos fundamentales al Debido Proceso
Art. 29 CN., de Acceso a la Justicia Art. 228 ibidem.
1.3. Hechos
La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia1:
4. El 26 de julio de 2019, el Consorcio Acometidas Z1 presentó demanda de
reparación directa contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P.
5. Mediante auto del 18 de diciembre de 2019, el magistrado ponente del
Tribunal de Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B
inadmitió la demanda pues consideró que con ella no se aportó: (i) prueba de la
existencia y representación de las sociedades integrantes del Consorcio
Acometidas Z1, ni (ii) el acta de constitución del consorcio. Fundamentó la decisión
en lo dispuesto en el artículo 166 numeral 4 de la Ley 1437 de 2011 respecto de los
anexos de la demanda2.
6. El 30 de enero de 2020, la Subsección en comento le rechazó la demanda
toda vez que no subsanó la deficiencia señalada dentro del término de 10 días
dispuesto en el artículo 170 del CPACA3.
7. Inconforme con tal determinación, la parte demandante interpuso recurso de
apelación en el que argumentó que:
7.1. El auto del 18 de diciembre de 2019 no fue notificado en debida forma, pues
la apoderada de la parte demandante no recibió en su correo electrónico dicho
1 Esta información se acompasa con la información obrante en el auto de 9 de julio de 2021 del
expediente 25000-23-36-000-2019-00554-01.
2 Artículo 166. Anexos de la demanda. A la demanda deberá acompañarse: (…) 4. La prueba de
la existencia y representación en el caso de las personas jurídicas de derecho privado. Cuando se
trate de personas de derecho público que intervengan en el proceso, la prueba de su existencia y
representación, salvo en relación con la Nación, los departamentos y los municipios y las demás
entidades creadas por la Constitución y la ley.
3 Artículo 170. Inadmisión de la demanda. Se inadmitirá la demanda que carezca de los requisitos
señalados en la ley por auto susceptible de reposición, en el que se expondrán sus defectos, para
que el demandante los corrija en el plazo de diez (10) días. Si no lo hiciere se rechazará la demanda.
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proveído, aun cuando las anteriores providencias del despacho sí habían sido
recibidas en la bandeja de entrada. Sostuvo que, si bien obraba en el expediente la
constancia del envío del correo contentivo del estado que incluía el auto inadmisorio
del libelo, esta no estaba acompañada de la certificación que indicara que el
mensaje de datos fue entregado a los destinatarios.
7.2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 de la Constitución Política,
el derecho sustancial prima sobre lo formal, por lo cual rechazar la demanda por no
haber aportado unos documentos implicaba limitar el derecho de acceso a la
administración de justicia de los demandantes. En todo caso, la razón del
requerimiento del tribunal para inadmitir la demanda carecía de lógica, pues los
consorcios, al no constituir una persona jurídica diferente a sus integrantes, no
tienen un documento en el que se certifique su existencia y representación legal.
8. Mediante auto de 9 de julio de 2021 el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B resolvió confirmar la decisión del a quo por los siguientes argumentos:
8.1. Expuso que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 166 numeral 4 del
CPACA, con la demanda deberá acompañarse la prueba de la existencia y
representación en el caso de las personas jurídicas de derecho privado, acotando
que, si bien la norma no hace referencia a los documentos de constitución de los
consorcios o uniones temporales, sí existe mandato de allegar la copia de los
certificados de existencia y representación legal de las sociedades integrantes de
aquellos. Por tanto, comoquiera que estos documentos no fueron aportados con la
demanda, resultaba válida la inadmisión.
8.2. Ahora bien, respecto de la indebida notificación del auto en cuestión, adujo
que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 201 del CPACA las providencias
que no requieran de notificación personal se notificarán por estado, situación que
efectivamente ocurrió el 19 de diciembre de 2019, y que, en todo caso, ese día se
envió correo electrónico a la entonces apoderada.
8.3. Por ello, concluyó mencionando que no era cierto que la providencia que
inadmitió la demanda hubiera sido notificada indebidamente. Por lo que, ante el
silencio de la parte demandante dentro de la oportunidad para subsanar la
demanda, es claro que la misma debió rechazarse ante el incumplimiento de lo
prescrito por el artículo 170 de la Ley 1437 de 2011.
1.4. Sustento de vulneración
9. La parte actora indicó que la decisión de haber inadmitido la demanda y su
posterior rechazo implicó la configuración del defecto sustantivo por la indebida
aplicación del artículo 166 numeral 4 del CPACA. Esto al exigirle requisitos que no
le eran aplicables, asimilando equivocadamente que el consorcio demandante lo
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conformaban sociedades comerciales y jurídicas, sin serlo, pues solo se
conformaba por dos personas naturales.
10. Adicional a ello, mencionó que hubo inobservancia de los artículos 73 y 86
del Código de Comercio por cuanto el consorcio no es una persona jurídica, lo que
impide que se encuadre en los presupuestos de la referida norma de la Ley 1437
de 2011 y, en todo caso, señaló que, dado que no hay participación accionaria de
cuotas de interés social, sino que se unen con su capacidad económica, técnica y
experiencia para presentar una propuesta y celebrar uno o varios contratos con
entidades del Estado en cualquier nivel, era aún más notorio que no resultaba
exigible los certificados de existencia y representación.
11. A su turno, aunque no lo enmarcó dentro de un defecto, la Sala encuentra
que se invoca la violación directa de la Constitución con ocasión de una notoria
vulneración a sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, lo que a todas luces considera trasgrede la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos.
1.5. Actuaciones relevantes
1.5.1. Admisión de la acción de tutela
12. La solicitud de tutela se admitió mediante auto de 25 de noviembre de 2021.
En la misma decisión se ordenó notificar a la parte actora, a las autoridades
judiciales accionadas, así como a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado como terceras
interesadas en el resultado del proceso.
1.5.2. Intervenciones
13. Remitidos los oficios del caso por correo electrónico, se presentaron las
siguientes:
1.5.2.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B
14. El ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó que se
declarara la improcedencia de la solicitud. Adujo que lo que pretende la parte
accionante es que se surta una tercera instancia luego de que fueran negadas sus
pretensiones, lo que resulta improcedente por cuanto se trata de dirimir
discrepancias sobre interpretación y aplicación normativa.
15. Respecto del fondo del asunto, indicó que los documentos que manifiesta
haber presentado en la demanda fueron allegados después de haberse notificado
el auto de 30 de enero de 2020, por el cual se rechazó la demanda dentro del
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proceso cuestionado. Además, expuso que “revisados los documentos que obran a
folios 53 y 54 del cuaderno principal 2 del expediente, se advierte que no
corresponden al documento de constitución del Consorcio Acometidas Z1, sino a
documentos privados por los cuales su representante legal y representante suplente
acuerdan extender su duración”.
16. Luego de hacer referencia a los requisitos generales establecidos en
reiterada jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, resaltó que el presente no es un asunto de relevancia
constitucional en el que se debata la violación de derechos fundamentales, “sino
que, se trata de un escenario al que pretende acudir el accionante para controvertir
los argumentos jurídicos y fácticos contra la decisión de rechazar la demanda por
indebida subsanación, los cuales, mediante acción de tutela no pueden ser
susceptibles de valoración por una instancia posterior”.
17. Refirió que el recurso de reposición y en subsidio apelación incoado por la
parte actora el 10 de febrero de 2020 fue presentado respecto del auto de 30 de
enero de 2020, que rechazó la demanda por indebida subsanación, y no contra el
auto que la inadmitió, como erróneamente lo expresa el actor, y que “en ese orden
de ideas, pese a que con dicho recurso se hubieran presentado ciertos documentos
que el demandante aduce subsanaban la demanda en los términos solicitados en
auto de 18 de diciembre de 2019, ello no implicó que el despacho hubiera dejado
de pronunciarse sobre el particular, como lo afirmó en la demanda de tutela”.
18. Sostuvo que tampoco es cierto que ese despacho hubiera incurrido en un
exceso ritual manifiesto, o hubiere errado al exigir que el actor allegara el documento
privado de constitución del Consorcio Acometidas Z1 y el certificado de existencia
y representación legal de las sociedades que lo integraran, “desconociendo que este
solamente se encontraba integrado por personas naturales y no jurídicas”, pues,
afirmó, según se observa en las pruebas allegadas por el propio accionante en el
expediente de tutela, mismas que no fueron adjuntadas con la demanda, con la
subsanación, o como anexos al recurso de reposición y en subsidio apelación
incoado contra el auto de 30 de enero de 2020, el Consorcio Acometidas Z1 fue
constituido mediante documento privado el 26 de octubre de 2009 por Jairo
Humberto Fandiño (persona natural), Moisés Flórez Ruiz (persona natural) y la
sociedad Ingeniería y Datos Ltda.
19. Con todo esto, expuso que, en ese orden “no solamente resultaba
indispensable que se allegara el documento de constitución de dicho consorcio, a
efectos de determinar la capacidad del representante legal que otorgó poder para
la presentación de la demanda de reparación directa, sino que igualmente debía
allegarse el certificado de existencia y representación legal de la sociedad referida,
para determinar la capacidad de su representante legal para conformar el
Consorcio, lo cual no ocurrió, dando lugar a la inadmisión de la demanda y su
posterior rechazo por ausencia de subsanación”.
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20. Finalmente, afirmó que, si el documento de constitución del Consorcio
Acometidas Z1 se encontraba en poder de la parte actora, y solamente mediante
acción de tutela la aporta como anexo o prueba, es claro que lo pretendido a través
del mecanismo constitucional es que se efectúe el análisis de admisión de la
demanda de reparación directa incoada ante esa Corporación, hecho que desborda
la competencia y finalidad del amparo constitucional, motivo por el cual debe ser
denegado.
1.5.2.2. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
21. El consejero ponente de una de las decisiones enjuiciadas manifestó, en su
breve intervención, que acatará estrictamente las disposiciones que se adopten en
ella.
1.5.2.3. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, ESP
y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pese a habérseles
notificado en debida forma, guardaron silencio.
1.5.3. Sentencia de primera instancia
22. El Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante sentencia de 27 de enero
de 2022, notificada el 2 de febrero de 2022, declaró la improcedencia de la acción
por no superar los requisitos adjetivos de relevancia constitucional y subsidiariedad.
23. Con relación al primero expuso que, tratándose de la decisión de rechazo,
esa inconformidad, en los términos que se plantea en el escrito inicial, conlleva dar
continuidad a una discusión de naturaleza legal que ya fue resuelta suficientemente
en el marco del proceso de reparación directa que originó la controversia.
24. Frente al segundo acotó que la solicitud de amparo no cumplió con el
presupuesto en cuestión porque conforme con lo evidenciado en el expediente
ordinario, contra la decisión de inadmisión el demandante no interpuso el recurso
de reposición con el que contaba de conformidad con el artículo 242 de la Ley 1437
de 2011, por lo que dejó de usar el medio ordinario que tenía a su disposición para
contener la supuesta vulneración que alega en la presente acción, incumpliendo así
el mencionado requisito de procedibilidad.
1.5.4. Impugnación
25. La parte actora indicó que la acción de tutela sí tiene connotaciones
constitucionales por cuanto está de por medio el principio del debido proceso
previsto en el artículo 29 Superior sin que pueda entenderse que se trata de una
instancia adicional como adujo el a quo.
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26. Insistió que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca exigió requisitos no
previstos en el artículo 166 del CPACA, tales como el certificado de existencia y
representación, lo cual trasgrede, a su turno, su derecho de acceso a la
administración de justicia, avalando así “el actuar ilegal e indebido” de la Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, lo que se encuentra consonante con la
evidente contravía a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
1.5.5. Trámite en segunda instancia
27. Previo resolver la impugnación interpuesta por la parte actora, el magistrado
ponente evidenció que, al revisar el expediente electrónico de este proceso dentro
de la plataforma SAMAI, en el índice No. 2, denominado Demanda por ventanilla
virtual, había 4 anexos: i) escrito de tutela; ii) documentos del medio de control
enjuiciado; iii) correo electrónico de envío de demanda de este mecanismo
constitucional y; iv) poder conferido por el señor Jairo Humberto Fandiño al mentado
abogado.
28. Empero, no reposaba prueba alguna de los certificados de existencia y
representación de los integrantes del consorcio en comento, ni documento
consorcial de constitución que permita evidenciar que el señor Fandiño en efecto es
su representante legal y con ello se encontraba facultado para otorgar poder a un
abogado, en este caso al señor José Antonio Rodríguez Peña, que le permitiera
interponer esta acción de tutela.
29. Allí se indicó que debía tenerse en cuenta que “los consorcios y las uniones
temporales carecen de personalidad jurídica propia e independiente”4 y por ello
deben comparecer todos sus integrantes en sede judicial, para lo cual será
menester tener certeza de que quien aduce representar al consorcio se encuentre
facultado para tal fin. Además, resulta imperioso vincular, en calidad de parte
demandante, a los miembros de este grupo.
30. Por tanto, se ordenó al abogado José Antonio Rodríguez Peña que en el
término de dos (2) días contados a partir de la notificación de aquella providencia,
procediera a: i) allegar los certificados de existencia y representación o documentos
de identificación de los integrantes del Consorcio Acometidas Z1 y el documento
consorcial de su constitución; ii) datos y direcciones físicas y electrónicas, de forma
preferente estas últimas, sobre todos los integrantes del mentado consorcio.
31. A su turno se acotó que, vencido el término, y de haber sido cumplidas las
órdenes, por Secretaría General, resultaba imperioso realizar las notificaciones a
las sociedades o personas que conforman el Consorcio Acometidas Z1 las cuales
tendrían un término de tres (3) días contados a partir de la fecha de su recibo para
4 Sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 25 de
septiembre de 2013 dentro del expediente rad. 25000-23-26-000-1997-03930-01(19933).
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que interviniera, si a bien lo tienen, dado el interés que les asiste en el presente
trámite.
32. Vencido el término, el señor Rodríguez Peña allegó la documentación
necesaria, de la cual se extrajo que el consorcio se encontraba conformado por los
señores Jairo Humberto Fandiño (representante legal) y Moisés Flórez Ruiz, y por
la sociedad Ingeniería y Datos Ltda., hoy Ingeniería y Datos S.A.S., precisando que
esta última ya no hacía parte del consorcio.
33. La Secretaría General realizó las notificaciones correspondientes y el señor
Rodrigo Córdoba Castillo, representante legal de aquella sociedad manifestó su
deseo de ser vinculado en calidad de demandante dentro de la presente acción de
tutela “como integrante del CONSORCIO ACOMETIDAS Z1 con una participación
del 33% del contrato suscrito para la EJECUCION (sic) DE ACOMETIDAS
DOMICILIARIAS PARA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA (sic)”.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
34. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida el 27 de enero de
2022 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta. Lo anterior de conformidad con lo
establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Legitimación en la causa
35. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.
36. En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 19915, en los artículos 1, 10, 46 y
49, precisa que el mecanismo de amparo puede ser presentado por cualquier
persona que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea i) por sí
misma; ii) a través de representante; iii) apoderado; o iv) por medio de la agencia
oficiosa, cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de
promover su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores
del pueblo y los personeros municipales6.
5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
6 Corte Constitucional, Sentencia T-793 de 2007.
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37. Ahora bien, la Sala advierte que, al momento de interponerse la acción de
tutela, el Consorcio Acometidas Z1 no había allegado prueba alguna de los
certificados de existencia y representación de sus integrantes, ni documento
consorcial de constitución que permitiera evidenciar quien era su representante
legal, para así establecer si el señor José Antonio Rodríguez Peña se encontraba
facultado para ser su apoderado en el presente trámite.
38. No obstante, el referido abogado allegó la documentación requerida para lo
cual precisó que la sociedad Ingeniería y Datos S.A.S. (antes Ltda.), ya no hacía
parte del consorcio; empero, el despacho sustanciador había ordenado realizar su
vinculación a este mecanismo constitucional, y con ocasión a ello intervino el señor
Rodrigo Córdoba Castillo, representante legal de aquella compañía, quien adujo
que aún formaba parte de este grupo consorcial con una participación del 33%.
39. Ahora, ante esta discrepancia, la Sala trae a colación el acta de constitución
aportada por el señor Rodríguez Peña:
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40. De la lectura del mentado documento se extrae que el Consorcio Acometidas
Z1 está conformada por los señores Jairo Humberto Fandiño (representante legal)
y Moisés Flórez Ruiz y la sociedad Ingeniería y Datos S.A.S. (previamente Ltda.). A
ello se suma que, de acuerdo con la cláusula novena de aquel documento,
únicamente se entenderá por terminado el consorcio en cuatro eventos, sin que
exista prueba que se configuro alguno de estos eventos.
41. Así las cosas, es importante recalcar que se tendrá a todas estas personas
como integrantes del consorcio para efectos de esta acción. Lo anterior sin perjuicio
que las discrepancias sobre la integración de mismo puedan ser puestas en
conocimiento de las autoridades judiciales competentes en los procesos ordinarios
pertinentes.
42. Con fundamento en el marco conceptual expuesto7 el Consorcio Acometidas
Z1 es el titular de los derechos fundamentales que reclama. En efecto, conforma la
parte demandante dentro del proceso de reparación directa en el que se resolvió
rechazar su demanda, situación que es objeto de debate en esta sede.
43. En consecuencia, el accionante goza de legitimación en la causa por activa,
presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos de
procedibilidad y del núcleo esencial de los derechos presuntamente vulnerados.
7 Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta,
ha venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones
de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva.
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44. Asimismo, la demanda se dirigió contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, entidades que profirieron las providencias aquí discutidas,
razón por la cual, se encuentran legitimadas por pasiva.
2.3. Problemas jurídicos
45. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión
de primera instancia proferida el 27 de enero de 2022 por el Consejo de Estado,
Sección Cuarta que declaró la improcedencia de la acción de tutela por no superar
los requisitos adjetivos de relevancia constitucional y subsidiariedad, para lo cual se
deberán resolver los siguientes interrogantes:
• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos adjetivos de relevancia
constitucional y de subsidiariedad?
46. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará los
presupuestos de procedibilidad restantes y además lo siguiente:
• El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B
y el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, ¿vulneraron los
derechos fundamentales invocados por el consorcio demandante al inadmitir
y posteriormente rechazar el medio de control de reparación directa No.
25000-23-36-000-2019-00554-01 promovido por este contra la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá?
2.4. Razones jurídicas de la decisión
47. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad
adjetiva; iii) las nociones generales de los defectos invocados y reiterados en la
impugnación y; iv) el análisis del caso concreto con fundamento en los cargos
propuestos en la demanda de tutela y en el escrito de impugnación.
2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
48. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20128. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
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tema9. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales10.
49. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201411. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia12 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial13.
50. Es importante resaltar que esta Sección, en aras de una metodología más
clara para las personas que acceden a la administración de justicia vía amparo
constitucional, determinó que los requisitos generales de procedencia cuarto y
quinto de la sentencia de unificación del 2014 serán estudiados de manera conjunta
con los requisitos especiales.
51. Por tanto, de manera reiterada se han analizado los siguientes requisitos
generales de procedencia i) relevancia constitucional; ii) subsidiariedad, es decir,
agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado; iii)
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
10 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
12 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014
son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan
agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable;
iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
13 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.
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que no se trate de tutela contra una decisión de tutela e; iv) inmediatez. De modo
que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara
improcedente la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
52. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura
uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial. Justamente en este estudio la Sección analizará
la carga argumental alegada por la parte actora.
53. En este mismo sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o
negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la
que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el
sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
54. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.6. Requisitos adjetivos
2.6.1. Relevancia constitucional
55. Para la Sala es necesario precisar que, este requisito se encuentra superado
por cuanto en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de la
providencia que inadmitió su demanda de reparación directa comoquiera que, a su
juicio, incurrió en los defectos sustantivo y violación directa de la Constitución. Por
tanto, considera que, tratándose de un consorcio no resultaba lógico solicitarles
certificado de existencia y representación por cuanto, bajo su interpretación, al no
ser persona jurídica este documento no podía aportarse, máxime si se tiene que en
el caso concreto su conformación era de dos personas naturales.
56. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, pues
en efecto, la parte actora considera vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
57. Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste la presunta violación
o amenaza a unos derechos fundamentales, pilares del sistema judicial, como lo
son los invocados en la presente acción de amparo.
58. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene
importancia para la interpretación de la Constitución, su aplicación y eficacia, la
determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales y libertades
públicas.
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59. En consecuencia, se revocará la decisión del fallo de tutela de primera
instancia que declaró, parcialmente, que la solicitud de amparo no acreditaba el
presente requisito adjetivo. En su lugar, la Sala continuará con el estudio de los
componentes de procedibilidad restantes para, eventualmente, realizar un estudio
de fondo de los planteamientos referidos por el actor.
2.6.2. Subsidiariedad
60. En lo referente a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial para
obtener la protección de los derechos fundamentales que la parte actora considera
vulnerados, la Sala considera oportuno realizar las siguientes precisiones:
• La presente acción de tutela fue interpuesta contra el auto del 9 de julio de
2021, proferido por la Subsección B de la Sección Tercera de esta
Corporación. En esta providencia se confirmó el auto de rechazo de la
demandada dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 30 de
enero de 2020.
• Para la Sala se cumple con el requisito de la subsidiaridad porque contra la
providencia censurada mediante la presente acción de tutela no proceden
recurso alguno –ordinario o extraordinario14. Además, mediante esta
providencia se agotó el mecanismo judicial que tenía la parte actora para
controvertir la decisión que rechazó su demanda.
61. Es importante resaltar que en el fallo de tutela de primera instancia se decidió
declarar improcedente la presente acción constitucional por no superar el requisito
de la subsidiaridad. En efecto, para el a quo, la parte actora no interpuso recurso de
reposición contra el auto que inadmitió la demanda y ordenó corregir algunos
aspectos de la misma.
62. La Sala se apartará de esta decisión porque el actor alegó en el curso del
proceso ordinario (recurso de apelación contra auto de rechazo de la demanda), y
reiteró en el escrito de tutela, el argumento de que no fue notificado en debida forma
del auto inadmisorio. En consecuencia, en aras de garantizar postulados
constitucionales tan relevantes como el acceso a la administración de justicia, la
Sala considera que presente acción de tutela cumple con el requisito de la
subsidiaridad. Sería desproporcionado en sede de tutela declarar improcedente la
acción constitucional por no haberse interpuesto recurso de reposición contra una
providencia que la parte actora asevera que no le fue notificada en debida forma.
14
Se advierte que no es procedente, por un lado, el recurso extraordinario de revisión, pues los
motivos que lo sustentan no encuadran en los requisitos y causales establecidos en la ley, y por otro,
el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, en la medida que en la situación bajo
estudio no se cumplen los presupuestos previstos en los artículos 258 y 270 de la Ley 1437 de 2011.
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63. Lo anterior no implica reconocer que al tutelante le asiste razón en su
afirmación, hecho que si es el caso deberá entrarse a estudiar en la parte
considerativa de esta providencia. Sin embargo, para esta Sección la aseveración
del accionante permite superar el requisito de la subsidiaridad porque no se le puede
exigir la interposición de recurso de reposición contra un auto que aduce no se le
notificó. Adicionalmente, como se explicó en los párrafos anteriores las
inconformidades del actor fueron tramitadas y estudiadas en la providencia que
resolvió el recurso de apelación contra el auto que rechazó de la demandada. Por
ende, la decisión de rechazo fue conocida en primera instancia por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y segunda por la Sección Tercera de esta
Corporación, agotándose el procedimiento debido.
64. En consecuencia, se revocará la decisión del fallo de tutela de primera
instancia que declaró que la solicitud de amparo no acreditaba el presente requisito
adjetivo. En su lugar, la Sala continuará con el estudio de los componentes de
procedibilidad restantes para, eventualmente, realizar un estudio de fondo de los
planteamientos referidos por el consorcio demandante.
2.6.3. Tutela contra sentencia de tutela
65. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra decisión de la misma
naturaleza, pues la providencia judicial demandada fue proferida en el trámite del
medio de control de reparación directa que promovió el Consorcio Acometidas Z1
contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
2.6.4. Inmediatez
66. En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte
ningún reproche, toda vez que la parte actora considera vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, con
ocasión del auto de 9 de julio de 2021, proferida al interior del proceso de reparación
directa. En consecuencia, la Sala considera que la acción de tutela contra
providencia judicial radicada el 18 de noviembre de 2021, se presentó dentro de un
término razonable.
67. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201415,
en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200516, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios. M.P.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión,
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providencia judicial, y reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir
y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con
ocasión de providencias judiciales.
68. Analizados los requisitos adjetivos de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, la Sala advierte que los mismos han sido superados,
máxime si se tiene que todos los argumentos planteados en esta sede constitucional
también fueron puestos de presente en el trámite ordinario, motivo por el cual se
pasará, en un primer momento, a realizar una explicación general de los defectos
invocados, y posteriormente, el estudio del caso concreto.
2.7. Nociones de los defectos invocados
2.7.1. Defecto sustantivo
69. Este concepto se fue desarrollando, y posteriormente el Alto Tribunal precisó
que este se configura cuando “en ejercicio de su autonomía e independencia, [el
juez] desborda la Constitución o la ley en desconocimiento de los principios,
derechos y deberes superiores. Lo cual puede ocurrir, entre otros, por la errónea
interpretación o aplicación de la norma. Como puede suceder, por ejemplo, cuando
se desborda el contenido de la norma y se imponen mayores barreras a las exigidas
por el legislador para conceder el derecho o se desconocen normas que debían
aplicarse”17.
70. Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:
a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable
al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente,
inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el
legislador.
b) No se hace una interpretación razonable de la norma.
c) La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.
d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no
previstos en la disposición.
e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma.
se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
17 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-573 de 2017.
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f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial
sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.
71. Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la
existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han
presentado anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga
argumentativa.
2.7.2. Violación directa de la Constitución
72. De conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional, esta causal de
procedencia específica de la acción de tutela “se genera a partir del
desconocimiento de los jueces de aplicar la Constitución, conforme con el mandato
consagrado en el artículo 4 de la Carta que antepone de manera preferente la
aplicación de sus postulados” 18.
73. Así las cosas, la violación directa de la Constitución como causal de
procedencia encuentra fundamento en el actual modelo constitucional, que confiere
valor normativo a los preceptos superiores, de modo tal que sus mandatos y
previsiones son de aplicación directa por las distintas autoridades y, en
determinados eventos, por los particulares. Por lo anterior, el Alto Tribunal
Constitucional ha sostenido que resulta plenamente factible que una decisión
judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o
aplica indebida e irrazonablemente tales postulados19.
2.8. Caso concreto
74. La parte actora indicó que la acción de tutela sí tiene connotaciones
constitucionales por cuanto está de por medio el principio del debido proceso
previsto en el artículo 29 Superior sin que pueda entenderse que se trata de una
instancia adicional como adujo el a quo.
75. Insistió que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, confirmado por el
Consejo de Estado, exigió requisitos no previstos en el artículo 166 del CPACA,
tales como el certificado de existencia y representación, lo cual trasgrede, a su
turno, su derecho de acceso a la administración de justicia, avalando así “el actuar
ilegal e indebido” de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, lo que se
encuentra consonante con la evidente contravía a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
76. En tal sentido, la Sala analizará los cargos en conjunto por guardar una clara
consonancia entre ellos.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-069 de 2018.
19 Corte Constitucional, sentencia T-090 de 2017.
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77. El numeral 4 del artículo 166 de la Ley 1437 de 2011 dispone:
ARTÍCULO 166. ANEXOS DE LA DEMANDA. A la demanda deberá acompañarse:
4. La prueba de la existencia y representación en el caso de las personas jurídicas de
derecho privado. Cuando se trate de personas de derecho público que intervengan
en el proceso, la prueba de su existencia y representación, salvo en relación con la
Nación, los departamentos y los municipios y las demás entidades creadas por la
Constitución y la ley.
78. Sobre este precepto, el auto objeto de estudio señaló que, si bien la norma
no hace referencia a los documentos de constitución de los consorcios o uniones
temporales, con la demanda debe acompañarse la copia de los certificados de
existencia y representación legal de las sociedades integrantes de aquellos. Estos
documentos no fueron aportados con la demanda, por lo cual ésta debía inadmitirse
como hizo el tribunal.
79. Cabe resaltar que la inadmisión y posterior rechazo por parte del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca fue consecuencia, no solo de no haber allegado
los certificados en comento, sino también el acta de constitución del consorcio,
pues a partir de este la autoridad judicial buscaba identificar los miembros que
integraban al demandante.
80. Lo anterior puesto que la legitimación en la causa es un presupuesto
procesal, material en la demanda, el cual debe ser siempre analizado, incluso de
oficio, por la autoridad judicial competente. Esto cobra importancia por cuanto con
el referido documento permite evidenciar que el Consorcio Acometidas Z1 se
encuentra conformado por dos personas naturales [Jairo Humberto Fandiño
(representante legal) y Moisés Flórez Ruiz] y una persona jurídica. [la sociedad
Ingeniería y Datos S.A.S. (previamente Ltda.)].
81. Por tanto, distinto a lo manifestado por el accionante, la decisión de rechazar
la demanda obedeció a que efectivamente existía un mandato legal de allegar los
certificados en cuestión, por lo que, ante la falta de este y del acta de constitución
del consorcio que permitiría establecer las personas –naturales y/o jurídicas– que
lo integran), de acuerdo a la providencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, así como al haber guardado silencio en el término de subsanación
de la inadmisión, lo resuelto estuvo correcto.
82. Al respecto, la Sala encuentra que esto guarda plena consonancia con lo
dispuesto por la Sección Tercera en su sentencia de unificación, que indicó que “los
consorcios y las uniones temporales carecen de personalidad jurídica propia e
independiente”20, debiéndose probar que los distintos miembros que constituyen
esta figura, gozan de personería para interponer la demanda que pretenda la
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 25 de septiembre de 2013,
expediente rad. 25000-23-26-000-1997-03930-01(19933).
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salvaguarda de sus derechos, por lo que, ante la duda de su conformación, la
información requerida era válida.
83. En ese sentido, dado que las instancias ordinarias desconocían la
conformación del Consorcio Acometidas Z1, vieron razonablemente exigir la
documentación en comento, sin que de ello se desprenda un mandato desmesurado
y atentatorio de los derechos fundamentales de la parte actora, máxime si se tiene
que quedó demostrado que uno de sus integrantes es una persona jurídica, por lo
que la orden de allegar el certificado de existencia y representación al tenor del
artículo 166 CPACA era completamente necesaria.
84. Por esto, debe aclarársele al tutelante que la acción de tutela no puede ser
empleada como un medio para subsanar los yerros en los que incurrió al inobservar
los lineamientos fijados por las autoridades accionadas en las decisiones de
inadmisión y rechazo de la demanda. En consecuencia, para la Sala las
providencias censuradas no incurrieron en los defectos que aduce la parte actora.
2.9. Conclusión
85. Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala no encuentra configurados los
defectos invocados y reiterados por el Consorcio Acometidas Z1 en la decisión que
rechazó la demanda, por lo que, ante la ausencia de vulneración de sus garantías
constitucionales, pero habiéndose superado los requisitos adjetivos de
procedibilidad de la acción de tutela, será pertinente revocar la decisión de la
Sección Cuarte del Consejo que declaró la improcedencia del mecanismo, para en
su lugar, negar la solicitud de amparo.
En mérito de lo anterior se
3. RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 27 de enero de 2022 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, que declaró improcedente la acción de tutela
presentada por el Consorcio Acometidas Z1. En su lugar, NEGAR la solicitud de
amparo, de conformidad con lo expuesto en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
CUARTO: NOTIFICAR por el medio más expedito a las partes.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
(Salva voto)
“Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012”.
20
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