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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-09121-00

Fecha
17 de febrero de 2022
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-09121-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por los señores John Fredy Arenas Vásquez, Isabel Cristina Arenas, Ramón Valerio Arenas Orrego y Miriam Rocío Arenas Vásquez, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-09121-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

17 de febrero de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2021-09121-00
Demandante: John Fredy Arenas Vásquez y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2021-09121-00
Demandante JOHN FREDY ARENAS VÁSQUEZ Y OTROS
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C

Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defecto fáctico y
defecto procedimental. Medio de control de reparación directa
por privación injusta de la libertad. Razonabilidad de la medida
de aseguramiento.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia la acción de tutela instaurada por John Fredy Arenas Vásquez y otros, de
conformidad con lo dispuesto por los Decreto 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 20 de noviembre de 20211, los señores John Fredy Arenas Vásquez, Isabel
Cristina Arenas, Ramón Valerio Arenas Orrego y Miriam Rocío Arenas Vásquez, por
conducto de apoderado judicial, interpusieron acción de tutela contra la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales a la reparación integral, al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En consecuencia, formularon las siguientes
pretensiones2:
“PRIMERO: Se solicita respetuosamente Amparar los derechos de los señores Jhon Fredy
Arenas Vásquez y Otros, por las razones aquí esbozadas, que se encuentran en congruencia
con la jurisprudencia del Consejo de Estado, y especialmente, por cuanto vulnera los derechos
fundamentales a la reparación, al acceso a la justicia, al debido proceso.

SEGUNDO: Que se revoque la sentencia proferida por el CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN
TERCERA – SUBSECCIÓN C, Radicado No. 05001233100020070001001 (50789) del 16 de
diciembre de 2020.

TERCERO: Que se ordene al Honorable Consejo de Estado- Sección Tercera – Subsección
C que emita una sentencia en un plazo razonable de 30 días, acorde con la Jurisprudencia
que rige la protección de los derechos constitucionales de los demandantes en el proceso de
reparación directa y que descansa en la interpretación que se ha elaborado por el Honorable
Consejo de Estado, e incluso por la misma Corte Constitucional.”

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El 15 de marzo de 2004, agentes de la Policía Nacional capturaron al señor
John Fredy Arenas Vásquez en el momento en que recibía un paquete con

1 Conforme al acta de reparto de la acción de tutela. Consultado a través del sistema de gestión judicial del
Consejo de Estado: SAMAI (índice 3).
2 Página 37 de la acción de tutela. Expediente digitalizado. Samai, índice 2.
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dinero de manos del señor Ramiro Alonso López Restrepo en el municipio de
Yarumal (Antioquia). La captura se dio porque se le consideró posible autor
del delito de extorsión.

La Fiscalía 24 Especializada Antiextorsión y Secuestro, en providencia del 24
de marzo de 2004, impuso al señor Arenas Vásquez medida de aseguramiento
de detención preventiva como presunto responsable del delito de extorsión
agravada en grado de tentativa.

Posteriormente, el 11 de noviembre de 2005 el Juzgado 1° Penal del Circuito
Especializado de Antioquia profirió sentencia absolutoria en favor del
procesado y dispuso su libertad.

2.2. Como consecuencia de lo anterior, John Fredy Arenas Vásquez y otros
promovieron medio de control de reparación directa contra la Nación Rama
Judicial y la Fiscalía General de la Nación para que se declarara su
responsabilidad administrativa y patrimonial y, en consecuencia, se le
condenara al pago de indemnización por los perjuicios derivados de la
privación de la libertad con ocasión al escenario fáctico descrito.

2.3. El conocimiento del asunto en primera instancia correspondió al Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Descongestión bajo el radicado
Nro. 05001-23-31-000-2007-00020-00/01

Mediante sentencia del 6 de noviembre de 2013, el Tribunal declaró la
responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de
la libertad de la que fue objeto John Fredy Arenas Vásquez. Como
consecuencia de lo anterior, condenó a la entidad al pago de perjuicios de
orden material e inmaterial.

Como fundamento de su decisión, expuso que la medida de aseguramiento
fue desproporcionada ya que no existieron elementos de juicio contundentes
que relacionaran la responsabilidad del investigado con la comisión del punible
que se le atribuyó. Expuso que no existió un indicio grave que comprometiera
la responsabilidad penal del procesado.

Las partes interpusieron recurso de apelación.

2.4. En sentencia del 16 de diciembre de 2020, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado revocó la decisión de primera instancia para,
en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

En su providencia la autoridad judicial expuso que: “la Fiscalía 24 Especializada
Antiextorsión y Secuestro de Medellín profirió una medida cautelar acorde con los parámetros
señalados en la Ley 600 de 2000, por lo tanto, no se configuró el daño antijurídico como
elemento primario y esencial de la responsabilidad, por ende, no resulta necesario el análisis
de la imputación como segundo elemento estructural de ésta.”

La notificación de la providencia se surtió en edicto electrónico que se desfijó
el 16 de junio de 2021.

2.5. La sentencia de segunda instancia contó con dos aclaraciones de voto. La
primera para sostener que, con fundamento en el artículo 68 de la Ley 270 de
1996 y la sentencia C-037 de 1996 en la que se analizó su constitucionalidad,
todos los eventos de privación injusta de la libertad deben ser estudiados en
aplicación del título de imputación de falla en el servicio. Y la segunda, advirtió
que en la sentencia del 16 de diciembre de 2020, la Sala debió destacar el
hecho de que la captura del señor Arenas Vásquez se produjo en flagrancia

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en el preciso instante en el que recibía un paquete con dinero por parte del
señor López Restrepo, quien lo había denunciado por extorsión.

3. Fundamentos de la acción

La parte accionante considera que, al proferir la sentencia del 16 de diciembre de
2020, la autoridad judicial demandada incurrió en los defectos fáctico y
procedimental por exceso ritual manifiesto.

3.1. Relativo al defecto fáctico, exponen que se concretó en dos modalidades: por
indebida valoración probatoria y por omisión al desestimar el contenido de las
pruebas aportadas al proceso. Esto porque la prueba trasladada del proceso
penal daba cuenta de que la medida de aseguramiento de detención
preventiva carecía de elementos probatorios y evidencia física que la
justificara.

3.2. Sobre la configuración del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
considera la parte actora que la autoridad judicial accionada mostró un apego
estricto a las reglas procesales que obstaculizó la garantía material de los
derechos sustanciales de los demandantes. Advierte que, la Subsección C de
la Sección Tercera del Consejo de Estado desechó pruebas que eran
conducentes y pertinentes para acreditar la responsabilidad extracontractual
de las entidades demandadas en el proceso de reparación directa. Más aún
cuando se probó que el señor Arenas Vásquez no contribuyó con su
comportamiento a la restricción de su libertad.

Por lo anterior, estima que, para decidir su caso, se deben ponderar las reglas
de decisión establecidas en la sentencia de tutela del 15 de noviembre de
20193. Destacó que en esa ocasión el Consejo de Estado, actuando como juez
constitucional, enfatizó en la necesidad de hacer primar el principio de
presunción de inocencia de las personas que han sido declaradas inocentes
en el proceso penal.

Sostiene que, tanto en el curso del proceso penal como en el de reparación
directa, se vulneró la presunción de inocencia del señor Arenas Vásquez, pues
fue tratado como “sospechoso- condenado”. Luego, debe ser reparado por los
perjuicios causados, y pide que el estudio de esta tutela este acorde con el
siguiente problema jurídico:
“El debate jurídico se centrará, en los lineamientos adoptados por el Despacho que son
contrarios a los principios y derechos constitucionales y a los criterios jurisprudenciales,
desarrollados e impuestos por la Sentencia emitida por el Consejo de Estado, dentro
del proceso de reparación directa con radicado 05001233100020070001001 (50789)
del 16 de diciembre de 2020 y notificada en debida forma el 11 de junio de 2021;
lineamientos que desconocen de manera flagrante el principio y derecho a la seguridad
jurídica que los ciudadanos depositan en los poderes estatales, en este caso, en la
Fiscalía General de la Nación, puesto que olvida que la privación injusta de la libertad
de manera injustificada y por las irregulares capturas impide el ejercicio pleno de uno
de los derechos principalísimos, y respecto de un delito tan grave como el soportado
por el señor Jhon Fredy Arenas Vásquez.”4

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto del 24 de noviembre de 2021, el despacho requirió al señor Javier
Leónidas Villegas Posada para que acreditara los presupuestos de la agencia
oficiosa en relación con Ramón Valerio Arenas Orrego, o en caso de que este
decidiera actuar por conducto de apoderado, aportara el documento de la
representación. También se le pidió que indicara los nombres y datos de

3 Radicado Nro. 11001-03-15-000- 2019-00169-01. Accionante: Martha Lucía Ríos Cortés.
4 Página 22 del escrito de tutela. Samai, índice 2.
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contacto de los sucesores procesales de la señora Berta Ligia Vásquez
Tamayo.

4.2. El 29 de noviembre de 2021, la parte accionante presentó memorial de
subsanación en el que relacionó la información relativa a los sucesores
procesales y aportó el poder especial otorgado por el señor Ramón Valerio
Arenas Orrego al abogado Villegas Posada.

4.3. El despacho ponente, en auto del 14 de diciembre 2021, admitió la acción de
tutela interpuesta por John Fredy Arenas Vásquez y otros5 contra la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado; y vinculó, en
calidad de terceros, a la Nación, Fiscalía General de la Nación, al Consejo
Superior de la Judicatura, al Tribunal Administrativo de Antioquia, y a los
señores: Odila del Socorro Arenas Vásquez, María Ofelia Arenas Vásquez,
Luz Edilma Arenas Vásquez, Evelio Arenas Vásquez y Ramiro Alberto Arenas
Vásquez, en su calidad de sucesores y/o herederos de la señora Berta Ligia
Vásquez Tamayo, todos estos, sujetos procesales dentro del proceso radicado
bajo el Nro. 05001-23-31-000-2007-00010-00/01.

Adicional a lo anterior, dispuso que se surtieran las notificaciones de rigor y
ofició al Tribunal Administrativo de Antioquia para que remitiera, en medio
digital, las piezas procesales del proceso de reparación directa.

4.4. El 16 de diciembre de 2021, la Secretaría General del Consejo de Estado
remitió a través de correo certificado los oficios de notificación a los señores
Odila del Socorro Arenas Vásquez, María Ofelia Arenas Vásquez, Luz Edilma
Arenas Vásquez, Evelio Arenas Vásquez y Ramiro Alberto Arenas Vásquez,
conforme la información de contacto remitida por el apoderado de los
accionantes.

4.5. El 17 de enero de 2022, la Secretaría General de esta Corporación publicó
aviso en su página web con el propósito de notificar a los señores María Ofelia
Arenas Vásquez y Ramiro Alberto Arenas Vásquez, el auto admisorio de esta
acción de tutela.

4.6. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por
conducto del ponente de la decisión, recordó que conforme la jurisprudencia
de la Corte Constitucional la privación injusta de la libertad supone un daño
antijurídico cuando la medida de aseguramiento es abiertamente
desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales.

Establecido lo anterior, indicó que en el caso concreto la captura del señor
Arenas Vásquez se dio en el marco de un operativo ejecutado por la Policía
Nacional con ocasión de una denuncia presentada por el señor Ramiro Alfonso
López Ramón, quien informó estar siendo víctima de extorsiones por grupos
armados al margen de la ley.

Agregó que la verificación de la Resolución del 24 de marzo de 2004 arrojó
que la medida de aseguramiento impuesta por el ente investigador estuvo
sustentada en el testimonio del entonces subintendente de la Policía Nacional
quien participó en la captura, medio de prueba que se apreció en conjunto con
la versión del denunciante quien hizo el señalamiento del posible autor con
claridad y coherencia, según fue advertido en la mencionada Resolución.

Otro asunto es que en la sentencia el juez penal, a la luz de un estándar y
acervo probatorio diferente, haya concluido la absolución del investigado dado

5 Isabel Cristina Arenas, Ramón Valerio Arenas Orrego y Miriam Rocío Arenas Vásquez.
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que fue posible desestimar algunos elementos de la tipicidad de la conducta,
así como el peligro que esta comportó para un patrimonio ajeno.

Al respecto, se extracta el siguiente aparte del informe de la accionada:
“3. No se determinó pues, en el juicio penal, que la conducta por la que John Fredy
Arenas Vásquez fue investigado y juzgado fuera atípica, sino que existía duda sobre la
demostración de los elementos del tipo. Por lo tanto, al considerar que, en el momento
en el que fue impuesta la medida de aseguramiento de detención preventiva existían
elementos de convicción que daban cuenta de la responsabilidad penal, conforme a lo
requerido por el artículo 356 de la Ley 600 de 2000, esta Subsección no vulneró, de
forma alguna, la presunción de inocencia que cobijaba al señor Arenas Vásquez, sobre
la cual persistió la duda en el proceso penal.”6

Relativo a la aplicación de la sentencia de tutela del 15 de noviembre de 2019,
a efectos de resolver este litigio, indicó que el antecedente es impertinente
dado que las reglas allí creadas refieren a cómo debe estudiarse la eximente
de responsabilidad del hecho de la víctima en casos de privación de la libertad,
pero la sentencia que se recurre no expuso argumento alguno en ese sentido,
sino que la decisión de negar las pretensiones de la demanda derivó de que
las circunstancias en que fue proferida la medida de aseguramiento no
evidencian la configuración de un daño antijurídico.

Establecido lo anterior, concluyó:
“En tales condiciones, la medida cautelar resultaba: (i) necesaria en razón a la amenaza
de secuestro que, hasta ese momento, se cernía sobre la víctima; (ii) proporcional, por
cuanto el delito de extorsión agravada en grado de tentativa implica una pena privativa
de la libertad de al menos ocho (8) años de prisión intramural y; (iii) razonable, de cara
al análisis probatorio que la determinó. De igual manera, debe tenerse en cuenta que
en el caso concreto la parte demandante tampoco allegó prueba alguna que permita
vislumbrar que la medida de aseguramiento carecía de proporcionalidad, razonabilidad
o que la misma resultara arbitraria, carga que, según el artículo 177 del CPC, le
correspondía asumir a la parte actora con el fin de probar la injusticia de la restricción
de la libertad, cuya omisión impide establecer la antijuridicidad del daño, sin la cual no
es posible declarar la responsabilidad a cargo del Estado.” 7

4.7. La Fiscalía General de la Nación, por conducto de abogado de la Dirección
de Asuntos Jurídicos de la entidad, expuso que el asunto no cumple con el
requisito de relevancia constitucional, porque lo que pretende la parte actora
es retrotraer las actuaciones y etapas procesales de un asunto que ya surtió
su trámite, lo cual desconoce la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela,
más aún porque no se demuestra la vulneración de derecho fundamental
alguno.

Frente al presunto desconocimiento del precedente judicial, advirtió que la
acción de tutela está conforme a las reglas de decisión establecidas en la
sentencia SU072 de 2018 de la Corte Constitucional.

Finalmente, destacó que de la providencia atacada se extracta que el juzgador
fundamentó su decisión en elementos de juicio suficientes y realizó la debida
y motivada valoración de estos por lo que no se acredita la ocurrencia de un
defecto fáctico.

4.8. En el expediente digital no reporta informe de respuesta del Consejo Superior
de la Judicatura frente a la acción de tutela de la referencia a pesar de haber
sido notificado8 del auto admisorio de la demanda.

6 Página 2 del informe sobre la acción de tutela. Samai, índice 16
7 Página 3 del informe sobre la acción de tutela. Samai, índice 16
8 Samai, índices 13 y 14.
5

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19919, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas corporaciones

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales.
Así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Por esto, la
jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales10 y especiales11 que
deben cumplirse de forma estricta. Si no se cumplen todos los requisitos generales
y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales la acción no será
procedente.

Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte
Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de
amparo es más restrictiva debido a que estas Corporaciones son las encargadas de
unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que los principios
de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Es así que, la
Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional para admitir la
procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada debe contener un
error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con la
Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.

Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una Alta Corporación, corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales
especiales de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia
judicial acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución
Política y sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.

3. Planteamiento del problema jurídico

3.1. Previo a plantear el problema jurídico, debe la Sala señalar que se encuentran
cumplidos en este caso todos los requisitos generales de procedibilidad.
Ahora, considerando que la Fiscalía General de la Nación alegó el
incumplimiento del requisito general de relevancia constitucional de la acción

9 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
10 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)

que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; y v) que no se trate de una decisión proferida
en sede de tutela.
11 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)

defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
6

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de amparo porque considera que se acude a ella a manera de instancia
adicional, la Sala se referirá a este requisito.

Esta Sala de Decisión ha considerado que para el análisis del requisito de
relevancia constitucional por instancia adicional, es posible acudir al contraste
o confrontación de los argumentos que se exponen en el recurso de apelación
contra la decisión de primera instancia en el respectivo proceso ordinario y los
fundamentos de la demanda de tutela12, a fin de establecer si el mecanismo
constitucional es usado con el fin de prolongar la discusión sobre aspectos ya
resueltos por el juez natural.

En el caso concreto se evidencia que los cargos por defecto fáctico y defecto
procedimental difieren de los argumentos expuestos en el recurso de alzada.

Debe tenerse presente que la sentencia de primera instancia dictada por el
Tribunal Administrativo de Antioquia condenó a la Fiscalía General de la
Nación por la privación de la libertad del señor Arenas Vásquez, y los
argumentos que planteó la parte demandante en el recurso de apelación
refieren a cuestiones de reconocimiento de modalidades específicas de daños
y tasación de perjuicios. Y en la presente acción de tutela, la discusión surge
a partir de la decisión de segunda instancia de declarar que la medida de
aseguramiento fue legal y razonable, y que por tanto la privación de la libertad
no podía catalogarse como antijurídica.

En este contexto, como se ve, no hay lugar a argumentar una reiteración de
argumentos o que la acción de tutela se haya tomado como una instancia
adicional.

3.2. Establecido lo anterior, corresponde a la Sala establecer, si al proferir la
sentencia del 16 de diciembre de 2020, en el marco del medio de reparación
directa tramitado bajo el radicado Nro. 05001-23-31-000-2007-00010-00/01, la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en el
defecto fáctico alegado por la parte accionante.

Y si bien los accionantes también alegaron la configuración del defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, se tiene que los argumentos que
respaldan ese cargo se refieren a una inconformidad con el juicio probatorio
adelantado por el juez de la segunda instancia, ya que la parte actora
considera que en el proceso ordinario estaba suficientemente acreditada la
ilegalidad e irrazonabilidad de la medida de aseguramiento que se impuso al
señor John Fredy Arenas Vásquez en el marco del proceso penal adelantado
en su contra.

Luego, se concluye que los argumentos de la acción de tutela se acompasan
en su integridad con el denominado defecto fáctico, por lo que el análisis se
efectuará a partir de la caracterización de este defecto.

4. Análisis del caso concreto

4.1. El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con el decreto, práctica o
valoración de las pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión. En
efecto, la Corte Constitucional ha dicho que el defecto fáctico es un error
relacionado con asuntos probatorios y, además, reconoce que tiene dos
dimensiones: una dimensión negativa y una positiva.

12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de tutela del 19 de
agosto de 2021. Proceso Nro. 11001-03-15-000-2021-03795-00. Magistrado ponente: Julio Roberto Piza
Rodríguez.
7

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La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como, por ejemplo,
(i) por ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria
determinante en el desenlace del proceso; (ii) por decidir sin el apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión; o (iii) por no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en
que el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo.

La dimensión positiva, por su parte, tiene lugar por actuaciones positivas del
juez en la que se incurre ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en
pruebas ilícitas, si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión; o
(v) por decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conducen
a demostrar el hecho en que se basa la providencia.

La Corte Constitucional ha sido enfática al indicar que la protección
constitucional por defecto fáctico sólo es posible cuando se identifique que el
juez de la causa en el ejercicio probatorio incurrió en un error ostensible y
flagrante que tenga indiscutible repercusión en el sentido de la decisión. En
suma, el defecto fáctico, para ser declarado debe superar los requisitos de
razonabilidad y trascendencia.

Bajo la anterior premisa, la jurisprudencia constitucional ha indicado que, en
razón a los principios de autonomía e independencia judicial la intervención
del juez de tutela en relación con la posible ocurrencia de un defecto fáctico
debe ser de carácter “extremadamente reducido”, dado que es en el juicio de
valoración probatoria donde adquieren mayor trascendencia estos principios.

4.1. Para resolver el caso puesto en su consideración, la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado tomó como marco jurídico el artículo
68 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y la sentencia C037
de 1996 que analizó su contenido y estableció su alcance, cuyos fundamentos
fueron reiterados por la Corte Constitucional en la sentencia SU072 de 2018.
En esta última sentencia se advirtió que ningún cuerpo normativo establecía
un especial régimen de responsabilidad aplicable a los eventos de privación
de la libertad, por lo que le corresponde al juez en cada caso analizar si aquella
fue legal, razonable y proporcionada.

Recordó que en estas providencias se fijaron reglas bajo las que debe
aplicarse el mencionado artículo 68, a saber:
“a) que el juicio de antijuridicidad esté soportado en un análisis razonable y
proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención, condición que
puede entenderse relacionada con la calificación jurídica del acto dañoso; y b) que tal
análisis permita demostrar que la privación de la libertad, ya entendida como daño, fue
abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, (…) (que) no
ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria.”

Conforme a lo expuesto, pasó el juez ordinario de segunda instancia a estudiar
el elemento de antijuridicidad del daño. Destacó que en este estudio era
relevante ponderar las circunstancias que rodearon la imposición de la medida
privativa de la libertad con miras a determinar si existía mérito para imponerla.

Establecido esto, procedió con el estudio del caso concreto. Así expuso los
siguientes hechos relevantes, debidamente acreditados en la sentencia:

(i) El señor Ramiro Alfonso López Restrepo presento denuncia Nro. 009 de
14 de marzo de 2004 ante la Policía Nacional, informando que había sido
víctima del delito de extorsión por parte de una persona que hacía parte
de un grupo armado ilegal. Indicó que se encontraría con el extorsionador
el 15 de marzo a las 9:30 am para la entrega de la suma de dinero.

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(ii) El 15 de marzo de 2004, agentes de la Policía Nacional le entregaron al
denunciante un paquete que simulaba el dinero solicitado y llevaron a
cabo el operativo en el que fue capturado el señor Arenas Vásquez.

En el informe de Policía Nro. 198 se consignó la siguiente anotación: “La
persona capturada manifestó que el dinero que había recibido era en contraprestación
a un proceso de la comisaría de Trabajo.”

(ii) En Resolución del 25 de marzo de 2004, la Fiscalía 24 Especializada
Antiextorsión y Secuestro de Medellín le impuso medida de
aseguramiento al hoy accionante por el delito de extorsión en grado de
tentativa.

En relación con la razonabilidad de la medida, la autoridad judicial accionada
expuso lo siguiente:
“Ahora bien, en lo relativo a la detención preventiva, el artículo 357 de esa normatividad
señalaba que dicha medida de aseguramiento procedía «cuando el delito tenga prevista
pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de cuatro (4) años».
De cara a este requisito, en el presente asunto, se tiene que, el señor JOHN FREDY
ARENAS VÁSQUEZ le fue impuesta medida de aseguramiento de detención preventiva
por el punible de extorsión agravada en grado de tentativa, delito para el cual el artículo
244, numeral 3 del artículo 245 (sic) y el artículo 27 del Código Penal vigente establecía
una pena de prisión mínima de 8 años. Por tanto, la medida de aseguramiento impuesta
(…) era legalmente procedente.
A su vez, el artículo 356 del Código Procesal Penal entonces vigente establecía que
para decretar la medida de aseguramiento se requería mínimo dos (2) indicios graves
de responsabilidad.
(…) esta colegiatura al revisar el contenido de la Resolución de 24 de marzo de 2004
observa que la medida de aseguramiento (…) estuvo sustentada en la declaración que
hizo el señor RAMIRO ALONSO LÓPEZ RESTREPO, en el informe de policía Nro. 198
(…) y en el testimonio de RAFAEL ANTONIO JARAMILLO CASTAÑO, Subintendente
de la Policía Nacional de Yarumal, quien participó en la captura. A partir del contenido
de estos elementos, el ente acusador encontró «material probatorio suficiente» para
proferir la medida restrictiva del derecho fundamental a la libertad personal.
En este contexto, esta Subsección, ha sostenido por un lado que el contenido del
informe de policía no constituye una prueba válida para dictar una medida de
aseguramiento (…) y por otro lado la declaración del ofendido no puede entenderse
como prueba (…) pues no tiene como finalidad acreditar la presunta comisión de una
conducta ilícita, sino que tiene carácter informativo (…)
No obstante, la Sala encuentra que la medida de aseguramiento de detención
preventiva dictada el 24 de marzo de 2004 por la Fiscalía (…) también se basó en el
testimonio que rindió RAFAEL ANTONIO JARAMILLO CASTAÑO, Subintendente de la
Policía Nacional de Yarumal, quien participó en la captura, prueba directa que a pesar
de no haber sido allegada al plenario, fue valorada por el citado Despacho Instructor a
efectos de justificar su decisión, al establecer que dicha declaración explica las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los hechos materia de
investigación y la forma como se llevó a cabo la captura en flagrancia del actor, aspectos
que ya se encontraban plasmados tanto en el informe como en la denuncia. (…)
En ese orden de ideas, la Sala colige que la medida de aseguramiento al basarse en
una prueba directa como lo es el testimonio del subintendente de la Policía Nacional de
Yarumal (…), superó las exigencias previstas en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000,
el cual prevé al menos la presencia de dos indicios graves de responsabilidad en contra
del procesado. Prueba directa que, para el momento procesal, permitía inferir la posible
responsabilidad o participación del hoy demandante en los hechos y por el delito que
era procesado, satisfaciendo así los requisitos consagrados en la ley procesal penal
vigente para emitir una providencia que afectare la libertad del enjuiciado.
Así mismo, la medida cautelar resultaba (i) necesaria en razón a que existía el mérito
probatorio suficiente para decretarla, atendiendo a la naturaleza del delito, pues la
extorsión estaba siendo efectuada bajo la amenaza del secuestro por un integrante de
un grupo al margen de la ley, así como la garantía de que el sindicado compareciera al
proceso penal que se le seguía en su contra; (ii) proporcional, por cuanto el delito de
extorsión agravada en grado de tentativa implica una pena privativa de la libertad de a

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menos ocho (8) años de prisión intramural y; (iii) razonable, declara a la gravedad de la
conducta y a las circunstancias bajo las cuales fue detenido (…).” (Subraya la Sala)

4.2. De acuerdo con lo anterior, a juicio de esta Sala no se encuentran configurados
los defectos alegados, porque la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado valoró de manera conjunta y razonable las pruebas
aportadas al proceso de reparación directa sub examine.

La autoridad judicial accionada estudió los presupuestos de la medida de
aseguramiento a partir de lo establecido en los artículos 356 y 357 de la Ley
600 del 2000, normativa procesal penal aplicable para la época de los hechos.

La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado indicó, citando
la fuente jurídica pertinente, que el delito por el que se investigó al señor
Arenas Vásquez excedía la pena de 4 años de prisión; explicó el fundamento
del requisito de necesidad y expuso el juicio de valoración que permitió
entender superado el requisito relativo a los indicios de responsabilidad penal
del investigado, cuyo principal soporte fue el testimonio de Rafael Antonio
Jaramillo Castaño, catalogado como prueba directa.

Frente a este último requisito se estima pertinente señalar que la autoridad
judicial accionada ha desarrollado en su jurisprudencia ordinaria para los
eventos de reparación directa por privación de la libertad, el argumento según
el cual, las denominadas pruebas directas permiten superar las exigencias del
artículo 356 de la Ley 600 de 2000, dado que estos medios de prueba tienen
fuerza probatoria superior a la que arrojan los indicios graves de
responsabilidad13.

En tal sentido, en la sentencia del 7 de octubre de 2020, al resolver un asunto
de responsabilidad del Estado por privación de la libertad, la Subsección C de
la Sección Tercera del Consejo de Estado expuso:
“Precisamente, el testimonio de Gustavo Rico Pinzón era una prueba directa 14 que
permitió superar las exigencias previstas en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000, pues
por su naturaleza tenía fuerza probatoria más categórica que aquella que brindan los
indicios graves de responsabilidad, exigidos por dicha norma procesal para poder
imponer una medida de aseguramiento de detención preventiva 15.”16

13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Sección
Tercera. Subsección C. Sentencia del 25 de julio de 2021. Proceso Nro. : 70001-23-31-000-2008-10052-01
(59389). M.P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia del 25 de febrero de 2021. Proceso Nro. 18001-23-31-000-
2011-00404-01(63314). ). M.P. Nicolás Yepes Corrales;
14 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 18 de enero de 2017, rad. 40120: “Ahora
bien, el estándar de conocimiento requerido para la condena (certeza - racional-) debe considerarse frente
al hecho jurídicamente relevante que se integra al tema de prueba (el origen directo o indirecto de los bienes
en alguna de las actividades ilícitas descritas en la norma), que puede lograrse con “prueba directa” o con
“prueba indiciaria”, según se anotó en párrafos precedentes […] Por eso, a falta de prueba directa o, a lo
sumo, inferencial o indirecta, pero razonable, no exclusivamente contingente, sino necesaria, de que los
bienes provienen de la comisión antecedente de alguno de los delitos expresamente señalados en la ley, no
podría entenderse acreditada la materialidad de la conducta punible y la responsabilidad del acusado sino
que habría que dar paso al reconocimiento de la duda probatoria, dada la garantía sustancial de todo
ciudadano a la presunción de inocencia”.
15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 28 de junio de 2019. Rad.: 44473. “No
obstante, la Sala estima pertinente aclarar que, conforme a lo anterior, la medida de aseguramiento no se
fundamentó en dos indicios graves en contra del investigado, sino por la existencia de una prueba testimonial
directa, que tiene mayor mérito probatorio que dichos indicios. Como lo ha precisado la doctrina, la prueba
indiciaria está conformada por un raciocinio, en el que un hecho desconocido es inferido a partir de uno
conocido, por lo que su fuerza probatoria reside en la solidez del vínculo que une los dos hechos. Así pues,
se presenta un indicio grave cuando existe una clara relación de causalidad probable entre el hecho conocido
y el desconocido, como lo ha explicado la jurisprudencia contencioso-administrativa, haciendo suyas las
palabras de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, aun cuando se trate
de un indicio grave, los indicios han sido clasificados, doctrinal y jurisprudencialmente, dentro de las pruebas
indirectas, que tienen un menor valor probatorio que las directas, ya que, al presentarse un raciocinio
intermedio en la prueba indirecta, esta pierde objetividad”.
16 Proceso Nro. 73001-23-31-000-2011-00734-01(53140). M.P. Nicolás Yepes Corrales.
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Es así como el requisito del indicio de responsabilidad penal exigido en la
norma se estimó acreditado con la debida indicación de los medios de prueba
que lo soportan y del argumento que explica el peso que se le otorgó.

Expuesto lo anterior, la Sección estima que el acervo probatorio del proceso
de reparación directa fue analizado conforme lo exige el marco jurídico vigente
para esos eventos, el cual está integrado por las sentencias C037 de 1996 y
SU072 de 2018 de la Corte Constitucional. Siguiendo estas reglas, la autoridad
de segunda instancia analizó el caso concreto a la luz del régimen subjetivo
de responsabilidad de la falla en el servicio consultando para tal fin los
presupuestos de legalidad, proporcionalidad y necesidad de la medida de
aseguramiento.
4.3. En este contexto, se recuerda que, el margen de análisis del juez de tutela es
restringido en relación con el defecto fáctico, y que, por lo tanto, la sentencia
de tutela no puede dirigirse a imponer el criterio valorativo de una de las partes
o del juez constitucional sobre el del juez de la causa, pues ello implicaría
inmiscuirse en la competencia ajena y desconocer los principios de autonomía
e independencia judicial. En esa línea, corresponde al juez constitucional
verificar un error flagrante u ostensible en el juicio valorativo y además que
tenga incidencia definitiva en el sentido de la decisión.

Dado que es claro que el juez de la causa presentó su juicio de valoración
probatoria de manera razonada, evidenciando cada uno de los argumentos
que explicaban el peso convicción de los medios de prueba, a partir de un
análisis particular y en conjunto de estos y en aplicación de las reglas de la
sana crítica. Para esta Sala es inexistente el escenario de arbitrariedad que
exige la jurisprudencia constitucional para declarar el defecto alegado.

En ese contexto, esta Sala concluye que los argumentos de la acción de tutela
constituyen alegatos de desacuerdo con el peso probatorio que otorgó el juez
de la causa a los medios de convicción, pero no comportan un escenario de
real vulneración de derechos fundamentales.

4.4. Frente a la petición de aplicación de la sentencia de tutela del 15 de noviembre
de 2019 para resolver el caso concreto, esta Sala destaca que las reglas
creadas en esta sentencia refieren en lo primordial a los presupuestos de
análisis de la eximente de responsabilidad del Estado del hecho de la víctima
en casos de privación injusta de la libertad, pero en el asunto que se analiza
la sentencia que negó las pretensiones de la demanda de reparación directa
se fundamentó principalmente en que la medida de aseguramiento había
reunido los requisitos exigidos en los artículos 356 y 357 de la Ley 600 del
2000. Luego, la sentencia de tutela del 15 de noviembre de 2019 no cumple
con el requisito de identidad jurídica para erigirse como antecedente relevante
para decidir el caso concreto.

5. Conclusión

Por todo lo expuesto, la Sala negará las pretensiones formuladas en la acción de
tutela al considerar que la sentencia del 16 de diciembre de 2020 no incurrió en el
defecto fáctico examinado, pues el juicio de valoración que respaldó la decisión de
revocar la sentencia condenatoria de primera instancia se estima razonable y
conforme al marco jurídico pertinente para estudiar los casos de privación injusta de
la libertad.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

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FALLA

1. Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por los señores John
Fredy Arenas Vásquez, Isabel Cristina Arenas, Ramón Valerio Arenas Orrego
y Miriam Rocío Arenas Vásquez, de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sala

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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