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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-09125-00

Fecha
10 de febrero de 2022
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-09125-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por Selectiva SAS, en lo que respecta al cargo por desconocimiento del precedente judicial, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por Selectiva SAS frente al defecto sustantivo y al defecto fáctico, por las razones expuestas en esta providencia 3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 17 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2021-09125-00 Demandante: Selectiva S.A.S. 5. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2021-09125-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

10 de febrero de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2021-09125-00
Demandante: Selectiva S.A.S.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2021-09125-00
Demandante SELECTIVA S.A.S.
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
CUARTA, SUBSECCIÓN B
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos
generales y especiales de procedibilidad. Relevancia
constitucional. Defecto sustantivo. Defecto fáctico.
Desconocimiento del precedente. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Sanción por inexactitud. IBC de
los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
Interpretación del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia la acción de tutela instaurada por la sociedad Selectiva S.A.S., de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 9 de noviembre de 20211, la sociedad Selectiva S.A.S., por conducto de
apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la Subsección B de la
Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones2:

“Primero: Se ordene dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia que confirma la
decisión del Ad Quo, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de fecha seis
(06) de mayo de dos mil veintiuno (2021), en lo relacionado con la aplicación del artículo 30
de la Ley 3939 de 2010.

Tercero: Se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, incluir dentro del fallo de
segunda instancia las planillas No. 8415252711 y 17067252.

Tercero: De forma subsidiaria solicitamos al despacho se sirva ordenar al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca revisar los registros señalados en el escrito de demanda e
identificados de forma expresa en el medio magnético CD, dentro del documento en Excel
en la hoja denominada “MEDIOS DE TRANSPORTE”. [Sic para toda la cita]

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

1 La acción de tutela se radicó a través del portal web de la Rama Judicial, opción tutela en línea, radicación
592593.
2 Páginas 12 y 13 de la acción de tutela. Expediente digitalizado. Consultado a través del sistema de gestión
judicial del Consejo de Estado: SAMAI (índice 2)

1

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-09125-00
Demandante: Selectiva S.A.S.

2.1. El 19 de junio de 2015, la Subdirección de Determinación de Obligaciones de
la Dirección de Parafiscales de la UGPP dictó la Liquidación Oficial Nro. RDO
492 del 19 de junio de 2015, por el monto de $54.222.300. El concepto que
fundamentó el acto administrativo fue la mora e inexactitud en las
autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral. En el acto administrativo se liquidaron los periodos de julio a
diciembre de 2011 y de enero a junio de 2012.

2.2. En oficio identificado con la radicación Nro. 201550050438442 del 3 de
septiembre de 2015, Selectiva S.A.S. propuso recurso de reconsideración, el
cual se admitió en auto ADC Nro. 559 del 30 de septiembre de 2015.

2.3. La UGPP resolvió el recurso en la Resolución RCD 320 calendada del 21 de
junio de 2016. En el acto administrativo disminuyó el monto de la obligación,
cuyo valor se fijó en $45.402.159.

2.4. Selectiva S.A.S. promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho pretendiendo la nulidad de la Resolución No. RDC-320 del 21 de
junio 2016 y de la Resolución RDO 492 del 19 de junio del 2015.

A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) que se hiciera la
devolución indexada de los pagos realizados por la empresa Selectiva S.A.S.
por concepto de mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de
aportes al Sistema de la Protección Social; (ii) que se reconociera el pago de
los gastos incurridos por concepto de defensa jurídica de la entidad en el
proceso administrativo y contencioso; (iii) que se reconocieran los gastos por
concepto de auxiliar administrativo en el lapso de la investigación
administrativa; y (iv) que se condenara en costas a la UGPP.

2.5. El proceso correspondió en primera instancia al conocimiento del Juzgado 40
Administrativo del Circuito de Bogotá y le fue asignado el radicado Nro.
11001-33-34-040-201-600217-00. Esta autoridad judicial profirió sentencia el
30 de agosto de 2019, cuya parte resolutiva es del siguiente tenor:
“PRIMERO: DECLÁRESE LA NULIDAD PARCIAL de la Liquidación Oficial N°. RDO 492
de 19 de junio de 2015 y de la Resolución RDC 320 del 21 de junio de 2016, proferidas
por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL - UGPP, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento, SE
DECLARAN en firme las declaraciones presentadas por SELECTIVA S.A.S por concepto
de aportes al Sistema de la Protección Social, contenidas en las planillas: 12920954,
13175381, 13472897, 13473737, 13473817, 13485055. 13711212, 13768617, 13964187,
14223242, 15758541, 15133350, 15127255, 16114176, 16513521, 16513620, 16513671,
16513728, 16513847, 16754383 y 16755449.”3

2.6. La sociedad demandante y la UGPP presentaron recurso de apelación contra
la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

En la etapa de alegatos de conclusión, el apoderado de la sociedad además
solicitó la inclusión de las planillas Nro. 8415252711 y 17067252, que indicó,
fueron liquidadas dentro de los periodos declarados en firme por el juzgado
de primera instancia. También solicitó la no conclusión de pagos

3 Página 59 del archivo denominado “24SentenciaPrimeraInstancia Notificación”, el cual hace parte del
expediente digitalizado del proceso de nulidad y restablecimiento del Derecho Nro. 2016-00217-00. Samai,
índice 25.

2

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Demandante: Selectiva S.A.S.

relacionados con auxilios de transporte dentro del límite del 40% de la Ley
1393 de 2010.

2.7. La Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca profirió sentencia de segunda instancia calendada del 6 de
mayo de 2021, en la que confirmó en integridad la sentencia del 30 de agosto
de 2019.

La providencia fue notificada al buzón de notificaciones judiciales indicado
por las partes, a través de mensaje de datos remitido el 21 de mayo de 2021.

2.8. La sociedad demandante radicó memorial de aclaración y/o adición de la
sentencia en el sentido de incluir las planillas No. 8415252711 y 17067252,
en el entendido de que hacían parte del acervo probatorio y no fueron
incluidas dentro de la decisión de firmeza.

2.9. En auto del 11 de junio de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
negó la solicitud de adición de la sentencia, en razón a que no se hizo
relación a las mencionadas planillas en el momento procesal oportuno, esto
es: en el recurso de apelación. El auto se notificó el 12 de junio de 2021.

3. Fundamentos de la acción

La parte accionante alegó la configuración de defecto sustantivo, desconocimiento
del precedente judicial y defecto fáctico en la sentencia del 6 de mayo de 2021.

Relativo al defecto sustantivo, advirtió que, contrario a lo indicado en la sentencia
que se acusa, el auxilio de movilización no es ingreso laboral, por lo que no hace
parte de los conceptos comprendidos en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.

Expuso, en consecuencia, que la motivación de la sentencia dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca se fundamenta en una incorrecta
interpretación de la disposición normativa en comento. Agregó que tal tesis a su
vez contraría el precedente de esa misma Corporación y, por ello, comporta el
desconocimiento del derecho a la igualdad de la sociedad accionada, pues en
casos con similares supuestos fácticos, ha fallado en sentido diferente. Recordó
que en sentencia del 31 de octubre de 20184, la Sección Cuarta de esa
Corporación manifestó que “este tipo de pagos a pesar de ser pactado por las partes, al
establecerse que la naturaleza es para el desarrollo de las funciones no debe ser tomado en
cuenta para el límite del pago del 40% en el pago de aportes al sistema de seguridad social.”5

Advirtió que esta tesis se cambió de manera abrupta e inmotivada en la sentencia
del 6 de mayo de 2021, configurando así un defecto por desconocimiento del
precedente judicial.

Como segundo argumento del alegato por desconocimiento del precedente
judicial, indicó que la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado en
sentencia del 17 de septiembre de 20206 declaró la nulidad de los numerales 2° y
3° de la Sección II del Acuerdo 1035 de 2015, al considerar que la UGPP no tenía
competencia para reglamentar la Ley 1393 de 2010. En ese contexto, solicitó que
se deje sin efectos la sentencia del 6 de mayo de 2021, en lo relativo al límite del
40% consagrado en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.

4 Relaciona la sentencia del 31 de octubre de 2018 proferida por la Subsección A de la Sección Cuarta del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, siendo ponente la magistrada Gloria Isabel Cáceres Martínez.
Expediente 11001-33-37-039-2015-00115-01.
5 Página 6 de la acción de tutela. Samai, índice 2.
6
Radicación Nro. 11001-03-25-000-2016-00724-00 (3235- 2016). M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

3

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-09125-00
Demandante: Selectiva S.A.S.

En lo que respecta a la configuración del defecto fáctico expuso que en los
alegatos de conclusión de segunda instancia y en la solicitud de aclaración de la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se señaló que
dentro del acervo probatorio del proceso estaban las planillas No. 8415252711 y
17067252. Adujo que los documentos soporte fueron aportados por la parte
demandante y que también reposan en la carpeta de antecedentes administrativos
aportados por la UGPP; pero no fueron considerados por los jueces de instancia.

Establecido el anterior contexto, propuso los siguientes problemas jurídicos que
debería resolver el juez de tutela:
“Primero: ¿El Juzgado 40 Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, en sentencias de primera y segunda
instancia respectivamente, incurrieron en un defecto sustantivo al motivar la decisión en un
grave error en la interpretación de la norma, el cual se da por desconocimiento de sentencias
con efectos erga omnes (Sentencia del del diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinte
(2020) dentro del Radicado No. 11001-03-25-000-2016-00724-00 (3235- 2016)) y además
por que la decisión judicial se apoya en una interpretación contraria a la Constitución?
Segundo: ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, en
sentencias de primera y segunda instancia respectivamente, incurrió en desconocimiento del
precedente judicial al desconocer las sentencias proferidas dentro del expediente No. 11001-
33-37-039-2015-00115-01?
Tercero: ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, en
sentencia de segunda instancia y en auto que niega solicitud de aclaración, incurrieron en
defecto factico al desconocer la existencia de otras planillas que debían ser objeto de
firmeza de acuerdo al fallo?

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. El despacho ponente requirió en auto del 24 de noviembre de 2021, al señor
Andrés Heriberto Torres Aragón para que allegara al proceso el poder
especial que lo legitimaba para actuar como apoderado de la sociedad
Selectiva S.A.S.

4.2. La demanda fue subsanada y en auto del 13 de diciembre de 2021, el
despacho ponente admitió la acción de tutela. En consecuencia, ordenó
notificar a las partes y vinculó, en calidad de terceros, a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social UGPP y al Juzgado 40 Administrativo del Circuito de
Bogotá, sujetos procesales dentro del proceso radicado bajo el Nro. 11001-
33- 37-040-2016-00217-00/02.

4.3. La Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por conducto de la ponente de la decisión, recordó los
fundamentos de la sentencia que se acusa, proferida el 6 de mayo de 2021.

En relación con los cargos expuestos por la sociedad demandante en el
escrito de apelación, indicó que (i) la UGPP sí era competente para emitir los
actos administrativos demandados; (ii) los pagos por conceptos de medios
de transporte debían incluirse en el cálculo de límite del 40% consagrado en
el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, por disposición del legislador y por
tratarse de emolumentos no constitutivos de salario; (iii) el Tribunal negó la
solicitud de devolución de aportes, porque Selectivas S.A.S. no aportó los
documentos necesarios para proceder con el estudio.

En la sentencia se indicó que la autoridad judicial no se pronunciaría frente a
la firmeza de las planillas reclamada en la etapa de alegatos de conclusión,
en razón a que ese reproche no fue expuesto en el recurso de alzada.

4

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-09125-00
Demandante: Selectiva S.A.S.

En el informe, la ponente llamó la atención en que el pronunciamiento en
sentencia sobre este argumento implicaría el desconocimiento del principio
de congruencia y de la jurisprudencia7 y doctrina que lo han desarrollado y
dado alcance.

Establecido lo anterior, expuso la siguiente conclusión sobre este cargo:
“(…) es claro que SELECTIVA debió poner en conocimiento en el recurso de
apelación su desacuerdo respecto de las planillas que mencionó en el escrito de
alegaciones de segunda instancia, toda vez que ese era el momento oportuno para
ello. Bajo ese entendimiento, como el argumento de las referidas planillas no fue
ventilado en la apelación, el tribunal no estaba habilitado para efectuar el análisis y
decisión frente al mismo, circunstancias que permiten elucidar que la providencia
objeto de controversia, no vulnera los derechos fundamentales de la accionante y por
ello el amparo deprecado no tiene vocación de prosperidad.” 8

Frente a la inclusión de los conceptos de medios de transporte para calcular
el límite del 40% consagrado en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010,
advirtió que los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo
consagran cuáles son los emolumentos que constituyen salario y los pagos
que no lo constituyen. En esa línea, destacó que, aunque es cierto que los
pagos por medios de transporte no constituyen salario, también lo es que
estos pagos no constitutivos de salarios en ningún caso pueden ser
superiores al 40% del total de la remuneración. Luego concluyó:
“Aunado a lo anterior, el auxilio legal de transporte (artículos 2 de la Ley 15 de 1959 y
17 de la Ley 344 de 1996) creado con el objetivo de subsidiar el costo de movilización
de los empleados desde su casa hasta el lugar de trabajo, por expresa disposición
legal no constituye un pago salarial, motivo por el cual debe integrar el grupo de pagos
para determinar el límite del mentado 40%. De manera que, en concordancia con el
espíritu de la norma, dentro del 40% deben tenerse en cuenta todas las erogaciones
pagadas al trabajador que no son salario y que no retribuyen directamente su fuerza
de trabajo, razones suficientes para concluir que no le asiste razón a la accionante
frente a su reproche.”9

En relación con el cargo por desconocimiento del precedente horizontal de
esa Corporación, la magistrada expuso:
“(…) si bien la Subsección A de la Sección Cuarta de este Tribunal ha decidido en
casos similares al presente que los emolumentos por concepto de medios de
transporte no deben integrar el cálculo del límite del artículo 30 de la Ley 1393 de
2010, la Subsección B ha sentado su postura basada en el propio espíritu de la ley, en
el sentido de considerar que dichas erogaciones no constituyen salario y por expresa
disposición legal no pueden sobrepasar el porcentaje fijado por el legislador, aspecto
sobre el cual no es procedente concluir que se ha desconocido el precedente vertical
jurisprudencial de obligatoria observancia que únicamente puede provenir del superior
encargado de unificar jurisprudencia, circunstancias que conllevan a reafirmar la
improcedencia de la presente acción de amparo.”10

4.4. El Juzgado 40 Administrativo de Circuito Judicial de Bogotá, por
conducto de la titular del despacho, recordó que encontró probada la firmeza
de alguna de las autoliquidaciones y en razón a ello declaró la nulidad parcial
de los actos administrativos demandados. Agregó que no es admisible el
argumento de los medios de transporte, porque al ser factores no salariales
deben ser incluidos en el IBC cuando superan el 40% del total remunerado,
conforme lo establece el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.

7 Sentencia Consejo de Estado - Sección Cuarta C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Rad. nro. 21911
8 Página 6 del informe de tutela, suscrito por la magistrada Nelly Yolanda Villamizar.
9 Página 10 del informe de tutela, suscrito por la magistrada Nelly Yolanda Villamizar.
10
Página 11 del informe de tutela, suscrito por la magistrada Nelly Yolanda Villamizar

5

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-09125-00
Demandante: Selectiva S.A.S.

Adicional a lo anterior, advirtió que el soporte jurídico de los argumentos de la
tutela reposa en una sentencia que se profirió con posterioridad al fallo
ordinario de primera instancia, que en cualquier caso no define la
controversia comoquiera que se refiere a una reglamentación de la UGPP,
pero no a la normativa fuente de decisión que es el artículo 30 de la Ley 1393
de 2010.

Por lo anterior, concluye que no está probado que ese despacho haya
incurrido en defecto sustantivo ni en desconocimiento del precedente, “puesto
que los fundamentos que esgrime la demandante no se enmarcan en ningún de los
supuestos establecidos por la sentencia del 22 de marzo de 2018 proferida por el Consejo
de Estado. Con sustento en todo lo expuesto, esta togada considera que se interpretaron en
debida forma las normas aplicables al caso. Razón por la cual, la acción de tutela interpuesta
no debe prosperar”11

4.5. La UGPP, por conducto de la subdirectora general de la Subdirección
Jurídica de Parafiscales de la entidad, solicitó que se le desvincule de esta
acción de tutela, en razón a que no le asiste competencia para satisfacer las
pretensiones de la demanda, es decir, que no ostenta legitimación en causa
por pasiva en el presente litigio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 199112, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin
embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos
generales13 y especiales14 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se
deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o
requisitos especiales de la acción.

11 Página 2 del informe de tutela, suscrito por la magistrada Teresa de Jesús Montaña González.
12 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
13 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya
utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de
sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término
prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de
una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia
atacada.
14 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y
viii) defecto por violación directa de la Constitución.

6

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-09125-00
Demandante: Selectiva S.A.S.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional15 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen
de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para
no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de
legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al
debido proceso.

Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un
mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico

Sea lo primero indicar que, el estudio de los antecedentes expuestos y de los
documentos que conforman el expediente de tutela, en específico, del recurso de
apelación incoado por la parte demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho sub examine, esta Sala evidencia necesario
determinar, si la demanda de tutela supera los requisitos de relevancia
constitucional y subsidiariedad.

En caso de que la acción de tutela supere el análisis general de procedibilidad,
pasará la Sala establecer si la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca incurrió en defecto sustantivo, desconocimiento
del precedente y defecto fáctico al proferir la sentencia de segunda instancia
calendada del 6 de mayo de 2021, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el tema de aportes al sistema de la protección
social, objeto de análisis.

4 Alcance del presupuesto general de procedibilidad de relevancia
constitucional y su análisis en el caso individual

4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales
vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. En
ningún modo aquel puede inmiscuirse en los asuntos propios del juez natural.

Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional.

Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos
que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a
partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la
sentencia T–248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para
determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este
requisito:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no

15 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.

7

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puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que “no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales”16. Es necesario que el
interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la
providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la
propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, su uso está proscrito cuando se emplea como si fuera
una instancia adicional del proceso ordinario.

En línea con el último criterio de la relevancia constitucional, corresponde al
juez verificar que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia
adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal
propósito, le corresponde estudiar si los cargos expuestos en el proceso en
que se profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de
tutela son iguales; y si estos fueron resueltos integralmente por el juez
natural.

En caso de que se trate de los mismos argumentos y de que estos hayan
sido estudiados por el juez de la causa, es probable que el juez de tutela
concluya que el mecanismo constitucional se está empleando como una
instancia adicional. En ese supuesto, se evidencia que lo perseguido por el
tutelante es insistir en los argumentos planteados ante el juez natural, con la
esperanza de que el juez de tutela, a diferencia del juez de la causa, sí
acceda a sus pretensiones.

4.2. Análisis del presupuesto de relevancia constitucional frente al cargo
por indebida interpretación del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010

Al comparar el escrito de tutela con el recurso de apelación que interpuso la
parte demandante contra la sentencia de primera instancia proferida por el
Juez 40 Administrativo del Circuito de Bogotá; evidencia la Sala que el
argumento relativo a la no inclusión de los pagos por concepto de medios de
transporte en el ingreso base de cotización en atención a lo indicado en el

16 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014.
Radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01. C. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Demandante: Alpina
Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo De Estado – Sección Primera.

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artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 (defecto sustantivo), fue expuesto en esa
oportunidad.

Del recurso de apelación17, se extractan los apartes relevantes para el
análisis de esta acción constitucional. Veamos:

Con el propósito de introducir uno de los argumentos principales de su
apelación, la sociedad demandante cuestiona: “¿si los conceptos de medio de
transporte entregados por el empleador a sus trabajadores deben ser incluidos dentro del
límite del 40% que establece el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010? DEFECTO
SUSTANCIAL - DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL”

Frente a esta inquietud, destaca que se aparta de la interpretación que el
Juzgado 40 Administrativo del Circuito de Bogotá hizo del artículo 30 de la
Ley 1393 de 2010. Aclara que el legislador dispuso el mencionado límite solo
para los pagos no salariales que son objeto de pacto entre las partes.
Afirmación que deriva del análisis de la exposición de motivos de esa ley.

En consecuencia, expuso que los dineros entregados al trabajador por
concepto de medios de transporte obedecen a una necesidad de la empresa
y no a un pacto entre las partes de la relación laboral con el propósito de
defraudar al Sistema de la Protección Social. De ahí que la interpretación
defendida por el juez de la primera instancia comporte, a su juicio, un defecto
sustantivo.

Como fundamento de este alegato, relacionó apartes de un pronunciamiento
del Ministerio del Trabajo identificado con el Nro. 101294 del 12 de abril de
2011 y de la sentencia del 31 de octubre de 2018, proferida por la
Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca identificada con la radicación Nro. 11001-33-37-039-2015-
00115-01. En esta sentencia se indicó que los pagos que no constituyen
salario no deben ser tomados en cuanta para el límite del pago del 40% de
aportes al Sistema de Seguridad Social.

4.3. Establecido lo anterior, la Sala observa que este cargo fue analizado y
resuelto por la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca en la sentencia del 6 de mayo de 2021, tal como pasará a
evidenciarse.

Dentro de los problema jurídicos que se propuso resolver el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en su sentencia estuvo el siguiente: “¿Los
conceptos de «medio de transporte» pagados por la sociedad SELECTIVA S.A.S. a sus
trabajadores sobrepasan el límite del 40% establecido en el artículo 30 de la Ley 1393 de
2010?”18

Este problema jurídico fue desatado en el acápite 7.4 de la sentencia
acusada, denominado “MEDIOS DE TRANSPORTE”. El Tribunal tomó como
fundamento normativo para el análisis del cargo, los artículos 127 19 y 12820
17 Páginas 22 y siguientes del archivo denominado “25ApelaciónSentencia” del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho Nro. 11001-33-37-040-2016-00217-00 Actor: Selectiva SAS. Expediente
digitalizado.
18 Página 15 del archivo denominado “29SentenciaSegundaInstanciaNotificación” del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 11001-33-37-040-2016-00217-00 Actor: Selectiva SAS.
Expediente digitalizado.
19 Artículo 127. Elementos integrantes. <Artículo modificado por el artículo 14 del Ley 50 de 1990.
> Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador
en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación
que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de
las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones.
20 Artículo 128. Pagos que no constituyen salarios. <Artículo modificado por el artículo 15 de la Ley 50 de
1990.> No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador

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del Código Sustantivo del Trabajo, relativos a los pagos que constituyen y los
que no constituyen salario. Aclaró que los conceptos que constituyen salario
conforman la base sobre la cual el empleador debe liquidar y pagar los
aportes al sistema de la protección social. Pero también precisó que, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, cuando
los pagos no constitutivos de salario son superiores al 40% del total de la
remuneración, estos deben integrar en su excedente el conjunto de pagos
que conforman el ingreso base de cotización de aportes al sistema.

En palabras de la Subsección B, Sección Cuarta del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca:
“Pese a que los mencionados pagos no constituyen salario, los mismos no pueden
exceder el 40% de la remuneración, límite establecido en el artículo 30 de la Ley 1393
de 2010, que a la letra reza:
«ARTÍCULO 30. Sin perjuicio de lo previsto para otros fines, para los efectos
relacionados con los artículos 18 y 204 de la Ley 100 de 1993, los pagos laborales
no constitutivos de salario de los trabajadores particulares no podrán ser
superiores al 40% del total de la remuneración.»
Ello denota que, aun cuando la norma permite que algunos factores salariales no
constituyen salario para efecto de la liquidación y el pago de los aportes al Sistema de
la Protección Social, el legislador estableció que dichos pagos no pueden superar el
40% del total de la remuneración, de tal manera que, la suma por concepto de pagos
no constitutivos de salario que se haga a favor del trabajador y que sobrepase dicho
limite, hará parte integrante del ingreso base de cotización para efectos de liquidar las
prestaciones sociales y demás derechos laborales.
En el presente caso la censura de la demandante se afinca en que los pagos
correspondientes a “medios de transporte”, si bien constituyen pagos no salariales,
asunto sobre lo cual no existe discusión entre las partes, no deben incluirse para
calcular el 40% consagrado en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, por tratarse de
erogaciones que no retribuyen al trabajador, sino que comportan elementos para el
desarrollo de sus funciones.
[…]
A la luz de los anteriores razonamientos, tal norma restrictiva establece que cuando
las partes dentro del contrato laboral han dispuesto pagos no constitutivos de salario,
en ningún caso podrán ser superiores al 40% del total de la remuneración, tratamiento
laboral especial que impide ahorros o lucros de los particulares a expensas de ellos.
Aclarado lo anterior, para efectos de la aplicación del límite establecido en el artículo
30 de la Ley 1393 de 2010, abarca aquellos pagos que recibe el trabajador, en dinero
o en especie, no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para
desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de
transporte, combustible, rodamientos y otros semejantes, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo.
Aunado a lo anterior, el auxilio legal de transporte (artículos 2 de la Ley 15 de 1959 y
17 de la Ley 344 de 1996) creado con el objetivo de subsidiar el costo de movilización
de los empleados desde su casa hasta el lugar de trabajo, por expresa disposición
legal no constituye un pago salarial, motivo por el cual debe integrar el grupo de pagos
para determinar el límite del mentado 40%.
Todo lo anterior guarda concordancia con lo dispuesto en la Sección II numeral 2 del
Decreto 1035 de 2015 que expresamente señala los emolumentos que deben incluirse
para efectos del cálculo del aludido exceso, regla que, a pesar de ser posterior al
momento de la presentación de las autoliquidaciones, sirve como referente de
interpretación en cuanto a los pagos no constitutivos de salario para efectos de la
aplicación de la prenotada norma.”

del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades,
excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su
beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos
de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco las
prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX, ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales
acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el {empleador}, cuando
las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la
alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad.

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4.4. Conforme a lo anterior, se tiene que el cargo planteado en la acción de tutela
como defecto sustantivo, en razón a que Selectiva S.A.S. se aparta de la
interpretación del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, según la cual los pagos
no constitutivos de salario deben incluirse en el ingreso base de liquidación,
ya había sido expuesto en el recurso de apelación en términos muy similares
y la autoridad judicial de segunda instancia emitió sus consideraciones frente
a ese alegato en la sentencia del 6 de mayo de 2021, en el sentido de
confirmar la tesis del a quo en cuanto a la interpretación normativa en
comento.

Se observa entonces, que la sociedad accionante en realidad expone un
desacuerdo con la interpretación de la disposición normativa multicitada y
que lo que pretende es tomar la acción de tutela como una instancia
adicional en la cual pueda exponer su tesis interpretativa en busca del apoyo
del juez constitucional para que se deje sin efectos la sentencia del 6 de
mayo de 2021, en lo que respecta a ese alegato en específico.

Al respecto se estima pertinente recordar que la acción de tutela es un
instrumento de procedencia excepcional, creado con el propósito de hacer
frente a situaciones en las que las autoridades judiciales incurren en graves
falencias que hacen que sus providencias se tornen incompatibles con la
Constitución. Ya ha dicho la Corte Constitucional en múltiples oportunidades,
que este mecanismo constitucional, comporta un juicio de validez que no de
corrección21, por lo que no es de recibo que se ejerza para procurar una
nueva instancia de discusión en asuntos de interpretación normativa.

En el presente caso, es claro que existe un desacuerdo entre la
interpretación de la norma defendida por la sociedad accionante y que no es
compartida por los jueces que conocieron su caso en primera y segunda
instancia. Dado que es al juez de la causa al que le corresponde la aplicación
e interpretación de las normas que orientan la litis puesta en su
consideración, no es de recibo que se pretenda imponerle las
consideraciones de alguna de las partes o del juez constitucional, es una
finalidad que desborda la teleología de la acción de tutela.

4.5. Ahora, relativo al argumento de la tutela en el que se advierte que, la
motivación de la sentencia en lo que respecta a la interpretación normativa
citada, se fundamentó en una norma que no está vigente, esta Sala también
considera que carece de relevancia constitucional derivado de su falta de
incidencia en el sentido de la decisión.

En concreto, el alegato de la sociedad accionante señala que los numerales
2° y 3° de la Sección II del Acuerdo 1035 de 2015 de la UGPP22 fueron
declarados nulos en la sentencia del 17 de septiembre de 2020 (exp. 3235-
2016), por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, al
considerar que la UGPP carecía de competencia para reglamentar la Ley
1393 de 2010.

Este cargo no tiene incidencia sobre la decisión que adoptó el Tribunal
accionado en la sentencia del 6 de mayo de 2021, porque, como se indicó de
manera expresa en la sentencia, se trató apenas de un criterio auxiliar o
referente de interpretación, pero los argumentos principales derivaron de la
interpretación literal del contenido del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010. De

21 Corte Constitucional de Colombia. Ver sentencias: T-022/19; T-344/15; T-792 de 2010
22 “Por el cual se define, formula, y adopta, para la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), la política de mejoramiento continuo en el
proceso de determinación, liquidación y pago de los aportes al Sistema de la Protección Social.”

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manera que la tesis expuesta por la autoridad judicial accionada persiste aun
prescindiendo del mencionado referente de interpretación. Luego, se reitera,
el argumento no supera el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional en razón a su escasa incidencia en la decisión.

4.6. Análisis de los presupuestos de relevancia constitucional y de
subsidiariedad frente al alegato por omisión de valoración probatoria

La Sociedad accionante también acusó que la Subsección B de la Sección
Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no estudió las planillas
No. 8415252711 y 17067252 para decidir sobre su firmeza, a pesar de que
hicieron parte del acervo probatorio y de que su análisis fue solicitado en
varias oportunidades procesales.

Para resolver este cargo se estima necesario hacer expresa referencia sobre
algunos antecedentes relevantes del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho objeto de análisis.

4.6.1. Lo primero a tener en cuenta es que, en el recurso de apelación23 la
sociedad demandante no se pronunció frente a estas planillas. Esta
solicitud solo se presentó en la etapa de alegatos de conclusión de la
segunda instancia, en la que pidió que se declare la firmeza de las
planillas, dado que fueron pagadas antes del 17 de junio de 201424.

4.6.2. Sobre esta petición en la sentencia del 6 de mayo de 2021, la
Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, expuso:
“Delanteramente, es necesario precisar que la sentencia de segunda instancia
debe circunscribirse al principio de congruencia, el cual propende porque el
pronunciamiento del ad quem se contraiga estrictamente a aquellas tacha (sic),
yerros, y cargos de que las censura, acusa en su recurso de apelación contra
las consideraciones que el a quo hace en la sentencia. De manera que, la Sala
no se pronunciará respecto del argumento referente a la firmeza de las
declaraciones privadas expuesto en el escrito de alegatos de conclusión de la
sociedad demandante, como quiera que no fue objeto de reproche en el
memorial de alzada.”25

4.6.3. Relativo a este pronunciamiento, la sociedad demandante presentó
solicitud de aclaración y/o adición de la sentencia de segunda
instancia26.

Como fundamento de su petición advirtió que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca omitió pronunciarse frente a la
petición de firmeza de las auto declaraciones contenidas en las
planillas 8415252711 y 17067252, a pesar de que esta solicitud se
enervó en el recurso de apelación y en los alegatos de conclusión.

4.6.4. La magistrada ponente de la sentencia de segunda instancia negó la
solicitud de adición en auto del 11 de junio de 2021.
23 Páginas 22 y siguientes del archivo denominado “25ApelaciónSentencia” del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho Nro. 11001-33-37-040-2016-00217-00 Actor: Selectiva SAS. Expediente
digitalizado.
24 Página 14 del archivo denominado “29SentenciaSegundaInstanciaNotificación” del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 11001-33-37-040-2016-00217-00 Actor: Selectiva SAS.
Expediente digitalizado.
25 Página 15 del archivo denominado “29SentenciaSegundaInstanciaNotificación” del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 11001-33-37-040-2016-00217-00 Actor: Selectiva SAS.
Expediente digitalizado.
26 Archivo denominado “30MemorialsolictdAclaración” del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho Nro. 11001-33-37-040-2016-00217-00 Actor: Selectiva SAS. Expediente digitalizado.

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Como sustento de su decisión expuso que la petición no es
procedente, porque no fue presentada en el escrito de apelación sino
en los alegatos de conclusión de segunda instancia, situación que
impide que el juez de la segunda instancia se pronuncie al respecto en
la sentencia, ya que desconocería el principio de congruencia.
Recordó que, conforme la jurisprudencia27 y la doctrina, la
competencia del juez de segunda instancia está determinada por la
apelación.

En la providencia, se lee:
“A la luz de los anteriores razonamientos, es claro que la demandante debió
poner en conocimiento su desacuerdo respecto de las planillas que menciona
en su solicitud en el correspondiente recurso de apelación que fue interpuesto
contra la sentencia de primera instancia, para que de esa manera el tribunal
estuviera habilitado para efectuar el análisis y decisión frente al mismo. En ese
sentido, la Sala negará la solicitud de adición de la providencia de segunda
instancia presentada por el apoderado de la parte demandante, toda vez que
para el presente caso no es procedente el estudio de la misma.”

Es claro que el alegato relativo a la petición de pronunciamiento sobre la
firmeza de las autodeclaraciones contenidas en las planillas 8415252711 y
17067252, fue analizada y descartada por el Tribunal accionada tanto en la
sentencia de segunda instancia, como en el auto que resolvió la solicitud de
adición de aquella.

En estas providencias se expusieron las razones que impedían a la autoridad
judicial acceder a la petición, cuyo fundamento se circunscribe a una cuestión
de garantía del principio de congruencia y de equilibrio procesal, dado que el
cargo no fue expuesto en el momento procesal oportuno: el recurso de
alzada.

Como se observa, frente a este argumento no sólo se encuentra incumplido
el requisito de relevancia constitucional porque la acción de tutela se tomó
como una instancia adicional, sino que subsiste una causal de improcedencia
de la acción por inobservancia del presupuesto de subsidiariedad.

Recuérdese que la Corte Constitucional en sentencias con vocación
unificadora, como la SU041 de 2018, la SU695 de 2015 y la SU081 de 2020,
indicó que el requisito de subsidiariedad en eventos de acción de tutela
contra providencias judiciales tiene su origen normativo en los artículos 86 de
la Constitución Política y 6° del Decreto 2591 de 1991, cuyo contenido limita
la procedencia de la solicitud de amparo a aquellos eventos en los que el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En esa vía,
el alto Tribunal dispuso que, la acción de tutela contra providencias judiciales
será improcedente por incumplir con el presupuesto de subsidiariedad en tres
eventos: a) el asunto está en trámite; b) no se han agotado los medios de
defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y c) se usa para revivir etapas
procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico.

Emerge claro de los antecedentes del caso concreto que, la parte
demandante omitió exponer el alegato relativo a la omisión de análisis sobre
la firmeza de las auto declaraciones contenidas en las planillas 8415252711
y 17067252 en el recurso de apelación, sin que sea de recibo que se utilice

27 Relacionó un aparte de la sentencia con radicación Nro. 08001-23-31-000-2006-00871-01 (21911) con
ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez.

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ahora la acción de tutela como herramienta para revivir una oportunidad
procesal perdida.

Entonces, entrar a fallar de fondo el cargo expuesto en la acción de tutela
implicaría (i) desconocer el requisito de subsidiariedad, debido a que no fue
propuesto en ejercicio del mecanismo judicial idóneo y eficaz y (ii) aceptar
que se tome la acción de tutela como una instancia adicional para proponer
los cargos que ya habían sido descartados de manera motivada y razonable.

Como argumento subsidiario, se destaca que esta Sección28, actuando como
juez ordinario ha indicado de manera reiterada y pacífica que le está vedado
al juez de la segunda instancia estudiar hechos, cargos o argumentos
nuevos, planteados en la etapa de alegatos de conclusión, en razón a que su
competencia se restringe a los alegatos presentados en el recurso de alzada,
en aplicación del principio de congruencia.

En sentencia del 30 de septiembre de 2021, la Sección Cuarta indicó lo
siguiente sobre este asunto:
“Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, atendiendo a los cargos formulados
por la demandada, en calidad de apelante única, contra la sentencia de primera
instancia que declaró la nulidad parcial de dichos actos y se abstuvo de condenar en
costas. Así, corresponde establecer cuál es el término de caducidad que rige la
potestad de la UGPP para determinar oficialmente los aportes al Sistema de la
Protección Social (SPS) de los periodos que van de enero a diciembre de 2011 y si, a
consecuencia de esos análisis, fueron oportunos los actos de liquidación de los
aportes al SPS a cargo de la actora por los periodos del año 2011. Con todo, la Sala
tiene vedado estudiar los hechos novedosos planteados por la demandada en los
alegatos de conclusión de la segunda instancia, relativos a la oportunidad de la
presentación o a la corrección de las autoliquidaciones revisadas, porque la
competencia del ad quem se restringe a los aspectos formulados en la apelación
(artículo 328 del CGP) y tales cuestionamientos no se plantearon en el
correspondiente recurso. Sobre el particular, cabe reiterar que la etapa de alegaciones
de conclusión no es la adecuada para formular cargos de impugnación en contra de lo
resuelto en la sentencia de primer grado (sentencia del 07 de mayo de 2020, exp.
23572, CP: Julio Roberto Piza).” 29

4.7. Por todo lo expuesto, la Sala concluye que en el caso no se satisfacen los
requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad, en relación al defecto
sustantivo y defecto al fáctico.

En consecuencia, se declarará la improcedencia de la acción frente a esos
dos cargos.

5 Defecto por desconocimiento del precedente judicial (horizontal):
alcance y su análisis en el caso individual

5.1. El precedente judicial alude a que un caso similar ya ha sido resuelto en el
pasado y sirve como referente para que se decidan otros conflictos
semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el
juez al momento de decidir el nuevo caso.

28 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 23 de
septiembre de 2021. Proceso Nro. 25000-23-37-000-2015-00084-01 (23113). Magistrado Ponente: Julio
Roberto Piza Rodríguez; sentencia del 12 de agosto de 2021. Proceso Nro. 25000-23-37-000-2014-01133-
01 (23923). Magistrada ponente: Myriam Stella Gutiérrez Argüello; sentencia del 7 de mayo de 2021.
Proceso Nro. 68001-23-33-000-2016-00681-01 (23572). Magistrado ponente: Julio Roberto Piza
Rodríguez.
29 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 30 de
septiembre de 2021. Proceso Nro. 66001-23-33-000-2016-00663-01(24196). Magistrado Ponente: Julio
Roberto Piza Rodríguez.

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La Corte Constitucional ha sostenido que la aplicación del precedente judicial
implica que, “un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los)
caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo
son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la
consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del
caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una
distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación” 30.

Para la Sala es posible plantear la transgresión del precedente si se
demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan
identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación
(existencia del precedente); (ii) que tales decisiones (precedentes) sean
vinculantes para la autoridad judicial demandada, tanto por ser el precedente
vigente, como por tener la fuerza vinculante suficiente (vinculatoriedad); (iii)
que la decisión judicial que se cuestiona en sede de tutela sea contraria al
precedente vinculante (contradicción con el precedente vinculante); (iv) que
el juez de instancia no presente una justificación razonable para apartarse
del precedente vinculante.

A partir de lo anterior, debe considerarse que, por regla general, los jueces
de lo contencioso administrativo deben guiarse en la solución de sus
asuntos, por la jurisprudencia vinculante. Este concepto cobija tanto el
precedente vertical, que proviene de la autoridad encargada de unificar
jurisprudencia en cada jurisdicción, como el precedente horizontal que es el
emitido por el mismo funcionario o autoridades del mismo nivel jerárquico y
que está cimentado en los principios de igualdad y seguridad jurídica.

Al respecto, la Corte Constitucional indicó:

Bajo ese entendido y de acuerdo a la autoridad que emitió el pronunciamiento, se
puede clasificar el precedente en dos categorías: (i) el precedente horizontal, el cual
hace referencia a las decisiones proferidas por autoridades del mismo nivel jerárquico
o, incluso, por el mismo funcionario; y (ii) el precedente vertical, que se refiere a las
decisiones adoptadas por el superior jerárquico o la autoridad encargada de unificar la
jurisprudencia. El precedente horizontal tiene fuerza vinculante, atendiendo no solo a
los principios de buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima, sino al derecho a la
igualdad que rige en nuestra Constitución. Asimismo, el precedente vertical, al
provenir de la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia dentro de cada una de
las jurisdicciones, limita la autonomía judicial del juez, en tanto debe respetar la
postura del superior, ya sea de las altas cortes o de los tribunales.” 31

5.2. El análisis de este cargo exige retornar a la discusión sobre la interpretación
del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, pues la sociedad accionante
considera que la sentencia del 6 de mayo de 2021 desconoce el precedente
horizontal de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
en tanto la tesis de interpretación normativa que defiende es contraria a la
que fue expuesta por esa Corporación en sentencia del 31 de octubre de
201832, en la que la Subsección A de esa Sección manifestó que “este tipo de
pagos a pesar de ser pactado por las partes, al establecerse que la naturaleza es para el
desarrollo de las funciones no debe ser tomado en cuenta para el límite del pago del 40% en
el pago de aportes al sistema de seguridad social.” 33

30 Corte Constitucional. Sentencia T-158 de 2006. M.P. Humberto Sierra Porto. Tesis reiterada en la
sentencia T-284 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
31 Corte Constitucional. Sentencia SU354 de 2014. M.P. Iván Humberto Escrucería.
32 Relaciona la sentencia del 31 de octubre de 2018 proferida por la Subsección A de la Sección Cuarta del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, siendo ponente la magistrada Gloria Isabel Cáceres Martínez.
Expediente 11001-33-37-039-2015-00115-01.
33
Óp. Cit. 5.

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Dicho lo anterior, se debe tener presente que, aunque la sentencia que se
acusa como desconocida, trata un similar problema jurídico, no tiene la
calidad de precedente exigible para resolver el asunto sub examine, por tres
razones.

La primera, es que aquella providencia fue proferida por la Subsección A de
la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, diferente a la
sentencia que se analiza, la cual fue proferida por la Subsección B de la
Sección Cuarta de esa Corporación.

Esto es importante porque los magistrados que profirieron una y otra
sentencia no son los mismos, situación que tiene relevancia especial cuando
se pretende hacer exigible el precedente horizontal, pues al tratarse de
funcionarios de igual categoría, en principio, no es dable exigirles que acojan
sin más las tesis o posturas de otra Sección o Sala, pues podría afectar su
autonomía e independencia en la decisión razonable de los casos.

Así pues, en el caso concreto se estima que el Tribunal accionado adelantó
un análisis apropiado y debidamente motivado del marco jurídico a analizar
conforme a las particularidades fácticas del asunto puesto a su
consideración, sin que se estime aceptable imponer la tesis de otra Sala de
la misma Corporación judicial.

Como segundo argumento, debe considerarse que la observancia del
precedente horizontal no es tan rigurosa como la que se predica del
precedente vertical que es de obligatorio acatamiento, comoquiera que se
trata de posiciones que se adoptan en virtud de la autonomía judicial con la
que cuentan los jueces y que puede llevar a que existan eventualmente
diferencias de criterio y de interpretación al momento de definir casos
similares, siempre que sus tesis se sustenten en argumentos razonables y
debidamente sustentados.

Finalmente, no pasa desapercibido para esta Sala que la discusión que hoy
se propone relativa al alcance e interpretación del artículo 30 de la Ley 1393
de 2010, no ha sido un asunto pacífico en la jurisprudencia de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado que, en el año 2019, presentó cambios de
postura importantes sobre el tema34.

Identificada la necesidad de unificar reglas sobre el IBC de aportes al sistema
de seguridad social en el marco de la interpretación y alcance del artículo 30
de la Ley 1393 de 2010, la Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió el 9
de diciembre de 2021, sentencia de unificación sobre el asunto.

No obstante, debe aclararse que esta sentencia de unificación a pesar de
haberse proferido por el órgano de cierre de la jurisdicción en asuntos de
impuestos y contribuciones fiscales y parafiscales fue proferida con

34 Por ejemplo, en sentencia del 24 de octubre de 2019 dentro del expediente Nro. 24085, con ponencia del
magistrado Jorge Octavio Ramírez Ramírez, se indicó lo siguiente: “lo que recibe el trabajador de manera
ocasional o por mera liberalidad de su empleador, o para desempeñar a cabalidad sus funciones, ‘no se
debe considerar base de aportes al Sistema de Seguridad Social aun en el caso de que excedan del 40%
de la remuneración total, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010’ (…)
Significa que los pagos que no constituyen salario que excedan el 40% del total de la remuneración, sí
deben incluirse en el Ingreso Base de Cotización de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social”.
De otra parte, en sentencia del 18 de julio de 2019 con ponencia del magistrado Milton Chávez García
dentro del expediente 21936, frente al asunto se indicó que “La disposición estipula que aquellos pagos al
trabajador que por pacto entre las partes se excluyen del IBC, no pueden superar el 40% del total de la
remuneración, para determinar los aportes al sistema general de pensiones y al régimen contributivo de
salud. Será base la suma que exceda de dicho porcentaje. En esos eventos, los aportes se calcularán
sobre una base mínima del 60% del total de los rubros constitutivos de salario.

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posterioridad a la fecha en la que se decidió en segunda instancia el proceso
sub examine, por lo que su acatamiento no era exigible a la Subsección B de
la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Luego, considerando que al momento en que se profirió la sentencia acusada
no había unificación sobre el tema y que se trataba de un asunto que
presentaba controversia en cuanto a la interpretación y alcance de la
disposición normativa multicitada, debe indicarse que la tesis interpretativa
acogida, siempre que estuviera debidamente fundamentada, se enmarca en
los principios de autonomía e independencia judicial y no se traduce en una
vulneración al derecho de igualdad de las partes del proceso.

5.3. Conforme los argumentos expuestos, no se concreta en el caso individual la
violación del derecho a la igualdad de la sociedad accionante, porque la
sentencia que se acusa desconocida no constituye precedente vinculante y
vigente exigible a la autoridad judicial accionada.

Más bien, lo que advierte la Sala es que la Subsección B de la Sección
Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en ejercicio de su
autonomía e independencia fundamentó su decisión en el marco jurídico que
estimó apropiado conforme las particularidades del caso individual,
determinación que además estuvo motivada razonablemente en el texto de la
providencia judicial que se acusa.

6 Conclusión

Conforme los argumentos expuestos en esta providencia, la Sala declarará la
improcedencia de la acción de tutela frente a los cargos de defecto sustantivo y
defecto fáctico, debido a que no superan los requisitos de relevancia constitucional
y de subsidiariedad.

Además, negará el amparo constitucional en relación al cargo por
desconocimiento del precedente horizontal del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por Selectiva SAS,
en lo que respecta al cargo por desconocimiento del precedente judicial, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

2. Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por Selectiva
SAS frente al defecto sustantivo y al defecto fáctico, por las razones
expuestas en esta providencia

3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

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5. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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