Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-09676-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-09676-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-09676-00
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
28 de marzo de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2021-09676-00
Recurrentes: Teresa Reyes Peinado y Otra
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN 6
MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2021-09676-00
Recurrentes: TERESA REYES PEINADO Y OTRA.
SENTENCIA
Procede la Sala a pronunciarse respecto del recurso extraordinario de revisión
formulado por las señoras Teresa Reyes Peinado y Cecilia Reyes Peinado, a
través de apoderado, en contra de la sentencia proferida el 11 de febrero de
2021 por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
25000234200020130041701 a través de la cual modificó la decisión del 15 de
febrero de 2018 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, que había declarado probada de oficio la excepción de cosa
juzgada, para, en su lugar, declarar probada la excepción de acto no susceptible
de control respecto del Oficio 29627 del 12 de junio de 2012 de la Caja de Retiro
de las Fuerzas Militares.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda ordinaria
1.1. Pretensiones
Las señoras Teresa Reyes Peinado y Cecilia Reyes Peinado, por conducto de
apoderado, presentaron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares con el fin de obtener la
nulidad de las Órdenes internas 320-130 y 320-137 del 18 y 19 de febrero de
2003, proferidas por el director general de la Subdirección de Prestaciones
Sociales de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, Cremil, mediante las
cuales se suspendió el pago de la cuota parte pensional que devengaban; de la
Resolución 0571 del 4 de marzo de 2003, por medio de la cual se extinguió el
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derecho a la sustitución pensional que venían disfrutando como beneficiarias del
señor Rafael Reyes Luna; y del Oficio 29627 del 12 de junio de 2012, proferido
por Cremil, a través del cual respondió la solicitud elevada en ejercicio del
derecho de petición en el año 2011 respecto de la reactivación de su pensión en
el sentido de negarla.
A título de restablecimiento del derecho, solicitaron condenar a la entidad
demandada a restablecer el pago de la pensión de sustitución que les había sido
reconocida mediante la Resolución 0014 del 4 de febrero de 1946 y a cumplir la
sentencia en los términos previstos en los artículos 192, 193 y 195 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
1.2 Fundamento fáctico
En la demandada de nulidad y restablecimiento del derecho, las demandantes
expusieron, en resumen, los siguientes hechos:
Adujeron que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares reconoció asignación de
retiro mediante la Resolución 1167 del 1º de enero de 1945, al señor general (r)
Rafael Reyes Luna, la cual fue sustituida por causa de su muerte a su cónyuge
supérstite en cuantía del 50% y el 50% restante a sus hijos menores en ese
entonces, con la Resolución 0014 del 4 de febrero de 1946.
Señalaron que por medio de la Resolución 0539 del 24 de marzo de 1988, ante
la muerte de la señora Albertina Peinado Viuda de Reyes y la mayoría de edad
de sus hermanos, Cremil reconoció el 100% de la sustitución pensional a las
señoritas Teresa y Cecilia Reyes Peinado en su condición de hijas célibes y sin
patrimonio propio, en atención a lo dispuesto en el artículo 180 del Decreto 89
de 1984.
Manifestaron que posteriormente, mediante las Órdenes Internas 320-498 y 320-
499 del 17 de diciembre de 1999, la Subdirección de Prestaciones Sociales de
Cremil suspendió el pago de la pensión de las señoras Reyes Peinado.
Indicaron que, en consecuencia, en marzo de 2000 la señoras Teresa y Cecilia
Reyes Peinado presentaron acción de tutela, la primera ante el Juzgado 11 Civil
del Circuito de Bogotá, y la segunda, en el Juzgado 2º Civil del Circuito de
Bogotá, con el propósito de obtener el restablecimiento del pago de la mesada
pensional que venían percibiendo.
Mencionaron que éstas fueron resueltas de forma favorable en primera instancia
para la señora Cecilia, con la providencia del 12 de abril de 2000 y, en segunda
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instancia, para la señora Teresa, el 19 de mayo de 2000 siguiente.
Sostuvieron que, en obedecimiento de las órdenes de tutela, Cremil expidió las
Resoluciones 1812 y 2552 del 11 de mayo de 2000, respectivamente, y
restableció el pago de la mencionada sustitución pensional.
Agregaron que a través de las Órdenes Internas 320-130 y 320-137 del 18 y 19
de febrero de 2003, proferidas por el director general de la Subdirección de
Prestaciones Sociales de Cremil, se suspendió nuevamente el pago de la cuota
parte pensional que devengaban.
Mencionaron que con la Resolución 0571 del 4 de marzo de 2003, Cremil
consideró que el amparo decretado por los jueces constitucionales era un
mecanismo transitorio y que ya había cesado su efecto, toda vez que las
hermanas Reyes Peinado tenían la obligación de acudir ante la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo dentro de los cuatro meses siguientes a la
sentencia de tutela y no lo hicieron, por lo que resolvió en forma unilateral
extinguir el derecho a la sustitución pensional.
Expusieron que interpusieron demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra las Órdenes Internas 320-130 y 320-137 del 18 y 19 de febrero
de 2003 y la Resolución 0571 del 4 de marzo de 2003, proceso que fue resuelto
en única instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, mediante providencia del 28 de julio de 2005, en la cual
denegó las pretensiones de la demanda.
Comentaron que el 22 de septiembre de 2006, interpusieron acción de tutela en
contra del referido fallo, la cual fue despachada desfavorablemente en ambas
instancias.
Adujeron que, mediante peticiones del 22 de julio, 11 de octubre y 12 de
diciembre de 2011; 10 de abril y 28 de mayo de 2012, solicitaron ante Cremil el
restablecimiento del pago de la pensión en condición de beneficiarias del general
(r) Reyes Luna.
Concluyeron que Cremil, mediante el Oficio 29627 del 21 de julio de 2012, negó
dichas peticiones razón por la cual nuevamente demandaron ante la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo.
1.3 Fundamento jurídico
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Las actoras consideraron que con los actos demandados se vulneraron los
artículos 2, 11, 25, 29, 48, 53, 58, 83 y 217 de la Constitución Política; 180 de la
Ley 89 de 1984 y 188 del Decreto 1211 de 1990.
Como fundamento de ello, expresaron, en resumen, lo siguiente:
Señalaron que, en su momento, cumplieron con los requisitos exigidos por la ley
para el reconocimiento de la sustitución pensional de beneficiarias de su padre;
por ello, dicho derecho no podía extinguirse sino mediante el ejercicio del debido
proceso, esto es, a través de los medios judiciales dispuestos para tal fin.
Indicaron que Cremil debió haber iniciado el medio de control correspondiente
para obtener mediante sentencia la revocatoria de los actos administrativos
mediante los cuales se les reconoció a las hermanas Reyes Peinado su derecho
a la pensión y no esperar a que estas lo hicieran.
Manifestaron que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, en el fallo del 28 de julio de 2005, se equivocó al
interpretar las decisiones de amparo que se citaron en los hechos, por cuanto en
ellas se indicó que si Cremil consideraba mal concedida la pensión de las
hermanas Reyes Peinado, debía iniciar la acción correspondiente para
desvirtuar la legalidad de los actos administrativos que contenían tal decisión,
pues estas no tenían ninguna obligación de volver a acudir a la justicia para hacer
valer su derecho.
Adujeron que, no obstante, demandaron el último acto administrativo
nuevamente ante ese Tribunal.
2. Sentencia de primera instancia
El nuevo proceso adelantado por los referidos hechos correspondió por
competencia, en primera instancia, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, el cual lo tramitó con el radicado
25000234200020130041701.
Una vez surtidas debidamente las respectivas etapas procesales, el referido
Tribunal profirió fallo de primera instancia el 15 de febrero de 2018, mediante el
cual declaró probada la excepción de cosa juzgada respecto del Oficio 29627 del
12 de junio de 2012.
Como fundamento de su decisión, expresó, en resumen, lo siguiente:
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En la audiencia inicial se declaró probada de manera parcial la excepción de
cosa juzgada frente a la declaratoria de nulidad de las órdenes internas 320-130
y 320-137 del 18 y 19 de febrero de 2003, respectivamente y de la Resolución
0571 del 4 de marzo de 2003, al encontrarse probada la identidad de partes, mas
no del Oficio 29627 del 12 de junio de 2012, por medio del cual se negó la
solicitud de restablecimiento del pago de la mesada pensional, por tratarse de
un acto posterior a los indicados.
Aclaró que, pese a que el oficio referido no fue objeto de estudio de legalidad por
parte de esta jurisdicción de forma previa, las pretensiones en uno y otro caso
se encuentran encaminadas a lograr el mismo objeto jurídico, el reconocimiento
a su favor de la pensión que en vida devengaba su padre, aspecto que
ampliamente fue estudiado por ese Tribunal en la sentencia del 28 de julio de
2005.
Concluyó que, en ese orden, existe identidad de partes, causa (condición de
hijas célibes, muerte y dependencia económica respecto del padre) y objeto
(sustitución pensional) en el presente proceso, respecto del Oficio 29627 del 12
de junio de 2012.
3. El recurso de apelación
Dicha decisión fue apelada por el apoderado de la parte actora, con base en los
siguientes argumentos:
El apoderado de las señoras Teresa y Cecilia Reyes Peinado, interpuso recurso
de apelación en contra de la sentencia previamente referenciada, y solicitó que
se revoque y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. Como
sustento del recurso expuso, en resumen, lo siguiente:
Explicó que lo pretendido en este asunto es el restablecimiento de un derecho
que fue vulnerado por Cremil y no el reconocimiento de este.
Aclaró que la prestación que las demandantes devengaban solo se podía
extinguir con la muerte de ellas o por las causales previstas en la ley,
circunstancias que no han ocurrido. En ese orden, los actos administrativos
enjuiciados son arbitrarios y violan la ley por lo que deben ser revocados.
Sostuvo que el Tribunal omitió hacer un estudio serio del Oficio 29627 del 12 de
junio de 2012, pese a que éste es el objeto central del proceso y expone de
manera clara la violación que se pone en conocimiento del juez.
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Afirmó que todos los requisitos que ordenan los artículos 52 y 55 de la Ley 2 de
1945 están vigentes y son cumplidos por las hermanas Reyes Peinado, pues
continúan siendo célibes y dependen económicamente de la prestación que les
pagaba Cremil.
Aseveró que es evidente la vulneración del debido proceso, por cuanto sin aviso
previo y sin que hubiere motivo alguno la entidad demandada resolvió de forma
unilateral y sin motivación alguna suspender el pago de la pensión que se
devengó por más de 40 años.
Adujo que aunque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se pronunció
sobre el asunto en la sentencia del 28 de julio de 2005, expediente 2003-04144-
01 y negó el restablecimiento del derecho violado, también lo es que la
sustitución pensional que disfrutaban las accionantes desde el 4 de febrero de
1946, es una prestación laboral que tiene carácter vitalicio, que les permitía tener
un apoyo económico y médico para cuando llegaran a la vejez si seguían
cumpliendo los requisitos para ser acreedoras del derecho a la sustitución. Así
pues, no se puede esgrimir la excepción de cosa juzgada cuando en la sentencia
que antecede se violaron derechos fundamentales como los laborales.
4. La sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión
Mediante providencia del 11 de febrero de 2021 la Sección Segunda, Subsección
A del Consejo de Estado desató el recurso de apelación interpuesto contra el
fallo de primera instancia y dispuso modificar la sentencia del 15 de febrero de
2018 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, que declaró probada la excepción de cosa juzgada respecto del
Oficio 29627 del 12 de junio de 2012 de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
para, en su lugar, declarar probada la excepción de acto no susceptible de
control.
Como fundamento de esa decisión, expresó, en resumen, lo siguiente:
Señaló que el acto administrativo que crea, modifica o extingue el derecho
subjetivo que presuntamente se encontraba en cabeza de las señoras Teresa y
Cecilia Reyes Peinado y que reclaman judicialmente, no es el Oficio 29627 del
21 de junio de 2012, sino las Órdenes Internas 320-130 y 320-137 del 18 y 19
de febrero de 2003, mediante las cuales se suspendió el pago de la cuota parte
pensional que devengaba, así como la Resolución 0571 del 4 de marzo de 2003,
por medio de la cual se declaró extinto el derecho a la sustitución pensional que
venían disfrutando como beneficiarias del señor Rafael Reyes Luna, por cuanto,
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dichos actos contienen la manifestación de voluntad de la administración con
respecto a la prestación solicitada.
Explicó que de la lectura de los referidos actos administrativos se tiene que estos
resolvieron de forma definitiva la suspensión y posterior extinción de la pensión
del señor Rafael Reyes Luna, la cual devengaban en condición de beneficiarias
de aquel, tal como se anotó en los hechos probados.
Adujo que, si las demandantes no estaban de acuerdo con el contenido de los
referidos actos, debieron interponer los recursos correspondientes en contra de
estos o iniciar un proceso ante esta jurisdicción con el propósito de controvertir
su legalidad.
Expuso que la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
conoció la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por las
hermanas Reyes Peinado, cuyas pretensiones estaban encaminadas a obtener
la declaratoria de nulidad de las Órdenes Internas 320-130 y 320-137 del 18 y
19 de febrero de 2003 y de la Resolución 0571 del 4 de marzo de 2003 y el
consecuente restablecimiento del pago de las mesadas pensionales.
Recordó que dicha autoridad profirió sentencia el 28 de julio de 2005, en el
sentido de negar lo pretendido, por lo tanto, tal como lo determinó el a quo en el
trámite de la audiencia inicial, se presenta el fenómeno jurídico de cosa juzgada
respecto del presente proceso y el 2003-04144-00, en relación con la pretensión
de nulidad de las Órdenes Internas 320-130 y 320-137 del 18 y 19 de febrero de
2003 y de la Resolución 0571 del 4 de marzo de 2003, por lo que no es posible
volver a proferir una decisión tendiente a controvertir la legalidad de los esos
actos.
Reiteró que las decisiones de la administración que resolvieron en forma
particular y concreta la solicitud de las demandantes orientada al
restablecimiento de la sustitución pensional, fueron las Órdenes Internas 320-
130 y 320-137 del 18 y 19 de febrero de 2003, y la Resolución 0571 del 4 de
marzo de 2003.
Aclaró que si bien las demandantes, mediante escritos radicados el 22 de julio,
11 de octubre y 12 de diciembre de 2011; 10 de abril y 28 de mayo de 2012,
requirieron el restablecimiento de la asignación pensional de beneficiarias, y
esas peticiones dieron origen al Oficio 29627 del 21 de junio de 2012, su
situación ya había sido definida tanto en sede administrativa como judicial,
motivo por el cual, no es posible volver a referirse sobre el asunto objeto de
debate.
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Afirmó que no se evidencia que se hubiera presentado un hecho nuevo con
posterioridad a la expedición de la sentencia del 28 de julio de 2005, dictada en
el proceso con radicado 2003-04144-00, motivo por el cual no es procedente
reabrir la discusión en torno a la decisión de extinguir la prestación pensional,
máxime cuando la parte actora tuvo la posibilidad de acudir al recurso
extraordinario de revisión para alegar la vulneración que ahora pretende
exponer.
Insistió en que los actos que resolvieron en forma definitiva la situación particular
y concreta de las demandantes, fueron las órdenes internas y la resolución
previamente indicadas, de manera que al promover la demanda respecto del
oficio acusado, se debe entender que se configuró la excepción denominada
acto no susceptible de control, toda vez que, aunque este se pronunció sobre las
pretensiones traídas al plenario, no define su situación particular y concreta
frente al restablecimiento del disfrute de la prestación pensional y, por ende, de
este no deriva el presunto perjuicio reclamado.
Sostuvo que se deducía que con los derechos de petición del 22 de julio, 11 de
octubre y 12 de diciembre de 2011; 10 de abril y 28 de mayo de 2012,
simplemente se quiso abrir la oportunidad para acudir nuevamente ante la
jurisdicción.
5. El recurso extraordinario de revisión
El 23 de noviembre de 2021 las señoras Teresa y Cecilia Reyes Peinado,
formularon recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 11 de
febrero de 2021 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, dentro del proceso del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
25000234200020130041701 a través de la cual se modificó la sentencia de
primera instancia en el sentido de declarar la excepción de acto no susceptible
de control respecto del Oficio 29627 del 12 de junio de 2012 de la Caja de Retiro
de las Fuerzas Militares, en lugar de la excepción de cosa juzgada que había
declarado el Tribunal a quo.
Como sustento de su recurso, las recurrentes alegaron la materialización de las
causales previstas en los numerales 1 y 8 del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
5.1 Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia
documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión
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diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o
caso fortuito o por obra de la parte contraria.
Señalaron que obtuvieron copia de la petición de auxilio con radicado 970093
del 26 de enero de 2000, la cual debía ser resuelta por la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares dentro de los 4 meses siguientes al fallo de tutela del Juzgado
2 Civil del Circuito de Bogotá que frente al punto dispuso:
“CONCEDER la Tutela como mecanismo transitorio, a la señorita TERESA
REYES PEINADO contra la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS
MILITARES, ordenándole a la accionada que restablezca en favor de la
accionante, el pago de la cuota pensional que venía disfrutando, hasta
cuando la Jurisdicción Contenciosa Administrativa resuelva sobre el
particular, teniéndose cuatro (4) meses para instaurar la Acción
Contenciosa Administrativa correspondiente, los cuales se contarán a partir
de la notificación del Acto Administrativo que se profiera en virtud de la
petición formulada por la accionante con fecha 26 de enero del año en
curso.”
Indicaron que Cremil en forma engañosa fundamentó la Resolución 0571 del 4
de marzo de 2003 en normas inaplicables y en el hecho según el cual el término
de 4 meses que concedió el juez de tutela había vencido sin que las
demandantes hubieran presentado impugnación alguna.
Precisaron que no había nada para impugnar por cuanto la entidad demandada
no ha respondido a su solicitud, por lo que se equivoca el fallo recurrido1 al
señalar que las demandantes habían presentado la demanda ordinaria más de
2 años después de vencido el plazo de 4 meses concedido en la acción de tutela.
Reiteraron que la Resolución 0571 del 4 de marzo de 2003 es nula “desde su
nacimiento” toda vez que se basa en actuaciones “indebidas, en el
quebrantamiento absoluto de la ley y en mentirosas y engañosas afirmaciones”.
5.2 Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre
las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar
a revisión si en el segundo proceso se propuso la cosa juzgada y fue rechazada.
Manifestaron que los fallos de tutela proferidos por los Juzgados Segundo y
Once Civil del Circuito de Bogotá y por el Tribunal Superior de Bogotá, los días
12 de abril y 19 de mayo de 2000, en primera y segunda instancia,
1
En realidad, esa referencia aparece en el fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D del 28 de julio de 2005.
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respectivamente, ordenaron restituir el pago de la pensión de sobrevivientes de
su padre hasta cuando la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se
pronunciara de manera definitiva sobre la materia, al considerar que la
Resolución 0539 del 24 de marzo de 1988 de la Cremil era contraria a derecho.
Adujeron que, no obstante, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares profirió la
Resolución 0571 del 4 de marzo de 2003 a través de la cual “cercenó” su derecho
pensional.
Señalaron que si la Cremil considera que no reúnen las condiciones para
mantener la referida pensión, debe ejercer las acciones legales pertinentes.
Destacaron que dejaron de recibir su pensión desde el 18 de febrero de 2003 de
manera arbitraria e injusta.
Insistieron que la referida Resolución 0571 del 4 de marzo de 2003 vulnera su
debido proceso por cuanto ordena la suspensión de la pensión a la cual tienen
derecho de conformidad con lo dispuesto en los fallos de tutela antes
mencionados.
Acusaron al fallo única instancia de nulidad y restablecimiento del derecho del
28 de julio de 2005 de no estudiar con suficiencia los argumentos de la demanda
ni el material probatorio que obraba en el expediente, específicamente unas
declaraciones extraproceso rendidas 24 años antes que dan cuenta del
cumplimiento de los requisitos para disfrutar de su pensión.
Recordaron que las pensiones son prestaciones de tracto sucesivo que pueden
ser reclamadas en cualquier tiempo.
Afirmaron que la Cremil, a través de la Resolución 0571 del 4 de marzo de 2003
extinguió la pensión que les había sido reconocida mediante la Resolución 0539
del 24 de marzo de 1988 sin respetar el debido proceso, toda vez que no medió
el consentimiento escrito de las beneficiarias.
Reiteraron los argumentos esgrimidos en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que culminó con la providencia ahora recurrida.
De manera concreta, sostuvo que la Cremil incumplió sus deberes legales,
desconoció la ley y de manera irregular ha hecho incurrir en error a los jueces
de la República.
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Adujo que la entidad demandada dentro de los procesos ordinarios profirió la
Resolución 0571 del 4 de marzo de 2003 de manera ilegal, por lo que ese acto
administrativo es “nulo absolutamente desde su nacimiento” por cuanto se basa
en mentiras.
Señaló que hay fallas protuberantes en la forma en que Cremil suspendió la
pensión de sobrevivientes que venían disfrutando las señoras Reyes Peinado.
Indicó que las actoras, debido a su edad y condiciones físicas no pueden trabajar
y son víctimas del actuar irregular de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.
Puso de presente que en el fallo del 28 de junio de 2005 dentro del proceso
25000232500020030414401 se relacionaron unas declaraciones extraproceso
rendidas hace 24 años que demuestran que de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 2 de la Ley 50 de 1936 en concordancia con lo reglado en el artículo
1742 del Código Civil que las señoras Reyes Peinado tienen derecho a la
pensión ahora reclamada.
Advirtió que las pensiones son de tracto sucesivo y por ende, su restablecimiento
puede solicitarse en cualquier momento sobre todo en casos como el que ahora
se expone en que las actoras han sufrido una serie de perjuicios materiales y
“morales” que deben ser reparados.
Insistió en que con los fallos proferidos en las demandas de nulidad y
restablecimiento del derecho se ha avalado el desacato de la Cremil respecto de
las decisiones de tutela que ampararon sus derechos.
6 Trámite procesal
Mediante auto del 25 de noviembre de 2021 se admitió el recurso extraordinario
de revisión y se ordenaron las notificaciones de rigor.
A través de providencia del 21 de enero de 2022 se decretaron las pruebas
solicitadas dentro del proceso y se negó por improcedente una solicitud de
corrección elevada por el apoderado de la parte actora.
El 28 de febrero de 2022 el magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas
manifestó su impedimento para conocer y decidir el presente asunto, por cuanto
participó de la decisión objeto de revisión, por lo que consideró que se encuentra
incurso en la causal 2 del artículo 141 del Código General del Proceso.
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Dicho impedimento fue declarado infundado por los demás integrantes dela Sala
de Decisión mediante providencia del 8 de marzo de 2022.
7. Contestación
La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares no se pronunció dentro del trámite del
presente recurso extraordinario de revisión.
8. Concepto del Ministerio Público
El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado en su calidad de
agente del Ministerio Público solicitó declarar infundado el presente recurso
extraordinario de revisión.
Como fundamento de su petición adujo que en el caso concreto no se configuran
las causales invocadas.
Explicó que la controversia gira en torno a la suspensión de una pensión a las
recurrentes la cual se resolvió en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho decidido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante
sentencia de única instancia el 28 de julio de 2005.
Sostuvo que en ese proceso se controvirtió la nulidad de las decisiones
contenidas en las Órdenes Internas 320-130 y 320-137 del 18 y 19 de febrero de
2003 de la Cremil y de la Resolución 0571 del 4 de marzo de 2003, en el sentido
de no acceder a las pretensiones de la demanda.
Señaló que el documento invocado como recuperado en el escrito de recurso
extraordinario es una petición del 26 de enero de 2000, debió ser invocado en
ese proceso, no en el que culminó con la sentencia del 11 de febrero de 2021
que ahora se recurre.
Reiteró que el referido documento no resulta relevante ni decisivo frente a las
sentencias del segundo proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
puesto que en ese juicio nada se decidió sobre la controversia material de las
demandantes, dado que para el Tribunal se había consolidado la excepción de
cosa juzgada, mientras que, para el Consejo de Estado, el oficio demandado en
ese asunto no era objeto de control judicial por no contener decisión
administrativa alguna.
Adujo que, de igual manera los fallos de tutela que ahora se invocan como
desconocidos debieron ser aducidos en contra del primer proceso de nulidad y
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restablecimiento del derecho que fue en el que se estudió de fondo el problema
jurídico ventilado por la parte actora.
Insistió en que esas decisiones de tutela no tienen incidencia en la providencia
recurrida toda vez que en ella no se definió la situación jurídica pensional.
Aclaró que, en todo caso, las decisiones de tutela en el caso concreto no hicieron
tránsito a cosa juzgada toda vez que fueron temporal hasta tanto la autoridad
competente, es decir, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se
pronunciara sobre el objeto jurídico de manera definitiva.
Surtidos los trámites legales pertinentes, el proceso se adelantó con la
observancia de las ritualidades previstas en la ley procesal y sin que obre causal
de nulidad que afecte la actuación, procede la Sala a resolver previas las
siguientes
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De acuerdo con los artículos 111 y 249 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado tiene competencia para
conocer de los recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias
dictadas por las Secciones y Subsecciones de esta Corporación2.
2 “Artículo 111 CPACA. Funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La Sala de
lo Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: “(…).2. Resolver los
recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o
subsecciones y los demás que sean de su competencia”.
“Artículo 248 CPACA. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces
administrativos”.
“Artículo 249 CPACA. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas
por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión”.
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Ahora bien, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 107 del
referido estatuto procesal3, mediante el Acuerdo 80 de 20194, que compiló, entre
otros, el Acuerdo 321 de 2014, emanado de la Sala Plena del Consejo de Estado,
se reglamentó la creación de salas especiales de decisión, encargadas de
resolver los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las
sentencias de las Secciones o Subsecciones de esta Corporación5.
En tales condiciones, corresponde a esta Sala Especial de Decisión, en los
términos del artículo 248 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, resolver el recurso extraordinario de revisión
presentado contra la sentencia del 11 de febrero de 2021 por la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del expediente
25000234200020130041701 a través de la cual se modificó la providencia del
15 de febrero de 2018 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A que había declarado la excepción de cosa juzgada
respecto del Oficio 29627 del 12 de junio de 2012 de la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares para, en su lugar, declarar probada la excepción de acto no
susceptible de control.
2. Oportunidad
Las señoras Teresa y Cecilia Reyes Peinado, presentaron recurso extraordinario
de revisión contra la providencia del 11 de febrero de 2021 proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación, con fundamento en
las causales 1 y 8 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo esto es, “haber encontrado o recobrado
después de dictada la sentencia documentos decisivos con los cuales se hubiera
podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos en
3
“Artículo 107 C.P.A.C.A. Integración y composición. (…)”.
“Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en
este Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de
nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno
por cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del
asunto, si fuere el caso.
“La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que
al respecto establezca el reglamento interno”.
4 Publicado en el diario oficial, edición 50.913 de 1º de abril de 2019.
5 “Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019. Artículo 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán
los siguientes asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: 1. Los
recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o
Subsecciones del Consejo de Estado”.
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al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria” y
“ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las
partes del proceso en que aquella fue dictada…”
De conformidad con el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, la oportunidad para
presentar el recurso extraordinario de revisión varía de acuerdo con la causal
que se proponga:
“ARTÍCULO 251. TÉRMINO PARA INTERPONER EL RECURSO. El
recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de
la respectiva sentencia.
En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo
precedente, deberá interponerse el recurso dentro del año siguiente a
la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del
año siguiente a la ocurrencia de los motivos que dan lugar al recurso.
En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el
recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a
la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se
requiera, dentro del mismo término contado a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio”.
Comoquiera que en este asunto se invocaron las causales 1 y 8 del artículo 250
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
el término para presentar el recurso era de 1 año contado a partir de la ejecutoria
de la providencia del 11 de febrero de 2021.
Según se tiene, la sentencia objeto del recurso, fue notificada el 17 de marzo de
2021 y quedó ejecutoriada al día siguiente, por lo que es claro que para el
momento en que se radicó la demanda de recurso extraordinario, esto es, el 23
de noviembre de 2021 no había vencido la oportunidad legal y por tanto el
recurso fue presentado en forma oportuna.
3. Problema jurídico
Le corresponde a la Sala Especial de Decisión 6 establecer si la sentencia
proferida el 11 de febrero de 2021 por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho 25000234200020130041701, se encuentra incursa en las causales de
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revisión contempladas en los numerales 1 y 8 del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Para el efecto, se debe determinar si la petición de auxilio del 26 de enero de
2000 con radicado 970093 presentada por las demandantes ante la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares puede ser tenida como un documento decisivo
con el cual se hubiera podido proferir una decisión diferente dentro del proceso
ordinario y, en caso afirmativo, si no pudo ser aportado al proceso por fuerza
mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria.
Asimismo, si las sentencias de tutela proferidas por el Juzgado 2 Civil del Circuito
de Bogotá y por el Tribunal Superior de Bogotá el 12 de abril de 2000 y el 19 de
mayo siguiente, respectivamente, en el caso de las demandantes, constituyen
cosa juzgada entre las partes y, en caso afirmativo, si la providencia recurrida
las desconoció.
4. Cuestión previa
Resulta del caso precisar que tal como quedó expuesto en el planteamiento del
problema jurídico el estudio en sede de recurso extraordinario de revisión se
limita exclusivamente a los argumentos esgrimidos en la demanda contra la
sentencia recurrida tendientes a justificar la configuración de la causal o causales
invocadas, por lo que no es viable en este escenario reabrir el debate fáctico,
jurídico o probatorio que se surtió en el proceso ordinario.
Es decir, el recurso extraordinario de revisión no es una instancia adicional al
proceso ordinario, sino que constituye una excepción a la cosa juzgada de las
providencias judiciales que se habilita bajo taxativas causales consagrada en la
ley.
Entonces, aunque en el escrito de recurso extraordinario se esbozaron
planteamientos ajenos a la configuración de las causales de revisión invocadas,
tendientes a reiterar los cuestionamientos que sobre la legalidad de los actos
demandados se elevaron en el proceso ordinario y, además, a controvertir las
decisiones judiciales con que aquel terminó, estos argumentos escapan al objeto
del presente trámite procesal y, por ende, no se emitirá pronunciamiento alguno
frente a aquellos.
Ahora bien, en lo que tiene que ver con la presunta indebida valoración
probatoria e interpretación normativa efectuada por los jueces ordinarios dentro
del proceso en cuestión, se advierte que aquellos deberán ser ventilados vía
acción de tutela en caso de que la parte actora así lo considere pertinente.
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5. Generalidades del recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión es una herramienta prevista en las
diferentes jurisdicciones que tiene como propósito despojar del carácter
inmutable y de cosa juzgada que, por regla general, tienen las decisiones
judiciales, ante el acaecimiento de circunstancias excepcionales que permiten
sostener que determinada sentencia es contraria a derecho. Así lo definió la
Corte Constitucional en sentencia C-090 de 1998 al concluir que se trata de un
mecanismo para evitar “que persistan dentro del ordenamiento jurídico
sentencias que vulneren el debido proceso, o que no se ajusten al derecho y a
la Constitución”.
En la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el recurso extraordinario de
revisión se consagró en el artículo 185 del Decreto 01 de 1984 y se mantuvo en
la Ley 1437 de 2011; su propósito es el de permitir a los jueces reexaminar
determinadas sentencias a efectos de establecer si estas son contrarias al
ordenamiento jurídico6, siempre que se configure alguna de las causales
taxativamente previstas en la ley7.
Se trata, además, de un proceso independiente y autónomo del que dio origen a
la sentencia cuya revisión se precisa, de forma que no puede entenderse como
una instancia adicional. En consecuencia, este recurso no es la vía para corregir
los yerros probatorios de las partes, ni para reconducir el proceso en hechos,
pruebas o argumentos, revivir términos o reabrir el debate surtido en el trámite
ordinario.
6. El caso concreto
6.1 La causal de revisión contenida en el numeral 1° del artículo 250 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo
6 Sobre el punto la Corte Constitucional en sentencia C-871 de 2003 señaló que “Con todo, el
principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la
justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de
revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en
aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta
es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio “res iudicata pro
veritate habertur” para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de
la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es,
entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado”.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 17 de julio de
2013, Radicado 11001031500020120023100.
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El numeral 1° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo contempla como causal de revisión la de “haberse
encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos,
con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito por
obra de la parte contraria”.
De la lectura de la norma se desprende que la configuración de la causal se
requieren varios elementos que la jurisprudencia de la Corporación ha decantado
así8:
i) Que los documentos sean encontrados o recobrados después de proferida la
sentencia, lo cual implica que hayan existido al momento de proferirse el fallo
objeto de revisión, pero que llegaron a conocimiento o poder del impugnante con
posterioridad.
ii) Que estos sean decisivos para resolver la controversia, en cuanto, de haber
obrado en el proceso, el sentido del fallo sería distinto.
iii) Que el recurrente no haya podido aportarlos al proceso por “fuerza mayor o
caso fortuito o por obra de la parte contraria”, hipótesis que implica que, a través
del recurso extraordinario de revisión no es posible remediar la inactividad
probatoria o la negligencia de las partes en el aporte de la prueba al proceso.
Frente al primer presupuesto, se advierte que debe tratarse de documentos y no
de otros elementos o medios probatorios. Además, en criterio del Consejo de
Estado “no son admisibles aquellos que tengan fecha posterior a la sentencia
objeto del recurso, y tampoco los que existiendo con anterioridad a ella pudieron
haber sido allegados o solicitados oportunamente, pues este recurso
extraordinario no es una oportunidad para subsanar la negligencia de las partes
frente a la carga probatoria que les corresponde.” 9
Ello, precisamente porque se ha entendido que el propósito de la causal es
“remediar la injusticia que se derivó para la parte afectada de verse en la
imposibilidad de aportar una prueba que, preexistiendo a la providencia objeto
8
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala 23 Especial de Decisión.
Sentencia del 3 de abril de 2018, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, expediente
11001031500020160205700.
9
Ver entre otras: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del
26 de febrero de 2013. Expediente: 110010315000200800063800 M.P. Dr. Alberto Yepes
Barreiro.
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 17 de julio de
2013. Expediente: 11001031500020090006200 M.P. Dr. Alfonso Vargas Rincón.
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de revisión, podía determinar que la decisión aportada fuera diferente y, sin
embargo, no pudo ser apreciada por el juzgador; situación distinta a aquella en
la cual la prueba no existía al momento de la sentencia pues, en este caso, las
partes desarrollaron su actividad probatoria sin limitaciones…” 10
Respecto del segundo, se ha insistido en que el documento encontrado o
recobrado debe tener tal entidad, que de haber sido aportado al proceso en la
oportunidad debida hubiera sustentado una decisión distinta a la recurrida, por
lo tanto “no se puede tratar de cualquier prueba, sino que debe tener la
capacidad de influir en el sentido de la decisión.”11
Finalmente, en lo que tiene que ver con el tercer elemento, se ha dicho que debe
haber una verdadera imposibilidad objetiva para aportar el documento al proceso
ordinario la cual debe estar debidamente sustentada en razones de fuerza
mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria, sin que baste alegar una simple
dificultad.
En otras palabras, “es indispensable entonces que los documentos aportados
con la demanda de revisión existieran antes del pronunciamiento judicial objeto
del recurso, pero que sólo hayan podido recobrarse, recuperarse o rescatarse
después de la sentencia, es decir, que antes de esta se encontraran extraviados,
ocultos, escondidos, perdidos o refundidos y que no hayan podido ser aportados
durante el trámite del proceso por razones de fuerza mayor, caso fortuito u obra
de la parte contraria.”12
Al respecto, debe precisarse que la presencia de todos y cada uno de estos
elementos debe ser concurrente, es decir, para que la causal de revisión se
configure se debe acreditar que el documento existía al momento de proferirse
el fallo pero que fue encontrado o recobrado por el recurrente con posterioridad
a aquel, que sea decisivo para resolver y que no haya sido aportado por las
razones de la que habla la norma; si uno sólo de estos requisitos no se verifica
la causal en comento, no tiene lugar.
Como viene de explicarse, en este evento las recurrentes fundamentan la
primera causal de revisión en la “recuperación” del oficio a través del cual
10
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección
B. Sentencia del 29 de abril de 2015. Expediente 2500023060001999003191. M.P. Dr. Danilo
Rojas Betancourth.
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 26 de febrero
de 2013. Expediente: 110010315000200800063800 M.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro.
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección
B. Sentencia del 29 de abril de 2015. Expediente 2500023060001999003191. M.P. Dr. Danilo
Rojas Betancourth.
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solicitaron a Cremil el restablecimiento de su pensión el 26 de enero de 2000, el
cual fue radicado con el número 970093.
No obstante, no explicaron las razones por las cuales ese documento fue
encontrado o recobrado después de dictada la sentencia, así como tampoco
expresaron los motivos por los que, con base en dicho documento, se hubiera
podido proferir una decisión diferente dentro de este asunto.
Al respecto se limitaron a afirmar que el documento constituye una pieza
fundamental para este recurso y que lo obtuvieron de la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares luego de varias solicitudes, sin precisar las fechas de estas o
las razones por las cuales apenas lo pudieron obtener después de la expedición
de la decisión ahora recurrida.
De manera específica, la solicitud en cuestión, dirigida al director general de
Cremil es del siguiente tenor:
“Con el mayor respeto nos dirigimos al señor General para solicitar nos
sean canceladas las mesadas correspondientes a los meses de diciembre/
1999 y enero/2000, que injustificadamente no nos fueron canceladas,
ocasionándonos con ello un grave perjuicio, puesto que lo único que
tenemos para sobrevivir es la pensión que la Caja nos ha venido
entregando mensualmente.
Como hijas del General RAFAEL REYES LUNA, fallecido en el año de 1947
y, posteriormente, por el fallecimiento de nuestra madre, señora
ALBERTINA PEINADO DE REYES, como hijas célibes que dependíamos
económicamente de ellos, nos fue reconocido nuestro derecho según
resolución 539 de marzo 24 de 1988, emanada por su Despacho.
Por lo anterior, queremos solicitar del señor General, se disponga el pago
de estos dineros porque se nos deben y el no pago nos está causando una
situación económica sumamente difícil, toda vez que por nuestra edad y
por nuestros estados físicos no estamos en condiciones de realizar trabajo
alguno…”
Del análisis del referido documento se advierte que contiene una de las varias
solicitudes que las recurrentes han manifestado presentar ante Cremil desde que
le fue suspendido el pago de la pensión que les fue reconocida a través de la
Resolución 0539 del 24 de marzo de 1988 y cuyo restablecimiento han
pretendido a través de dos procesos de tutela, dos de nulidad y restablecimiento
del derecho y todavía pretenden en el presente recurso extraordinario.
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Además, se advierte que la solicitud no incluye información adicional a la
expuesta desde el inicio de la controversia y que fue anterior, incluso a la
Resolución 0571 del 4 de marzo de 2003 a través de la cual la Caja de Retiro de
las Fuerzas Militares suspendió definitivamente el pago de la referida pensión,
decisión que fue demandada en única instancia ante el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, Corporación que mediante
providencia del 28 de julio de 2005, en única instancia, negó las pretensiones de
la demanda.
Al margen de lo anterior, resalta la Sala que las recurrentes tampoco invocaron
razón alguna de fuerza mayor o caso fortuito que les haya impedido aportar el
documento en mención a los procesos ordinarios que se han surtido en este caso
o que la imposibilidad de hacerlo obedezca a obra de la parte contraria.
Es decir, el documento con base en el cual pretendieron sustentar la
configuración de la primera causal de revisión no cumple ninguno de los
requisitos legales para el efecto, por cuanto:
i) No está acreditado que haya sido encontrado o recobrado después de dictada
la sentencia recurrida, de hecho, el apoderado de las recurrentes insinúa en su
escrito que dicho documento fue decisivo a la hora de proferir las sentencias de
tutela que el Juzgado 2 Civil del Circuito produjo en el año 2000 en favor de sus
poderdantes, de lo que se infiere que las recurrentes contaban con aquel con
antelación y, de hecho, lo aportaron a otros procesos judiciales.
ii) No se invoca ni se observa motivo alguno por el cual, con base en dicho
documento se habría podido adoptar una decisión diferente en el proceso
ordinario que culminó con la sentencia ahora recurrida, toda vez que contiene la
solicitud de restablecimiento del pago de la pensión que les fue suspendido a
través de los actos demandados, incluso desde el año 2003, y que sigue siendo
una pretensión constante, en el presente recurso extraordinario, pese a que ya
ha sido resuelta desfavorablemente en la sentencia del 28 de julio de 2005.
iii) Tampoco se demostró que no se haya podido aportar el documento en
cuestión por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria.
Como se dijo, el incumplimiento de cualquiera de los 3 requisitos exigidos
legalmente para la causal impide que aquella se configure, por lo que es evidente
que en el caso que no se cumple ninguno de los 3, los argumentos esbozados
por los recurrentes como fundamento de ella no tienen vocación de prosperidad.
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6.2 La causal de revisión contenida en el numeral 8° del artículo 250 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo
El numeral 8° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo contempla como causal de revisión la de “ser la
sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes
del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión
si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue
rechazada”.
De la lectura de la norma se desprende que la configuración de la causal se
requiere que la sentencia ser contraria a una anterior que constituya cosa
juzgada entre las partes.
Ello quiere decir que la providencia que se invoque como desconocida no puede
ser cualquiera, sino que debe constituir cosa juzgada para los mismos sujetos
procesales.
El fenómeno de la cosa juzgada constituye una garantía procesal tendiente a
preservar el principio de seguridad jurídica.
En virtud de la cosa juzgada, la decisión judicial que resuelve de manera
definitiva una controversia se torna en inmodificable e inmutable, lo que evita que
respecto de una misma controversia exista más de un pronunciamiento de esta
naturaleza o que se generen decisiones contradictorias.
La jurisprudencia de esta Corporación frente al punto ha dicho 13:
“…[L]a cosa juzgada, característica, por excelencia, de las sentencias
judiciales, “tiene como objeto efectivizar el derecho constitucional al
debido proceso y la seguridad jurídica, pues se erige en garantía de que
una determinada controversia decidida en sede judicial no será objeto
de un proceso posterior. De esta manera, se impide que los debates se
tornen indefinidos en el tiempo y se procura por la eficiencia en la
administración de justicia” 14.”
13
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión 13.
Sentencia del 7 de abril de 2015. Magistrado ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Radicado: 11001-03-15-000-2006-00318-00.
14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B.
Sentencia del 12 de julio de 2012. Magistrado ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila.
Radicado 85001-23-31-000-2003-00455-01(2083-10).
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Ahora bien, para la configuración de la cosa juzgada se ha establecido: 15
“A la cosa juzgada o ‘res judicata’ se le ha asimilado al principio del ‘non
bis in idem’, y tiene por objeto que los hechos y conductas que ya han sido
resueltas a través de cualquiera de los medios aceptados por la ley no
vuelvan a ser debatidos en otro juicio posterior. Tal cualidad de lo resuelto
obliga a las partes, porque lo antes decidido tiene carácter vinculante y
obligatorio y, por lo tanto, es inmutable al tener plena eficacia jurídica.
Desde un punto de vista genérico, la cosa juzgada está regulada por los
artículos 332 del C. de P.C. y 175 del C.C.A., en los cuales se establecen
los elementos formales y materiales para su configuración.
El elemento formal implica que no es posible volver sobre una decisión
tomada en providencia ejecutoriada, dentro del mismo proceso, o en otro
en el que se debata la misma causa petendi y fundamentos jurídicos; lo
anterior, para garantizar estabilidad y seguridad del orden jurídico.
Por su parte, el material, hace alusión a la intangibilidad de la sentencia
en firme, pues se tiene por cierto que la actividad jurisdiccional se ocupó
plenamente de la relación objeto de la contienda y que esta fue decidida
con la plenitud de las formas propias del juicio.”.
Por lo tanto, para que se pueda hablar de cosa juzgada debe existir: identidad
de causa, de objeto y de partes.
Respecto de la configuración de estos elementos en el análisis de la causal de
revisión bajo estudio, se ha dicho: 16
“i) Que exista identidad de causa. Debe existir plena coincidencia entre
la razón o motivos por los cuales se demanda; esto es, los hechos que
dieron origen a la presentación de la demanda y a la formulación de las
pretensiones.
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.
Sentencia de noviembre 27 de 2008. Radicado 70001-23-31-000-2000-00803-01(1026-05). M.P.
Luis Rafael Vergara Quintero.
16
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión 13.
Sentencia del 7 de abril de 2015. Magistrado ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Radicado: 11001-03-15-000-2006-00318-00.
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ii) Que el proceso recaiga sobre el mismo objeto. Las pretensiones o
solicitudes de la demanda, en relación con la cual se dictó la sentencia
definitiva, deben coincidir, a su vez, con las peticiones de la nueva
demanda, respecto de la cual se busca que se declare la cosa juzgada.
iii) Que exista identidad de partes. Quienes actúan como demandante y
demandado en el proceso anterior deben actuar de la misma forma en
el nuevo proceso.
Solo si se reúnen estos tres elementos se puede predicar la cosa
juzgada de una providencia judicial respecto de otra, pues la primera
decisión, con efectos inter-partes, impide que se decida, nuevamente,
en relación con los aspectos previamente definidos.”
Adicionalmente, la norma es clara al establecer que la causal no prospera si en
el segundo proceso ordinario se propuso la excepción de cosa juzgada y aquella
fue rechazada.
Lo anterior, por cuanto se insiste, este proceso no constituye una instancia
adicional para reabrir los debates que se surtieron en el trámite ordinario y, por
lo tanto, si ya se resolvió la excepción desfavorablemente allí, no hay lugar a
emitir un nuevo pronunciamiento al respecto.
En este evento, las recurrentes acusan a la sentencia recurrida de desconocer
los fallos de tutela proferidos por el Juzgado 2 Civil del Circuito de Bogotá y por
el Tribunal Superior de Bogotá el 12 de abril y el 19 de mayo del año 2000,
respectivamente.
Para determinar si la causal se configura o no resulta del caso establecer si las
referidas providencias constituyen cosa juzgada en el caso concreto o no.
Acciones de tutela Proceso ordinario
110013103002200000987201 25000234200020130041701
y 11001310301120000027601
Actoras: Teresa Peinado Demandantes: Teresa Peinado
Reyes y Cecilia Peinado Reyes y Cecilia Peinado Reyes.
Reyes.
Partes Demandada: Caja de Retiro de
Demandada: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.
las Fuerzas Militares.
Objeto
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Solicitaron el amparo de los Solicitaron, luego del amparo
derechos fundamentales a la provisional de tutela que
vida, a la igualdad ante la ley, la obtuvieron que se declarara la
protección de personas que se nulidad de: i) las Órdenes
encuentran en situación de internas 320-130 y 320-137 del
debilidad manifiesta, el debido 18 y 19 de febrero de 2003,
proceso y la prohibición de ser proferidas por el director general
cometido a tratos crueles e de la Subdirección de
inhumanos. Prestaciones Sociales de la Caja
de Retiro de las Fuerzas
Militares, Cremil, mediante las
cuales se suspendió el pago de
la cuota parte pensional que
devengaban; ii) la Resolución
0571 del 4 de marzo de 2003,
por medio de la cual se extinguió
el derecho a la sustitución
pensional que venían
disfrutando como beneficiarias
del señor Rafael Reyes Luna; y
iii) el Oficio 29627 del 12 de junio
de 2012, proferido por Cremil,
que respondió los derechos de
petición radicados por las
demandantes en el año 2011.
A título de restablecimiento del
derecho, solicitaron condenar a
la entidad demandada a i)
restablecer el pago de la pensión
de sustitución que les había sido
reconocida mediante la
Resolución 0014 del 4 de febrero
de 1946 y ii) a cumplir la
sentencia en los términos
previstos en los artículos 192,
193 y 195 del C.P.A.C.A.
Causa Se acude a la acción de tutela Se acude al medio de control de
en atención a que la pensión nulidad y restablecimiento del
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que recibían como derecho con el fin de que se
beneficiarias del general Rafael restablezca definitivamente el
Reyes Luna desde 1988 dada pago de la pensión que las
su incapacidad laboral, no fue demandantes percibían como
pagada en los meses de beneficiarias de su padre
diciembre de 1999 y enero de fallecido y que fue suspendida
2000. por la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares pese a existir
un amparo de tutela provisional
a su favor mientras demandaban
ante esta Jurisdicción los actos a
través de los cuales se adoptó la
decisión de suspender el
referido pago.
Según se tiene, las primeras providencias fueron proferidas dentro de dos
acciones de tutela promovidas por las ahora recurrentes contra la Caja de Retiro
de las Fuerzas Militares con el fin de que se les restableciera el pago de la
pensión que les fue suspendido a través de los actos demandados en el proceso
ordinario que culminó con la sentencia ahora cuestionada y en uno anterior,
decidido por la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca el 28 de julio de 2005.
Un estudio apenas formal de las referidas providencias arrojaría como resultado
que existe una similitud entre la razón o los motivos por los cuales se demanda,
por cuanto tanto los procesos ordinarios como las acciones de tutela fueron
promovidos con el propósito de que la pensión reconocida a favor de las
recurrentes en 1988 por parte de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y
suspendida por esa misma entidad, fuera restablecida.
Las partes de las acciones de tutela y de los procesos ordinarios coinciden por
cuanto se trata de las señoras Teresa y Cecilia Reyes Peinado contra la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares.
Sin embargo, el objeto de las acciones de tutela no coincide con el de los
procesos ordinarios, en lo que a las pretensiones se refiere, toda vez que para
el momento en que se promovieron las primeras, todavía no se habían proferido
la totalidad de los actos administrativos demandados ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.
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Además, debe tenerse en cuenta que las acciones de tutela y los procesos
ordinarios de nulidad y restablecimiento del derecho son medios procesales
diferentes con objetivos y procedimientos diversos que no pueden tenerse, como
uniformes y adicionalmente, en principio, no pueden configurar cosa juzgada
respecto las unas de los otros, dado su carácter transitorio.
Asimismo, los fallos de tutela fueron promovidos antes de que la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo, juez natural del asunto se pronunciara sobre la
legalidad de los actos administrativos cuestionados, de hecho, antes de que
varios de ellos fueran expedidos.
En ese mismo orden de ideas, en el caso concreto, hay una nota característica
que no puede ser perdida de vista y es que el segundo de los amparos de tutela
invocados por las recurrentes fue concedido de manera transitoria hasta tanto
esta Jurisdicción se pronunciara sobre el asunto.
De manera específica en dichas decisiones judiciales se dispuso:
Expediente 110013103002200000987201 Juzgado 2 Civil del Circuito de
Bogotá:
“1. TUTELAR a la ciudadana CECILIA REYES PEINADO de condiciones
civiles conocidas en autos, los derechos constitucionales fundamentales
de LA VIDA, EL NO SER SOMETIDO A TRATOS CRUELES Y
DEGRADANTES, LA PROTECCIÓN A LAS PERSONAS QUE SE
ENCUENTRAN EN UNA SITUACIÓN DE DEBILIDAD MANIFIESTA Y
EL DEL DEBIDO PROCESO conculcado por el accionar de la CAJA DE
RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ
D.C., por las razones anteriormente expuestas.
2. ORDENAR, en consecuencia, a la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO
DE LAS FUERZAS MILITARES DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ D.C., por
conducto de su director general o quien corresponda, en un término no
mayor a cuarenta y ocho (48) horas, proceda a verificar el pago de las
mesadas pensionales adeudadas a la accionante CECILIA REYES
PEINADO, mismos que se suspendieron desde el mes de diciembre de
1999. Ha de remitir al Juzgado copia auténtica de las diligencias que se
adelanten o de los actos administrativos emitidos para el cumplimiento de
lo anteriormente dispuesto y para la satisfacción de la prestación
reclamada.
Expediente 11001310301120000027601 del Tribunal Superior de Bogotá:
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“PRIMERO: REVOCAR la sentencia de tutela de fecha tres de abril de
dos mil, proferida por el Juzgado Once Civil del Circuito de Bogotá, D.C.
SEGUNDO: CONCEDER la tutela como mecanismo transitorio a la
señorita TERESA REYES PEINADO contra LA CAJA DE RETIRO DE
LAS FUERZAS MILITARES ordenándole a la accionada que restablezca
en favor de la accionante, el pago de la cuota pensional que venía
disfrutando, hasta cuando la Jurisdicción Contencioso Administrativa
resuelva sobre el particular, teniéndose cuatro (4) meses para instaurar la
acción Contencioso Administrativa correspondiente, los cuales se
contarán a partir de la notificación del Acto Administrativo que se profiera
en virtud de la petición formulada por la accionante con fecha 26 de enero
del año en curso.”
En tales condiciones, es claro que el análisis de derechos fundamentales
efectuado en el marco de las referidas acciones de tutela, así como su decisión
no pueden ser tenidos como pronunciamientos que constituyan cosa juzgada
respecto de las decisiones de los jueces contencioso administrativos que
conocieron de las demandas presentadas por las ahora recurrentes, por cuanto
si bien se pronunciaron respecto de un origen común de la controversia
estudiaron hechos y fundamentos jurídicos diversos.
De hecho, en los procesos contencioso administrativos se estudió la legalidad
de actos administrativos proferidos con posterioridad a las decisiones de tutela.
En adición a lo expuesto, debe tenerse en cuenta que tal como lo manifestó el
señor procurador delegado, en el proceso ordinario que culminó con la
providencia ahora recurrida ni siquiera se estudió el fondo de la controversia, por
cuanto tanto en primera como en segunda instancia prosperaron las excepciones
de cosa juzgada – respecto del proceso ordinario de única instancia decidido por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D el
28 de julio de 2005- y acto no susceptible de control, respectivamente.
Entonces, como las providencias judiciales invocadas por las recurrentes no
constituyen cosa juzgada en el caso concreto, es claro que la causal consagrada
en el numeral 8 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, tampoco se configura en el caso concreto.
Al margen de lo anterior, se advierte que el apoderado de las recurrentes se
limitó a invocar las causales primera y octava de revisión sin justificar su
configuración, por cuanto la totalidad de los argumentos esgrimidos en el escrito
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del recurso tanto en los antecedentes como en el acápite de las referidas
causales se dirigen a cuestionar nuevamente el acto de suspensión de la
pensión de sus poderdantes y a controvertir las decisiones de los jueces
ordinarios que han conocido del caso, sin fundamentar verdaderamente la
procedencia del recurso extraordinario de revisión.
Sobre el punto, se reitera que este mecanismo procesal no constituye una
tercera instancia en la que se pueda reabrir el debate que se surtió en los
procesos ordinarios.
Al respecto, se precisa que si las recurrentes consideran que los jueces
ordinarios omitieron pronunciarse sobre algún punto en particular o incurrieron
en errores de interpretación deben acudir al mecanismo de solicitud de adición
de la sentencia o a la acción de tutela.
En otras palabras, en lo que tiene que ver con los demás argumentos expuestos
como fundamento del recurso extraordinario, referentes a los presuntos errores
en que incurrieron los jueces de instancia, resultan ajenos a la posible
configuración de las causales invocadas como fundamento del presente recurso
extraordinario de revisión, por lo tanto, desconocen el objeto del presente recurso
y, en consecuencia, no hay lugar a hacer pronunciamiento adicional sobre los
mismos.
En conclusión, como no se encontraron acreditados los elementos necesarios
para entender configuradas las causales consagradas en los numerales 1 y 8 del
artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo por cuanto la totalidad de los argumentos del apoderado de las
recurrentes se refieren a la ilegalidad de los actos demandados dentro de los
procesos ordinarios cuestionados, el recurso extraordinario debe declararse
infundado.
7. Costas
Teniendo en cuenta que el recurso extraordinario de revisión se formuló después
de la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021, debe aplicarse la modificación
introducida por dicha ley.
Así, de acuerdo con lo previsto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011
adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código General del Proceso. En todo caso, agrega la norma, la
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sentencia deberá disponer sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.
Pues bien, el artículo 365 del Código General del Proceso que conforme con la
precitada norma resulta aplicable, se condenará en costas a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de revisión, siempre que, en los términos del
numeral 8° de esa disposición, “en el expediente aparezca que se causaron y en
la medida de su comprobación”.
Con todo, el inciso final del artículo 255 de la Ley 1437 de 2011, modificado por
el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 impone la condena en costas cuando el
recurso extraordinario de revisión no prospera:
“ARTÍCULO 255. SENTENCIA. <Artículo modificado por el
artículo 70 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
Si el competente encuentra fundada alguna de las causales de los
numerales 1 a 4 y 6 a 8 del artículo 250 de este código, o la del literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, invalidará la sentencia
revisada y dictará la que en derecho corresponde.
En la sentencia que invalide la decisión revisada se resolverá sobre
las restituciones, cancelaciones, perjuicios, frutos, mejoras, deterioros
y demás consecuencias de dicha invalidación. Si en el expediente no
existiere prueba para imponer la condena en concreto, esta se hará
en abstracto y se dará cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 193 de este código.
Si halla fundada la causal del numeral 5 del señalado artículo 250, o
la del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, declarará la
nulidad de la sentencia o de la actuación afectada con la causal que
dio lugar a la revisión, y devolverá el proceso a la autoridad judicial de
origen para que rehaga lo actuado o dicte sentencia de nuevo, según
corresponda.
Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y
perjuicios al recurrente.” (se destaca).
Con fundamento en lo anterior, la condena en costas no requiere de la
apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la que se
impone, toda vez que, bajo el régimen actual, dicha condena se determina con
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fundamento en un criterio objetivo, en este caso frente a la parte a la que se le
declara infundado el recurso extraordinario de revisión.
En tales condiciones, conforme con lo expuesto procede la condena en costas,
teniendo en cuenta que, como se dijo, el proceso de la referencia inició en
vigencia de la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021.
Al respecto, el artículo 366 del C.G.P. dispone:
“Artículo 366 C.G.P. Liquidación. Las costas y agencias en derecho
serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya
conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o
notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con
sujeción a las siguientes reglas:
1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla
o rehacerla.
(…)
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas
que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas
establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá
en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión
realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la
cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda
exceder el máximo de dichas tarifas.
(…).
6. Cuando la condena se imponga en la sentencia que resuelva los
recursos de casación y revisión o se haga a favor o en contra de un
tercero, la liquidación se hará inmediatamente quede ejecutoriada la
respectiva providencia o la notificación del auto de obedecimiento al
superior, según el caso.”
De lo anterior es posible advertir que para la determinación de la condena en
costas se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión útil.
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Asimismo, debe tenerse en cuenta el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, que
prevé las tarifas de agencias en derecho, expedido por el Consejo Superior de
la Judicatura, en el cual se dispuso lo siguiente:
“Artículo 2º. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el
funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas
mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la
calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la
parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás
circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha
actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que
en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites.
(…).
Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:
9. RECURSOS EXTRAORDINARIOS.
Entre 1 y 20 S.M.M.L.V.”
No obstante, en atención a que en este proceso no se realizó ninguna actuación
por parte de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, entidad que ni siquiera
contestó la demanda pese a habérsele notificado en debida forma del auto
admisorio de la misma, no se encuentra que se hayan causado agencias en
derecho y, por tanto, no hay lugar a imponer condena por ese concepto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Especial de Decisión 6, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
PRIMERO: Declárase infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
contra la sentencia proferida el 11 de febrero de 2021 por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento identificado con el radicado 25000534200020130041701.
SEGUNDO: Abstenerse de condenar en costas a la parte recurrente, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
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TERCERO: Por Secretaría General, archívese el expediente previas las
anotaciones pertinentes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Magistrada
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Magistrado
Ausente con permiso
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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