Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-09680-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-09680-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-09680-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
12 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 11001-03-15-000-2021-09680-01
Accionante: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL BOLÍVAR - SALA DE
DECISIÓN NO. 7
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – se
confirma el fallo impugnado – la autoridad judicial no incurrió en los
defectos denunciados
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la
sentencia de 18 de enero de 2022, proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado y a través de la cual se negó el amparo solicitado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La Superintendencia Nacional de Salud, actuando a través de apoderado
judicial, presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo del derecho
fundamental al «al debido proceso», cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de
12 de marzo de 2021, proferida por la Sala de Decisión No. 7 del Tribunal
Administrativo de Bolívar, dentro del medio de control de reparación directa con
radicación número 13001-33-33-008-2013-00251-01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. El apoderado judicial de la Superintendencia Nacional de Salud manifestó que el
Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Resolución 3761 de 27 de
abril de 1978, dispuso la intervención del Instituto Oftalmológico Clínica Club Los
Leones de Cartagena y encargó al Servicio Seccional de Salud de Bolívar la
adopción de las medidas necesarias para garantizar su funcionamiento.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-09680-01
Accionante: Superintendencia Nacional de Salud
2.2. Agregó que el Servicio Seccional de Salud del Bolívar expidió la Resolución 1423
de 3 de noviembre de 2005, por medio de la cual ordenó la disolución y liquidación
del Instituto Oftalmológico Clínica Club Los Leones de Cartagena.
2.3. Precisó que, con ocasión de la anterior decisión, algunos trabajadores de la
entidad liquidada presentaron acciones de tutela en contra del Gobernador del
departamento de Bolívar, de los Ministerios de Salud y Protección Social, y de
Hacienda y Crédito Público, con el objeto de que se les pagaran sus acreencias
laborales1.
2.4. Resaltóque, inicialmente, la señora Nery Teresa Romero Niño presentó
demanda de reparación directa en contra de la Nación – Ministerios de Salud y
Protección Social y de Hacienda y Crédito Público y del departamento de Bolívar,
con el objeto de «que sus salarios y prestaciones le fueran pagados», pretensiones
que fueron concedidas por las autoridades que conocieron del asunto, a lo que
agregó que en dicho trámite la Superintendencia Nacional de Salud no fue sujeto
procesal.
2.5. Expuso que, posteriormente, la señora Nery Teresa Romero Niño promovió otra
demanda de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Salud y
Protección Social y del departamento de Bolívar, con miras a obtener el pago de los
perjuicios con ocasión de la falta de pago de la indemnización por despido sin justa
causa que le fue reconocida mediante la «Resolución 3 de 2011».
2.6. Relató
que el conocimiento del referido proceso le correspondió al Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena, despacho judicial que, en
sentencia de 28 de marzo de 2017, resolvió declarar que el departamento de Bolívar
y la Superintendencia Nacional de Salud eran solidarios y administrativamente
responsables de la falla del servicio ante la falta de vigilancia en el cumplimiento de
las obligaciones del extinto Instituto Oftalmológico Clínica Club Los Leones de
Cartagena frente a sus empleados.
2.7. Indicó que, inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación,
el cual fue desatado mediante sentencia de 12 de marzo de 2021, dictada por la
Sala de Decisión No. 7 del Tribunal Administrativo de Bolívar, en la que se
confirmó la providencia de primera instancia, en consideración a que la
Superintendencia Nacional de Salud, teniendo la competencia para administrar los
recursos y el pago de las acreencias del Instituto liquidado, no adelantó las
actuaciones necesarias para asegurar el pago de las acreencias de la trabajadora.
2.8. Aseguró que la anterior decisión desconoce el artículo 90 de la Constitución
Política, en atención a que la Superintendencia Nacional de Salud no causó daño
alguno, puesto que no tenía el manejo de los recursos del Instituto liquidado, por
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Dichas acciones fueron seleccionadas para revisión por la Corte Constitucional, autoridad judicial que mediante sentencia
T-456 de 2005, aclaró: (i) que el obligado a sufragar lo reclamado era el referido Instituto, pero en caso de que no contara con
recursos económicos, los llamados a cubrirlo eran las mencionadas y el departamento de Bolívar y (ii) que el amparo era
transitorio, dado que los allí tutelantes debían formular la respectiva demanda ordinaria.
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Accionante: Superintendencia Nacional de Salud
consiguiente, no concurrieron todos los elementos necesarios para la configuración
de la responsabilidad patrimonial de la Administración.
2.9. Afirmó que en la sentencia acusada también se incurre en defecto sustantivo,
en razón a que: i) se omitió el acatamiento de los artículos 294 y 295 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero, normas según las cuales la liquidación forzosa de
un organismo es un procedimiento expedito realizado por un liquidador bajo su
responsabilidad, por ende, es él el sujeto llamado a compensar los agravios que se
produzcan en ese trámite, y ii) se interpretó erróneamente el artículo 1568 del
Código Civil, por cuanto a pesar de que no se cumplieron los requisitos de la
responsabilidad solidaria, la entidad que representa fue condenada solidariamente.
2.10. Señaló que en la sentencia enjuiciado se incurrió en defecto fáctico, por cuanto
se concluyó erróneamente que, de los medios de convicción adosados al
expediente contencioso, surgía la responsabilidad por omisión al no haberse
cancelado la indemnización por despido sin justa causa a la señora Romero Niño,
sin tener en cuenta que de ninguna de las pruebas se podía colegir ello.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
[…] PRETENSIONES DECLARATIVAS
PRIMERA: Se declare que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Bolívar - Sala de Decisión No. 7, el día 12 de marzo de 2021, y notificada a
mi representada el día 24 de mayo del mismo año, con ponencia del Honorable
Magistrado Luis Miguel Villalobos Álvarez, dentro del proceso identificado con
el radicado 13001333300820130025101, vulneró el derecho fundamental de mi
representada al debido proceso, al interpretar de manera errada el artículo 90
de la Constitución Política colombiana y omitir la aplicación de otras normas que
regulaban el caso, y además, proferirse sentencia sin sustento probatorio
alguno de las normas que se aplican al caso.
PRETENSIONES CONDENATORIAS.
PRIMERA: Se ordene al Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión
No. 7, a revocar la sentencia proferida el día 12 de marzo de 2021, y notificada
el día 24 de mayo de 2021, por medio de la cual confirmó la sentencia proferida
por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Cartagena, por las
razones expuestas.
SEGUNDA: Se ordene al Tribunal Administrativo de Bolívar- Sala de Decisión
No. 7, que, en el término de ley, proceda a emitir nueva sentencia dentro del
proceso referido, acorde con la Constitución, la Ley y los precedentes
jurisprudenciales expuestos en el desarrollo de la presente acción de tutela. […]
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. El magistrado de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto de 29 de noviembre
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de 2021, admitió la acción de tutela de la referencia en contra de la Sala de
Decisión No. 7 del Tribunal Administrativo del Bolívar. En la misma providencia,
vinculó como terceros con interés directo en los resultados del proceso a la
ciudadana Nery Teresa Romero Niño, al Ministerio de Salud y Protección Social
y al Gobernador del Bolívar.
V. INTERVENCIONES
5. Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas y al vinculado, se
produjeron las siguientes intervenciones:
5.1. El Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala Séptima, a través del magistrado
ponente de la sentencia enjuiciada, rindió informe en el que solicitó que se declarara
la improcedencia de la acción de amparo de la referencia, al considerar, en síntesis,
que el proceso de reparación directa con radicación número 13001-33-33-008-
2013-00251-00 se surtió conforme al marco jurídico y allí se demostró que la actora
incumplió sus obligaciones de vigilancia del procedimiento de liquidación del
entonces Instituto Oftalmológico Clínica Club Los Leones de Cartagena, pues no
garantizó que a la señora Romero Niño se le pagara la indemnización que se le
reconoció con la Resolución No. 3 de 15 de abril de 2011, en atención al despido
injustificado.
5.2. Aunado a lo anterior, expuso lo siguiente:
[…] En el caso en estudio es claro para la Sala que la conducta omisiva, de la
Superintendencia de salud, en ejercer la debida inspección, vigilancia y control
sobre la intervención del plurinombrado instituto; permitió el no pago de la
indemnización por despido injusto reconocido en favor de la actora y que
constituyó la falla del servicio, causa directa del perjuicio material y concreto
que sufrió la actora. […]
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante sentencia de tutela de 18 de enero de 2022, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, negó el amparo solicitado por la entidad
accionante, luego de considerar que la sentencia enjuiciada no incurrió en ninguna
de las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
7. Como sustento de lo anterior señaló, en primer lugar, que el a quo adujo que no
se configuró el desconocimiento del artículo 90 Constitucional, y al respecto indicó
lo siguiente:
[…] la Sala evidencia que la providencia censurada no adolece de la causal
específica de violación directa de la Constitución Política, porque la
aseveración de las autoridades accionadas, según la cual el descuido de la
tutelante en el cumplimiento de sus funciones comprometió su responsabilidad
patrimonial en los hechos debatidos en el proceso de reparación directa 13001-
33-33-008-2013-00251- 00, comporta una deducción razonable del artículo 90
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superior, pues dentro de ese asunto resultó probado que no desplegó las tareas
de vigilancia que le impone el ordenamiento jurídico en relación con las
entidades en liquidación.
La precitada conclusión se sustenta en que si bien el liquidador del Instituto
Oftalmológico Clínica Club Los Leones de Cartagena le reconoció a la señora
Nery Teresa Romero Niño, a través de Resolución 3 de 15 de abril de 2011,
una indemnización por $29ʼ293.832, no se la canceló, por ende, los perjuicios
que esa omisión ocasionó le son atribuibles a la accionante, pues, como se
advirtió, debe responder por los agravios que cause la negligencia de los
liquidadores de los entes que interviene, dado que asume sus obligaciones una
vez desaparece, máxime cuando no surtió actuaciones para asegurar ello.
En ese orden de ideas y conforme a la normativa estudiada, la
Superintendencia Nacional de Salud debía garantizar que lo dispuesto por el
liquidador del aludido Instituto se ajustara al sistema normativo y se cumpliera
(porque de lo contrario debía reparar los perjuicios que ello causara), función
que, se reitera, desatendió, puesto que no ejecutó actuación alguna para
garantizar que la señora Romero Niño accediera a la referida compensación
monetaria, pese a que era una de sus labores.
Así las cosas, se evidencia que los detrimentos producidos a la señora Nery
Teresa Romero Niño por no recibir la mencionada indemnización, le son
atribuibles a la accionante, pues fueron causados por el incumplimiento de los
deberes que le impone el marco jurídico a ella y al liquidador del ente,
circunstancia de la que se colige que en los hechos debatidos en el proceso
13001-33-33-008-2013-00251-00, contrario a lo aseverado en la solicitud de
amparo, se satisfizo el elemento de la responsabilidad patrimonial de la
Administración denominado nexo de imputación, por tanto, se configuró la
responsabilidad extracontractual en lo que concierne a la actora.
Resulta oportuno advertir que no es de recibo el argumento de la tutelante,
según el cual no debía asumir la suma reclamada en el trámite contencioso-
administrativo ni de los correspondientes detrimentos, puesto que no
administraba los recursos del desaparecido Instituto Oftalmológico Clínica Club
Los Leones de Cartagena, habida cuenta de que no fue condenada por no
cancelar aquella, sino porque no desarrolló actividades orientadas a asegurar
ello y es la llamada a reparar los agravios causados por el liquidador, en
atención al criterio del Consejo de Estado sobre la materia.
Adicionalmente, la situación de los empleados del extinguido Instituto
ameritaba que la demandante ejerciera especial vigilancia sobre las
actuaciones que allí se surtieran en el marco de su procedimiento de
liquidación, pues, además de que aquellos se encontraban en un estado de
vulnerabilidad causada por el no pago de sus acreencias laborales, la Corte
Constitucional, en sentencia T-456 de 2005, le ordenó integrar un comité en el
que se discutieran medidas orientadas a superar el pasivo prestacional,
mandato que involucraba la necesidad de que tuviera un papel activo en las
decisiones que se emitieran sobre el particular, el cual no efectuó.
En virtud de lo analizado, se concluye que la omisión de la actora en el
acatamiento de las obligaciones que le impone el ordenamiento jurídico produjo
los agravios reclamados en el medio de control de reparación directa 13001-
33-33-008-2013-00251-00, circunstancia por la cual era dable condenarla en
los términos que lo hicieron las autoridades accionadas, por cuanto se
colmaron las exigencias señaladas en el artículo 90 superior, en especial, el
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nexo de imputación, en consecuencia, la providencia acusada no adolece de
violación directa de la Constitución Política.
8. Respecto del defecto sustantivo, el juez de primera instancia adujo lo siguiente:
[…] Analizados los artículos 294 y 295 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero se evidencia que prevén, en lo que concierne al asunto debatido,
que los procedimientos de intervención y liquidación forzosa de entidades
deben ser realizados por los liquidadores bajo su responsabilidad y son estos
quienes tienen la administración de los recursos.
No obstante, de dichas normas no es dable inferir que la demandante no estaba
en la obligación de vigilar las actuaciones del liquidador del entonces Instituto
Oftalmológico Clínica Club Los Leones de Cartagena o que se releve del deber
de indemnizar los daños causados por aquel.
Por el contrario, el artículo 296 del Decreto ley 663 de 1993 y la jurisprudencia
del Consejo de Estado estipulan que la Superintendencia Nacional de Salud
debe vigilar las liquidaciones de organismos que prestan el servicio de salud y
asumir los perjuicios que los liquidadores puedan ocasionar con sus decisiones
u omisiones, premisas en virtud de las cuales las autoridades accionadas
desataron el proceso de reparación directa 13001-33- 33-008-2013-00251-00,
por consiguiente, no es factible atribuirle a la sentencia reprochada desatención
del sistema normativo.
Cabe destacar que el argumento en que la actora funda el defecto sustantivo,
en lo atañedero a los artículos 294 y 295 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero, comporta una interpretación parcial del sistema normativo, pues un
análisis integral de este permite concluir que era la responsable de los agravios
reclamados en el mencionado trámite contencioso-administrativo, por ende,
debía resarcirlos, como lo coligieron los señores magistrados demandados.
Ahora bien, en lo que atañe al presunto desconocimiento del artículo 1568 del
Código Civil, debe advertirse que si bien es cierto que esa norma señala que la
solidaridad «debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no
la establece la ley», también lo es que no aplica en materia de responsabilidad
extracontractual, dado que en esta se atiende el artículo 2344 ibidem, conforme
lo indicó el Consejo de Estado, en los siguientes términos: […]
En atención a lo expuesto, las autoridades accionadas no incurrieron en
irregularidad alguna al no aplicar en el fallo reprochado el artículo 1568 del
Código Civil, por cuanto, se reitera, no opera en asuntos concernientes a la
responsabilidad extracontractual, como el debatido en el proceso de reparación
directa 13001-33-33-008-2013-00251-00.
De acuerdo con lo analizado, se observa que la aseveración de las autoridades
accionadas, de que la tutelante comprometió su responsabilidad de manera
solidaria al incumplir el deber de asegurar el pago de la indemnización
reconocida a la señora Nery Teresa Romero Niño por su despido sin justa
causa del entonces Instituto Oftalmológico Clínica Club Los Leones de
Cartagena, comporta una deducción razonable del sistema normativo (que
también establece que debe reparar los agravios causados por el liquidador),
por tanto, la sentencia censurada no adolece del defecto sustantivo planteado
en la solicitud de amparo.
9. Por último, y en cuanto al argumento de la parte actora asociado con el defecto
fáctico, el a quo consideró que carecía de prosperidad, en razón a que:
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[…] En atención a lo expuesto a la largo de la presente providencia, la anterior
afirmación carece de asidero jurídico, pues, como se indicó, la actora es la
llamada a responder por los perjuicios causados por el liquidador de dicho
organismo, así no tuviere relación contractual con él, en virtud del artículo 296
del Decreto ley 663 de 1993 y de la jurisprudencia del Consejo de Estado,
máxime cuando, se reitera, incumplió su deber de vigilancia en el respectivo
procedimiento de liquidación, en particular, de cerciorarse de que la
indemnización por despido injustificado reconocida a la señora Nery Teresa
Romero Niño le fuera sufragada, omisión que comprometía la responsabilidad
patrimonial de la Administración.
En ese orden de ideas, aunque no se haya acreditado un compromiso
contractual entre la accionante y el mencionado Instituto, ello no impedía
condenar a aquella en la forma en que lo hicieron las autoridades accionadas,
puesto que en el expediente 13001-33-33-008-2013-00251-00 se demostró la
falta de pago de la compensación monetaria otorgada a la allí demandante, por
tanto, el incumplimiento de las tareas del liquidador, motivo por el cual la
afirmación de que debía indemnizar los daños allí reclamados no comporta una
inferencia arbitraria o caprichosa de los medios de convicción, por ende, la
sentencia atacada no incurre en defecto fáctico. […]
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
10. Laparte accionante impugnó la sentencia de tutela de primera instancia, al
considerar que la decisión enjuiciada sí vulneró su garantía al debido proceso.
11. Como sustento de su impugnación, el impugnante indicó que el a quo «no
observó que, la discusión se debía centrar en establecer el verdadero alcance de
las facultades de vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud, y
según ello, si el cumplimiento debido de ellas hubieren impedido que se ocasionara
el supuesto daño en contra de la señora Nery Teresa Romero, y en ese orden de
ideas, establecer la existencia o no del nexo causal entre la supuesta omisión
endilgada a mi representada y el daño alegado y con ello se generó una afectación
al derecho fundamental al debido proceso, dada la configuración de una inadecuada
valoración fáctica, jurídica y probatoria que conllevó a que, sin motivo alguno se
terminó afectando el patrimonio público».
12. Manifestó que «con el presente escrito de impugnación no se debate la aplicación
del artículo 90 de la Constitución Política de Colombia», a lo que agregó que:
«Tampoco se discute la aplicación del artículo 296 del Decreto Ley 663 de 1993, en
la medida en que, esta norma es la encargada de estipular que la Superintendencia
Nacional de Salud tiene dentro de sus funciones la de realizar el seguimiento a la
actividad del liquidador».
13. Sin embargo, enfatizó que su desacuerdo con la decisión impugnada recae en la
interpretación y alcance que se le dio al artículo 296 del Decreto Ley 663 de 1993,
porque parte de la premisa consistente en que por el simple hecho de tener la
función de realizar seguimiento a la actividad del liquidador, la Superintendencia
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Nacional de Salud «es la encargada de responder por los daños antijurídicos
producto de las decisiones y omisiones de los agentes liquidadores». A partir de
ello, expuso lo siguiente:
[…] no solo basta con concluir que, la conducta de la entidad fue inadecuada,
en la medida en que, se debe establecer cuál era el alcance la obligación legal
incumplida, para lo cual deberá precisarse en qué forma debió cumplir el Estado
(Superintendencia Nacional de Salud) con su obligación, y así comprobar que
no actuó como una entidad diligente, todo lo anterior precedido de un adecuado
y ponderado análisis de las pruebas que obran en el expediente.
De la lectura de la precitada norma [refiriéndose al contenido del artículo 296
del Decreto Ley 663 de 1993], se puede inferir que el objeto o la finalidad del
seguimiento que debe realizar la Superintendencia Nacional de Salud al agente
liquidador es examinar la gestión y eficacia de su actividad, pero en ningún
momento faculta a mi representada para (i) garantizar el reconocimiento y pago
de una obligación; (ii) o como erróneamente lo manifiesta el a quo que mi
poderdante garantizara que lo dispuesto por el liquidador “se cumpliera”, más
aún si se tiene en cuenta que, el pago de las acreencias reconocidas por el
agente especial liquidador dependerá de los activos con los que cuente la
entidad intervenida tal como lo dispone el artículo 293 del Decreto Ley 663 de
1993 [...].
Así las cosas, es dable inferir que, el a quo no realizó un análisis juicioso del
alcance de la norma que se reputa como incumplida por mi representada (art.
296 del DL 663 de 1993), de lo contrario hubiese podido concluir que, el hecho
de que la Superintendencia Nacional de Salud realizara el seguimiento de las
actuaciones del agente especial liquidador, no implicaba que tuviese en sus
manos la potestad de decidir si la entidad intervenida pagaba o no, las
acreencias debidamente reconocidas por el agente especial liquidador.
Ahora bien, salta a la vista que, la Sección Segunda – Subsección B del
Consejo de Estado nunca realizó o estableció en su sentencia de manera
precisa cuál era la actividad que debió desplegar la Superintendencia Nacional
de Salud en cumplimiento del artículo 296 del Decreto Ley 663 de 1993, para
evitar el daño cometido a la señora Nery Teresa Romero, tal como lo estableció
el Consejo de Estado en sentencia del 25 de abril de 2012, expediente 21.861,
con ponencia del Doctor Enrique Gil Botero, citada en párrafos anteriores.
En ese sentido, de haber revisado el verdadero alcance de la norma, el a quo
pudo haberse dado cuenta que, en efecto aún en el hipotético caso de que mi
representada hubiese cumplido lo establecido en el artículo 296 del Decreto
Ley 663 de 1993, no se hubiese evitado el efecto dañoso producto del actuar
del agente liquidador, precisamente porque la decisión de pagar o no la
acreencia reconocida en favor de la señora Nery Teresa Romero se encontraba
única y exclusivamente en cabeza del agente especial liquidador, rompiéndose
con ello el nexo causal entre el daño y el supuesto actuar negligente del que se
deriva.
Los yerros en la interpretación cometidos por la Sección Segunda Subsección
B del Consejo de Estado, conllevaron a que, obviara el hecho de que, el suscrito
invocó la falta de aplicación de los artículo 293, 294 y 295 del Decreto Ley 663
de 1993, con el único fin de que, se observara que, era exclusivamente el
agente especial liquidador quien tomaba la decisión de reconocer y pagar las
acreencias de la vigilada, por ende, aún en el caso de que en el proceso se
probara que la Superintendencia Nacional de Salud omitió su función de
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vigilancia y control, era obvio y razonable que, esta no podía ocasionar el daño
(no pago de indemnización por despido sin justa causa) pues no se encontraba
dentro de sus facultades hacerlo, o coaccionar al agente especial liquidador
para que así lo ordene, pues de la lectura de las normas que se acusan como
no aplicadas es fácil concluir que, el agente es un auxiliar de la justicia que no
se encuentra subordinado a la Superintendencia Nacional de Salud, actúa bajo
su propia cuenta y riesgo, y tiene como función principal el pago de los pasivos
hasta la concurrencia de los activos de la entidad intervenida.
En conclusión, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado debió
tutelar el derecho fundamental deprecado, en la medida en que se logró
acreditar que la sentencia de segunda instancia cometió los defectos
sustantivos señalados, en la medida en que, de haber interpretado de manera
correcta los artículos 90 de la Constitución Política de Colombia, y 296 del
Decreto Ley 663 de 1993, hubiese podido darse cuenta que, la existencia de
los artículo 293, 294 y 295 del Decreto Ley 663 de 1993, rompe el nexo causal
entre el daño y el acto que lo ocasionó, toda vez que disponen que el único que
puede tomar decisiones sobre la entidad intervenida es el agente especial
liquidador, por lo que, aún en el caso de que la Superintendencia Nacional de
Salud hubiese aplicado su labor de seguimiento no estaba dentro de sus
posibilidades ordenar el pago de la indemnización por despido sin justa causa,
más aún, cuando el pago de la misma no solo dependía de la decisión del
agente sino también de la totalidad de activos con la que disponía la entidad
intervenida [...].
14. Asimismo, advirtió que el a quo abordó de manera errónea el defecto fáctico
alegado, en tanto el mismo se sustentó en los siguientes términos:
[...] si el a quo hubiese si quiera leído el cargo se hubiese podido dar cuenta
que el mismo iba encaminado a establecer que, la errónea apreciación de las
pruebas realizada por el Tribunal Administrativo de Bolívar conllevó a que este
concluyera que la Superintendencia Nacional de Salud incumplió con sus
obligaciones de vigilancia y control al no haber propendido para que se
realizara el pago de la acreencia laboral reconocida por el agente liquidador en
favor de la señora Nery Teresa Romero, sin tener en cuenta que de ninguna de
las pruebas se derivan dichas conclusiones lo cual salta a la vista de la simple
lectura de las mismas, así por ejemplo:
• La resolución No. 0112 del 2 de febrero de 2009, únicamente establece que
la Superintendencia Nacional de Salud nombró o designó al agente especial
liquidador del Instituto Oftalmológico Clínica Club de Leones.
• La resolución No. 003 del 15 de abril de 2011, demuestra que el agente
especial liquidador reconoció la acreencia laboral a cargo de la entidad Instituto
Clínica Club de Leones, acto administrativo en el cual claramente no interfirió
mi representada, y que además demuestra que, la Superintendencia Nacional
de Salud no debía intervenir dado que la acreencia fue reconocida por el auxiliar
de la justicia, que sea de paso referir es autónomo e independiente.
[...]
• La sentencia T-456 de 2005, no impuso la responsabilidad patrimonial de las
accionadas, y mucho menos de la Superintendencia Nacional de Salud, por lo
que no existían razones para que el Tribunal Administrativo de Bolívar la
tuviese como prueba del incumplimiento de las funciones por parte de mi
representada, sumado al hecho que en las sentencias emitidas en el medio de
control y en el fallo de tutela desconocieron abiertamente las ordenes de la
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Accionante: Superintendencia Nacional de Salud
Corte Constitucional en la referida sentencia, dado que no se tuvo en cuenta
que el llamado pagar por las acreencias en el proceso de liquidaciones de la
Clínica Oftalmológica Club de Leones de Cartagena, era la referida Clínica, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de la Protección Social
y a la Gobernación de Bolívar [...].
Como puede observarse ninguna de las pruebas antes mencionadas, y que
fueron fundamento de la sentencia de segunda instancia objeto del presente
trámite de tutela, establecen que el daño causado a la señora Nery Teresa
Romero tuviese una relación directa con la supuesta omisión en el
cumplimiento de la función de seguimiento y vigilancia que tiene en su cabeza
mi representada, lo cual fue alegado en el medio de control y en el escrito de
tutela y omitido flagrantemente por el juez de primera instancia, los Magistrados
en segunda instancia y los Consejeros de estado al resolver el fallo de tutela
en primera instancia.
[...]
En ese orden de ideas, de haberse tenido en cuenta los argumentos planteados
en el cargo, frente a los yerros en la valoración probatoria, así como el hecho
de que conforme a la sentencia del 25 de abril de 2012, expediente 21.861, con
ponencia del Doctor Enrique Gil Botero, era necesario que el Tribunal
Administrativo de Bolívar estableciera el verdadero alcance de la norma objeto
del presunto incumplimiento, hubiera sido claro tanto para el Tribunal
Administrativo de Bolívar, como para la Sección Segunda Subsección B del
Consejo de Estado, que las pruebas objeto de la acusación lo único que
demostraron fue que:
(i) La Superintendencia Nacional de Salud cumplió con su función
constitucional y legal de intervenir a la entidad liquidada, y nombrar un agente
liquidador.
(ii) Una vez nombrado el agente especial liquidador, era este quien debía
graduar las acreencias y propender por su pago, tal como sucedió con la
expedición resolución No. 003 del 15 de abril de 2011, con la cual se demuestra
que el único que podía causar el perjuicio o daño alegado era el agente
liquidador, pues conforme a lo establecido en los artículos 293, 294 y 295 del
Decreto Ley 663 de 1993, era autónomo y responsable de sus decisiones.
(iii) Así mismo, esbozar las razones por las cuales se apartaba de la decisión
tomada por la Corte Constitucional en la sentencia T-456 de 2005.
Para concluir es claro entonces que, desde el punto de vista probatorio, se
rompe el nexo causal entre la conducta (acción u omisión) de la
Superintendencia Nacional de Salud y el daño percibido por la señora Nery
Teresa Romero, en la medida en que, no existe prueba que acredite que la
decisión del reconocimiento y pago de la indemnización por despido sin justa
causa de la señora Nery Teresa Romero dentro del trámite de liquidación
estuviera en cabeza de mi poderdante, y mucho menos que, de haberse
cumplido con la función de seguimiento mi representada hubiese podido
coaccionar o de alguna forma lograr que el agente especial liquidador pague la
acreencia reconocida, más aún si ello depende de la totalidad de activos con
que cuente la entidad liquidada para pagar sus obligaciones. [...]
15. Confundamento en los anteriores argumentos, la parte impugnante solicitó
revocar el fallo impugnado y que, como consecuencia de ello, se ampare su
derecho fundamental al debido proceso.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-09680-01
Accionante: Superintendencia Nacional de Salud
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
16. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de
noviembre de 20174.
VIII.2. Problemas jurídicos
17. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado o revocado5, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.
b) Si ello es así, determinar si la sentencia de 12 de marzo de 2021 proferida
por la Sala de Decisión No. 7 del Tribunal Administrativo del Bolívar, en
el interior del proceso de reparación directa número 13001-33-33-008-2013-
00251-01, vulneró el derecho fundamental invocado por la entidad
accionante, al incurrir presuntamente en un defecto sustantivo y fáctico.
18. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a
(ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y
cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
19. En sentencia de 31 de julio de 20126, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió
su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela
dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales
siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia
jurisprudencia.
2
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
3
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
4
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
6
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
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Accionante: Superintendencia Nacional de Salud
20. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
21. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
22. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial7, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución 8.
23. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de
esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión9» que se encaje en dichos
parámetros.
24. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
7
Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
8
«Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a
las normas establecidas en la Constitución Política»
9
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-09680-01
Accionante: Superintendencia Nacional de Salud
25. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VIII.4. El caso concreto
26. La Superintendencia Nacional de Salud, actuando a través de apoderado
judicial, presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de su derecho
fundamental al «al debido proceso», cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de
12 de marzo de 2021, proferida por la Sala de Decisión No. 7 del Tribunal
Administrativo de Bolívar, dentro del medio de control de reparación directa con
radicación número 13001-33-33-008-2013-00251-01.
27. En este punto es preciso indicar que el presente análisis estará centrado en
resolver los argumentos expuestos en el escrito de impugnación, los cuales se
encuentran asociados con que no existe nexo de causalidad entre el daño y la
supuesta omisión en que incurrió la entidad actora.
VIII.4.1. Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela
28. La Sala encuentra que en la acción de tutela de la referencia se cumplen los
requisitos generales de procedencia, en razón a que: i) la solicitud de amparo tiene
relevancia constitucional en tanto se invoca la vulneración de un derecho de orden
fundamental como es el debido proceso; ii) la parte accionante no tiene otro medio
para la defensa de los derechos fundamentales que estima vulnerados con la
decisión proferida en segunda instancia por el Tribunal accionado; iii) la situación a
la cual se atribuye la vulneración del derecho fundamental fue debidamente
puntualizada en el escrito de tutela; iv) la providencia objeto de amparo se notificó
el 24 de mayo de 2021, mientras que la acción de tutela se presentó el 23 de
noviembre de 2021, lapso que resulta razonable; v) no se alega la existencia de una
irregularidad procesal, por lo que no resulta necesario efectuar un análisis al
respecto, y vi) la acción constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en
un proceso de idéntica naturaleza o índole.
VIII.4.2. Análisis de los requisitos específicos de la presente acción de tutela
29. Encontrándose cumplidos los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela, la Sala abordará los requisitos especiales frente a la presunta
vulneración del derecho constitucional fundamental invocado por el apoderado
judicial de la accionante, la Sala pasa a estudiar si en sub examine se configura el
defecto sustantivo y el defecto fáctico, los cuales se estudiarán de forma conjunta.
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Accionante: Superintendencia Nacional de Salud
VIII.4.2.1. Caracterización del defecto material o sustantivo
30. Deconformidad con lo previsto en la sentencia T-367 de 2018 de la Corte
Constitucional, este defecto se presenta cuando la decisión que toma el juez
desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse
en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto. De igual forma, en la
providencia se concluye que este defecto se ha erigido como tal, por cuanto la
competencia asignada a los jueces para interpretar y aplicar las normas jurídicas no
es completamente absoluta, aunque se funde en el principio de autonomía e
independencia judicial.
2. LaCorte Constitucional también ha sostenido que se puede incurrir en este
defecto cuando:
[…] (i) la sentencia se fundamenta en una norma que no es aplicable porque a)
no es pertinente, b) ha sido derogada y por tanto perdió vigencia, c) es
inexistente, d) ha sido declarada contraria a la Constitución, o e) a pesar de que
la norma cuestionada está vigente y es constitucional, no se adecúa a la
situación fáctica a la cual se aplicó, porque la norma utilizada, por ejemplo, se
le dan efectos distintos a los señalados expresamente por el legislador;
(ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma
al caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de
interpretación razonable o “la aplicación final de la regla es inaceptable por
tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes” o
cuando se aplica una norma jurídica de forma manifiestamente errada, sacando
de los parámetros de la juridicidad y de la interpretación jurídica aceptable la
decisión judicial;
(iii) no se toman en cuenta sentencias que han definido su alcance con
efectos erga omnes; (iv) la disposición aplicada se torna injustificadamente
regresiva o contraria a la Constitución; (v) un poder concedido al juez por el
ordenamiento jurídico se utiliza “para un fin no previsto en la disposición”; (vi)
la decisión se funda en una hermenéutica no sistémica de la norma, con
omisión del análisis de otras disposiciones que regulan el caso; o (vii) se
desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso concreto […].
VIII.4.2.2. Caracterización del defecto fáctico
31. De conformidad con lo previsto en la sentencia T-008 de 2019 de la Corte
Constitucional, este defecto se presenta cuando el operador jurídico decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados, y resuelve a su
arbitrio el asunto jurídico sometido a su consideración, o cuando aprecia una prueba
allegada al proceso que se encuentra viciada. También se configura cuando la
autoridad judicial a pesar de que en el proceso existen elementos probatorios, omite
considerarlos, no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de
fundamentar la decisión respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que, de
haberse realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido
variaría sustancialmente.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-09680-01
Accionante: Superintendencia Nacional de Salud
VIII.4.2.3. Solución de los defectos en el sub judice
32. Descendiendo al caso sub judice, se advierte que la parte actora impugnó la
decisión del a quo al considerar que «no observó que, la discusión se debía centrar
en establecer el verdadero alcance de las facultades de vigilancia y control de la
Superintendencia Nacional de Salud, y según ello, si el cumplimiento debido de ellas
hubieren impedido que se ocasionara el supuesto daño en contra de la señora Nery
Teresa Romero, y en ese orden de ideas, establecer la existencia o no del nexo
causal entre la supuesta omisión endilgada a mi representada y el daño alegado y
con ello se generó una afectación al derecho fundamental al debido proceso, dada
la configuración de una inadecuada valoración fáctica, jurídica y probatoria que
conllevó a que, sin motivo alguno se terminó afectando el patrimonio público».
33. En tal sentido, explicó que, en el sub examine, «se logró acreditar que la
sentencia de segunda instancia cometió los defectos sustantivos señalados, en la
medida en que, de haber interpretado de manera correcta los artículos 90 de la
Constitución Política de Colombia, y 296 del Decreto Ley 663 de 1993, hubiese
podido darse cuenta que, la existencia de los artículos 293, 294 y 295 del Decreto
Ley 663 de 1993, rompe el nexo causal entre el daño y el acto que lo ocasionó, toda
vez que disponen que el único que puede tomar decisiones sobre la entidad
intervenida es el agente especial liquidador, por lo que, aún en el caso de que la
Superintendencia Nacional de Salud hubiese aplicado su labor de seguimiento no
estaba dentro de sus posibilidades ordenar el pago de la indemnización por despido
sin justa causa, más aún, cuando el pago de la misma no solo dependía de la
decisión del agente sino también de la totalidad de activos con la que disponía la
entidad intervenida».
34. Sumado a lo anterior, insistió en que se configuró el defecto fáctico alegado, en
la medida en que erróneamente fueron valoradas las pruebas allegadas al proceso
contencioso, a partir de la cual se concluyó que «la Superintendencia Nacional de
Salud incumplió con sus obligaciones de vigilancia y control al no haber propendido
para que se realizara el pago de la acreencia laboral reconocida por el agente
liquidador en favor de la señora Nery Teresa Romero, sin tener en cuenta que de
ninguna de las pruebas se derivan dichas conclusiones». Como sustento de lo
expuesto, indicó lo siguiente:
[...] si el a quo hubiese siquiera leído el cargo se hubiese podido dar cuenta que
el mismo iba encaminado a establecer que, la errónea apreciación de las
pruebas realizada por el Tribunal Administrativo de Bolívar conllevó a que este
concluyera que la Superintendencia Nacional de Salud incumplió con sus
obligaciones de vigilancia y control al no haber propendido para que se
realizara el pago de la acreencia laboral reconocida por el agente liquidador en
favor de la señora Nery Teresa Romero, sin tener en cuenta que de ninguna de
las pruebas se derivan dichas conclusiones lo cual salta a la vista de la simple
lectura de las mismas, así por ejemplo:
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-09680-01
Accionante: Superintendencia Nacional de Salud
• La resolución No. 0112 del 2 de febrero de 2009, únicamente establece que
la Superintendencia Nacional de Salud nombró o designó al agente especial
liquidador del Instituto Oftalmológico Clínica Club de Leones.
• La resolución No. 003 del 15 de abril de 2011, demuestra que el agente
especial liquidador reconoció la acreencia laboral a cargo de la entidad Instituto
Clínica Club de Leones, acto administrativo en el cual claramente no interfirió
mi representada, y que además demuestra que, la Superintendencia Nacional
de Salud no debía intervenir dado que la acreencia fue reconocida por el auxiliar
de la justicia, que sea de paso referir es autónomo e independiente.
[...]
• La sentencia T-456 de 2005, no impuso la responsabilidad patrimonial de las
accionadas, y mucho menos de la Superintendencia Nacional de Salud, por lo
que no existían razones para que el Tribunal Administrativo de Bolívar la
tuviese como prueba del incumplimiento de las funciones por parte de mi
representada, sumado al hecho que en las sentencias emitidas en el medio de
control y en el fallo de tutela desconocieron abiertamente las ordenes de la
Corte Constitucional en la referida sentencia, dado que no se tuvo en cuenta
que el llamado pagar por las acreencias en el proceso de liquidaciones de la
Clínica Oftalmológica Club de Leones de Cartagena, era la referida Clínica, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de la Protección Social
y a la Gobernación de Bolívar [...].
Como puede observarse ninguna de las pruebas antes mencionadas, y que
fueron fundamento de la sentencia de segunda instancia objeto del presente
trámite de tutela, establecen que el daño causado a la señora Nery Teresa
Romero tuviese una relación directa con la supuesta omisión en el
cumplimiento de la función de seguimiento y vigilancia que tiene en su cabeza
mi representada, lo cual fue alegado en el medio de control y en el escrito de
tutela y omitido flagrantemente por el juez de primera instancia, los Magistrados
en segunda instancia y los Consejeros de estado al resolver el fallo de tutela
en primera instancia. [...]
35. Para resolver los motivos de inconformidad planteado por la parte impugnante, la
Sala estima necesario poner de relieve lo siguiente:
35.1. La señora Nery Teresa Romero Niño promovió demanda de reparación directa con
el propósito de que las entidades por ella demandadas, esto es, la Nación – Ministerio
de Salud y Protección Social y el departamento de Bolívar, fueran declaradas
administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios materiales
ocasionados por el no pago de la indemnización por despido injusto que le había sido
reconocida.
35.2. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena, mediante sentencia
de 28 de marzo de 2017, accedió a las pretensiones de la demanda y, como
consecuencia de ello, condenó solidariamente al departamento de Bolívar y a la
entidad aquí accionante al pago de los perjuicios materiales en la modalidad de daño
emergente, al considerar, en síntesis, lo siguiente:
[…] el primer elemento esencial, esto es que exista la falla del servicio por omisión,
que en este caso según se plantea en la demanda sería el no pago de
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indemnización por despido injusto de la demandante, para demostrarlo el
apoderado judicial de la parte demandante, aporto como prueba de ellos la
Resolución No. 003 del 15 de abril de 2011 emitida por el Agente Liquidador del
Instituto Oftalmológico Clínica Club de Leones de Cartagena, en la cual se hace
constar que a esa fecha a la señora NERY ROMERO NIÑO se le adeudaba por
concepto del despido la suma de $29.293.832,58. Resaltando en este aparte que
el despido se materializa estando en cabeza de la liquidación el Departamento de
Bolívar, año 2005, y se reconoce la indemnización por parte del liquidador
designado por la SUPERSALUD, año 2011.
Luego de la anterior prueba documental, al Despacho no le queda la menor duda
de la falla del servicio por omisión cometida por las entidades demandadas,
quienes, debido a la intervención administrativa en la Clínica Club de Leones,
tenían a su cargo la responsabilidad del manejo tanto técnico como administrativo
de la misma y por ende la obligación del pago puntual de las obligaciones
salariales y prestacionales de todos los empleados de la entidad privada por ellos
intervenida.
Nada justifica, el hecho que se haya dado una intervención administrativa
supuestamente para corregir todos los inconvenientes económicos y
administrativos que presentaba el Instituto Oftalmológico Clínica Club de Leones
de Cartagena, y luego sean precisamente los interventores los que hayan
contribuido a acrecentar el caos de esa entidad privada, cayendo
irresponsablemente en cesación de pagos a los empleados de la Clínica como
está probado que ocurrió en el caso de la demandante, e igualmente generadores
del motivo del despido.
[…]
Con todo lo que se ha expuesto, considera el Juzgado que el primero de los
requisitos para que opere la falla del servicio por omisión, no admite discusión.
Y respecto del segundo requisito, esto es, que exista "un daño que implique lesión
de un bien jurídicamente tutelado": considera el despacho que también se cumple
pues indudablemente el patrimonio económico de la demandante, que en parte
estaba constituido por los ingresos que recibía por conceptos salariales del
Instituto Oftalmológico Clínica Club de Leones de Cartagena, si se vio afectado,
en la medida en que por la ineficiente gestión administrativa que adelantó la
autoridad que tenia intervenida administrativamente, dejaron de ingresarle a su
patrimonio unos recursos económicos a los cuales constitucional y legalmente
tenía derecho porque eran la justa retribución por sus servicios prestados; ese
daño antijurídico que el demandante no estaba obligado a soportar.
[…]
Al Despacho no le queda duda entonces del daño antijurídico ocasionado a la
demandante NERY TERESA ROMERO NIÑO, quedando solo entonces por
verificar el último de los elementos de la falla del servicio por omisión, esto es la
existencia de "un nexo causal entre el daño y la falla en la prestación del servicio
a que la administración está obligada".
Y al respecto, considera el Despacho que si existe dicho nexo causal, pues
definitivamente la afectación que ha tenido y aún sigue teniendo el patrimonio
económico del actor como consecuencia de la deuda que aún se mantiene con él
relacionada con sus acreencias laborales, es producto o consecuencia del mal
manejo administrativo e ineficiente gestión que las autoridades públicas
demandadas ejercieron durante la intervención administrativa a la mencionada
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institución privada, lo que se reitera fue lo que llevó al despido; destacándose que
la indemnización por despido injusto que se pide es reconocida por el agente
liquidador en el año 2011, a pesar de ello fue omisivo en materializar el pago de
dichos dineros. […]
35.3. Inconforme con la anterior decisión, el apoderado judicial de la entidad aquí actora
presentó recurso de apelación.
35.4. El Tribunal accionado, al momento de resolver el recurso de apelación, identificó
como problema jurídico a resolver el siguiente:
[…] ¿Se encuentran acreditados los elementos que estructuran la responsabilidad
por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, para la falla en el servicio por
omisión generada por el no pago de las acreencias laborales a favor de la
accionante incluidas en la liquidación del INSTITUTO OFTALMOLOGICO CLUB
LEONES DE CARTAGENA? […].
35.5. Para resolver el anterior planteamiento jurídico, el Tribunal accionado efectuó un
análisis normativo y jurisprudencial de los siguientes temas: a) de la responsabilidad
extracontractual del Estado y de los elementos de esta; b) de la falla del servicio; c)
de la responsabilidad del Estado por omisión de las autoridades, y d) de la intervención
administrativa en salud. Asimismo, tuvo como probado los siguientes hechos:
[…] - La señora NERY TERESA ROMERO NIÑO laboraba en el INSTITUTO
OFTALMOLOGICO CLINICA CLUB DE LEONES DE CARTAGENA, el cual fue
intervenido por el Ministerio de Protección Social a través del Servicio Seccional
de Salud mediante Resolución No. 3761 del 27 de abril de 1978, al considerar que
la clínica presentaba un deterioro progresivo y acelerado de su funcionamiento,
por lo que se dispuso tomar la dirección técnica y administrativa hasta el 31 de
diciembre de ese año. (Fl. 26-7)
• A su turno, lo intervención fue prorrogada mediante Resolución No. 2298 del 26
de diciembre de 1978 y posteriormente a través de la Resolución No. 4238 del 5
de junio de 1979, siendo esta la última. (Fl. 30)
• Se encuentra acreditado en el expediente que, en julio del año 2003, el
Departamento Administrativo de Salud del Distrito de Cartagena ordenó el cierre
del INSTITUTO OFTALMOLOGICO CLINICA CLUB DE LEONES DE
CARTAGENA como medida sancionatoria ante el incumplimiento de los requisitos
exigidos por lo ley poro garantizar lo calidad y eficiencia den lo prestación de los
servicios de salud. (Fl. 31)
• A su turno, mediante lo sentencia T-456 de 2005 lo Corte Constitucional ordenó
al Ministerio de Protección Social, Superintendencia de Salud, Gobernación de
Bolívar y Distrito de Cartagena realizar las actuaciones necesarias para resolver
el pasivo laboral y la problemática de los trabajadores vinculados a la institución.
(34-58)
• Por lo anterior, mediante Resolución No. 1423 del 3 de noviembre de 2005 el
Departamento de Bolívar- Secretaria Departamental de Salud canceló la
personería jurídica reconocida al Instituto Oftalmológico Clínica Club de Leones y
en consecuencia ordenó lo disolución y liquidación de la misma, para lo cual se
nombró como liquidador al señor HERNANDO ESMEREL MANOTAS. (Fl. 31-33).
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Accionante: Superintendencia Nacional de Salud
• La señora NERY TERESA ROMERO NIÑO instauró demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa con el fin de que se declarará
administrativamente responsable al Departamento de Bolívar, Ministerio de
Protección Social, Ministerio de Hacienda y Crédito Público por los perjuicios
materiales y morales causados como trabajadora del Instituto Oftalmológico
Clínica Club de Leones, igualmente solicitó el pago de salarios y prestaciones
sociales adeudadas. En ese orden mediante sentencia de fecha 28 de octubre de
2010 el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cartagena concedió las
pretensiones de lo demanda. (Fl. 64-93)
• Posteriormente, mediante Resolución No. 003 del 15 de abril de 2011 el Instituto
Oftalmológico Clínica Club de Leones en Liquidación incluyó entre las acreencias
laborales del pasivo cierto la indemnización de los trabajadores (Fl. 18-23) entre
los cuales se encuentra la señora NERY TERESA ROMERO NIÑO, a la cual le
correspondió la suma de $29.293.832.58. (Fl. 23). […]
35.6. Con base en todo lo anterior, el Tribunal accionado resolvió desestimar los
argumentos de la apelación, con base en las siguientes consideraciones -las cuales se
citan en extenso-:
[...] 5.2.1. Daño anrijurídico.
En el subjudice, se alegó por la parte demandante, que el daño cuta reparación
se pretende, corresponde a el no pago de la indemnización por despido injusto
reconocido en favor de la actora a través de la Resolución No. 003 del 15 de
abril de 2011.
[...]
Estima la Sala, que en el sub examine, se encuentra acreditado el daño
antijurídico sufrido por la parte accionante, toda vez que, del material
probatorio aportado en el expediente, se encuentra plenamente
demostrado que la señor NERY TERESA NIÑO (sic) le fue reconocido (sic)
la suma de $29.293.832.58 por concepto de la indeminización por despido
injusto mediante la Resolución No. 003 deñ 15 de abril de 2011 por parte
del Instituto Oftalmológico Clínica Club de leones en Liquidación, el cual
a la fecha no ha sido pagado (fl. 23); por lo que se concluye que el daño en
el subexamine es antijuridico, porque la actora no tenía el deber de sorpotarlo;
igualmente es cierto y personal, pues exige plena certeza de su ocrurrencia, se
encunetra plenamente identificado y cuantificado, ya que se concreta en el
valor reconocido a través de un acto administrativo; así mismo, quien lo reclama
es justamente quien lo sufrió [...].
5.2.2. Imputación
[…] En el sub judice, sobre la imputación, el Juez de primera instancia, señaló que
en el plenario está plenamente acreditado la falla en el servicio por parte de las
entidad demandada, por cuanto eran las encargadas de la intervención
administrativa de la Clínica Club de Leones, razón por la cual tenían la
responsabilidad del manejo tanto técnico como administrativo de la misma, y por
ende la obligación del pago puntual de las obligaciones salariales prestacionales
de todos los empleados de la entidad privada por reconocido o favor de lo octoro.
Por su porte, lo Superintendencia Nacional de Salud no está de acuerdo con la
imputación de responsabilidad hecha por el juez de primera instancia, toda vez
que afirma que no está dentro de las funciones de lo Superintendencia
asumir el pago de acreencias de la citada clínica, además porque tratándose
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de un proceso concursal, las obligaciones se cancelan con el patrimonio de
la interventoría y hasta donde la disponibilidad del mismo lo permita.
Ahora bien, establecido el daño antijurídico sufrido por la parte accionante,
procede la Sala a realizar el estudio de la imputación, esto es, o establecer si el
daño es atribuido jurídicamente a la entidad accionada y por lo tanto, sí ésta
se encuentra en el deber jurídico de resarcir los perjuicios que de dicho daño
se derivaron.
En este orden, la Sala observa en primer lugar que el Instituto Oftalmológico
Clínica Club de Leones de Cartagena, es una entidad de derecho privado, pero
que fue intervenida oficialmente por el Ministerio de Salud y Protección
Social, desde abril de 1978, por intermedio del Servicio Seccional de Salud
de Bolívar, mediante la Resolución 3761 del 27 de abril de 1978, intervención
que luego fue prorrogada a través de la Resolución 2298 de 26 de diciembre de
1978, proferido por el Jefe del Servicio de Salud de Bolívar, y aprobada dicha
prórroga por el citado ministerio, mediante Resolución 300 de febrero 01 de 1979;
se ratificó dicha intervención a través de la Resolución 4238 de junio 05 de 1979.
A su vez, mediante Resolución No. 1423 del 3 de noviembre de 2005 el
Departamento de Bolívar- Secretaría Departamental de Salud canceló la
personería jurídica reconocida al Instituto Oftalmológico Clínica Club de Leones y
en consecuencia ordenó lo disolución y liquidación de la misma, para lo cual se
nombró como liquidador al señor HERNANDO ESMEREL MANOTAS. (Fl. 31-33)
Posteriormente, mediante la Resolución No. 0112 del 2 de febrero de 2009 lo
Superintendencia Nacional de Salud, dando cumplimiento al Decreto 3557 del 16
de septiembre de 2008, asumió el proceso de intervención y liquidación de la
Clínica Oftalmológica Club de Leones de Cartagena en el estado en que se
encontraba y designó como liquidador de la misma al doctor Orlando Bravo
Suárez, tal como lo afirma en la contestación de la demanda, a su vez fue
aceptada la renuncia del doctor Bravo Suárez mediante Resolución No. 1457 de
2010 y se nombró al doctor Jhon Carlos Pino Franco (Fl. 237)
Por otro lodo, mediante Resolución No. 003 del 15 de abril de 2011 el Instituto
Oftalmológico Clínico Club de Leones en Liquidación a través del agente
liquidador, el doctor Jhon Carlos Pino Franco, incluyó entre las acreencias
laborales del pasivo cierto la indemnización de los trabajadores (FI. 18-23)
entre las cuales se encuentra la señora NERY TERESA ROMERO NIÑO, a la
cual le correspondió la suma de $29.293.832.58. (FI. 23)
Ahora bien, en relación a la competencia de la Superintendencia de Salud en la
intervención forzosa administrativa cabe resaltar que la Ley 100 de 1993
estableció en su artículo 233 que "El procedimiento administrativo de la
Superintendencia Nacional de Salud será el mismo que se consagra por las
disposiciones legales para la Superintendencia Bancaria"; precisando la Sala
que las disposiciones que regulan a la Superintendencia Bancaria, hoy
Financiera, se encuentran previstos en el Decreto-Ley 663 de 1993 (Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero) y en el Decreto 2555 de 2010.
A su turno, los procedimientos administrativos relacionados con las medidas de
toma de posesión e intervención forzosa administrativa, de conformidad con lo
establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, incluyen la
designación de agentes interventores, liquidadores y contralores, quienes
tienen funciones especiales respecto de las instituciones objeto de
medidas especiales.
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Accionante: Superintendencia Nacional de Salud
Asimismo, en virtud de lo establecido en la Ley 550 de 1999 y el artículo 68 de
la Ley 1753 de 2015 la Superintendencia Nacional de Salud tiene a su cargo
la designación de promotores y la orden o autorización a las entidades
vigiladas, de la adopción individual o conjunta de las medidas especiales
de que trata el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, con el fin de
salvaguardar la prestación del servicio público de salud y la adecuada
gestión financiera de los recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud.
Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 715 de 2001, es
competencia de la Superintendencia Nacional de Salud ejercer la intervención
forzosa administrativa para administrar o liquidar las entidades vigiladas
que cumplan funciones de explotación u operación de monopolios
rentísticos cedidos al sector salud. Empresas Promotoras de Salud e
Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier naturaleza, así como para
intervenir técnica y administrativamente las Direcciones Territoriales de Salud,
en los términos de la ley y los reglamentos.
Por todo lo anotado, en criterio de la Sala, se encuentra configurada la falla del
servicio por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, al omitir adelantar
las gestiones administrativas tendientes a realizar el pago de la
indemnización por despido injusto reconocido mediante Resolución No.
003 del 15 de abril de 2011 toda vez que dicha autoridad mediante la
Resolución No. 0112 del 2 de febrero de 2009 asumió la intervención y
liquidación de la Clínica Club de Leones de Cartagena en Liquidación y en ese
sentido tenía a su disposición la administración técnica y administrativa de la
entidad, vigilando el cumplimiento de las normas constitucionales y
legales relacionadas incluso con el pago de la indemnización que hoy se
reclama, máxime cuando se advierte que para el año 2012, fecha en la cual se
expidió la Resolución 003 de 2012 mediante la cual le reconocen la
indemnización por despido injusto a la actora la Superintendencia ya había
asumido la intervención administrativa, pues ello ocurrió en el año 2009.
Se advierte que si bien habían designado a un agente liquidador para que se
encargara de la guarda y administración de los bienes que se encontraban en
poder de la Clínica Club de Leones de Cartagena, lo cierto es que tal situación
no lo releva de la responsabilidad que tenía la Superintendencia Nacional
de Salud como principal autoridad administrativa veedora del proceso de
liquidación; configurándose así la falla del servicio.
En efecto, no aparece acreditado en el plenario que la accionada, tuviera
razones de fondo para omitir el ejercicio de sus facultades legales, máxime
cuando lo situación prestacional de los trabajadores de dicha institución era de
pleno conocimiento con la sentencia T-456 de 2006 proferida por la Corte
Constitucional. […]
36. De la cita previamente transcrita se advierte que la decisión del Tribunal
accionado se fundamentó en que existía un daño antijurídico teniendo en cuenta
que el agente liquidador del extinto Instituto Oftalmológico Clínica Club de
leones no canceló las acreencias laborales que le había sido reconocida a la
señora Nery Teresa Romero Niño, mediante Resolución No. 003 de 15 de abril de
2021. Sumado a lo anterior, consideró que dicha omisión resultaba imputable a la
parte aquí actora bajo la premisa consistente en que la superintendencia en mención
se abstuvo de ejercitar su deber de vigilancia y control respecto del referido agente en
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aras de propender por el «cumplimiento de las normas constitucionales y legales
relacionadas incluso con el pago de la indemnización que hoy se reclama».
37. Ahora bien, para la Sala la decisión del Tribunal accionado se encuentra
debidamente soportada y respaldada en una interpretación sistemática y razonada
tanto de las normas aplicables para la resolución de la causa ordinaria objeto de
tutela como de las pruebas obrantes en el proceso, sin que se logre apreciar que la
misma constituya la vulneración del derecho fundamental alegado por la parte
actora.
38. Ello en razón a que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 715
de 2001, la Superintendencia Nacional de Salud cuenta con la facultad de intervenir
administrativamente a las instituciones prestadoras de salud de cualquier
naturaleza, con el objeto de liquidarlas. De otra parte, el artículo 296 del Decreto
Ley 663 de 1996, indica que la referida entidad tiene el deber de vigilar las
actividades del liquidador. Tales disposiciones son del siguiente tenor:
[…] Artículo 68. Inspección y vigilancia. La Superintendencia Nacional de Salud
tendrá como competencia realizar la inspección, vigilancia y control del
cumplimiento de las normas constitucionales y legales del sector salud y de los
recursos del mismo.
[…]
La Superintendencia Nacional de Salud ejercerá funciones de inspección,
vigilancia y control sobre las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
IPS, en relación con el cumplimiento de las normas técnicas, científicas,
administrativas y financieras del sector salud.
Los procesos de liquidación de las instituciones prestadoras de servicios de
salud, IPS, privadas serán de competencia de la Superintendencia de
Sociedades, con excepción de las fundaciones, corporaciones y demás
entidades de utilidad común sin ánimo de lucro, siempre y cuando no hayan
manejado recursos públicos o de la Seguridad Social en Salud.
ARTÍCULO 296.- Intervención del Fondo de Garantías en el Proceso de
Liquidación Forzosa Administrativa.
[…]
2. Seguimiento a la actividad del liquidador. Para efectos del seguimiento de la
actividad de los liquidadores el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras
tendrá, en cualquier tiempo, acceso a los libros y papeles de la entidad y a los
documentos y actuaciones de la liquidación, sin que le sea oponible reserva
alguna, con el objeto de examinar la gestión y eficacia de la actividad del
liquidador, sin perjuicio de la facultad de removerlo libremente.
Para llevar a cabo el seguimiento previsto en este numeral, el Fondo podrá
cuando lo considere necesario contar con la asistencia de entidades
especializadas. […]
39. Lo expuesto le permite a la Sala concluir que, tal como lo consideró el a quo, «la
Superintendencia Nacional de Salud tiene el deber de vigilar las actuaciones de los
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liquidadores de las entidades prestadoras de salud, y en caso de que estos causen
perjuicios, aquella está en la obligación de repararlos, toda vez que asume las
consecuencias adversas de las omisiones del ente liquidado10».
40. Es por lo anterior que para la Sala resulta acertada la decisión aquí enjuiciada,
porque es evidente que la entidad aquí actora tenía una obligación de vigilar las
actividades del agente liquidador y, sin embargo, no lo hizo. Cabe resaltar,
adicionalmente, que de haberlo hecho seguramente hubiese advertido la falta de
pago de las acreencias reconocidas a la extrabajadora y, en ese sentido, se habría
adelantado alguna gestión para lograr su pago, por intermedio del agente liquidador
o, en su defecto, alguna otra acción en contra de este.
41. En tal sentido, valga resaltar que la responsabilidad de la entidad aquí actora
surgió como consecuencia del incumplimiento de los deberes asociados al
seguimiento de la actividad del liquidador, por lo que resulta desacertada la
afirmación realizada en el escrito de impugnación consistente en que la Supersalud
no administraba los recursos del Instituto Oftalmológico Clínica Club Los Leones de
Cartagena y que, por ende, se encontraba en imposibilidad de pagar las acreencias
laborales reclamadas.
42. De otra parte, y en cuanto al defecto fáctico alegado, la Sala advierte que este
argumento carece de vocación de prosperidad, en el entendido que, de las pruebas
allegadas al proceso, estaba acreditado plenamente el daño antijuridico sufrido por
la señora Nery Teresa Romero Niño ante la falta de pago de las acreencias laborales
que le fueron reconocidas mediante Resolución No. 003 de 15 de abril de 2021, y si
bien es cierto a partir de tales medios de convicción no se evidencia ninguna omisión
por parte de la entidad aquí actora, la realidad es que debe resaltarse que el deber de
desplegar tal actividad surge de las disposiciones legales que imponen en cabeza de
la Superintendencia Nacional de Salud la obligación de vigilar las actividades del
agente liquidador.
43. Siguiendo esa misma línea argumentativa, resulta oportuno resaltar que la acción
de tutela no está instituida como una instancia adicional a las previamente
establecidas en el ordenamiento jurídico, ya que la tutela contra providencias
judiciales no busca proporcionar a los sujetos procesales de un juicio
ordinario una tercera instancia, sino un mecanismo de protección y garantía
de sus derechos fundamentales, eventualmente lesionados por un
pronunciamiento judicial. De allí que la intervención del juez constitucional11 se
encuentre limitada a verificar que la decisión judicial tutelada sea razonable. Toda
vez que lo contrario atentaría contra la autonomía de los funcionarios judiciales, la
seguridad jurídica y el principio de cosa juzgada12.
10
Consejo de Estado, sección primera, auto de 2 de junio de 2016, C. P. Guillermo Vargas Ayala, expediente 25000-23-41-
000-2015-00723-01.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 17 de noviembre de 2016,
radicación No. 11001-03-15-000-2016-02862-00. Actor: Rosa Gómez Effer (C.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala).
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 3 de noviembre de 2016,
radicación: 11001-03-15-000-2016-02244-00. Actor: Claudia Consuelo Mc’Lauchlin Cobaleda (C.P. Dr. Guillermo Vargas
Ayala).
24
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44. En consonancia con lo anterior, la Corte Constitucional ha dicho que la acción de
tutela contra providencias judiciales debe ser «concebida como un “juicio de
validez” y no como un “juicio de corrección” del fallo cuestionado, lo que se opone
a que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los
asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho legislado, que dieron
origen a la controversia»13.
45. En ese orden de ideas, el juez de tutela solo puede intervenir cuando aprecia
que la providencia judicial carece por completo de sustento jurídico o fáctico o no
resulta razonable, o cuando advierta que hubo una valoración de los medios de
prueba alejada a las reglas y principios de la sana crítica. Cabe destacar que
ninguno de estos supuestos se configura en esta oportunidad pues, por el contrario,
la decisión que se cuestiona se aprecia ajustada a derecho y convergente con los
medios demostrativos allegados.
46. Es a partir de ello que, contrario a lo sostenido en el escrito de impugnación, el
juez de tutela no le corresponde «establecer el verdadero alcance de las facultades
de vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud», para así
determinar si se configuró o no la responsabilidad del Estado en el sub examine,
ya que es un asunto que le correspondió al juez natural de la causa y el mecanismo
constitucional no puede convertirse como un medio por el cual otra autoridad
judicial “revise” las providencias que se dicten dentro de un proceso ordinario.
47. Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia de 18 de enero de 2022, proferida
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que negó
el amparo deprecado por la entidad accionante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 18 de enero de 2022 proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó el
amparo deprecado por la entidad accionante, por las consideraciones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.
13
Corte Constitucional. Sentencia T – 022 de 2009. M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
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Accionante: Superintendencia Nacional de Salud
TERCERO: REMITIR el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con
el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Salva voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
P (18)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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