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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-09918-01

Fecha
10 de marzo de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-09918-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR no configurada la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Policía Nacional. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 27 de enero de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en los términos previstos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-09918-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

10 de marzo de 2022

Demandantes: Gustavo Álvarez Villarreal y otros
Demandados: Consejo de Estado – Sección Tercera, Subsección “C”
y Sala Plena de la misma sección
Radicado: 11001-03-15-000-2021-09918-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-09918-01
Demandantes: GUSTAVO ÁLVAREZ VILLARREAL Y OTROS
Demandados: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN “C” Y SALA PLENA DE LA MISMA SECCIÓN

Tema: Tutela contra providencia judicial – Privación injusta de la
libertad – Omisión en la resolución de un extremo de la litis

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por el apoderado judicial de la parte
actora contra la sentencia del 27 de enero de 2022, dictada por el Consejo de
Estado, Sección Primera, que i) declaró improcedente la acción de tutela, respecto
de la controversia jurídica relacionada con la condena en costas, el cargo de
violación directa de la Constitución y el de “decisión sin motivación”; y ii) negó la
petición de amparo constitucional por los demás cargos.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. El 16 de noviembre de 2021, los señores Gustavo Álvarez Villarreal, Leonor
Lozada Botía, Diego Alejandro Álvarez Lozada, Gustavo Álvarez Cifuentes, Elina
Villarreal de Álvarez, Édgar Fernando Velásquez Pereira, Sigri Marcela Pedroza
Jerez, Edgar Fernando Velásquez Pedroza, Fernando Velásquez López y María
Isabelia Pereira de Velásquez, por medio de apoderado judicial1, ejercieron acción
de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “C” y la Sala
Plena de la misma Sección, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia.

2. La parte actora consideró vulnerados sus derechos, con ocasión de las
siguientes sentencias:

1 La entidad accionante confirió poder especial al abogado Juan Manuel Ríos Osorio, con el lleno

de los requisitos legales.

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Demandantes: Gustavo Álvarez Villarreal y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sala Plena de la Sección Tercera
Radicado: 11001-03-15-000-2021-09918-01

i) La dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “C” el
7 de octubre de 2020, en la acción de reparación directa identificada con el
número único de radicación 680012331000200100889-01 (acumulada con
el proceso del expediente identificado con el número único de radicación
68001 2331000200100890-01) que se dictó en el proceso que instauraron
los accionantes contra la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la
Nación y la Policía Nacional.

ii) El fallo de unificación proferido por la Sala Plena de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, el 15 de agosto de 2018, en la acción de reparación
directa identificada con el número único de radicación
660012331000201000235-01 (46.947), con respecto al cual la parte actora
solicita adicionarlo para determinar su vigencia hacía el futuro.

1.2. Pretensión

3. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó:

“PRIMERO: Se invalide la sentencia de la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado atacada y se ordene que una Sala de
Conjueces la profiera de nuevo siguiendo los lineamientos que señale el fallo
de tutela […]”.

SEGUNDO: Se conmine a la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo
de Estado a adicionar su sentencia del 15 de agosto de 2018, atacada
mediante la presente acción de tutela, en el sentido de dejar a salvo los
derechos de las personas que, basadas en el principio de la confianza
legítima, formularon sus demandas bajo la jurisprudencia de esa misma
corporación vigente al momento de los hechos y de la presentación de las
mismas […]”.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

Hechos relacionados con los expedientes acumulados
68001233100020010088901 y 680012331000200100988901

4. El 18 de abril de 2001, los señores Édgar Fernando Velásquez Pereira y
Sigri Marcela Pedroza Jerez, en nombre propio y en representación de Edgar
Fernando Velásquez Pedroza y Paula Andrea Rivera Pedroza; Fernando
Velásquez López y María Isabelia Pereira de Velásquez presentaron demanda
en ejercicio de la acción de reparación directa en contra de la Nación – Rama
Judicial – Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se les declarara
administrativamente responsables por la privación de la libertad que sufrió el
primero de los mencionados durante el lapso comprendido entre el 14 de julio
de 1998 y el 13 de agosto de la misma anualidad, como consecuencia de la
medida de aseguramiento impuesta en su contra.

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5. Los demandantes del proceso ordinario argumentaron que Edgar Velásquez
Pereira fue privado de la libertad con ocasión del proceso penal que se
adelantó en su contra por los delitos de hurto calificado y agravado, falsedad
material de particular en documento público, agravado por el uso, y violación
ilícita de comunicaciones, en el cual se declaró la preclusión de la investigación
en Resolución dictada el 8 de enero de 1999 por la Fiscalía Décima Delegada
ante los Jueces Penales del Circuito de Bucaramanga.

6. Por otra parte, los señores Gustavo Álvarez Villarreal y Leonor Lozada Botía
en nombre propio y en representación de Diego Alejandro Álvarez Lozada;
Gustavo Álvarez Cifuentes y Elina Villarreal de Álvarez, igualmente,
presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa para
reclamar los perjuicios derivados de la privación de la libertad que sufrió el
primero de los mencionados, desde el 26 de julio de 1998 hasta el 8 de enero
de 1999, con ocasión del mismo proceso penal, que terminó con decisión de
preclusión de la investigación, en aplicación del principio in dubio pro reo.

7. Los dos procesos se acumularon, ante la identidad de los supuestos fácticos,
las entidades demandadas y las pretensiones de las demandas y se fallaron
por parte del Tribunal Administrativo de Santander en sentencia dictada el 23
de julio de 2015, en la que se accedió parcialmente a las pretensiones.

8. El a quo del proceso ordinario resolvió el caso con fundamento en el título de
imputación objetivo, señalando como responsable del daño antijurídico a la
Fiscalía General de la Nación que impuso la medida de aseguramiento y
absolviendo de responsabilidad a la Rama Judicial y a la Policía Nacional.

9. Con respecto a esta última, indicó que el hecho generador del daño
antijurídico proviene de manera exclusiva de las actuaciones que, en vigencia
del Decreto 2700 de 1991, llevó a cabo la Fiscalía General de la Nación en
desarrollo de las atribuciones constitucional y legalmente asignadas, siendo
esta la causa real y eficiente del daño por el que se solicita la reparación de los
perjuicios.

10. En esta sentencia se negó el reconocimiento de los perjuicios morales a los
señores Gustavo Álvarez Cifuentes y Elina Villarreal de Álvarez, por no haber
demostrado la calidad de padres de la víctima directa de la privación de la
libertad.

11. Los demandantes y la Fiscalía General de la Nación interpusieron recursos
de apelación contra el fallo de primera instancia. La argumentación de la parte
actora se centró en: i) la negativa de reconocimiento de los perjuicios morales a
los padres del señor Gustavo Álvarez Villarreal; ii) en señalar que no es cierto
que la Policía Nacional se hubiera limitado a la captura y a ponerlos a
disposición de la autoridad competente, sino que publicó la noticia a través de

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los medios de comunicación, afirmando que ello lo demostró en los alegatos de
conclusión; y iii) en la inconformidad con los rubros indemnizatorios.

12. Los recursos de apelación fueron resueltos por el Consejo de Estado,
Sección Tercera – Subsección “C”, en sentencia dictada el 7 de octubre de
2020, por medio de la cual revocó la decisión y, en su lugar, declaró que los
intereses de la Nación no están debidamente representados por la Rama
Judicial y negó las pretensiones de la demanda.

13. La resolutiva relacionada con la indebida representación de la Nación por
parte de la Rama Judicial obedeció a que “esta entidad no capturó a Gustavo
Álvarez Villarreal y Édgar Velásquez Pereira, ni les impuso la medida de
aseguramiento”, por lo que la representación en este caso solo recaía sobre la
Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.

14. La negativa de las pretensiones, por su parte, se sustentó en que no exist ía
en el proceso prueba que demostrara la antijuridicidad del daño alegado por los
demandantes, por cuanto “ninguna pieza permite acreditar las condiciones bajo las
cuales se realizó la captura ni como se dictó la medida de aseguramiento, ni si la
misma resulta adecuada, proporcional y necesaria y menos aún, si contó con el
mínimo soporte probatorio exigido por el ordenamiento jurídico para su emisión.”

15. Para arribar a esa conclusión, la autoridad accionada señaló los
lineamientos bajo los cuales correspondía estudiar la responsabilidad del
Estado por privación de la libertad, teniendo en cuenta las sentencias C-037 de
1996 y SU-072 de 2018 dictadas por la Corte Constitucional.

16. Advirtió que, en consecuencia, el examen se debe hacer sobre la medida
cautelar, por cuanto su apego a la normatividad implica la juridicidad de la
afectación. Al respecto precisó que en el caso concreto no se allegó copia de la
actuación de la Policía Nacional relacionada con la aprehensión ni de la medida
de aseguramiento a través de la cual se ordenó la detención, lo cual constituye
condición necesaria para que la afectación alegada sea indemnizable.

17. De lo expuesto concluyó que la parte actora no cumplió con la carga que le
correspondía, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 177 del Código
de Procedimiento Civil, aplicable al caso. Insistió en que la antijuridicidad del
daño requiere prueba.

18. La sentencia de segunda instancia se notificó por edicto electrónico que se
fijó el 13 de mayo de 2021 y se desfijó el 18 de mayo de mismo año, de tal
manera que la providencia cobró ejecutoría el 21 de mayo de 2021.

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1.4. Sustento de la vulneración

19. La parte actora argumentó que la sentencia dictada el 7 de octubre de 2020,
por el Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “C”, incurrió en defectos
fáctico, sustantivo y “falta de motivación o motivación deficiente”. Argumentó que
también existió violación directa de la Constitución.

20. Informó que la autoridad desconoció la prueba documental obrante en el
expediente que demostraba que el Director Nacional de la DIJIN convocó a una
rueda de prensa en la que presentó ante la opinión pública nacional a Gustavo
Álvarez Villarreal y a Edgar Velásquez Pereira, como “los autores del robo a la
Brinks, y no solo como miembros de una banda de antisociales que había cometido ese
ilícito.” Aseveró que, con ello, omitió condenarla al pago de los perjuicios por la
afectación al buen nombre.

21. Agregó que la sentencia igualmente incurrió en los defectos fáctico, sustantivo
y motivación deficiente, por no haber aplicado los artículos 55 de la Ley 270 de
1996 – Estatutaria de la Administración de Justicia, de conformidad con el cual las
sentencias judiciales deberán referirse a todos los hechos y asuntos planteados en
el proceso por los sujetos procesales, y 29 de la Constitución Política, al ignorar
los alegatos de conclusión presentados por la parte actora en la segunda instancia
del proceso, en los que se hizo referencia a la rueda de prensa mencionada.

22. Argumentó que, la sentencia incurrió en defecto fáctico “al ignorar por completo
la prueba testimonial obrante dentro del expediente y que mostraba indiciariamente que
las autoridades policiales y/o judiciales habían revelado a la prensa la captura de Gustavo
Álvarez y a Edgar Velásquez (sic) causando un grave daño a su honra y a su buen
nombre.”

23. Señaló que existió una carencia total de motivación, además de defectos
fáctico, sustantivo y procedimental, por cuanto la sentencia omitió analizar la
responsabilidad que le cabía a la Policía Nacional en el presente asunto, a pesar
de que fue expresamente demandada, por lo que, a su juicio, debió haber sido
condenada a pagar los perjuicios por el daño al buen nombre.

24. Indicó que no se impuso condena en costas a la Fiscalía General de la Nación
ni a la Rama Judicial, a pesar de que obstruyeron y dilataron “que se allegara con
prontitud al proceso la certificación sobre la ejecutoría de la resolución de preclusión de la
investigación.” Afirmó que, con ello se dejaron de aplicar los artículos 249 del
Código de Procedimiento Civil y 171 del Código Contencioso Administrativo, que
regulan la condena en costas con fundamento en la conducta procesal de las
partes.

25. Afirmó que esa conducta dilatoria de la parte demandada le sirvió para que el
proceso durara más de 20 años y que, en consecuencia, se le aplicara a su caso
el cambio de jurisprudencia que se dio en el Consejo de Estado.

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26. Consideró que era natural que en las demandas presentadas únicamente se
allegaran pruebas relacionadas con los hechos a los que hacía referencia la
jurisprudencia de la época (hechos: 1999 y demanda: 2001) en virtud de la cual
únicamente se exigía, para que procediera la indemnización por privación injusta,
la acreditación del tiempo de reclusión y la resolución de preclusión en firme.

1.5. Actuaciones procesales relevantes

1.5.1. Auto admisorio de la demanda

27. Mediante auto de ponente, dictado el 29 de noviembre de 2021, se admitió la
demanda de tutela y se ordenó notificar a los magistrados del Consejo de Estado
– Sección Tercera, Subsección “C” y a la Sala Plena de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, como autoridades judiciales accionadas.

28. Así mismo, se dispuso la vinculación de la Nación – Rama Judicial – Fiscalía
General de la Nación, al Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, y al
Tribunal Administrativo de Santander, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso.

1.5.2. Intervenciones de las autoridades accionadas y de los terceros
vinculados

1.5.2.1. Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado

29. Por intermedio del Magistrado José Roberto Sáchica Méndez, la Corporación
certificó que “la sentencia adoptada bajo el radicado 66001-23-31-000-2010-00235-01
(46.947), fue dejada sin efectos mediante providencia de 15 de noviembre de 2019,
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, en la acción de
tutela con radicado 11001-03-15-000-2019-00169-01, decisión que fue confirmada por la
Corte Constitucional, en sede de revisión, mediante la sentencia SU-363 de 2021.”

1.5.2.2. Policía Nacional

30. Por intermedio del jefe del Área Jurídica formuló la excepción de falta de
legitimación en la causa, con fundamento en el señalamiento de las funciones que
la corresponde cumplir a la entidad y bajo la consideración de que “la Policía
Nacional fue desvinculada de la litis, desde el fallo proferido por el A-quo el veintitrés (23)
de julio de dos mil quince (2015)”.

31. Transcribió los argumentos expuestos por el Tribunal Administrativo de
Santander para concluir que a la Policía Nacional no le asistía responsabilidad
alguna por el daño irrogado a los demandantes, conclusión que no fue desvirtuada
en el fallo de segunda instancia.

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1.5.2.3. Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “C”

32. El magistrado ponente de la sentencia censurada solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional. Subsidiariamente solicitó que se negaran las pretensiones de la
demanda.

33. Consideró que los accionantes únicamente pretendían reabrir el debate dado
en las instancias del proceso, por lo que no tiene relevancia constitucional. Alegó
que tampoco se cumplía el requisito de inmediatez, por cuanto la sentencia fue
notificada el 12 de mayo de 2021 y la acción de tutela se presentó el 24 de
noviembre de la citada anualidad.

34. Sobre la alegación relacionada con las pruebas que daban cuenta de que la
Policía Nacional en rueda de prensa presentó a los detenidos como autores del
hurto a Brinks, argumentó que los defectos alegados no se configuraron porque el
daño que reclamó la parte actora consistió en la privación de la libertad, la cual
calificaron como injusta, imputando a la policía la aprehensión y puesta a
disposición de la autoridad judicial.

35. Con base en lo anterior, aclaró que “Es por esto que en cuanto al necesario
examen de la antijuridicidad del daño que debe hacerse en el juicio de responsabilidad
por una privación injusta de la libertad, tiene que constatarse si la orden de detención y
las circunstancias y/o condiciones bajo las cuales esta se llevó a cabo se apegaron a los
cánones legales y constitucionales o no, e igualmente si el término de duración de la
medida de restricción resultó excesivo, así como si la medida era necesaria, razonable y
proporcional”.

36. Aclaró que, en consecuencia, “frente a las actuaciones realizadas por la Nación –
Ministerio de Defensa - Policía Nacional, debía analizarse la antijuridicidad del daño y las
condiciones y/o circunstancias bajo las cuales se realizó la captura de Gustavo Álvarez
Villarreal. No obstante, se constató que en el plenario no había prueba alguna que
permitiera acreditar la causación del daño alegado y las actuaciones de la Policía
Nacional al momento de la detención del procesado, pues no obraba copia de ninguna
actuación realizada por dicha entidad. Además, debe recordarse que, si no hay daño, no
surge la obligación de reparar y sólo ante su acreditación, hay lugar a explorar la
imputación de este al Estado, y consecuentemente, a realizar el análisis de los perjuicios,
circunstancia que no acaeció en el caso objeto de estudio.”

37. Se refirió ampliamente a la procedencia de la condena en costas, para concluir
que no procedían en el caso concreto, toda vez que, la Fiscalía General de la
Nación no fue condenada al pago de los perjuicios reclamados.

38. Informó que la sentencia de unificación proferida el 15 de agosto de 2018 por
la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la cual fue
controvertida por los aquí accionantes, quedó sin efectos, de conformidad con lo

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ordenado en la providencia del 15 de noviembre de 2019, proferida por la
Subsección “B” de Sección Tercera de esta Corporación.

39. Advirtió que, sin embargo, este hecho no afecta el análisis efectuado en la
sentencia censurada ni la aplicación del régimen de responsabilidad de falla del
servicio en materia de privación injusta de la libertad, pues debe recordarse que
en el presente caso no se probó el daño antijurídico, elemento esencial y fundante
de la responsabilidad que, de encontrarse configurado y demostrado, conllevaría a
estudiar la imputación a la parte demandada.

1.5.2.4. Tribunal Administrativo de Santander

40. Se limitó a remitir el expediente contentivo de los procesos acumulados.

1.5.2.5. La Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial y las demás partes
vinculadas guardaron silencio, no obstante estar debidamente notificadas.

1.5.3. Sentencia de primera instancia

41. El Consejo de Estado, Sección Primera dictó sentencia el 27 de enero de
2022, en la que resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR improcedente la tutela respecto a la controversia
jurídica de la condena en costas y de la causal de violación directa de la
Constitución, por el no cumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la tutela respecto a la causal de
decisión sin motivación, por el no cumplimiento del requisito de
subsidiariedad, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: NEGAR las pretensiones del amparo, frente al defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, y su concurrencia con el defecto
fáctico cuando se omite decretar pruebas de oficio, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: No emitir pronunciamiento de fondo frente a la segunda
pretensión invocada por los actores en su escrito de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.”

42. Con respecto a la condena en costas, consideró que se trataba de un asunto
netamente económico que fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que
no le correspondía a la jurisdicción constitucional realizar un pronunciamiento
adicional, pues implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia
judicial y desnaturalizaría el mecanismo, convirtiéndolo en una instancia adicional.

43. Aseveró que tampoco estaba acreditado el requisito de relevancia
constitucional frente a la causal de violación directa de la Constitución, porque los

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actores no cumplieron con la carga argumentativa de establecer las razones
jurídicas que acreditaran que el juez colegiado efectuó una i) interpretación de las
normas jurídicas contrarias a la Constitución, o ii) que en la solución del caso se
dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional.

44. Con respecto al cargo de tratarse de una decisión sin motivación, el a quo
constitucional consideró que no se demostró el requisito de subsidiariedad, por
cuanto la parte actora contaba con el recurso extraordinario de revisión, el cual
procede por la causal de nulidad originada en la sentencia en aquellos.

45. Estudió el argumento referido a la omisión en que los tutelantes consideraron
que incurrió la autoridad accionada en decretar las pruebas de oficio que
considerara necesarias para fallar el caso, con fundamento en los lineamientos
expuestos por la Corte Constitucional para el defecto procedimental absoluto por
exceso ritual manifiesto, en concurrencia con el defecto fáctico.

46. Al respecto, examinó la argumentación consignada en la sentencia
cuestionada, para concluir que no se configuró, porque la carga de la prueba era
de la parte demandante, en los términos del artículo 177 del Código de
Procedimiento Civil, aplicable al proceso por la fecha de presentación de la
demanda, y no se advertían circunstancias excepcionales que permitieran invertir
esa carga.

47. Concluyó que no se advertía que la decisión fuera irrazonable o arbitraria y
que la sentencia se dictó en aplicación del principio de la autonomía de la que
gozan los jueces.

48. Finalmente, se pronunció sobre la pretensión encaminada a que “ Se conmine a
la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado a adicionar su sentencia del
15 de agosto de 2018, atacada mediante la presente acción de tutela, en el sentido de
dejar a salvo los derechos de las personas que, basadas en el principio de la confianza
legítima, formularon sus demandas bajo la jurisprudencia de esa misma corporación
vigente al momento de los hechos y de la presentación de las mismas.”

49. Señaló que la referida sentencia fue dejada sin efectos, en providencia dictada
el 15 de noviembre de 2019, proferida por la Sección Tercera, Subsección “B” del
Consejo de Estado, confirmada por la Corte Constitucional en la SU-363 de 2021,
por lo que no era dable realizar pronunciamiento alguno.

50. La sentencia de tutela fue notificada por medios electrónicos a las partes e
intervinientes el 4 de febrero de 2022.

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1.5.4. Impugnación

51. Mediante escrito remitido por correo electrónico 10 de febrero de 2022 a la
Secretaría General del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la parte
accionante impugnó el fallo de primera instancia, con el fin de que se revocara y
se accediera a la petición de amparo constitucional.

52. La parte recurrente insistió en la omisión que se presentó, tanto en el proceso
ordinario de reparación directa como en la sentencia que se dictó en primera
instancia en la acción de tutela, en el sentido de condenar a la Policía Nacional por
haber convocado una rueda de prensa con ocasión de la captura y haber señalado
a los investigados como autores del millonario hurto a la empresa Brinks y por no
tener en cuenta la prueba testimonial del perjuicio que ello irrogó a los
accionantes.

53. Afirmó que, al no haberse resuelto sobre tal extremo de la litis, la sentencia
censurada incurrió en “falta de motivación, o en un evidente, grave y determinante
defecto fáctico, en una manifiesta y grave deficiente motivación, en un manifestó y grave
defecto sustantivo por violar el artículo 55 de la Ley 270 de 1996 – Estatutaria de la
Administración de Justicia y en un manifiesto y grave defecto procedimental.”

54. Consideró que en el presente caso no cabe el recurso extraordinario de
revisión, como lo concluyó la Sección Primera del Consejo de Estado, por cuanto
la sentencia no carece totalmente de motivación ni se pretermitió íntegramente la
instancia, circunstancias que darían lugar a la nulidad originada en la sentencia.
Aclaró que, lo que se alega es una deficiente motivación o una motivación
errónea.

55. Afirmó que tampoco es cierto que no exista un perjuicio irremediable por la
deshonra que día a día están sufriendo las víctimas directas de la privación
injusta, que constituye un daño continuado o permanente.

56. Reiteró el argumento del cambio en la posición jurisprudencial que se presentó
al interior del Consejo de Estado, que constituyó la causa por la cual la parte
actora omitió allegar las resoluciones proferidas en el proceso penal para imponer
la medida de aseguramiento con detención preventiva en establecimiento
carcelario.

57. Reiteró que, con fundamento en la línea jurisprudencial vigente para la época
de presentación de la demanda únicamente debía acreditarse la privación de la
libertad y la resolución de preclusión, motivo por el cual le correspondía a la
autoridad accionada decretar de oficio las pruebas que considerara necesarias
para resolver el caso sometido a su consideración y tal poder oficioso no fue
desplegado.

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58. Manifestó que tampoco compartía la decisión de declarar la falta de relevancia
constitucional frente a la omisión de condenar en costas a la parte demandada
cuando la misma había obstruido y dilatado el proceso, con lo cual revictimizó a
los accionantes que tenían derecho a una justicia pronta y sin dilaciones
injustificadas.

59. Finalmente, sobre la disposición de no pronunciarse sobre la pretensión
segunda de la demanda de tutela encaminada a que se adicionara al fallo del 15
de agosto de 2018, la parte recurrente señaló que, a pesar de que fue dejada sin
efectos, sigue teniendo aplicación a pesar de que, de manera expresa, no se
mencione, como había ocurrido en su caso.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

60. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por la parte
actora en contra de la sentencia del 27 de enero de 2022, dictada por el Consejo
de Estado, Sección Primera, de conformidad con lo establecido en el artículo 86
de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 así como en el artículo 13 del
Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestiones previas

2.2.1. Referida la vinculación de las partes que intervinieron en el proceso
que dio lugar a la sentencia de unificación dictada el 15 de agosto de 2018

61. La Sala advierte que, si bien en el auto admisorio de la demanda de tutela
dictado por el magistrado ponente de la Sección Primera del Consejo de Estado
no se dispuso la notificación a las partes que conformaron el externo activo de la
litis en el proceso que dio lugar al proferimiento de la sentencia de unificación de
jurisprudencia dictada el 15 de agosto de 2018, lo cierto es que dicha vinculación
no era necesaria por cuanto, en esta sede, no se pretende que la misma se deje
sin efectos, sino que se adicione, para determinar la vigencia de las reglas de
unificación hacia el futuro.

62. En consecuencia, aun cuando procediera la pretensión de adición del fallo, lo
cierto es que no afectaría los derechos de quienes actuaron en el proceso, lo cual
aunado a que dicha providencia fue retirada del ordenamiento jurídico incluso
antes de ejercerse la presente acción y, por ende, no existe, no resultaba
necesaria la vinculación de los terceros en cuestión.

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2.2.1. Referida a la falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por la
Policía Nacional

63. En el escrito de contestación de la demanda la Policía Nacional formuló la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, que sustentó en no ser
la causante de la vulneración y en haber sido excluida del proceso ordinario de
reparación directa desde el proferimiento de la sentencia de primera instancia del
proceso ordinario, argumento que no fue objeto de pronunciamiento en el fallo
objeto de impugnación.

64. Al respecto, la Sala precisa que la institución fue vinculada en calidad de
tercero con interés en el resultado de la actuación, en consideración a que fungió
como parte pasiva de la litis en el proceso que se tramitó para determinar si existía
o no responsabilidad derivada de sus actuaciones u omisiones.

65. En consecuencia, es evidente que cualquier decisión que se adopte en sede
de tutela en relación con la pretensión encaminada a que se deje sin efectos la
sentencia que se dictó en la segunda instancia del proceso de reparación directa
la puede afectar, máxime cuando una de las principales inconformidades que
suscita la providencia hace referencia a la falta de pronunciamiento sobre la
afectación al buen nombre de la parte actora como consecuencia de la noticia
divulgada por los medios de comunicación y que fue suministrada por la Policía
Nacional.

66. En consecuencia, no se encuentra configurada en el caso concreto la falta de
legitimación alegada, constituyendo la vinculación a este proceso la oportunidad
con la que cuenta la Policía Nacional para ejercer el derecho de defensa, por lo
que la Sala resolverá en forma desfavorable la solicitud de desvinculación
consecuencial.

2.2.2. Referida a la solicitud de adición de la sentencia dictada el 15 de
agosto de 2018 por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de
Estado

67. La Sala no se pronunciará sobre la pretensión encaminada a que se conmine
a la Sala Plena de la Sección Tercera para que adicione la sentencia dictada el 15
de agosto de 2018, por las mismas razones expuestas por el juez constitucional a
quo –que lo llevaron a adoptar la resolutiva contenida en el numeral cuarto del
fallo– y, adicionalmente, porque esa decisión no fue objeto de cuestionamiento en
la impugnación.

68. En efecto, en el recurso únicamente se manifestó que, aun cuando la
sentencia se hubiera dejado sin efectos, se seguía aplicando sin mencionarla,
como había ocurrido en su caso, aspecto sobre el cual se le aclara al actor que la
ratio de la sentencia dictada el 7 de octubre de 2020 y que se censura en esta
oportunidad se sustentó en las sentencias C-037 de 1996 y SU-072 del 2018,

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dictadas por la Corte Constitucional y no en el fallo de unificación del Consejo de
Estado que fue dejado sin efectos.

69. En la primera de las sentencias citadas, la Corte aclaró que el término
“injustamente”, contenido en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, se refiere a “una
actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de
forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni
razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así,
entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese
privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención
es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave
lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados.”

70. Con fundamento en lo anterior, en la sentencia de constitucionalidad se
concluyó que, “Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la
consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de
justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en
consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha
producido la detención.”

71. Por su parte, el fallo de unificación dictado por la Corte Constitucional en sede
de eventual revisión y que fue aplicado por autoridad judicial accionada al dictar la
sentencia que la parte actora cuestiona, concluyó que “en el caso de la privación
injusta de la libertad la Corte, ciñéndose exclusivamente al texto normativo y teniendo en
cuenta las dos premisas señaladas, esto es, que el artículo 90 de la Constitución no
define un título de imputación y que, en todo caso, la falla en el servicio es el título de
imputación preferente, concluyó en la sentencia C-037 de 1996 que el significado de la
expresión "injusta" necesariamente implica definir si la providencia a través de la cual se
restringió la libertad a una persona mientras era investigada y/o juzgada
fue proporcionada y razonada, previa la verificación de su conformidad a derecho.”

2.3. Problemas jurídicos

72. Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia del 27 de enero de 2022, proferida por el Consejo de Estado –
Sección primera en la acción de tutela del vocativo de la referencia, instaurada por
la parte accionante con el fin de reclamar el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia.

73. En consecuencia, con fundamento en el examen de la situación fáctica
expuesta por la parte actora, de la valoración del material probatorio recaudado,
de las causales de procedibilidad de la acción de tutela invocadas y de los
argumentos expuestos en el libelo introductorio y en la impugnación, el primer
problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en determinar si
concurren en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela.

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74. De encontrarse superados los mismos, la Sala establecerá si la autoridad
accionada vulneró los derechos de la parte actora, al haber negado las
pretensiones de la demanda que buscaban la indemnización de los perjuicios
ocasionados por la privación de la libertad que sufrieron los señores Gustavo
Álvarez Villarreal y Édgar Fernando Velásquez Pereira y por no haberse
pronunciado sobre el daño al buen nombre que los accionantes derivan de las
noticias suministradas por la Policía Nacional al momento de la captura.

75. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva;
y iii) el análisis del caso concreto con fundamento en los cargos propuestos en la
demanda de tutela y en el escrito de impugnación.

2.4. Razones jurídicas de la decisión.

2.4.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

76. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
20122 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 3 y declaró su
procedencia4.

77. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y; iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho
que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de
estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que
se analice el fondo del asunto.

78. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
3 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
4 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

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79. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4.2. Requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.2.1. Tutela contra tutela

80. La Sala observa que no existe reparo alguno en cuanto hace referencia al
juicio de procedibilidad, toda vez que, frente al primero de estos aspectos, no se
trata de una tutela contra decisión de la misma naturaleza, pues el trámite
cuestionado corresponde a un proceso de reparación directa instaurado por los
accionantes en contra de la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la
Nación y la Policía Nacional.5

2.4.2.2. Inmediatez

81. En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte
ningún reproche, porque la parte actora considera vulnerados sus derechos con la
providencia dictada en segunda instancia por el Consejo de Estado – Sección
Tercera – Subsección “C” el 7 de octubre de 2021, la cual al haberse tramitado
bajo las reglas del Código Contencioso Administrativo, fue notificada por edicto
que se fijó entre el 13 y el 18 de mayo de 2021, de tal manera que cobró ejecutoria
el 21 de mayo de la citada anualidad.

82. Lo anterior, según la siguiente constancia obrante en el expediente del
proceso ordinario:

5 En igual sentido, se encuentran las siguientes: Consejo de Estado, Sección Quinta: sentencia del

27.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00014-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez;
sentencia del 27.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00400-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra;
sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00092-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra;
sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00179-00, M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio; sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00141-00, M.P. Luis Alberto Álvarez
Parra; sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-04788-01, M.P. Rocío Araújo Oñate;
sentencia del 13.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00137-00, M.P. Rocío Araújo Oñate;
sentencia del 13.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00037-00, M.P. Rocío Araújo Oñate;
sentencia del 6.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05346-00, M.P. Rocío Araújo Oñate;
sentencia del 6.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05202-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.

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83. Por su parte, el escrito de tutela se radicó el 16 de noviembre de 2021, según
el correo electrónico remitido a la Secretaría General, por lo que se evidencia que
se presentó en un plazo inferior a seis (6) meses que se considera razonable, de
acuerdo con la posición unificada del Consejo de Estado.

84. Lo anterior aun cuando haya sido asignada por reparto el 24 de noviembre de
2021, que es el extremo temporal que tuvo en cuenta la autoridad accionada para
solicitar que se declarara la improcedencia de la acción por incumplimiento del
requisito de inmediatez, que la Sala encuentra superado.

2.3.2.3. Subsidiariedad

85. En lo referente a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial para
obtener la protección de los derechos fundamentales que la parte actora considera
vulnerados, la Sala precisa que la sentencia fue dictada en segunda instancia, sin
que contra tal decisión procedan recursos ordinarios adicionales, habiendo puesto
la providencia fin al proceso.

86. En el presente caso no es posible tener como mecanismo idóneo de defensa
judicial en relación con la sentencia dictada por la autoridad accionada el 7 de
octubre de 2020, el recurso extraordinario de revisión y el de unificación de
jurisprudencia, el primero porque los argumentos expuestos no encuadran en
alguna de las causales taxativas consagradas en el artículo 250 de la Ley 1437 de
2011 y el segundo porque la sentencia fue dictada por la Sala especializada del
Consejo de Estado, como corporación de cierre, sin que sea pasible de este medio
de impugnación.

87. En este punto le asiste la razón a la parte recurrente cuando afirma que no
existe una falta total de motivación, que sería aquella que permite estructurar la
causal de nulidad originada en la sentencia, sino que lo que se presenta es una
ausencia parcial en relación con la omisión en el pronunciamiento sobre la
existencia de un perjuicio al buen nombre de los accionantes.

88. Cabe destacar que únicamente configura la nulidad que podría ser objeto de
revisión una falta total de motivación, como lo ha reconocido el Consejo de
Estado, entre otros pronunciamientos, en la sentencia del 5 de abril de 20166, en
la que explicó:

“…
10. En relación con la nulidad originada en la sentencia por ausencia de
motivación, la jurisprudencia de esta Corporación ha diferenciado la falta
absoluta de motivación de la deficiente o errada, y ha señalado que
únicamente la carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones de
hecho o de derecho que le permiten arribar a una decisión, es motivo de
revisión bajo la causal sexta. De manera que es improcedente, con
fundamento en dicha causal, alegar situaciones relacionadas con deficiencias

6Consejo de Estado, Sala Catorce Especial de Decisión, M.P. Danilo Rojas Betancourth, Rad.
Radicación: 110010315000 2008 00320 00

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en la motivación derivadas, por ejemplo, de la estimación errada de las
pruebas o de los hechos por parte del juez; de la indebida interpretación de las
normas jurídicas aplicadas; o del desconocimiento del precedente judicial
(…).7”

89. La Sala pone de presente que fueron los tutelantes quienes alegaron
simultáneamente falta total de motivación, falta parcial de motivación y deficiente
motivación, circunstancias que devienen excluyentes entre sí, pues no es posible
su configuración simultánea.

90. Sin embargo, la parte actora contó en su oportunidad con la posibilidad de
solicitar la adición de la sentencia, ante la alegación relacionada con la omisión en
la resolución de alguno de los extremos de la litis, en forma concreta sobre la falta
de pronunciamiento por parte de la autoridad accionada en torno a la pretensión
indemnizatoria del perjuicio al buen nombre que –en su sentir– le ocasionó la
Policía Nacional, por la divulgación de la noticia sobre la captura y la autoría del
ilícito.

91. Lo anterior al tenor de lo dispuesto por el artículo 287 del Código General del
Proceso, aplicable por integración normativa, en virtud del cual “Cuando la sentencia
omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que
de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por
medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de
parte presentada en la misma oportunidad.”

92. No obra en el expediente justificación alguna de las razones por las cuales la
parte actora, no obstante haber tenido a su disposición la posibilidad de solicitar la
adición de la sentencia, no hizo uso del mecanismo idóneo y eficaz de defensa
judicial que tuvo a su alcance.

93. La declaratoria de subsidiariedad por no haberse solicitado la adición del fallo,
en relación con la omisión de resolver sobre la responsabilidad de la Policía
Nacional por el daño al buen nombre, cobija el cargo que la parte actora denominó
defecto fáctico por no haberse valorado las pruebas documentales y testimoniales
que daban cuenta de la afectación que sufrieron por la divulgación de la noticia,
por constituir el sustento probatorio de la pretensión que a su juicio se dejó de
resolver.

2.4.2.4. Relevancia constitucional

94. Sobre este requisito la Sala comparte plenamente la conclusión del a quo
constitucional en cuanto a que la reclamación relacionada con la falta de condena
en costas a la autoridad demandada en el proceso ordinario de reparación directa

7 Si bien la sentencia citada hace referencia a las causales contempladas en el Decreto 01 de

1984, tiene plena vigencia en relación con la invocada por el recurrente que se encuentra
contemplada actualmente en el numeral 5º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, que consagra
como supuesto de hecho la nulidad originada en la sentencia.

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carece de relevancia constitucional, por cuanto se trata de una reclamación de
carácter exclusivamente económico y patrimonial que no transciende a la órbita
constitucional8.

95. Con respecto al cargo de defecto fáctico, la Sala entiende superado este
requisito, por cuanto al realizar el test de procedibilidad de la acción en relación
con los supuestos fácticos de la demanda y las pretensiones, se advierte que la
parte actora solicita la garantía de los derechos al debido proceso, a la igualdad y
de acceso a la administración de justicia, que considera vulnerados con la
providencia que negó las pretensiones de la demanda de reparación directa por
privación de la libertad y que omitió pronunciarse sobre el perjuicio que se le
ocasionó al buen nombre por parte de la Policía Nacional9.

96. Los tutelantes alegaron la vulneración del derecho al debido proceso, desde la
perspectiva constitucional consagrada en el artículo 29 de la Carta, lo que implica
que la misma trascienda el ámbito meramente legal. Adicionalmente, se solicita el
acceso a la administración de justicia que encuentra clara protección convencional
y constitucional.

97. En consecuencia, no se trata de un debate de orden exclusivamente legal, el
cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el titular del derecho o el
interesado legítimo quede en un estado de indefensión, de tal manera que al
existir la eventualidad de que no haya obtenido la protección de sus derechos ante
el juez contencioso administrativo, natural de la causa ordinaria, quien tenía la
obligación de constituirse en garante de los derechos fundamentales asumiendo el
rol de juez de constitucionalidad y/o de convencionalidad, puede comparecer al
juez de tutela, quien deberá analizar el caso de acuerdo con los postulados del
Estado Social de Derecho.

98. La conclusión anterior deviene de la consideración de que el asunto es de
relevancia constitucional cuando resulta necesario verificar si subsiste la violación
o amenaza a los derechos fundamentales, después de haber agotado el
procedimiento judicial establecido por la ley para su protección.

97. Adicionalmente, la relevancia constitucional implica que el asunto de la acción
de tutela tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del
6.08.2020, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio
9 Según el artículo 86 de la Constitución, la finalidad de la acción de tutela es conjurar aquellas

situaciones en que la decisión de la autoridad judicial incurre en graves falencias, de relevancia
constitucional, que conllevan una decisión incompatible con la Constitución (Sentencia T-817 de
2012 de la Corte Constitucional). Por tal razón, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que
uno de los requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias
judiciales es que el asunto tenga evidente relevancia constitucional; esto es, que se oriente a la
protección de derechos fundamentales (Sentencia SU-573 de 2017, reiterando las consideraciones
expuestas en la C-590 de 2005) esto se refiere a que “involucre garantías superiores y no sea de
competencia exclusiva del juez ordinario”(Sentencia SU-050 de 2018).

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aplicación, para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales y libertades públicas.10

99. Al encontrarse superados los requisitos de procedibilidad adjetiva, con
respecto a los demás cargos con excepción de la condena en costas, que no
superó la relevancia constitucional, y la omisión en resolver uno de los extremos
de la litis, cargo que no cumplió con el requisito de subsidiariedad, corresponde a
la Sala analizar el fondo del asunto, para resolver únicamente el cargo según el
cual a la parte actora no le correspondía acreditar sino la privación y la decisión
absolutoria11.

2.4.3. Examen del caso concreto - Argumento relacionado con que el cambio
en la posición jurisprudencial le impidió acreditar el daño antijurídico

100. La parte actora argumentó que la deficiencia probatoria encontrada en el
proceso no le era atribuible, por cuanto la responsabilidad del Estado se examinó
bajo una línea jurisprudencial diferente de aquella que se encontraba vigente al
momento de los hechos y de la presentación de la demanda.

101. Sin embargo, la prueba de la existencia del daño, bajo cualquiera de los
títulos de imputación reconocidos siempre ha estado a cargo de la parte
demandante, sin que esta actividad probatoria pueda ser suplida por el juez con el
decreto de pruebas de oficio en la segunda instancia del proceso, pues ello tiene
unas condiciones excepcionales que no concurren en el caso concreto, como
acertadamente lo concluyó el a quo constitucional, en tanto no es posible
desequilibrar la igualdad de las partes frente al proceso.

102. La Corte Constitucional ha considerado que el funcionario deber decretar
pruebas de oficio “(i) cuando a partir de los hechos narrados por las partes y de los
medios de prueba que estas pretendan hacer valer, surja en el funcionario la necesidad
de esclarecer asuntos indefinidos de la controversia; (ii) cuando la ley le marque un claro
derrotero a seguir; o (iii) cuando existan fundadas razones para considerar que su
inactividad puede apartar su decisión del sendero de la justicia material.”12

103. En estos casos no puede considerarse incluida la prueba del daño ni de su
antijuridicidad, pues “el decreto de pruebas de oficio en segunda instancia debe
realizarse con el objetivo de buscar la verdad de los hechos objeto de debate, pero sin

10 Ver al respecto: Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate: sentencia del

27.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00004-00; sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-
000-2019-05258-00; sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05291-00; sentencia
del 13.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00137-00; sentencia del 13.02.2020, Exp. 11001-03-
15-000-2019-05354-00; sentencia del 6.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05153-00; sentencia
del 30.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05121-00; sentencia del 30.01.2020, Exp. 11001-03-
15-000-2019-05167-00; sentencia del 23.01.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
sentencia del 23.01.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
11 Sobre la relevancia constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse esta Sección en varias

sentencias de tutela, de las cuales cabe destacar la sentencia del 5.12.2019, M.P. Rocío Araújo
Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04724-00.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-113 del 14.03.2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-09918-01

incurrir en la ruptura de las cargas procesales de las partes y sin corregir la actividad
probatoria de quien ejerce o resiste la acción. Además, debe respetarse el equilibrio entre
las partes y garantizar que la prueba sea adecuadamente controvertida. Ello es
especialmente relevante cuando se trata de un medio de conocimiento practicado de
oficio en segunda instancia, toda vez, que, prima facie, no existen medios procesales para
atacar ampliamente dicha sentencia.”13

104. Adicionalmente, tal como se expuso en esta providencia al desarrollar el tema
relacionado con la posición jurisprudencial con fundamento en la cual se resolvió
el caso, se advierte que la misma es anterior a los hechos y a la presentación de
la demanda, en tanto se aplicó la ratio contenida en la sentencia de
constitucionalidad C-037 de 1996, de obligatorio cumplimiento en los términos
establecidos por el artículo 242 de la Constitución Política.

105. Por esta razón el cargo no está llamado a prosperar, en tanto no tiene la
capacidad de desvirtuar la razonabilidad y carencia de arbitrariedad de la decisión
censurada.

2.4. Conclusiones

106. Las anteriores razones son suficientes para concluir que i) no se superaron
los requisitos adjetivos de procedibilidad con respecto a la condena en costas y la
omisión en resolver sobre la responsabilidad de la Policía Nacional con respecto al
perjuicio al buen nombre que los accionantes pretenden irrogarle; y ii) no se
configuraron los defectos alegados por la parte actora y, por lo tanto, no se
afectaron las garantías constitucionales invocadas.

107. Lo anterior porque la providencia objeto de cuestionamiento fue razonable y
atendió a las reglas jurisprudenciales incluida la sentencia de constitucionalidad
del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, así como a las pruebas recaudadas en el
expediente, por lo que, con respecto a estos cargos se confirmará la negativa del
amparo.

116. En consecuencia, corresponde confirmar la sentencia de primera instancia,
pero por las consideraciones expuestas en esta oportunidad.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

13 Corte Constitucional, Sentencia T-615 del 16.12.2019, M.P. Alberto Rojas Rios

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FALLA:

PRIMERO: DECLARAR no configurada la falta de legitimación en la causa por
pasiva de la Policía Nacional.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 27 de enero de 2022, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Primera.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en los términos previstos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http//relatoria.consejodeestado.gov.co.8081

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