República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-10006-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
10 de febrero de 2022
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-10006-00
Demandante: Yinis Lucía Sánchez Pitre
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá D. C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10006-00
Demandante: Yinis Lucía Sánchez Pitre
Demandados: Presidencia de la República, Consejo Superior de la Judicatura y
otros
Temas: Recurso de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios / Términos / Debido proceso administrativo
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
1. La acción de tutela
La señora Yinis Lucía Sánchez Pitre promueve acción de tutela contra la Presidencia
de la República, el Consejo Superior de la Judicatura, la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios de Bogotá y Barranquilla, Afinia -Grupo E. P. M., la sociedad
Caribemar de la Costa S. A. S., E. S. P. y la Procuraduría General de la Nación, por
estimar vulnerados sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia y el principio de seguridad jurídica.
1.1. Pretensiones
En protección de los derechos reclamados solicita:
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-10006-00
Demandante: Yinis Lucía Sánchez Pitre
PRIMERO: ORDENAR a la empresa de energía eléctrica, que se abstenga de suspenderme
de forma unilateral el servicio de energía y mucho menos con solo el aviso de suspensión
como lo viene haciendo, sino conforme lo establece el artículo 154 de la Ley 142 de 1994
que manifiesta que sobre la suspensión proceden los recursos de reposición y apelación
para garantizar el debido proceso, derecho de defensa, legalidad, igualdad y de
conformidad a los precedentes de la Corte Constitucional establecido en estas
sentencias SU-1010/08 C-150/2003, T-1108/02, T-881 de 2002, T-793 del 2012, T761
de 2015, T-206/2021.
SEGUNDO: EL JUEZ CONSTITUCIONAL LE DE CUMPLIMIENTO A LOS PRECEDENTES Y LA
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL QUE HAN dejado a estas
empresas conceder el derecho de petición y al debido proceso ordenando el rompimiento
de la solidaridad.
TERCERO. El juez constitucional prevenga de acuerdo al artículo 24 del decreto 2591 de
1991 al gerente general AFINIA EL DOCTOR JAVIER LASTRA Y A LA SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS LA DOCTORA NATACHA GARCIAS, y a la
superintendencia zona norte barraquilla conforme al artículo 10 de la Ley 1437 del 2011,
haga extensiva los precedente y la jurisprudencia y el procedimiento que has establecido
la cortes constitucional ante de suspender el servicios de energía, donde esta empresa
lo vienen haciendo diariamente en todas las costa y durante 26 años.
CUARTO: El juez constitucional ordene al presidente Iván Duque y a la Superintendencia
de Servicios Públicos la doctora Natacha García que conforme a los artículos 365 al 370
de la constitución desarrollado por los artículos 75 y 79 y el artículo 159 de la ley 142 de
1994 Y LAS SENTENCIAS SU-1010/08 C-150/2003, T-1108/02, T-881 de 2002, T-793 del
2012, T761 de 2015, T-206/2021, cumplan sus funciones ,debido que durante 26 años
no lo vienen haciendo , permitiendo que las empresas de servicios públicos violen los
artículos 128,129,130,140,141,154,155,159 de la Ley 142 de 1994 y los precedente ,y la
jurisprudencia
QUINTO. Ordene a la superintendencia de servicios públicos la doctora Natacha García
que se abstenga de seguir durando hasta 900 días para fallar un recurso de apelación,
o de queja ocasionándole a los suscriptores y usuarios un perjuicio irremediable, debido
que cuando quiera fallar la superservicios, ya los arrendatarios se han ido y dejando la
deuda.
SEXTO: Que el juez constitucional ordene a la doctora Natacha García superintendencia
de servicios públicos para que imparta funciones a las superintendencia zona norte de
barranquilla y a la empresa air-e, Afinia y cumplan los mandatos constitucionales con
sagrado en el artículo 84 de la constitución ley 1755 del 2015,decreto 019 del 2012 , y la
sentencia de tutela de segunda instancia TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN B Bogotá DC, veintisiete (27) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021),que ordeno a la superservcicio abstenerse de seguir exigiendo requisito,
obstruyendo el derecho de petición
SÉPTIMO: QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL ORDENE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA
NACIÓN, SI LO CREE CONVENIENTE INVESTIGUE DISCIPLINARIAMENTE AL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA IVAN DUQUE Y A LA DOCTORA NATACHA GARCIA POR NO EJERCER LAS FUNCIONES
CONSTITUCIONALES ESTABLECIDA EN LOS ARTÍCULOS 365 AL 370 DE LA CONSTITUCIÓN
DESARROLLADOS POR LOS ARTÍCULOS 75 Y 79, 159 DE LA LEY 142 DE 1994 Y LA SENTENCIA
C-263 DE 1996 o en su lugar, darle aplicabilidad a los artículos 23 y 24 del decreto 2191
de 1991, exigiéndole, que en adelante a sumas sus competencias, como es la vigilancia
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-10006-00
Demandante: Yinis Lucía Sánchez Pitre
control obligando a las empresa cumplir la constitución los precedente y los artículos
128,129,130, 140, 141, 152,153, 154,155, y 159 de la ley 142 de 1994, p
OCTAVO. QUE el consejo de la judicatura ordene a este juez constitucional, y demás
jueces y magistrados de conformidad El numeral 3º y 6 del artículo 256 de la Carta
Política prevé como una de las funciones del Consejo Superior de la Judicatura, la de
“examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial.
NOVENO: QUE el juez constitucional SI DECIDE NO tutelar mis derechos fundamentales de
petición y el debido proceso administrativo, y los precedentes y la jurisprudencia de
igualdad debe de motivar la razones que se aparta de los precedentes que de
conformidad con las sentencias SU-1010/08 C-150/2003, T-1108/02, T-881 de 2002, T-
793 del 2012, T761 de 2015, T-206/2021.
DÉCIMO. Que el juez constitucional ordene a la empresa AFINIA ORDENANDO A LA EMPRESA
DE ENÉRGIA ELÉCTRICA decretar el rompimiento de la solidaridad y garanticen mis
derechos fundamentales, de petición, la administración de justicia, debido proceso
administrativo, E IGUALDAD, PRINCIPIO DE Seguridad jurídica a, y así cumplir un deber
constitucional o legal; reconocido mi derecho como propietario de este inmueble.
DÉCIMO PRIMERO: Que el juez constitucional ordene al gerente general de Afinia y hacer
extensiva los precedente de la cortes constitucional en las siguientes sentencias de
tutelas, donde han reiterado que las empresas de servicios públicos no suspendieron el
servicios conforme al artículo 140 y 141 de la ley 142 de 1994, por lo que deben de
garantizar el derecho de petición decretando el rompimiento de la solidada consagrada
en el artículo 130 de la ley 142 de 1994 , por lo que no es potestativo del gerente de
afinia concederla o no es una obligación
DÉCIMO SEGUNDO: Que el juez constitucional ordene al gerente general de AFINIA que
ante de tomar la decisión de suspenderme el servicios debe expedir una acto
administrativo conforme a los artículos 130,140,141, 154 de la ley 142 de 1994 y las
SENTENCIAS T-636/06,T485/01,1108/
DÉCIMO TERCERO: que el juez constitucional de acuerdo al artículo 10 de la ley 1437 del
2011 y los artículos 4 13 de la constitución inaplique el contrato de condiciones uniforme
y decrete el rompimiento de la solidaridad y el derecho a la igualdad, así mismo este juez
haga extensiva las sentencias DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA CON
RADICADO 11001-33-34-003-2021- 00234-01 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
DÉCIMO CUARTO: QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL ORDENE A LA GERENTE GENERAL DE AFINIA
POR EJERCER FUNCIONES PÚBLICAS, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 1437 DE 2011
HAGA EXTENSIVA LA SENTENCIA DE TUTELA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA CON RADICADO 11001-33-34-003-2021-00234-01 DEL 27 DE SEPTIEMBRE
DE 202 QUE DECLARO EXEQUIBLE LA LEY ESTATUTARIA 1755 DE 2015.
DÉCIMO QUINTO: para garantizar el derecho de petición, administración de justicia,
derecho de igualdad debido proceso administrativo, garantizar el mínimo vital de energía,
a la salud, a la dignidad humana, el derecho a la educación, y a una vivienda digna,
solicito que el juez constitucional decrete la siguiente medida cautelar urgente, ORDENAR
a la empresa de energía eléctrica, que se abstenga de suspenderme el servicio de forma
unilateral el servicio de energía y mucho menos con solo el aviso de suspensión, sino
conforme como lo establece el artículo 154 de la ley 142 de 1994 que manifiesta que
sobre la suspensión proceden los recursos de reposición y apelación para garantizar el
debido proceso, derecho de defensa, legalidad, igualdad y de conformidad a los
precedente de la corte constitucional establecido en estas sentencias SU1010/08 C-
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-10006-00
Demandante: Yinis Lucía Sánchez Pitre
150/2003, SU-1010 DEL 2008,761 DEL 2015, T-1006/06, T-581/08,T-525/05,T-792/09,
T223/07, C-493/1997, C-558 de 2001 C-389/02 y la Sentencias de tutelas T-1108/02, T-
881 de 2002, y la T-793 DEL 2012, T-761 DEL 2015, T-206/2021. (Transcripción literal)
1.2. Hechos de la solicitud
Del confuso y farragoso escrito de tutela, como hechos relevantes se pueden extraer
lo siguiente:
La señora Yinis Lucía Sánchez Pitre, promueve el mecanismo de amparo contra las
autoridades reseñadas, con la finalidad de que se tutelen sus derechos fundamentales
de petición, al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y el principio
de seguridad jurídica, comoquiera que la empresa Afinia -Grupo EPM actuó con
«negligencia» al permitir el endeudamiento progresivo en el pago de la factura de la
luz, al parecer, de un inmueble de su propiedad, toda vez que no utilizó los
mecanismos que tenía para exigir el pago adeudado.
A través del consecutivo 202170097921 del 13 de abril del 2021, dicha empresa negó
el rompimiento de la solidaridad e insistió en el pago solidario de la deuda, respuesta
contra la cual en tiempo promovió el recurso de apelación ante la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, sin que hasta la fecha haya emitido pronunciamiento
alguno, superando ampliamente los términos establecidos en la Ley 142 de 1994 y la
Ley 1437 de 2011.
1.3. Fundamentos jurídicos de la accionante
Aclarando que el escrito tutelar resulta incomprensible y sin un orden cronológico, esta
Sala puede concluir lo siguiente:
Se señala que la omisión de respuesta al recurso de apelación interpuesto ante la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios contra la decisión proferida por
la empresa Afinia -Grupo EPM, que negó el rompimiento de la solidaridad invocado,
vulnera i) el derecho fundamental de petición, ii) los artículos 130, 140, 141, 150, 155
y 158 de la Ley 142 de 1994 y las sentencias iii) de la Corte Constitucional: a) T-1020
de 2002, T-1108 de 2002, T-49 de 2003, C-150 de 2003 y SU-1010 de 2008, b) del
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-10006-00
Demandante: Yinis Lucía Sánchez Pitre
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, del 27 de septiembre de
2021.
1.4. Actuación procesal
La tutela de la referencia, admitida por auto del 3 de diciembre de 2021, ordenó i)
notificar a la Presidencia de la República, a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, a la empresa Afinia —Grupo E.P.M.— Caribemar de la Costa S.A.S.
E.S.P., a la Procuraduría General de la Nación y al Consejo Superior de la Judicatura,
como accionados, ii) requerir a la empresa Afinia —Grupo E.P.M.— Caribemar de la
Costa S.A.S. E.S.P., para que realice las siguientes acciones: a) envíe copia digital de
todo el expediente relacionado con las solicitudes presentadas por la señora Sánchez
Pitre, b) informe si dio tramite al recurso de apelación interpuesto contra de la decisión
del 13 de abril de 2021, con consecutivo 2021 70097921, iii) requerir a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para que indique si dio trámite al
recurso de apelación presentado por la accionante, en relación con el radicado RE
3110202114917 NIC No 5351235, en contra de la decisión de la empresa Afinia —
Grupo EPM— Caribemar de la Costa S. A.S. E.S.P, con consecutivo 2021 70097921, iv)
no decretar las medidas provisionales solicitadas.
1.5. Intervenciones
1.5.1. La apoderada de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,1
Natalia Inés Idarraga García, aclaró respecto de las órdenes de corte, financiación y la
vinculación de una persona al reclamo de la facturación que se trata de actuaciones
de exclusiva competencia de la empresa Afinia —Grupo EPM— Caribemar de la Costa
S. A.S. E.S.P, y no del resorte de esa entidad.
En relación con el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de la empresa
Afinia, con consecutivo 202170097921 del 13 de abril del 2021, allegado a través del
radicado 20218201086502 del 21 de mayo de 2021, indicó que le fue asignado el
número de expediente 2021820390123232E, y que «a la fecha de presentación de
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Expediente digital de tutela.
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este informe, la superintendencia se encuentra en trámite de estudio y sustanciación
del recurso de apelación, para posterior publicación del fallo según corresponda».
1.5.2. La apoderada de la Procuraduría General de la Nación, Ivonne Margarita
Gómez Camacho, resaltó que pese a lo relatado por la accionante, en lo que concierne
a esa entidad, no hace referencia a que haya radicado alguna solicitud o queja, como
tampoco anexa documento alguno que así lo demuestre; sin embargo, efectuaron un
rastreo en el Sistema de información de Gestión Documental Electrónico y de Archivo
SIGDEA, cuyo resultado no arrojó registro de alguna solicitud o de iniciación de
actuaciones de oficio de carácter disciplinario, preventivo o de intervención con los
datos de la señora Yinis Sánchez Pitre.
En tal virtud, solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva.
1.5.3. La Presidencia de la República, la empresa Afinia —Grupo EPM -Caribemar
de la Costa S. A.S. E.S.P. y el Consejo Superior de la Judicatura,2 a pesar de haber
sido notificados del presente trámite tutelar con el fin de que rindieran el informe
correspondiente, guardaron silencio.
2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y en el numeral 12 del
artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 modificado por el artículo 1 del Decreto
333 de 2021, esta corporación es competente para conocer las acciones de tutela
dirigidas contra las actuaciones del presidente de la República. Igualmente, por fuero
de atracción, se conocerá la vía de amparo promovida contra las demás entidades
tuteladas.
2.2. Problema jurídico
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Expediente digital de tutela.
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El problema jurídico consiste en determinar, en primer lugar, si la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, vulneró a la accionante los derechos fundamentales
de petición, al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y el principio
de seguridad jurídica, al no haber desatado el recurso de apelación interpuesto contra
la decisión proferida por la empresa Afinia el 13 de abril de 2021, a través de
comunicación 202170097921, por medio de la cual negó la ruptura de la solidaridad y
en segundo lugar, si la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la
Nación y el Consejo Superior de la Judicatura omitieron su deber de supervisión y
control de las actividades de las encargadas de la prestación del servicio público de
energía.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. El debido proceso administrativo
El derecho al debido proceso administrativo, recogido en el artículo 29 de la
Constitución Política, se extiende a «toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas». A su vez, el artículo 209 ejusdem y el numeral 1.° del artículo 3.º de
la Ley 1437 de 2011 incluyen el debido proceso como principio fundamental de la
función administrativa.
Por su parte, la Corte Constitucional en la Sentencia C-980 de 2010, señaló que el
debido proceso administrativo debe entenderse como: «(i) el conjunto complejo de
condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento
de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guardan
relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de
manera constitucional y legal». Así mismo, ha precisado que con dicha garantía se
busca «(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de
sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la
defensa de los administrados».
En esa lógica, en lo que respecta a la administración, el debido proceso administrativo
implica una limitación al ejercicio de sus funciones, puesto que en toda actuación,
desde su inicio hasta su finalización, las entidades públicas están obligadas a observar
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-10006-00
Demandante: Yinis Lucía Sánchez Pitre
los parámetros procedimentales determinados en el marco jurídico vigente de manera
restrictiva, lo cual busca minimizar el criterio subjetivo dentro de los procesos y evitar
conductas omisivas, negligentes o de descuido de los funcionarios relacionados con
este.
2.4. Hechos probados
La Sala aclara, que pese al requerimiento efectuado el 3 de diciembre de 2021, a la
empresa Afinia -Grupo EPM para que aportara la copia digital del expediente
relacionado con las solicitudes presentadas por la señora Sánchez Pitre, no fue
atendido, sin embargo, con el libelo tutelar se anexaron las siguientes pruebas:
2.4.1. El 13 de abril de 2021, la empresa Afinia -Grupo EPM a través del consecutivo
202170097921, negó el rompimiento de la solidaridad solicitado por la señora Yinis
Lucía Sánchez Pitre respecto del cobro de la factura de energía, como sustento de su
decisión sostuvo:3
De acuerdo a lo anterior, se establece palmariamente que para declarar la ruptura de
solidaridad se requiere de la probada existencia de los sujetos solidarios, es decir, que
el propietario del inmueble sea una persona diferente al usuario del servicio.
Así mismo, no encontramos prueba alguna sobre que las facturas de energía estaban a
cargo del inquilino, para demostrar el incumplimiento de este en dicho pago.
Al verificar los documentos que adjunta no logra demostrar el contrato de arriendo del
inmueble en que especifique la relación contractual y el periodo en que el predio estuvo
en arriendo, ni logra demostrar la cesión del pago del servicio de energía sobre una
tercera persona distinta al propietario, lo cual debe probarse para que aplique la figura
de la ruptura de solidaridad.
[…]
2.4.2. El 16 de abril de 2021, la señora Yinis Lucía Sánchez Pitre radicó recurso de
apelación y en subsidio el de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios contra la decisión proferida por la empresa Afinia -Grupo EPM. Dicho
recurso fue resuelto el 27 de abril de 2021, por medio del consecutivo 202170112717.4
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Expediente digital de tutela.
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Expediente digital de tutela.
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2.4.3. El 21 de mayo de 2021, la empresa Afinia -Grupo EPM con radicado
20218201086502, remitió el expediente a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, con el propósito de desatar el recurso de apelación interpuesto.5
2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala
En el escrito de tutela presentado por la señora Yinis Lucía Sánchez Pitre contra las
entidades ya referenciadas, solicita la protección de sus derechos fundamentales de
petición, debido proceso, acceso a la administración de justicia y del principio de
seguridad jurídica, comoquiera que la empresa Afina -Grupo EPM, a través del
consecutivo 202170097921 del 13 de abril del 2021, actuó con negligencia al permitir
el endeudamiento progresivo de un inmueble de su propiedad, toda vez que no usó
los mecanismos que tiene para exigir el pago adeudado; sin embargo, esa empresa
desconoció el principio del rompimiento de solidaridad e insiste en el pago
mancomunado para perseguir el desembolso de la deuda, motivo por el cual presentó
el recurso de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
sin que hasta la fecha se haya resuelto.
Así, indicó que la Superintendencia desconoció los términos señalados en la Ley 142
de 1992 para la resolución de los recursos, así como la jurisprudencia de la Corte
Constitucional en ese sentido.
Pues bien, antes de realizar un pronunciamiento sobre la anterior inconformidad, la
Sala de Subsección encuentra necesario aclarar que si bien la accionante alegó la
vulneración de su derecho fundamental de petición, lo cierto es que el derecho que se
discute en el presente asunto se remite al debido proceso administrativo, considerando
que el recurso de apelación interpuesto ante la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios tiene como fin que se aplique el rompimiento de la solidaridad previsto
en el artículo 130 y siguientes de la Ley 142 de 1994, por lo que el análisis del presente
asunto se realizará respecto de este derecho fundamental.
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Expediente digital de tutela.
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Aclarado lo anterior, es preciso recordar, conforme a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional,6 que a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, como
entidad de creación constitucional7 se le encomendó el ejercicio de las funciones
presidenciales de control, inspección y vigilancia de las entidades prestadoras de los
servicios públicos domiciliarios.
Con la adscripción normativa de dichas funciones, se autoriza a la Superintendencia
intervenir y revisar, en determinadas situaciones, las operaciones y decisiones de
quienes prestan servicios públicos domiciliarios, cuando estas vayan en contravía de
las previsiones legales, «a las regulaciones generales del Gobierno sobre
administración y control de su eficiencia, a las disposiciones que a nivel regional o local
se hayan expedido sobre tales servicios, y aun a los propios reglamentos internos del
servicio, adoptados por las empresas prestatarias de éste, con sujeción a la
normatividad superior».8
En igual medida, diferentes disposiciones de la Ley 142 de 1994, con miras a asegurar
la organización, el funcionamiento y la eficiencia de la prestación, otorgan a las
empresas de servicios públicos domiciliarios una serie de derechos y privilegios, entre
otros, la potestad de ejercer la autotutela, propia de las autoridades administrativas,
cuando pueden a través de decisiones unilaterales o actos administrativos definir una
controversia frente al usuario y, por consiguiente, declarar lo que es conforme a
derecho en un caso concreto, e incluso decidir el recurso de reposición contra dichas
decisiones.
Así mismo, dicha ley en los artículos 152 a 159, regula los mecanismos de protección
a los usuarios, entre los cuales se encuentra el derecho de petición y los recursos de
reposición y apelación, así como los requisitos, la oportunidad para su uso, su trámite
y las autoridades competentes para resolverlos.
6
Corte Constitucional, Sentencias C-263 de 1993, T-540 de 1992.
7
Artículo 370: Corresponde al Presidente de la República señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de
administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los
presten.
8
Corte Constitucional, sentencia C-263 de 2006.
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El conocimiento del recurso de apelación por parte de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, se acompasa con las funciones constitucionales y legales a ella
asignada, respecto de la protección de los derechos de los usuarios, considerado
como un medio de impugnación en beneficio de la parte que se estima lesionada con
las decisiones administrativas proferidas por las empresas prestadoras de los servicios
públicos domiciliarios, y su finalidad se concentra en verificar si dichas
determinaciones se ajustan o no a la legalidad, y decidir si las confirma, revoca o las
modifica.
Frente al caso concreto, la señora Yinis Lucía Sánchez Pitre interpuso el recurso de
reposición y en subsidio el de apelación contra el consecutivo 202170097921 del 13
de abril de 2021, por medio del cual la empresa Afinia -Grupo EPM, negó el rompimiento
de la solidaridad respecto del cobro de la factura de energía eléctrica. La reposición
fue desatada por la empresa el 16 de abril siguiente y remitió, el 21 de mayo de 2021,
con radicado 20218201086502 y con destino a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, el recurso de apelación.
Ahora bien, conforme a las previsiones contempladas en los artículos 152, 153 154 y
159 de la Ley 142 de 2020, respecto a las peticiones, quejas o recursos relativas al
contrato de servicios públicos, es como sigue:
ARTÍCULO 152. DERECHO DE PETICIÓN Y DE RECURSO. Es de la esencia del contrato de
servicios públicos que el suscriptor o usuario pueda presentar a la empresa peticiones,
quejas y recursos relativos al contrato de servicios públicos. Las normas sobre
presentación, trámite y decisión de recursos se interpretarán y aplicarán teniendo en
cuenta las costumbres de las empresas comerciales en el trato con su clientela, de modo
que, en cuanto la ley no disponga otra cosa, se proceda de acuerdo con tales
costumbres.
ARTÍCULO 153. DE LA OFICINA DE PETICIONES Y RECURSOS. Todas las personas prestadoras
de servicios públicos domiciliarios constituirán una "Oficina de Peticiones, Quejas y
Recursos", la cual tiene la obligación de recibir, atender, tramitar y responder las
peticiones o reclamos y recursos verbales o escritos que presenten los usuarios, los
suscriptores o los suscriptores potenciales en relación con el servicio o los servicios que
presta dicha empresa. Estas "Oficinas" llevarán una detallada relación de las peticiones
y recursos presentados y del trámite y las respuestas que dieron. Las peticiones y
recursos serán tramitados de conformidad con las normas vigentes sobre el derecho de
petición.
ARTÍCULO 154. DE LOS RECURSOS. El recurso es un acto del suscriptor o usuario para
obligar a la empresa a revisar ciertas decisiones que afectan la prestación del servicio o
la ejecución del contrato. Contra los actos de negativa del contrato, suspensión,
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terminación, corte y facturación que realice la empresa proceden el recurso de
reposición, y el de apelación en los casos en que expresamente lo consagre la ley. No
son procedentes los recursos contra los actos de suspensión, terminación y corte, si con
ellos se pretende discutir un acto de facturación que no fue objeto de recurso oportuno.
El recurso de reposición contra los actos que resuelvan las reclamaciones por
facturación debe interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de
conocimiento de la decisión. En ningún caso, proceden reclamaciones contra facturas
que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las empresas de
servicios públicos. De los recursos de reposición y apelación contra los demás actos de
la empresa que enumera el inciso primero de este artículo debe hacerse uso dentro de
los cinco días siguientes a aquel en que la empresa ponga el acto en conocimiento del
suscriptor o usuario, en la forma prevista en las condiciones uniformes del contrato.
Estos recursos no requieren presentación personal ni intervención de abogado, aunque
se emplee un mandatario. Las empresas deberán disponer de formularios para facilitar
la presentación de los recursos a los suscriptores o usuarios que deseen emplearlos. La
apelación se presentará ante la superintendencia.
ARTÍCULO 159 DE LA NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN SOBRE PETICIONES Y RECURSOS. La
notificación de la decisión sobre un recurso o una petición se efectuará en la forma
prevista por el Código Contencioso Administrativo. El recurso de apelación sólo se puede
interponer como subsidiario del de reposición ante el Gerente o el representante legal
de la Empresa, quien deberá en tal caso remitir el expediente a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios. Una vez presentado este recurso al mismo se le dará
el trámite establecido en el Código Contencioso Administrativo.
Así mismo, los artículos 79 y 80 de la Ley 1437 de 2011, sobre el trámite de los
recursos de reposición y apelación, en sede administrativa, disponen lo siguiente:
ARTÍCULO 79. TRÁMITE DE LOS RECURSOS Y PRUEBAS. Los recursos se tramitarán en el
efecto suspensivo. Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de
plano, a no ser que al interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el
funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio.
Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que
interviene más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de cinco
(5) días. Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no
mayor de treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez,
sin que con la prórroga el término exceda de treinta (30) días. En el acto que decrete la
práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio.
ARTÍCULO 80. DECISIÓN DE LOS RECURSOS. Vencido el período probatorio, si a ello hubiere
lugar, y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada
que resuelva el recurso. La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido
oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso.
Así las cosas, conviene recordar que la Corte Constitucional9 en numerosas
decisiones, ha precisado el debido proceso administrativo como un conjunto de
condiciones que le impone la ley a la administración, «materializado en el cumplimiento
9
Corte Constitucional, sentencias T-595 de 2019, T-051 de 2016C-980 de 2010, T-796 de 2006, entre otras.
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de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa». Igualmente, ha
considerado que su finalidad consiste en: i) asegurar el ordenado funcionamiento de
la administración, ii) la validez de sus propias actuaciones, y iii) resguardar el derecho
a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados.
En ese sentido, ha considerado como sus garantías, las siguientes: i) que la actuación
se surta sin dilaciones injustificadas; ii) que la actuación se adelante con el pleno
respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico; y iii) la
razonabilidad de los plazos.10
En esa medida, al revisar el informe rendido por la Superintendencia, respecto de la
resolución del recurso de apelación interpuesto por la señora Sánchez Pitre, sostuvo
lo siguiente: «[a]l respecto, le indicamos al respetado despacho que, a la fecha de
presentación de este informe, la superintendencia se encuentra en trámite de estudio
y sustanciación del recurso de apelación, para posterior publicación del fallo según
corresponda». Es de advertir como se señaló en líneas precedentes, desde el 21 de
mayo de 2021, le fue remitido el recurso a esa entidad para su resolución sin que hasta
la fecha lo haya resuelto.
Por lo anterior, esta Sala concluye que la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios vulneró el derecho al debido proceso administrativo de la accionante en
tanto la ha privado de obtener en el término establecido en la ley una respuesta
adecuada y oportuna a sus reclamaciones, razón por la cual amparará dicha garantía.
Por otro lado, esta Subsección aclara que no hará ningún pronunciamiento con
respecto a las demás pretensiones, puesto que, en primer lugar, las relacionadas con
el presidente de la República, el Procurador General de la Nación y el Consejo Superior
de la Judicatura están encaminadas a que se dicten órdenes de carácter general,
relacionadas con sus funciones, lo cual no es procedente a través de la acción de
tutela, y, en segundo lugar, porque se busca que se profiera una decisión de fondo
sobre la ruptura de solidaridad alegada, lo cual es el tema de discusión en el proceso
administrativo que está en trámite.
10
Corte Constitucional, sentencias T-543 de 2017, C-034 de 2014, C-758 de 2013, C-980 de 2010, ente otras.
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Finalmente, si la señora Yinis Lucía Sánchez Pitre considera que algunos de los
funcionarios en sede administrativa o judicial han incurrido en faltas de carácter
disciplinario, debe individualizarlos y elevar la correspondiente queja ante las
autoridades competentes.
3. Conclusión
La Sala concluye que se amparará el derecho al debido proceso administrativo de la
accionante, respecto del recurso de apelación interpuesto el 16 de abril de 2021 contra
el consecutivo 202170097921 expedido por la empresa Afinia -Grupo EPM y se
ordenará a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que lo resuelva
conforme a derecho, sin que ello signifique la concesión a favor de la actora de lo
pretendido en dicho medio impugnatorio.
Se ordenará que la resolución del recurso de apelación se emita en el término máximo
e improrrogable de 48 horas siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
Falla
Primero: Amparar el derecho al debido proceso administrativo formulado por la
señora Yinis Lucía Sánchez Pitre, en consecuencia, se ordena a la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliario que en el término de 48 horas contadas a partir de
la ejecutoria de la presente providencia, respondan de fondo el recurso de apelación
interpuesto el 16 de abril de 2021 contra el consecutivo 202170097921, expedido por
la empresa Afinia -Grupo EPM.
Segundo: Denegar el amparo solicitado en contra del señor presidente de la
República, la Procuraduría General de la Nación y el Consejo Superior de la
Judicatura, conforme a lo expuesto en precedencia.
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Tercero: Si no fuere impugnada esta decisión, remitir a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CRG
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
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