Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10006-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10006-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-10006-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
28 de abril de 2022
Demandante: Yinis Lucía Sánchez Pitre
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10006-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10006-01
Demandante: YINIS LUCÍA SÁNCHEZ PITRE
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Temas: Tutela de fondo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios en contra de la sentencia proferida en primera
instancia por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, el 10 de
febrero de 2022. En este fallo se amparó el derecho fundamental al debido
proceso administrativo de la parte actora.
1. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. La señora Yinis Lucía Sánchez Pitre, actuando en nombre propio, presentó
acción de tutela contra la Presidencia de la República, el Consejo Superior de la
Judicatura, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de Bogotá y
Barranquilla, Afinia –Grupo E.P.M., la sociedad Caribemar de la Costa S.A.S.,
E.S.P. y la Procuraduría General de la Nación, por estimar vulnerados sus
derechos fundamentales de petición, al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y el principio de seguridad jurídica1.
2. En sentir de la accionante, la transgresión de las citadas garantías
constitucionales encontró sustento en la falta de respuesta por parte de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios al recurso de apelación que
promovió contra la decisión adoptada por la empresa Afinia –Grupo E.P.M. en el
marco de un procedimiento administrativo.
1 La tutela se envió el 19 de noviembre de 2021 al buzón web
apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.
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Demandados: Presidencia de la República y otros
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1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
PRIMERO: ORDENAR a la empresa de energía eléctrica, que se abstenga de
suspenderme de forma unilateral el servicio de energía y mucho menos con solo
el aviso de suspensión como lo viene haciendo, sino conforme lo establece el
artículo 154 de la Ley 142 de 1994 que manifiesta que sobre la suspensión
proceden los recursos de reposición y apelación para garantizar el debido proceso,
derecho de defensa, legalidad, igualdad y de conformidad a los precedentes de la
Corte Constitucional establecido en estas sentencias SU-1010/08 C-150/2003, T-
1108/02, T-881 de 2002, T-793 del 2012, T761 de 2015, T-206/2021. SEGUNDO:
EL JUEZ CONSTITUCIONAL LE DE CUMPLIMIENTO A LOS PRECEDENTES Y
LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
QUE HAN dejado a estas empresas conceder el derecho de petición y al debido
proceso ordenando el rompimiento de la solidaridad. TERCERO. El juez
constitucional prevenga de acuerdo al artículo 24 del decreto 2591 de 1991 al
gerente general AFINIA EL DOCTOR JAVIER LASTRA Y A LA
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS LA
DOCTORA NATACHA GARCIAS, y a la superintendencia zona norte barraquilla
conforme al artículo 10 de la Ley 1437 del 2011, haga extensiva los precedente y
la jurisprudencia y el procedimiento que has establecido la cortes constitucional
ante de suspender el servicios de energía, donde esta empresa lo vienen haciendo
diariamente en todas las costa y durante 26 años. CUARTO: El juez constitucional
ordene al presidente Iván Duque y a la Superintendencia de Servicios Públicos la
doctora Natacha García que conforme a los artículos 365 al 370 de la constitución
desarrollado por los artículos 75 y 79 y el artículo 159 de la ley 142 de 1994 Y LAS
SENTENCIAS SU-1010/08 C-150/2003, T-1108/02, T-881 de 2002, T-793 del
2012, T761 de 2015, T-206/2021, cumplan sus funciones ,debido que durante 26
años no lo vienen haciendo , permitiendo que las empresas de servicios públicos
violen los artículos 128,129,130,140,141,154,155,159 de la Ley 142 de 1994 y los
precedente ,y la jurisprudencia QUINTO. Ordene a la superintendencia de
servicios públicos la doctora Natacha García que se abstenga de seguir durando
hasta 900 días para fallar un recurso de apelación, o de queja ocasionándole a los
suscriptores y usuarios un perjuicio irremediable, debido que cuando quiera fallar
la superservicios, ya los arrendatarios se han ido y dejando la deuda. SEXTO: Que
el juez constitucional ordene a la doctora Natacha García superintendencia de
servicios públicos para que imparta funciones a las superintendencia zona norte
de barranquilla y a la empresa air-e, Afinia y cumplan los mandatos
constitucionales con sagrado en el artículo 84 de la constitución ley 1755 del
2015,decreto 019 del 2012 , y la sentencia de tutela de segunda instancia
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN B Bogotá DC, veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintiuno
(2021),que ordeno a la superservcicio abstenerse de seguir exigiendo requisito,
obstruyendo el derecho de petición SÉPTIMO: QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL
ORDENE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SI LO CREE
CONVENIENTE INVESTIGUE DISCIPLINARIAMENTE AL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA IVAN DUQUE Y A LA DOCTORA NATACHA GARCIA POR NO
EJERCER LAS FUNCIONES CONSTITUCIONALES ESTABLECIDA EN LOS
ARTÍCULOS 365 AL 370 DE LA CONSTITUCIÓN DESARROLLADOS POR LOS
ARTÍCULOS 75 Y 79, 159 DE LA LEY 142 DE 1994 Y LA SENTENCIA C-263 DE
1996 o en su lugar, darle aplicabilidad a los artículos 23 y 24 del decreto 2191 de
1991, exigiéndole, que en adelante a sumas sus competencias, como es la
vigilancia control obligando a las empresa cumplir la constitución los precedente y
los artículos 128,129,130, 140, 141, 152,153, 154,155, y 159 de la ley 142 de 1994,
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Demandante: Yinis Lucía Sánchez Pitre
Demandados: Presidencia de la República y otros
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OCTAVO. QUE el consejo de la judicatura ordene a este juez constitucional, y
demás jueces y magistrados de conformidad El numeral 3º y 6 del artículo 256 de
la Carta Política prevé como una de las funciones del Consejo Superior de la
Judicatura, la de “examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios
de la rama judicial. NOVENO: QUE el juez constitucional SI DECIDE NO tutelar
mis derechos fundamentales de petición y el debido proceso administrativo, y los
precedentes y la jurisprudencia de igualdad debe de motivar la razones que se
aparta de los precedentes que de conformidad con las sentencias SU-1010/08 C-
150/2003, T-1108/02, T-881 de 2002, T793 del 2012, T761 de 2015, T-206/2021.
DÉCIMO. Que el juez constitucional ordene a la empresa AFINIA ORDENANDO A
LA EMPRESA DE ENÉRGIA ELÉCTRICA decretar el rompimiento de la
solidaridad y garanticen mis derechos fundamentales, de petición, la
administración de justicia, debido proceso administrativo, E IGUALDAD,
PRINCIPIO DE Seguridad jurídica a, y así cumplir un deber constitucional o legal;
reconocido mi derecho como propietario de este inmueble. DÉCIMO PRIMERO:
Que el juez constitucional ordene al gerente general de Afinia y hacer extensiva
los precedente de la cortes constitucional en las siguientes sentencias de tutelas,
donde han reiterado que las empresas de servicios públicos no suspendieron el
servicios conforme al artículo 140 y 141 de la ley 142 de 1994, por lo que deben
de garantizar el derecho de petición decretando el rompimiento de la solidada
consagrada en el artículo 130 de la ley 142 de 1994 , por lo que no es potestativo
del gerente de afinia concederla o no es una obligación DÉCIMO SEGUNDO: Que
el juez constitucional ordene al gerente general de AFINIA que ante de tomar la
decisión de suspenderme el servicios debe expedir una acto administrativo
conforme a los artículos 130,140,141, 154 de la ley 142 de 1994 y las
SENTENCIAS T-636/06,T485/01,1108/ DÉCIMO TERCERO: que el juez
constitucional de acuerdo al artículo 10 de la ley 1437 del 2011 y los artículos 4 13
de la constitución inaplique el contrato de condiciones uniforme y decrete el
rompimiento de la solidaridad y el derecho a la igualdad, así mismo este juez haga
extensiva las sentencias DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA CON RADICADO 11001-33-34-003-2021- 00234-01 DEL 27
DE SEPTIEMBRE DE 2021. DÉCIMO CUARTO: QUE EL JUEZ
CONSTITUCIONAL ORDENE A LA GERENTE GENERAL DE AFINIA POR
EJERCER FUNCIONES PÚBLICAS, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY
1437 DE 2011 HAGA EXTENSIVA LA SENTENCIA DE TUTELA DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA CON RADICADO 11001-33-34-003-
2021-00234-01 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 202 QUE DECLARO EXEQUIBLE
LA LEY ESTATUTARIA 1755 DE 2015. DÉCIMO QUINTO: para garantizar el
derecho de petición, administración de justicia, derecho de igualdad debido
proceso administrativo, garantizar el mínimo vital de energía, a la salud, a la
dignidad humana, el derecho a la educación, y a una vivienda digna, solicito que
el juez constitucional decrete la siguiente medida cautelar urgente, ORDENAR a
la empresa de energía eléctrica, que se abstenga de suspenderme el servicio de
forma unilateral el servicio de energía y mucho menos con solo el aviso de
suspensión, sino conforme como lo establece el artículo 154 de la ley 142 de 1994
que manifiesta que sobre la suspensión proceden los recursos de reposición y
apelación para garantizar el debido proceso, derecho de defensa, legalidad,
igualdad y de conformidad a los precedente de la corte constitucional establecido
en estas sentencias SU1010/08 C-150/2003, SU-1010 DEL 2008,761 DEL 2015,
T-1006/06, T-581/08,T-525/05,T-792/09, T223/07, C-493/1997, C-558 de 2001 C-
389/02 y la Sentencias de tutelas T-1108/02, T881 de 2002, y la T-793 DEL 2012,
T-761 DEL 2015, T-206/2021. (Transcripción literal).
1.3. Hechos
4. La Sala resume los hechos relevantes de la tutela de la siguiente manera:
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Demandante: Yinis Lucía Sánchez Pitre
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10006-01
5. La señora Yinis Lucía Sánchez Pitre presentó requerimiento ante la
empresa Afinia –Grupo E.P.M., por cuanto, a su juicio, actuó con «negligencia»
al permitir el endeudamiento progresivo en el pago de la factura de la luz, al
parecer, de un inmueble de su propiedad sin que hubiera utilizado los
mecanismos que tenía para exigir el pago adeudado.
6. A través del consecutivo Nº. 202170097921 del 13 de abril del 2021, dicha
empresa negó el rompimiento de la solidaridad e insistió en el pago solidario de
la deuda.
7. Inconforme con lo anterior, el 16 de abril de 2021, la actora radicó recurso
de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, sin
que a la fecha de la presentación de la acción de tutela se hubiera emitido
pronunciamiento alguno.
1.4. Sustento de la vulneración
8. Indicó que la omisión de respuesta al recurso de apelación interpuesto
ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios contra la decisión
proferida por la empresa Afinia –Grupo E.P.M, que negó el rompimiento de la
solidaridad invocado, vulnera i) el derecho fundamental de petición, ii) los
artículos 130, 140, 141, 150, 155 y 158 de la Ley 142 de 1994 y las sentencias
iii) de la Corte Constitucional: a) T-1020 de 2002, T-1108 de 2002, T-49 de 2003,
C-150 de 2003 y SU-1010 de 2008 y b) del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, del 27 de septiembre de 2021.
1.5. Trámite de primera instancia
1.5.1. Admisión
9. En auto del 3 de diciembre de 2021, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A admitió la acción de tutela de la referencia. En
consecuencia, ordenó:
9.1. Notificar a la Presidencia de la República, a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, a la empresa Afinia —Grupo E.P.M.—
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., a la Procuraduría General de la Nación y al
Consejo Superior de la Judicatura, como accionados.
9.2. Requerir a la empresa Afinia –Grupo E.P.M. y Caribemar de la Costa
S.A.S. E.S.P., para que realizaran las siguientes acciones: a) envío de la copia
digital de todo el expediente relacionado con las solicitudes presentadas por la
señora Sánchez Pitre, b) rindiera informe sobre el trámite al recurso de apelación
interpuesto contra de la decisión del 13 de abril de 2021, con consecutivo 2021
70097921.
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9.3. Instar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para que
señalara si dio trámite al recurso de apelación presentado por la accionante, en
relación con el radicado RE-3110202114917 NIC No 5351235, en contra de la
decisión de la empresa Afinia –Grupo EPM y Caribemar de la Costa S. A.S.
E.S.P, con consecutivo 2021 70097921.
9.4. No decretar las medidas provisionales solicitadas.
1.5.2. Intervenciones
1.5.2.1. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
10. Aclaró, respecto de las órdenes de corte, financiación y la vinculación de
una persona al reclamo de la facturación, que se trata de actuaciones de
exclusiva competencia de la empresa Afinia –Grupo E.P.M. Caribemar de la
Costa S.A.S. E.S.P, y no del resorte de esa entidad.
11. En relación con el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de
la mentada corporación, con consecutivo 202170097921 del 13 de abril del 2021,
allegado a través del radicado 20218201086502 del 21 de mayo de 2021, indicó
que le fue asignado el número de expediente 2021820390123232E, y que, a la
fecha de presentación de su informe, aún se encontraba en trámite de estudio y
sustanciación.
1.5.2.2. Procuraduría General de la Nación
12. Resaltó que, pese a lo relatado por la accionante, en lo que concierne a
esa entidad, no hace referencia a que haya radicado alguna solicitud o queja,
como tampoco anexa documento alguno que así lo demuestre.
13. Entretanto, adujo que, en todo caso, realizó un rastreo en el Sistema de
información de Gestión Documental Electrónico y de Archivo SIGDEA, cuyo
resultado no arrojó registro de alguna solicitud o de iniciación de actuaciones de
oficio de carácter disciplinario, preventivo o de intervención con los datos de la
señora Yinis Sánchez Pitre.
1.5.2.3. La Presidencia de la República, la empresa Afinia –Grupo E.P.M.
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. y el Consejo Superior de la Judicatura,
a pesar de haber sido notificados del presente trámite tutelar con el fin de que
rindieran el informe correspondiente, guardaron silencio
1.5.3. Sentencia de primera instancia
14. En proveído del 10 de febrero de 2022 el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A amparó la garantía constitucional al debido proceso
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administrativo de la tutelante, para lo cual señaló que era este y no la petición, el
derecho fundamental vulnerado.
15. Indicó que, de acuerdo con la Ley 142 de 1994, existe una serie de
insumos legales en aras de proteger los derechos de los usuarios de los servicios
públicos domiciliarios, dentro de los cuales resaltó los siguientes: i) que la
actuación se surta sin dilaciones injustificadas; ii) que la actuación se adelante
con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico;
y iii) la razonabilidad de los plazos.
16. Con lo anterior, encontró que dicha autoridad no dio cumplimiento a los
mentados lineamientos, tan es así que en su intervención constitucional adujo
que aún no había resuelto lo solicitado, y por ello, le ordenó que en máximo 48
horas le resolviera el recurso de apelación a la ciudadana Sánchez Pitre.
17. Finalmente adujo que no haría ningún pronunciamiento con respecto a las
demás pretensiones, puesto que, en primer lugar, las relacionadas con el
presidente de la República, la Procuraduría General de la Nación y el Consejo
Superior de la Judicatura, están encaminadas a que se dicten órdenes de
carácter general, relacionadas con sus funciones, lo cual no es procedente a
través de la acción de tutela, y, en segundo lugar, porque se busca que se
profiera una decisión de fondo sobre la ruptura de solidaridad alegada, lo cual es
el tema de discusión en el proceso administrativo que está en trámite.
18. Esta decisión se notificó el 28 de febrero de 2022.
1.6. Impugnación
19. Con escrito enviado el 2 de marzo de 2022, la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios solicitó que se revocara el fallo de primera
instancia por cuanto el 1 de marzo del año en curso, mediante Resolución Nº.
SSPD – 20228600139985, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la
señora Yinis Lucía Sánchez Pitre, para lo cual adujo que la notificación de aquella
decisión se haría en los términos del artículo 66 y siguientes de la Ley 1437 de
2011.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
20. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por
la parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida el 10 de febrero
de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, de
conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.
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Demandante: Yinis Lucía Sánchez Pitre
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10006-01
2.2. Cuestión previa
21. La Sala precisa que, aunque la actora elevara requerimientos contra la
Presidencia de la República, el Consejo Superior de la Judicatura, la
Procuraduría General de la Nación y la empresa Afinia –Grupo E.P.M., Caribemar
de la Costa S.A.S., E.S.P., lo cierto es que, teniendo en cuenta que el a quo
encontró que lo cuestionado no era susceptible de ser debatido vía acción de
tutela y, además, no fue controvertida esta decisión, el análisis subsiguiente se
centrará en determinar si la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
vulneró el derecho fundamental al debido proceso administrativo de la señora
Sánchez Pitre por la presunta falta de resolución a un recurso de apelación
interpuesto por la actora, comoquiera que este fue el único argumento objeto de
impugnación.
2.3. Legitimación en la causa
22. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene
toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos
resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y
sumario.
23. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que
toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales
podrá ejercer la acción descrita por sí misma o por representante, o a través de
un agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados
no esté en condiciones de promover su propia defensa.
24. Desde que fue proferida la sentencia T-416 de 1997, en ella se estableció
que la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto de la
sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las
partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela.
25. En la sentencia T-086 de 2010, la Alta Corporación reiteró que “Esta
exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción
sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo
anterior no se opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda
lograrse a través de representante legal, apoderado judicial o aun de agente
oficioso”.
26. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 2011, indicó que la
legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que
ejerce la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo
que se solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda
establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.
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27. En la sentencia T-435 de 2016, la Corte estableció las condiciones que
deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales
hizo especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales reclamados,
lo cual quedó reiterado en la SU-454 de 2016, en la que, adicionalmente, señaló
que el estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los
jueces constitucionales y constituye un presupuesto procesal de la demanda2.
28. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que al
ser la accionante el sujeto que interpuso el recurso de apelación en el trámite de
procedimiento administrativo cuestionado, está legitimada en la causa por activa.
29. Por otro lado, la Sala evidencia que la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios se encuentra legitimada en la causa por pasiva, puesto
que es la autoridad encargada de resolver el recurso mencionado.
2.4. Problema jurídico
30. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte
actora, las pruebas incorporadas al expediente y las intervenciones allegadas en
el trámite del proceso, corresponde a esta Sala decidir si confirma, modifica o
revoca la sentencia del 10 de febrero de 2022, a partir del siguiente problema
jurídico:
• La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, ¿vulneró el
derecho fundamental al debido proceso administrativo de la señora Yinis
Lucía Pitre por no haber resuelto el recurso de apelación interpuesto
contra la Resolución Nº. 202170097921 del 13 de abril del 2021 emitida
por el prestador de servicios públicos Afinia –Grupo E.P.M.?
31. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) las generalidades de la acción de tutela, (ii) el debido proceso
administrativo y, (iii) el estudio del caso concreto.
2.5. Generalidades de la acción de tutela
32. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede
ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata
de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos
en que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.
33. Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la
subsidiariedad. El primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del
derecho fundamental que se dice vulnerado o amenazado.
2 Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511 de
2017; y Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-318 de 2018.
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34. El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro
medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho
fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un
perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo
transitorio.
2.6. El debido proceso administrativo
35. El derecho al debido proceso, concomitante con los lineamientos trazados
en el artículo 29 de la Constitución Política, resulta aplicable a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas. Por su parte, el artículo 209 Superior y
el numeral 1 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 incluyen el debido proceso
como principio fundamental de la función administrativa.
36. Jurisprudencialmente, la Corte Constitucional en la sentencia C-980 de
2010, señaló que el debido proceso administrativo debe entenderse como:
(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración,
materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la
autoridad administrativa, (ii) que guardan relación directa o indirecta entre sí, y (iii)
cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal.
37. Además, expuso que con ello se busca: “(i) asegurar el ordenado
funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones y,
(iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los
administrados”.
38. Así las cosas, tratándose de la administración, el debido proceso
administrativo implica una limitación al ejercicio de sus funciones, puesto que en
toda actuación, desde su inicio hasta su finalización, las entidades públicas están
obligadas a observar los parámetros procedimentales determinados en el marco
jurídico vigente de manera restrictiva, lo cual busca minimizar el criterio subjetivo
dentro de los procesos y evitar conductas omisivas, negligentes o de descuido
de los funcionarios relacionados con este.
39. Así, por ejemplo, en lo concerniente al procedimiento administrativo en
materia de servicios públicos, la Ley 142 de 1994, en sus artículos 152 a 159,
contiene un apartado denominado “defensa de los usuarios en sede de la
empresa”, en el que se regula el trámite que puede adelantar cualquier suscriptor
de un contrato de aquella naturaleza para garantizar sus derechos ante la
prestación del servicio, lo que comprende peticiones y recursos, incluyendo el
término para su respuesta y la forma como debe practicarse la notificación de la
decisión, lo cual se hará según lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 (artículos 66
y siguientes si se trata de un acto administrativo de carácter particular y concreto),
por lo que, de no seguirse los lineamientos allí fijados, lo resuelto no producirá
efectos (artículo 72 ibidem).
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2.7. Caso concreto
40. Al descender al caso concreto, se tiene que la señora Yinis Lucía Sánchez
Pitre solicitó en esta acción de tutela la protección de sus garantías
constitucionales, comoquiera que la empresa Afina –Grupo E.P.M., a través del
consecutivo Nº. 202170097921 del 13 de abril del 2021, actuó con negligencia al
permitir el endeudamiento progresivo de un inmueble de su propiedad, toda vez
que no usó los mecanismos que tiene para exigir el pago adeudado. Sin embargo,
adujo que esa empresa desconoció el principio del rompimiento de solidaridad e
insiste en el pago solidario de la deuda, motivo por el cual presentó, el 16 de abril
de 2021, el recurso de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios sin que a la fecha de la presentación de este mecanismo
constitucional se hubiera resuelto.
41. No obstante, la autoridad administrativa en su escrito de impugnación de
2 de marzo de 2022 precisó que el 1 de marzo de la presente anualidad profirió
la Resolución Nº. SSPD – 20228600139985, en la que revoca la anterior decisión
y decretó el rompimiento de solidaridad de las obligaciones causadas y no
pagadas por consumos en el periodo de la existencia del vínculo solidario 3. Esta
entidad mencionó que la decisión se notificaría en los términos de los artículos
66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (CPACA). Además, allegó copia de dicho
acto.
42. Pues bien, esta Sala precisa que el ordinal segundo de la resolutiva en
cuestión aduce:
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente / electrónicamente el
contenido de la presente Resolución, al señor(a) YINIS LUCIA SANCHEZ PITRE,
identificado(a) plenamente en el expediente, quien para el efecto puede ser
citado(a) en la Carrera 14 No 17-33, de la ciudad de VALLEDUPAR - CESAR, o a
la dirección electrónica: melkiskammerer@hotmail.com; haciéndole entrega de
una copia de la misma y advirtiéndole que contra ésta no proceden recursos por
estar agotado el procedimiento administrativo.
43. Sin embargo, de la información obrante en el expediente, no existe
constancia de que se hubiera adelantado la notificación del acto administrativo
en los términos fijados tanto en la resolución como en el título 3, capítulo 5 del
CPACA.
44. Adicional a ello, el 21 de abril de 2022 esta Sección realizó una verificación
en la página web de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en
3 Para lo cual adujo que únicamente debió cobrarse al propietario la primera factura desde el 10
de febrero de 2015, fecha en la que se suscribió el contrato de arrendamiento hasta el 05 de abril
de 2021, fecha de abandono del inmueble.
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su apartado Consulte estado de trámite4. Al ingresar con el Nº. 20218201086502
–radicado del proceso –, arrojó el siguiente resultado:
45. Allí puede constatarse que aquel trámite finalizó el 1 de marzo de 2022 e
incluso, en el apartado inferior derecho, puede descargarse copia de la resolución
solicitada. Sin embargo, también es cierto que, al ingresar al expediente digital
de este proceso administrativo, lo cual puede hacerse desde el enlace que reposa
en el parte superior central denominado “ver imagen del documento”5, en su
contenido, como se señaló de manera preliminar, no existe constancia alguna de
que se hubiera realizado la notificación bajo los lineamientos trazados tanto en el
acto administrativo, como en las disposiciones legales que regulan la materia.
46. En primera medida, resulta importante para la Sala traer a colación lo que
dispone la Ley 142 de 1994, la cual regula todo lo concerniente a los servicios
públicos domiciliarios, y que en su artículo 159 indica:
ARTÍCULO 159. DE LA NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN SOBRE PETICIONES
Y RECURSOS. La notificación de la decisión sobre un recurso o una petición
se efectuará en la forma prevista por el Código Contencioso Administrativo.
El recurso de apelación sólo se puede interponer como subsidiario del de
reposición ante el Gerente o el representante legal de la Empresa, quien deberá
en tal caso remitir el expediente a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios. Una vez presentado este recurso al mismo se le dará el trámite
establecido en el Código Contencioso Administrativo. [Destacado por la Sala]
47. En concordancia, los artículos 66, 67 y 72 de la Ley 1437 de 2011, aducen:
4 Dirección electrónica: https://www.superservicios.gov.co/consulte-estado-de-tramite, en el
botón denominado “Si su solicitud fue radicada en una fecha posterior al 1 de enero de 2021,
consulte ingresando a este módulo”.
5 Y también desde este enlace:
https://orfeoii.superservicios.gov.co/orfeo//linkArchivo.php?numrad=20218201086502
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ARTÍCULO 66. DEBER DE NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER PARTICULAR Y CONCRETO. Los actos
administrativos de carácter particular deberán ser notificados en los términos
establecidos en las disposiciones siguientes.
ARTÍCULO 67. NOTIFICACIÓN PERSONAL. Las decisiones que pongan término
a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su
representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el
interesado para notificarse.
En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica
y gratuita del acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos
que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los
plazos para hacerlo.
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la
notificación.
(…)
ARTÍCULO 72. FALTA O IRREGULARIDAD DE LAS NOTIFICACIONES Y
NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE. Sin el lleno de los
anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación, ni producirá
efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada revele que conoce
el acto, consienta la decisión o interponga los recursos legales.
[Subrayado de la Sala].
48. En ese orden, para la Sala existe una clara vulneración al debido proceso
administrativo de la ciudadana Yinis Lucía Sánchez Pitre, puesto que, para que
la decisión administrativa produzca efectos legales y resulte surtida de manera
adecuada, no basta con que se lleve a cabo la publicación en la página web de
la entidad, pues, de la normatividad vigente y aplicable en la materia, resulta
imperioso que el interesado, en este caso el usuario del servicio público
domiciliario, sea notificado personalmente del acto administrativo que resolvió su
recurso, por lo que al no evidenciarse esta particularidad en el caso concreto,
esta Sección confirmará la sentencia de primera instancia.
49. En ese sentido, será menester que la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, en un término máximo de 48 horas contados a partir de la
notificación de esta providencia, realice la notificación en debida forma -si no lo
ha hecho-, esto es, siguiendo los lineamientos fijados en las Leyes 142 de 1994
y 1437 de 2011, de la Resolución Nº. SSPD – 20228600139985 de 1 de marzo
de 2022, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por
la tutelante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
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3. FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 10 de febrero de 2022 por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A que amparó el derecho
fundamental del debido proceso administrativo de la señora Yinis Lucía Sánchez
Pitre.
SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios que, en un término máximo de 48 horas contados a partir de la
notificación de esta providencia, realice la notificación en debida forma -si no lo
ha hecho-, esto eso, siguiendo los lineamientos fijados en las Leyes 142 de 1994
y 1437 de 2011, de la Resolución Nº. SSPD – 20228600139985 de 1 de marzo
de 2022, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por
la tutelante.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto N°. 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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