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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-10020-01

Fecha
17 de junio de 2022
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-10020-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 1 de abril de 2022, por la Sección Primera del Consejo de Estado. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 11 “PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos: (...) 5. Cuando pierdan vigencia (...) ”. 8 Radicación: 11001-03-15-000-2021-10020-01 Demandante: Luz Amparo López Pabón Demandado: Presidencia de la República y otros Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia) TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2021-10020-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

17 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-10020-01
Demandante: Luz Amparo López Pabón
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER
GENERAL / Improcedencia - Carencia actual de objeto por sustracción de materia

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la señora Luz Amparo
López Pabón en contra de la sentencia proferida el 1 de abril de 2022, por la Sección
Primera del Consejo de Estado, mediante la cual se resolvió:

<< PRIMERO: DECLARAR improcedente la presente acción de amparo, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnado REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No.
2591 de 1991.>> (negrilla propia del texto)

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 17 de noviembre de 2021, la señora Luz Amparo López Pabón interpuso
demanda de tutela contra la Presidencia de la República, los ministerios del Interior,
de Salud y Protección Social y de Comercio, Industria y Turismo, con el fin de obtener
la protección de sus derechos fundamentales a la libre locomoción, libertad de
reunión, libertad de conciencia, trabajo, libre desarrollo de la personalidad, igualdad,
dignidad humana y vida digna, presuntamente vulnerados con la expedición de los
Decretos 1408 y 1615 de 2021, mediante los cuales se implementaron medidas con
el fin de evitar y controlar los efectos generados por la emergencia sanitaria
ocasionada por el Covid-19.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10020-01
Demandante: Luz Amparo López Pabón
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a lo siguiente:

<< 4.1. Que se tutelen mis derechos fundamentales y libertades individuales a la libre
locomoción, libertad de reunión, libertad de conciencia y de culto, derecho al trabajo,
al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad, a la dignidad y a la vida digna.

4.2. Que, con fundamento en el artículo 8o del Decreto 2591 de 1991, a fin de obtener
la tutela efectiva de mis derechos fundamentales y libertades individuales, se
suspendan los efectos del Decreto 1408 del 03 de noviembre de 2021 mientras se
acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en ejercicio del medio de
control de nulidad y se obtiene una sentencia que haga tránsito a cosa juzgada.>>1

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y
de las pruebas allegadas se tiene, que:

3.1.- El 3 de noviembre de 2021, el Presidente de la República expidió el Decreto
1408, mediante el cual se implementaron medidas con el fin de evitar y controlar los
efectos generados por la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19. Para tal
efecto, se dispuso que:

<< (...) ARTÍCULO 2. Exigencia del Carné de Vacunación. Las entidades territoriales
deberán adicionar a los protocolos de bioseguridad vigentes, la presentación
obligatoria del carné de vacunación contra el Covid-19 o certificado digital de
vacunación disponible en el link: mivacuna.sispro.gov.co, en el que se evidencie,
como mínimo, el inicio del esquema de vacunación, como requisito de ingreso a: (i)
eventos presenciales de carácter público o privado que impliquen asistencia masiva
y, (ii) bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, lugares de baile,
conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así como escenarios deportivos,
parques de diversiones y temáticos, museos, y ferias.

Parágrafo 1. El cumplimiento de las normas aquí dispuestas estará a cargo de los
propietarios, administradores u organizadores de eventos presenciales de carácter
público o privado que impliquen asistencia masiva y en aquellos lugares antes
señalados. En caso de incumplimiento las autoridades competentes adelantarán las
acciones correspondientes.

Parágrafo 2. La exigencia del carné de vacunación contra el Covid-19 o certificado
digital de vacunación disponible en el link: mivacuna.sispro.gov.co, en el que se
evidencie, como mínimo, el inicio del esquema de vacunación, como requisito de
ingreso para las actividades aquí dispuestas entrará en vigencia a partir del 16 de
noviembre de 2021 para mayores de 18 años y desde el 30 de noviembre de 2021
para mayores de 12 años; se exceptúa de esta medida a la población entre 0 y 12
años (…).>>

3.2.- Dicha norma fue derogada por el Decreto 1615 del 30 de noviembre de 2021,
expedido por el Presidente de la República, a través del cual se estableció la

1
Expediente digital, Folios 13 del escrito de demanda.
2

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10020-01
Demandante: Luz Amparo López Pabón
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

exigencia de portar el carné de vacunación contra el Covid-19, para quienes asisten
a eventos públicos y privados de carácter masivo, así como para el ingreso a bares,
gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos,
bingos, actividades de ocio, escenarios deportivos, parques de diversiones y
temáticos, museos y ferias, a partir del 1 de diciembre de 2021.

4.- Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora aduce que las autoridades
demandadas vulneraron sus derechos fundamentales a la libre locomoción, libertad
de reunión, libertad de conciencia, trabajo, libre desarrollo de la personalidad,
igualdad, dignidad humana y vida digna, al expedir el Decreto 1408 del 3 de
noviembre de 2021, por medio del cual se establece la exigencia de presentar el
carné de vacunación contra el Covid-19 para poder ingresar a los referidos
establecimientos de comercio.

4.1.- Al respecto, manifestó que las autoridades accionadas desconocieron los
fundamentos del Código de Nuremberg que prevé: “la expresión de la autonomía del
paciente es esencial para cualquier procedimiento médico por lo cual, ningún
procedimiento médico, suministro de medicamentos, vacunas o tratamientos puede
aplicarse a un paciente sin su consentimiento informado”.

4.2.- En tal sentido, aseveró que los entes demandados están dando un trato
diferencial y discriminatorio a aquellos ciudadanos que no quieren vacunarse por
razones médicas, de culto o libertad de consciencia, pues los están obligando a
inocularse ante la exigencia de exhibir el carné de vacunación contra el Covid-19
para asistir a ciertos lugares; situación que no les permite desarrollar con normalidad
las actividades de la vida cotidiana de tipo laboral, social y ocio.

4.3.- Resaltó que el Congreso de la República es la única autoridad que puede limitar
sus garantías iusfundamentales, a través de una Ley Estatutaria.

4.4.- A su vez, afirmó que las medidas adoptadas en el Decreto 1408 de 3 de
noviembre de 2021, desconocen los artículos 5° y 6° de la Declaración Universal
sobre Bioética y Derechos Humanos, el literal d) del artículo 10 de la Ley Estatutaria
de la Salud número 1751 de 2015 y, el literal a) del artículo 152 de la Constitución
Política.

4.5.- Además, señaló que no existe evidencia científica sobre la efectividad de las
vacunas contra el Covid-19, por lo que resulta arbitrario y abiertamente
inconstitucional adoptar dichas medidas, máxime cuando el Gobierno Nacional no
ha garantizado el acceso a la primera, segunda y tercera dosis del inmunológico en
todo el territorio colombiano.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10020-01
Demandante: Luz Amparo López Pabón
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

4.6.- Indicó que, en el Decreto 1408 del 3 de noviembre de 2021, se omitió señalar
los efectos secundarios de la vacuna, así como se ocultó las cifras de personas
fallecidas como consecuencia de la aplicación de la vacuna contra el Covid-19.

4.7.- Señaló que acude a la presente acción constitucional, como mecanismo
transitorio, para evitar la configuración de un perjuicio irremediable, ya que si bien
está cuestionando un acto administrativo de carácter general, lo cierto es que pueden
transcurrir varios años mientras se resuelve el proceso ante la jurisdicción
contenciosa administrativa.

4.8.- Finalmente, en escrito de ampliación de la demanda2, expuso que si bien el
Decreto 1408 de 2021 fue derogado por el Decreto 1615 de 2021, lo cierto es que
este último también vulnera sus derechos fundamentales, al disponer la
obligatoriedad de la exigencia del carné de vacunación contra el Covid-19 para
ingresar a ciertos lugares, pues mantuvo las medidas inicialmente adoptadas, por lo
cual solicita que dicho acto administrativo se tenga como la nueva norma
demandada.

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

5.- Mediante auto del 18 de marzo de 2022, la Sección Primera del Consejo de
Estado dispuso admitir la acción de tutela y su ampliación, ordenó notificar de su
presentación a los entes demandados, así como vincular al Departamento
Administrativo de la Función Pública, como tercero interesado en las resultas del
proceso.

(i) Presidencia de la República, Ministerios del Interior, de Salud y Protección
Social y de Comercio, Industria y Turismo3

6.- La Presidencia de la República, así como los Ministerios del Interior, de Salud y
Protección Social y de Comercio, Industria y Turismo presentaron un contexto
general sobre: i) el estado actual de la pandemia, ii) los avances en las coberturas
de vacunación en el país; iii) la transmisión del virus y entornos de mayor riesgo, iv)
la efectividad y seguridad de las vacunas, v) la inmunidad de rebaño, vi) la evidencia
sobre la necesidad de alcanzar altas coberturas de vacunación para evitar nuevos
picos, vii) el aumento de casos de Covid-19 en niños y adolescentes y, viii) los
certificados de vacunación.

6.1.- Afirman que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la
parte actora, toda vez que la decisión de exigir el carné de vacunación para ingresar

2
Allegado el 15 de marzo de 2022.
3
Intervenciones contenidas en 131 folios.
4

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10020-01
Demandante: Luz Amparo López Pabón
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

a los establecimientos de comercio se encuentra justificada constitucionalmente,
pues tiene como propósito mitigar los efectos nocivos de la emergencia sanitaria
generada por el Covid-19, en aras de garantizar la salud, la vida en sociedad y la
reactivación económica, dando prevalencia al interés general y el principio de
solidaridad.

6.2.- Además, indican que la vacunación contra el Covid-19, no tiene un carácter
obligatorio, conforme a lo establecido en la Ley 2064 de 2020 4 y el Decreto 109 de
20215.

6.3.- Por otra parte, manifiestan que la solicitud de amparo se torna improcedente al
no acreditar el requisito de subsidiariedad, comoquiera que la acción de tutela no es
el medio judicial eficaz e idóneo para controvertir un acto administrativo de carácter
general, impersonal y abstracto, máxime cuando no se acreditó la existencia de un
perjuicio irremediable que habilite la intervención del juez constitucional.

6.4.- Como fundamento de lo anterior, la Presidencia de la República señaló que,
mediante sentencia de 24 de febrero de 20226, la Sección Primera de esta
Corporación declaró improcedente las acciones de tutela que pretendían dejar sin
efectos el Decreto 1615 de 2021, por no cumplir con el presupuesto de
subsidiariedad ante la existencia de otro mecanismo judicial eficaz e idóneo para
debatir la legalidad de un acto administrativo de carácter general, esto es, el medio
de control de nulidad, previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 20117.

(v) Departamento Administrativo de la Función Pública8

7.- El Departamento Administrativo de la Función Pública solicitó declarar
improcedente la presente acción de tutela, por cuanto el Decreto 1408 de 3 de
noviembre de 2021 fue derogado por el Decreto 1615 del 30 de noviembre siguiente,
por lo que la norma en mención ya no produce efectos jurídicos.

7.1.- Manifestó que en el caso objeto de estudio no se acreditó el requisito de
subsidiariedad, ya que el accionante tiene a su disposición otros mecanismos de
defensa, para debatir la legalidad del Decreto 1615 del 30 de noviembre de 2021,
máxime cuando la parte actora no probó la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

4
"Por medio de la cual se declara de interés general la estrategia para la inmunización de la población
colombiana contra la covid-19 y la lucha contra cualquier pandemia y se dictan otras disposiciones"
5
“Por el cual se adopta el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID - 19 y se dictan otras
disposiciones”.
6
Expediente 11001-03-15-000-2021-10157-00.
7
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
8
Intervención contenida en 11 folios.
5

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10020-01
Demandante: Luz Amparo López Pabón
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

7.2.- Aseveró que los argumentos expuestos por el actor “se contraponen a un actuar
legitimo del estado colombiano de cara a garantizar y salvaguardar la vida de la
población colombiana sin discriminación alguna, de manera que cada una de las
medidas tomadas por el Gobierno Nacional, bajo ninguna circunstancia lesiona o
mancilla derechos fundamentales del accionante, máxime cuando bajo un análisis
de razonabilidad y proporcional en una ponderación de derechos, el derecho a la
vida prima sobre otros derechos fundamentales”.

7.3.- Además, indicó que el Decreto 1615 del 30 de noviembre de 2021, es de
obligatorio acatamiento para todos los ciudadanos, pues prima el derecho a la vida
y la salud sobre las demás prerrogativas iusfundamentales, con el propósito de
proteger el interés general sobre el particular.

7.4.- Por último, manifestó que no incurrió en vulneración alguna de los derechos
fundamentales deprecados, pues carece de competencia para proferir decisiones
relacionadas con la exigencia de presentar el carné de vacunación contra el Covid-
19.

C. Sentencia de primera instancia

8.- Mediante sentencia de 1 de abril de 2022, la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró improcedente la solicitud de amparo, al no satisfacer el requisito de
subsidiariedad, toda vez que la parte actora cuenta con el medio de control de
nulidad, como mecanismo de defensa judicial, eficaz e idóneo para debatir la
legalidad del acto administrativo cuestionado -el Decreto 1615 de 30 de noviembre
de 2021-.

8.1.- Al respecto, precisó que si bien inicialmente el actor cuestionó el contenido del
Decreto 1408 de 2021, lo cierto es con la presentación del escrito de ampliación de
la demanda, se tendría como nueva norma demandada el Decreto 1615 de 2015,
razón por la cual el análisis se centró en este último.

8.2.- A su vez, destacó que actualmente cursan en esta Corporación, más de 15
demandas promovidas en ejercicio del medio de control de nulidad, mediante las
cuales se busca que se declare la nulidad del Decreto 1615 de 2021.

8.3.- Sumado a lo anterior, señaló que el accionante no demostró la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, que amerite la intervención del juez constitucional, como
mecanismo transitorio, en asuntos que no son de su competencia.

D. La impugnación

6

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10020-01
Demandante: Luz Amparo López Pabón
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

9.- En desacuerdo con lo anterior, el accionante interpuso impugnación; para el
efecto, insistió en que las entidades demandadas lesionaron sus derechos
fundamentales, “por cuanto el Gobierno al haber derogado el 1408 por el nuevo
decreto 1605, conservó el mismo espíritu en ambos actos administrativos es decir
“la Exigencia del Carnet de Vacunación”, por lo que considero que la Amenaza no
ha cesado y este nuevo acto administrativo persigue el mismo objetivo del anterior,
es decir seguir “Forzando una Vacunación” en los habitantes del territorio
Colombiano de manera “inconstitucional e ilegal”, porque la Vacunación es
Voluntaria según nuestra Constitución y la Ley Colombiana.”

II.- C O N S I D E R A C I O N E S

F. Competencia

10.- La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19919.

G. Análisis del caso concreto

11. Dado lo anterior, le corresponde a esta Sala determinar si confirma, modifica o
revoca el fallo impugnado, proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado
que declaró improcedente la solicitud de amparo por no encontrarse acreditado el
requisito de subsidiariedad.

12.- En el caso objeto de estudio, la parte actora le atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales a la Presidencia de la República, los ministerios del Interior,
de Salud y Protección Social y de Comercio, Industria y Turismo, con ocasión de la
expedición del Decreto 1516 del 30 de noviembre de 202110, mediante el cual se
estableció la obligatoriedad de presentar el carné de vacunación contra el Covid-19
para ingresar a ciertos establecimientos.

13.- De entrada, se advierte que en el presente caso se configura la carencia actual
de objeto, por sustracción de materia, comoquiera que dicha norma fue derogada
expresamente por el artículo 11 del Decreto 655 del 28 de abril de 2022, acto
administrativo que, entre otras cosas, eliminó la exigencia de presentar el carné de
vacunación contra el Covid-19, para quienes asisten a eventos presenciales de
carácter público y privado.

9
“por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
10
Dicha norma se entiende como el acto administrativo objeto de reproche constitucional, según el
escrito de ampliación de la demanda de tutela.
7

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10020-01
Demandante: Luz Amparo López Pabón
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

13.1.- Bajo ese escenario, no hay duda de que en el presente caso se configura la
carencia actual de objeto, por cuanto la norma que motivó la interposición de la
acción de tutela desapareció del ordenamiento jurídico, pues fue derogada, por lo
que no se encuentra vigente actualmente y, por lo tanto, no produce efectos
jurídicos, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 91 11 de la
Ley 1437 de 2011.

14.- Lo anterior, sin perjuicio de que el acto administrativo cuestionado sea
susceptible de control por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa. En este
punto, cabe resaltar que, tal como lo expuso el A quo, en ejercicio del medio de
control de nulidad, han sido promovidas más de 15 demandas, con el fin de que se
declare la nulidad del Decreto 1615 del 30 de noviembre de 2021, procesos que
actualmente están en curso en la Sección Primera de esta Corporación.

15.- Vale la pena recordar que los actos administrativos de carácter general, por su
propia naturaleza, se encuentran amparados por la presunción de legalidad, pues
se parte del presupuesto de que la administración, al momento de manifestarse a
través de un acto, debe acatar las prerrogativas constitucionales y legales a las que
se encuentra subordinada. De allí que la legalidad de un acto administrativo se
presuma, obligando a demostrar a quien pretende controvertirlo que aquel se apartó,
sin justificación alguna, del ordenamiento jurídico, debate que, como se expuso
anteriormente, se debe adelantar ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

16.- Por lo tanto, esta Sala confirmará la sentencia de 1 de abril 2022, proferida por
la Sección Primera del Consejo de Estado.

17.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III.- F A L L A

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 1 de abril de 2022, por la Sección
Primera del Consejo de Estado.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

11
“PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en
contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán
ser ejecutados en los siguientes casos: (...) 5. Cuando pierdan vigencia (...) ”.
8

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10020-01
Demandante: Luz Amparo López Pabón
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Ausente con permiso

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE12
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

12
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
9

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