Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10024-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10024-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-10024-01
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
21 de abril de 2022
Demandante: María del Rosario Salamanca de Vera
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10024-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10024-01
Demandante: MARÍA DEL ROSARIO SALAMANCA DE VERA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Temas: Tutela de fondo. Mora judicial - carencia actual de objeto por
hecho superado.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra
el fallo de 27 de enero de 2022, por medio del cual el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, negó la acción de tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La señora María del Rosario Salamanca de Vera, en nombre propio, presentó
acción de tutela1 contra el Tribunal Administrativo de Santander, al considerar
que vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, por cuanto no ha proferido una decisión que resuelva
en segunda instancia el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que promovió contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), la
Fiduprevisora S.A. y la Secretaría de Educación Distrital de Barrancabermeja.2
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la actora solicitó:
“PRIMERO: TUTELAR mis derechos fundamentales al DERECHO (sic) DE
ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DEBIDO PROCESO.
SEGUNDO: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER,
adelantar las actuaciones pertinentes al proceso administrativo de radicado No.
1
Mediante escrito radicado el 17 de noviembre de 2021 en el Sistema de Recepción de Tutelas y
Habeas Corpus en línea de la Rama Judicial, remitido el mismo día al correo electrónico de la
Secretaría General de esta Corporación.
2
Proceso que se identifica con el radicado 68081-33-33-001-2017-00406-01.!
!"
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Demandante: María del Rosario Salamanca de Vera
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10024-01
68081333300120170040601, toda vez que ya van casi 2 años [desde] que el
despacho recibió el proceso y no hay sentencia.
TERCERO: ORDENAR a (sic) TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, lo
que su señoría corresponda en cuanto a la protección de mis derechos
fundamentales.”
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
1.3. Hechos
La señora Salamanca de Vera relató que el 24 de noviembre de 2017 demandó a
la Nación – Ministerio de Educación Nacional, al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (Fomag), a la Fiduprevisora S.A. y a la Secretaría de
Educación Distrital de Barrancabermeja en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.
Explicó que en dicho proceso controvirtió la legalidad de la Resolución 250 del 20
de marzo de 2009, por medio de la cual la Secretaría de Educación Distrital de
Barrancabermeja le negó el reconocimiento de la pensión de sobreviviente a la
que considera tiene derecho con ocasión del deceso de su hija, quien se
desempeñó como docente.
Indicó que del asunto conoció el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Barrancabermeja que, mediante providencia de 29 de marzo de 2019,
accedió a las pretensiones de la demanda tras concluir que había lugar a
concederle el beneficio pensional solicitado, dado que ella tiene 85 años y era la
única que dependía económicamente de su familiar.
Señaló que inconforme con dicha decisión, la parte demandada interpuso recurso
de apelación, el cual fue concedido mediante auto de 20 de mayo de 2019 por el
aludido juzgado y admitido por el Tribunal Administrativo de Santander el 30 de
julio del mismo año.
Comentó que presentó varias solicitudes de impulso procesal debido a que la
última actuación registrada en el proceso data del 3 de agosto de 2020, en la que
se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que alegaran de
conclusión.
Afirmó que el expediente se encuentra al despacho para proferir sentencia desde
el 31 de mayo de 2021 sin que, a la fecha de radicación de la tutela, se haya
obtenido algún pronunciamiento.
1.4. Sustento de la petición
A juicio de la tutelante, la autoridad judicial cuestionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, toda
vez que no ha proferido la respectiva decisión que ponga fin a su proceso, pese a
que el artículo 121 del Código General del Proceso prevé que “(...) el plazo para
resolver la segunda instancia, no podrá ser superior a seis (6) meses, contados a
partir de la recepción del expediente en la secretaría del juzgado o tribunal.”
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1.5. Actuación procesal en primera instancia
Mediante auto de 30 de noviembre del 2021, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, admitió la solicitud de tutela, ordenó notificar esta
decisión a la actora y como demandados a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Santander.
Además, decidió vincular a la Nación – Ministerio de Educación Nacional, al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a la Fiduprevisora S.A.
y al Distrito de Barrancabermeja – Secretaría de Educación, en atención al
interés que les asiste en las resultas de este proceso.
Remitidas las respectivas comunicaciones, mediante oficios enviados el 13 de
diciembre de 2021, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.5.1. Distrito de Barrancabermeja
El apoderado de la Secretaría Jurídica de la entidad, en escrito enviado el 15 de
diciembre de 2021, solicitó declarar improcedente la tutela por no cumplir el
requisito de subsidiariedad pues, en su sentir, la accionante lo que pretende es
suplantar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que ella
promovió, pues es el mecanismo judicial que tiene a su alcance dado que aún se
encuentra en curso.
1.5.2. Tribunal Administrativo de Santander
Por medio de escrito de 15 de diciembre del año pasado, la secretaría de esa
corporación remitió el expediente digital del medio de control con radicado 68081-
33-33-001-2017-00406-01, pero no realizó manifestación alguna respecto a los
reparos expuestos por la señora Salamanca de Vera.
1.6. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en providencia de 27 de
enero de 2022, negó la acción de tutela de la referencia tras concluir que si bien
la autoridad judicial cuestionada guardó silencio en el trámite de la tutela, lo que
daría lugar a la aplicación de la figura de la presunción de veracidad, lo cierto es
que ello no era suficiente para acreditar la vulneración ius fundamental alegada.
Lo anterior, por cuanto no se aportó alguna prueba que evidenciara la conducta
arbitraria del tribunal enjuiciado o que permitiera entender que la demandante se
encuentra en una condición de debilidad manifiesta que ameritara ordenar la
alteración del turno que le fue asignado a su caso para que se profiera la
respectiva sentencia.
1.7. Impugnación3
Por medio de escrito enviado por correo electrónico el 11 de febrero de 2022 a la
3
La cual fue presentada dentro del término establecido por el artículo 31 del Decreto 2591 de
1991, teniendo en cuenta que el fallo de primera instancia se notificó el 8 de febrero de 2022.
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Secretaría General de la Corporación, la actora impugnó la providencia de
primera instancia al insistir que la colegiatura accionada vulneró sus derechos
fundamentales invocados debido a que conoce del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho objeto de controversia desde el año 2019 y todavía
no ha dictado la decisión que le ponga fin.
Cuestionó la afirmación del a quo referente a que no se demostró que ella es un
sujeto de especial protección, toda vez que bastaba con tener en cuenta que
pertenece al grupo de la tercera edad por tener más de 84 años, cuya
probabilidad de vida es muy poca.
Agregó que la mora judicial es un fenómeno que ante su existencia debe ser
justificada, pero el Tribunal Administrativo de Santander al no ejercer su derecho
de defensa no pudo hacerlo, por lo que se supuso que la tardanza obedeció “al
procedimiento que realiza el [t]ribunal con el orden de actuaciones de los
procesos que llevan en su despacho.”
1.8. Actuación procesal en segunda instancia
Estando el expediente al despacho para resolver la impugnación presentada por
la parte actora se advirtió que al Ministerio de Educación Nacional (vinculado
como tercero con interés) no se le notificó en debida forma el auto admisorio de
la tutela, por cuanto la iniciación del presente trámite procesal le fue comunicada
mediante correo electrónico enviado a las direcciones electrónicas de una
entidad diferente.
Además, no se vinculó al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Barrancabermeja, a pesar de que fue la autoridad judicial que conoció
en primera instancia el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que
promovió la actora y que es objeto de debate en la presente tutela.
Mediante auto de 24 de marzo de 2022 se ordenó notificar personalmente a las
aludidas autoridades en calidad de terceros con interés y, de conformidad con el
artículo 137 del Código General del Proceso, se les puso en conocimiento la
posible configuración de la causal de nulidad prevista en el artículo 133 ibíd.
dentro del presente expediente.
A pesar de que la ministra de Educación y el juez Primero Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Barrancabermeja fueron debidamente notificados mediante
correo electrónico enviado el 25 de marzo siguiente, no se pronunciaron respecto
a los reproches expuestos en la tutela y la impugnación.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
demandante contra la providencia proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, el 27 de enero de 2022, según lo previsto en los
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Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20154, así como en el Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 20195.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala verificar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la
decisión dictada en primera instancia, para lo cual deberá analizar si el Tribunal
Administrativo de Santander vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia de la actora al incurrir en una
presunta mora judicial por no proferir sentencia de segunda instancia dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 68081-33-33-
001-2017-00406-01.
Para resolver este problema, se observarán los siguientes aspectos: i)
generalidades de la acción de tutela, ii) la mora judicial y iii) análisis del caso
concreto.
2.3. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constitucional
según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante
los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que
sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas
o de los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de
1991.
Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es
absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en
el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, entre otros motivos, la relativa a la
existencia de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección
del derecho que se alega amenazado o vulnerado.
2.4. De la mora judicial
La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede
llegar a trasgredir el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia, en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es
originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas
estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, si no en la falta de
diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes por parte de los mismos6.
En ese sentido, la aludida alta Corte consideró que “atendiendo la realidad del
país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales
no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales”7. A su vez, la Corte
4
Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
5
Reglamento interno de la Corporación.
6
Corte Constitucional, sentencia T-1019 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
7
Corte Constitucional, sentencia T-230 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Constitucional ha sido reiterativa en señalar que:
“… por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su
estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por
ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable
al actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no
se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego
de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación
concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando
es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la
diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que
efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que
generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se
acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución
de la controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de
la misma providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se
acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es
el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones”. (Destacado de
la Sala)
Sobre el particular, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición
reiterada en relación con la existencia de mora judicial, según la cual, esta solo
se predica si hay dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la
competencia del juez. Así que, de acreditarse esta conducta, constituye
vulneración al derecho de acceso a la administración de justicia y de contera, al
debido proceso de las partes en un proceso.8
2.5. Caso concreto
En el asunto en estudio, la señora Salamanca de Vera considera que el Tribunal
Administrativo de Santander transgredió sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia por cuanto, a la fecha de
radicación de este mecanismo de amparo, no había proferido la providencia que
resuelva en segunda instancia el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 68081-33-33-001-2017-00406-01.
Al respecto, la Sala advierte que la autoridad judicial en cuestión no rindió el
informe solicitado en el trámite de la tutela, a pesar de que fue notificada en
debida forma del auto admisorio el 13 de diciembre de 2021 y tan solo remitió la
copia digital del aludido expediente por intermedio de su secretaría.
De la revisión del material probatorio obrante en el plenario se constató que en el
proceso respecto del cual se suscita la controversia planteada en la tutela se
surtieron las siguientes actuaciones en sede de apelación:
• El 6 de junio de 2019 el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por la señora Salamanca de Vera fue radicado en el Tribunal
Administrativo de Santander.
8
Entre otras, consultar las sentencias de 18 de noviembre de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio, rad. 11001-03-15-000-2021-05541-00 y 11 de noviembre de 2021, M.P. Rocío Araújo
Oñate, rad. 11001-03-15-000-2021-05375-00.
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• El 30 de julio de 2019 se admitió el recurso de apelación.
• El 27 de septiembre de 2019 la parte demandante elevó solicitud de impulso
procesal.
• El 3 de agosto de 2020 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público por
el término de 10 días para que presentaran sus alegatos de conclusión.
• El 9 de febrero de 2021 la parte actora presentó un memorial de impulso
procesal.
• El 31 de mayo de 2021 el expediente pasó al despacho para fallo.
• El 10 de agosto de 2021 el apoderado de la señora Salamanca de Vera radicó
un tercer escrito de impulso procesal.
Bajo este contexto, el a quo concluyó que no era dable acceder al amparo
deprecado por la tutelante en aplicación de la presunción de veracidad, pues no
acreditó que ella se encuentra en una condición de debilidad manifiesta, así
como tampoco que la colegiatura accionada incurrió en alguna conducta
arbitraria.
En su defensa, la accionante reiteró que el Tribunal Administrativo de Santander
desconoció sus derechos fundamentales invocados al no dictar la providencia
que ponga fin a su caso, aunado a que en el fallo de primera instancia no se tuvo
en cuenta que merece un tratamiento particular en razón a que tiene más de 84
años.
Ahora bien, al verificar el estado actual del proceso objeto de controversia en el
aplicativo Samai9, esta Sección encontró que el 4 de marzo del presente año se
profirió sentencia de segunda instancia en la que se resolvió:
“FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia apelada.
SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandada conforme lo descrito
en precedencia.
TERCERO. Ejecutoriada esta providencia DEVOLVER el expediente al Juzgado de
origen, previas constancias de rigor en el sistema Siglo XXI.”
Así las cosas, como lo pretendido por la parte actora en esta instancia
constitucional era precisamente que se dictara una orden encaminada a que la
colegiatura enjuiciada profiriera la sentencia que resolviera en segunda instancia
el proceso con radicado 68081-33-33-001-2017-00406-01 y comoquiera que ello
ocurrió durante el presente trámite procesal, el mismo carece actualmente de
objeto pues el hecho que originó la presentación de la acción de tutela fue
disipado.
9
Información visible en el siguiente link:
https://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=680813333001201
700406016800123 en el índice 20.
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Cabe señalar que la Corte Constitucional explicó que la terminación del proceso
de tutela por carencia actual de objeto se presenta cuando la vulneración del
derecho fundamental desaparece o se materializa en el trascurso de la solicitud
de amparo, por lo que resulta inane la intervención del juez constitucional
tendiente a impartir alguna orden en aras de salvaguardar las garantías
constitucionales transgredidas, además, ha señalado que esta figura jurídica
puede proceder en tres supuestos de hecho: i) por hecho superado; ii) por daño
consumado; y iii) por una situación sobreviniente.
Al respecto, ha señalado:
“… La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección
efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o
afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que,
ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a
la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de
amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo
extraordinario y expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer
el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez constitucional,
cualquier determinación que se pueda tomar para salvaguardar las garantías que
se encontraban en peligro, se tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue
especialmente previsto para esta acción …10”. (Negrilla fuera de texto original)
En relación con los referidos tres supuestos, la Sala precisó lo siguiente:11
i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley
2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se
materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la
autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la
vulneración de los derechos fundamentales.
Vale la pena resaltar que para la aplicación del hecho superado resulta
irrelevante determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos
fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia, lo que
indica que el juez podría optar por analizar de fondo la conducta de la autoridad
demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron o no los derechos
fundamentales.
En efecto, la Corte Constitucional ha aplicado esta figura incluso en aquellos
casos en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales
ocurre luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el
trámite de revisión ante ese alto Tribunal.12
En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se
supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha
destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse
respecto de la conducta desplegada por la autoridad demandada para formular
un juicio de reproche, en caso de que sea necesario y advertir sobre la no
10
Sentencias SU-225 de 2013 y T-317 de 2005.
11
Sentencia de 13 de diciembre de 2018, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 2018-04225.
12
A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 de 2016.
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repetición de la conducta lesiva de los derechos afectados. Así lo ha indicado la
Corte Constitucional:
«En estos casos, “no es perentorio para los jueces de instancia, aunque
sí para Corte en sede de Revisión,13 incluir en la argumentación de su
fallo el análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales
planteada en la demanda. Sin embargo puede hacerlo, sobre todo si
considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos
del caso estudiado, incluso para llamar la atención sobre la falta de
conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para
condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena
de las sanciones pertinentes, si así lo considera”.14 Según la jurisprudencia
de la Corte, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la providencia
judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes del
momento del fallo, es decir que se demuestre el hecho superado.15 16»
(Destacado de la Sala)
ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la
interposición de la acción de tutela. Sobre el particular, ha señalado el Tribunal
Constitucional: “[l]a segunda de las figuras referenciadas [daño consumado],
consiste en que a partir de la vulneración ius-fundamental que venía
ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela
se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de
tutela dé una orden al respecto”.17
iii) La situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de los derechos
fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de tutela, con ocasión
del obrar del actor o de un tercero distinto a la autoridad demandada. Sobre el
particular, la citada Corporación indicó lo siguiente:
“… El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las
distintas Salas de Revisión. Es una categoría que ha demostrado ser de gran
utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud
cobija casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño
consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier ‘otra
circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela
relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por
lo tanto caiga en el vacío’. No se trata entonces de una categoría homogénea y
completamente delimitada…”.18 (Negrilla fuera del texto original)
De modo que en el caso en estudio se revocará la decisión impugnada para, en
su lugar, declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que
encontrándose en trámite esta acción constitucional se dictó la sentencia de
segunda instancia en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
13
Nota de pie de página con el número 45, la cual se transcribe literalmente: “Esto se debe a que
la Corte Constitucional, como Juez de máxima jerarquía de la Jurisdicción Constitucional tiene el
deber de determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya protección se solicita”.
14
“El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 46, la
cual se transcribe literalmente: “Ver sentencia T-612 de 2009”.
15
“El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 47, la
cual se transcribe literalmente: “Sentencia T-170/09”.
16
Corte Constitucional, sentencia T-112/2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
17
Corte Constitucional, sentencia T-030 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
18
Corte Constitucional, sentencia SU-522 de 2019, M.P. Diana Fajardo Rivera.
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derecho identificado con el radicado 68081-33-33-001-2017-00406-01, lo cual
constituía la circunstancia que podía originar algún quebranto a los derechos
fundamentales de la demandante, de ahí que cualquier orden que se imparta por
parte de esta Sala resultaría inane, debido a que la posible vulneración cesó con
la actuación de la autoridad enjuiciada.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Revócase la sentencia de 27 de enero de 2022 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que negó la acción de
tutela promovida por la señora María del Rosario Salamanca de Vera y, en su
lugar, declárase la carencia actual de objeto por hecho superado, por los motivos
descritos anteriormente.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Salva voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
!+"
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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