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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10112-00

Fecha
25 de febrero de 2022
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10112-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: NEGAR la acumulación del presente expediente al proceso con radicado 11001-03-15-000-2021-07578-00 (Actora: Ana de Jesús Gallo) y, como consecuencia de ello, AVOCAR el conocimiento del mecanismo de amparo de la referencia, de conformidad con las consideraciones previamente expuestas. SEGUNDO: DESVINCULAR del presente trámite constitucional al Ministerio de Justicia y del Derecho. TERCERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por sustracción de materia del mecanismo de amparo de la referencia, de conformidad con las consideraciones anteriormente expuestas. CUARTO: En caso de no ser impugnada esta decisión, se REMITIRÁ el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. 16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 16 de diciembre de 2021. Expediente 11001-23-33-000-2021-07893-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 17 de enero de 2022. Expediente 11001-13-15-000-2021-07578-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 16 Radicación: 11001-03-15-000-2021-10112-00 Accionante: María Elena Castellar Romero Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-10112-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

25 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10112-00
Accionante: MARÍA ELENA CASTELLAR ROMERO
Accionados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – se declara la carencia actual de objeto por
sustracción de materia porque el acto administrativo acusado fue
derogado expresamente

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la ciudadana María Elena
Castellar Romero en contra del Presidente de la República1 y de los
ministerios del Interior, de Salud y Protección Social, de Justicia y del
Derecho y de Comercio, Industria y Turismo.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La ciudadana María Elena Castellar Romero solicitó la protección de sus
derechos fundamentales «[…] a la libre locomoción, libertad de reunión, libertad de
conciencia, derecho al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad, derecho a la
igualdad y mi derecho a la dignidad y a la vida digna […]», los cuales fueron
presuntamente transgredidos por los aquí accionados, como consecuencia de la
expedición y aplicación del Decreto número 1408 de 3 de noviembre de 20212.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que, a través del Decreto número 1408 de 3 de noviembre de 2021, se
dispuso que las entidades territoriales debían adicionar a los protocolos de
bioseguridad la presentación del carné o el certificado digital de vacunación contra la
enfermedad Covid-19, para eventos presenciales que impliquen asistencia masiva y
para el ingreso a «[…] bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, lugares
de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así como escenarios
deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos, y ferias […]».

1
La Sala entiende que la demanda de tutela se presentó en contra del Presidente de la República.
2
“Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus
COVIO - 19, Y el mantenimiento del orden público”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-10112-00
Accionante: María Elena Castellar Romero

2.2. Afirmó que, desde la expedición del Código de Nüremberg de 20 de agosto de
1947, la autonomía del paciente es un derecho esencial y debido a esto «[…] ningún
procedimiento médico, suministro de medicamentos, vacunas o tratamientos puede
aplicarse a un paciente […]» sin su consentimiento previo e informado.

2.3. Señaló que, debido a las medidas adoptadas en el referido decreto, las entidades
accionadas están coaccionando a todos los habitantes que, por razones médicas, de
conciencia o de culto, han decido autónomamente no aplicarse la vacuna contra el
Covid-19.

2.4. Adujo que estas medidas desconocen las siguientes normas: i) los artículos 5° y
6° de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos; ii) el literal d) del
artículo 10 de la Ley Estatutaria de la Salud número 1751 de 2015, y iii) el literal a)
del artículo 152 de la Constitución Política.

2.5. Indicó que la evidencia científica permitía concluir que «[…] las vacunas contra el
COVID 19 no gozan de una eficacia relevante en lo que se refiere a prevención del
contagio, sino que están encaminadas a evitar la agravación de síntomas propios de
esta enfermedad […]». Por tal motivo, a su juicio, resulta arbitrario, discriminatorio e
inconstitucional que se adopten las medidas consagradas en el Decreto 1408 de
2021, ya que se está partiendo de la premisa consistente en que las personas no
vacunadas son un peligro para la sociedad.

2.6. Expuso, además, que resulta inconstitucional que el Gobierno nacional adopte
esta medida pese a que «[…] no ha garantizado el acceso a primera, segunda y
tercera dosis en todo el territorio colombiano […]».

2.7. Sostuvo
que el Decreto 1408 de 2021 resulta lesivo para sus derechos
fundamentales, en síntesis, por las siguientes razones:

i) Como primer argumento adujo que el decreto enjuiciado era inconstitucional
porque el ejecutivo carecía de competencia para limitar, regular y restringir el
ejercicio de derechos fundamentales. En ese orden de ideas, señaló que a la luz
del literal a) del artículo 152 constitucional «los derechos fundamentales de las
personas deben regularse y únicamente pueden limitarse por medio de leyes
estatutarias».

Por lo anterior, indicó que únicamente el Congreso de la República, a través de
una ley estatutaria, era el órgano facultado para establecer la medida obligatoria
de presentación del carné de vacunación contra el Covid-19.

ii) En segundo lugar, argumentó que la exigencia del carné vulneraba su derecho
a la libertad de locomoción, en tanto que le impide acudir a espacios públicos
para desarrollar las actividades cotidianas de relacionamiento social y de ocio.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-10112-00
Accionante: María Elena Castellar Romero

iii) En tercer lugar, señaló que el decreto enjuiciado transgredía el derecho a la
reunión porque no se les permitiría «reunirnos en espacios públicos y privados
que impliquen aglomeración», a menos que se encuentren vacunados.

iv) En cuarto lugar, adujo que se vulneraba el derecho fundamental a la libertad
de conciencia porque la actora, bajo el amparo del artículo 18 constitucional, se
consideraba objetora de conciencia en relación con la aplicación de la vacuna.

En consonancia con esto, señaló que nuestra constitución establece que «nadie
puede ser obligado a actuar en contra de sus convicciones»; y que a través del
decreto enjuiciado se le está coaccionando para que actúe en contra de sus
convicciones y de su conciencia, porque si no se vacuna no podría asistir a
ninguno de los espacios contemplados en el artículo 2º del Decreto 1408 de 2021.

v) Como quinto argumento, sostuvo que se vulneraba el derecho al trabajo, ya
que está ante el perjuicio real e irremediable de no realizar con normalidad las
actividades laborales que a diario desarrolla y que, en muchos casos, las realiza
en los espacios en que se requiere que se presente el carné de vacunación.

vi) En sexto lugar, afirmó que se vulnera el derecho al libre desarrollo de la
personalidad, toda vez que el decreto censurado está impidiendo que decida
libremente no vacunarse contra el Covid-19.

vii) En séptimo lugar, manifestó que se vulnera el derecho a la igualdad entre las
personas vacunadas y las que libremente han decidido no vacunarse porque se
les está dando un trato diferenciado y discriminatorio por el simple hecho de haber
decidido de manera autónoma y libre no recibir la vacuna contra el Covid-19.

También indicó que las medidas adoptadas eran desproporcionadas e
irrazonables, ya que estaba comprobado científicamente que la vacuna no
previene el contagio y, además, causa efectos secundarios, y por ello resulta
innecesario el trato discriminatorio.

viii) Como octavo argumento señaló que el Decreto vulneraba el derecho
fundamental a la vida digna y a la dignidad humana porque autónomamente
decidió no vacunarse y las medidas adoptadas la sometían «a una discriminación
pública y privada», desconociendo que como sujetos morales tienen el derecho a
decidir sobre sus vidas, sin ser discriminados por tal motivo.

2.8. ix) En noveno lugar indicó que se transgredía el derecho a la información
porque el decreto acusado: a) omitía señalar que la vacuna causa efectos
secundarios graves como la miocarditis aguda, la pericarditis, etc; b) omitía
señalar que en la actualidad se desconocen los efectos secundarios de la vacuna
en el mediano y en el largo plazo; y, además, c) el Gobierno ocultaba las cifras de
personas fallecidas como consecuencia de la aplicación de la vacuna.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-10112-00
Accionante: María Elena Castellar Romero

III. PRETENSIONES

3. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

[…] 4.1. Que se tutelen mis derechos fundamentales y libertades individuales
a la libre locomoción, libertad de reunión, libertad de conciencia y de culto,
derecho al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad, a la
dignidad y a la vida digna.

4.2. Que, con fundamento en el artículo 8º del Decreto 2591 de 1991, a fin de
obtener la tutela efectiva de mis derechos fundamentales y libertades
individuales, se suspendan los efectos del Decreto 1408 del 03 de noviembre
de 2021 mientras se acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo
en ejercicio del medio de control de nulidad y se obtiene una sentencia que
haga tránsito a cosa juzgada […].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 31 de enero de 2022, la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, i) admitió la presente acción de tutela, ii) negó la medida
provisional, y iii) remitió el presente proceso con el propósito de que se resolviera
de su acumulación al expediente de tutela número 11001-03-15-000-2021-07578-
00.

V. INTERVENCIONES

5. Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas, se produjeron las
siguientes intervenciones:

5.1. El Presidente de la República, a través de apoderado judicial, rindió informe
en el que desarrolló los siguientes temas: i) el estado actual de la pandemia; ii) los
avances en las coberturas de vacunación en el país; iii) la efectividad y seguridad
de las vacunas; iv) la evidencia sobre la necesidad de alcanzar altas coberturas
de vacunación para evitar nuevos picos, y v) el aumento de casos de Covid-19 en
niños (as) y adolescentes, entre otros.

5.2. Seguidamente indicó que la solicitud de amparo no cumplía con el requisito de
la subsidiariedad, en tanto que:

[…] 1. La parte accionante sí cuenta con un mecanismo de defensa judicial
que le permite controvertir la constitucionalidad y legalidad del Decreto 1408
de 2021, el cual se encuentra regulado por la normatividad contenciosa
administrativa.

2. Con la expedición del Decreto 1408 de 2021, se fijan restricciones
razonables para que la determinación personal de los anti vacunas no afecte
la vida del resto de la población y haga viable la vida en sociedad en tiempos
de pandemia. Es decir, que la norma impugnada propende por la protección
de derechos fundamentales de todos los ciudadanos y residentes en

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Accionante: María Elena Castellar Romero

Colombia, por cuanto procura la garantía de derechos como la protección a la
vida y la salud.

3. En el desarrollo de la presente contestación, se pondrá de presente que con
la expedición del Decreto 1408 de 2021, así como con las múltiples decisiones
adoptadas por el gobierno nacional en el marco de la emergencia sanitaria,
producto de la pandemia del COVID 19, se propende por la garantía de
derechos de todo el colectivo, para evitar o para mitigar los daños irreparables
que ya hemos padecido, como las pérdidas humanas, o las nefastas
consecuencias en la sostenibilidad financiera de un sin número de hogares
[…].

5.3. Adicionalmente, señaló que «[…] en el caso en concreto, no se estructura una
transgresión de los derechos fundamentales a derecho a la igualdad, a la vida
digna, a la salud, al libre desarrollo de la personalidad, a no ser discriminado y
recibir el mismo trato, toda vez que con la expedición Decreto 1408 de 2021, se
busca preservar la salud y la vida, evitando el contacto y la propagación del
Coronavirus COVID19, de toda la población colombiana […]».

5.4. Con base en los argumentos expuestos, arribó a las siguientes conclusiones:

[…] 1. La acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial con un
carácter residual y subsidiario, en consecuencia, se advierte que en el caso
particular y concreto no se cumple con el criterio de subsidiariedad, por cuanto
la parte actora no demuestra una afectación directa y subjetiva a sus derechos
presuntamente vulnerados con la expedición del Decreto 1408 de 2021, en
tanto realiza suposiciones generales e incluso inciertas, que no se proyectan
hacia la materialización de un perjuicio irremediable.

2. Pese a que se enuncian una serie derechos que supuestamente afectan a
la accionante, surge un debate donde se involucran derechos cuya titularidad
corresponde a toda la sociedad y la vida en sociedad en medio de una
pandemia, no de un contexto de normalidad. Luego entonces, no acredita o
demuestra que la vulneración alegada de sus derechos fundamentales sea
una afectación directa y subjetiva. Así como tampoco demuestra que con la
entrada en vigor del Decreto 1408 de 2021 y hoy del Decreto 1615 de 2021,
se genere un perjuicio irremediable inminente, urgente, cierto e impostergable.

3. De otro lado, pese a las manifestaciones esbozadas por quien acciona, lo
cierto es que la vacunación en contra del COVID 19, no tiene un carácter
obligatorio de conformidad con la Ley 2064 de 2020 y con el Decreto 109 de
2021.

4. La acción de tutela no es el mecanismo idóneo para controvertir la legalidad
de un acto administrativo de carácter general e impersonal como lo es el
Decreto 1408 de 2021 y ahora el Decreto 1615 del 30 de noviembre de 2021.

5. El Decreto 1615 de 2021, surge como una respuesta estatal para mitigar los
efectos nocivos de la pandemia generada por el COVID 19 en el marco de la
emergencia sanitaria, con la finalidad de proteger la salud y la vida, la vida en
sociedad y la reactivación económica prevaleciendo el principio constitucional
del interés general.

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Accionante: María Elena Castellar Romero

A pesar de que las medidas farmacológicas y no farmacológicas han mostrado
un impacto positivo en el número de casos y fallecidos, algunos países han
empezado a sufrir incrementos en el número de casos. Lo cual evidencia que
se deben mantener los esfuerzos hacia el control de la pandemia.

6. En el caso particular y concreto no obra prueba siquiera sumaria de la
presunta obligatoriedad de la inoculación, mucho menos de la vulneración de
los derechos deprecados […].

5.5. Como consecuencia de todo lo anterior, solicitó lo siguiente:

[…] PRIMERO: NEGAR por IMPROCEDENTE el amparo solicitado por cuanto
nos encontramos ante (i) la ausencia del requisito de subsidiariedad; (ii) por
cuanto no obra prueba siquiera sumaria que acredite la supuesta
vulneración de derechos fundamentales por parte del Gobierno Nacional y
(iii) por falta de legitimación en la causa por activa.

En su defecto, solicitamos negar el amparo solicitado por cuanto no se ha
vulnerado ninguno de los derechos fundamentales de quien acciona con la
expedición por parte del Gobierno nacional del Decreto 1408 hoy Decret0
1615 de 30 de noviembre de 2021 por cuanto: Las medidas restrictivas para
las personas que no quieren vacunarse están justificadas constitucionalmente,
pues: (i) No obliga a la vacunación contra la Covid-19 a ningún ciudadano
colombiano; (ii) es razonable y está encaminada permitir la vida en sociedad y
económica en medio de la pandemia, protegiendo la salud en conexidad con
la vida de todos los colombianos y residentes en el país, y en ese sentido se
justifica la limitación al derecho a la libertad de locomoción; (ii) desarrolla el
principio de solidaridad que sustenta la prestación de servicios de salud -
artículos 48, 49 Y 95 de la Constitución Política-; y (iii) no es discriminatoria y
encuentra plena justificación en el hecho de que no se interviene en la
decisión de no vacunarse, pero acude a la restricción como único mecanismo
para evitar que la población no vacunada facilite la circulación del virus y el
riesgo de mutación, lo que gravemente sí afecta o al menos pone en riesgo la
vida de todos los colombianos y residentes en el país […].

5.6. Los ministerios del Interior y de Salud y Protección Social, por intermedio
de sus apoderados judiciales y por escritos separados, rindieron informes en los
que plasmaron argumentos coincidentes con aquellos expuestos por el Presidente
de la República e, igualmente, solicitaron que se declarara improcedente el
mecanismo de amparo de la referencia o, en su defecto, el mismo se negara, ante
la ausencia de vulneración de los derechos que se afirman transgredidos.

5.7. El ministerio de Justicia y del Derecho, a través de apoderado judicial, rindió
informe en el que indicó que carece de legitimación en la causa por pasiva, toda
vez que no participó en el trámite de expedición del decreto entutelado.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para pronunciarse sobre la acción de tutela
presentada por la parte accionante en contra del Presidente de la República y de

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-10112-00
Accionante: María Elena Castellar Romero

los ministerios del Interior, de Salud y Protección Social, de Justicia y del
Derecho y de Comercio, Industria y Turismo, en virtud de lo previsto en el
Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19913, en concordancia con el artículo 1º del
Decreto 333 de 6 de abril de 20214 y en armonía con el Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de
tutela.

VI.2. Cuestión previa

VI.2.1. Acumulación de procesos

7. Mediante auto de 31 de enero de 2022, el despacho a cargo del doctor Fredy
Hernando Ibarra Martínez, magistrado de la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado admitió la acción de tutela de la referencia. En la misma
providencia, remitió este expediente para que se estudiara su posible acumulación
con el proceso con radicado número 11001-03-15-000-2021-07578-00, por existir
identidad de objeto, causa petendi y parte accionada.

8. Para resolver lo pertinente, es necesario poner de relieve que, el Decreto 1834
de 2015, en el artículo 2.2.3.1.3.1, fija la regla para el reparto de tutelas masivas,
en los siguientes términos:

[…] Artículo 2.2.3.1.3.3. Las acciones de tutela que persigan la protección de
los mismos derechos fundamentales, presuntamente amenazados o
vulnerados por una sola y misma acción u omisión de una autoridad pública o
de un particular se asignarán, todas, al despacho judicial que, según las reglas
de competencia, hubiese avocado en primer lugar el conocimiento de la
primera de ellas.

A dicho Despacho se remitirán las tutelas de iguales características que con
posterioridad se presenten, incluso después del fallo de instancia. (Se destaca)

9. A su vez, el artículo 2.2.3.1.3.35 del mismo decreto dispone que la acumulación
de procesos procede hasta antes de dictarse la respectiva sentencia.

10. Como se logra apreciar de las normas transcritas, las acciones de tutela que
tengan una misma causa, objeto y parte pasiva6, serán resueltas por el juez que,
en primer lugar y de acuerdo con las reglas de competencia, hubiere
avocado el conocimiento de la primera de ellas, incluso después de haberse
proferido el respectivo fallo.

3
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
4
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
[…] El juez de tutela que reciba las acciones de tutela podrá acumular los procesos en virtud de la aplicación de los
artículos 2.2.3.1.3.1 y 2.2.3.1.3.2 del presente decreto, hasta antes de dictar sentencia, para fallarlos todos en la misma
providencia […].
6
Sobre el análisis de los elementos que deben configurarse para predicar la aplicabilidad del artículo 2.2.3.1.3.1. del
Decreto 1069 de 2015, adicionado por el artículo 1° del Decreto 1834 de 2015, ver: Corte Constitucional, Auto 172 de 2016,
C.P. Alberto Rojas Ríos.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-10112-00
Accionante: María Elena Castellar Romero

11. Con fundamento en las anteriores premisas, en el sub examine, se advierte que
si bien el proceso de la referencia con el expediente 11001-03-15-000-2021-
07578-00 guardan identidad de objeto, causa petendi y de accionados, la realidad
es que actualmente ya no resulta procedente ordenar su acumulación, habida
cuenta que en este último ya se dictó sentencia el 17 de enero de 2022.

12. Sin embargo, teniendo en cuenta que se cumplen los supuestos del artículo
2.2.3.1.3.1 del Decreto 1834 de 2015, se avocará el conocimiento de la acción
de tutela de la referencia, en aras de garantizar de que, frente a una misma
situación de hecho, no se produzca una decisión disímil en detrimento de la
seguridad jurídica y la igualdad; decisión que se adopta en la presente
providencia en virtud de los principios de celeridad y economía procesal
característicos de la acción de tutela.

VI.2.2. Falta de legitimación en la causa por pasiva del ministerio de Justicia
y del Derecho

13. Ahora bien, el apoderado judicial del ministerio de Justicia y del Derecho, al
rendir su informe, manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva,
por lo que solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional.

14. Para resolver lo pertinente, es necesario poner de relieve que el
pronunciamiento de la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de
noviembre de 20067, en la que se refirió a la falta de legitimación en la causa por
pasiva en los siguientes términos:

[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y
celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar
los principios de legalidad y contradicción […]. (Negrillas fuera de texto)

15. Así las cosas, al revisar el acto administrativo objeto de tutela, la Sala observa que
efectivamente, el ministerio de Justicia y del Derecho no participó en el trámite y

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Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

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Accionante: María Elena Castellar Romero

expedición de este, por lo que no tiene ningún interés en los resultados del presente
proceso. Por tanto, se ordenará la desvinculación de dicho ente ministerial.

VI.3. Problemas jurídicos

16. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:

a) Si en el presente asunto se configuró o no la carencia actual de objeto por
sustracción de materia, con ocasión de la derogatoria expresa del Decreto
1408 de 2021, de no ser así, determinar:

b) Si se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra actos administrativos de carácter general.

c) Si las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la actora como consecuencia de la expedición del Decreto
número 1408 de 3 de noviembre de 2021.

VI.4. Caso concreto

17. Laciudadana María Elena Castellar Romero solicitó la protección de sus
derechos fundamentales «[…] a la libre locomoción, libertad de reunión, libertad de
conciencia, derecho al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad, derecho a la
igualdad y mi derecho a la dignidad y a la vida digna […]», los cuales fueron
presuntamente transgredidos por los aquí accionados, como consecuencia de la
expedición y aplicación del Decreto número 1408 de 3 de noviembre de 20218.

18. La
Sala advierte que el presente análisis se centrará si, con ocasión de la
derogatoria expresa del Decreto 1408 de 2021, en el sub examine se configura la
carencia actual de objeto por sustracción de materia.

VI.4.1. De la carencia actual de objeto por sustracción de materia con
ocasión de la derogatoria expresa del Decreto 1408 de 2021

19. En relación con la figura de la carencia actual de objeto, esta Sala de
Decisión recientemente y mediante providencia de 9 de septiembre de 20219
precisó que dicho fenómeno jurídico se presenta en las siguientes eventualidades:
«[…] i) por hecho superado, cuando por alguna conducta del obligado se supera la
afectación a los derechos invocados de tal manera que resulte innecesario el
pronunciamiento del juez, ii) por daño consumado, cuando se afecta de manera
definitiva los derechos del tutelante, antes de que el juez constitucional profiera

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“Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus
COVID - 19, Y el mantenimiento del orden público”.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, sentencia del 9 de septiembre de 2021, Exp.
11001-03-15-000-2021-02263-00, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-10112-00
Accionante: María Elena Castellar Romero

decisión de fondo sobre las pretensiones de la tutela y, iii) por sustracción de
materia […]».

20. Particularmente,y en lo atinente a la carencia actual de objeto por
sustracción materia, la Sala concluyó que tal figura: «[…] se configura en
aquellos casos en que deja de existir el objeto jurídico respecto del cual el juez
constitucional debe tomar una decisión, por lo cual, la protección a través de la
tutela pierde sentido y, en consecuencia, el juez constitucional queda
imposibilitado para emitir orden alguna de protección del derecho fundamental
invocado […]».

21. En esa misma línea argumentativa, la jurisprudencia de la Corte Constitucional
ha indicado lo siguiente:

[…] La carencia actual de objeto tiene lugar, en la medida en que la
finalidad de la acción de tutela es garantizar la protección del derecho
fundamental de quien invoca el amparo. Es decir, es, en principio, una
finalidad subjetiva. Existiendo carencia de objeto “no tendría sentido cualquier
orden que pudiera proferir esta Corte con el fin de amparar los derechos del
demandante, pues en el evento de adoptarse ésta, caería en el vacío por
sustracción de materia”. La Corte ha señalado al respecto:

“Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la
Constitución Política, en forma reiterada ha señalado que el objetivo de la
acción de tutela se circunscribe a la protección inmediata y actual de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de
los particulares en los casos expresamente consagrados en la ley.

Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el
mencionado artículo, es que el Juez Constitucional, de manera expedita,
administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere
pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus acciones han
amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa
actual y cierta de los mismos.

No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta
amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra
superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo
más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto la decisión
que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a
todas luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo
constitucionalmente previsto para esta acción10” […] (negrillas fuera del texto)

22. A partir de lo anterior, es dable concluir que la acción de tutela fue instituida
como un mecanismo expedito para la protección inmediata y oportuna de los
derechos fundamentales de las personas y debido a esto, al desaparecer la causa
que da origen a dicha vulneración, como sería, por ejemplo, la derogatoria del acto
administrativo que presuntamente vulnera las garantías fundamentales del

10
Corte Constitucional. Sala Octava de Revisión. Sentencia T-653 de 17 de septiembre de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10112-00
Accionante: María Elena Castellar Romero

accionante, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo de
protección judicial.

23. En este contexto, se pone de relieve que el Decreto número 1408 de 3 de
noviembre de 2021 fue derogado expresamente por el artículo 5º del Decreto
número 1615 de 30 de noviembre de 202111, norma cuyo tenor literal prescribe:
«[…] el presente Decreto rige a partir de su publicación y deroga el Decreto 1408
del 3 de noviembre de 2021 […]».

24. Ahora bien, en el caso sub examine, se advierte que las pretensiones de la
presente acción constitucional persiguen la protección de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora y, como consecuencia de ello, se
ordene la suspensión del Decreto 1408 de 3 de noviembre de 2021.

25. En atención a lo anterior, y en consideración a que el objeto de la presente
acción de tutela consiste en que se suspendan los efectos del Decreto número
1408 de 3 de noviembre de 2021, para la Sección es claro que en el caso de autos
se configura la carencia actual de objeto por sustracción de materia, en el
entendido que el acto administrativo que presuntamente vulneró los
derechos fundamentales de la accionante, no está surtiendo efectos
jurídicos en este momento, debido a su derogatoria expresa.

26. Cabe resaltar que, con ocasión de la derogatoria expresa del Decreto 1408 de
2021, al tenor literal numeral 5° del artículo 91 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA12, se materializa el
supuesto normativo denominado «pérdida de ejecutoriedad del acto
administrativo» como fenómeno derivado, en este caso concreto, de la falta de
vigencia del referido acto administrativo13.

27. Es pertinente poner de relieve que el atributo de la ejecutoriedad hace
referencia a que un determinado acto administrativo, una vez en firme, sea
exigible y produzca efectos jurídicos, circunstancia que no se presenta en este
caso en razón a la referida derogatoria.

28. Ahora
bien, es oportuno precisar que, aunque el Decreto 1408 de 2021 fue
derogado, lo cierto es que surtió efectos mientras estuvo vigente y, en ese

11
“Vigencia. El presente Decreto rige a partir de su publicación y deroga el Decreto 1408 del 3 de noviembre de 2021”.
12
«[…] ARTÍCULO 91. PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en
contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes
casos:

(…)

5. Cuando pierdan vigencia. […]».
13
«[…] ARTÍCULO 89. CARÁCTER EJECUTORIO DE LOS ACTOS EXPEDIDOS POR LAS AUTORIDADES. Salvo
disposición legal en contrario, los actos en firme serán suficientes para que las autoridades, por sí mismas, puedan
ejecutarlos de inmediato. En consecuencia, su ejecución material procederá sin mediación de otra autoridad. Para tal efecto
podrá requerirse, si fuere necesario, el apoyo o la colaboración de la Policía Nacional.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10112-00
Accionante: María Elena Castellar Romero

sentido14: «[…] el hecho de que un acto administrativo objeto de control no esté
produciendo efectos jurídicos no impide la realización del juicio de legalidad por
los efectos que pudo producir durante el tiempo en que estuvo vigente […]», razón
por la cual será el juez ordinario -como juez natural de este tipo de controversias- y no
el juez constitucional de tutela, el encargado de analizar la legalidad del acto y de
disponer o no la adopción de las medidas cautelares que se estimen pertinentes.

29. Sobre el particular, se pone de presente que en esta Sección actualmente
cursan más de 150 demandas instauradas en ejercicio del medio de control de
nulidad previsto en el artículo 137 del CPACA, a través de la cuales se busca que
se declare la nulidad del Decreto número 1408 de 2021, siendo la primera en ser
admitida la promovida por el señor José Ignacio Morales Arriaga, con radicación
11001-03-24-000-2021-00686-0015, y en las cuales se solicitó que se decrete la
suspensión previsional del plurimencionado decreto.

30. Finalmente, es pertinente resaltar que si bien es cierto que el Decreto 1615 de
30 de noviembre de 2021 exigió nuevamente la presentación del carné de
vacunación o certificado digital para ingresar a ciertos lugares, también lo es que
este juez constitucional, en el marco de proceso de la referencia, no puede emitir
un pronunciamiento de fondo frente al mismo, en tanto que se trata de actos
administrativos distintos, autónomos e independientes y en relación a los cuales
no existe plena identidad jurídica, tal como se puede evidenciar del siguiente
cuadro comparativo:

DECRETO 1408 DE 2021 DECRETO 1615 DE 2021 DIFERENCIAS
(03 de noviembre, 2021) (30 de noviembre, 2021)
Artículo 1. Objeto. El Artículo 1. Objeto. El presente N/A
presente Decreto tiene por Decreto tiene por objeto impartir
objeto impartir instrucciones en virtud de la
instrucciones en virtud de emergencia sanitaria generada
la emergencia sanitaria por la pandemia del Coronavirus
generada por la pandemia COVID 19.
del Coronavirus COVID-
19.
Artículo 2. Exigencia del Artículo 2. Exigencia del 1) Se modificaron las fechas de exigencia del inicio
Carné de Vacunación. Carné de Vacunación. Las del esquema de vacunación y para tener el
Las entidades territoriales entidades territoriales deberán esquema de vacunación completo:
deberán adicionar a los adicionar a los protocolos de
protocolos de bioseguridad vigentes, la Decreto Decreto
bioseguridad vigentes, la presentación obligatoria del 1408 1615
presentación obligatoria carné de vacunación contra el Requisito Para Para
del carné de vacunación Covid-19 o certificado digital de inicio mayores de mayores de
contra el Covid-19 o vacunación disponible en el link: esquema de 18 años, 12 años,
certificado digital de mivacuna.sispro.gov.co, en el vacunación desde el 16 desde el 1°
vacunación disponible en que se evidencie, como mínimo, de de diciembre
el link: el inicio del esquema de noviembre de 2021.
mivacuna.sispro.gov.co, vacunación, como requisito de de 2021.
en el que se evidencie, ingreso a: (i) eventos
como mínimo, el inicio del presenciales de carácter público Para
esquema de vacunación, o privado que impliquen mayores de
como requisito de ingreso asistencia masiva y, (ii) bares, 12 años,
a: (i) eventos presenciales gastrobares, restaurantes, cines, desde el 30

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de julio de 2021, Exp.
11001-03-24-000-2012-00323-00, C.P. Oswaldo Giraldo López. En el mismo sentido ver las siguientes providencias: de 27
de marzo de 2003, Expediente: 0171 (7095), M.P. Camilo Arciniegas Andrade; de 10 de marzo de 2010, Expediente:
11001032400020040038001, M.P. María Claudia Rojas Lasso; de sentencia de 22 de noviembre de 2012, Expediente:
11001032400020080010000, M.P. María Elizabeth García González, de 10 de mayo de 2018, Expediente 11001-03-24-
000-2008-00248-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, entre otras.
15
Fue admitida mediante auto de 25 de noviembre de 2021, por el Consejero Roberto Augusto Serrato Valdés.

13

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10112-00
Accionante: María Elena Castellar Romero

de carácter público o discotecas, lugares de baile, de
privado que impliquen conciertos, casinos, bingos y noviembre
asistencia masiva y, (ii) actividades de ocio, así como de 2021.
bares, gastrobares, escenarios deportivos, parques
restaurantes, cines, de diversiones y temáticos,
discotecas, lugares de museos, y ferias.
baile, conciertos, casinos,
bingos y actividades de Parágrafo 1. El cumplimiento de
ocio, así como escenarios las normas aquí dispuestas
deportivos, parques de estará a cargo de los
diversiones y temáticos, propietarios, administradores u Requisito N/A Para
museos, y ferias. organizadores de eventos esquena de mayores de
presenciales de carácter público vacunación 18 años,
Parágrafo 1. El o privado que impliquen completo (2 desde el 14
cumplimiento de las asistencia masiva y en aquellos dosis) de diciembre
normas aquí dispuestas lugares antes señalados. En de 2021.
estará a cargo de los caso de incumplimiento las
propietarios, autoridades competentes Para
administradores u adelantarán las acciones mayores de
organizadores de eventos correspondientes. 12 años,
presenciales de carácter desde el 28
público o privado que Parágrafo 2. La exigencia del de diciembre
impliquen asistencia carné de vacunación contra el de 2021.
masiva y en aquellos Covid-19 o certificado digital de En ambos decretos se exceptúa de ambas
lugares antes señalados. vacunación disponible en el link: medidas a la población entre 0 y 12 años. En caso de rnivacuna.sispro.gov.co, en el
incumplimiento las que se evidencie, como mínimo,
2) Se agregan los siguientes parágrafos:
autoridades competentes el inicio del esquema de
adelantarán las acciones vacunación, como requisito de
Parágrafo 3: Min. Salud y Min. Interior podrán
correspondientes. ingreso para las actividades aquí
ampliar las medidas a otras actividades o sectores.
dispuestas entrará en vigencia a
Parágrafo 2. La exigencia partir del 1 de diciembre de 2021
Parágrafo 4. Las personas que hacen parte de
del carné de vacunación para mayores de 12 años; se
una investigación con vacunas AntiCOVID-19
contra el Covid-19 o exceptúa de esta medida a la
deberán presentar un certificado que los acredite
certificado digital de población entre 0 y menor a 12
como tal.
vacunación disponible en años.
el link: Parágrafo 5. Día libre para servidores públicos y
mivacuna.sispro.gov.co, La exigencia del carné de
trabajadores oficiales que en el mes de diciembre
en el que se evidencie, vacunación contra el Covid-19 o
completen sus esquemas de vacunación o
como mínimo, el inicio certificado digital de vacunación
apliquen dosis de refuerzo.
del esquema de disponible en el link:
vacunación, como mivacuna.sispro.gov.co, en el
Parágrafo 6. Insta al sector privado a otorgar un
requisito de ingreso para que se evidencie el esquema de
día libre a empleados o contratistas que en el mes
las actividades aquí vacunación completo -mínimo
de diciembre completen sus esquemas de
dispuestas entrará en dos dosis-, como requisito de
vacunación o apliquen dosis de refuerzo.
vigencia a partir del 16 de ingreso para las actividades aquí
noviembre de 2021 para dispuestas, entrará en vigencia
mayores de 18 años y a partir del 14 de diciembre de
*EN EL DECRETO 1408 EL PARÁGRAFO 3
desde el 30 de noviembre 2021 para mayores de 18 años; DECÍA:
de 2021 para mayores de y desde el 28 de diciembre de
Parágrafo 4. El Ministerio de Salud y Protección
12 años; se exceptúa de 2021 para mayores de 12 años; Social en conjunto con el Ministerio del Interior,
esta medida a la población se exceptúa de esta medida a la
quedan facultados para determinar la fecha desde
entre O y 12 años. población entre y 12 años.
la cual se realizar la exigencia de carné con
esquema de vacunación completo. Parágrafo 3. El Ministerio Parágrafo 3. El Ministerio de
de Salud y Protección Salud y Protección Social en
→ Esto se definió para el Decreto 1615 de 2021.

Social en coordinación coordinación con el Ministerio
con el Ministerio del del Interior, podrá ampliar esta
Interior, podrá ampliar medida a otras actividades o
esta medida a otras sectores, de acuerdo con la
actividades o sectores, de evolución de la pandemia contra
acuerdo con la evolución el Covid -19 Y el avance del
de la pandemia contra el Plan Nacional de Vacunación. Covid -19 Y el avance del
Plan Nacional de Parágrafo 4. Las personas que
Vacunación. hacen parte de una
investigación con vacunas
Parágrafo 4. El Ministerio AntiCOVID-19 aprobados por el
de Salud y Protección Instituto Nacional de Vigilancia
Social en conjunto con el de Medicamentos y Alimentos -
Ministerio del Interior, INVIMA-, como requisito de
quedan facultados para ingreso para las actividades aquí
determinar la fecha desde dispuestas deberán presentar el
la cual se realizar la certificado emitido por el Centro
exigencia de carné con de Investigación en el que se
esquema de vacunación está desarrollando el ensayo
completo. clínico que los acredite como
personas en investigación

14

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10112-00
Accionante: María Elena Castellar Romero

clínica con vacunas contra el
Covid-19.

Parágrafo 5. El Gobierno
Nacional dará un día libre en el
primer trimestre del 2022 a los
servidores públicos y
trabajadores oficiales que en el
mes de diciembre completen sus
esquemas de vacunación o
apliquen dosis de refuerzo en
los tiempos y ciclos establecidos
por el Ministerio de Salud y
Protección Social.

Parágrafo 6. El Gobierno
Nacional insta al sector privado
a otorgar un día libre en el
primer trimestre del 2022 a los
empleados o contratistas que en
el mes de diciembre completen
sus esquemas de vacunación o
apliquen dosis de refuerzo en
los tiempos y ciclos establecidos
por el Ministerio de Salud y
Protección Social.
Artículo 3. Criterio y 1) Se agrega este artículo sobre CRITERIO Y
condiciones para el desarrollo CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE
de las actividades bajo LAS ACTIVIDADES BAJO ESQUEMAS DE
esquemas de vacunación VACUNACIÓN COMPLETOS:
completos. El desarrollo de
todas las actividades aquí - Se debe exigir sin excepción en todo evento o
dispuestas se realizarán, de lugar el carnet de vacunación completo de acuerdo
acuerdo con los siguientes con las fechas anteriormente señaladas.
criterios:
Todo evento presencial de - Puede haber un aforo del 100% cuando se
carácter público o privado que cumpla con el criterio y condición.
implique asistencia masiva a
bares, gastrobares,
restaurantes, cines, discotecas,
lugares de baile, conciertos,
casinos, bingos y actividades de
ocio, así como escenarios
deportivos, parques de
diversiones y temáticos,
museos, y ferias deberá exigir
sin excepción el carnet de
vacunación con esquema
completo de acuerdo con las
fechas señaladas en el artículo
anterior. Los aforos podrán ser
del 100% de acomodación
cuando se cumpla con este
criterio y condición.
Artículo 3. Artículo 4. Comunicación de N/A
Comunicación de las las medidas y órdenes en
medidas y órdenes en materia de orden público
materia de orden público emitidas por alcaldes y
emitidas por alcaldes y gobernadores. Las
gobernadores. Las instrucciones y órdenes que
instrucciones y órdenes emitan los gobernadores y
que emitan los alcaldes municipales y distritales
gobernadores y alcaldes en materia de orden público, con
municipales y distritales relación a la emergencia
en materia de orden sanitaria por causa del
público, con relación a la Coronavirus COVID19 deben
emergencia sanitaria por ser previamente justificadas y
causa del Coronavirus comunicadas al Ministerio del
COVID-19 deben ser Interior, y deberán ser
previamente justificadas y autorizadas por esta entidad.
comunicadas al Ministerio
del Interior, y deberán ser
autorizadas por esta
entidad.
Artículo 4. Vigencia. El Artículo 5. Vigencia. El El Decreto número 1615 de 2021 deroga
presente Decreto rige a presente Decreto rige a partir de expresamente el Decreto 1408 de 2021.
partir de su expedición. su publicación y deroga
el Decreto 1408 del 3 de

15

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10112-00
Accionante: María Elena Castellar Romero

noviembre de 2021.

31. En virtud de lo expuesto, para la Sala es claro que, dadas las diferencias
anteriormente advertidas, será el juez ordinario -o constitucional- que conozca de
las correspondientes acciones judiciales en contra del Decreto 1615 de 2021, el
llamado a emitir el pronunciamiento a que hubiere lugar.

32. Por último, la Sala pone de presente que esta Sección, mediante los fallos de
15 de diciembre de 202116 y de 17 de enero de 202217, tuvo la ocasión de analizar
un asunto idéntico al presente, adoptando la misma decisión que en esta
oportunidad se prohíja en su integridad, en el sentido de señalar la carencia actual
de objeto por sustracción de materia respecto de la acción de tutela que había
sido interpuesta en contra del Decreto número 1408 de 2021.

33. Así las cosas, la Sala declarará la carencia actual de objeto por sustracción de
materia, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: NEGAR la acumulación del presente expediente al proceso con
radicado 11001-03-15-000-2021-07578-00 (Actora: Ana de Jesús Gallo) y, como
consecuencia de ello, AVOCAR el conocimiento del mecanismo de amparo de la
referencia, de conformidad con las consideraciones previamente expuestas.

SEGUNDO: DESVINCULAR del presente trámite constitucional al Ministerio de
Justicia y del Derecho.

TERCERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por sustracción de
materia del mecanismo de amparo de la referencia, de conformidad con las
consideraciones anteriormente expuestas.

CUARTO: En caso de no ser impugnada esta decisión, se REMITIRÁ el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez
(10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el
artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.

16
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 16 de diciembre de 2021.
Expediente 11001-23-33-000-2021-07893-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
17
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 17 de enero de 2022.
Expediente 11001-13-15-000-2021-07578-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

16

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10112-00
Accionante: María Elena Castellar Romero

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente decisión fue firmada electrónicamente por todos los integrantes de la Sala de Decisión de la
Sección Primera del Consejo de Estado en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial - SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

P:(21)

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