Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-10179-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Confirma el fallo impugnado: la solicitud de amparo se
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-10179-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-10179-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
1 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., primero (1°) de abril de dos mil veintidós (2022)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10179-01
Accionantes: CARLOS ALFONSO MESA RODRÍGUEZ
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN A Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – SE
CONFIRMA EL FALLO IMPUGNADO – La solicitud de amparo se
radicó por fuera del termino que se estima como razonable, por
tanto, no satisface el requisito de inmediatez
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por el apoderado judicial de la parte
accionante en contra de la sentencia de 17 de febrero de 2022, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado y a través de la cual se declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El ciudadano Carlos Alfonso Mesa Rodríguez, a través de apoderado judicial,
presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya
vulneración atribuyó a las sentencias de 4 de febrero de 2019 y de 24 de octubre de
2019, proferidas, respectivamente, por el Juzgado Treinta y Tres Administrativo
del Circuito de Bogotá y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -
Sección Tercera - Subsección A, dentro del medio de control de reparación directa
con radicación número 11001-33-36-033-2017-00119-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Manifestó que la Fiscalía General de la Nación inició investigación penal en su
contra por la presunta comisión del delito de terrorismo agravado y que, mediante
«resolución de 12 de julio de 2006 lo afectó con medida de aseguramiento de
detención preventiva sin beneficio de excarcelación».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10179-01
Accionante: Carlos Alfonso Mesa Rodríguez
2.2. Indicó que, mediante sentencia de 30 de marzo de 2016, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Villavicencio declaró la prescripción de la acción penal, por lo
que fue dejado en libertad.
2.3. Señaló que, por considerar que estuvo privado de la libertad injustamente,
presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra
de la Nación – Fiscalía General de la Nación, y de la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de que se «repararan los
daños materiales y morales causados con esa acción injusta de la administración
de justicia».
2.4. Asevero que el conocimiento del referido medio de control le correspondió al
Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá, despacho judicial que,
mediante sentencia de 4 de febrero de 2019, dispuso denegar las pretensiones de
la demanda, luego de considerar que se configuró la eximente de responsabilidad
de culpa exclusiva de la víctima.
2.5. Inconforme con la anterior decisión, presentó recurso de apelación, el cual fue
desatado por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia de 24 de octubre de 2019, autoridad judicial que
confirmó el fallo proferido en primera instancia.
2.6. Manifestó que en las decisiones aquí enjuiciadas se incurrió en defecto fáctico,
al haberse considerado que la medida privativa de la libertad fue racional y
proporcionada sin contarse con el documento por medio del cual se adoptó dicha
decisión.
2.7. Afirmó que, dadas las condiciones surgidas por la pandemia generada por el
coronavirus Covid-19, la presente solicitud de amparo satisface el requisito de la
inmediatez, pese a que ha transcurrido más de un año y seis meses desde la
notificación del fallo de segunda instancia.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
[…] solicito a los Honorables Consejeros de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, se sirvan tutelar el debido proceso y el
acceso a la administración de justicia que como derechos fundamentales le
asisten al señor Carlos Alfonso Mesa Rodríguez, dejando sin efecto las
sentencias de segunda y primera instancias (sic) proferidas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A” y el Juzgado
Treinta y Tres (33) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá de fechas
veinticuatro (24) de octubre de dos mil diecinueve (2019) y cuatro (4) de febrero
de dos mil diecinueve (2019), respectivamente.
Como consecuencia de lo anterior, ordenar al Juzgado Treinta y Tres (33)
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que profiera nueva sentencia en
la que haga una valoración probatoria de la resolución por medio de la cual la
fiscalía general de la nación decretó medida de aseguramiento de detención
preventiva en establecimiento carcelario al señor Carlos Alfonso Mesa
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-10179-01
Accionante: Carlos Alfonso Mesa Rodríguez
Rodríguez dentro del proceso penal que terminó con sentencia absolutoria,
proferida por el Juzgado Segundo (2º) Penal del Circuito Especializado de
Villavicencio (Meta) el 31 de diciembre de 2007, dentro del proceso No. 2007-
0017-00 […].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Elmagistrado de la Sección Cuarta del Consejo de Estado a cargo de la
sustanciación del presente proceso, mediante auto de 30 de noviembre de 2021,
admitió la presente acción de tutela. En la misma providencia, vinculó como terceros
con interés directo en los resultados del proceso a la Fiscalía General de la Nación,
a la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a los
señores «Neida Cenaida Álzate Chanchi en nombre propio y en representación de
Karol Yiseth Mesa Álzate; Blanca Inés Rodríguez Jiménez, Martha Patricia Mesa
Rodríguez, Mariluz Mesa Rodríguez y Milton Noel Mesa Rodríguez».
V. INTERVENCIONES
5. Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas y a las entidades
vinculadas, se produjeron las siguientes intervenciones:
5.1. LaSubsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, a través del magistrado ponente de la sentencia enjuiciada, rindió
informe en el que solicitó que se declarara improcedente el mecanismo de amparo
de la referencia, toda vez que, a su juicio, «i) no se evidencia la configuración de un
perjuicio irremediable que justifique la intervención del Juez de tutela; ii) el caso
carece de relevancia constitucional; iii) los argumentos de la parte accionante no se
orientan a evidenciar la vulneración de sus derechos fundamentales, sino a que el
Juez de tutela se constituya en una tercera instancia dentro del medio de control de
reparación directa, fin para el cual no fue previsto el amparo constitucional y; iv) la
acción de tutela desconoce el principio de inmediatez, al haber sido radicada cerca
de 22 meses después de haber sido notificada la sentencia de segunda instancia al
accionante, y más de dos años después de haber sido proferida la providencia
cuestionada».
5.2. La Juez Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá rindió informe
en el que referenció las actuaciones adelantadas dentro del proceso objeto de
censura por esta vía constitucional. Igualmente, manifestó que la solicitud de
amparo no satisface el requisito atinente a la inmediatez, en el entendido que ha
transcurrido más de dos (2) años desde que se dictó la sentencia a la cual se le
atribuye la vulneración de derechos fundamentales.
5.3. De otra parte, sostuvo que no se configuraba el defecto fáctico invocado por el
actor, en tanto que la prueba que se aduce que no fue valorada «no fue aportada ni
solicitada por la accionante dentro del trámite ordinario del proceso, pese a que en
virtud de la carga de la prueba era de su interés y deber aportarla o en su defecto
peticionarla, así que no es viable que en sede de tutela exija su valoración, cuando
ni siquiera considero pertinente su estudio en el proceso ordinario».
4
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10179-01
Accionante: Carlos Alfonso Mesa Rodríguez
5.4. La Fiscalía General de la Nación, por intermedio de la profesional especializada
de la dirección de asuntos jurídicos de la entidad, rindió informe en el que advirtió
que la presente acción de tutela no cumplía con el requisito de la inmediatez, ya que
las decisiones judiciales fueron proferidas en el año 2019 y este mecanismo
constitucional se radicó en noviembre de 2021.
5.5. Aunado a lo anterior, expuso que: «(ii) el apoderado del accionante no da cuenta
a pesar de existir otro mecanismo judicial idóneo para ventilar la controversia objeto
de esta acción, no hizo uso del mismo, (iii) no sustentó las causales específicas de
procedibilidad para que la acción de tutela sea procedente y (iv) pretende recuperar
oportunidades procesales perdidas».
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante sentencia de tutela de 17 de febrero de 2022, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela presentada por el
accionante, luego de considerar que no se cumplía con el requisito de inmediatez,
en tanto que «la decisión de segunda instancia que cuestiona por esta vía fue
proferida el 24 de octubre de 2019, notificada el 26 de noviembre de 2019. Así, a la
fecha de presentación de esta acción, 26 de noviembre de 2021, han transcurrido
dos años».
7. Respecto del argumento expuesto por el actor para justificar la interposición del
mecanismo de amparo por fuera del término de seis (6) meses, el a quo consideró
que este no estaba llamado a prosperar, dado que las acciones de tutela estuvieron
exceptuadas de la suspensión de términos judiciales decretada por el Consejo
Superior de la Judicatura, con ocasión de la pandemia generada por el coronavirus
Covid-19.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
8. La parte accionante, a través de apoderado judicial, impugnó la sentencia de
primera instancia, luego de considerar que la acción de tutela se promovió dentro
de un término razonable.
9. En tal sentido, expuso lo siguiente:
[...] el a quo olvidó que el señor Mesa Rodríguez es un ciudadano del común,
comerciante para mayor precisión, que no estuvo tan atento sobre las normas
que se expidieron para la administración de justicia, como si de las relacionadas
con los pequeños comerciantes. Por esta razón, solicito a los honorables
Consejeros a quienes le corresponda conocer de esta impugnación, se revoque
el fallo de primera instancia y se conceda el amparo demandado, para lo cual
deberá tenerse en cuenta que la Corte Constitucional, a través de distintas
Salas de Revisión ha acogido el creterio determinado con fundamento en las
características especiales en cada caso en concreto.
[...]
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-10179-01
Accionante: Carlos Alfonso Mesa Rodríguez
No podemos analizar el presenta caso al magen de la desestabilización que en
todos los órdenes: sociales, económicos y judiciales, produjo la pandamie
mundial [...].
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
10. EstaSala de Decisión es competente para conocer de la impugnación
presentada por el apoderado judicial de la parte accionante en contra de la
sentencia de 17 de febrero de 2022, proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley
2591 del 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto
1983 de 30 de noviembre de 20173.
VIII.2. Problemas jurídicos
11. Deacuerdo con la situación fáctica planteada y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado o revocado, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es
así, se deberá determinar:
b) Si las sentencias de 4 de febrero de 2019 y de 24 de octubre de 2019,
proferidas, respectivamente, por el Juzgado Treinta y Tres Administrativo
del Circuito de Bogotá y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
• Sección Tercera - Subsección A, dentro del medio de control de
reparación directa con radicación número 11001-33-36-033-2017-00119-
00/01, vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte
accionante por haber incurrido, presuntamente, en un defecto fáctico.
12. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales dictadas en el
interior de un proceso de acción de tutela; procediendo posteriormente a (ii)
resolver el caso concreto, siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o
exigencias adjetivas.
1
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
2
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
3
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10179-01
Accionante: Carlos Alfonso Mesa Rodríguez
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
13. En sentencia de 31 de julio de 20124, la Sala Plena del Consejo de Estado
cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de
tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos
fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y
su propia jurisprudencia.
14. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial5, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución 6.
17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
4
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
5
Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
6
«Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a
las normas establecidas en la Constitución Política»
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-10179-01
Accionante: Carlos Alfonso Mesa Rodríguez
de esta manera «dejar sin efecto o modular la decisión7» que se encaje en dichos
parámetros.
18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
19. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VIII.4. El caso concreto
20. El ciudadano Carlos Alfonso Mesa Rodríguez, a través de apoderado judicial,
presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya
vulneración le atribuyó a las sentencias de 4 de febrero de 2019 y de 24 de octubre
de 2019, proferidas, respectivamente, por el Juzgado Treinta y Tres
Administrativo del Circuito de Bogotá y por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección A, dentro del medio de control
de reparación directa con radicación número 11001-33-36-033-2017-00119-00/01.
21. En este punto es preciso indicar que aunque el extremo accionante le atribuyó la
vulneración de sus derechos fundamentales tanto a la providencia de 4 de febrero
de 2019, dictada por el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de
Bogotá, como la proferida el 24 de octubre de 2019 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección A, la Sala advierte que el
presente análisis se centrará en determinar si en esta última providencia se incurrió
en el defecto fáctico invocado, dado que es la decisión que finiquitó la litis y tiene
los efectos de cosa juzgada.
VIII.4.1. Del incumplimiento del requisito general de procedencia relacionado
con la inmediatez en el sub judice
22. La acción de tutela no tiene un plazo específico para su interposición, sin
embargo, la Corte Constitucional ha dicho que el requisito de inmediatez exige que:
«la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir
del hecho que originó la vulneración8. De lo contrario, esto es, de permitir que la
acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas
las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de solución de conflictos»9.
7
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
8
Ver entre otras, Sentencia T-315 de 2005.
9
Sentencia C-590 de 2005, T-743 de 2008, T-343 de 2012.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10179-01
Accionante: Carlos Alfonso Mesa Rodríguez
23. Al respecto, la jurisprudencia constitucional10, ha señalado lo siguiente:
[…] En el caso específico de tutelas contra providencias judiciales, el requisito
de inmediatez adquiere una connotación aún más precisa y exigente,
pues el carácter excepcional de esta figura obedece precisamente a la
necesidad que existe de conciliar la protección de derechos
fundamentales con los principios constitucionales de seguridad jurídica
y autonomía judicial, que podrían comprometerse si la tutela contra
providencias judiciales se convierte en práctica generalizada. De ahí que
la jurisprudencia de la Corte Constitucional haya sido particularmente
reiterativa en considerar que el principio de inmediatez es particularmente
importante cuando se trata de examinar la procedencia de tutelas contra
providencias judiciales. En la citada sentencia C-590 de 2005, se afirmó que
“de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos
de resolución de conflictos” […]11.
24. Igualmente, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, precisó que, en
tratándose de acciones contra de providencias judiciales, el plazo considerado
como razonable era el de seis (6) meses, contados a partir de la notificación de la
decisión judicial objeto de tutela. Ello con sustento en el siguiente raciocinio:
[…] Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se
ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la
realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza
material, que la hace definitiva e inmutable.
Anotase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las
diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre
este aspecto. Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de
seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra
providencias judiciales se ejerce oportunamente.
Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del
acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los
recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela
judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren
certeza y estabilidad. La regla general del plazo de seis meses se acoge,
además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como
razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata de
una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional […]12. (Negrillas
del despacho)
10
Corte Constitucional, Sentencia T-739 de 2010.
11
Ibidem.
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente 11001-03-
15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10179-01
Accionante: Carlos Alfonso Mesa Rodríguez
25. La jurisprudencia constitucional13 ha establecido excepciones a la aplicación del
presupuesto de inmediatez, las cuales deberán demostrarse y justificarse por el
accionante en cada caso particular14, así:
[…] La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida transcurrido
un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que: i)
exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad
física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de
los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal
entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de
los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente
en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto
de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual […]15.
26. Precisado lo anterior, la Sala pone de presente que, para determinar si la
presente acción de tutela satisface el requisito general de procedibilidad atinente a
la inmediatez, se debe tener en cuenta la fecha de notificación de la sentencia de
24 de octubre de 2019 proferida, en segunda instancia, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección A. Ello en
razón a que la jurisprudencia, tanto de la Corporación como de la Corte
Constitucional -previamente citadas-, ha señalado que el plazo razonable se contabiliza
partir de la fecha en que se notifique la providencia acusada por vía de tutela.
27. Con fundamento en la anterior premisa, en el sub judice se tiene que la
providencia de segunda instancia aquí enjuiciada se notificó el 26 de noviembre de
201916 y la acción de tutela se recibió, vía electrónica, el 22 de noviembre de 2021,
esto es, con posterioridad al plazo de seis (6) meses establecidos por esta
Corporación como término razonable.
28. Ahora bien, la parte actora, tanto en su escrito de tutela como de impugnación,
sostuvo que, debido a las situaciones surgidas por la pandemia generada por el
coronavirus Covid-19, la acción de tutela debía entenderse presentada
oportunamente.
29. En este contexto, debe resaltarse que esta Sección ha sido reiterativa en
reconocer los cambios que implicó para la vida de nuestros conciudadanos la
emergencia causada por el “coronavirus” (SARS-CoV-2). En armonía con lo
anterior, esta Sala de Decisión, en múltiples pronunciamientos, ha señalado que las
distintas medidas adoptadas el año anterior para reducir el riesgo de contagio por
el coronavirus Covid-19, afectaron la posibilidad de interponer acciones de tutelas
contra decisiones judiciales dentro del plazo de seis meses.
30. En consonancia con lo expuesto, esta Sección ha tenido por superado el requisito
de la inmediatez incluso cuando la acción de tutela se ha llegado a promover
13
Sentencia T-584 de 2011.
14
Sentencia T-695 de 2017 de la Corte Constitucional. Cfr. Sentencia de Unificación proferida por la Sala Plena del Consejo
de Estado el 5 de agosto de 2014. Exp. 2012-02201-01 (IJ).
15
Sentencia T-246 de 2015, Corte Constitucional.
16
Tal como se advierte de la consulta de procesos del expediente objeto de censura.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-10179-01
Accionante: Carlos Alfonso Mesa Rodríguez
después de transcurridos seis meses desde la notificación de la decisión judicial
que es objeto de tutela, pero cuando el citado lapso hubiese acaecido después de
haberse declarado la emergencia sanitaria y la suspensión de los términos
judiciales.
31. Sin embargo, es preciso resaltar que esta Sala de Decisión consideró que la
flexibilización del término de la inmediatez en el interior de las acciones de tutela no
podría ser indefinida en el tiempo, en tanto que ello conllevaría a que en todos los
casos resulte inoperante este requisito de procedibilidad, máxime cuando los
términos para la presentación de acciones de tutela nunca se suspendieron, pues,
como es de público conocimiento, las autoridades judiciales adoptaron medidas con
el propósito de habilitar canales para la recepción -generalmente a través de correo
electrónico- respecto de este específicos tipo de acciones.
32. Como consecuencia de lo anterior, esta Sala de Decisión fijó el siguiente criterio:
[…] adoptar la determinación de acoger en sede de tutela las mismas medidas
que en los procesos ordinarios, esto es, que sí el vencimiento de los términos
ocurría dentro de la pandemia, con el fin de privilegiar el derecho al acceso
a la administración de justicia, se le permitiría al usuario realizar la
radicación del proceso, extendiendo el plazo que faltase para completar
los 6 meses, -término razonable para hacer uso de la referida acción
constitucional-, a partir de la fecha en la que se dio efectivamente la
apertura de términos, es decir, a partir del 1o. de julio de 2020 […]17. (Se
destaca)
33. Ahora bien, en el sub examine se tiene que la providencia judicial que
presuntamente vulneró los derechos fundamentales del accionante se notificó el 26
de noviembre de 2019, por lo que resulta evidente que los seis meses con los que
se contaba para promover el mecanismo de amparo, fenecieron el 26 de mayo de
2020, por lo que aplicando la flexibilización de la inmediatez fijada por esta Sección
-consistente en que no se contabiliza el término acecido entre el 16 de marzo y el 30 de junio de
2020- el plazo considerado razonable se extendió hasta el 12 de octubre de 2020.
34. Significa lo anterior que, pese a que se flexibilizó el término de inmediatez con
ocasión de la pandemia generada por el coronavirus Covid-19, la presente acción
de tutela se presentó dentro de un término que no puede ser considerado razonable,
puesto que la solicitud de amparo tan solo se radicó el 22 de noviembre de 2021.
35. Así las cosas, y teniendo en cuenta que no se evidencia que la situación de la
parte actora se enmarque en alguno de los supuestos establecidos por la
jurisprudencia constitucional que justifiquen la presentación de la acción
constitucional por fuera del término -seis meses- establecido por la Sala Plena del
Consejo de Estado, la Sala considera que no satisface el requisito general de
procedibilidad atinente a la inmediatez. Por ende, se confirmará el fallo de primera
instancia a través del cual se declaró la improcedencia de la solicitud de amparo de
la referencia.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de enero de 2021, expediente
número 11001-03-15-000-2020-04359-01, C.P. Nubia Margoth peña Garzón.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10179-01
Accionante: Carlos Alfonso Mesa Rodríguez
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 17 de febrero de 2022, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado a través de la cual se denegó el amparo
solicitado, con base en las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con
el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Aclara voto
P (18)
CONSTANCIA: La presente decisión fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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