Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-10186-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-10186-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-10186-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
10 de febrero de 2022
Demandante: Gladys Rojas Villamizar
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10186-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10186-00
Demandante: GLADYS ROJAS VILLAMIZAR
Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP 1
TEMAS: Tutela de fondo – Accede inclusión en nómina de pensionados –
Niega reajuste pensional por no cumplir con el requisito de la
subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por la señora Gladys Rojas
Villamizar contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021
y, con el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. Demanda
La señora Gladys Rojas Villamizar, a través de apoderado judicial, presentó acción
de tutela2 contra la “UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES (UGPP)”,
con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales a “la vida, igualdad, al
debido proceso y a la seguridad social consagrados en los artículos 11, 13, 29 y 48 de la
Constitución Política de 1.991 y en conexidad al derecho a la vida digna y el mínimo vital”.
1 Mediante auto de 1° de diciembre de 2021, se admitió la presente acción constitucional contra la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social – UGPP y se ordenó vincular al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “E” y a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), ante la remisión del
expediente realizada por el Juzgado Doce (12) Penal del Circuito Especializado Itinerante de Bogotá,
sin que en esa oportunidad se hicieran mayores elucubraciones sobre las normas de reparto
establecidas en el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 6
de abril de 2021, porque una de las pretensiones de la actora está encaminada a que se profieran
órdenes en el proceso ordinario 25000-23-42-000-2018-02007-00, adelantado por el mencionado
tribunal.
2 La solicitud fue presentada el 16 de noviembre de 2021 a través del buzón electrónico
tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co y, posteriormente, asignada por reparto al Juzgado Doce
(12) Penal del Circuito Especializado Itinerante de Bogotá, autoridad judicial que, mediante auto de
la misma fecha, declaró que no era posible avocar el conocimiento de la acción de tutela y ordenó
remitirla en forma inmediata al Consejo de Estado. El envío a la Secretaría General de esta
Corporación se realizó en la misma fecha.
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Las mencionadas garantías constitucionales las consideró vulneradas por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, toda vez que, pese a que mediante la Resolución UGM
042078 del 10 de abril de 2012, la entidad le reconoció una pensión de vejez, nunca
ha sido incluida en nómina de pensionados y han transcurrido más de seis (6) años
sin que reciba su primera mesada pensional.
1.2. Pretensiones
La parte accionante presentó las siguientes:
“II. PETICIONES DE AMPARO.
1. Que se amparen los derechos fundamentales a la vida, vida digna, la igualdad, el
debido proceso y el mínimo vital de mi poderdante, los cuales han sido vulnerados
de manera flagrante y consecutiva por parte de la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE
LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, al NO CUMPLIR con lo decretado y dispuesto
en la Resolución UGM 042078 del 10 de abril de 2012, la cual se encuentra vigente
con plenos efectos legales y reconoce a mi poderdante la prestación de pensión por
vejez que NO se le ha pagado en más de Seis (6) años, pago que se debe ordenar
con su respectivo retroactivo.
2. Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la UNIDAD DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP, dar
cumplimiento de forma inmediata a la Resolución UGM 042078 del 10 de abril
de 2012 y proceda a incluir a mi poderdante en nómina de pensionado y pagar
la mesada pensional que le fue reconocida desde el 2012, junto con el
retroactivo a que tiene derecho y los intereses moratorios a los que haya lugar.
4. Estando en firme el derecho pensional, es necesario ordenar que la entidad UGPP
resuelva sobre la reliquidación de pensión, incluyendo los factores hasta la fecha
del retiro del sistema pensional; disponiendo el pago entre las diferencia pensional
que se genera por dicho reajuste y la pensión que se reconoció inicialmente.
5. Disponer que ante una eventual disposición en el proceso ordinario que sea
Colpensiones y no la UGPP la que deba pagar la pensión, los dineros pagados a mi
mandante por parte de la UGPP deberán cruzarse y compensarse internamente entre
las entidades públicas; en todo caso no debe ello afectar el mínimo vital, la vida,
la vida digna y el debido proceso de mi mandante, por una situación interna entre
entidades públicas. Autorizando desde ya mi mandante que dichos dineros que le
sean pagados por la UGPP, sean descontados por Colpensiones y girados o
compensados entre sí en un trámite interno entre entidades públicas (Entre bonos y
pagos hechos).
6. Las demás previsiones que considere el Juez Constitucional
III. PETICIÓN DE COMPULSAR COPIAS.
Compulse copias a la PROCURADURÍA General de la Nación en atención al artículo
4 de la ley 700 de 2001, dado que la entidad incumple esta norma, estando en mora
de pagar la pensión, generando intereses. Lo que bajo dicha norma, es causal de
falta disciplinaria”. (Sic a toda la cita)
1.3. Hechos
La parte actora fundó su petición de tutela en los siguientes:
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Señaló que es una mujer de 69 años que durante toda su vida laboró como
servidora pública y cotizó a la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL), hoy
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (en adelante UGPP).
Afirmó que mediante Resolución UGM 042078 del 10 de abril de 2012, la Caja
Nacional de Previsión Social (CAJANAL) le reconoció una pensión de vejez, en
cuantía de ($3.683.547), efectiva a partir del 12 de febrero del 2007, pero con
efectos fiscales hasta que se demostrará el retiro definitivo del servicio, de
conformidad con la Ley 71 de 1988.
Indicó que su desvinculación laboral se dio a partir del 16 de enero de 2015. Sin
embargo, que a la fecha de presentación de esta acción de tutela, la UGPP no la
ha incluido en la nómina de pensionados, ni le ha pagado la mesada pensional
reconocida, es decir que, han trascurrido casi 6 años sin que reciba los dineros que
le corresponden, como tampoco el retroactivo causado desde la fecha de
efectividad.
Comentó que la UGPP interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, en la modalidad de lesividad, a la cual se vinculó en calidad de litisconsorte
necesario a la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante
Colpensiones), con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución UGM
042078 del 10 de abril de 2012 por la cual se le reconoció una pensión de vejez. Lo
anterior, toda vez que, a juicio de la entidad, el reconocimiento pensional fue ilegal,
“ya que conforme al cálculo que realizan respecto a la cotización de aportes realizados en
empresas de carácter privado, el reconocimiento de dicha prestación corresponde a
Colpensiones”.
Expuso que junto con la demanda, la entidad accionada solicitó el decreto de la
medida cautelar de suspensión provisional del acto administrativo atacado, hasta
que se emitiera una decisión de fondo.
Informó que el proceso correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”, bajo el número radicado 25000-
23-42-000-2018-02007-00. Además, explicó que la mencionada autoridad judicial
admitió la demanda y por auto de 21 de febrero de 2020, negó la medida cautelar
pretendida por la entidad accionada, es decir, negó la solicitud de suspensión de
su acto de reconocimiento pensional. Decisión que fue confirmada mediante
proveído de 22 de junio de 2020, proferido por la misma autoridad judicial3.
3 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E” informó que el
apoderado de la actora también solicitó una medida cautelar, consistente en “ordenar a la UGPP que
de forma provisional se le incluya en nómina de pensionados la prestación que le fue reconocida
mediante la Resolución UGM 042078 del 10 de abril de 2012, indicando que en la oportunidad
procesal radicaría demanda de reconvención”. Además, que mediante auto de 16 de septiembre de
2020, se rechazó por improcedente tal solicitud, por no cumplir con lo establecido en el inciso
segundo del artículo 231 del CPACA, “en cuanto que la medida cautelar solicitada por la parte
demandada no es de suspensión provisional, en ese orden, para su procedencia necesariamente la
señora Gladys Rojas Villamizar necesitaba ostentar la calidad de demandante, es decir, era
necesario que radicara la demanda de reconvención a la cual hacia referencia en su escrito inicial”.
Finalmente, que dicha decisión no fue recurrida.
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Explicó que el tribunal hizo hincapié en que el objeto del proceso gira en torno a un
conflicto negativo de competencias entre la UGPP y Colpensiones y no respecto
del reconocimiento pensional.
Alegó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “E”, al negar la medida cautelar pretendida por la UGPP, no autorizó
suspender los efectos de la resolución demandada, por lo que la misma goza de
legalidad y, en consecuencia, hasta que no se dicte sentencia debidamente
ejecutoriada, se debe pagar el monto pensional que le fue reconocido.
Aseveró que la UGPP pasó por alto que fue retirada del servicio de manera injusta
y que mediante fallo judicial se ordenó su reintegro, motivo por el cual, en su
momento, rechazó recibir el retroactivo y el pago de su mesada cuando fue
notificada de la inclusión en nómina de pensionados. No obstante, reiteró que una
vez se dio su retiro definitivo el 16 de enero de 2015, solicitó el reajuste pensional.
Agregó que la UGPP y Colpensiones le negaron el reajuste pensional a través de
las Resoluciones RDP 003535 de 29 de enero de 2016 y GRN 6636 de 9 de marzo
de 2015, respectivamente.
Aclaró que no cuenta con recursos suficientes para atender sus necesidades
básicas y que ha tenido que sobrevivir con la ayuda y caridad de terceros.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La señora Gladys Rojas Villamizar consideró que la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
vulneró sus derechos fundamentales a “la vida, igualdad, al debido proceso y a la
seguridad social consagrados en los artículos 11, 13, 29 y 48 de la Constitución Política de
1.991 y en conexidad al derecho a la vida digna y el mínimo vital”, toda vez que mediante
la Resolución UGM 042078 del 10 de abril de 2012, la entidad le reconoció una
pensión de vejez y a la fecha no la ha incluido en nómina de pensionados, ni le ha
pagado su primera mesada pensional, y si bien quedó condicionada al retiro
definitivo, lo cierto es que este supuesto ya se cumplió el 16 de enero de 2015.
Al respecto, determinó que es evidente que tiene derecho al pago de la pensión
que le fue reconocida y que, ante una eventual decisión dentro del proceso de
lesividad adelantado por la UGPP tendiente a que sea Colpensiones la obligada a
pagar su prestación, es claro que tales dineros pueden ser recobrados por cruces
interadministrativos entre las dos entidades de previsión social involucradas. Por lo
tanto, se torna injusto que por un conflicto negativo de competencias, el goce de
sus derechos adquiridos se vea afectado.
Indicó que la acción de tutela es el mecanismo idóneo para que se ordene cumplir
con lo ordenado en la Resolución UGM 042078 del 10 de abril de 2012, pues
mientras no haya una sentencia ejecutoriada que indique lo contrario, dicho acto
administrativo goza de legalidad; máxime cuando se encuentra en situación de
vulnerabilidad, al tener la condición de sujeto de especial protección por ser un
adulto mayor, según lo ha dispuesto la Corte Constitucional, por ejemplo, en
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sentencias T-086 de 018 y T-100 de 2021 y no poseer los medios necesarios para
satisfacer sus necesidades básicas.
Finalmente, agregó que: “se encuentra en un estado de indefensión, al tener 70 años de
edad y considerarse de la tercera edad, donde el monto asignado por la entidad no es
suficiente para subsistir, creando un perjuicio irremediable”.
1.5. Trámite de la acción
El 1° de diciembre de 2021, el magistrado ponente admitió la presente acción de
tutela y ordenó notificar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, en calidad de
demandada.
Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591
de 1991, vinculó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “E” [autoridad judicial que conoce del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho 25000-23-42-000-2018-02007-00] y a la Administradora Colombiana de
Pensiones (Colpensiones) [litisconsorte necesario en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho 25000-23-42-000-2018-02007-00], para que, si lo consideraban del caso,
intervinieran en la presente tutela, en calidad de terceros interesados.
Además, requirió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “E”, para que remitiera copia digital del expediente que contiene el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 25000-23-42-000-2018-02007-
00.
Por último, dispuso que, a través de la oficina de sistemas de la Corporación, se
publicara en la página web del Consejo de Estado la información correspondiente a
la acción de la referencia.
1.6. Contestaciones
Efectuadas las diligencias de notificación correspondientes4 se allegaron los
siguientes informes:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “E”
Mediante escrito enviado por correo electrónico el 13 de diciembre de 2021 al buzón
web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el magistrado que tramita el
proceso en primera instancia radicado 25000-23-42-000-2018-02007-00, informó
que dentro de dicho expediente se han tramitado las siguientes actuaciones:
“2. La demanda fue admitida mediante auto emitido el 13 de mayo de 2019 en donde
se dispuso notificar personalmente a la señora Gladys Rojas Villamizar y a la entidad
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.
4 Efectuadas por la Secretaría General de la Corporación vía correo electrónico el 10 de diciembre
de 2021. Al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E” se le
requirió por segunda vez el 24 de enero de 2022, para que aportara copia digital del expediente que
contiene el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 25000-23-42-000-2018-02007-00.
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3. Adelantado el trámite de notificación (citación y emplazamiento) el 6 de diciembre
de 2019 se notificó personalmente a través de apoderado judicial la señora Gladys
Rojas Villamizar. En la misma fecha se realizaron las demás notificaciones.
4. El 3 de febrero de 2020 la parte demandada contestó la demanda y presentó
demanda de reconvención solicitando la nulidad de actos administrativos.
relacionados con el reconocimiento pensional de la señora Gladys Rojas Villamizar.
Por su parte la entidad vinculada Colpensiones radicó memorial de contestación de
la demanda el 5 de febrero de 2020.
5. La señora Gladys Rojas Villamizar solicitó como medida cautelar ordenar el pago
de la pensión reconocida en la resolución UGM 42078 del 10 de abril de 2012,
petición decidida de forma desfavorable a través de auto del 16 de septiembre de
2020, sin haberse presentado recurso alguno contra esa decisión.
6. Por auto del 31 de mayo de 2021 se inadmitió la demanda de reconvención que
fue presentada por la señora Gladys Rojas Villamizar y se concedió el término para
corregir los errores advertidos. Sin que se haya subsanado la demanda mediante
auto del 14 de julio de 2021 la demanda de reconvención fue admitida precisando
sobre cuales actos administrativos procede el estudio del proceso.
7. En contra del auto admisorio del 14 de julio de 2021 el apoderado de la señora
Gladys Rojas Villamizar interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, los
cuales se rechazaron por extemporáneo y por improcedente, en su orden, mediante
auto del 23 de agosto de 2021.
8. Se advierte que el apoderado de la señora Gladys Rojas Villamizar mediante
escrito radicado el 23 de julio de 2021 pidió incluirla a ella de nómina de pensionados
en virtud de la decisión contenida en la resolución UGM 42078 del 10 de abril de
2012.
9. El 23 de agosto de 2021 por auto se le indicó al apoderado de la parte demandante
en reconvención que si pretendía solicitar nuevamente una medida cautelar debía
radicar memorial de forma explicita en los términos del inciso final del artículo 233 del
CPACA teniendo en cuenta que la medida cautelar ya había sido negada.
10. El 3 de septiembre de 2021 Colpensiones contestó la demanda de reconvención
presentada por la señora Gladys Rojas Villamizar.
(…)
14. Se informa que el proceso No. 25000-23-25-000-2018-02007-00 ingresó al
Despacho del suscrito Magistrado el pasado 26 de noviembre de 2021 y se fijó
mediante auto del día de hoy 13 de diciembre de 2021 fecha para celebrar la
audiencia inicial el día 2 de febrero de 2022 a las 10:30 de la mañana.”
Aclaró que el escrito de tutela no cuestionó ninguna decisión emitida por el tribunal,
razón por la cual consideró que la acción constitucional se torna improcedente en el
presente caso, pues no se incurrió en ninguna irregularidad procesal ni se vulneró
derecho fundamental alguno. Por lo tanto, solicitó que se desvinculen a los
magistrados de la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca.
1.6.2. Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Mediante escrito enviado por correo electrónico el 13 de diciembre de 2021 al buzón
web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la directora (A) de Acciones
Constitucionales de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva de la entidad,
toda vez que al verificar las pretensiones de la demanda se pudo evidenciar que
esta no tiene competencia para pronunciarse sobre tales peticiones, pues están
dirigidas contra la UGPP.
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1.6.3. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Con escrito enviado por correo electrónico el 14 de diciembre de 2021 al buzón web
de la Secretaría General del Consejo de Estado, el subdirector de Defensa Judicial
Pensional de la entidad solicitó que se declare la improcedencia de la acción de
tutela.
En primer lugar, explicó que el 12 de febrero de 2007, la actora adquirió su estatus
pensional por edad. Sin embargo, que solicitó la reliquidación de su pensión, para
lo cual allegó nuevos tiempos de servicios laborados para la Fiscalía General de la
Nación y cotizados ante Colpensiones, por el periodo comprendido entre el 29 de
julio de 2003 y el 16 de enero de 2015, según consta en una certificación de 15 de
abril de 2014.
Además, concluyó que, de conformidad con la citada certificación, la tutelante se
trasladó voluntariamente a Colpensiones desde el 29 de julio de 2003, fecha para
la cual habría cumplido el tiempo mínimo de servicios requerido para el
reconocimiento pensional exigido por la Ley 71 de 1988. Es decir que, cumplió con
el estatus de pensionada cuando se encontraba afiliada a dicha administradora de
pensiones.
Adicionalmente, expuso que en la Resolución UGM 42078 del 10 de abril de 2012,
no fueron tenidos en cuenta los tiempos privados laborados en las Universidades
Santo Tomás y UNAB y que también se pudo evidenciar que la afiliación a
Colpensiones superó los 6 años de que trata el artículo 10 del Decreto 2709 de
1994, pues permaneció en dicha administradora por un término aproximado de 11
años, 5 meses y 16 días.
Por tales motivos, y al evidenciarse la irregularidad con la que se efectuó el
reconocimiento pensional, indicó que se le solicitó a la accionante el consentimiento
para revocar la mencionada resolución, sin embargo, ante la negativa de la señora
Rojas Villamizar, se procedió a interponer la correspondiente demanda.
Igualmente, advirtió que en el presente caso existe una prejudicialidad, pues en la
actualidad, como se dijo, existe en trámite el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para debatir las presuntas irregularidades con las que
se reconoció la pensión de la demandante; escenario en el cual se podrán hacer
valer las respectivas pruebas que den cuenta o no, de la legalidad del acto.
De igual forma, determinó que el requisito de inmediatez no se encuentra
acreditado, pues la actora está reclamando el pago de una mesada pensional que
se generó en el año 2013, es decir que, han transcurrido cerca de 8 años desde la
suspensión, por lo que es claro que no se trata de una protección urgente.
Y en relación con el presupuesto de la subsidiariedad, analizó que es el juez natural
de la causa quien debe estudiar el presente asunto, por lo que la acción de tutela
no es el mecanismo idóneo; máxime cuando no se probó la existencia de un
perjuicio irremediable.
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Así mismo, consideró que la accionante no puede pretender que por vía
constitucional se pase por alto que no reunió los requisitos para el reconocimiento
pensional y que por un error de la administración, el cual no genera derecho, se
ordene el pago y reliquidación de la prestación; situación que, además, afecta la
sostenibilidad del sistema pensional.
Ahora bien, señaló que de ordenarse el reconocimiento de la pensión, se estaría
causando “un grave perjuicio a las arcas del Estado, puesto que los dineros con los cuales
se pagan las pensiones administradas por la nómina de pensionados de la UGPP, son con
cargo a la cuenta del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional – FOPEP” y se
desconocerían los principios generales de la seguridad social, determinados por el
texto de la Ley 100 de 1993.
Por último, insistió en que a través de esta acción constitucional no se puede
conminar a la administración para que resuelva de manera positiva sus
pretensiones, por lo que se debe esperar que el juez ordinario emita un
pronunciamiento de fondo sobre el objeto del litigio.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por la señora Gladys Rojas Villamizar contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
– UGPP, de conformidad con lo establecido por el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y con el Acuerdo 080 de
2019, artículo 25, de la Sala Plena de esta Corporación5.
2.2. Cuestión previa
En relación con la solicitud de desvinculación realizada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E” y
Colpensiones, esta Sala las negará, dado que la vinculación al proceso se hizo en
calidad de terceros, mas no como la entidad contra la cual se encuentre dirigido el
reparo señalado por la parte actora, en atención al interés que les asiste en las
resultas del presente trámite, dada cualquier posible orden que pudiera afectarlos.
5 En este punto, es preciso reiterar que mediante auto de 1° de diciembre de 2021, se admitió la
presente acción constitucional contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP y se ordenó vincular como terceros
interesados al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E” y a la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), teniendo en cuenta que una de las
pretensiones de la actora está encaminada a que se profieran órdenes en el proceso ordinario 25000-
23-42-000-2018-02007-00, el cual está siendo adelantado por el mencionado tribunal.
Igualmente, en la citada providencia quedó establecido que se asumiría el conocimiento del asunto,
en virtud del parágrafo 2 del artículo 1º del Decreto 333 de 2021, “Por el cual se modifican los
artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del
sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”, que establece
que “Las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la
competencia o plantear conflictos negativos de competencia”.
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2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales a “la vida, igualdad, al debido proceso y a la
seguridad social (…) en conexidad al derecho a la vida digna y el mínimo vital”, con ocasión
a la presunta omisión de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP en incluir a la actora
en nómina de pensionados y realizar los pagos y la reliquidación de la prestación
que le fue reconocida mediante la Resolución UGM 042078 del 10 de abril de 2012.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i)
generalidades de la acción de tutela y (ii) el caso concreto.
2.4. Panorama general de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.
Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la subsidiariedad. El
primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del derecho fundamental que
se dice vulnerado o amenazado. El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción
a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la
lesión del derecho fundamental.
2.5. Caso concreto
En el presente asunto, la señora Gladys Rojas Villamizar solicitó la protección de
sus derechos fundamentales a la vida, al debido proceso, a la seguridad social y al
mínimo vital, pues pese a que la UGPP, mediante la Resolución UGM 042078 del
10 de abril de 2012, le reconoció una pensión de vejez, nunca ha sido incluida en
nómina de pensionados y han transcurrido más de seis (6) años sin que reciba su
primera mesada pensional.
Igualmente, informó que a la fecha se encuentra en trámite la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho número 25000-23-42-000-2018-02007-00,
interpuesta por la UGPP, en la modalidad de lesividad, a través de la cual pretende
que se declare la nulidad de la Resolución UGM 042078 del 10 de abril de 2012;
proceso que correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “E”.
Ahora bien, revisadas las pretensiones de la presente acción de tutela, se observa
que la actora solicitó, en síntesis, lo siguiente: (i) que se ordene a la UGPP que dé
cumplimiento a la Resolución UGM 042078 del 10 de abril de 2012 y proceda a
incluirla en la nómina de pensionados; (ii) que se ordene a la UGPP que reliquide
la pensión reconocida con la inclusión de los factores que devengó hasta la fecha
de su retiro; (iii) que sí al interior del proceso ordinario -lesividad- se determina que
Colpensiones es la obligada a pagar los dineros adeudados, se ordene que estos
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se descuenten y compensen internamente entre las entidades involucradas; y (iv)
que se compulsen copias a la Procuraduría General de la Nación.
Por lo tanto, para efectos de practicidad, la Sala estudiará independiente cada una
de las pretensiones de la demanda.
2.5.1. Inclusión en nómina de pensionados
Frente al goce efectivo del derecho a la seguridad social y la inclusión en nómina
de pensionados, el artículo 48 de la Constitución Política establece la seguridad
social como un derecho irrenunciable y como servicio público a cargo del Estado:
“Artículo 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que
se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca
la Ley.
Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.
(…)”
Ahora bien, la Corte Constitucional ha reconocido la relación inescindible que existe
entre la inclusión en nómina de pensionados y el goce efectivo del derecho
fundamental a la seguridad social. Así, por ejemplo, en sentencia T-426-18, M.P.
José Fernando Reyes Cuartas, la referida Corporación Judicial consideró:
“Por su parte, en el fallo T-280 de 2015 la Corte estudió dos asuntos acumulados,
uno de ellos se refería a una acción de tutela instaurada en contra de Colpensiones
también por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la seguridad
social y al mínimo vital, al haberse abstenido de realizar la inclusión en nómina del
accionante. La Sala determinó:
“Como ha sido reiterado en la jurisprudencia de esta Corporación, no puede
existir solución de continuidad entre la terminación de la relación laboral y la
iniciación del pago efectivo de la mesada pensional, ya que de presentarse una
interrupción en los ingresos del pensionado, se pondrían en riesgo sus
derechos al mínimo vital, seguridad social y vida digna.”
Igualmente, enfatizó que el derecho a gozar de una pensión surge desde el momento
en que la persona se retira y como consecuencia de ello deja de devengar el ingreso
que recibía por su salario; así pues, no puede haber solución de continuidad entre el
retiro y el acceso a la pensión.
19. En síntesis, el derecho a la seguridad social conlleva la facultad de acceder a una
pensión de vejez; esta a su vez se encuentra estrechamente ligada con el derecho
al mínimo vital, de manera que la inclusión en nómina de pensionados de quien se le
ha reconocido su pensión de vejez o jubilación, garantiza la permanencia de la
remuneración y acceso a las necesidades básicas propias y de su familia. Por tanto,
se genera una afectación a tales derechos cuando las administradoras de pensiones
interrumpen la continuidad en los ingresos del pensionado al abstenerse de realizar
de manera oportuna la inclusión en la nómina de pensionados.” (Subrayas de la
Sala)
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Descendiendo al caso concreto, se observa que mediante Resolución UGM 042078
del 10 de abril de 2012, la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL) en
liquidación, resolvió reconocer y ordenar el pago de una pensión de vejez a favor
de la señora Gladys Rojas Villamizar, en cuantía de $3.368.547, efectiva a partir del
12 de febrero de 2007, pero con efectos fiscales a partir de su retiro definitivo del
servicio. Dicha decisión fue confirmada a través de la Resolución UGM 047476 de
23 de mayo de 2012.
Luego, se advierte que por Resolución 001445 de 9 de diciembre de 2014, la
directora Nacional de Apoyo a la Gestión de la Fiscalía General de la Nación aceptó
la renuncia presentada por la señora Rojas Villamizar a partir del 16 de enero de
2015, al cargo de subdirectora Seccional de la Subdirección Seccional de la Policía
Judicial CTI – Cundinamarca.
Con fundamento en lo anterior, el 15 de octubre de 2015 la actora procedió a solicitar
a la UGPP la reliquidación de su pensión, pretensión que fue despachada
desfavorablemente por medio de la Resolución RDP 003535 de 29 de enero de
2016, toda vez que “no se ha aportado nuevos certificados de información laboral y de
factores salariales para poder efectuar la reliquidación, siendo estos documentos
fundamental (sic) para realizar dicho trámite”.
Posteriormente, el 15 de abril de 2016 la tutelante reiteró su solicitud y de igual
manera fue negada mediante Resolución RDP 037205 del 3 de octubre de 2016, al
considerar que “no se puede acceder a Reliquidar la pensión de vejez con la inclusión de
todos los factores salariales, toda vez que el status jurídico de pensionado lo adquirió en
vigencia de la Ley 100 de 1993, día status jurídico el 12 de febrero de 2007, por lo tanto se
le respeta el tiempo de servicio y la edad, la liquidación se debe efectuar con los últimos 10
años de servicios de conformidad con el artículo 36 de la ley 100 de 1993 y los factores
salariales contemplados en el Decreto 1158 de 1994” (Sic a toda la cita).
Contra dicha decisión la actora solicitó la revocatoria directa de esta última
resolución y, además que se pagara su pensión, pero por Resolución RDP 016821
de 24 de abril de 2017 la entidad negó la petición y, además, indicó lo siguiente:
“Ahora bien, frente a la solicitud de del pago de mesadas pensionales a partir de la
fecha de reconocimiento mediante Resolución No UGM 42078 del 10 de abril de
2012, así como el pago del correspondiente retroactivo; es menester reiterarle al
mismo que la efectividad del reconocimiento efectuado, quedó condicionado a
demostrar el retiro definitivo del servicio, y frente a ello la parte interesada no ha
allegado en debía (sic) forma el Acto Administrativo de retiro del servicio”.
A continuación, el 13 de octubre de 2017, el apoderado de la demandante solicitó
nuevamente la reliquidación de su pensión de vejez.
Sin embargo, la UGPP en su escrito de contestación, informó que la actora allegó
la certificación de 15 de abril de 2014, expedida por la Fiscalía General de la Nación,
con la que demostró nuevos tiempos de servicios laborados en dicha entidad y
cotizados ante Colpensiones, razón por la cual determinó que la tutelante se
trasladó voluntariamente a esa administradora de pensiones desde el 29 de julio de
2003, fecha para la cual cumplió con el estatus de pensionada, por lo que el
reconocimiento pensional correspondía a Colpensiones.
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Por lo tanto, mediante auto ADP 002373 de 26 de marzo de 2018, la UGPP requirió
a la señora Gladys Rojas Villamizar para que otorgara consentimiento previo,
expreso y escrito para revocar la Resolución UGM 042078 del 10 de abril de 2012.
Ante la negativa de la actora de dar su consentimiento, la UGPP procedió a
interponer demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en modalidad de
lesividad, a la cual se vinculó en calidad de litisconsorte necesario a Colpensiones,
con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución UGM 042078 del 10 de abril
de 2012. Este proceso correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”, bajo el número radicado 25000-
23-42-000-2018-02007-00.
Ahora bien, revisado el citado proceso ordinario, se encontró que, mediante auto de
13 de mayo de 2019, se admitió la demanda y en providencia de 21 de febrero de
2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
“E” negó la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de la Resolución
UGM 042078 del 10 de abril de 2021, bajo los siguientes argumentos:
“De lo anterior se puede establecer, que en casos como el que se ventila en este
proceso no es necesario el decreto de la suspensión provisional del acto
administrativo que se demanda para proteger el objeto y la efectividad de la
sentencia, como quiera que el dinero para el pago de la pensión de la pensión
proviene de un fondo común público que fue credo (sic) por el artículo 32 de la Ley
100 de 1993, por ello, indistintamente de la entidad administradora que tenga que
realizar el pago el dinero se retornaría. Además, por no estarse debatiendo el derecho
pensional, sino la entidad administradora que tiene que realizar el reconocimiento.
En ese orden de ideas, en ese caso aplicando la decisión antes expuesta no se
accederá a la medida cautelar, pues lo que se pretende es decretar la suspensión
provisional de los efectos de la Resolución UGM 42078 de 2012, por medio de la cual
se reconoció una pensión, no porque la señora Gladys Rojas Villamizar no cumpla
con los requisitos para su reconocimiento, sino porque Cajanal hoy UGPP no tenía
la obligación legal de reconocerla por no haber sido la última entidad a la que se
cotizó en los seis años los anteriores al reconocimiento.”
Decisión contra la que se interpuso recurso de reposición y fue resuelto de manera
desfavorable mediante auto de 22 de julio de 2020.
Finalmente, mediante auto de 14 de julio de 2021, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E” admitió la demanda de
reconvención que interpuso la accionante, con el fin de que se reconozca, entre
otras cosas, su derecho pensional, así como el retroactivo e intereses de mora por
mesadas dejadas de pagar desde el 17 de enero de 2017 y hasta que se verifique
el pago.
Pues bien, realizado el anterior recuento fáctico, la Sala anticipa que accederá al
amparo invocado por la actora tendiente a que se ordene su inclusión en nómina de
pensionados, por las siguientes razones:
En primer lugar, se advierte que, en efecto, la accionante tiene reconocido un
derecho pensional por parte de la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL) en
liquidación, a través de la Resolución UGM 042078 del 10 de abril de 2012, sin que
a la fecha haya sido incluida en la nómina de pensionados de la entidad.
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Esta omisión implica una vulneración a los derechos fundamentales de la actora,
quien a partir del 16 de enero de 2015 se desvinculó de la Fiscalía General de la
Nación, y desde ese momento debió ser incorporada en la nómina de pensionados,
dado que los efectos fiscales del reconocimiento pensional empezaban a regir
desde su retiro definitivo del servicio.
No obstante, al momento la señora Rojas Villamizar no ha recibido los dineros por
concepto de mesadas pensionales, pues tal como lo informó la UGPP en el escrito
de contestación “La suspensión del pago de la pensión reconocida por medio de la UGM
(sic) 42078 del 10 de abril de 2012, se dio en agosto de 2013”.
En este punto, es importarte reiterar que la Corte Constitucional ha determinado que
la inclusión en nómina de pensionados permite la materialización de algunos
derechos fundamentales, entre ellos, el de la seguridad social. Así, por ejemplo, en
sentencia T-280/15 consideró lo siguiente:
“En conclusión, la inclusión en nómina de una persona a la que se le ha reconocido
su pensión de jubilación, constituye un elemento esencial del libre y pleno goce de
dicha garantía laboral. El reconocer la prestación sin cumplir dicho requisito, genera
una vulneración al derecho a la seguridad social, al mínimo vital y a otros derechos
fundamentales vinculados estrechamente con ellos, que deberán ser motivo de
estudio por parte del juez constitucional en cada caso concreto, como pueden ser: el
derecho a la vida digna, a la salud o al debido proceso entre otros, generando una
trasgresión de la dignidad humana de quien resulta titular del derecho a la pensión,
pero no puede acceder a él”.
Ahora bien, pese a que en la actualidad se está tramitando el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 2018-02007-00, ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, lo cierto es que hasta el momento no se ha desvirtuado la
presunción de legalidad de la Resolución UGM 042078 del 10 de abril de 2012, pues
no se ha proferido una decisión definitiva en el asunto.
Por el contrario, dicha Corporación negó la suspensión provisional del citado acto,
al determinar que en el proceso no se discute la titularidad del derecho pensional
de la actora, sino la entidad competente para realizar el reconocimiento y que, en
casos como el de la tutelante, “el dinero para el pago de la pensión de la pensión proviene
de un fondo común público que fue credo (sic) por el artículo 32 de la Ley 100 de 1993, por
ello, indistintamente de la entidad administrativo que tenga que realizar el pago el dinero se
retornaría”.
La UGPP en su escrito de contestación alegó que en el presente caso no se ha
acreditado el requisito de subsidiariedad, pues ha trascurrido más de 6 años desde
“la suspensión del pago de la pensión”. Sin embargo, esta Sala de Decisión observa
que desde su retiro definitivo de la entidad (año 2015) hasta la fecha, la actora ha
efectuado diferentes actuaciones administrativas y judiciales tendientes a obtener
su inclusión en nómina de pensionados, así como la reliquidación de su pensión,
por lo que no son de recibo tales argumentos. Al respecto, se destaca que, la
inmediatez se analiza sobre la base de una inactividad de la tutelante frente a la
conducta que considera vulneradora de sus derechos fundamentales, lo cual no
ocurre en el caso concreto.
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Por lo tanto, para la Sala es claro que los derechos al debido proceso y a la
seguridad social de la actora están siendo vulnerados por la omisión de la UGPP en
incluirla en la nómina de pensionados de la entidad y realizar el pago de la mesada
ordenada por la Resolución UGM 042078 del 10 de abril de 2012, razón por la cual
se ampararán dichas garantías constitucionales y se ordenará a Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas,
contadas a partir de la notificación de la presente decisión, incluya a la señora
Gladys Rojas Villamizar en la nómina de pensionados y efectúe el pago de su
mesada pensional.
2.5.2. Solicitud de reliquidación pensional
De igual manera, la señora Rojas Villamizar pretende que, a través de este
mecanismo de amparo constitucional, se ordene a la UGPP que reliquide la pensión
que le fue reconocida, con la inclusión de todos los factores que devengó hasta la
fecha de su retiro, así como las diferencias generadas por dicho reajuste y el monto
que se reconoció inicialmente. Además, solicitó “Disponer que ante una eventual
disposición en el proceso ordinario administrativo que sea Colpensiones y no la UGPP la
que deba pagar la pensión, los dineros pagados a mi mandante por parte de la UGPP
deberán cruzarse y compensarse internamente entre las entidades públicas;
Bajo ese entendido, advierte la Sala que los reparos de la actora se contraen a
debatir la legalidad de las decisiones adoptadas por la entidad accionada mediante
las Resoluciones RDP 003535 de 29 de enero de 2016, RDP 037205 del 3 de
octubre de 2016 y RDP 016821 de 24 de abril de 2017, entre otras, por las cuales
la UGPP negó la reliquidación pensional de la accionante, situación que configura
la causal de improcedencia fijada en el numeral 1° del artículo 6º del Decreto 2591
de 1991 que señala:
“Artículo 6o. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no
procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.
(…)”. (Énfasis propio)
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado que, por regla general, la
acción de tutela no procede para controvertir la validez ni la legalidad de los actos
administrativos, en consideración a que la naturaleza residual y subsidiaria de este
mecanismo impone al ciudadano la carga razonable de acudir previamente, a través
de los respectivos medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, con el fin de solucionar los conflictos con la administración y proteger
los derechos de las personas6.
6 Corte Constitucional, sentencia T-260 de 2018.
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De igual forma, se ha precisado que el requisito de subsidiariedad exige que el
peticionario despliegue de manera diligente los medios judiciales que estén a su
disposición, siempre y cuando sean idóneos y efectivos para la protección de los
derechos que se consideran vulnerados o amenazados, pues “[u]na acción judicial es
idónea cuando es materialmente apta para producir el efecto protector de los derechos
fundamentales, y es efectiva cuando está diseñada para brindar una protección oportuna a
los derechos amenazados o vulnerados”7.
En el caso objeto de análisis, ante la existencia de otro medio de defensa judicial,
como lo es, el de nulidad y restablecimiento del derecho que actualmente se tramita
ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
“E”, para controvertir las decisiones cuestionadas8, impide que el juez de tutela se
pronuncie sobre la validez de estas al tener claro que dichos actos administrativos
deben ser controvertidos ante el juez natural de la causa ordinaria en virtud de lo
estipulado en la Ley 1437 de 2011.
Al respecto, es preciso señalar que el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución
consagra este requisito de subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la
acción de tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el referido
numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 si, al existir otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de
los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos
y no a la tutela.
La Corte Constitucional ha indicado que cuando una persona acude al servicio de
administración de justicia con el propósito de que le sean protegidas sus
prerrogativas, no puede omitir los medios judiciales estipulados en el ordenamiento
jurídico, puesto que en la Constitución Política de 1991 se colige que la garantía
para la efectividad material de los derechos fundamentales no es un asunto
exclusivo de la acción de tutela, habida cuenta que todos los mecanismos ordinarios
y extraordinarios previstos en cada materia deben buscar la defensa de aquellos.
En la misma línea, la Corte Constitucional manifestó en la Sentencia T – 030 de
2015: “[q]ue conforme al carácter residual de la tutela, no es, en principio, este mecanismo
el medio adecuado para controvertir las actuaciones administrativas, puesto que para ello
están previstas las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese
escenario, la acción de tutela cabría como mecanismo transitorio de protección de los
derechos fundamentales cuando quiera que esperar a la respuesta de la jurisdicción
contenciosa administrativa pudiese dar lugar a un perjuicio irremediable […]”.
7 Corte Constitucional, sentencia T-260 de 2018.
8 Al respecto se precisa, que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “E” mediante auto de 14 de julio de 2021, admitió la demanda de reconvención que
interpuso la accionante en los siguientes términos: “Se precisa que el estudio de la demanda de
reconvención versará sobre los siguientes actos administrativos: i) Resolución GNR 66369 del 9
de marzo de 2015 proferida por Colpensiones, ii) Resolución RDP 003535 del 29 de enero de
2016 proferida por la UGPP, iii) Resolución 037205 del 3 de octubre de 2016 proferida por la UGPP,
iv) Resolución RDP 016821 del 24 de abril de 2017 proferida por la UGPP, v) acto ficto o presunto
respecto de la petición del 20 de septiembre de 2017 y, vi) autos ADP 002373 del 26 de marzo de
2018 y 003114 del 24 de abril de 2018 proferidos por la UGPP.” (Subraya la Sala)
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De manera que, podrá ejercerse la acción de tutela contra un acto administrativo,
excepcionalmente, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. También, en el evento en que se constata que el medio de control
preferente carece de idoneidad y/o eficacia para garantizar la protección oportuna
e inmediata sobre los derechos fundamentales vulnerados.
Entonces corresponde a la Sala estudiar si en la causa concreta procede de forma
transitoria ante la configuración de un perjuicio irremediable que afecte de manera
directa los derechos fundamentales invocados por el actor.
La referida Alta Corte en sentencia T-097 de 2011, señaló que para que aquel
perjuicio se configure se requiere:
“(…) Frente a la procedencia excepcional de la acción de tutela cuando se esté frente
a un perjuicio irremediable, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado
que únicamente se considerará que tal es la magnitud cuando, “dadas las
circunstancias del caso particular, se constate que (iii) el daño es cierto e inminente,
esto es, que no se debe a conjeturas o especulaciones, sino que se haya sustentado
en la apreciación razonable de hechos reales y apremiantes; (iv) que involucra
gravedad, desde el punto de vista de su incontrastable trascendencia y de la
naturaleza del derecho fundamental que lesionaría; y (v) de urgente atención, en el
sentido de que sea necesario e inaplazable precaverlo o mitigarlo, evitando que se
consume una lesión antijurídica de connotación irreparable (…)”9.
En el asunto sub examine dicho perjuicio no se evidencia, pues del material
probatorio allegado por la actora con el escrito de tutela no se probó si quiera
sumariamente las condiciones de necesidad alegadas por ella. Por el contrario, con
las órdenes impartidas a través de la presente acción constitucional se entiende que
por lo menos su mínimo vital estará satisfecho con el pago de su mesada pensional.
Así, la Sala no advierte una violación protuberante que permita establecer de plano
la necesidad de superar el requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela,
respecto a la pretensión tendiente a que se ordene la reliquidación de la pensión de
vejez de la accionante y, en consecuencia, ante la ausencia de una vulneración
palmaria se desvirtúa la urgencia alegada por ella, con fundamento en la cual
pretende que el juez de tutela realice un pronunciamiento respecto de la legalidad
de los actos administrativos que demanda, pese a que éste no es el mecanismo
idóneo ni eficaz para ello.
Por lo tanto, la Sala declarará la improcedencia de la acción de amparo en relación
con la pretensión de reliquidación de la pensión de vejez invocada por la actora,
debido a que no satisface el presupuesto de la subsidiariedad.
2.5.3. Órdenes al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho 25000-23-42-000-2018-02007-00
Por otro lado, la accionante solicitó “Disponer que ante una eventual disposición en el
proceso ordinario administrativo que sea Colpensiones y no la UGPP la que deba pagar la
pensión, los dineros pagados a mi mandante por parte de la UGPP deberán cruzarse y
compensarse internamente entre las entidades públicas; (…)”
9 «T-1316 de diciembre 7 de 2001, M. P. Rodrigo Uprimny Yepes».
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Demandante: Gladys Rojas Villamizar
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10186-00
Respecto de esta pretensión, la Sala reitera lo dispuesto en líneas previas en
relación con que estas peticiones están siendo estudiadas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”, juez natural de
la causa, y en ese sentido, corresponde a dicha autoridad pronunciarse sobre este
asunto.
Actuar de manera contraria, es decir, ordenar el recobro de dineros por cruces
interadministrativos entre las dos entidades de previsión social involucradas en el
presente caso, sin que a la fecha exista un pronunciamiento de fondo de la autoridad
judicial, escapa a la competencia del juez constitucional, quien debe velar por la
efectividad de los derechos fundamentales que estén siendo amenazados o
vulnerados por las autoridades públicas.
Por lo tanto, esta Sala declarará improcedente esta pretensión, por no satisfacer el
presupuesto de la subsidiariedad, pues se iteran los argumentos establecidos en el
acápite precedente, relacionados con la existencia de otro medio de defensa judicial
eficaz e idóneo, a través del cual se está estudiando la petición de recobro invocada
por la tutelante.
2.5.4. Pretensión de “Compulsa de copias”
Finalmente, la parte actora solicitó como pretensión especial que se “Compulse
copias a la PROCURADURÍA General de la Nación en atención al artículo 4 de la ley 700
de 2001, dado que la entidad incumple esta norma, estando en mora de pagar la pensión,
generando intereses. Lo que bajo dicha norma, es causal de falta disciplinaria”.
Al respecto, es importante precisar que si la accionante considera que las
autoridades accionadas han incurrido en una falta disciplinaria por incumplimiento
al artículo 4°10 de la Ley 700 de 200111, podrá presentar la correspondiente queja
ante la Procuraduría General de la Nación, para que allí se investigue la posible
conducta disciplinable que alega, toda vez que en sede constitucional no se
evidencia, a primera vista, una conducta arbitraria, caprichosa y gravemente
censurable por parte de las encartadas.
Por lo tanto, no se ordenará lo pretendido por la actora en este aspecto y, en
consecuencia, se negará dicha pretensión.
2.5.5. Órdenes a Secretaría General
Por último, se ordenará a la Secretaría General corregir la información del proceso
de la referencia, en el sentido de indicar que el demandado es la Unidad
10 Artículo 4º A partir de la vigencia de la presente ley, los operadores públicos y privados del sistema
general de pensiones y cesantías, que tengan a su cargo el reconocimiento del derecho pensional,
tendrán un plazo no mayor de seis (6) meses a partir del momento en que se eleve la solicitud de
reconocimiento por parte del interesado para adelantar los trámites necesarios tendientes al pago
de las mesadas correspondientes.
Parágrafo. El funcionario que sin justa causa por acción u omisión incumpla lo dispuesto en el
presente artículo incurrirá con arreglo a la ley en causal de mala conducta y será solidariamente
responsable en el pago de la indemnización moratoria a que haya lugar si el afiliado ha debido recurrir
a los tribunales para el reconocimiento de su pensión o cesantía, el pago de costas judiciales, será
a cargo del funcionario responsable de la irregularidad.
11 Por medio de la cual se dictan medidas tendientes a mejorar las condiciones de vida de los
pensionados y se dictan otras disposiciones.
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Demandante: Gladys Rojas Villamizar
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10186-00
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, y no como da cuenta el aplicativo “SAMAI”, el cual
registra de manera errada al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “E”, autoridad judicial que ostenta la calidad de tercero
interviniente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación elevadas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E” y la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), por las razones
expuestas en líneas anteriores.
SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y a la
seguridad social de la señora Gladys Rojas Villamizar, por las razones expuestas
en la parte motiva de este proveído.
En consecuencia, ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la presente
decisión, incluya a la señora Gladys Rojas Villamizar en la nómina de pensionados
y efectúe el pago de su mesada pensional.
TERCERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por la
señora Gladys Rojas Villamizar, por no superar el requisito de subsidiariedad,
respecto a las pretensiones tendientes a que se ordene la reliquidación de la
pensión de vejez de la accionante y el recobro de dineros por cruces
interadministrativos entre las dos entidades de previsión social accionadas,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NEGAR la pretensión tendiente a que se compulsen copias a la
Procuraduría General de la Nación, conforme a lo expuesto en la parte motiva de
esta sentencia.
QUINTO: ORDENAR a la Secretaría General corregir la información del proceso de
la referencia, en el sentido de indicar que el demandado es la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
– UGPP, y no como da cuenta el aplicativo “SAMAI”, el cual registra de manera
errada al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
“E”.
SEXTO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
No. 2591 de 1991.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-10186-00
SÉPTIMO: Si no se impugna esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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