Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-10210-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-10210-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-10210-00
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez
17 de febrero de 2022
Radicado: 11001-0315-000-2021-10210-00
Demandante: Yocira Lozano Mosquera
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10210-00
Demandante: YOCIRA LOZANO MOSQUERA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
Temas: Tutela contra sentencia de tutela.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Yocira Lozano Mosquera contra el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
1.1. El 29 de noviembre de 2021, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio,
la señora Yocira Lozano Mosquera pidió la protección del derecho fundamental al debido
proceso, que estimó vulnerado por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B. En consecuencia, la parte actora propuso, textualmente, las siguientes pretensiones:
Primera: TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO vulnerado por el CONSEJO
DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B CONJUEZ PONENTE: DR. CARLOS MARIO ISAZA SERRANO, por incurrir en
FRAUDE A LA LEY y COSA JUZGADA FRAUDULENTA, dentro del FALLO DE TUTELA de
SEGUNDA INSTANCIA de fecha 15 de octubre de 2021, con radicación No. 11-001-03-15-000-
2021-01227-01.
Segunda: DEJAR SIN EFECTOS el FALLO DE TUTELA de SEGUNDA INSTANCIA de fecha 15
de octubre de 2021, con radicación No. 11-001-03-15-000-2021-01227- 01 expedido por el
CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN
SEGUNDA SUBSECCIÓN B CONJUEZ PONENTE: DR. CARLOS MARIO ISAZA SERRANO.
2. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
2.1. Los señores Yocira Mosquera Lozano y Aulio César Ledezma Copete presentaron
demandas de nulidad electoral con el fin de que se declarara la nulidad de la elección
del señor Cristian Copete Mosquera, como alcalde del municipio de Tadó, Chocó, para
el periodo constitucional 2020-2023. Lo anterior, por cuanto se encontraba incurso en la
causal de inhabilidad del numeral 4 del artículo 95 de la Ley 136 de 1995, modificado por
el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, habida cuenta de que su hermano Yhonas Viancy
Copete Mosquera se desempeñó como Registrador del municipio de Tadó desde el 27
de agosto de 2001 hasta el 7 de enero de 2019, y a partir del 8 de enero de 2019, tomó
posesión como Registrador del municipio de Nóvita.
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2.1.1. Luego de acumular las demandas y tramitar el proceso, el Tribunal Administrativo
del Chocó, en sentencia del 13 de noviembre de 2020, declaró la nulidad del formulario
E-26 ALC de Tadó del 11 de noviembre de 2019, proferido por la Comisión Escrutadora
de dicho municipio, que había declarado la elección de Cristian Copete Mosquera, como
alcalde del referido municipio para el periodo 2020-2023.
2.1.2. Como justificación, argumentó que el hermano del señor Copete Mosquera ejerció
el cargo de Registrador Municipal de Tadó “dentro de la circunscripción territorial para la
cual fue elegido alcalde su hermano Cristian Copete Mosquera, dentro del término
inhabilitante, que va desde el 27 de octubre de 2018 hasta el 27 de octubre de 2019, en
razón a que estuvo en el cargo desde el 27 de agosto de 2001, hasta el 8 de enero de
2019”. Por tanto, concluyó que el señor Copete Mosquera se encontraba inmerso en la
causal de inhabilidad contenida en el numeral 4 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994.
2.1.3. Por auto del 13 de enero de 2021, el Tribunal Administrativo del Chocó, denegó la
petición de adición o aclaración de la sentencia elevada por el señor Copete Mosquera.
2.1.4. El 25 de marzo de 2021, el señor Cristian Copete Mosquera presentó acción de
tutela contra la sentencia del 13 de noviembre de 2020, dictada por el Tribunal
Administrativo del Chocó, que declaró la nulidad de su elección como alcalde del
municipio de Tadó. En concreto, expuso que la autoridad judicial vulneró sus derechos
fundamentales e incurrió (i) en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al
omitir tramitar una solicitud de recusación por extemporánea, pese a que la irregularidad
fue advertida en actuaciones previas, y (ii) en desconocimiento del precedente del
Consejo de Estado.
2.1.5. La tutela correspondió, en primera instancia, a la Sección Quinta de esta
Corporación (expediente 11001-03-15-000-2021-01227-00) que, por fallo del 13 de mayo
de 2021, denegó las pretensiones. En concreto, explicó que la sentencia cuestionada no
desconoció el precedente sentado en la sentencia de unificación del 29 de enero de
2019, que unificó el tema de la inhabilidad por parentesco contenida en el artículo 179-5
de la Constitución Política.
2.1.6. Además, explicó que, “si bien la sentencia del 29 de enero de 2019, proferida por
la Sala Plena de esta Corporación advirtió que las consideraciones allí expuestas
tendrían “aplicación desde las próximas elecciones de Senado y Cámara de
Representantes”, lo cierto es que fue específica y clara en determinar que ello operaba
únicamente frente a la noción del factor temporal de la inhabilidad, es decir que los
demás temas analizados en aquella ocasión surtirían efectos a partir de la notificación
de la providencia, esto es, desde el 22 de febrero de 2019”.
2.1.6.1. Por otra parte, también denegó las pretensiones respecto del trámite de la
nulidad por indebida notificación y la recusación presentada contra uno de los
magistrados que conformaron la Sala que dictó la sentencia dentro del proceso de
nulidad electoral.
2.1.7. A instancias de la impugnación presentada por el señor Copete Mosquera, la
Subsección B1, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por fallo del 15 de octubre
de 2021, revocó la decisión, al concluir que el Tribunal Administrativo del Chocó aplicó
indebidamente el precedente jurisprudencial de la Sala Plena de 2019 y dejó de aplicar
el de 2005 de la Sección Quinta y, en su lugar, dispuso: (i) amparar los derechos
1 La ponencia de la tutela de segunda instancia correspondió al conjuez que conformaba la sala de decisión, luego de
que las ponencias presentadas por el doctor Carmelo Perdomo Cuéter y la doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez no
obtuvieron la mayoría para su aprobación
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fundamentales del señor Cristian Copete Mosquera, (ii) dejar sin efecto la sentencia del
13 de noviembre de 2020, dictada por el Tribunal Administrativo de Chocó, que anuló el
acto de elección como Alcalde Municipal de Tadó para el periodo 2020- 2023 del señor
Copete Mosquera, y los autos del 10 y 11 de diciembre de 2020, por medio de los cuales
se negó la solicitud de nulidad de la sentencia y se rechazó de plano la recusación
formulada contra la magistrada Mirtha Abadía Serna, y (iii) ordenar la extinción del acto
de elección de la señora Yocira Lozano Mosquera como alcaldesa Municipal de Tadó, y
en consecuencia ordenó el reintegro inmediato del señor Cristian Copete Mosquera a
dicho cargo.
2.1.8. Explicó que para la fecha en que se profirió la sentencia de unificación, esto es,
29 de enero de 2019, el periodo inhabilitante para el caso del señor Copete Mosquera
había comenzado a correr desde el 27 de octubre de 2018 “(…) razón por la cual no
podía aplicarse para estos hechos en curso. Es decir, la aplicación de este precedente
era ya de imposible ocurrencia respecto de la nueva regla adoptada para el ejercicio de
autoridad de los registradores”.
2.1.9. La anterior decisión tuvo dos aclaraciones y un salvamento de voto. Por un lado,
la primera aclaración advirtió que, si estaba de acuerdo con la decisión adoptada por la
Sala, pero no por las razones expuestas en la providencia, pues, a su juicio, lo correcto
era concluir que la providencia acusada incurrió en defecto sustantivo, al haber aplicado
un precedente que no correspondía al caso, pues la sentencia de unificación analizó el
periodo inhabilitante para los Congresistas y no para el de alcaldes.
2.1.10. Por su parte, en la otra aclaración, la magistrada estimó que la vulneración a los
derechos fundamentales “se consolida, en principio, respecto de los autos del 10 y 11 de
diciembre de 2020, mediante los cuales se negó la solicitud de nulidad de la sentencia,
en cuanto al cargo de ser suscrita por un número inferior de magistrados, y se rechazó
por extemporánea la recusación presentada contra la magistrada Mirtha Abadía Serna,
respectivamente, lo cual tendría incidencia en la decisión final del asunto”.
2.1.11. Finalmente, en el salvamento de voto se manifiesta que no se acoge la decisión
de la mayoría, pues, a juicio del Consejero, para la época en que se configuró la
inhabilidad no existía un criterio uniforme al respecto.
3. Argumentos de la acción de tutela
3.1. A juicio de la señora Yocira Lozano Mosquera, la sentencia del 15 de octubre de
2021, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, vulneró el
derecho fundamental al debido proceso, por las razones que a continuación se resumen:
3.1.1. Que la decisión cuestionada se profirió con fraude a la ley, en razón a que no tuvo
en cuenta que la sentencia del 13 de noviembre de 2020, dictada por el Tribunal
Administrativo del Chocó, soportó la decisión en el análisis de los artículos 47 y 48 del
Código Electoral, más no en el precedente judicial sentado en las sentencias del 28 de
julio de 2005, proferida por la Sección Quinta, y del 29 de enero de 2021 de la Sala Plena
de esta Corporación.
3.1.2. A su juicio, la decisión adoptada dentro del proceso de nulidad electoral tuvo como
fundamento principal que las funciones del cargo de registrador municipal conllevan el
ejercicio de autoridad civil y administrativa, por lo que el señor Cristian Copete Mosquera
se encontraba incurso en una inhabilidad. Además, señaló que, para que dicho criterio
auxiliar resulte obligatorio, debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 169
de 1896, es decir, que deben existir tres decisiones uniformes sobre el mismo asunto.
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3.1.3. Que al concluir que el tribunal desconoció el precedente sentado en la sentencia
del 28 de julio de 2005, se atenta contra el principio de autonomía funcional del juez
natural.
3.1.4. Por otro lado, aduce que la sentencia cuestionada incurrió en cosa juzgada
fraudulenta, pues la decisión del juez de tutela fue disponer automáticamente la extinción
del acto de elección de Yocira Lozano Mosquera como alcaldesa municipal de Tadó y,
en consecuencia, ordenó el reintegro inmediato de Cristian Copete Mosquera a dicho
cargo con el derecho a ser considerado como alcalde Municipal de Tadó por el período
constitucional 2020- 2023.
3.1.5. Que con dicha decisión el juez de tutela usurpó las funciones del juez ordinario, al
“disponer la extinción de un acto de elección de un alcalde, pasándose por la “faja” el
fallo de nulidad electoral del Tribunal (que no es arbitrario, sino que obedeció al margen
interpretativo de los Magistrados conforme al art. 230 de la CN)”.
4. Trámite
4.1. Por auto del 9 de diciembre de 2021, el Despacho Sustanciador admitió la demanda
de tutela, negó la medida provisional solicitada y ordenó notificar, en calidad de
demandados, a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B. En calidad de terceros con interés, se dispuso la notificación de Cristian Copete
Mosquera, a los magistrados del Tribunal Administrativo del Chocó y a los señores Aulio
César Ledezma Copete y al abogado Gonzalo Bechara Ospina.
4.2. La Secretaría General del Consejo de Estado realizó las notificaciones ordenadas
en el auto admisorio, mediante correos electrónicos del 15 de diciembre de 20212 y 13
de enero de 20223.
5. Intervenciones
5.1. El señor Cristian Copete Mosquera, a través de apoderado judicial, solicitó que se
declare improcedente la acción de tutela. De manera concreta explicó que, contra el fallo
del 15 de octubre de 2021 (cuestionado en el presente asunto) la señora Lozano
Mosquera formuló incidente de nulidad por indebida notificación, que no ha sido resuelto
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y que, por lo tanto,
no ha sido enviado a la Corte Constitucional ni ha cobrado ejecutoria.
5.1.1. En cuanto al fondo del asunto, advirtió que la tutela no cumple con los requisitos
generales ni excepcionales para que proceda contra un fallo de tutela, pues no explicó
ni justificó claramente las razones de la presunta vulneración al derecho fundamental al
debido proceso. Que si bien aseguró que el fallo cuestionado incurrió en fraude a la ley
y cosa juzgada fraudulenta, lo cierto es que no expuso argumentos serios y concretos
que lleven al juez a estudiar el asunto de fondo.
5.2. Ni los magistrados del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y del
Tribunal Administrativo del Chocó, ni los señores Aulio César Ledezma Copete y el
abogado Gonzalo Bechara Ospina intervinieron en la presente actuación, pese a que
fueron debidamente notificados, como quedó expuesto en precedencia.
2 Ver índice 7 de Samai.
3 Ver índice 10 de Samai.
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CONSIDERACIONES
1. De la acción de tutela contra sentencias o actuaciones de otra acción de tutela
1.1. La Corte Constitucional en sentencia SU-627 de 2015 unificó el criterio en relación
con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias o actuaciones
adelantadas en una acción de tutela. Al respecto, la Corte dijo lo siguiente:
4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción de tutela contra
sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a
la sentencia (Negrillas del texto original).
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela,
se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro de él o contra
una actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no
procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte
Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento
solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte
Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la
acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se
esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir
con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i)
la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia
de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio,
ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.
4.6.3. Si la acción de (sic) tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la
sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del
juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían
afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado
el asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento
de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de
obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del
incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional.
(Resaltado fuera de texto).
1.2. De lo anterior, se pueden puntualizar tres posibilidades o excepciones en las que la
acción de tutela procede contra sentencias o actuaciones adelantadas en procesos de
tutela:
a) Contra la sentencia de tutela proferida por un juez diferente a la Corte
Constitucional, siempre que se demuestre que la acción de tutela presentada no
comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, que la decisión
adoptada fue producto de una situación de fraude, y que no exista otro medio, ordinario
o extraordinario, eficaz para resolver la situación.
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b) Contra actuaciones del proceso de tutela anteriores a la sentencia, que puede
consistir, entre otros, en no haber informado, notificado o vinculado a los terceros que
serían afectados con la decisión.
c) Contra actuaciones posteriores a la sentencia de tutela, cuando se trate de
proteger un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente
de desacato.
1.3. Para la Corte, en cualquiera de las anteriores excepciones a la regla de
improcedencia de la solicitud de amparo contra sentencias o actuaciones adelantadas
en procesos de tutela, sigue siendo exigible el cumplimiento de los demás requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales 4.
2. Planteamiento y solución del problema jurídico
2.1. De manera preliminar, se advierte que el señor Copete Mosquera en el escrito de
intervención, informó i) que en la acción de tutela 11001-03-15-000-2021-01227-01,
proceso en el que dictó el fallo aquí acusado, la señora Yocira Lozano Mosquera
interpuso incidente de nulidad por indebida notificación, el cual, según dijo, no ha sido
resuelto por parte de la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación, y ii) que
la referida tutela no ha sido enviada para revisión a la Corte Constitucional.
2.1.1. En cuanto al primer argumento, se advierte que la señora Yocira Lozano Mosquera
no puso en conocimiento de esta Sala la existencia de dicho trámite y tampoco se
advierte que los argumentos del incidente de nulidad coincidan con lo aquí alegado.
Luego, no habría razones para abstenerse de analizar si en este caso se cumplen los
requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra otra sentencia de
tutela. En este punto, conviene decir que el incidente de nulidad no impide la ejecutoria
de la sentencia de tutela, como ocurre, por ejemplo, con la interposición de recursos o
las solicitudes de adición o aclaración, en los términos del artículo 302 del CGP5.
2.1.1.2. Específicamente, en el trámite de la tutela la Corte Constitucional ha sostenido
que: “La presentación del incidente de nulidad, el cual según la jurisprudencia de esta
Corporación es excepcional y se encuentra limitado únicamente a constatación de
violaciones al debido proceso, no da lugar a la suspensión de los efectos del fallo y
tampoco implica el condicionamiento de su cumplimiento a lo dispuesto por la Sala Plena
respecto del incidente propuesto6”.
2.1.2. Ahora, en cuanto al segundo argumento, cabe precisar que, conforme con el
artículo 35 del Decreto 2591 de 1991, la revisión ante la Corte Constitucional se concede
4 La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, estableció los requisitos generales de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales, y dijo: «b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios -
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios
que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de
propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última».
5 Artículo 302. Ejecutoria. Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando
no sean impugnadas o no admitan recursos.
No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez
resuelta la solicitud.
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando
carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando
queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos.
6 Auto 132 del 19 de junio de 2012. M.P. Adriana María Guillén Arango
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en efecto devolutivo, es decir, que no se suspende el trámite de la acción de tutela ni el
cumplimiento del fallo7.
2.1.3. Conforme con lo anterior, ni la presentación de un incidente de nulidad ni el hecho
que no se haya remitido el expediente de tutela para revisión de la Corte impide continuar
con el trámite del presente asunto, razón por la cual, la Sala procederá a estudiar la
procedibilidad de la solicitud de la señora Lozano Mosquera.
2.2. Aclarado lo anterior, lo primero que debe establecer la Sala es si se cumplen los
requisitos para la procedencia de la acción de tutela contra providencia dictada dentro
de otra tutela, específicamente, si el fallo del 15 de octubre de 2021, incurrió en fraude a
la ley. De tenerse por cumplidos, se resolverá en los términos planteados por la
demandante.
2.3. Para resolver, se debe recordar que la providencia cuestionada revocó el fallo de
tutela del 13 de mayo de 2021, dictado por la Sección Quinta de esta Corporación y, en
su lugar (i) amparó los derechos fundamentales del señor Cristian Copete Mosquera, (ii)
dejó sin efecto la sentencia del 13 de noviembre de 2020, dictada por el Tribunal
Administrativo de Chocó, que anuló el acto de elección como Alcalde Municipal de Tadó
para el periodo 2020- 2023 del señor Copete Mosquera, y los autos del 10 y 11 de
diciembre de 2020, por medio de los cuales se negó la solicitud de nulidad de la sentencia
y se rechazó de plano la recusación formulada contra la magistrada Mirtha Abadía Serna,
y (iii) dispuso la extinción del acto de elección de la señora Yocira Lozano Mosquera
como alcaldesa Municipal de Tadó, y en consecuencia ordenó el reintegro inmediato del
señor Cristian Copete Mosquera a dicho cargo.
2.3.1. Por su parte, la señora Lozano Mosquera alega que la sentencia del 15 de octubre
de 2021 vulneró el derecho fundamental al debido proceso al haber incurrido en fraude
a la ley, por dos razones. La primera, porque, según dice, la sentencia objeto de tutela
no tuvo en cuenta que el juez del proceso de nulidad electoral decidió conforme con las
normas aplicables, mas no con fundamento en el precedente del Consejo de Estado, que
es un criterio auxiliar de la actividad judicial y no resulta obligatorio para el juez de la
nulidad electoral. Y, la segunda, porque el juez de tutela usurpó las funciones del juez
ordinario al anular directamente la elección de la señora Lozano Mosquera como
alcaldesa y, además, excedió lo pedido por el demandante en el primer proceso de tutela
que solo había solicitado que se ordenara al tribunal proferir una nueva sentencia.
2.3.2. La Sala anticipa que los argumentos propuestos por la parte demandante no
demuestran que el fallo cuestionado haya incurrido en alguna de las circunstancias
previstas en la sentencia SU-627 de 2015 para la procedencia excepcional de la tutela
contra una providencia dictada en otro proceso de tutela. Tampoco permiten concluir
que la sentencia aquí atacada se obtuvo a través de medios fraudulentos y que, por
ende, se hubiese configurado una cosa juzgada fraudulenta.
2.3.2.1. Como primera medida, en los términos de la Corte Constitucional8, un
comportamiento puede calificarse como fraudulento cuando la actuación, que en
apariencia se ajusta a la prescripción normativa, en realidad conlleva a una situación
7 Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que: “Todo fallo de tutela que sea remitido para eventual revisión
por la Corte Constitucional tiene plenos efectos, aún durante el trámite de la revisión, por cuanto según lo prescrito en
el artículo 35 del Decreto 2591 de 1991 con fundamento en el artículo 86 de la Constitución Nacional, la revisión se
concede en el efecto devolutivo, esto es, sin que se suspendan las decisiones adoptadas en el fallo correspondiente.
Lo anterior ocurre sin perjuicio de que la Corporación, cuando lo estime conveniente, adopte las medidas provisionales
que considere necesarias para proteger un derecho fundamental, según lo prescrito en el artículo 7o. del mismo
Decreto”.
8 Sentencia T- 073 de 2019.
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manifiestamente contraria a un principio del ordenamiento superior. De modo que el
fraude se presenta como un supuesto de infracción indirecta de la ley, por dos razones:
“por una parte, los actos realizados en fraude a la ley no impiden la debida aplicación de
la norma que se hubiese tratado de eludir. Por otra, producen una situación que atenta
contra el orden constitucional y los principios que inspiran el reconocimiento de un
derecho previsto por una disposición particular, la cual es empleada para obtener el
resultado no deseado por el legislador”9.
2.3.2.2. De igual manera, en la sentencia T-470 de 2018, se reiteró la jurisprudencia en
la que se estableció que el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, “se predica de un
proceso que ha cumplido formalmente con todos los requisitos procesales y que
materializa en esencia un negocio fraudulento a través de medios procesales, que
implica un perjuicio ilícito a terceros y a la comunidad”10.
2.3.2.2.1. Además, sostuvo que “en el fraude puede actuar solo una de las partes, ambas
o incluso el juez. También puede cometerse contra una de las partes o contra un tercero,
contra el orden jurídico, caso en el cual se le denomina fraus legi o contra el interés
público. Sin embargo para que se configure el dolo y la actuación que de él se deriva
deben tener la potencia de generar el efecto buscado. Por lo mismo, sin que de ello
pueda desprenderse una comprensión indulgente, la cosa juzgada fraudulenta resulta
más grave cuando es cometida directamente por el juez o mediante su anuencia, pues
la autoridad judicial representa la confianza social en la administración de justicia y su
actuación consciente permitiría de manera mucho más fácil que la situación fraudulenta
–revestida de la calidad de cosa juzgada- fuera coercitivamente exigible11”.
2.3.3. Ahora bien, respecto al primer argumento propuesto por la demandante, vale
aclarar que un juez de tutela no incurre en fraude a la ley cuando verifica si un juez aplicó
o no un precedente judicial. Es cierto que el artículo 230 de la Constitución Política
establece que los jueces están sometidos a la ley y que la jurisprudencia constituye un
criterio auxiliar. Sin embargo, no se puede desconocer que la Corte Constitucional ha
reconocido el carácter vinculante y obligatorio del precedente judicial, a tal punto que
constituye una de las causales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, con mayor razón cuando el precedente es dictado por una Alta Corte. Así lo
reconoció la propia Corte Constitucional, en sentencia C-816 de 2011, al estudiar la
constitucionalidad del artículo 102 (parcial) de la Ley 1437 de 2011:
“En síntesis: (i) la jurisprudencia, por definición constitucional, es “criterio auxiliar” de interpretación de
la actividad judicial -CP, artículo 230.2-, y de este modo los jueces en sus providencias “sólo están
sometidos al imperio de la ley” -CP, artículo 230.1-; (ii) sin embargo, las decisiones de la Corte Suprema
de Justicia, el Consejo de Estado, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura -
autoridades de cierre de las correspondientes jurisdicciones- y la Corte Constitucional -en todos los
casos, como guardián de la Constitución-, tienen valor vinculante por emanar de órganos diseñados
para la unificación de la jurisprudencia, y en virtud de los principios de igualdad, buena fe y seguridad
jurídica -CP, artículos 13 y 83-; (iii) excepcionalmente, el juez puede apartarse del precedente judicial
vinculante de los órganos jurisdiccionales de cierre, mediante una argumentación explícita y razonada
de su apartamiento, en reconocimiento a la autonomía e independencia inherentes a la administración
de justicia y al ejercicio de la función judicial -CP, artículo 228-.”
2.3.4. La Sala advierte que los argumentos de la parte actora, en realidad, constituyen
una inconformidad con el precedente judicial que el juez de tutela estimó aplicable al
caso. Sin embargo, esa inconformidad no tiene la envergadura para que la Sala analice
de fondo la sentencia cuestionada, pues de ninguna manera constituye un fraude a la
ley.
9 Ibídem
10 Sentencia T-218 de 2012, SU- 627 de 2015.
11 Sentencia T- 218 de 2012.
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Demandante: Yocira Lozano Mosquera
2.3.5. Respecto del segundo argumento propuesto por la demandante, esto es, en
cuanto a las órdenes que se impartieron en el fallo cuestionado, la Sala tampoco advierte
que la providencia se haya dictado con fraude a la ley. En este punto, conviene decir que
el juez de tutela cuenta con amplias facultades a la hora de analizar, estudiar y tomar las
decisiones que considera pertinentes para la protección de los derechos fundamentales,
entre ellas, el principio de oficiosidad.
2.3.5.1. En efecto, la Corte Constitucional ha establecido que el principio de oficiosidad
“se traduce en el papel activo que debe asumir el juez de tutela en la conducción del
proceso, no sólo en lo que tiene que ver con la interpretación de la solicitud de amparo,
sino también, en la búsqueda de los elementos que le permitan comprender a cabalidad
cuál es la situación que se somete a su conocimiento, para con ello tomar una decisión
de fondo que consulte la justicia, que abarque íntegramente la problemática planteada,
y de esta forma provea una solución efectiva y adecuada, de tal manera que se protejan
de manera inmediata los derechos fundamentales cuyo amparo se solicita si hay lugar
a ello12”
2.3.5.2. Además, la Corte explicó que, “(…) La ausencia de formalidades y el carácter
preferente del procedimiento de la acción, revisten al juez de tutela de una serie de
facultades que el juez ordinario no posee. Una de ellas es la de fallar más allá de las
pretensiones de las partes, los fallos ultra o extra petita. Esta facultad que posee el juez
de tutela tiene origen en la primacía dada por el ordenamiento constitucional a los
derechos fundamentales. Por ello, la función de administrar justicia cuando se trata de
garantizar el respeto de los derechos inherentes a las personas, confiere especiales
facultades e impone específicos deberes para cumplir con el carácter eficaz de la acción
de tutela13”.
2.3.5.3. Luego, es claro que el juez de tutela, dentro de las amplias facultades otorgadas
y en aplicación al principio de oficiosidad, puede adoptar las decisiones que considere
procedentes y necesarias para proteger los derechos fundamentales vulnerados de
manera inmediata, sin que ello implique la usurpación de las competencias del juez
ordinario ni mucho menos un fraude a la ley.
2.3.5.3.1. En el sub lite, la Sala encuentra que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, luego de realizar un estudio de las normas y jurisprudencia aplicables
sobre las inhabilidades para poder inscribirse a la candidatura de cargos de elección
popular, para este caso, el de Alcalde del Municipio de Tadó, concluyó que se habían
vulnerado los derechos fundamentales del señor Copete Mosquera y, por tanto, dispuso
las órdenes que, a su juicio, los protegía de manera efectiva e inmediata, actuación que,
como se dijo, se encuentra entre las facultades del juez de tutela. En otras palabras, la
providencia acusada no incurrió en cosa juzgada fraudulenta, al haber adoptado
decisiones definitivas para la protección de los derechos afectados. Ese tipo de
decisiones se enmarcan en las amplias facultades que tiene el juez de tutela justamente
para proteger derechos fundamentales que se advierten vulnerados.
2.4. Acorde con lo expuesto, la demanda interpuesta por la señora Yocira Lozano
Mosquera, no cumple los requisitos de procedibilidad excepcional de la tutela contra
sentencias de tutela y, en consecuencia, la Sala la declarará improcedente.
12 Sentencias C – 483 del 15 de mayo de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
13 Auto 053 del 30 de mayo de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño
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Demandante: Yocira Lozano Mosquera
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela promovida por la señora Yocira Lozano
Mosquera, por las razones expuestas.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección Magistrada
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Magistrado Magistrada
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