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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-10229-00

Fecha
27 de enero de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-10229-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar el amparo solicitado por el señor Sinar Alvarado, a través de la acción de tutela instaurada en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días siguientes a su notificación (art. 31 Dcto. 2591 de 1991). Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14 Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 1- 1 0 22 9- 0 0 Ac c io n a nt e: S in ar A lv ar ad o La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2021-10229-00

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

27 de enero de 2022

Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 1- 1 0 22 9- 0 0
Ac c io n a nt e: S in ar A lv ar ad o

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022)
F.T: 28

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10229-00
Accionante: SINAR ALVARADO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
PRIMERA, SUBSECCIÓN A.

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial, en la que se resolvió recurso
de insistencia, en el sentido de declarar bien denegada la petición. Ausencia de
los defectos invocados.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de
tutela, decide la acción de la referencia.

HECHOS RELEVANTES

a) Solicitud de información sobre la salud física y mental del presidente Iván
Duque Márquez

El señor Sinar Alvarado afirmó que es periodista y trabaja en la Fundación para la
Libertad de Prensa (FLIP), organización civil, cuya misión versa sobre la defensa y
promoción de la libertad de expresión en Colombia, la cual, dentro de sus
proyectos cuenta con la Liga Contra el Silencio, alianza periodística que publica
las historias silenciadas del país.

Indicó que el 18 de junio de 2021 solicitó, ante la Presidencia de la República,
información sobre el estado de salud física y mental del presidente Iván Duque
Márquez. Expuso que el 29 del mismo mes y año la Presidencia de la República
respondió negativamente el requerimiento presentado por aquel, para lo cual
argumentó que se trataba de información sensible y reservada, con fundamento
de forma genérica, en los artículos 5.°, 9.° y 10.° de la Ley 1581 de 2012, en la
sentencia C-748 de 2010 y en el ordinal 3.° del artículo 44 de la Ley 1755 de 2015.

Expuso que el 2 de julio de la misma anualidad en contra de la anterior respuesta,
presentó recurso de reposición y en subsidio, insistencia, por considerar que,

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primero, lo requerido no tenía el carácter de reservado y, segundo, la respuesta
otorgada no satisfizo los requisitos legales sobre el tema. Por lo anterior, expuso
que el secretario jurídico del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República remitió el escrito del recurso de insistencia al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el 27 de julio de 2021 la Subsección A de la Sección Primera de
esa corporación declaró bien denegada la petición.

b) Inconformidad

El accionante consideró que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A, vulneró sus derechos fundamentales de petición, acceso a
la información pública, libertad de expresión y garantía reforzada a la actividad
periodística, al proferir la decisión del 27 de julio de 2021, en la cual incurrió en las
siguientes causales específicas de procedencia de la acción de tutela en contra de
providencias judiciales:

1. Defecto procedimental absoluto, debido a que aquel desconoció la carga
probatoria que le asistía a la Presidencia de la República de exponer las razones y
aportar las pruebas, para fundamentar que la información solicitada debía
permanecer reservada y, en particular, el deber de acreditar que se buscaba un
objetivo legítimo, en los términos del artículo 28 de la Ley 1712 de 2014 y de las
obligaciones internacionales adquiridas por el Estado. Al respecto, precisó que el
análisis realizado por la autoridad judicial accionada fue superficial, pues no
examinó la existencia de un daño presente, probable y específico que excediera el
interés público respecto de lo deprecado ni indicó la norma legal o constitucional
que contuviera la confidencialidad.

2. Desconocimiento del precedente judicial, puesto que la Subsección accionada
inobservó la jurisprudencia constitucional sobre los derechos a la información y a
la libertad de expresión y su relación con la actividad periodística, las excepciones
legales, los requisitos para la aplicación de las reservas y la ponderación del
derecho a la intimidad frente al derecho a la información; concretamente, citó las
siguientes sentencias: T-524/05, C-274/13, T-902/14 y T-904/13.

3. Violación directa de la Constitución Política, por transgredir los derechos
fundamentales de petición, acceso a la información pública, garantía reforzada a la
actividad periodística y libertad de expresión, en los términos de los artículos 20 y
73 constitucional. Al respecto, expuso que la Corte Constitucional ha previsto
cuatro elementos de protección de esta última garantía iusfundamental: margen de
tolerancia de los riesgos causados por la expresión, presunción de cobertura,
primacía de ese derecho y la sospecha de inconstitucionalidad de las limitaciones
a la libertad de expresión, los cuales no han sido debidamente protegidos, dado
que la autoridad accionada ejerció un control previo sobre el ejercicio del
periodismo, sin cumplir con las cargas definitorias, argumentativas y probatorias
exigidas jurisprudencialmente.

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Aunado a ello, expresó que también se desatendió el artículo 209 de la
Constitución Política, específicamente el principio de publicidad de la
administración pública, puesto que no tuvo en cuenta que el desempeño y las
capacidades del presidente de la República constituyen un asunto esencial en
cumplimiento de los principios referidos en la norma precitada, y el artículo 93
ejusdem, al no aplicar el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y la interpretación efectuada por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos respecto al ejercicio del periodismo, al mínimo de restricciones que
deben imponerse a la libertad de expresión y al escrutinio al que se someten los
funcionarios públicos, sobre este último aspecto hizo referencia al caso Éditions
Plon vs. France.

PRETENSIONES

El señor Sinar Alvarado solicitó dejar sin efecto la providencia del 27 de julio de
2021 proferida por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y, en consecuencia, pidió ordenar a la
Presidencia de la República proporcionar la información solicitada en la petición
del 18 de junio de igual año radicada con núm. Ext 21-00081844.

CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A.

El magistrado ponente del proveído discutido en sede de tutela, Felipe Alirio
Solarte Maya, en primer lugar, realizó un recuento de lo ocurrido en el proceso y
reiteró los argumentos que lo llevaron a declarar bien denegada la petición;
también, se refirió a las razones por las que el accionante consideró la vulneración
de sus derechos fundamentales con dicha decisión y realizó una contextualización
de la acción de tutela y de los criterios, generales y específicos, de procedibilidad
en contra de providencias judiciales.

En segundo lugar, enfatizó en los desacuerdos planteados por el accionante y
expuso, frente a cada uno de ellos, lo siguiente: 1. En relación con el defecto
procedimental, advirtió que no se encuentra acreditado porque no existe prueba
alguna de que se incurrió en una irregularidad procesal, al inobservar el trámite
previsto en la Ley 1712 de 2014, pues en la sentencia se identificó el marco
jurídico aplicable y se decidió con fundamento en este y en los postulados
constitucionales; 2. En cuanto al desconocimiento del precedente, indicó que se
analizó la existencia de la reserva de la información solicitada y se concluyó que
se encuentra enmarcada en lo señalado en el artículo 5.° de la Ley 1581 de 2012
y el ordinal 3.° del artículo 24 de la Ley 1755 de 2015, además se realizó un juicio
de ponderación y se estudió el caso, de conformidad con la jurisprudencia de la
Corte Constitucional sobre el tema y 3. Respecto a la violación directa de la
Constitución Política, resaltó que se justificó razonablemente las razones por las
cuales existe reserva legal sobre la información requerida, para lo cual se hizo un

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juicio de ponderación nacional como internacional, debido a la importancia de la
actividad periodística.

Finalmente, pidió declarar la improcedencia de la acción de tutela por considerar
que el accionante no probó la configuración de las causales de procedencia de la
acción de tutela en contra de providencias judiciales ni demostró la vulneración de
sus derechos fundamentales.

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

El secretario jurídico de la dependencia referida, Germán Eduardo Quintero Rojas,
luego de hacer una breve exposición de los hechos del escrito de tutela y de la
actuación administrativa adelantada, adujo que la acción no cumple con el
requisito de subsidiariedad, ya que el mecanismo idóneo para la protección de los
derechos fundamentales cuando se ha negado una petición es el recurso de
insistencia y no la mencionada acción constitucional, por lo que solicitó declarar su
improcedencia.

Aunado a ello, manifestó que no existe configuración del defecto procedimental,
debido a que el accionante no demostró que el trámite efectuado por el Tribunal se
llevó a cabo con inobservancia de las reglas de procedimiento aplicables, sino
que, por el contrario, el accionado aplicó la norma especial que regula la materia y
en la que se define el procedimiento expedito de única instancia, para que la
ciudadanía en general pueda acceder a la información pública nacional. En ese
sentido, insistió en que la acción de tutela no debe convertirse en un medio en el
que las partes se liberen de la carga de asumir una decisión judicial adoptada en
derecho y por parte del juez natural, máxime cuando el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República argumentó debidamente las
razones por las cuales negó la información deprecada.

CONSIDERACIONES

Competencia

La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la
competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1.° del Decreto 333 de 20211, el
cual regula que: «[…] [l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o
Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al
respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada […]».

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

1 Por medio del cual se modificaron los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de

2015 referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.

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Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada
y uniforme de la Corte Constitucional2 y del Consejo de Estado3 ha sido admitir su
procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de
procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia
(defectos).

La posición ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional, empezando por la
tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993,
entre otras providencias, y su redefinición en la T-949 de 2003, hasta llegar a su
sistematización en la sentencia C-590 de 2005.

Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia
jurídica del 5 de agosto de 2014, con ponencia de Jorge Octavio Ramírez,
concluyó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales, siempre y
cuando se respete el principio de autonomía del juez natural y se cumplan los
requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional.
Veamos:

Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en
su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de
los defectos planteados. Estos son los siguientes:(i) la cuestión que se discute
tiene relevancia constitucional; (ii) se agotaron todos los medios de defensa
judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) se cumple el requisito de
inmediatez; (iv) cuando se alegue una irregularidad procesal, la misma debe ser
decisiva en la sentencia que se controvierte y afectar derechos fundamentales; (v)
se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la
providencia bajo estudio y (vi) la providencia objeto de la presente acción no fue
dictada dentro de una acción de tutela.

Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales
puede incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes4: a) defecto orgánico,
que se presenta cuando el juez carece de forma absoluta de competencia; b)
defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actúa
completamente al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto
ocurre cuando: el juez carece de apoyo probatorio, la valoración es absolutamente
equivocada o no tiene en cuenta el material probatorio obrante en el expediente
para proferir la decisión; d) defecto material o sustantivo, el cual se origina cuando

2 Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-

1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999,
T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de
2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018
de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-
074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de
2015.
3Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n.º 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
4Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, T-176 de 2016, SU-573 de 2017, entre otras.

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exista un error judicial ostentoso, arbitrario y caprichoso que desconozca
lineamientos constitucionales y/o legales, específicamente ocurre cuando: se
decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía
de ellas o exista una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por
terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación; g) desconocimiento del precedente
judicial y h) violación directa de la Constitución Política.

Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de
las causales específicas podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional.

Problema jurídico

Previo a plantear el problema jurídico, se advierte que en el caso bajo análisis se
cumplen los requisitos generales de procedibilidad5; por tanto, la parte motiva se
ocupará de las causales específicas que, para el asunto bajo examen, se centran
en el defecto procedimental, el desconocimiento del precedente judicial y la
violación directa de la Constitución Política.

Así las cosas, el problema jurídico en esta instancia puede resumirse en las
siguientes preguntas:

1. ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
A, incurrió en una irregularidad procesal, al no tener en cuenta la carga
exigida en el artículo 28 de la Ley 1712 de 2014?

2. ¿La autoridad judicial accionada, al proferir la sentencia del 27 de julio de
2021, desconoció la jurisprudencia constitucional sobre el acceso a la
información, la libertad de expresión y la protección de la actividad
periodística?

3. ¿La Subsección precitada transgredió los preceptos constitucionales
referidos por el accionante?

Para resolver el problema así planteado, se abordarán las siguientes temáticas: I.
Defecto procedimental, II. Análisis del disenso relativo a la irregularidad procesal,
III. Desconocimiento del precedente judicial, IV. Estudio del desacuerdo sobre la
fundamentación jurisprudencial, V. Violación directa de la Constitución Política y
VI. Examen de la inconformidad acerca de la aplicación de los preceptos
constitucionales. Veamos:

5 Al respecto, se aclara que, si bien el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República planteó,

en la respuesta que rindió, que la acción de la referencia no cumple con el requisito de subsidiariedad, debido
a que el accionante cuenta con el recurso de insistencia, lo cierto es que ese argumento no resulta de recibo,
pues precisamente lo que aquel discute es la decisión adoptada en esa sede y contra la cual no procede
ningún recurso.

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• Primer problema jurídico

¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A,
incurrió en una irregularidad procesal, al no tener en cuenta la carga exigida en el
artículo 28 de la Ley 1712 de 2014?

I. Defecto procedimental

La Corte Constitucional ha señalado que el defecto procedimental, como causal de
procedencia específica de la acción de tutela contra providencias judiciales, se
configura cuando el juez se aparta de manera evidente y grotesca de las normas
procesales aplicables al caso concreto, con lo cual vulnera derechos
fundamentales6. Se han reconocido dos modalidades del referido defecto:

El primero es el defecto procedimental absoluto, el cual ocurre cuando el
funcionario judicial no sigue completamente el procedimiento dispuesto, bien sea,
porque siguió un trámite totalmente distinto o porque pretermitió etapas, con lo
cual afecta el derecho de defensa y contradicción de las partes del proceso.

El segundo es el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, que se
presenta en el evento en que el juez con fundamento en formalismos, deniega la
administración de justicia y, en esa medida, omite dar prevalencia al derecho
sustancial sobre el formal, en detrimento de los derechos de las partes, el cual
ocurre en los siguientes casos: 1. Aplica un precepto procesal que restringe
derechos sustanciales o se opone a la vigencia de derechos constitucionales en
un caso concreto y 2. Incurre en un rigorismo procedimental en la apreciación de
las pruebas que implica desconocer la justicia material7.

II. Análisis del disenso relativo a la irregularidad procesal

El accionante afirmó, en síntesis, que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A, incurrió en defecto procedimental absoluto,
debido a que, de un lado, desconoció la carga probatoria que le asistía a la
Presidencia de la República, en los términos del artículo 28 de la Ley 1712 de
2014, para declarar bien denegada la petición y, de otro, no examinó la existencia
de un daño presente, probable y específico que excediera el interés público
respecto de lo deprecado ni indicó la norma legal o constitucional que contuviera
la confidencialidad.

Para resolver la anterior inconformidad, lo primero que se observa es que el 18 de
junio de 2021 el señor Sinar Alvarado solicitó la siguiente información ante la
Presidencia de la República:

6 Ver entre otras Sentencias: T-781 de 2011, T-429 de 2016 y T-398 de 2017.
7 Ver entre otras: Sentencia T-950 de 2011.

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[…] En ejercicio de los derechos fundamentales de petición (consagrados en
el artículo 23 de la Constitución Nacional y desarrollados por la Ley 1755 de
2015) y de derecho al acceso a la información pública (consagrado en el
artículo 20 de la Constitución Política y desarrollado por la Ley de
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional,
Ley 1712 de 2014), y con el fin de realizar una investigación periodística que
disipe dudas sobre la salud del presidente Duque, me permito solicitar la
siguiente información:

1. ¿Cuál es el estado de salud actual del presidente Iván Duque?

2. ¿De qué enfermedades es tratado Iván Duque desde que se encuentra en
ejercicio como Presidente de la República?

3. ¿Con qué frecuencia está siendo evaluado médica o psicológicamente?

4. ¿Con qué medicamentos es tratado actualmente el presidente Duque, de
qué tipo y para qué afecciones o enfermedades específicas?

5. ¿Consume algún tipo de antidepresivo, medicamentos para el insomnio o
para el manejo de la ansiedad? ¿Cuáles? […]

6. ¿Alguno de los medicamentos que consume afecta su estado de
consciencia durante el ejercicio de sus funciones? […]

Igualmente, se advierte que la anterior petición fue negada el 29 de junio de 2021
por el secretario jurídico del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, para lo cual se fundamentó en el artículo 5.° de la Ley Estatutaria 1581
de 2012, mediante la cual se dictaron disposiciones generales para la protección
de datos personales, en el ordinal 3.° del artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y en
la Sentencia C-748/11 proferida por la Corte Constitucional.

Debido a esa decisión, el 2 de julio de 2021 el señor Sinar Alvarado interpuso
recurso de reposición y, en subsidio, de insistencia. Así, el Departamento
precitado confirmó su decisión y el 13 de igual mes y anualidad remitió la
documentación respectiva al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de
conformidad con el artículo 26 de la Ley 1755 de 2015.

Así mismo, se denota que el 27 de julio de 2021 la Subsección aquí accionada se
pronunció sobre la negativa del Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República de remitir la información solicitada por el señor Sinar Alvarado, en el
sentido de declararla bien denegada. Para soportar su postura, en primer lugar,
realizó unas consideraciones generales sobre la protección del derecho de acceso
a la información pública, tanto en el ámbito interno como en el internacional, y, en
segundo lugar, examinó los requisitos fijados jurisprudencialmente para resolver
los conflictos que puedan presentarse entre el derecho a la intimidad y el acceso a
la información pública.

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Sobre este último aspecto, definió que 1. La información requerida formaba parte
de los datos sensibles sometidos a la reserva legal contenida en el artículo 5.° de
la Ley 1581 de 2012 y el ordinal 3.° del artículo 24 de la Ley 1755 de 2015; 2. La
negativa de suministrar lo solicitado tenía un objetivo constitucionalmente valioso,
dado que se pretendía proteger el derecho a la intimidad del presidente,
concretamente en lo relacionado con su salud y 3. La decisión adoptada era
necesaria y proporcional para alcanzar esa finalidad.

En ese orden de ideas, se aclara que, contrario a lo alegado por el accionante, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, sí
examinó la negativa del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República y las razones que tuvo para emitir esa decisión, conforme lo exige el
artículo 28 de la Ley 1712 de 20148. En efecto, aquel analizó las particularidades
del caso y coligió que le asistía razón a la entidad, pues la información peticionada
debía permanecer reservada, de acuerdo con el ordenamiento jurídico,
puntualmente por la existencia de dos leyes que regulaban la reserva. Sumado a
esto, se evidencia que la autoridad judicial no se abstuvo de examinar la
existencia de un daño presente, probable y específico que excediera el interés
público, en la medida en que puso de presente que la denegación de lo deprecado
conllevaba la protección del derecho a la intimidad del presidente de la República,
la cual no podía verse afectada con el suministro de lo pedido, máxime cuando no
existía una justificación para ello ni un legítimo interés general, en los siguientes
términos:

Es claro para la Sala que la negativa al acceso a la información pública se
encuentra destinada a la protección del núcleo esencial del derecho a la
intimidad del presidente de la República en la medida en que conocer la
situación de salud física y mental es un asunto que sólo (sic) a él le compete
y respecto del cuál no existe justificación para conocimiento público. Si bien
es cierto es un funcionario público y aquello implica que el derecho a la
intimidad respecto a él sea más flexible, en el presente caso no observa la
Sala que la información pedida sea de un verdadero y legítimo interés
general para que sea publicada.

Claramente conocer el estado de salud del presidente de la República resulta
ser una situación importante en el marco de las funciones que desarrolla y
las decisiones que toma de relevancia para toda la ciudadanía, pero esto no
implica que pueda catalogarse cómo (sic) un asunto de verdadero y legítimo
interés general para que sea publicado, tal como lo ha determinado la Corte
Constitucional, ni tampoco permite que su derecho a la intimidad sea

8 ARTÍCULO 28. Carga de la prueba. Le corresponde al sujeto obligado aportar las razones y pruebas que

fundamenten y evidencien que la información solicitada debe permanecer reservada o confidencial. En
particular, el sujeto obligado debe demostrar que la información debe relacionarse con un objetivo legítimo
establecido legal o constitucionalmente. Además, deberá establecer si se trata de una excepción contenida en
los artículos 18 y 19 de esta ley y si la revelación de la información causaría un daño presente, probable y
específico que excede el interés público que representa el acceso a la información.

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socavado de tal forma que sea posible conocer de forma general todo lo
solicitado por el peticionario, información que para esta Sala sólo (sic) le
compete conocer al titular de la información y hace parte del núcleo esencial
al derecho a la intimidad personal.

Por consiguiente, resulta diáfano que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A, analizó la carga probatoria para negar lo
solicitado; explicó cuál era el fundamento legal y expuso el fin de la decisión y el
daño que se causaría al entregar la información, esto es, el derecho a la intimidad
del presidente de la República. En ese sentido, no es de recibo el argumento
esgrimido por el accionante frente a la existencia de una irregularidad procesal,
por no analizar el incumplimiento del artículo 28 de la Ley 1712 de 2014 por parte
de la administración.

• Segundo problema jurídico

¿La autoridad judicial accionada, al proferir la sentencia del 27 de julio de 2021,
desconoció la jurisprudencia constitucional sobre el acceso a la información, la
libertad de expresión y la protección de la actividad periodística?

III. Desconocimiento del precedente judicial

La Corte Constitucional ha sostenido que el desconocimiento del precedente
jurisprudencial constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela 8,
pues si bien es cierto los jueces gozan de autonomía para adoptar la decisión a
que haya lugar, también lo es que la misma tiene unos límites como es el respeto
por el precedente judicial. Debe precisarse que ese respeto no puede ser
entendido de manera absoluta, ya que se trata de armonizar y salvaguardar los
principios constitucionales. De allí que se ha admitido la separación de este
siempre que se expongan las razones por las cuales se aparta.

En sentencia T-446/13, la Corte Constitucional sostuvo que para el efecto deben
cumplirse dos requisitos: (I) hacer una referencia expresa del precedente aplicado
a casos similares y (II) exponer las razones suficientes por las que considera que
el mismo no resulta ajustado al asunto estudiado. En ese orden de ideas, cuando
un juez se aleja del precedente judicial sin exponer los motivos para hacerlo, tal
actuación implica una vulneración al derecho a la igualdad. Por último, debe
precisarse que el desconocimiento del precedente judicial puede ser vertical, esto
es, el que deben seguir los funcionarios judiciales que están en un nivel jerárquico
inferior de los órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción o puede ser
horizontal, el cual hace referencia a aquel que deben seguir los jueces de la
misma jerarquía.

IV. Estudio del desacuerdo sobre la fundamentación jurisprudencial

El señor Sinar Alvarado alegó la configuración de un desconocimiento del
precedente judicial, puesto que, a su juicio, la autoridad accionada inobservó la

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jurisprudencia constitucional sobre los derechos a la información y a la libertad de
expresión y su relación con la actividad periodística, las excepciones legales, los
requisitos para la aplicación de las reservas y la ponderación del derecho a la
intimidad frente al derecho a la información; concretamente, citó las siguientes
sentencias: T-524/05, C-274/13, T-902/14 y T-904/13.

Sobre el desacuerdo referido, es importante mencionar que en el análisis
efectuado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, en la sentencia del 27 de julio de 2021, este examinó no solo el
derecho de acceso a la información pública, para lo cual tuvo en cuenta la
jurisprudencia interna y los instrumentos internacionales de derechos humanos,
entre ellos la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino que también apreció la
salvaguarda especial de la actividad periodística, de conformidad con el artículo 73
de la Constitución Política, y la protección del derecho a la intimidad, de acuerdo
con la jurisprudencia constitucional. En esa medida, aquel realizó un juicio de
ponderación para solucionar la colisión entre derechos y, dentro de su autonomía
y libertad de interpretación, coligió que en el asunto concreto no existía ningún
interés legítimo que permitiera desconocer la protección del derecho que le asistía
al presidente de la República sobre el conocimiento relativo a su estado de salud.

Bajo ese entendido, no se avizora que la Subsección accionada haya omitido
aplicar la jurisprudencia sobre la materia ni desconocido la importancia del
ejercicio del periodismo en un Estado Social de Derecho; así como tampoco
desatendió el análisis de los derechos involucrados ni omitió realizar un evaluación
del conflicto presentado.

Ahora, concretamente, en lo que tiene que ver con las providencias referenciadas
por el accionante, se advierte que en la Sentencia T-524/05 se estudió la
naturaleza jurídica de las medidas cautelares decretadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y su carácter vinculante en el ordenamiento
interno, aspectos que no tienen relación alguna con el asunto objeto de examen.
En todo caso, se aclara que no es cierto, como el peticionario del amparo lo
señala, que con el proveído proferido se vulneró su derecho fundamental a la
libertad de expresión, el control sobre las capacidades del presidente ni la
transparencia de la administración, sino que, a criterio, del Tribunal no logró
acreditarse que existiera un fin legítimo que permitiera desamparar el derecho a la
intimidad del jefe de Estado.

En cuanto a la Sentencia C-274/13, se aprecia que en ella se analizó la
constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 228 de 2012 (Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional) y se consignó, como lo
arguyó el señor Sinar Alvarado, que el acceso a la información pública está regido
por varios principios, conforme a la jurisprudencia del Sistema Interamericano de
Protección de los Derechos Humanos, a saber: A. Máxima divulgación, B. El
derecho de acceso a la información es la regla y el secreto la excepción, C. Carga

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probatoria a cargo del Estado, D. Preeminencia del derecho al acceso a la
información en casos de conflictos de normas o falta de regulación y E. Buena fe.

Sin embargo, en relación con dichos principios, no se repara en que la Subsección
accionada haya omitido su aplicación o los haya conculcado, debido a que, como
aquella lo anotó, la reserva invocada para denegar la información requerida se
encuentra tipificada en la ley y se trata de una excepción al acceso a la
información pública. Adicionalmente, como se explicó en el acápite previo, se
cumplió con el estudio de la carga necesaria y suficiente para la adopción de esa
decisión, la cual fue emitida de buena fe. Por último, sobre la preeminencia del
derecho al acceso a aquella, debe precisarse que en el caso no se evidenció un
vacío normativo ni un conflicto de normas, pues el suministro de la información
dependerá de la inexistencia de reservas, lo cual, en el caso, no ocurrió, pues la
ley prevé esa confidencialidad cuando se trata de la intimidad de las personas.

De otra parte, acerca de la Sentencia T-902/14, resulta claro que en esta
oportunidad la Corte Constitucional analizó los mismos parámetros examinados
por la Subsección aquí accionada, por lo cual no se observa un desconocimiento
de la ratio decidendi de esta. Finalmente, en lo referente a la Sentencia T-904/13,
el accionante considera que allí se indicó que tratándose de funcionarios el
escrutinio público puede abarcar aspectos de la vida privada, por lo cual, en su
caso, debió accederse a lo peticionado. Sobre este argumento, basta con
esclarecer que si bien el máximo tribunal constitucional afirmó que debe existir una
protección a la libertad de expresión frente a las críticas a funcionarios públicos no
lo es menos que también reconoció que ello no implica que aquella no esté
provista de limitaciones, como ciertamente se adujo en la providencia discutida.

Así las cosas, se concluye que la autoridad judicial accionada, al proferir la
sentencia del 27 de julio de 2021, no desconoció la jurisprudencia sobre el acceso
a la información, la libertad de expresión y la protección de la actividad
periodística, por lo cual no resulta procedente acceder al amparo.

• Tercer problema jurídico

¿La Subsección accionada transgredió los preceptos constitucionales referidos por
el accionante?

V. Violación directa de la Constitución Política

De acuerdo con el artículo 4.º de la Constitución Política, la misma es norma de
normas, por lo que en caso de incompatibilidad prevalecen las disposiciones
constitucionales y las autoridades se encuentran en la obligación de respetar y
garantizar su cumplimiento. En ese orden de ideas, la jurisprudencia
constitucional9 ha establecido que se presenta violación directa de la Constitución

9
Ver entre otras: Corte Constitucional. Sentencias: T-949/03, SU198/13 y T-369/15.

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Política, como causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, cuando el juez desconoce la carta política por: 1. No
aplicar una de sus disposiciones o 2. Aplicar la ley, sin tener en cuenta un
mandato constitucional.

En el primero de los casos ha definido tres subreglas a saber: a) cuando dejó de
interpretarse y aplicarse una disposición legal conforme al precedente
constitucional, b) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata y el
juez no lo hace y c) el juez vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta la
interpretación de acuerdo con la Constitución Política. Así las cosas, a la autoridad
judicial corresponde determinar en cada caso concreto cuándo se presenta
violación directa de la Constitución Política dentro del proceso ordinario.

VI. Examen de la inconformidad acerca de los preceptos constitucionales

El señor Sinar Alvarado aseguró que se estructuró una violación directa de la
Constitución Política en la sentencia del 27 de julio de 2021, porque el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, transgredió los
derechos fundamentales, cuyo amparo solicita, y respecto a la libertad de
expresión desconoció los cuatro elementos de protección que la Corte
Constitucional ha previsto: margen de tolerancia de los riesgos causados por la
expresión, presunción de cobertura, primacía de ese derecho y la sospecha de
inconstitucionalidad de las limitaciones a la libertad de expresión, los cuales no
han sido debidamente protegidos, dado que la autoridad accionada ejerció un
control previo sobre el ejercicio del periodismo, sin cumplir con las cargas
definitorias, argumentativas y probatorias exigidas jurisprudencialmente.

Igualmente, expresó que aquel también desatendió el artículo 209 de la
Constitución Política, específicamente el principio de publicidad de la
administración pública, puesto que no tuvo en cuenta que el desempeño y las
capacidades del presidente de la República constituyen un asunto esencial en
cumplimiento de los principios referidos en la norma precitada, y el artículo 93
ejusdem, al no aplicar el artículo 13 de la Convención Americana Sobre Derechos
Humanos y la interpretación efectuada por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos respecto al ejercicio del periodismo, al mínimo de restricciones que
deben imponerse a la libertad de expresión y al escrutinio al que se someten los
funcionarios públicos.

Al respecto, se considera que, como se ha venido exponiendo en esta providencia,
la autoridad judicial aquí accionada no vulneró los derechos fundamentales a la
libertad de expresión y acceso a la administración de justicia ni inobservó la
protección de la actividad periodística, toda vez que encontró demostrada una
justificación válida y suficiente por parte del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, para negar la información sobre la salud del actual
presidente de la República, específicamente una excepción para el acceso a la
información, consistente en una reserva legal sobre datos sensibles, como lo son
la privacidad e intimidad de las personas.

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Aunado a ello, se tiene que la Subsección accionada examinó la calidad de
funcionario público de la persona frente a la cual se solicitaba la información, pero
estimó que esa situación no era suficiente para privilegiar el derecho al acceso de
aquella, ante la ausencia de un fin legítimamente válido.

En ese entendido, se concluye que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A, con una argumentación que no puede ser
calificada, por este juez constitucional, como irrazonable o caprichosa, pues se
apoyó en el ordenamiento jurídico y en la jurisprudencia, decidió declarar bien
denegada la petición elevada ante la administración. Sobre el particular, es
pertinente recordar que la acción de tutela en contra de providencias judiciales
únicamente resulta procedente para acceder al amparo solicitado cuando se
demuestra la configuración de un defecto que afecta el sentido de la decisión y
que, en esa medida, implica la transgresión de derechos de rango constitucional,
lo cual no se presenta en el sub lite.

En esa línea de razonamientos, se colige que aquel no transgredió los preceptos
constitucionales referidos por el accionante. Por consiguiente, comoquiera que no
se encontró acreditada ninguna causal específica de procedencia, se negará el
amparo deprecado por el señor Sinar Alvarado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar el amparo solicitado por el señor Sinar Alvarado, a través de la
acción de tutela instaurada en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días
siguientes a su notificación (art. 31 Dcto. 2591 de 1991). Si esta providencia no
fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.

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La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firma electrónica

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firma electrónica

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firma electrónica
PCL

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