República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-10262-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
3 de marzo de 2022
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-10262-00
Demandante: Diana Carolina Duque Cardona y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10262-00
Demandante: Diana Carolina Duque Cardona y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Temas: Tutela contra providencia judicial que decreta caducidad del medio
de control reparación directa en casos de delitos de lesa
humanidad/ Desconocimiento del precedente jurisprudencial
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por los señores Diana Carolina Duque
Cardona, Ana Cecilia Duque Cardona, Juan Diego Duque Cardona, Ruby Cardona
Zuluaga, Carlos Mario Duque Castrillón, Miriam del Socorro Duque Castrillón, Luz
Ángela Duque Castrillón y Hernán de Jesús Duque Castrillón, contra el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, en aras de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, los señores Diana Carolina Duque Cardona, Ana Cecilia Duque Cardona,
Juan Diego Duque Cardona, Ruby Cardona Zuluaga, Carlos Mario Duque Castrillón,
Miriam del Socorro Duque Castrillón, Luz Ángela Duque Castrillón y Hernán de Jesús
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-10262-00
Demandante: Diana Carolina Duque Cardona y otros
Duque Castrillón, quienes actúan por intermedio de apoderado, promovieron
demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia.
Como consecuencia de lo anterior, solicitaron dejar sin efectos la providencia de
segunda instancia proferida el 30 de septiembre de 2020 por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, dentro del proceso radicado número
05001233300020150072601 que declaró probada la excepción de caducidad del
medio de control reparación directa.
1.1.2. Los hechos
La parte actora narró como hechos de tutela, los siguientes:
i) El 9 de abril de 2015, por intermedio de apoderado, interpusieron el medio de
control reparación directa ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, órgano judicial
que en el trámite de la audiencia inicial celebrada el 27 de abril de 2017, declaró
probada la excepción de caducidad, al considerar que los demandantes tuvieron
conocimiento del daño desde el 14 de junio de 1993, cuando falleció el señor Jorge
Ignacio Duque Castrillón.
ii) Inconformes con la anterior decisión, presentaron recurso de apelación cuyo
conocimiento correspondió al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
que mediante auto del 30 de septiembre de 2020, notificado el 24 de mayo de 2021,
confirmó la providencia objeto de alzada.
1.1.3. Los defectos invocados
En sentir de la parte accionante, el auto del 30 de septiembre de 2020 emitido por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, vulneró sus derechos
fundamentales, en atención a las siguientes circunstancias:
i) Omitió tener en cuenta que por tratarse de un caso que gira en torno a la
desaparición forzada, ejecución extrajudicial, falso positivo u homicidio en persona
protegida el presupuesto de la caducidad del medio de control depende de lo
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probado en el proceso, por lo que la audiencia inicial no es el escenario propicio para
decidirlo.
ii) Utilizó las sentencias que fundamentan la decisión cuestionada, con
desconocimiento del bloque de constitucionalidad conformado por la jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según la cual en asuntos
relacionados con los crímenes de lesa humanidad no opera el fenómeno de la
caducidad, como lo adujo, también, el Consejo de Estado en recientes sentencias del
4 de junio de 2021, emitida dentro del radicado número 11001-03-15-000-2021-
00186-01 y del 30 de agosto de ese año, proferida en el proceso con radicación
número: 11001-03-15-000-2021-00097-01(AC). Igualmente, el Tribunal
Administrativo de Antioquia en el medio de control reparación directa con radicado
número: 05001-23-33-000-2015-00726-00, se pronunció al respecto.
1.2. Actuación Procesal
1.2.1. Mediante auto del 2 de diciembre de 2021, se inadmitió la acción de tutela y
se ordenó a la parte accionante que en el término de tres días realizara la
manifestación juramentada prevista en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.
Mediante memorial radicado el 15 de diciembre de igual anualidad, el apoderado de
la parte requerida subsanó el defecto señalado.
1.2.2. El 19 de enero de 2022, se dispuso admitir la acción de tutela formulada por
los señores Diana Carolina Duque Cardona, Ana Cecilia Duque Cardona, Juan Diego
Duque Cardona, Ruby Cardona Zuluaga, Carlos Mario Duque Castrillón, Miriam del
Socorro Duque Castrillón, Luz Ángela Duque Castrillón y Hernán de Jesús Duque
Castrillón en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. A esta
autoridad judicial se le otorgó el término de dos días para que la contestara.
Igualmente se vinculó a la Nación-Ministerio de Defensa y a los señores Jorge Mario
Duque, Hernán de Jesús Duque Castrillón, Julián Fernando Duque Castrillón y María
Teresa de Jesús Castrillón Morales, quienes también actuaron como demandantes
en el proceso de reparación directa, conforme a la información obrante en SAMAI y
en la página web de la Rama Judicial. A los vinculados se les otorgó el término de
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dos días, para rendir el respectivo informe. También se ordenó al Tribunal
Administrativo de Antioquia enviar la copia digital del expediente con radicado
número: 2015-00726, en el término improrrogable de dos días.
1.3. Contestación de la demanda
1.3.1. Del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
El consejero Guillermo Sánchez Luque, en su condición de ponente de la providencia
cuestionada reiteró las consideraciones esgrimidas en el auto del 30 de septiembre
de 2020, las cuales consideró suficientes para deprecar la improcedencia del
amparo.
1.4. Intervenciones
1.4.1. De la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional
Pese a haber sido notificados en debida forma la Nación-Ministerio de Defensa y los
señores Jorge Mario Duque, Hernán de Jesús Duque Castrillón, Julián Fernando
Duque Castrillón y María Teresa de Jesús Castrillón Morales, guardaron silencio.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069
de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 de 2021, según el cual «[l]as
acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia a la misma
Corporación, y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que
corresponda, de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo
2.2.3.1.2.4.», esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela instaurada
contra la Sección Tercera, Subsección C de esta Corporación, con ocasión del auto
interlocutorio del 30 de septiembre de 2020 que confirmó el proferido por el Tribunal
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Administrativo de Antioquia del 27 de abril de 2017 mediante el cual se declaró
probada la excepción de caducidad del medio de control reparación directa.
2.2. Problema jurídico
Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad para controvertir la providencia del 30 de septiembre de
2020, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, dentro del
medio de control reparación directa con radicación 05001233300020150072601. En
caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida
providencia se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia.
2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la
protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».
El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció en sus artículos 11, 12
y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales
ejecutoriadas. Estos artículos, posteriormente fueron declarados inexequibles por la
Corte Constitucional, en sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban
contra los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, además de trasgredir la
autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por
la Constitución.
Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad
de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la
acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
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actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la
decisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la
Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.
En este entendido, la jurisprudencia constitucional 1 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial, desarrollando diferentes reglas para su estudio, consolidadas en
la sentencia C-590 de 20052, en la que se hace distinción entre causales genéricas,
aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la
acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar su
procedencia una vez cotejada la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedibilidad las
siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale de manera clara que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como
los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».
En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad, aquellas
que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: (i)
defecto orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto
1
T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-
567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589
de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
2
Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii)
desconocimiento del precedente, (viii) violación directa de la Constitución. La Corte
hizo hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar
plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales, vicios o defectos.
El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 20123, unificó su
jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando
se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el
debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros
fijados por la ley y la jurisprudencia.
Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia de 5 de
agosto de 20144 se acogió un plazo seis meses, contados a partir de la notificación
o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar
si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término
de inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los
parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.
2.4. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra el auto proferido por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C del 30 de septiembre de 2020 en el medio de
control reparación directa con radicado número 05001233300020150072601.
2.4.1. Se agotaron los medios de defensa judicial, comoquiera que contra la
providencia objeto de la acción de tutela no proceden otros medios ordinarios de
defensa ni las causales especiales para la instauración del recurso extraordinario de
revisión.
3
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
4
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez.
Expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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2.4.2. Los hechos y los argumentos en que se fundamenta la acción de tutela
guardan coherencia lógica y temporal.
2.4.3. La presente demanda no se dirige a controvertir una sentencia de tutela,
en tanto que la providencia censurada fue proferida en segunda instancia en el
medio de control de reparación directa.
2.4.4. El asunto tiene relevancia constitucional, toda vez que se invoca la
protección de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.
2.4.5. Se presentó con inmediatez porque la providencia cuestionada es del 30 de
septiembre de 2020, fue notificada por estado el 24 de mayo de 20215 y la acción de
tutela se instauró el 22 de noviembre de esa anualidad, a través de correo
electrónico, con lo cual se satisfacen los parámetros fijados por la Sala Plena del
Consejo de Estado, sobre el término para su ejercicio, que no debe sobrepasar los
seis meses.
2.5. Causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales
Además del cumplimiento de los requisitos general de procedibilidad de la acción de
tutela, el accionante debe demostrar que la vulneración que imputa a la
providencia judicial se adecúa, al menos, a una de las causales específicas de
procedibilidad del amparo6 contra providencias judiciales, es decir, que la
actuación judicial se encuentre inmersa en alguno de los siguientes vicios o defectos:
a) el defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; b) el
defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido; c) el defecto fáctico, que
surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
5
Se consultó el sistema de información de procesos SAMAI
6
Mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional reunió las causales genéricas y
específicas de procedibilidad del amparo contra providencias judiciales, estableciendo un total de ocho
causales.
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supuesto legal en el que se sustenta la decisión; d) el defecto material o
sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión; e) el error inducido, que ocurre cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales; f) la decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) el
desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando
la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado; y, h) la violación
directa de la Constitución, que se predica cuando, de manera ostensible y
flagrante, la decisión del órgano judicial contradice los postulados recogidos en la
carta política.
Como se observa, a pesar de que en cada caso se confirme la procedencia general
de la acción de tutela, es necesario verificar la presencia de alguno de los defectos y
vicios mencionados, pues lo que subyace en la acción es la censura de una decisión
judicial, cuya modificación implicaría alterar el principio constitucional de la seguridad
jurídica.
En el presente asunto, la parte accionante no formula taxativamente alguna causal
de procedibilidad; sin embargo, la Sala considera, en aras de garantizar la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades, que los argumentos se
adecuan, por un lado, al defecto fáctico en tanto que se cuestiona que solo con las
pruebas que se alleguen en el trámite del proceso, es posible contar con los
elementos de juicio necesarios para definir la caducidad del medio de control
reparación directa en los casos que giran en torno a delitos de lesa humanidad y, por
el otro, al desconocimiento del precedente jurisprudencial dado que refiere
pronunciamientos en los que esta Corporación ha considerado la inaplicación del
fenómeno de la caducidad en el asunto mencionado.
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2.6. Análisis de procedibilidad del amparo invocado
Al encontrarse cumplidos los requisitos de procedencia de la acción, la Sala abordará
el estudio de procedibilidad del amparo invocado en el siguiente orden: i) criterios
para determinar la existencia de los defectos «fáctico y desconocimiento del
precedente jurisprudencial»; ii) sentencia de unificación del 29 de enero de 2020; iii)
hechos probados; y iv) Análisis de la Sala. Caso concreto.
2.6.1. Criterios para determinar la existencia de los defectos «fáctico y
desconocimiento de precedente jurisprudencial»
2.6.1.1. Defecto fáctico
La Corte Constitucional señaló, de manera primigenia, tres casos que daban origen a
este defecto;7 sin embargo, a modo de desarrollo jurisprudencial ha planteado la
existencia de dos dimensiones que le dan origen y que, a su vez, se traducen en
otras modalidades de configuración, agrupadas en la Sentencia T-923 de 2013, de la
siguiente forma:
Dimensión negativa: que ocurre por la valoración defectuosa del material probatorio
debidamente allegado al plenario y se presenta cuando el funcionario judicial: i) niega
la práctica del medio probatorio solicitado, ii) no ordena el que debía recaudar de
oficio u iii) omite la valoración de elementos de juicio determinantes para identificar la
veracidad de los hechos analizados y sin razón valedera da por no probado el hecho
o la circunstancia que de ella emerge.
Dimensión positiva: que se produce por desconocimiento de las reglas de la sana
crítica en la apreciación de los medios de prueba que conducen a valorarlos de
manera arbitraria, irracional y caprichosa, y se da cuando el funcionario judicial: i)
fundamenta su determinación en elementos de juicio que no le es permitido
considerar porque fueron indebidamente recaudados, son totalmente inconducentes
7
i) omisión en el decreto y práctica de las pruebas; ii) valoración errada de las mismas; y iii) valoración
de las que resultan nulas de pleno de derecho.
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al caso concreto o se trata de pruebas nulas de pleno derecho y, de igual modo, y/o
ii) apoya la decisión judicial en material probatorio que no permite llegar a la certeza
sobre el supuesto fáctico del cual parte la conclusión del fallador.
2.6.1.2. Desconocimiento de precedente jurisprudencial
En lo atinente al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial —
horizontal o vertical— , se tiene que una providencia judicial incurre en esta causal
cuando la autoridad jurisdiccional se aparta sin justificación suficiente8, vale decir,
desconoce aquella sentencia (o conjunto de sentencias) que presenta similitudes con
un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas
jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la
controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.
En esa lógica, en la sentencia T-794 de 2011, la Corte indicó los siguientes criterios a
tener en cuenta para identificar el desconocimiento de precedente judicial: a) que la
ratio decidendi del fallo que se evalúa como precedente presente una regla judicial
relacionada con el caso a decidir posteriormente 9; b) que se trate de un problema
jurídico semejante o una cuestión constitucional semejante; y, c) que los hechos del
asunto o las normas juzgadas en la sentencia sean semejantes o planteen un punto
de derecho semejante al que se debe resolver con posterioridad. 10
Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha diferenciado dos clases de
precedentes según la autoridad que profiera la providencia previa, las cuales
determinan el grado de obligatoriedad y sujeción que debe atender el juez o
magistrado a la hora de proferir su fallo. La primera de ellas es el precedente
horizontal, que hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la
8
Corte Constitucional, sentencias T-193 de 1995, T-1625 de 2000, T-462 de 2003, T-292 de 2006, T-
087 de 2007, T-436 de 2009, T-161 de 2010, SU-448 de 2011, y T-830 de 2013, entre otras.
9
Corte Constitucional, Sentencia T-446 de 2013: «Es la ratio decidendi que es la base jurídica directa
de la sentencia, el precedente judicial que, en virtud del derecho a la igualdad, tiene efectos
vinculantes y debe ser aplicado para resolver casos similares, esto por cuanto ella constituye el
conjunto de argumentos jurídicos que permiten solucionar el problema debatido en el caso y explicar
la decisión adoptada a la luz de los hechos que lo fundamentan. De manera que la ratio decidendi
expresada en el precedente judicial constituye un importante límite a la autonomía judicial que no
puede ser desconocido por los jueces».
10
Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-1317 de 2001 y T-292 de 2006.
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misma jerarquía o por el mismo operador judicial; la segunda, el precedente
vertical, que se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias
superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción
o a nivel constitucional.11
En la mayoría de los asuntos, el precedente vertical, de obligado cumplimiento por
los funcionarios judiciales, lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de
Estado, en tanto órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. 12 Sin
embargo, en los casos donde la decisión no es susceptible de revisión por parte de
las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer los
criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores. 13
En ese orden de ideas, cuando el contenido de las decisiones que profieren los
órganos de cierre, en cada una de sus jurisdicciones, sean de naturaleza unificadora,
los jueces resultan obligados por estas o por sus propias sentencias, en aquellos
eventos donde los casos resulten idénticos. No obstante, esta regla admite una
excepción, pues no es obligatorio aplicar el precedente cuando el caso presenta
situaciones no analizadas con anterioridad en otros fallos judiciales.
Las autoridades judiciales pueden apartarse de los precedentes judiciales en
atención a su autonomía y a su independencia, pero siempre que cumplan las
siguientes reglas: «(i) Deben hacer referencia al precedente que abandonan, lo que
significa que no pueden omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca
hubiera existido (principio de transparencia); y, (ii) deben ofrecer una carga
argumentativa seria, mediante la cual expliquen, de manera suficiente y razonada,
los motivos por los cuales consideran que es necesario apartarse de sus propias
decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía (principio de
razón suficiente)».14
En definitiva, conforme al criterio vigente de la Corte Constitucional, el
desconocimiento del precedente judicial, sin debida justificación, configura un defecto
11
Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011 y T-209 de 2011.
12
Corte Constitucional, sentencias T-123 de 1995, T-766 de 2008 y T-794 de 2011.
13
Corte Constitucional, sentencias T-211 de 2008, T-161 de 2010 y T-082 de 2011.
14
Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011.
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sustantivo, pues su respeto es una obligación de todas las autoridades judiciales en
virtud del respeto a los principios al debido proceso, igualdad y buena fe. 15
De otra parte, en la sentencia SU 332 de 2019, 16 la Corte Constitucional se refiere al
desconocimiento del precedente de las Altas Cortes y para el efecto señaló:
Importancia de los órganos de unificación de jurisprudencia
15. Esta Corte diferenció dos clases de precedentes, el horizontal y el vertical, para lo
cual tomó como criterio diferenciador la autoridad que profiere el fallo que se tiene
como referente. En esa medida, el precedente horizontal hace referencia al respeto
que un juez debe tener sobre sus propias decisiones y sobre las tomadas por jueces
de igual jerarquía, mientras que, el vertical apunta al acatamiento de los fallos dictados
por las instancias superiores en cada jurisdicción encargadas de unificar la
jurisprudencia.
16. Ahora bien, como se explicó líneas atrás, cuando el precedente emana de los altos
tribunales de justicia en el país (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y
Consejo de Estado), adquiere un carácter ordenador y unificador que busca realizar los
principios de primacía de la Constitución, igualdad, confianza legítima y debido
proceso. Adicionalmente, se considera indispensable como técnica judicial para
mantener la coherencia del sistema.
2.6.2. Sentencia de unificación del 29 de enero de 2020
En la sentencia del 29 de enero de 2020,17 la Sección Tercera del Consejo de Estado
unificó jurisprudencia en relación con la caducidad de las pretensiones
indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los
crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado.
La Sala de decisión procedió a determinar si la imprescriptibilidad que opera en
materia penal frente a delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra daba lugar a
interferir en el cómputo del término de caducidad para demandar en reparación
directa frente a tales conductas.
15
Corte Constitucional. Sentencias T-049 de 2007, T-288 de 2011 y T-464 de 2011, T-794 de 2011, C-
634 de 2011, entre otras.
16
Referencia: Expedientes acumulados: T-5904426 (Elsa Marina Ñustes Lozano), T-5904482 (Luis
Hernán Medina Urueña),T-5912659 (Margoth Rivera de Quevedo), T-5942333 (Mercedes Castro
Pinilla), T-5942352 (Hipólito Arévalo Tique), magistrada sustanciadora: Gloria Stella Ortiz Delgado,
sentencia del 245 de julio de 2019.
17
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 29 de enero de 2020, consejera
ponente Martha Nubia Velásquez Rico. Expediente 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61033).
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Así, luego de citar la legislación y jurisprudencia interna, en materia de
imprescriptibilidad penal y caducidad en reparación directa, advirtió que la
imprescriptibilidad penal opera mientras no haya sujetos individualizados y se
mantiene hasta que se les identifique y se les vincule a las diligencias, y que en
materia de reparación directa, el término de caducidad no corre hasta tanto se cuente
con elementos para deducir la participación del Estado en los hechos y se advierta la
posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial.
Por tanto, concluyó que las situaciones que se pretenden salvaguardar con la
imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de lesa humanidad y los crímenes
de guerra se encuentran previstas en materia de lo contencioso administrativo al
amparo de la hipótesis del conocimiento del hecho dañoso y, en virtud de lo cual, el
término de caducidad sí debe exigirse en estos eventos, pero a partir de que se
observe que el interesado sabía o tenía la posibilidad de advertir que el Estado
tuvo alguna injerencia en la controversia y era susceptible de ser demandado en
los términos del artículo 90 de la Constitución Política.
De esta forma, señaló la corporación i) que, en lo referente a los delitos de lesa
humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda
solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado resulta aplicable el
término para demandar establecido por el legislador; ii) que el plazo, salvo el caso de
la desaparición forzada que tiene regulación legal expresa, se computa desde
cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u
omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial; y iii) que el término pertinente no se aplica cuando se observan
situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción
y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley.
2.6.3. Hechos probados
2.6.3.1. Del expediente de reparación directa con radicado 05001-23-33-000-2015-
00726-00, la Sala extrae los siguientes elementos de prueba:
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i) El señor Jorge Ignacio Duque Castrillón fue alcalde del municipio de San
Rafael y era una persona protegida conforme a los convenios internacionales sobre
derechos humanos, por pertenecer a la población civil.
ii) El 14 de junio de 1993, en el Municipio de San Rafael (Antioquia) ocurrió su
deceso como consecuencia de los impactos de bala accionados por un grupo
paramilitar.
iii) En la investigación penal adelantada por la Fiscalía General de la Nación, el
señor Luis Omar Marín Londoño alias «Cepillo», miembro de las Autodefensas
Unidas de Colombia, reconoció entre otros homicidios, el del señor Jorge Ignacio
Duque Castrillón y aceptó la responsabilidad en la ocurrencia del hecho, por lo cual
el Juzgado Primero Adjunto al Primero Penal del Circuito Especializado de
Descongestión de Antioquia profirió sentencia anticipada el 11 de octubre de 2012.
iv) La muerte violenta del señor Jorge Ignacio Duque Castrillón causó a sus seres
queridos, esposa, hijos, padres y hermanos un profundo dolor, aflicción y
afectaciones físicas y económicas.
2.6.3.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia conoció el medio de control
reparación directa radicado 5001-23-33-000-2015-00726 00, que instauraron el 25 de
marzo de 2015 los señores Jorge Mario Duque, María Teresa de Jesús Castrillón
Morales, Ana Cecilia Duque Cardona, Juan Diego Duque Cardona, Diana Carolina
Duque Cardona, Ruby Carolina Zuluaga, Luz Ángela Duque Castrillón, Carlos Mario
Duque Castrillón, Juan Fernando Duque Castrillón y Hernán de Jesús Duque
Castrillón, contra la Nación, Ministerio de Defensa Ejército Nacional, con el fin de
que se declarara administrativamente responsable por la muerte del señor Jorge
Ignacio Duque Castrillón derivada del actuar del bloque metro de las AUC con
omisión de la demandada.
2.6.3.3. El 27 de abril de 2017, el Tribunal Administrativo de Antioquia durante el
trámite de la audiencia inicial, al resolver las excepciones propuestas por la entidad
demandada, encontró probada la de caducidad del medio de control y, para el efecto,
consignó las siguientes razones:
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“(…) [E]xiste certeza sobre la fecha en que los demandantes tuvieron conocimiento
del daño como la fecha de la acusación del mismo. Según se relata en el líbelo
genitor, el daño frente al cual se solicitan (sic) la indemnización de los perjuicios, se
produjo el día 14 de junio de 1993 (según el Registro de Defunción visible a fl.86).
Así las cosas, el término con el que contaban los demandantes para incoar el medio
de control impetrado inició el 15 de junio de 1993, por lo que los dos años para
demandar vencieron el 15 de junio de 1995, pero como ello se produjo el 25 de
marzo de 2015, es evidente que operó el fenómeno procesal de la caducidad.
2.6.3.4. Inconforme con la anterior decisión la parte actora interpuso en audiencia el
recurso de apelación, en el que resaltó que el presente caso gira en torno a un delito
de lesa humanidad, pues fue cometido por las Autodefensas Unidas de Colombia
con omisión de la entidad demandada, por lo que la caducidad debe contarse a partir
del momento en que se conoce al autor del daño. Adicionalmente, la jurisprudencia
ha indicado que sobre esta clase de crímenes no opera el fenómeno de la caducidad.
2.6.3.5. A través de sentencia de segunda instancia, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, del 30 de septiembre de 2020, confirmó la decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia del 27 de abril de 2017. En consecuencia,
expuso lo siguiente:
«La reclamación para la reparación de los daños patrimoniales ocasionados por el
Estado (artículo 90 CN) tiene reglas distintas a las previstas para atribuir la
responsabilidad penal de sus agentes. Así, aunque en el ámbito penal ciertos delitos
puedan catalogarse de imprescriptibles, dicha calificación no se traslada al ámbito de
la responsabilidad patrimonial del Estado, ni puede modificar los términos previstos
en la ley para reclamar civilmente los perjuicios que le son imputables. En otras
palabras, el término para ejercer las acciones indemnizatorias por los daños
causados por el Estado difiere del término para ejercer la acción penal. Además, el
juez administrativo no tiene competencia alguna (artículo 104 CPACA) para definir la
imprescriptibilidad de delitos penales.
Salvo algunas excepciones legales, los derechos crediticios asociados a las acciones
indemnizatorias son renunciables, transigibles y, en general, de libre disposición de
su titular (art. 15 CC). Como el derecho a la reparación económica propende la
consolidación de las relaciones jurídicas y es de libre disposición, el legislador está
habilitado para regular el término que tienen los sujetos activos de la obligación
reparatoria para exigir su cumplimiento, vencido el cual no se puede reclamar
judicialmente su pago.
La Sección Tercera dl Consejo de Estado unificó su criterio sobre el inicio del contero
del término de caducidad para formular las pretensiones indemnizatorias, cuando
estas se derivan de “delitos de lesa humanidad”. A juicio de la Sala, el término para
demandar, establecido por el legislador, debe contarse desde que los afectados
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conocieron o debieron conocer la participación de agentes del Estado, salvo que
existan circunstancias que impidan materialmente el ejercicio del derecho de acción.
4. Los demandantes afirmaron que la Nación-Ministerio de Defensa Nacional es
responsable por la omisión de protección que causó la muerte de Jorge Ignacio
Duque Castrillón cometida por un grupo paramilitar. Agregaron que el “el día 14 de
junio de 1993, en jurisdicción del municipio de San Rafael, Antioquia, fue ultimado por
impactos de bala Jorge Ignacio Duque Castrillón […] producto del accionar de un
grupo paramilitar”. (f.2 c1). Conforme a lo señalado en la demanda, los
demandantes, desde el mismo momento de los hechos, atribuyeron (sic) participación
del Estado por la omisión en el asesinato de Jorge Ignacio Duque Castrillón, según da
cuenta su registro civil de defunción (86 c.1), circunstancia que -según la demanda-
se debió al incumplimiento de un deber de protección (f.3 c 1.), (sic) el término de
caducidad de dos años para formular la demanda empezó a correr a partir del día
siguiente y venció el 15 de junio de 1995.
Como la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 17 de febrero de 2015 (f.
95 c.1) y la demanda el 25 de marzo de 2015, según da cuenta el sello de recibido de
la demanda (f. 1 c 1), operó el fenómeno preclusivo de la caducidad, pues el tiempo
transcurrido entre el momento que los demandantes tuvieron conocimiento del hecho
dañoso y la fecha en que formularon la demanda, implicó la renuncia a la reclamación
de los perjuicios por la muerte de Jorge Duque Castrillón y, por ello, se confirmará la
providencia apelada.»
2.6.4. Análisis de la Sala. Caso concreto
Se controvierte en el sub lite la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, con la expedición de la
providencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C del
30 de septiembre de 2020, en la que confirmó la decisión del Tribunal Administrativo
de Antioquia del 27 de abril de 2017, que declaró la caducidad del medio de control
de reparación directa adelantado como consecuencia de la muerte violenta del señor
Jorge Ignacio Duque Castrillón por parte de miembros de un grupo de autodefensas,
con omisión de la parte demandada.
Alegan los accionantes que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, al
resolver el recurso de apelación i) omitió tener en cuenta que el fallecimiento del
señor Jorge Ignacio Duque se debió a un delito catalogado como de lesa humanidad;
ii) en la etapa procesal de la audiencia inicial no se cuenta con las pruebas
necesarias para determinar la caducidad del medio de control reparación directa,
dadas las particularidades del asunto objeto de controversia y, iii) desconoció la
jurisprudencia de la Corte Penal Internacional y del Consejo de Estado, según la
cual para delitos de lesa humanidad no opera el fenómeno de la caducidad.
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Pues bien, se advierte que en la providencia objeto de censura el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, trajo a colación el artículo 136 del C.C.A., sobre la
oportunidad para presentar la demanda de reparación directa, que es el término de
dos años, sin distinguir el tipo de daño que se cause, por lo que según la norma,
basta verificar el día en que ocurrió el hecho, omisión u operación administrativa para
contabilizar el plazo señalado, a menos que el perjudicado no hubiere podido
conocer el daño ocurrido en esa fecha, evento en el cual la caducidad se debe
empezar a computar desde que lo obtuvo.
Pues bien, se advierte que en la providencia objeto de censura, el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, para analizar el ejercicio oportuno de la
acción trajo a colación la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020,
expediente 61.033, en la que la Corporación concluyó que la caducidad en este tipo
de eventos sí operaba, y que se debía contar desde cuando los afectados conocieron
o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado, lo cual solo
admite excepción cuando se evidencian situaciones que impidieron materialmente el
ejercicio del derecho de acción.
Teniendo en cuenta lo anterior, procedió a analizar el caso concreto y, luego de
referirse a lo afirmado en la demanda y con base en el registro civil de defunción del
señor Jorge Ignacio Duque Castrillón, advirtió que los demandantes desde el
momento en que ocurrió la muerte de su familiar —14 de junio de 1993— la
atribuyeron a la participación del Estado por omisión del deber de cuidado y
protección.
Así las cosas, concluyó que como los demandantes tuvieron conocimiento de la
participación del Estado el día de la muerte del señor Jorge Ignacio Duque Castrillón,
el término de caducidad de dos años para formular el medio de control reparación
directa empezó a correr a partir del día siguiente, por lo que este feneció el 15 de
junio de 1995 y, como la demanda fue presentada hasta el 25 de marzo de 2015, ello
implicó la renuncia a la reclamación de perjuicios al haber operado el fenómeno de la
caducidad.
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Bajo dichos derroteros, esta Sala de decisión puede evidenciar que, a diferencia de
lo planteado por la parte actora, en el caso bajo análisis no se configura la existencia
de un defecto fáctico, pues el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
advirtió que de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso podía determinar
que la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 era la aplicable para
establecer la interposición oportuna del medio de control reparación directa de
acuerdo con las particularidades del caso.
Sin embargo, aunque en el asunto no se evidencia configurado un defecto fáctico, sí
se advierte la estructuración del desconocimiento del precedente jurisprudencial,
según pasa a explicarse:
Es claro que para la fecha en que se emitió la providencia del 30 de septiembre de
2020, objeto de censura, ya existía un criterio definido en torno a la caducidad del
medio de control de reparación directa, en casos relacionados con delitos de lesa
humanidad, crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar
la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, que es el que se encuentra
previsto en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, proferida por la
Sección Tercera del Consejo de Estado y, por tanto, puede concluirse prima facie
que la autoridad judicial accionada estaba en la obligación de aplicar dado su
carácter vinculante, en términos de lo dispuesto en el artículo 270 del CPACA y en la
sentencia C -836 de 2001.
No obstante, en el sub examine debe tomarse en cuenta que, para el año 2015,
cuando se procedió a accionar al Estado para efectos de la reparación
administrativa, el criterio mayoritario de la Sección Tercera del Consejo de Estado
apuntaba a que no era procedente aplicar el fenómeno jurídico de la caducidad a las
acciones de reparación directa con pretensiones indemnizatorias formuladas con
ocasión de crímenes de lesa humanidad, genocidios y otras violaciones graves de
los derechos humanos, en atención a su naturaleza imprescriptible.
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Lo anterior puede corroborarse, entre otras, en las siguientes providencias: i) auto del
17 de septiembre de 2013; 18 ii) sentencia del 7 de septiembre de 2015; 19 iii) auto del
11 de abril de 2016;20 iv) sentencia del 5 de septiembre de 2016; 21 y v) sentencia del
31 de julio de 2019,22 en las que, en aplicación al control de convencionalidad, la
Sección Tercera del Consejo de Estado no tomó en cuenta la caducidad.
En el caso que se analiza, se advierte, además, que el recurso de apelación
interpuesto por los demandantes contra la providencia de primera instancia, proferida
el 27 de abril de 2017 por el Tribunal Administrativo de Antioquia se dirigió a
cuestionar, entre otros aspectos, la inoperancia de la caducidad de la acción en
asuntos relacionados con delitos de lesa humanidad, y, para estos efectos, trajo a
colación diferente jurisprudencia de esta Corporación en la que se acogía dicho
criterio.
Pese a ello, se evidencia que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
aplicó con radicalidad, la sentencia de unificación, sin pasar a analizar las
circunstancias particulares del caso, esto es, que existía plena convicción de que en
el asunto se controvertía la reparación administrativa por la muerte violenta del señor
Jorge Ignacio Duque Castrillón a manos de un grupo de autodefensas, situación que
estaba debidamente acreditada con la sentencia anticipada penal emitida el 11 de
octubre de 2012 y que, además, para el momento en que se llevó a cabo la
audiencia inicial, existía un criterio mayoritario de la Sección Tercera del Consejo de
Estado que apuntaba a no aplicar la figura jurídica de la caducidad en estos casos.
18
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 17 de septiembre de 2013, C.P.
Jaime Orlando Santofimio Gamboa, expediente 25000-23-26-000-2012-00537-01 (45092).
19
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 7 de septiembre de 2015, C.P.
Jaime Orlando Santofimio Gamboa, expediente 85001-23-31-000-2010-00178-01 (47671).
20
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 11 de abril de 2016, C.P. Olga Mélida
Valle De La Hoz, expediente 50001-23-31-000-2000-20274-01 (36079). En esta decisión se
resolvieron los recursos de apelación interpuestos en tres expedientes acumulados (Nros. 43481,
43626 y 36079), se analizó y decidió de fondo la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de
los hechos acaecidos el 3, 4 y 5 de agosto de 1998, cuando guerrilleros de las FARC atacaron la Base
Militar antinarcóticos con sede Miraflores, Guaviare, donde fueron víctimas los miembros de la fuerza
pública que en dicha Toma se configuro una falla en el servicio significándole la condena indudable a
la entidad demandada por los daños antijurídicos causadas a soldados.
21
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 31 de julio de 2019, C.P. Jaime
Orlando Santofimio Gamboa, expediente 05001-23-33-000-2016-00587-01 (57625).
22
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de julio de 2019, C.P. Alberto
Montaña Plata, expediente 25000-23-36-000-2018-00109-01.
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En consecuencia, para la Sala, es procedente acceder al amparo de tutela invocado
por la configuración del defecto «desconocimiento del precedente jurisprudencial», al
sorprender a la parte activa con la aplicación ipso iure de una sentencia de
unificación que no estaba vigente para el momento en que se emitió el auto del
Tribunal Administrativo de Antioquia que declaró probada la caducidad de la acción.
Además, se advierte que la sentencia unificadora no moduló sus efectos, por lo que
se entiende que opera a futuro o «ex nunc»; de ahí que el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, estaba en la obligación de ponderar los derechos al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia de los demandantes, de
cara a las circunstancias del caso concreto, a efectos de no hacer ilusorias las
garantías constitucionales, entre estas, la reparación patrimonial, cuando es diáfano
el daño causado por el Estado.
Finalmente, se repara en que, aunque en oportunidad anterior, esta Sala de decisión,
en la sentencia de tutela del 15 de abril de 2021, 23 al analizar un caso con
circunstancias fácticas similares al presente, negó las pretensiones de la demanda,
la Sala rectifica su posición para acoger el criterio expuesto en esta providencia.
3. Conclusión
Con los anteriores argumentos la Sala amparará los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia de los accionantes y, en
consecuencia, dejará sin efectos la providencia censurada y ordenará al Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C proferir una nueva decisión en la que se
tenga en cuenta lo expuesto en esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
23
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Primero. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de los señores Diana Carolina Duque Cardona, Ana Cecilia
Duque Cardona, Juan Diego Duque Cardona, Ruby Cardona Zuluaga, Carlos Mario
Duque Castrillón, Miriam del Socorro Duque Castrillón, Luz Ángela Duque Castrillón
y Hernán de Jesús Duque Castrillón, de acuerdo con lo expuesto en este proveído.
En consecuencia:
Segundo. Dejar sin efectos la providencia del 30 de septiembre de 2020, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, dentro del proceso de
reparación directa con radicado 05001-23-33-000-2015-00726-01-01.
Tercero. Ordenar al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que en el
término de veinte días, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia,
proceda a dictar una nueva decisión en la que se tenga en cuenta lo expuesto en las
consideraciones que anteceden.
Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con Salvamento de Voto
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
M.E.C.G
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