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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-10269-00

Fecha
10 de febrero de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2021-10269-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

10 de febrero de 2022

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-10269-00
Demandante: José de Jesús Mercado Herrera

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10269-00
Demandante: José de Jesús Mercado Herrera
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta

Temas: Mora judicial en recurso extraordinario de revisión / plazos
razonables por complejidad y volumen de trabajo.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por José de Jesús Mercado Herrera
contra el Consejo de Estado, Sección Cuarta de esta Corporación, despacho del
consejero Milton Chaves García en aras de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, el señor José de Jesús Mercado Herrera, quien actúa en nombre propio,
promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido
proceso administrativo y acceso a la administración de justicia.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó lo siguiente:

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-10269-00
Demandante: José de Jesús Mercado Herrera

«1. Se TUTELE EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO –PLAZO RAZONABLE-, Y
EL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA para que, en el
improrrogable término de 48 horas, se CONCEDA la tutela impetrada.
2. Se TUTELE (sic) LOS DERECHOS MENCIONADOS ordenándose a la parte
accionada en el mismo término proceda a impulsar el proceso que acredita el
accionante procediendo a emitir sentencia en el RECURSO DE REVISIÓN puesto
bajo su administración judicial.»

1.1.2. Los hechos

El accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

i) Contra una sentencia que reconoció a su favor derechos prestacionales, la
UGPP interpuso el 24 de agosto de 2020 el recurso extraordinario de revisión
identificado con el radicado 11001031500020200379900, cuyo conocimiento
correspondió al Consejo de Estado, Sección Cuarta, despacho del consejero Milton
Chaves García.

ii) Actualmente el trámite lleva más de 15 meses sin que se haya proferido la
decisión respectiva, pese a que la última actuación procesal data del 24 de agosto de
2021 y que de acuerdo con lo previsto en el artículo 120 del C.G.P., las sentencias
deben ser dictadas en el término de 40 días contados desde que el expediente pase
al despacho para tal fin.

iii) La conducta omisiva de la parte accionada al abstenerse de resolver el asunto
dentro del plazo judicial razonable, conlleva que se mantenga en vilo el cumplimiento
de la sentencia objeto de revisión y, por ende, se afectan sus derechos pensionales.

1.1.3. Fundamentos de derecho

En el libelo introductorio el accionante transcribe el contenido de los artículos 29 y
229 de la Constitución Política y destaca que los derechos al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia deben cumplirse sin dilaciones injustificadas.

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Demandante: José de Jesús Mercado Herrera

A su turno, invoca el numeral 1, artículo 8 de la Convención Americana sobre
derechos Humanos con fundamento en la cual concluye que toda persona tiene
derecho a ser oída dentro de un plazo razonable.

1.2. Actuación Procesal

1.2.1. Mediante auto del 6 de diciembre de 2021, se inadmitió la acción de tutela y
se dispuso requerir al accionante para que allegara vía correo electrónico lo
siguiente: i) memorial aclaratorio en el que se indique de manera clara y precisa, cuál
es el consecutivo de radicación, corporación, medio de control y partes intervinientes
en el proceso dentro del cual se está presentando la aparente mora judicial y ii) copia
de la providencia objeto del recurso extraordinario de revisión.

1.2.2. Una vez subsanados los requerimientos efectuados por el despacho
sustanciador, mediante auto del 18 de enero de 2022 se admitió la acción de tutela y
se ordenó notificar como demandado al magistrado del Consejo de Estado, Sección
Cuarta consejero Milton Chaves García, a quien igualmente se comisionó para que
notificara a las personas que intervienen dentro del recurso extraordinario de revisión
radicación 11001 0315 000 2020 03799 00 en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicación 08001 23 33 000 2013 00621 00-01,
exceptuando al accionante, para que acudan como terceros interesados en las
resultas de este proceso.

Adicionalmente se requirió al Consejo de Estado, Sección Cuarta, despacho del
consejero Milton Chaves García, para que i) informara sobre el estado del proceso
con radicado 11001 0315 000 2020 03799 00 y el turno en el que se encuentra para
fallo y ii) allegara copia digitalizada de dicho expediente.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. Del Consejo de Estado, Sección Cuarta

El consejero Milton Chaves García, solicitó negar las pretensiones de la acción de
tutela con fundamento en los siguientes argumentos:

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Demandante: José de Jesús Mercado Herrera

i) El proceso se ha tramitado dentro de los plazos razonables, en consonancia
con la complejidad del asunto y la cantidad de expedientes que están a cargo de su
despacho.

ii) El accionante no acreditó alguna de las circunstancias excepcionales que
justifiquen la alteración del turno.

1.4. Intervenciones

1.4.1. De la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP

El subdirector de defensa judicial pensional solicitó la desvinculación de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social –UGPP, para lo cual expuso:

i) La UGPP no tiene competencia para tramitar o gestionar lo pretendido por el
accionante, dado que lo solicitado corresponde a la órbita exclusiva del despacho
judicial ante el cual cursa el recurso extraordinario de revisión.

ii) La acción de tutela resulta abiertamente improcedente respecto de la UGPP,
puesto que el Consejo de Estado es el órgano competente para indicar las razones
por las que no se ha resuelto la solicitud formulada por el accionante.

iii) Existe una evidente falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la
UGPP, comoquiera que de acuerdo con la Ley 1151 de 2001, dicha entidad tiene por
objeto reconocer y administrar los derechos pensionales y las prestaciones
económicas a cargo de las administradoras exclusivas de servidores públicos que se
encuentren en el régimen de prima media con prestación definida.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

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Demandante: José de Jesús Mercado Herrera

De acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069
de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 de 2021, según el cual «[l]as
acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia a la misma
Corporación, y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que
corresponda, de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo
2.2.3.1.2.4.», esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela instaurada
contra la Sección Cuarta, despacho del consejero Milton Chaves García.

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar si el Consejo de Estado, Sección Cuarta, despacho del
consejero Milton Chaves García incurre en mora injustificada en el trámite del
recurso extraordinario de revisión radicación 11001-03-15-000-2020-03799-00.

2.3. Sobre la mora judicial injustificada

El artículo 29 de la Constitución Política, desarrollado ampliamente por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional,1 señala que el derecho al debido proceso

1Al respecto, ver entre otras la sentencia de la Corte Constitucional, C-341 de 2014. M.P. Mauricio

González Cuervo: «La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el
conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la
protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite
se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías
del debido proceso: (i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e
igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a
impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el
fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para
ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos,
la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley; (iii) El
derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser
oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los
medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado
cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las
demás personas que intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público, desarrollado
dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido
a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el derecho a la independencia del juez, que solo es
efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar
justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el
derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir
con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios
anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas». (Se resalta)

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Demandante: José de Jesús Mercado Herrera

debe aplicarse a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas; y el artículo
288 ejusdem precisa que «los términos procesales se observarán con diligencia y su
incumplimiento será sancionado».

En armonía con dichas previsiones, el numeral 15 del artículo 153 de la Ley 270 de
1996 estableció como un deber de los funcionarios judiciales «resolver los asuntos
sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la ley y con
sujeción a los principios y garantías que orientan el ejercicio de la función
jurisdiccional».

A su turno, los artículos 17 y 18 de la Ley 446 de 1998 imponen a los operadores
judiciales la obligación de cumplir los términos judiciales, so pena de incurrir en
sanciones disciplinarias, y prevé el deber de dictar sentencias en el mismo orden en
que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin, sin que este se pueda
alterar, a menos de que se trate de asuntos de gran transcendencia jurídica y social.

En esa misma lógica, la Corte Constitucional ha señalado que «quien presenta una
demanda, interpone un recurso, formula una impugnación o adelanta cualquier otra
actuación dentro de los términos legales, estando habilitado por ley para hacerlo,
tiene derecho a que se le resuelva del mismo modo, dentro de los términos legales
dispuestos para ello».2

Así las cosas, se tiene que tanto la Constitución Política como las normas legales y la
jurisprudencia constitucional son claras en imponer, para quienes administran
justicia, la exigencia de observar las garantías procesales y los términos previstos
para la resolución de las controversias que se ventilen ante ellos. Sin embargo,
conscientes del alto tráfico procesal que desborda la capacidad de los operadores
jurídicos, advierten que tal obligación debe atenderse en función del estricto orden de
entrada de los expedientes al despacho.

Es importante destacar que no toda dilación de la actividad judicial constituye una
violación de los derechos fundamentales de los administrados, pues como lo indica la

2 Sentencia T-366 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

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Corte Constitucional, solo puede considerarse como tal «aquella denegación o
inobservancia de los términos procesales que se presenten sin causa que las
justifiquen o razón que las fundamenten».3

Por esa razón, estableció como supuestos para determinar la existencia de la mora
judicial injustificada,4 los siguientes: «(i) el incumplimiento de los términos señalados
en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) la inexistencia de un motivo
razonable que justifique la demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de
trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las
funciones por parte de una autoridad judicial».5

En definitiva, el incumplimiento de los mandatos previstos en la legislación constituye
lo que la doctrina ha denominado «mora judicial», fenómeno que necesariamente
implica que la dilación en el trámite de una actuación sea fruto, no de la complejidad
del asunto o de la existencia de problemas de tipo administrativo, como el exceso de
carga laboral de los despachos, sino de la falta de diligencia y omisión sistemática de
los funcionarios judiciales en el cumplimiento de sus deberes.6

2.4. Hechos probados

2.4.1. Informe del trámite adelantado dentro del recurso extraordinario de
revisión con radicado 11001-03-15-000-2020-03799-00

De acuerdo con el requerimiento realizado mediante el auto del 18 de enero de 2022,
el magistrado Milton Chaves García, puso de presente las siguientes actuaciones:

• El 21 de agosto de 2020, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP presentó demanda de
recurso extraordinario de revisión en contra de la sentencia del 7 de noviembre de
2019, proferida en segunda instancia por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B.

3 Sentencia T-297 de 2006.
4 Sentencias T-292 de 1999 y T-220 de 2007.
5 Sentencia T-1154 de 2004 reiterada en las providencias T-1294 de 2004, T-220 de 2007, SU333 de

2020 y SU453 de 2020
6 Sentencia T-357 de 2008, Corte Constitucional, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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Demandante: José de Jesús Mercado Herrera

• El expediente se asignó al despacho del suscrito y se hizo su paso el 24 de agosto
de 2020.

• En auto del 27 de agosto de 2020, se admitió el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la UGPP, se ordenaron las notificaciones de rigor, se negó la medida
cautelar solicitada y, por secretaría, se requirió al Tribunal Administrativo del
Atlántico, para que remitiera en calidad de préstamo, el expediente dentro del cual
se tramitó el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
número: 08001-23-33-004-2013-00621-00.

• Mediante auto del 24 de febrero de 2021, se tuvo como pruebas los documentos
aportados con la demanda y la contestación, se requirió a la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones para que aclarara los hechos objeto del
presente recurso y, se requirió nuevamente al Tribunal Administrativo del Atlántico
para que remitiera el expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

• El anterior proveído se notificó por estado el 1° de marzo de 2021 y pasó al
despacho el 12 de marzo de 2021.

• Actualmente, el expediente se encuentra al despacho y en turno para proferir
sentencia.

2.4.2. Del registro de actuaciones aportado por el accionante y la consulta en el
Sistema de Gestión Judicial Samai

El señor José de Jesús Mercado Herrera trajo como sustento probatorio de su dicho,
copia de la consulta de actuaciones procesales que realizó a través de la página web
de la Rama judicial, de las cuales se desprende lo siguiente:

i) El 21 de agosto de 2020 a través de la ventanilla virtual, la UGPP radicó
demanda de revisión contra la sentencia del 7 de noviembre de 2019, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que fue repartida el día 24 del
mismo mes y año, correspondiendo su conocimiento a la Sección Cuarta de esta
Corporación a través del magistrado Milton Chaves García.

ii) El 27 de agosto de 2020 el magistrado sustanciador dispuso negar la medida
cautelar solicitada y admitir el recurso extraordinario interpuesto, providencia que fue
notificada a las partes tres días después. El 1º de septiembre de 2020 se ofició al
Tribunal Administrativo del Atlántico para que remitiera copia digitalizada del
expediente 02001-23-33-004-2013-00621-00, requerimiento que fue reiterado los
días 10 y 28 de igual mes y año.

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Demandante: José de Jesús Mercado Herrera

iii) El 3 de septiembre de 2020, en virtud de los artículos 199 y 253 del CPACA,
se corrió traslado a la parte demandada del recurso extraordinario de revisión, y el 7
de octubre de 2020, el señor José de Jesús Mercado radicó memorial con el
pronunciamiento respectivo.

iv) A través del auto del 24 de febrero de 2021 el magistrado sustanciador 1) tuvo
como pruebas la documental aportada con la demanda y la contestación, 2) requirió
a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones para que aclare, en lo
pertinente, los hechos expuestos en la demanda del recurso extraordinario de
revisión y aporte, de ser el caso, el acto administrativo de reconocimiento pensional a
favor del señor José de Jesús Mercado Herrera y 3) requirió nuevamente al Tribunal
Administrativo del Atlántico para que hiciera llegar el expediente objeto de revisión;
providencia que fue notificada por estado del 1º de marzo de 2021

v) El 4 y el 23 de marzo de 2021, el Tribunal Administrativo del Atlántico y
Colpensiones hicieron llegar al proceso, respectivamente, la copia del expediente
digital con radicado 2013-00621-00 y la información solicitada en el auto de pruebas.

vi) El 5 de abril de 2021, el señor José de Jesús Mercado Herrera radicó un
memorial a través del cual aportó el poder que confirió para su representación judicial
en el proceso.

vii) El 23 de agosto de 2021, Colpensiones radicó escrito donde da respuesta al
requerimiento efectuado mediante el auto del 24 de febrero de 2021.

2.5. Análisis del caso concreto

En el presente caso, el señor José de Jesús Mercado Herrera presentó acción de
tutela contra el Consejo de Estado, Sección Cuarta, despacho del consejero Milton
Chaves García, por considerar que se han vulnerado sus derechos fundamentales al
debido proceso administrativo y de acceso a la administración de justicia.

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En el libelo, el accionante presentó, como pretensión principal, el estudio de la mora
judicial del Consejo de Estado, Sección Cuarta, despacho del magistrado Milton
Chaves García, en el trámite del recurso extraordinario de revisión 11001-03-15-000-
2020-03799-00; específicamente respecto de la presunta tardanza para proferir el
respectivo fallo, pues considera que el término otorgado por la ley para el efecto se
encuentra vencido.

Como se indicó, la Corte Constitucional ha definido la mora judicial como «un
fenómeno multicausal, muchas veces estructural» que afecta el goce del derecho de
acceso a la administración de justicia de los ciudadanos y que radica, principalmente,
en la inobservancia de los términos legales en el marco de un proceso judicial.

Sin embargo, también ha señalado que la mera desatención de dichos términos no
habilita el reconocimiento automático de derechos, sino que ello se encuentra sujeto
a la acreditación de las siguientes tres circunstancias: (i) el incumplimiento de los
términos indicados en la ley, (ii) la inexistencia de un motivo razonable que justifique
dicha mora y (iii) que la tardanza sea imputable a la omisión en el cumplimiento de
las funciones por parte del operador judicial.

En el presente asunto, la mora judicial alegada por el accionante gira en torno al
trámite del recurso extraordinario de revisión radicado 11001-03-15-000-2020-03799-
00, interpuesto por la UGPP en contra de la sentencia del 7 de septiembre de 2019,
proferida por la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación, a través de la
cual revocó la del 26 de septiembre de 2014 que había negado las pretensiones de
la demanda y, en su lugar, declaró la nulidad de los actos administrativos
demandados y ordenó el reconocimiento y pago a favor del señor José de Jesús
Mercado Herrera de la pensión de jubilación de conformidad con las Leyes 33 y 62
de 1985.

Ahora bien, respecto del trámite procesal del recurso extraordinario de revisión, el
artículo 253 del CPACA, prevé que una vez el magistrado ponente reciba el
expediente, resolverá sobre la admisión del recurso; de encontrar incumplidos los
requisitos formales lo inadmite para que el recurrente subsane los defectos

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advertidos en el término de cinco días. Una vez admitido el recurso, debe ser
notificado a la otra parte y al Ministerio Público para que, si a bien lo tienen,
contesten la demanda dentro de los 10 días siguientes y soliciten las pruebas que
consideren pertinentes.

De acuerdo con los artículos 254 y 255 ibidem las pruebas que se decreten de oficio
o a solicitud de parte deberán ser practicadas en un término máximo de 30 días y
una vez agotada esta etapa se dictará sentencia.

Se dejó expuesto en el acápite de hechos probados, que la demanda extraordinaria
de revisión fue interpuesta por la UGPP el 21 de agosto de 2021 y remitida al
despacho del magistrado sustanciador el 24 de agosto de 2021, quien tres días
después, esto es, el 27 de igual mes y año, mediante auto negó la medida cautelar
solicitada, admitió el recurso y requirió al Tribunal Administrativo del Atlántico para
que remitiera el expediente

De igual forma, una vez efectuado el traslado a la parte accionada, al señor José de
Jesús Mercado Herrera y al Ministerio Público, mediante auto del 24 de febrero de
2021, se tuvieron como pruebas los documentos aportados con la demanda y la
contestación. Adicionalmente, se requirió de un lado a Colpensiones para que
aclarara hechos relevantes necesarios para el estudio del caso y de otro, al Tribunal
Administrativo del Atlántico para que remitiera el expediente solicitado.

También se evidenció que hasta el 23 de agosto de 2021, Colpensiones dio
respuesta al requerimiento efectuado por el magistrado sustanciador; actuación que
figura como la última registrada en el proceso correspondiente al recurso
extraordinario de revisión radicado 11001-03-15-000-2020-03799-00 y que
corresponde a la fecha de la que parte el accionante para alegar la mora judicial.

Así las cosas, se encuentra que la radicación de la solicitud de amparo data del 29
de noviembre de 2021, por lo que respecto al último registro de actuación, a partir de
la cual se recepcionó la prueba documental decretada, habían transcurrido tres
meses, de tal forma que corresponde a la Sala, establecer si dicho término resulta
desproporcionado e irrazonable o, si por el contrario la dilación se encuentra

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válidamente justificada en la complejidad del asunto y la cantidad de procesos a
cargo del despacho, como lo advierte el magistrado sustanciador.

Para tal efecto es preciso indicar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional
respecto a la mora judicial ha tenido como razón justificable la congestión judicial y el
alto volumen de trabajo, en atención a que las sentencias deben ser dictadas en el
mismo orden en que hayan pasado al despacho para tal fin, sin que se pueda alterar
el turno, lo que de suyo conlleva a un desbordamiento de la capacidad que impide al
operador jurídico atender con precisión los términos fijados por la ley para las
actuaciones procesales.

En el sub lite, la Sala aprecia que dada la naturaleza del recurso extraordinario de
revisión, este mecanismo reviste una considerable complejidad en la medida que
procede contra sentencias ejecutoriadas, sobre las cuales se debe analizar la
presencia de las causales específicas previstas por el legislador para deshacer los
efectos de la cosa juzgada.

Lo anterior aunado al considerable volumen de trabajo que tienen los despachos
judiciales del país, a pesar de las medidas de descongestión que han sido adoptadas
con el fin de superar la problemática judicial, situación que es de público
conocimiento, y que permite advertir la inexistencia de dilación injustificada en el
trámite del recurso extraordinario de revisión radicado 11001-03-15-000-2020-03799-
00 o una deliberada tardanza en la expedición de la sentencia.

Igualmente, la Sala observa que el magistrado sustanciador al resolver la solicitud de
medida cautelar, admitir el recurso extraordinario de revisión y decretar las pruebas
necesarias para dictar sentencia ha actuado con diligencia, sin que se pueda
predicar una omisión sistemática en el cumplimiento de las funciones que la
administración de justicia exige.

Siendo así, esto es, al no estructurarse la mora judicial injustificada en el presente
asunto, resulta procedente que la decisión del recurso extraordinario de revisión sea
sometido al sistema de turnos, frente al cual el accionante se abstuvo de acreditar
alguna circunstancia que amerite alterarlo, o que se encuentre en riesgo de un
perjuicio irreparable; máxime si se tiene en cuenta que de acuerdo con el parágrafo

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del artículo 253 del CPACA, el trámite de este mecanismo en ningún caso suspende
el cumplimiento de la sentencia revisada, lo que supone que los derechos
prestacionales en ella reconocidos a favor del señor José de Jesús Mercado Herrera
permanecen incólumes.

3 Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, no se
configura la existencia de mora judicial injustificada y, en tal sentido, la acción de
tutela debe denegarse.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Sub-Sección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Negar el amparo solicitado a través de la acción de tutela instaurada por el
señor José de Jesús Mercado Herrera, con fundamento en las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Si no fuere impugnada esta providencia, remitir el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
M.E.C.G.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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