Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-10296-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-10296-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-10296-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
17 de febrero de 2022
Demandante: Héctor Helí Martínez Leal
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10296-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10296-00
Demandante: HÉCTOR HELÍ MARTÍNEZ LEAL
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN
“C”
Temas: Tutela contra providencia judicial – costas procesales – declara la
improcedencia por no superar el presupuesto de relevancia
constitucional – niega los defectos fáctico, procedimental por
exceso ritual manifiesto y desconocimiento del precedente
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la solicitud de amparo constitucional presentada por el señor Héctor
Helí Martínez Leal contra la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 26 de
mayo de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito enviado el 19 de noviembre de 2021 al correo electrónico del Centro
de Recepción de Tutelas y Habeas Corpus en línea del Consejo Superior de la
Judicatura, el señor Héctor Helí Martínez Leal, actuando a través de apoderada
judicial, instauró acción de tutela contra el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección “C”, con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la seguridad jurídica, a la igualdad, a la presunción de inocencia y
a la reparación integral de las víctimas.
2. El accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con ocasión
de la sentencia del 13 de agosto de 2020, proferida por el Consejo de Estado –
Sección Tercera – Subsección “C”, por medio de la cual revocó la providencia del 10
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de febrero de 2016 en la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección “B” había accedido parcialmente a las pretensiones de la
demanda, para en su lugar, i) declarar probada la excepción de caducidad de la
pretensión de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, ii) negar en
lo demás y, iii) condenar en costas a la parte demandante.
3. Lo anterior, en el marco de la demanda de reparación directa que el señor
Martínez Leal y su núcleo familiar1 instauraron contra la Rama Judicial, la Fiscalía
General de la Nación y el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional,
identificada con el radicado N.º 25000-23-36-000-2015-00243-01 (57346).
1.2. Pretensiones
4. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
“1. Que se TUTELEN los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, al acceso efectivo a la administración de justicia y a la reparación
integral de los demandantes, vulnerados con la providencia del Honorable
Consejo de Estado - Sección Tercera radicado 25-000-2336-000-2015-00243-01
frente al caso del señor HÉCTOR HELÍ MARTÍNEZ.
2. Que, como consecuencia de lo anterior, se REVOQUE la sentencia del
Honorable Consejo de Estado - Sección Tercera de radicado 25-000-2336-000-
2015-00243-01.
Id Documento: 11001031500020211029600005025220002.
3. Que, como consecuencia de lo anterior, se ORDENE al Honorable Consejo de
Estado - Sección Tercera, proferir una nueva sentencia”.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
1.3.1. Del proceso penal que se adelantó por el delito de tráfico de
estupefacientes
5. El 28 de junio de 2004, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de
Villavicencio condenó al señor Héctor Helí Martínez Leal por el delito de tráfico de
1 La demanda de reparación directa fue presentada por el señor Héctor Helí Martínez Leal, Mariela
Alba de Martínez (esposa); Marisela Martínez Alba (hija), en nombre propio y en nombre y
representación de sus hijas menores Valentina Ardila Martínez y Angie Ardila Martínez; Liliana
Martínez Alba (hija), en nombre propio y representación de sus hijos menores Daniela Luque Martínez
y Samuel Muñoz Martínez; Eduard Oswaldo Martínez Díaz (hijo) en nombre propio en representación
de su hija menor Danna Martínez Corrales; Jhon Fredy Martínez Alba (hijo) en nombre propio y en
representación de sus hijos menores Gabriela Alejandra Martínez Casallas y Jhon Sebastián Martínez
Casallas; Jenny Esperanza Martínez Alba (hija), actuando en nombre propio y en representación de
sus hijos menores Mariana Rodríguez Martínez y Santiago Rodríguez Martínez.
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sustancias para el procesamiento de narcóticos; decisión que fue confirmada
mediante providencia del 7 de septiembre de 2006, proferida por el Tribunal Superior
de Villavicencio.
1.3.2. Del proceso penal que se adelantó por el delito de rebelión
6. El 6 de diciembre de 2007, el señor Martínez Leal fue capturado en su domicilio
por presuntamente incurrir en el delito de rebelión2, bajo la orden de captura N.º 033
del 5 de diciembre de 2007, actuación3 que se adelantó ante el Juzgado Treinta y
Seis Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.
7. A través de sentencia del 12 de diciembre de 2008, el Juzgado Cuarenta Penal del
Circuito de Conocimiento de Bogotá condenó al señor Martínez Leal como autor
responsable del delito de rebelión, a la pena principal de 104 meses de prisión y
multa de 212.50 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la pena accesoria
de inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por el referido lapso;
decisión que fue confirmada mediante providencia del 6 de marzo de 2009, por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
8. Inconforme con dicha determinación, la parte actora presentó el recurso
extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, el cual fue resuelto en
proveído del 26 de octubre de 2011 en donde se resolvió i) casar4 la sentencia del 6
de marzo de 2009; ii) declarar la nulidad de lo actuado “a partir inclusive de la audiencia
de juicio oral llevada a cabo el 14 de julio de 2008 ante el Juzgado Cuarenta Penal del
Circuito de Conocimiento de Bogotá” ; iii) dispuso la libertad provisional del acusado y lo
dejó a disposición del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Villavicencio, “(…) en donde es requerido para el cumplimiento de la pena
de prisión impuesta dentro del proceso seguido en su contra por el delito de tráfico de
sustancias para el procesamiento de narcóticos”.
9. Debido a lo anterior, el Juzgado Cuarenta Penal del Circuito de Conocimiento de
Bogotá, absolvió al señor Héctor Helí Martínez Leal del cargo endilgado en su contra
como autor del delito de rebelión, en providencia del 10 de agosto de 20125, “(…) toda
2 Al señor Martínez Leal se le acusó de ser el jefe de finanzas de los frentes 26 y 40 de las FARC, con
ocasión de los hechos relacionados con el manejo de actividades logísticas y tráfico de armamento de
la ciudad de Bogotá, así como planeación de secuestros, extorsiones y financiamiento de estructuras
insurgentes.
3 Lo cual se adelantó con fundamento en el escrito de acusación que presentó la Fiscalía 32 Seccional
de Bogotá, con base en el informe de inteligencia del 20 de noviembre de 2007.
4 Ello, con fundamento en que en el asunto se configuró “(…) el motivo de libertad previsto por el
artículo 317.5 de la Ley 906 de 2004 (sucesivamente modificado por el artículo 30 de la Ley 1142 de
2007 y por el artículo 61 de la Ley 1453 de 2011) toda vez que, desde el 27 de febrero de 2008, fecha
en que tuvo lugar la audiencia de formulación de la acusación, a la actualidad, ha transcurrido un
término superior a 120 días sin que se haya dado inicio a la audiencia de juicio oral”.
5 Providencia que cobró ejecutoria en esa misma fecha, según consta en la certificación proferida por
el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá.
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vez que el art. 381 del estatuto procedimental penal establece, como requisito sine quam non
para condenar “el conocimiento más allá de toda duda”. (sic).
1.3.3. Del proceso ante la jurisdicción contencioso administrativo
10. Con ocasión de ello, el señor Martínez Leal y su núcleo familiar el 6 de noviembre
de 2014 instauraron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa
en contra de la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional, con el objeto de que se les declarara
administrativa y patrimonialmente responsables por i) los daños causados con
ocasión de la privación de la libertad de que fue objeto, ii) el defectuoso
funcionamiento en el que incurrió la Fiscalía General de la Nación por exceso de
fuerza al efectuar la captura, lo cual se llevó a cabo el 6 de diciembre de 2007 y iii)
por el error jurisdiccional contenido en las providencias que lo habían condenado
penalmente.
11. En proveído del 10 de febrero de 2016, la Subsección “B” de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar administrativamente
responsable únicamente a la Rama Judicial, y en consecuencia, la condenó a pagar
los perjuicios materiales y morales ocasionados a la víctima directa y a sus
familiares, y negó en lo demás. Al respecto, explicó que:
“(…) la responsabilidad por la privación injusta de la libertad del señor HECTOR
HELI MARTINEZ LEAL, es imputable a la Nación – Rama Judicial, toda vez que
fue éste quien adoptó la medida, sin tomar en consideración que no existían
pruebas fehacientes que permitieran inferir la participación del actor en el delito
que se le pretendía atribuir (…) máxime cuando el actor en su diligencia de
indagatoria señaló que no tenía nexos con las FARC, y que se dedicaba a las
labores de agricultor de frutas y comerciante de los mismos (…) si bien es cierto
la Nación – Fiscalía General de la Nación participó en la etapa de indagación del
proceso penal en cuestión, y el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional con su
informe de inteligencia, a la final es al juez conforme al artículo 154 de la Ley 906
de 2004, a quien le corresponde resolver sobre la petición de medida de
aseguramiento, y para el caso el Juez Cuarenta Penal del Circuito de
Conocimiento, decidió imponer la medida al actor por el delito de rebelión (…).
Finalmente y de conformidad con lo anteriormente expuesto, si bien el señor
Héctor Helí estuvo privado de la libertad por cuenta del proceso seguido en su
contra por el delito de rebelión, por el lapso comprendido entre el 7 de diciembre
de 2007 y 10 de agosto de 2012, lo cierto es que legalmente, el actor debió
cumplir la pena a él impuesta por el delito de tráfico de sustancias para el
procesamiento de narcóticos, esto es (48 meses de prisión), pena que
judicialmente le fue compensada, de suerte que el tiempo total de 56 meses 4
días que estuvo privado de la libertad por el delito de rebelión, tal solo hay ligar a
reconocer perjuicios por el lapso de 8 meses y 4 días”. (Sic a toda la cita).
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12. Inconformes con dicha decisión, los demandantes6 y la Rama Judicial
presentaron recurso de apelación, el cual correspondió a la Subsección “C” de la
Sección Tercera del Consejo de Estado que, en sentencia del 13 de agosto de 2020,
revocó la decisión del 10 de febrero de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca para, en su lugar, i) declarar probada la excepción de caducidad
de la pretensión de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, ii)
negar las demás pretensiones de la demanda y; iii) condenar en costas a la parte
actora, conforme a los siguientes argumentos.
13. En primera medida, aclaró que en los eventos de defectuoso funcionamiento de
la administración de justicia, el término para instaurar el medio de control de
reparación directa debe contarse a partir del día siguiente a aquel en que el afectado
tuvo conocimiento o se enteró del hecho o la omisión que causó el daño. En ese
orden, indicó que, si bien, en la demanda se afirmó que la Fiscalía incurrió en
defectuoso funcionamiento por exceso de fuerza al efectuar la captura, lo cual se
llevó a cabo el 6 de diciembre de 2007, lo cierto es que frente a dicha pretensión
había operado el fenómeno preclusivo de la caducidad, dado que la demanda se
presentó el 6 de noviembre de 2014.
14. Expuso que en el asunto objeto de estudio, estaba probado el daño que padeció
el señor Martínez Leal con ocasión a que estuvo privado de la libertad desde el 6 de
diciembre de 2007 hasta el 14 de agosto de 2012. Igualmente, afirmó que en la
sentencia C-037 de 1996, la Corte Constitucional, al estudiar la exequibilidad del
artículo 68 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, declaró
que el término “injustamente” se refería a una actuación abiertamente
desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales.
15. En ese orden, explicó que el estudio de responsabilidad implica que se analicen
las circunstancias en que se produjo la privación de la libertad, con el objeto de
determinar si obedeció a una medida apropiada, razonada y conforme a derecho o si,
por el contrario, la conducta fue abiertamente arbitraria.
16. Así, al descender al caso en concreto, destacó que el 7 de diciembre de 2007, el
Juzgado Treinta y Seis Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Bogotá impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro de
reclusión contra el demandante por el delito de rebelión, con fundamento en varias
entrevistas de reinsertados de las FARC, el informe de inteligencia del Ejército y la
sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal Especializado de Villavicencio que
6 En relación con la responsabilidad de la Fiscalía, los demandantes insistieron en que el ente no
atendió el estándar de debida diligencia por considerar que no obró con la independencia que el caso
reclamaba por guiarse del informe de inteligencia proferido por el Ejército Nacional, en vez de efectuar
“(…) otras labores de investigación que le dieran una convicción mucho más diáfana de los hechos en
que se englobaba el señor HÉCTOR HELÍ”. No obstante, guardaron silencio respecto del presunto uso
excesivo de la fuerza desplegado al momento de la captura.
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condenó al señor Martínez Leal por el delito de tráfico de sustancias para el
procesamiento de narcóticos.
17. Para el efecto, citó in extenso los apartes expuestos por el Juzgado Treinta y
Seis en la mencionada providencia, a partir de lo cual se desprendía que, i) el delito
por el cual se le estaba investigando excedía ampliamente el término de 4 años (la
pena por delito de rebelión va de 8 a 13 años); y, además, ii) que la inferencia
razonable de la medida nacía de los elementos materiales probatorios suministrados
por la Fiscalía y de diversas entrevistas que recibieron los investigadores del CTI, por
parte de reinsertados de las FARC que, de manera general, coincidían en señalar
que el señor Martínez Leal, a) era el jefe de finanzas del frente 26 de las FARC; b) se
encargaba ordenar y trasladar personas secuestradas a los departamentos del Meta,
Tolima y Huila; c) que conseguía armas y uniformes para la guerrilla; d) que recogía
dinero producto de extorsiones y vacunas; e) vigilaba y suministraba información a la
guerrilla “de las personas que tenían dinero” ; f) describieron físicamente a la
persona, relato que coincidió “con el señor que está presente en la audiencia”; g) que
financiaba actos delincuenciales en la ciudad de Bogotá; información que coincidía
con el informe de inteligencia del Ejército Nacional.
18. Seguido de ello, agregó que el referido juzgado también consideró que existía
una sentencia condenatoria de ese mismo año dictada por el Juzgado Tercero Penal
del Circuito Especializado de Villavicencio, en donde se le condenó a 4 años, sin que
le concedieran el subrogado penal, por la conducta de tráfico de estupefacientes, la
cual fue confirmada por el Tribunal Superior de Villavicencio y que, por todos esos
motivos concluyó que en ese asunto sí era necesario conceder la medida solicitada
por la Fiscalía, esto es, la medida de aseguramiento privativa de la libertad en
establecimiento de reclusión.
19. En ese orden de ideas, la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de
Estado explicó que si bien el Juzgado Cuarenta Penal del Circuito de Conocimiento
de Bogotá absolvió al señor Héctor Helí Martínez Leal por falta de certeza de la
responsabilidad penal, lo cierto es que, “(…) su privación de la libertad cumplió con los
requisitos establecidos por el Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los
hechos, pues contaba con material probatorio que permitía inferir razonablemente que el
imputado podía ser autor de la conducta delictiva investigada y además el procesado
constituía un peligro para la sociedad. Como además no existe prueba en el proceso que
acredite que la privación de la libertad fue desproporcionada, irrazonable o arbitraria, la Sala
revocará la sentencia apelada”.
20. Finalmente, en relación con el cargo de error jurisdiccional7, explicó que a partir
del estudio de constitucionalidad8 que realizó la Corte Constitucional respecto del
7 En la demanda se señaló que las sentencias del 12 de diciembre de 2008 y 6 de marzo de 2009,
proferidas por el Juzgado Cuarenta Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá y el Tribunal
Superior de Bogotá que condenaron al señor Martínez Leal por el delito de rebelión, se fundamentaron
en pruebas ilícitas.
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artículo 66 de la Ley 270 de 1996, era dable advertir que el análisis de
responsabilidad se debía adelantar desde una perspectiva funcional que reconoce la
autonomía del juez, es decir que dicho yerro no corresponde a una simple
equivocación o desacierto derivado de la libre interpretación jurídica, sino que debe
enmarcarse en una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente
violatoria del debido proceso; por lo que, debido a que en el proceso se acreditó que
la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad del proceso penal
desde la audiencia de juicio oral y dejó sin efectos las sentencias condenatorias, era
evidente que dichas providencias no estaban en firme, lo que hacía improcedente el
medio de control de reparación directa.
21. La referida decisión se notificó por estado electrónico que se fijó en la página web
del Consejo de Estado el 21 de mayo de 2021. Igualmente, se envió copia de la
sentencia a los correos electrónicos registrados en el proceso y se informó que “(…)
providencia notificada puede ser consultada en la página web www.ramajudicial.gov.co en el
link de consulta de procesos nacional unificada, teniendo como referencia el número
completo de radicación; O bien en la página web del Consejo de Estado en el link
http://servicios.consejodeestado.gov.co/testmaster/nue_consuge.asp”.
1.4. Fundamentos de la vulneración9
22. El señor Héctor Helí Martínez Leal consideró que la Subsección “C” de la Sección
Tercera del Consejo de Estado vulneró sus garantías constitucionales, con ocasión
de la sentencia que dictó el 13 de agosto de 2020 en la que revocó la decisión de
primer grado que accedió parcialmente a sus pretensiones para, en su lugar, i)
declarar probada la excepción de caducidad de la pretensión de defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, ii) negar en lo demás y, iii)
condenarlo en costas.
23. Explicó que, aunque el Informe del Batallón de Artillería N.º 13 del Ejército
Nacional y las declaraciones, que se contradecían entre sí, eran suficientes para
desvirtuar cualquier duda razonable, el Consejo de Estado decidió negar la
reparación del daño que se le causó, con fundamento en que su privación de la
libertad cumplió con los requisitos establecidos por el Código de Procedimiento Penal
vigente para la época de los hechos, pues contaba con el material probatorio que
permitía inferir razonablemente que el imputado podía ser el autor de la conducta
delictiva investigada.
8 Corte Constitucional, sentencia C-037 de 1996.
9 En el escrito de tutela la accionante también propuso de manera separada unos cargos contra la
providencia de primera instancia; no obstante, atendiendo a que la sentencia que puso fin al proceso
ordinario y frente a la cual se puede adelantar el estudio en sede constitucional es la de segunda
instancia del 18 de febrero de 2021, proferida por la Subsección “B” de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, solo se hará referencia a los reproches enlistados respecto de esta última.
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24. En ese orden, explicó que el operador jurídico acusado desconoció lo dispuesto
por la Corte Suprema de Justicia al resolver el recurso extraordinario de casación y
por el Juez Cuarenta Penal del Circuito de Conocimiento que lo absolvió dado que,
en la providencia objeto de estudio no se hizo “(…) mención, argumentación ni
valoración de la presunción de inocencia”.
25. Indicó que en la demanda de reparación directa se alegó el defectuoso
funcionamiento de la justicia con fundamento en que la Fiscalía General de la Nación
incurrió en un exceso de fuerza al momento de la captura, dado que “(…) le estuvieron
apuntando con un arma en la cabeza todo el tiempo y lo sacaron en ropa interior de la cama,
pasando por encima de su integridad y dignidad como ser humano”, conducta que además
consideró agravada puesto que se realizó en presencia de una menor de edad.
26. En ese contexto, advirtió que no podía alegarse la caducidad de la referida
pretensión, ya que el procedimiento de captura desplegado por la Fiscalía General
de la Nación se enmarcó en la definición de tortura que trajo la Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, es decir que, ello constituyó un
delito de lesa humanidad que, según el artículo 7º del Estatuto de Roma, es
imprescriptible.
27. Para reforzar dicho argumento, planteó que la sentencia objeto de reproche
desconoció el precedente fijado por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado
según el cual las conductas constitutivas de delitos de lesa humanidad no pueden
tener una limitación de caducidad ni de ninguna institución procesal, por ser asuntos
que niegan la existencia y vigencia imperativa de los Derechos Humanos en la
sociedad y atentan con la dignidad humana por medio de acciones que llevan a la
degradación de la condición de las personas, afectando de esa manera la conciencia
de la ciudadanía en general; así como el internacional, vinculante por medio del
bloque de constitucionalidad, en el caso Pollo Rivera y otros Vs. Perú de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos10.
28. Por otro lado, reprochó que la autoridad judicial accionada no profundizó en las
razones por las cuales la privación de la libertad no fue arbitraria, innecesaria y
desproporcional, desconociendo así el precedente nacional fijado en la sentencia
SU-116 de 2018.
29. Asimismo, enfatizó en que el Consejo de Estado no ahondó sobre la
irrazonabilidad y desproporcionalidad de haber soportado una medida de privación
de la libertad por un lapso de 5 años, por un delito que no cometió y que, además,
pasó por alto que las investigaciones adelantadas en su contra partían de informes
de inteligencia que no se ajustaron a los protocolos, es decir que en su caso no
10 Caso en el que se investigaron los hechos de tortura, así como los tratos crueles, inhumanos y
degradantes cometidos en contra del señor Luis Williams Pollo Rivera, con ocasión de las condiciones
en que se adelantó su detención y mientras estuvo arrestado en las instalaciones de la Dirección
Nacional contra el Terrorismo.
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existió una verdadera investigación que permitiera corroborar la realidad de los
hechos.
30. Igualmente, citó la sentencia C-496 de 2016 a partir de la cual la Corte
Constitucional al analizar las medidas de aseguramiento que afectan a personas
sometidas a la acción penal, concluyó que las mismas se tornan en irracionales
cuando no responden a los requisitos de excepcionalidad y proporcionalidad.
31. Agregó que también se desconoció el precedente contenido en las sentencias
SU-116 de 2018 de la Corte Constitucional y las del 17 de octubre de 2013, 8 de
junio de 2011 y 31 de agosto de 2011, proferidas por las Subsecciones “A”, “B” y “C”,
respectivamente, de la Sección Tercera del Consejo de Estado según las cuales, la
responsabilidad del Estado debe analizarse bajo un título objetivo de imputación
basado en el daño especial que se irroga a la víctima, a partir de lo cual el principio
de in dubio pro reo constituye un evento de privación injusta de la libertad y por tanto
debe ser indemnizado, pues basta con demostrar la producción del daño antijurídico.
32. Posteriormente, trajo a colación la sentencia del 15 de octubre de 201511 en la
que el mismo magistrado ponente de su caso, al resolver un asunto con la misma
situación fáctica indicó que debido a que la absolución del demandante se dio con
fundamento en el principio de in dubio pro reo, el título de imputación aplicable es el
objetivo, por daño especial, por no haberse demostrado la culpabilidad del acusado,
es decir que se mantuvo incólume la presunción de inocencia, lo que tornó en injusta
la privación de la libertad que soportó.
33. En ese orden, expuso que las pruebas presentadas por la Fiscalía en el marco
del proceso penal no lograron desestimar la presunción de inocencia, toda vez que
no tenían la entidad suficiente para demostrar que el señor Héctor Helí Martínez Leal
realizó la conducta ilícita endilgada, máxime si se tiene en cuenta el testimonio
rendido por el investigador del CTI Ulloa Franco que sostuvo que no recordaba el
contenido de todas las entrevistas, debido a que no todas fueron realizadas por él,
además de que las personas entrevistadas no acudieron al juicio oral para rendir el
testimonio dentro del proceso.
34. Aunado a ello, cuestionó que la Fiscalía no tuvo en cuenta las declaraciones de
las personas cercanas al señor Martínez Leal quienes explicaron la naturaleza de los
oficios que desarrollaba, ignorando de esa manera los testimonios que lo favorecían
y de los que se evidenciaba que el acusado estaba dedicado a cultivar cítricos en la
zona de Lejanías, Meta, en donde siempre se le vio como una persona de bien.
11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia del 15.20.2015, exp: 05001-23-31-
000-2003-03407-01 (34952), M.P. Guillermo Sánchez Luque.
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35. Mencionó que el hecho de que el operador jurídico tutelado basara la falta de
error jurisdiccional12 únicamente en que las sentencias13 que lo condenaron como
autor responsable del delito de rebelión no estuvieran en firme14, dejaba en evidencia
un exceso ritual manifiesto. Explicó que en ese caso la ritualidad deviene en
innecesaria, dado que ambas sentencias, la que lo condenó, así como la que
confirmó dicha determinación, generaron efectos y daños antijurídicos en él que
deben ser estudiados conforme al artículo 90 de la Constitución.
36. Finalmente, señaló que el Consejo de Estado desconoció que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso, solo hay lugar a
imponer costas procesales cuando se encuentre acreditada su causación y en tal
sentido, se hallen comprobadas, situación que en su caso no se dio, puesto que, “(…)
como no existe prueba de un obrar temerario, dilatorio, desleal, infundado o de mala fe de la
parte demandante, no se encuentra justificada la imposición de la condena en costas”.
1.5. Trámite de la acción de tutela
37. Mediante auto del 13 de diciembre de 2021, la magistrada ponente de esta
providencia admitió la demanda de tutela de la referencia y ordenó la notificación de
la parte accionante, de los magistrados de la Subsección “C” de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, como autoridad judicial accionada y, de la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado, en los términos y para los efectos previstos en el
artículo 610 del Código General del Proceso.
38. Igualmente, dispuso la vinculación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección “B”, el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, así como de los señores Mariela Alba de Martínez,
Marisela Martínez Alba, Valentina Ardila Martínez, Angie Ardila Martínez, Liliana
Martínez Alba, Daniela Luque Martínez, Samuel Muñoz Martínez, Eduard Oswaldo
Martínez Díaz, Danna Martínez Corrales, Jhon Fredy Martínez Alba, Gabriela
Alejandra Martínez Casallas, Jhon Sebastián Martínez Casallas, Jenny Esperanza
Martínez Alba, Mariana Rodríguez Martínez y Santiago Rodríguez Martínez.
39. Por otro lado, ofició a las Secretarías del Consejo de Estado y del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, para que publicaran en sus respectivas páginas
12 Consistente en que inicialmente se le condenó por el delito investigado, no obstante, luego de haber
sido decretada la nulidad de todo lo actuado, se resolvió absolverlo.
13 Del 12 de diciembre de 2008 y 6 de marzo de 2009, proferidas respectivamente por el Juzgado
Cuarenta Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá.
14 Atendiendo a que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 26 de octubre de
2011, casó la sentencia del 6 de marzo de 2009, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá y, en consecuencia, decretó la nulidad de lo actuado “a partir inclusive de la audiencia de
juicio oral llevada a cabo el 14 de julio de 2008 ante el Juzgado Cuarenta Penal del Circuito de
Conocimiento de Bogotá”.
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web copia digital de la demanda de tutela, de los anexos que la acompañan y del
auto admisorio, con el fin de que cualquier persona que tuviera interés pudiera
intervenir en el trámite constitucional de la referencia. Finalmente, reconoció
personería a la abogada María del Pilar Silva Garay para actuar en calidad de
apoderada judicial del señor Martínez Leal.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.6.1. Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección “C”
40. Con escrito remitido el 14 de enero de 2022 al buzón web de la Secretaría
General de la Corporación, el magistrado ponente de la decisión manifestó que las
razones que sirvieron de fundamento a la sentencia del 13 de agosto de 2022 se
encuentran consignadas en sus motivaciones, y son suficientes para explicar la
improcedencia del amparo solicitado.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección “B”
41. A través de mensaje de datos remitido al correo electrónico de la Secretaría
General del Consejo de Estado, suministró la copia digital de los cuadernos
principales del expediente identificado con el radicado N.º 25000-23-36-000-2015-
00243-00/01, no obstante, guardó silencio frente a los hechos y pretensiones de la
demanda.
1.6.3. El Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, la Fiscalía General de la
Nación, la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE, así como de los señores
Mariela Alba de Martínez, Marisela Martínez Alba, Valentina Ardila Martínez, Angie
Ardila Martínez, Liliana Martínez Alba, Daniela Luque Martínez, Samuel Muñoz
Martínez, Eduard Oswaldo Martínez Díaz, Danna Martínez Corrales, Jhon Fredy
Martínez Alba, Gabriela Alejandra Martínez Casallas, Jhon Sebastián Martínez
Casallas, Jenny Esperanza Martínez Alba, Mariana Rodríguez Martínez y Santiago
Rodríguez Martínez, pese a haber sido notificados en debida forma, no intervinieron
en el trámite de la referencia.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
42. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el
señor Héctor Helí Martínez Leal contra la Subsección “C” de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Legitimación en la causa
43. En primer lugar, la Sala advierte que el señor Héctor Helí Martínez Leal está
legitimado en la causa por activa, a la luz de lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política y los artículos 1°, 10, 46 y 49 del Decreto Ley 2591 de 1991, en
la medida en que la acción de amparo puede ser desplegada por cualquier persona
que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea (i) por sí misma; (ii)
a través de representante; (iii) apoderado; o (iv) por medio de la agencia oficiosa
cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de promover
su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores del pueblo y
los personeros municipales15.
44. En el caso concreto, se tiene que el tutelante presentó demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa con el objeto de obtener el pago de los
perjuicios morales y materiales derivados de la privación de la libertad que soportó,
por lo que es claro que es la titular de los derechos fundamentales cuya vulneración
alega.
45. Por otro lado, esta Sala de Decisión observa que la Subsección “C” de la Sección
Tercera del Consejo de Estado está igualmente legitimada en la causa por pasiva,
por ser la autoridad judicial que resolvió la segunda instancia del medio de control de
reparación directa, identificado con el radicado N.º 25000-23-36-000-2015-00243-
00/01, que es objeto de esta acción constitucional.
2.4. Problema jurídico
46. Corresponde a la Sala resolver los siguientes interrogantes:
¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetivos de
la tutela contra providencia judicial?
15CorteConstitucional, Sentencia T-793 del 27 de septiembre de 2007, M. P. Clara Inés Vargas
Hernández.
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47. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará:
Si la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado vulneró los
derechos fundamentales del señor Héctor Helí Martínez Leal, al revocar la
decisión de primer grado que había accedido parcialmente a sus pretensiones
para, en su lugar, resolverlas desfavorablemente, por presuntamente incurrir
en desconocimiento del precedente, exceso ritual manifiesto y defecto fáctico
por no aplicar las reglas de la razonabilidad, necesidad y proporcionalidad de
la medida privativa de la libertad que en su caso se extendió por el lapso de 5
años.
2.5. Razones jurídicas de la decisión
48. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales; (ii) estudio de los requisitos de procedibilidad
adjetiva; (iii) generalidades de los defectos alegados y; (iv) análisis del caso
concreto.
2.6. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
49. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201216
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema17 y declaró su
procedencia18.
50. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que el asunto
sea de relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez; iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
51. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud
y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
16Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora:
Nery Germania Álvarez Bello. C.P.: María Elizabeth García González.
17 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
18 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
52. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.7. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.7.1. Relevancia constitucional19
53. En el sub judice se advierte que, el tutelante reprochó el hecho de que se le
hubiese condenado en costas por cuanto, en su criterio, en este asunto no se daba
ninguno de los supuestos de que trata el artículo 365 del Código General del Proceso
para que proceda la condena en tal sentido.
54. En ese orden, la Sala destaca que, por regla general, las controversias
suscitadas en torno a ese tipo de condenas no superan el requisito de procedibilidad
adjetiva de la relevancia constitucional, comoquiera que se trata de asuntos
meramente legales y de carácter económico.
55. En efecto, respecto de la naturaleza y composición de las expensas procesales,
la Sala Especial de Decisión N.º 27 del Consejo de Estado, en la sentencia de
unificación jurisprudencial del 6 de agosto de 2019, sostuvo lo siguiente:
“5.1 Costas procesales –concepto, composición y configuración
72. Las costas procesales son aquella erogación económica que debe asumir la
parte que resulte vencida en un proceso judicial, que se compone de las i)
expensas y las ii) agencias en derecho.
73. Las primeras responden a los gastos necesarios para tramitar el proceso,
tales como son el valor de copias, publicaciones, impuestos de timbre, honorarios
de peritos, honorarios de auxiliares de la justicia, gastos de desplazamiento por
diligencias fuera del despacho judicial, gasto de traslado de testigos, por citar
algunos ejemplos.
19 Al respecto consultarConsejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00;
Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-
000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia
13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-
05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
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74. Las segundas -agencias de derecho-, obedecen a la suma que el juez debe
ordenar en beneficio de la parte favorecida con la condena en costas, para
reconocerle los costos afrontados por la representación de un abogado o, si
actuó en nombre propio, como contraprestación por el tiempo y esfuerzo
dedicados a la causa”20 (Negrillas del texto original).
56. Desde ese panorama, es evidente que las costas, en sus dos componentes,
repercuten económicamente en el patrimonio del demandante o del demandado,
según el caso, toda vez que lo que se pretende es el pago de una suma de dinero
proporcional a los gastos en que hubiera incurrido la parte vencedora del litigio.
57. Por otra parte, la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, en
relación con el análisis que el juez de tutela debe hacer para establecer si un asunto
cumple con el requisito de relevancia constitucional, indicó que:
“48. Primero, la controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no
meramente legal y/o económico. Según la jurisprudencia constitucional,
las discusiones de orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho de
índole económica (sic), deben ser resueltas mediante los mecanismos
ordinarios dispuestos para su trámite, dado que “le está prohibido al juez de
tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos de carácter netamente legal o
reglamentario”, so pena de “involucrarse en [cuestiones] que corresponde definir
a otras jurisdicciones”. En tales términos, un asunto carece de relevancia
constitucional, según lo ha considerado la Corte, (i) cuando la discusión se
limita a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como la
correcta interpretación o aplicación de una norma “de rango reglamentario o
legal”, salvo que de esta “se desprendan violaciones a los derechos y deberes
constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, “que no representen un interés
general”21. (Negrilla y subraya fuera del texto).
58. En ese orden, al aplicar las consideraciones expuestas por la Corporación de
cierre en materia de derechos fundamentales a la inconformidad planteada por el
señor Martínez Leal en relación con la condena en costas judiciales, resulta claro que
la acción de tutela es improcedente.
59. Lo anterior, sobre la base de considerar que, en realidad, la presunta vulneración
a los derechos fundamentales de la parte accionante, con ocasión de los gastos
procesales, versa sobre una cuestión de interpretación meramente legal que no
impacta la garantía de derechos fundamentales sino netamente patrimoniales.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N°27,
Sentencia de Unificación del 06.08.19., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 15001-33-33-007-2017-00036-
01.
21 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-573 del 27.11.19., M.P. Carlos Bernal Pulido.
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60. Así las cosas, habrá de declararse improcedente la acción de tutela, únicamente
respecto del cargo esbozado, por no superarse el requisito de procedibilidad adjetiva
de la relevancia constitucional22.
61. No obstante lo anterior, en lo que se refiere al planteamiento de los demás
defectos, la Sala advierte que lo que el tutelante pretende es cuestionar la
razonabilidad de la sentencia del 13 de agosto de 2020, a través de la cual la
Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al resolver la alzada,
revocó la decisión del a quo que había accedido parcialmente a sus pretensiones
para, en su lugar, resolverlas desfavorablemente, por encontrar que la privación de la
libertad que el señor Martínez Leal soportó cumplió con los requisitos establecidos
por el Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos, dado que
contaba con el material probatorio que permitía concluir razonablemente que el
imputado podía ser el autor del delito de rebelión por el que fue investigado y que,
además, el procesado constituía un peligro para la sociedad.
62. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión pues,
en efecto, el accionante encuentra vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la seguridad jurídica, a la igualdad, a la presunción de inocencia y a la
reparación integral de las víctimas, por cuanto el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección “C” negó las pretensiones de la demanda al considerar que no
existía ninguna prueba que diera cuenta de que la privación de la libertad fue
desproporcionada, irrazonable o arbitraria, desconociendo de esa manera que estuvo
recluido por 5 años por un delito que no cometió.
63. En ese sentido, los argumentos que a juicio de la parte tutelante eran contrarios
al ordenamiento jurídico, habrían transgredido el alcance y aplicación de sus
derechos fundamentales, lo que conllevó a que se omitiera el deber del funcionario
judicial de actuar tanto como juez de legalidad, de constitucionalidad y de
convencionalidad en la causa.
64. Así las cosas, es evidente la tensión alegada por la parte actora frente a la
razonabilidad de la decisión, lo que, en su criterio, vulneró sus derechos
fundamentales al al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la igualdad, a la
presunción de inocencia y a la reparación integral de las víctimas.
22 En el mismo sentido la Sección Quinta del Consejo de Estado ha proferido, entre otras, las
siguientes decisiones: Sentencia del 2.12.2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad: 11001-03-15-000-
2021-07007-00,; Sentencia del 26.08.21., M.P, Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-
2021-01776-01; Sentencia del 18.03.21., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2021-
00004-00; Sentencia del 25.02.21., M.P: Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2021-
00248-00; Sentencia del 10.12.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-04560-00;
Sentencia del 10.12.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-
04598-00; Sentencia del 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01.
16 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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65. Teniendo en cuenta lo anterior, las garantías constitucionales mencionadas que
subyacen en el sub lite, por ser aquellas cuya protección pretende el accionante,
tienen rango constitucional al tenor de lo dispuesto en el artículo 29 de la Carta, lo
que implica que las mismas trasciendan el ámbito meramente legal. En virtud de lo
expuesto, el asunto es de relevancia constitucional cuando prima facie resulta
necesario verificar si subsiste violación o amenaza a los derechos fundamentales,
después de haber agotado el procedimiento judicial establecido por la ley para su
protección.
66. Adicionalmente, la relevancia constitucional implica que el asunto de la acción de
tutela tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación,
para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales y libertades públicas.
2.7.2. Tutela contra tutela
67. En el caso objeto de estudio, es imperioso concluir que no existe reparo alguno
en cuanto hace referencia a este requisito de procedibilidad, toda vez que no se trata
de una tutela contra decisión de la misma naturaleza23, pues la providencia que
se censura fue proferida dentro del proceso de reparación directa identificado con el
radicado N.º 25000-23-36-000-2015-00243-01(57346).
2.7.3. Inmediatez
68. En relación con este requisito, tampoco se advierte ningún reproche24, en vista de
que la providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C” fue
proferida el 13 de agosto de 2020, se notificó a las partes por estado electrónico que
se fijó en la página web del Consejo de Estado el 21 de mayo de 2021 y cobró
ejecutoria el 26 del mismo mes y año, mientras que la presente acción constitucional
23 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-
00014-00; Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00400-
00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00092-00;
Sentencia 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-00179-00;
Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00141-00;
Sentencia 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01; Sentencia
13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20.,
M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Rocío
Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00.
24 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 20.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia 30.01.20., Rad. 11001-03-15-
000-2019-05167-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20,
Rad. 11001-03-15-000-2019-03890-01; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00;
Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-
000-2019-04693-01; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia
20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01.
24 Cobró vigencia el 25 de enero de 2021.
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fue radicada el 19 de noviembre de 2021 por lo que, se advierte que la tutela se
presentó dentro de los seis meses, tiempo que esta Sala ha considerado razonable
para el uso del mecanismo excepcional.
2.7.4. Subsidiariedad
69. En lo referente a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial para
obtener la protección de los derechos fundamentales que la parte actora considera
vulnerados, la Sala precisa que el accionante agotó el recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, que corresponde al medio de impugnación ordinario
que procedía.
70. No obstante lo anterior, conviene precisar que, el asunto relacionado con el
presunto uso excesivo de la fuerza por parte de la Fiscalía General de la Nación
quedó debidamente zanjado en ambas instancias del ordinario. En ese orden, se
advierte que esta Sala de Decisión, investida con la competencia de juez
constitucional no está habilitada para pronunciarse respecto del cargo según el cual
la parte actora considera que el procedimiento de captura desplegado por la
mencionada entidad debe entenderse como un delito de lesa humanidad a la luz de
lo dispuesto en el artículo 7º del Estatuto de Roma, por ser un argumento que no fue
expuesto en el proceso ordinario.
71. Ello, teniendo en cuenta que si bien en dicho proceso el actor alegó la
responsabilidad de la Fiscalía, lo cierto es que los argumentos que en su momento
expuso se dirigieron a demostrar que el ente no atendió el estándar de debida
diligencia por considerar que no obró con la independencia que el caso reclamaba,
“(…) pues se guio únicamente por el Informe de inteligencia emitido por la fuerza pública y,
autónomamente, no efectuó otras labores de investigación que le dieran una convicción
mucho más diáfana de los hechos en que se englobaba el señor HÉCTOR HELÍ”.
72. En ese orden, mal haría esta Sección del Consejo de Estado en pronunciarse
respecto de un punto que no fue puesto a consideración del juez natural de la causa,
que en este caso corresponde a la Sección Tercera de esta Corporación como
órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativo en casos de
responsabilidad del Estado.
73. Con respecto a los recursos extraordinarios de revisión y de unificación de
jurisprudencia, el despacho advierte que no son procedentes, toda vez que los
argumentos expuestos en la tutela no se enmarcan en las causales taxativas
previstas por el legislador en los artículos 250, 257 y 258 de la Ley 1437 de 2011, ni
en el artículo 71 de la Ley 2080 de 2021.
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2.8. Generalidades de los defectos alegados
2.8.1. Del desconocimiento del precedente
74. La Sala precisa que el precedente es aquella regla creada por una Alta Corte
para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un número
plural de decisiones en el mismo sentido para que aquella sea considerada como
precedente. También se considera que constituyen precedente las sentencias de
constitucionalidad y las de unificación, expedidas tanto por la Corte Constitucional,
como por el Consejo de Estado.
75. Sin embargo, resulta necesario advertir que “(…) debe aceptarse que no todas las
decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes, generan una regla o subregla, pues son
el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que viene al caso, sin una
actividad creadora del juez”25.
2.8.2. Del defecto fáctico
76. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201526, precisó los alcances y
requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un defecto
fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la presente
decisión:
77. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o
practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados
por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv)
dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido
proceso, los cuales tienen las siguientes características:
Evento Características
Omisión de Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que
decreto y alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante
práctica de para resolver el problema jurídico sometido a consideración,
pruebas y ésta fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez
indispensables ordinario de negar pruebas que no atiendan los requisitos
para fallar el de conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es
asunto importante considerar que no toda negativa a un decreto de
pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto, ya
que éste procederá cuando se rechace el decreto y práctica
de la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con
los parámetros arriba señalados.
25 Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No.
11001-03-15-000-2013-02690-01.
26 Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
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De esta manera, se requiere:
a) Que la parte identifique el elemento probatorio que
solicitó
b) Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad
legal
c) Se expongan las razones por la cuales la prueba
solicitada era conducente, pertinente o idónea.
d) Señalar de manera razonada la razón por la cual, de
haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión
hubiere sido otro.
Desconocimiento Se presenta cuando, obrando los elementos de
del acervo convicción en el expediente, y estos resultan decisivos
probatorio frente a los hechos que se pretenden probar, éstos no
determinante son tenidos en cuenta por el fallador ordinario. En este
para identificar la punto, se requiere que, de forma específica, se concrete
veracidad de los en el escrito de amparo, cuales pruebas, aportadas
hechos alegados oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el juez.
por las partes
Así las cosas, se configura siempre que:
a) Se identifiquen los elementos de prueba no valorados
por el juez.
b) Se demuestre que éstos fueron aportados en forma
legal y oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes
para la decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los
mismos para variar el sentido del fallo.
Valoración Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana
irracional o crítica, la apreciación efectuada por el fallador, resulta
arbitraria de las manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el
pruebas peso otorgado a la prueba se entiende alterado.
aportadas
Se requiere entonces que:
a) La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron
objeto de indebida valoración por el juez
b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la
consideración del operador judicial se aleja de las
reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados, resulta de
vital importancia, pues es claro que un sencillo
desacuerdo en relación con la conclusión a la cual
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arribó el juez de instancia, en ninguna manera puede
ser razón para ordenar el amparo constitucional por
este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una
sustitución arbitraria del juez natural.
c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado
Dictar sentencia Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el
con fundamento asunto con base en pruebas que no observaron los
en pruebas requisitos legales para su producción o introducción al
obtenidas con proceso. Así las cosas, el juez no ignora la prueba ni se
violación del equivoca en su apreciación, pero yerra al haberla tenido en
debido proceso cuenta para decidir el problema jurídico que le fue
planteado, al ser ésta una prueba que desconoce el debido
proceso de las partes.
Para su configuración corresponde señalar:
a) Señalar con claridad los elementos probatorios
aportados con violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción fueron
el sustento de la decisión.
78. Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar en su
escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto,
sino también, su incidencia en la decisión judicial.
79. Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para
lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una
providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la
buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución Política.
80. Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida
en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de tal
manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba, como
suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera confusión al fallador.
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2.8.3. Del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
81. Como lo expresó esta Corporación en la providencia del 5 de agosto de 201427,
el mencionado defecto se origina cuando el juez actúa completamente al margen del
procedimiento establecido.
82. Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-636 de 2015, manifestó:
“El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, en el cual incurre una
autoridad judicial cuando con sus actuaciones y decisiones desconoce el derecho
de los ciudadanos de acceder a la administración de justicia y su obligación de
dar prevalencia al derecho sustancial. Tal defecto se presenta cuando un
funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la
eficacia del derecho sustancial y por esta vía, sus actuaciones devienen en una
denegación de justicia, bien sea por (i) aplicar disposiciones procesales que se
oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exigir
el cumplimiento de requisitos formales de forma irreflexiva y que en determinadas
circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes,
siempre que esa situación se encuentre comprobada; o (iii), incurrir en un
rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas.”28
2.9. Caso concreto
83. El señor Héctor Helí Martínez Leal considera que la Subsección “C” de la Sección
Tercera del Consejo de Estado vulneró sus garantías constitucionales, con ocasión
de la sentencia del 13 de agosto de 2020 a través de la cual resolvió
desfavorablemente las pretensiones del proceso de reparación directa que promovió
con el objeto de obtener la reparación de los perjuicios que le fueron ocasionados
con la privación injusta de la libertad a la que fue sometido por 5 años, por un delito
que no cometió. En su criterio, la referida decisión adolece de los defectos fáctico,
por desconocimiento del precedente y procedimental por exceso ritual manifiesto.
2.9.1. Defecto fáctico
84. Explicó que el operador jurídico que zanjó el recurso de alzada incurrió en
defecto fáctico por no valorar las pruebas que le favorecían, tales como i) la
sentencia de casación; ii) la providencia que lo absolvió en el proceso penal; y iii) los
testimonios rendidos por las personas cercanas a él, quienes explicaron que el
acusado se dedicaba al cultivo de cítricos en la zona de Lejanías, Meta, en donde
siempre se le vio como una persona de bien; así como iv) la declaración del
investigador del CTI Ulloa Franco que sostuvo que no recordaba el contenido de las
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela - Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez
28 Corte Constitucional, sentencia SU-636 de 2015 (MP María Victoria Calle Correa, SV Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub).
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entrevistas [de los desmovilizados], debido a que no todas fueron realizadas por él,
aunado a que las personas entrevistadas no acudieron al juicio oral para rendir el
testimonio dentro del proceso.
85. Reprochó que, contrario a ello, la autoridad judicial accionada le otorgó valor a
los elementos de convicción presentados por la Fiscalía General de la Nación en el
marco del proceso penal en el que se le investigó por el delito de rebelión, pasando
por alto que las investigaciones adelantadas en su contra partían de informes de
inteligencia que no se ajustaron a los protocolos, es decir que en su caso no existió
una verdadera investigación que permitiera corroborar la realidad de los hechos y, de
esa manera, desvirtuar su presunción de inocencia.
86. Cuestionó que, pese a que en la providencia objeto de censura se reconoció la
existencia del daño que se causó al señor Martínez Leal con ocasión a que estuvo
privado de la libertad desde el 6 de diciembre de 2007 hasta el 14 de agosto de
2012, la Sección tutelada omitió referirse al principio de presunción de inocencia.
87. En ese orden, sea lo primero aclarar que aunque uno de los reproches de la
parte actora se basa en que el operador jurídico tutelado no analizó en su
providencia el referido postulado, ello no constituye un yerro en tanto que en los
casos de privación injusta de la libertad que se adelantan en la jurisdicción
contencioso administrativa no se analiza si el acusado cometió o no el delito por el
que se le investigó, pues ello compete al juez penal, sino que lo que se estudia es
si la imposición de la medida restrictiva del derecho fundamental fue razonada
y proporcional, a efectos de determinar la viabilidad de conceder la reparación
de los perjuicios.
88. Lo anterior, teniendo en cuenta que solo a partir del reconocimiento del daño
causado al procesado es que se puede explorar la posibilidad de imputarlo al Estado.
Entonces, contrario a lo considerado por el señor Martínez Leal, los únicos
elementos probatorios que la autoridad que conoció del proceso contencioso tenía
que revisar eran los que llevaron al juez natural a ordenar la medida de
aseguramiento, dado que a partir de aquellos era que podía definir si la misma se
ajustaba o no a los parámetros de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.
89. Así las cosas, la Sala observa que, al momento de determinar si la privación de la
libertad del señor Martínez Leal fue consecuencia de una actuación abiertamente
desproporcionada y violatoria del procedimiento legal establecido, la Subsección “C”
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, destacó que el Juzgado Treinta y Seis
Penal Municipal con Función de Control de garantías de Bogotá, en la audiencia que
se celebró el 7 de diciembre de 2007 determinó la necesidad de imponer la medida,
con fundamento en las entrevistas realizadas a varios reinsertados de las FARC, el
informe de inteligencia del Ejército y la sentencia proferida por el Juzgado Tercero
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Penal Especializado de Villavicencio que condenó al señor Martínez Leal por el delito
de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos.
90. Asimismo, planteó que la inferencia razonable de la medida nació de los
elementos materiales probatorios suministrados por la Fiscalía y de las diversas
entrevistas que recibieron los investigadores del CTI, por parte de reinsertados de las
FARC que, de manera general, coincidían en señalar que el señor Martínez Leal, a)
era el jefe de finanzas del frente 26 de las FARC; b) se encargaba de ordenar y
trasladar personas secuestradas a los departamentos del Meta, Tolima y Huila; c)
que conseguía armas y uniformes para la guerrilla; d) que recogía dinero producto de
extorsiones y vacunas; e) que vigilaba y suministraba información a la guerrilla “de las
personas que tenían dinero”; y f) que financiaba actos delincuenciales en la ciudad de
Bogotá; aunado a que al describir físicamente a la persona de la que hablaban, se
evidenció que el relato siempre coincidió con las características físicas del “señor que
está presente en la audiencia”; información que coincidía con el informe de
inteligencia del Ejército Nacional.
91. Seguido de ello, agregó que el referido juzgado también admitió que existía una
sentencia condenatoria de ese mismo año dictada por el Juzgado Tercero Penal del
Circuito Especializado de Villavicencio, en donde se condenó al señor Martínez Leal
a 4 años de prisión, sin que le concedieran el subrogado penal, por la conducta de
tráfico de estupefacientes, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de
Villavicencio y que, con base en dichos elementos de convicción fue que el operador
penal concluyó que en ese asunto sí era necesario conceder la medida de
aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento de reclusión.
92. De acuerdo con lo hasta ahora expuesto, se observa que del material probatorio
que obró en el expediente sí se podían inferir las razones que llevaron al operador
penal a determinar la imposición de la medida de aseguramiento al señor Martínez
Leal por lo que, si bien el actor alega la falta de valoración de los supuestos
elementos que lo favorecían, lo cierto es que para esta Sección de la Corporación es
evidente que las pruebas no se analizaron de forma aislada, sino integralmente,
valoración que determinó sin lugar a dudas la necesidad de acceder a la medida
solicitada por la Fiscalía General de la Nación.
93. En ese orden, esta Sección del Consejo de Estado encuentra acertada la
conclusión a la que arribó la Subsección “C” de la Sección Tercera de la
Corporación, sobre la base de considerar que existían pruebas suficientes que
justificaban la adopción de la decisión, es decir que el análisis no desbordó los
criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
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2.9.2. Desconocimiento del precedente
94. El demandante aseguró que la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo
de Estado desconoció el precedente fijado; i) en las sentencias SU-116 de 2018 y
C-496 de 2016 de la Corte Constitucional y; ii) en las providencias del 17 de octubre
de 2013, 8 de junio de 2011 y 31 de agosto de 2011, proferidas por las Subsecciones
“A”, “B” y “C”, respectivamente, de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
95. Lo anterior por cuanto, a partir de las mencionadas decisiones es claro que en los
eventos de privación injusta de la libertad en donde la absolución se da con
fundamento en el principio in dubio pro reo, la responsabilidad del Estado debe
analizarse bajo un título objetivo de imputación basado en el daño especial que se
irroga a la víctima, y por tanto debe ser indemnizado pues basta con demostrar la
producción del daño antijurídico. Aunado a ello, agregó que el operador jurídico
tutelado no profundizó en las razones por las cuales la privación de la libertad no fue
arbitraria, innecesaria y desproporcional.
96. De igual manera, trajo a colación la sentencia del 15 de octubre de 201529 en la
que el mismo magistrado ponente de su caso, al resolver un asunto con la misma
situación fáctica indicó que debido a que la absolución del demandante se dio con
fundamento en el principio de in dubio pro reo, el título de imputación aplicable es el
objetivo por daño especial por no haberse demostrado la culpabilidad del acusado,
es decir que se mantuvo incólume la presunción de inocencia, lo que tornó en injusta
la privación de la libertad que soportó.
97. En lo que atañe a la sentencia SU-116 de 2018, la Sala observa que en aquella
ocasión el accionante solicitó el amparo constitucional de sus derechos al debido
proceso, la igualdad en conexidad con la vivienda digna, la propiedad privada, la
confianza legítima y la buena fe, al considerar que en el proceso de revisión del
expediente T-1.518.046 que culminó con la sentencia SU-813 de 2007, la Corte
incurrió en varios defectos que llevaron a que, sin vincularlo al trámite, se le
despojara de la vivienda que había adquirido a través de un remate.
98. En ese contexto, se advierte que la situación fáctica y jurídica que suscitó dicha
controversia no guarda similitud con el que dio origen a este mecanismo
constitucional y, en ese sentido, no contiene reglas o subreglas de derecho
aplicables a la situación jurídica del señor Héctor Helí Martínez Leal.
99. Ahora, en relación con la sentencia C-496 de 2016, vale la pena precisar que
dada la naturaleza de la providencia no es posible llevar a cabo un estudio de
identidad fáctica, toda vez que en dicho pronunciamiento no se resuelve un conflicto
29 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia del 15.20.2015, exp: 05001-23-31-
000-2003-03407-01 (34952), M.P. Guillermo Sánchez Luque.
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entre dos partes, sino que se estudia la constitucionalidad de una norma a raíz de
una acción pública de inconstitucionalidad.
100. En ese orden, lo que procede en estos casos es revisar cuál fue la regla
establecida por el máximo órgano en materia constitucional respecto del alcance e
interpretación de la norma objeto de estudio, para a partir de ello determinar si dicho
criterio es acorde con la decisión adoptada en el proveído censurado.
101. Así las cosas, se observa que en dicho proceso, el demandante de la acción
pública alegó que los artículos 130 de la Ley 1437 de 2011 y 141 de la Ley 1564 de
2012 incurrieron en omisión legislativa relativa, debido a que no incluían como causal
de impedimento o recusación de los jueces y los conjueces “haber sido o ser
contraparte de alguna de las partes o sus apoderados”, con lo cual, a su juicio, se
desconocía lo dispuesto en los artículos 2º, 13, 29 y 229 de la Constitución Política.
102. Con base en lo anterior, el entonces accionante aseguró que no existía un
principio de razón suficiente para no haber contemplado dicha causal de
impedimento o recusación, cuya ausencia, en su criterio, generaba graves
implicaciones tratándose de los conjueces, pues estos normalmente ejercen su
profesión de manera activa en el litigio por lo que podía ser plausible que se presente
la situación descrita en la norma, en los procesos en los cuales actúan como tales, lo
cual no impide que los jueces también puedan incurrir en ella.
103. A partir de ello, es evidente que las consideraciones expuestas por el Máximo
Órgano en materia constitucional en dicha providencia tampoco son aplicables al
asunto objeto de estudio, pues las normas cuya exequibilidad se analizó no guardan
relación con el caso objeto de esta controversia.
104. Finalmente, sería del caso analizar detenidamente las circunstancias fácticas y
jurídicas que llevaron a la Sección Tercera del Consejo de Estado a condenar a la
Nación por los daños derivados de la privación injusta de la libertad en los casos
estudiados en las sentencias del 15 de octubre de 2015, 17 de octubre de 2013, 8 de
junio de 2011 y 31 de agosto de 2011, a efectos de determinar si el operador jurídico
tutelado estaba en la obligación de aplicar dicha postura al asunto sub judice, sin
embargo, ello no es necesario teniendo en cuenta que la tesis expuesta en la
providencia del 13 de agosto de 2020 se encuentra en consonancia con los últimos
pronunciamientos30 de la Corte Constitucional31 y el Consejo de Estado32 en la
30 Atendiendo a que por regla general, las sentencias de unificación proferidas
por las altas cortes
surten efectos hacia el futuro, razón por la que pueden afectar las situaciones jurídicas que se
encuentran en trámite al momento en que se dicta la decisión.
31 Sentencias SU-363 de 2021, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-072 de 2018, M.P. José Fernando
Reyes Cuartas.
32 Sentencia del 6.8.2020, M.P. José Roberto Sáchica Méndez, Rad: 66001-23-31-000-2011-00235-01
(46.947).
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materia, los cuales se encuentran en armonía con las distintas disposiciones e
instrumentos internacionales en los que es parte el Estado Colombiano .
105. Al respecto, se observa que en la sentencia del 13 de agosto de 2020, la
autoridad judicial accionada revocó la decisión de primer grado que había accedido a
las pretensiones para, en su lugar, resolver el caso desfavorablemente al encontrar
que si bien el Juzgado Cuarenta Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá
absolvió al señor Héctor Helí Martínez Leal por falta de certeza de la responsabilidad
penal, lo cierto es que, “(…) su privación de la libertad cumplió con los requisitos
establecidos (…) pues contaba con material probatorio que permitía inferir
razonablemente que el imputado podía ser autor de la conducta delictiva investigada y
además el procesado constituía un peligro para la sociedad. Como además no existe
prueba en el proceso que acredite que la privación de la libertad fue
desproporcionada, irrazonable o arbitraria, la Sala revocará la sentencia apelada”.
(Negrillas fuera del texto original).
106. En tal sentido, para esta Sala de Decisión resulta acertado que la autoridad
judicial accionada aplicara el criterio plasmado en la sentencia C-037 de 1996 en la
que la Corte Constitucional, al estudiar la exequibilidad del artículo 68 de la Ley 270
de 1996, declaró que el término “injustamente” se refería a una actuación
abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales.
107. Lo anterior, teniendo en cuenta que el criterio jurisprudencial actual, contenido
en la sentencias SU-363 de 2021 de la Corte Constitucional y en la providencia del 6
de agosto de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, ha reconocido
pacíficamente que ni el artículo 90 de la Constitución y ni la Ley 270 de 1996,
establecen un régimen específico de responsabilidad para los eventos de privación
de la libertad, razón por la que corresponde al juez analizar las circunstancias que
rodearon el caso para, a partir de ello, determinar si la medida devino o no en injusta.
108. En esa medida, conviene recordar que la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado coinciden en establecer que, si bien el daño constituye la causa de la
reparación, lo cierto es que a pesar de encontrarse acreditado, es posible que no
haya lugar a declarar la responsabilidad cuando a partir del análisis del asunto se
determine que la privación de la libertad fue apropiada, razonable y proporcionada,
ya que ello desvirtúa la antijuridicidad del daño.
109. Bajo esa premisa, la Sala observa que el tribunal cuestionado, en aplicación de
los principios de autonomía e independencia que gobiernan la actividad judicial,
acogió la postura que consideró adecuada y que además es la vigente para decidir el
recurso de alzada interpuesto en el medio de control de reparación directa, razón por
la que el cargo por desconocimiento del precedente no tiene vocación de prosperar.
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2.9.3. Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
110. Finalmente, el actor mencionó que el hecho de que el operador jurídico tutelado
basara la falta de error jurisdiccional en que las sentencias que inicialmente lo
condenaron como autor del delito de rebelión en el proceso penal, no estuvieran en
firme por haber sido casadas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
dejaba en evidencia un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
Explicó que en ese caso la ritualidad deviene en innecesaria, dado que ambas
sentencias, la que lo condenó, así como la que confirmó dicha determinación,
generaron efectos y daños antijurídicos que debían ser estudiados conforme al
artículo 90 de la Constitución.
111. Ahora, en relación con el referido reproche, la Subsección “C” de la Sección
Tercera del Consejo de Estado explicó que a partir del estudio de constitucionalidad33
que realizó la Corte Constitucional respecto del artículo 66 de la Ley 270 de 1996,
era dable advertir que el análisis de responsabilidad se debía adelantar desde una
perspectiva funcional que reconoce la autonomía del juez, es decir que dicho yerro
no corresponde a una simple equivocación o desacierto derivado de la libre
interpretación jurídica.
112. Por el contrario, el operador jurídico tutelado indicó que para que prospere, el
error jurisdiccional debe enmarcarse en una actuación subjetiva, caprichosa,
arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso34; por lo que, debido a que
en el proceso se acreditó que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró
la nulidad del proceso penal desde la audiencia de juicio oral y dejó sin efectos las
sentencias condenatorias, era evidente que dichas providencias no estaban en firme,
lo que hacía improcedente el medio de control de reparación directa.
113. En ese orden de ideas, esta Sala de Decisión observa una vez más que el curso
que le dio al proceso la Sección de la Corporación cuestionada fue acertado,
teniendo en cuenta que la Constitución, la ley y la interpretación que la Corte
Constitucional ha definido respecto de la responsabilidad de las autoridades públicas,
son coincidentes en establecer que el error jurisdiccional solo puede presentarse
respecto de providencias que se encuentren en firme pues de lo contrario, el error no
33 Corte Constitucional, sentencia C-037 de 1996.
34
Frente al punto, vale la pena precisar que el artículo 90 de la Carta Política establece que el Estado
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables por la acción u omisión de
las autoridades públicas. En ese orden, es evidente que, sin excepción alguna, la entidades del Estado y
las autoridades judiciales, incluso las de las Altas Cortes, están sometidas a la Constitución, a la ley y al
precedente judicial.
Asimismo, se observa que el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 definió el error jurisdiccional como “(…)
aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de
un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”. Igualmente, se encuentra que el
artículo 67 ibídem dispuso como presupuestos del error en comento, i) que el afectado hubiese interpuesto
los recursos legalmente procedentes y, además, ii) que la providencia contentiva del yerro estuviese en
firme.
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tiene la entidad de producir un efecto jurídico adverso, pues se entiende que
desapareció del mundo jurídico.
114. A partir de los argumentos planteados, es evidente que la Subsección “C” de la
Sección Tercera del Consejo de Estado no incurrió en los defectos alegados al
proferir la sentencia que resolvió desfavorablemente las pretensiones del señor
Martínez Leal en el medio de control de reparación directa, toda vez que en el asunto
sub judice sí existía mérito para proferir una decisión en tal sentido.
115. Lo anterior, sobre la base de considerar que la medida de aseguramiento que
se dictó en contra del acusado no desbordó los criterios de razonabilidad y
proporcionalidad inherentes a la adopción de ese tipo de decisiones, atendiendo a
que los elementos materiales probatorios recaudados en la etapa de indagación e
investigación sirvieron de soporte para determinar la posible participación del
acusado en la comisión del delito endilgado que, además, tenía una pena prevista
superior a los 4 años.
116. Por los motivos expuestos, esta Sección del Consejo de Estado encuentra
acertado el razonamiento de la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de
Estado al proferir la sentencia del 13 de agosto de 2020, en la medida en que aplicó
correctamente el criterio jurisprudencial vigente en materia de privación injusta de la
libertad, razón por la cual no se observa que los cargos expuestos en la tutela tengan
vocación de prosperar.
2.10. Conclusión
117. Así las cosas, esta Sala de Decisión negará el amparo de los derechos
invocados por el señor Héctor Helí Martínez Leal, por no encontrar que la sentencia
del 13 de agosto de 2020 proferida por la Subsección “C” de la Sección Tercera del
Consejo de Estado adolezca de algún defecto.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA del mecanismo respecto de los
cargos referidos a la condena en costas y a la imprescriptibilidad del procedimiento
de captura, por las razones expuestas en precedencia.
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SEGUNDO: NEGAR el amparo invocado por el señor Héctor Helí Martínez Leal, de
conformidad con la parte considerativa de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: En el evento de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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