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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10319-00

Fecha
24 de febrero de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10319-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Amparar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia del señor Gabriel López Coronado. En consecuencia, dejar sin efectos el ordinal segundo de la sentencia proferida el 24 de febrero de 2021 por el Tribunal Administrativo del Nariño en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el número 2016-00084, mediante el cual condenó en costas al aquí accionante, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días siguientes a su notificación (art. 31 Dcto. 2591 de 1991). Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el cuaderno original de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-10319-00

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

24 de febrero de 2022

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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós (2022)

F.T: 55
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10319-00
Accionante: GABRIEL LÓPEZ CORONADO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO

Temas: Acción de tutela en contra de providencia judicial dictada en medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que se condenó en costas
al accionante. Línea interpretativa de la condena en costas. Amparo derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de
tutela, decide la acción de la referencia.

HECHOS RELEVANTES

a) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

El señor Gabriel López Coronado instauró demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, con el fin de obtener la
nulidad parcial de las resoluciones núms. 002846 del 6 de abril de 1994, por medio
de la cual le fue reconocida su pensión de jubilación, y 001986 del 2 de marzo de
1995, a través de la cual fue reliquidada dicha prestación, y la nulidad de las
resoluciones núms. 045349 del 30 de octubre de 2015 y 003391 del 29 de enero
de 2016, mediante las cuales se negó su solicitud de reliquidación pensional.
Adicionalmente, a título de restablecimiento del derecho, peticionó condenar a la
entidad demandada a reliquidar y pagar de forma indexada la pensión de vejez
con el 75 % del promedio de todo lo devengado en el último año de servicios, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 6a de 1945 y la Ley 33 de 1985.

El 23 de junio de 2017 el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de
Pasto accedió a las pretensiones del medio de control, por lo cual la parte
demandada interpuso recurso de apelación en contra de esa decisión. El 24 de
febrero de 2021 el Tribunal Administrativo de Nariño revocó la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, negó las súplicas de la demanda y condenó en
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costas de primera y segunda instancia a la parte demandante, en un 70 % en
favor de la UGPP y en un 30 % en favor del Ministerio de Educación Nacional
como llamado en garantía. Decisión que fue notificada el 12 de agosto de igual
anualidad.

b) Inconformidad

El accionante, Gabriel López Coronado, consideró que el Tribunal Administrativo
de Nariño, con la expedición de la providencia del 24 de febrero de 2021, vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia e incurrió en los defectos sustantivo, fáctico,
procedimental y violación directa de la Constitución Política.

Para el efecto, sostuvo que si bien el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 prevé
que en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, ello no quiere decir
que en todos los casos deba condenarse a la parte vencida, puesto que es
imperioso comprobar y verificar su efectiva causación dentro del respectivo
proceso, de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso,
situación que en su caso no ocurrió, comoquiera que el Tribunal precitado lo
condenó en costas, sin justificarlo.

Así mismo, afirmó que las sentencias de unificación del 28 de agosto de 2018 y
del 25 de abril de 2019 fueron proferidas con posterioridad a la fecha en que
radicó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho1, momento en el cual
se encontraba vigente el precedente judicial fijado por el Consejo de Estado en la
sentencia del 4 de agosto de 2010, según el cual el reconocimiento, liquidación y
pago de la pensión se calculaba con la totalidad de los factores salariales
devengados durante el último año de servicios.

De igual forma, precisó que con la expedición del CPACA el legislador abandonó
el criterio subjetivo que venía imperando en este tipo de asuntos y dio paso a la
valoración objetiva. Al respecto, indicó que la línea adoptada por el Consejo de
Estado es que los elementos que determinan la condena en costas son dos: 1. El
criterio objetivo, el cual consiste en que en toda sentencia debe decidirse sobre las
costas procesales y 2. El criterio valorativo, que le impone al juez la carga de
verificar las costas que se causaron con el pago de los gastos ordinarios.

PRETENSIONES

La parte accionante solicitó amparar sus derechos fundamentales antes
mencionados y, en consecuencia, requirió ordenar al Tribunal Administrativo de
Nariño dejar sin efectos el ordinal segundo de la sentencia proferida el 24 de
febrero de 2021 en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

1 8 de abril de 2016.

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radicado bajo el número 2016-00084, para, en su lugar, realizar un nuevo
pronunciamiento sobre la no procedencia de la condena en costas.

CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

El subdirector de defensa judicial pensional, Javier Andrés Sosa Pérez, adujo que
la acción de la referencia es improcedente porque lo pretendido por la parte
accionante es sustituir una decisión judicial ejecutoriada y que fue proferida por el
juez natural de la causa, quien, con base en la normativa y jurisprudencia de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado, no solo negó las pretensiones de la
demanda, sino que condenó en costas a la parte accionante, conforme a lo
señalado en los artículos 188 del CPACA y 361 del CGP.

Sobre el particular, aclaró que la condena en costas no puede ser catalogada
como una vía de hecho, pues, como lo refieren las normas precitadas, se fijan
para pagar los gastos y expensas que se causaron durante el proceso, así como
las agencias en derecho, sin que ello pueda ser desconocido por la autoridad
judicial que profiere la sentencia, de manera que la decisión adoptada por el
Tribunal Administrativo de Nariño fue acertada.

Adicionalmente, manifestó que en el presente asunto no se cumplen los requisitos
generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, por cuanto la inconformidad sobre la condena en costas no puede
entenderse como violatoria de derechos fundamentales, en tanto que se demostró
que dicha determinación se dictó conforme a las disposiciones mencionadas.

De otra parte, aseguró que la UGPP no transgredió ningún derecho fundamental,
comoquiera que contestó todas las peticiones que el accionante presentó, sin que
exista alguna pendiente de resolución. En consecuencia, solicitó negar el amparo
invocado y ordenar el archivo de la acción de la referencia.

Tribunal Administrativo de Nariño

El magistrado Paulo León España Pantoja afirmó que las actuaciones de la
corporación judicial se ajustaron a las garantías del debido proceso y al derecho
de defensa de los sujetos que intervinieron en el proceso. Así mismo, indicó que la
sentencia de segunda instancia estuvo debidamente motivada en aspectos
jurídicos y fácticos, en la cual se realizó una relación detallada de la normativa y
jurisprudencia y se hicieron las valoraciones probatorias que llevaron a la solución
del caso.

Igualmente, señaló que en la providencia censurada se plantearon los argumentos
que llevaron a adoptar la decisión sobre la condena en costas, en específico las
razones legales y jurisprudenciales, por las cuales esta es una carga objetiva, que

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se impone a la parte vencida en el proceso, sin que el juez realice un juicio de
valor respecto del comportamiento procesal.

Además, resaltó que en el proveído mencionado se aclaró que el Consejo de
Estado no tenía un criterio unificado sobre la condena en costas, por lo cual el
Tribunal expuso sus motivaciones desde el punto de vista objetivo. En ese orden
de ideas, solicitó desestimar las pretensiones de la presente acción, al no haberse
configurado las causales de procedencia previstas por la jurisprudencia
constitucional en sede de tutela.

El Ministerio de Educación Nacional guardó silencio, a pesar de que fue
debidamente notificado del auto admisorio de la acción de la referencia.

CONSIDERACIONES

Competencia

La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la
competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1.° del Decreto 333 de 20212, el
cual regula que: «[…] [l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o
Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al
respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada […]».

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura
reiterada y uniforme de la Corte Constitucional3 y del Consejo de Estado4 ha sido
admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos
generales de procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de
procedencia (defectos).

La posición ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional empezando por la
tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993,
entre otras providencias, y su redefinición en la T-949 de 2003, hasta llegar a su
sistematización en la sentencia C-590 de 2005.

2 Por medio del cual se modificaron los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de

2015 referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.
3 Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-

1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999,
T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de
2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018
de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-
074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de
2015.
4Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.

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Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia
jurídica del 5 de agosto de 2014, con ponencia de Jorge Octavio Ramírez,
concluyó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre y
cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los
requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional.
Veamos:

Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en
su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de
los defectos planteados. Estos son los siguientes:(i) la cuestión que se discute
tiene relevancia constitucional; (ii) se agotaron todos los medios de defensa
judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) se cumple el requisito de
inmediatez; (iv) cuando se alegue una irregularidad procesal, la misma debe ser
decisiva en la sentencia que se controvierte y afectar derechos fundamentales; (v)
se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la
providencia bajo estudio y (vi) la providencia objeto de la presente acción no fue
dictada dentro de una acción de tutela.

Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales
puede incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes5: a) defecto orgánico,
que se presenta cuando el juez carece de forma absoluta de competencia; b)
defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actúa
completamente al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto
ocurre cuando: el juez carece de apoyo probatorio, la valoración es absolutamente
equivocada o no tiene en cuenta el material probatorio obrante en el expediente
para proferir la decisión; d) defecto material o sustantivo, el cual se origina cuando
exista un error judicial ostentoso, arbitrario y caprichoso que desconozca
lineamientos constitucionales y/o legales, específicamente ocurre cuando: se
decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía
de ellas o exista una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por
terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación; g) desconocimiento del precedente
judicial y h) violación directa de la Constitución Política.

Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de
las causales específicas podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional.

Problema jurídico

En el caso concreto se cumplen los requisitos generales de procedibilidad; por
tanto, la parte motiva se ocupará de las causales específicas, que para el asunto

5Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, T-176 de 2016, SU-573 de 2017, entre otras.

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bajo examen se centra en el análisis del defecto sustantivo, por ser el que mejor
se adecúa a los argumentos de inconformidad.

Así las cosas, el problema jurídico en esta instancia puede resumirse en la
siguiente pregunta:

1. ¿El Tribunal Administrativo de Nariño interpretó armónicamente las normas
que regulan la condena en costas?

Para resolver el problema así planteado, se abordarán las siguientes temáticas: (I)
defecto sustantivo, (II) línea interpretativa para la imposición de la condena en
costas y (III) análisis de la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de
Nariño. Veamos:

I. Defecto sustantivo

En diferentes pronunciamientos6, la Corte ha denominado el defecto sustantivo
como una condición de procedibilidad de la acción de tutela contra las
providencias judiciales. Al respecto, ha señalado que se presenta por las
siguientes razones7:

1. La decisión cuestionada se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable al
caso concreto, bien sea, porque la norma empleada no se ajusta al caso, no se
encuentra vigente por haber sido derogada o ha sido declarada inconstitucional.

2. La interpretación o aplicación que se hace de la norma en el caso concreto
desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance.

3. Se fija la magnitud de una norma desatendiendo otras disposiciones aplicables
al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática.

4. La norma pertinente es inobservada y, por ende, inaplicada.

5. Se emplea una norma que, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se
adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a esta, por ejemplo, se le
reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador.

6. Evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

7. Insuficiencia en la sustentación o argumentación que afecte los derechos
fundamentales.

6 Ver entre otras, sentencias T-364 de 2009, T-189 de 2005, T-205 de 2004, T-800 de 2006 y SU-159 de

2002.
7 Corte Constitucional, Sentencia T-781 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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II. Línea interpretativa para la imposición de la condena en costas

El máximo tribunal constitucional definió las costas procesales como los gastos en
que incurre la parte beneficiaria de la condena dentro del proceso judicial, siempre
que se halle prueba de su existencia, de su utilidad y de que corresponda a
actuaciones autorizadas por la ley8. Sobre el particular, se advierte que en el
artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo se regula que, tratándose de costas en la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, el juez tiene la obligación en la sentencia de
pronunciarse sobre dicho aspecto, con excepción de los asuntos en los que se
ventile un interés público. Así mismo, se observa que la liquidación y ejecución se
rigen por lo dispuesto en el Código de procedimiento Civil, hoy Código General del
Proceso, artículo 3659.

En esos términos, esta Subsección en múltiples sentencias10 ha sostenido que el
legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al
pasar de un criterio «subjetivo» –CCA– a uno «objetivo valorativo» –CPACA–, el
cual implica que en toda sentencia se decidirá sobre costas, con independencia de
las causas de la decisión desfavorable. De igual forma, el calificativo de
«valorativo» se debe a que al juez le corresponde revisar en el expediente si las
mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el
CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del
abogado efectivamente realizada dentro de este. Se recalca en esa valoración no
se incluye la mala fe o temeridad de las partes.

8
Sentencia C-157 del 21 de marzo de 2013.
9 «[…] Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la

condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los
casos especiales previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación
de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en
relación con la temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al
recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o
pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a
su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre
ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán
los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo, podrán
renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción […]».
10
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 11 de abril de 2019. Radicación
número: 11001-03-15-000-2018-04595-01 / Sentencia del 26 de septiembre de 2019. Radicación número:
11001-03-15-000-2019-03753-00.

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Así pues, las sentencias que deciden los procesos de conocimiento de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo deben resolver sobre la condena en
costas, que están integradas por las expensas y gastos en que incurrió la parte
durante el proceso y por las agencias en derecho. Esta regla, se reitera, no se
aplica a los procesos en los que se ventile un interés público.

III. Análisis de la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Nariño

El señor Gabriel López Coronado solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e
igualdad, los cuales consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de Nariño,
al expedir la sentencia del 24 de febrero de 2021, comoquiera que incurrió en los
defectos sustantivo, fáctico, procedimental y violación directa de la Constitución
Política.

Como fundamento de su petición, manifestó que en su caso era inadmisible la
condena en costas porque, en primer lugar, la autoridad judicial precitada no
expuso ninguna causa que justificara la imposición de esa condena, pues si bien
el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 prevé que en la sentencia se dispondrá
sobre la condena en costas, ello no quiere decir que en todos los casos deba
condenarse a la parte vencida, puesto que es imperioso comprobar y verificar su
efectiva causación dentro del respectivo proceso, en virtud de lo previsto en el
artículo 365 del Código General del Proceso, y, en segundo lugar, radicó la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 8 de abril de 2016, cuando
se encontraba vigente el criterio jurisprudencial fijado por el Consejo de Estado en
la sentencia del 4 de agosto de 2010 que permitía el reconocimiento, liquidación y
pago de la pensión con todos los factores salariales devengados durante el último
año de servicios.

Pues bien, con el fin de resolver la anterior inconformidad, la Subsección estima
necesario transcribir algunos de los argumentos que soportaron la sentencia del
24 de febrero de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, con
respecto a la condena en costas, de interés para el asunto bajo estudio. Así, se
aprecia que la autoridad judicial referida, en la providencia hoy controvertida,
condenó en costas de primera y segunda instancia a la parte demandante, en un
70 % en favor de la UGPP y en un 30 % en favor del Ministerio de Educación
Nacional como llamado en garantía, para lo cual expuso lo siguiente:

«[…] Atendiendo que la jurisprudencia del H. Consejo de Estado no tiene un
criterio unificado sobre la condena en costas, considera el Tribunal pertinente
exponer las motivaciones que llevan a razonar, desde el punto de vista objetivo, si
hay lugar o no, en cada caso, a imponer condena en costas.

De antemano este Tribunal considera que el sub judice habrá lugar a condenar en
costas en primera y en segunda instancia a la parte demandante en favor de la
parte demandada y llamada en garantía ante la no prosperidad del recurso de
apelación. La actuación a través de apoderado conlleva la causación de agencias
en derecho y por ende de las costas procesales. Valga anotar que el llamado en
garantía intervino en segunda instancia. La condena será en un 70% (sic) en favor

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de la UGPP y 30% (sic) en favor del llamado en garantía Ministerio de Educación
Nacional […]

a) Así, conforme al art. 365 del CGP en los procesos y actuaciones en que haya
controversia se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se
le resuelva de manera desfavorable el recurso de apelación, casación, queja,
súplica, anulación o revisión que haya propuesto.

b) Correlativamente los artículos 361 y 366 ídem, establecen que las costas están
integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el
curso del proceso y por las agencias en derecho.

Las costas serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en el
expediente […]

c) Es entonces que habrá de indicarse que la condena en costas es una carga de
estirpe objetivo y que se impone a la parte vencida en el proceso, sin que sea
dable examinar la conducta o proceder subjetivo de esa parte; luego no puede
consultarse, respecto de ella, la conducta observada en el curso del proceso, si
obró o no con temeridad, o de buena o mala fe.

No es dado que el juez realice un juicio de valor respecto del comportamiento
procesal de la parte vencida en el proceso, para establecer si le condena o no en
costas; basta con advertir que se trata de la parte vencida en el debate procesal
para impartirle condena en costas […]

e) Correlativamente para liquidar las costas, debe verificarse de manera objetiva
los gastos acreditados en el proceso, como son: copias, desgloses, certificaciones,
autenticaciones, notificaciones y similares (cuyos valores se atienen a la
regulación que sobre el arancel judicial determine el Consejo Superior de la
Judicatura).

f) Ahora, frente a las Agencias en Derecho para su fijación debe aplicarse el
Acuerdo respectivo expedido por el Consejo Superior de la Judicatura que regula
tal temática.

Tratándose de fijación de un parámetro (mínimo y máximo) debe acudirse
entonces a lo dispuesto en el art. 366 núm. 4º del CGP, cuando establece que el
juez tendrá en cuenta además la naturaleza, calidad y duración de la gestión
realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del
proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo
de dichas tarifas […]»

De la anterior transcripción se desprende que el Tribunal Administrativo de Nariño
decidió condenar en costas al aquí accionante, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA y en los artículos 365 y 366 del Código General del
Proceso, debido a que aquel resultó vencido en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, en la medida en que la sentencia que negó sus
pretensiones fue confirmada, y se evidenció que se causaron unas agencias en
derecho, por la actuación a través de apoderado judicial.

En cuanto a esto, se aclara que, como se explicó en el acápite previo, esta
Subsección ha sostenido que el legislador introdujo un cambio sustancial respecto
de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA– a uno
«objetivo valorativo» –CPACA–, el cual implica que en toda sentencia se decidirá

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Ac c i o na nt e : G a br ie l L óp ez C or on a do

sobre las costas, con independencia de las causas de la decisión desfavorable, y
en el expediente al juez le corresponde revisar si las mismas se causaron.

En ese entendido, se advierte que el Tribunal interpretó las disposiciones
precitadas, en ejercicio de su autonomía e independencia judicial, y acogió el
criterio objetivo valorativo, pues, por un lado, en la sentencia se pronunció sobre la
condena en costas y, por el otro, determinó que debía condenarse a la parte
demandante no solo porque resultó vencida en el proceso, sino porque verificó
que se causaron unas agencias en derecho.

Por lo anterior, se colige que la interpretación realizada por la autoridad accionada
del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 y de los artículos 365 y 366 del Código
General del Proceso no es caprichosa o arbitraria, puesto que adoptó el criterio
referido y se pronunció sobre dicha condena, por lo cual el juez constitucional no
puede entrar a estudiar exhaustivamente este aspecto, máxime si se tiene en
cuenta que la imposición de la condena en costas no constituye por sí sola una
vulneración de derechos fundamentales.

Ahora bien, se advierte que la posición mayoritaria de la Subsección «A», —la cual
no comparte el magistrado ponente de esta decisión, en los términos expuestos en
precedencia—, en casos como el presente, en los que se ha discutido la
imposición de costas en procesos instaurados cuando se encontraba vigente la
posición fijada en la sentencia del 4 de agosto de 2010, la cual durante el trámite
varió con ocasión de la sentencia del 28 de agosto de 2018, ha sido que no hay
lugar a condenar en costas, ante el cambio de precedente. Así, recientemente se
expuso:

«[…] En este caso, se advierte que al momento en que el señor Ortega Hoyos
presentó la demanda no se había proferido una nueva línea jurisprudencial en
torno a los factores salariales a tener en cuenta en la liquidación pensional […]

Por tanto, mal podría el tribunal imponer una condena en costas, cuando la decisión
desfavorable a las pretensiones de la demanda tuvo como fundamento, entre otros
factores, el cambio de la jurisprudencia que se produjo cuando ya dicho proceso se
encontraba en trámite (con la sentencia de 28 de agosto de 2018) […]»11.

Así las cosas, bajo la anterior postura, esta Subsección, amparará el derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia del señor Gabriel López
Coronado. En consecuencia, dejará sin efectos el ordinal segundo de la sentencia
proferida el 24 de febrero de 2021 por el Tribunal Administrativo de Nariño en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el número 2016-
00084, mediante el cual condenó en costas al aquí accionante.

11 Ver la sentencia de tutela proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la

acción de tutela con número de radicado 11001-03-15-000-2020-01231-00.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Amparar el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia del señor Gabriel López Coronado. En consecuencia, dejar sin efectos el
ordinal segundo de la sentencia proferida el 24 de febrero de 2021 por el Tribunal
Administrativo del Nariño en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado bajo el número 2016-00084, mediante el cual condenó en costas al aquí
accionante, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días
siguientes a su notificación (art. 31 Dcto. 2591 de 1991). Si esta providencia no
fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el cuaderno original de la
actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firma electrónica
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firma electrónica

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firma electrónica

ARF

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