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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10375-00

Fecha
3 de febrero de 2022
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10375-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar las pretensiones formuladas por el señor Jhon Jairo Torres Mora, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada, enviarla a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-10375-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

3 de febrero de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2021-10375-00
Demandante: Jhon Jairo Torres Mora

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2021-10375-00
Demandante JHON JAIRO TORRES MORA
Demandado PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DEL DERECHO Y AGENCIA DE REINTEGRACIÓN Y
NORMALIZACIÓN

Temas Acción de tutela. Derecho a la igualdad. Ley de Justicia y Paz y
Acuerdo Final de Paz. Ayuda económica a desmovilizados de
las AUC y FARC-EP.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Jhon Jairo Torres Mora, de conformidad con lo dispuesto
por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 18 de noviembre de 20211, el señor Jhon Jairo Torres Mora, en nombre propio
instauró acción de tutela contra la Presidencia de la República, el Ministerio de
Justicia del Derecho y la Agencia de Reintegración y Normalización, por considerar
vulnerados los derechos a la dignidad humana, al debido proceso, a la igualdad y al
mínimo vital. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

(sic para toda la cita) “LE SOLICITO CON TODO RESPETO SE ME CONCEDA ESTA
ACCIÓN Y SE ORDENE A LOS ACCIONADOS QUE EN EL TÉRMINO QUE LO CONSIDERE
SU DESPACHO, SE ME DE EN IGUALDAD DE CONDICIONES LA AYUDA ECONÓMICA
DEL 90% DEL SALARIO MÍNIMO IGUAL QUE ALA GUERRILLA DE LAS FARC-EP.”2

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El accionante aseguró que fue miembro de las Autodefensas Unidas de
Colombia del Bloque Central Bolívar, que se desmovilizó bajo la Ley 975 de
2005 (Ley de Justicia y Paz) y, que hace parte del proceso de reintegración
llevado a cabo por la Agencia de Reintegración y Normalización.

2.2. El 1° de julio de 2021, el actor presentó derecho de petición ante la Agencia de
Reintegración y Normalización y ante el Ministerio de Justicia y del Derecho,
en el cual solicitó que se le extendieran los efectos de un fallo de tutela de

1 Índice 6.
2 Índice 4.
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Demandante: Jhon Jairo Torres Mora

primera instancia, en el que se ordenó a la Presidencia de la República pagar
a ex integrantes de grupos armados no perteneciente a las FARC-EP el mismo
apoyo económico destinado a tal grupo y reconocido en el Acuerdo Final para
la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera
(en adelante Acuerdo de Paz) suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-
EP.

Los siguientes fueron los términos de la petición del tutelante:
(sic para toda la cita) “SE ME PUEDA CONCEDER EL DERECHO A LA IGUALDAD
EN EL SENTIDO DEL FALLO DE TUTELA DEL N. 2018-00004 2018-00008 HASTA
00033 PROFERIDO POR EL JUSGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO DE
PALMIRA VALLE, EN CUAL SE LE CONCEDIÓ A LOS POSTULADOS DE LA LEY 975
DEL 2005 (…) ES ASI QUE LE SOLICITO CON TODO RESPETO SE ME CONCEDA
EL DERECHO A LA IGUALDA…
1. TUTELAR A LOS ACCIONADOS EL DERECHO A LA IGUALDAD, EN LA
ESPECIFICIDAD DE LA LEY FAVORABLE DENTRO DEL MARCO JURÍDICO PARA
LA PAZ , ORDENANDO A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, QUE DE
CONFORMIDAD AL ARTICULO 10 DE LA LEY 418DE 1997, MODIFICADA Y
PRORROGADA POR LAS LEYES 548 DE 1999, 782 DE 2002, 1106 DE 2006, 1421
DE 2010 Y 1738 DE 2014 , QUE DISPONE QUE LA DIRECCIÓN DE LA POLÍTICA DE
PAZ LE CORRESPONDE AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA COMO
RESPONSABLE DE LA PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO EN TODA LA
NACIÓN, ‘PROVEER LEGALMENTE, PARA EL ACCESO EFECTIVO DEL PROCESO
DE INTEGRACIÓN QUE HA DISEÑADO EL GOBIERNO NACIONAL, CON EL
OBJETO DE PERMITIRLA REINTEGRACIÓN A LA VIDA SOCIAL Y ECONÓMICA DE
LOS POSTULADOS A LA LEY 975 DE 2005, Y PARA LOS AQUÍ ACCIONANTES
PREVIA VERICACION DEL INGRESO A LA REINTEGRACIÓN, TAL COMO LO
CERTIFICA LA AGENCIA PARA LA REINTEGRACIÓN Y NORMALIZACIÓN (ARN) Y
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA ELLO, UNA VEZ CUMPLIR LA PENA
ALTERNATIVA, CON APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD DENTRO
DEL DERECHO A LA IGUALDAD, DEL APOYO ECONÓMICO A LA INTEGRACIÓN
ESTABLECIDO EN LA LEY 782 DE 2002Y DERECHO 1391 DE 2011, NO EL VALOR
MENSUAL DE HASTA CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($480.000), SINO,
EN PARIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO FINAL CON LASFARC-EP,
“DURANTE VEINTICUATRO (24) MESES “UNA RENTA BÁSICA MENSUAL VIGENTE
A 90% DEL SMMLV, SIEMPRE Y CUANDO NO TENGA UN VINCULO
CONTRACTUAL QUE LES GENERE INGRESOS. CON POSTERIORIDAD A ESTE
TÉRMINO, SE OTORGARÁ UNA ASIGNACIÓN MENSUAL DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD QUE SE EXPIDA PARA ESE EFECTO Y NO MENOR A LA QUE
HAYA ESTADO VIGENTE SIEMPRE Y CUANDO EL BENEFICIARIO ACREDITE QUE
HA CONTINUADO EN SU RUTA EDUCATIVA EN FUNCIÓN DE LOS PROPÓSITOS
DE REINCORPORACIÓN. (…)”.

2.3. Mediante Oficio OFI21-015647/IDM 112000 de 9 de julio de 2021, la Agencia
de Reintegración y Normalización le informó al tutelante que no podía acceder
a su solicitud por las siguientes razones:
“consultado en el Sistema de Información para la Reintegración y Reincorporación
(SIRR) de esta Entidad, usted ‘JHON JAIRO TORRES MORA’ se registra en estado
‘Activo’ en el Proceso de Reintegración Particular y Diferenciado de Justicia y Paz que
implementa la ARN.
En relación con la aplicación de la providencia judicial que indica en el objeto de su
petición, es necesario informarle que dicha sentencia fue objeto de impugnación ante el
Tribunal Superior de Distrito judicial de Buga – Sala Penal en Sede Constitucional,
Autoridad que determinó negar la solicitud de amparo por no configurarse
vulneración alguna al derecho fundamental a la igualdad, y en consecuencia, mediante
sentencia del 13 de febrero de 2019, resolvió: ‘REVOCAR el fallo de Tutela No. 099

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emitido el día 19 de diciembre de 2018, por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de
Palmira’.
Conforme lo anterior, no es procedente entrar a estudiar su solicitud de extensión de
los efectos de dicha sentencia.”3 (Negrillas originales).

Por su parte, el Ministerio de Justicia y del Derecho dio respuesta a la petición
del tutelante indicándole que carecía de competencia para resolver la solicitud,
porque la entidad encargada de lo solicitado es la Agencia de Reintegración y
Normalización.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora aseguró que, en virtud del derecho a la igualdad, tiene la
prerrogativa a gozar de los auxilios otorgados a quienes formaron parte de las
FARC-EP, pues al desmovilizarse de las Autodefensas Unidas de Colombia, él
también aportó a la consecución de la paz. Por ende, consideró tener derecho al
90% del salario mínimo que perciben quienes se desmovilizaron en virtud del
Acuerdo de Paz.

Finalmente, expuso un marco teórico consistente en transcripciones alusivas a los
derechos al mínimo vital, igualdad, dignidad humana y libre desarrollo de la
personalidad.

4. Trámite e intervenciones

4.1. Mediante auto de auto de 26 de octubre de 2021, el Juzgado Trece
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga remitió el asunto al
Consejo de Estado, en virtud de las reglas de reparto consagradas en el
Decreto 333 de 2021 y en atención a que la tutela se dirigió contra la
Presidencia de la República.

4.2. El 21 de noviembre de 2021, mediante correo electrónico, el asunto se remitió
a la Secretaría del Consejo de Estado; y el 30 de noviembre la tutela pasó al
despacho de primera instancia para resolver sobre su admisión.

4.3. En auto de 2 de diciembre de 2021, el despacho ponente de primera instancia
admitió la acción de tutela interpuesta por Jhon Jairo Torres Mora contra la
Presidencia de la República, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la
Agencia para la Reincorporación y Normalización; dispuso notificar en calidad
de tercero a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz; y ordenó surtir las
notificaciones pertinentes.

4.4. El Departamento Administrativo de la Presidencia y la Presidencia de la
República informaron que, efectivamente, el actor perteneció al Bloque
Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia y que se desmovilizó
de manera colectiva el 31 de enero de 2006.

Asimismo, sostuvieron que el derecho de petición interpuesto por el tutelante
no se presentó ni ante el Departamento Administrativo ni ante la Presidencia.
Por lo cual, aseveraron no haber vulnerado los derechos fundamentales del
señor Torres. En todo caso, manifestaron que lo pretendido por el accionante
no está llamado a prosperar, ya que los beneficios concedidos a los ex

3 Índice 17.
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miembros de las FARC-EP fueron producto del Acuerdo de Paz, en el cual se
establecieron unas condiciones específicas entre las partes.

Agregaron que las pretensiones del demandante son ajenas a sus
competencias constitucionales. Por lo que consideraron que carecen de
legitimación en la causa por pasiva.

Por último, enfatizaron que el Presidente de la República y la Presidencia de
la República no son la misma persona, en la medida que, la primera
corresponde a la máxima autoridad administrativa de la Rama Ejecutiva y, la
segunda, a una entidad del orden nacional.

4.5. El Ministerio de Justicia y del Derecho explicó que, según el Título II del
Decreto 3011 de 2013, el procedimiento especial de Justicia y Paz se divide
en dos etapas, la administrativa y la judicial. La primera inicia con la solicitud
de postulación por parte del desmovilizado y culmina con la presentación del
Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, de las
listas de postulados ante la Fiscalía General de la Nación. La etapa judicial
inicia cuando esta última recibe las listas, fase en la cual, el ministerio no tiene
ningún tipo de intervención.

Puntualmente sobre el accionante, el ministerio informó que aquel ostenta la
condición de desmovilizado colectivo del Bloque Central Bolívar de las
Autodefensas Unidas de Colombia y que, el proceso de desmovilización se
realizó bajo el Decreto 3391 de 2006.

Asimismo, sostuvo que el 15 de enero de 2008 el ministerio radicó ante la
Fiscalía General de la Nación el Oficio OFI17-37657-GJP-0301, mediante el
cual formalizó la postulación del actor, a fin de acceder a los beneficios
jurídicos de la Ley 975 de 2005.

Por otra parte, informó que el 1° de julio de 2021 el accionante radicó ante el
ministerio un derecho de petición con el fin de se le extendieran los efectos de
una acción de tutela en la que se ordenó “una mayor asignación de recursos por
concepto de renta básica”. Solicitud trasladada por competencia a la Agencia
para la Reincorporación y la Normalización mediante Oficio MJD-OFI21-
0024202 de 7 de julio de 2021 y respondida al peticionario en Oficio MJD-
OFI21-0024269 de la misma fecha.

En virtud de lo anterior, aseveró que el ministerio no vulneró los derechos
fundamentales del actor, ya que brindó atención oportuna a la solicitud del
accionante. Y agregó que, en todo caso, los hechos relacionados en el escrito
de tutela escapan de su capacidad misional, ya que el asunto no se relaciona
con ninguno de los siguientes temas: ordenamiento jurídico, defensa y
seguridad jurídica, drogas, acceso a la justicia formal y alternativa, lucha contra
la criminalidad, mecanismos judiciales transicionales, prevención y control del
delito, asuntos carcelarios y penitenciarios, y promoción de la cultura de la
legalidad. Motivo por el cual concluyó que carece de legitimación en la causa
por pasiva.

4.6. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización explicó que su
labor se orienta a desarrollar actividades y programas para la reincorporación

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de los ex integrantes de las FARC-EP y demás desmovilizados de grupos
armados organizados al margen de la ley.

Seguido, informó que el 6 de febrero de 2006 el actor se desmovilizó
colectivamente del Bloque Central Sur de Bolívar de las Autodefensas Unidas
de Colombia; que a la fecha aquel está activo en el Proceso de Reintegración
Particular y Diferenciado de Justicia y Paz; y que, consecuentemente, está
accediendo a los beneficios sociales y económicos de dicho proceso. Con
todo, aclaró que esos beneficios no constituyen ingresos para la subsistencia
del tutelante, pues su finalidad es la de servir como incentivo para que el
participante adelante su proceso de reintegración.

A su vez, informó que mediante el Oficio OFI21-015647 de 9 de julio de 2021
dio respuesta a la petición presentada por el accionante, en la que aquel
solicitó la aplicación del fallo de tutela Nro. 2018-00004 2018-00008 proferido
por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Palmira (Valle).

Sostuvo que en la respuesta se le indicó al tutelante que no resultaba
procedente acceder a la solicitud, porque el fallo de tutela por él invocado fue
revocado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga en sentencia de
13 de febrero de 2019, radicado: 76520-31-04-003-2018-00033-01, por los
siguientes motivos:

“Conforme a lo anterior, no se puede predicar la vulneración del derecho fundamental
a la igualdad de los accionantes, pues al no ostentar la calidad de ex integrantes de las
FARC E-P, no les es dado exigir el mismo trato de parte del Estado, toda vez que las
condiciones de ambas desmovilizaciones fueron pactadas en momentos distintos, bajo
presupuestos diferentes. Esta Sala concluye que la decisión objeto de censura se debe
revocar en su totalidad, toda vez que, los integrantes de las autodefensas, que se
incorporaron a la Ley 975 de 2005. tienen su propio régimen, acorde con lo pactado
entre sus cabecillas y el Gobierno Nacional”4.

Por lo tanto, aseguró que no ha vulnerado los derechos fundamentales del
señor Torres Mora, ya que profirió respuesta a la petición del actor; y porque
hasta el momento le ha brindado tanto los beneficios establecidos en el
Proceso de Reintegración Particular y Diferenciado de Justicia y Paz, como el
debido acompañamiento en su proceso de adaptación.

De otra parte, explicó que en virtud del Acuerdo de Paz suscrito entre el
Gobierno Nacional y las FARC-EP, se expidió el Decreto Ley 899 de 2017 en
el que se convinieron una serie de beneficios a favor de los exintegrantes de
la FARC-EP, en materia de salud, protección social, proyectos productivos y
de vivienda, asignación única de normalización, renta básica y acceso al
sistema financiero.

En consecuencia, aseveró que según el Decreto Ley 899 de 2017 los únicos
destinatarios de esos beneficios socioeconómicos son “aquellas personas que se
desmovilizaron de las FARC-EP en virtud del Acuerdo y que fueron incluidos dentro de los
listados presentados por los representantes de las FARC-EP y acreditados por la Oficina del
Alto Comisionado para la Paz para ingresar al Proceso de Reincorporación”5.

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Así las cosas, indicó que la Ley de Justicia y Paz y el Acuerdo de Paz son
marcos normativos diferentes, cada una con sus particularidades y con
destinatarios específicos y diferenciados. Por ende, la entidad aseveró que al
accionante no se le ha vulnerado su derecho a la igualdad, pues:
“son claras las diferencias en la situación fáctica y jurídica entre los exintegrantes de las
FARC-EP que dejaron las armas en el marco del Acuerdo y las personas que se
desmovilizaron individual o colectivamente de cualquier Grupo Armado Organizado al
Marco de la Ley, por fuera de las condiciones del referido Acuerdo con las FARC-EP”
(…) Por lo anterior, (…) no pueden los desmovilizados de las AUC, como es el caso del
señor JHON JAIRO TORRES MORA, requerir un trato similar cuando pertenecen a
procesos de desmovilización distintos, reglamentados según lo acordado en cada
proceso de negociación, por lo que la Agencia para la Reincorporación y la
Normalización (ARN), no puede reconocer beneficios que no estén establecidos en las
normas, mucho menos hacer extensivos beneficios que fueron dispuestos para una
población específica, quedando claro que el accionante no está en la misma situación
que los desmovilizados de las FARC-EP que pertenecen al Proceso de
Reincorporación6.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19917, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico

De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala determinar si
en el caso se cumple con el requisito de subsidiariedad. En caso afirmativo, se
establecerá si las entidades demandadas vulneraron el derecho fundamental a la
igualdad del señor Jhon Jairo Torres Mora, en su calidad de desmovilizado de las
Autodefensas Unidas de Colombia, en razón a que no le otorgaron el beneficio
económico brindado a los exintegrantes desmovilizados de las FARC-EP,
consistente en el 90% del salario mínimo legal mensual vigente.

Es de precisar que, si bien en el escrito de tutela el actor mencionó varios derechos
fundamentales (puntualmente en las transcripciones de sentencias), la Sala
centrará el análisis en lo concerniente al derecho a la igualdad, pues las
inconformidades del tutelante realmente se circunscriben a ese último. Así lo deja
ver, no solo la pretensión formulada, sino los apartes del texto en que el actor
manifiesta su descontento con el beneficio económico brindado a los
desmovilizados de las FARC-EP en virtud del Acuerdo de Paz, que difieren del

6 Índice 17.
7 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.

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reconocido a los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia luego del
Proceso de Reintegración Particular y Diferenciado de Justicia y Paz.

3. El requisito de subsidiariedad en el caso concreto

3.1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los
requisitos generales de procedibilidad es el de subsidiariedad. Norma que
señala que la solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.” A su turno, el
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela es
improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La tesis de la Sección, expuesta en diversas sentencias8, consiste en que, por
regla general, cuando existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no
es procedente la acción de tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del
medio de defensa se definen en función del caso concreto, atendiendo a las
circunstancias en que se encuentra el solicitante y, además, dependen de la
existencia o no de un perjuicio irremediable.

Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991 dan la posibilidad
al juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y
determinar si la acción es procedente, o si por el contrario, existen otros
medios que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.

3.2. El tutelante, invocando su calidad de desmovilizado de las Autodefensas
Unidas de Colombia del Bloque Central Bolívar bajo la Ley de Justicia y Paz,
solicitó a la Agencia de Reintegración y Normalización y al Ministerio de
Justicia y del Derecho que en igualdad de condiciones se le entregara la renta
básica destinada para los desmovilizados de las FARC-EP que se acogieron
al Acuerdo de Paz. Y si bien los términos exactos de la petición aludieron a la
extensión de los efectos de un fallo de tutela, lo materialmente perseguido por
el actor con la presentación de tal solicitud era el pago en iguales condiciones
de la renta básica mencionada, pues esa providencia, justamente, ordenaba
la cancelación de ese beneficio para ex combatientes desmovilizados en virtud
de procesos diferentes al Acuerdo de Paz.

Por su parte, mediante Oficio OFI21-015647/IDM 112000 de 9 de julio de 2021,
la Agencia de Reintegración y Normalización le informó al tutelante que no
podía acceder a su solicitud porque “dicha sentencia fue objeto de impugnación ante
el Tribunal Superior de Distrito judicial de Buga – Sala Penal en Sede Constitucional, Autoridad
que determinó negar la solicitud de amparo…”.

Ahora, si bien, en principio, el actor podría cuestionar el Oficio OFI21-
015647/IDM 112000 de 9 de julio de 2021, mediante el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contemplado en el artículo 138 de la

8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección cuarta. Sentencia del 24 de octubre de
2019. Radicación No. 11001-03-15-000-2019-00429-01. M.P. Milton Chávez García; sentencia del 2 de
octubre de 2019. Radicación No. 20001-23-33-000-2019-00185-0. M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto;
Sentencia del 25 de septiembre de 2019. Radicación 11001-03-15-000-2019-03851-00. M.P. Julio Roberto
Piza; Sentencia del 12 de septiembre de 2019. Radicación 11001-03-15-000-2019-03851-00. M.P. Jorge
Octavio Ramírez R.

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Ley 1437 de 20113, por tratarse del mecanismo previsto para cuestionar actos
administrativos de carácter particular y concreto, lo cierto es que no resulta
ser eficaz en el caso objeto de estudio. En este punto, es importante resaltar
que la Corte Constitucional4 ha precisado que, pese a la existencia de otro
medio de defensa judicial, si en el caso concreto se evidencia que el mismo
no es idóneo o eficaz, la acción de tutela es procedente como mecanismo
principal.

En el sub lite, el señor Torres Mora solicita que en aplicación del artículo 13 de
la Constitución Política, y como desmovilizado de las Autodefensas Unidas de
Colombia del Bloque Central Bolívar, se le “conceda en igualdad de condiciones la
ayuda económica del 90% del salario mínimo igual que a la guerrilla de las FARC-EP…”,
refiriéndose a la renta básica otorgada a los desmovilizados de las FARC-EP,
pero como puede verse, en términos generales, el actor no cuestiona la
legalidad del Oficio OFI21-015647/IDM 112000 de 9 de julio de 2021,
emitido por la Agencia de Reintegración y Normalización, sino que plantea
una discusión en torno al derecho a la igualdad, que estima conculcado en
razón del tratamiento diferenciado que se le da como desmovilizado de las
AUC, respecto de los desmovilizados de las FARC-EP, concretamente en lo
que tiene que ver con la renta básica otorgada a los últimos, en razón del
Acuerdo de Paz.

Así las cosas, y como se invoca el desconocimiento del derecho a la igualdad,
sin cuestionar la legalidad de un acto administrativo en concreto, la acción de
tutela resulta ser el mecanismo idóneo y eficaz. Máxime si se tiene en cuenta
que, la decisión negativa de la Agencia de Reintegración y Normalización a la
petición del actor, obedeció a que el fallo de tutela por él invocado fue revocado
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga en sentencia de 13 de
febrero de 2019, de allí que en el eventual caso de anularse dicho acto
administrativo, de todas maneras el actor no obtendría el restablecimiento del
derecho esperado, lo que pone en evidencia que la acción de tutela es el
mecanismo para analizar el debate que se propone.

Siendo así, la Sala concluye que la presente acción de tutela cumple con el
requisito de subsidiariedad.

4. Derecho fundamental a la igualdad

4.1. El artículo 13 de la Constitución Política establece que “Todas las personas nacen
libres e iguales ante la ley (…) sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”.

De este precepto surge la primera acepción del mandato de igualdad,
conocida como igualdad formal. Esta alude a que la ley debe ser aplicada de
la misma forma a todas las personas y que está prohibido incurrir en actos
discriminatorios por alguno de los criterios enlistados en el mencionado
artículo9.

Según la Corte Constitucional un acto discriminatorio se origina,
generalmente, en criterios sospechosos tales como el sexo, el género, la raza,
entre otros. Estas categorías constituyen rasgos de los que las personas no

9 Corte Constitucional. Sentencia C-038 de 2021.
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se pueden despojar e históricamente han sido utilizadas para perpetuar
situaciones de discriminación.

El artículo 13 constitucional consagra una segunda faceta denominada como
igualdad material, que se refiere al reconocimiento de que en la realidad
existen desigualdades entre distintos grupos sociales. Por ende, es deber del
Estado colombiano dar un trato especial y favorable a las personas y grupos
vulnerables de la sociedad, a fin de reducir la brecha que los separa. Así, bajo
esta óptica de la igualdad, es necesaria la adopción de medidas que
garanticen un punto de partida equitativo entre los ciudadanos10.

Además de estas dos acepciones (igualdad formal y material), la Corte
Constitucional ha explicado que la igualdad tiene un triple rol en el
ordenamiento constitucional: como valor, como principio y propiamente como
derecho. Así lo explica dicho tribunal:

“En tanto valor, la igualdad es una norma que fija fines o propósitos, cuya realización
es exigible a todas las autoridades públicas en el desarrollo de su labor de concreción
de los textos constitucionales. En su rol de principio, se ha considerado que dicha
garantía opera como un mandato de optimización que dispone un deber ser específico,
que admite su incorporación en reglas concretas derivadas del ejercicio de la función
legislativa o que habilita su uso como herramienta en la resolución de controversias
sometidas a la decisión de los jueces. Finalmente, como derecho se manifiesta en una
facultad subjetiva que impone deberes de abstención –como la prohibición de
discriminación o de tratos desiguales no justificados–, al mismo tiempo que exige
obligaciones puntuales de acción, como ocurre con la consagración de tratos
favorables para grupos puestos en situación de debilidad manifiesta”11.

Teniendo en cuenta que el artículo 13 constitucional ordena la aplicación de
la ley de forma igualitaria entre el conglomerado social, pero al tiempo
reconoce la existencia de circunstancias diferenciadoras entre los ciudadanos,
no siempre es una labor sencilla determinar la transgresión del artículo 13
constitucional. Es por esto por lo que la Corte Constitucional ha establecido
mandatos que pueden facilitar la resolución de un asunto, tal como los
siguientes:
“(a) el de dar el mismo trato a situaciones de hecho idénticas; (b) el de dar un trato
diferente a situaciones de hecho que no tienen ningún elemento en común; (c) el de
dar un trato paritario o semejante a situaciones de hecho que presenten similitudes y
diferencias, cuando las primeras sean más relevantes que las segundas; y (d) el de dar
un trato diferente a situaciones de hecho que presenten similitudes y diferencias,
cuando las segundas sean más relevantes que las primeras ”12.

4.2. Con todo, determinar que una norma, medida o circunstancia es lesiva al
artículo 13 constitucional puede resultar una tarea compleja. Esto como
respuesta a las diferentes acepciones de igualdad en el ordenamiento
constitucional colombiano, a su triple rol en el ordenamiento y a los mandatos
que se desprenden de la noción de igualdad.

Por ende, para abordar esa tarea, la jurisprudencia constitucional ha acudido
a diversas metodologías de interpretación, cuyo objeto es brindar criterios que
permitan determinar si se transgredió la igualdad.

10 Corte Constitucional. Sentencia C-220 de 2017.
11 Corte Constitucional. Sentencia SU-150 de 2021.
12 Corte Constitucional. Sentencia SU-150 de 2021.
9

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En un primer momento, la Corte Constitucional empleó el denominado juicio
de igualdad, el cual combinaba “las ventajas del análisis de proporcionalidad de la
tradición europea y de los test de distinta intensidad estadounidenses”13.

Posteriormente, la Corte cambió la denominación de dicha metodología de
análisis y la tituló como juicio o test integrado de igualdad, cuya finalidad
es: (i) identificar el tertium comparationis o criterio de comparación; (ii) definir
si, desde la perspectiva fáctica y jurídica, existe tratamiento desigual entre
iguales o igual entre desiguales y (iii) establecer si el tratamiento distinto está
constitucionalmente justificado, es decir, si las situaciones objeto de
comparación ameritan, a la luz de la Constitución, un trato diferente o deben
ser tratadas de un modo semejante14.

El juicio integrado de igualdad se compone de dos etapas: en la primera se
identifica el patrón de igualdad o criterio de comparación (también
llamado tertium comparationis), faceta en la cual se busca determinar si los
supuestos fácticos son susceptibles de comparación y si se trata de sujetos o
situaciones que son cotejables15. En esta primera fase se precisa establecer,
por tanto, “si la medida examinada trata de manera igual situaciones que han de ser tratadas
de modo distinto o trata de manera diferente situaciones que han de ser tratadas de modo
igual”16.

Si se concluye que son comparables, se procede al segundo estadio de
análisis, cuyo objetivo es determinar si el trato diferenciado se justifica desde
el punto de vista constitucional, esto es, “si los supuestos objeto de análisis ameritan
un trato diferente a partir de los mandatos consagrados en la Constitución Política” 17. Este
análisis supone valorar las razones o motivos en los que se sustenta la medida
objeto de examen, para lo cual se evalúa el fin buscado por la disposición o
medida supuestamente discriminatoria, el medio empleado y la relación entre
los medios y los fines18.

5. Análisis del caso concreto

5.1. Tal como se desprende de los antecedentes, el tutelante, quien perteneció a
las Autodefensas Unidas de Colombia y se desmovilizó bajo la Ley 975 de
2005, considera vulnerado su derecho a la igualdad, debido a que no se
accedió a su solicitud de recibir el beneficio económico consistente en el 90%
del salario mínimo, otorgado a los desmovilizados de las FARC-EP.

Como se explicó en el acápite anterior, independientemente de la metodología
que se escoja para determinar si una norma o medida transgrede el mandato
de igualdad, la Corte Constitucional ha establecido que se debe determinar,
como primera faceta de análisis, si los supuestos fácticos son susceptibles de
comparación (en términos de dicho tribunal tertium comparationis).

Justamente, en atención a ese primer criterio de estudio, la Sala considera que
en el caso no se vulnera el derecho a la igualdad del actor, debido a que los
supuestos fácticos no son susceptibles de comparación, pues se trata de dos

13 Corte Constitucional. Sentencia C-038 de 2021.
14 Corte Constitucional. Sentencia C-038 de 2021.
15 Corte Constitucional. Sentencia C-038 de 2021.
16 Corte Constitucional. Sentencia C-038 de 2021.
17 Corte Constitucional. Sentencia C-104 de 2016.
18 Corte Constitucional. Sentencia C-038 de 2021.
10

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procesos de dejación de armas, producto de negociaciones diferentes y por
ende con acuerdos distintos entre sí.

5.2. Por ende, aunque pueden existir semejanzas, en tanto que ambos
involucraron la desmovilización de actores pertenecientes a grupos al margen
de la ley, en criterio de la Sala son más los aspectos que distancian el proceso
de dejación de armas de las Autodefensas Unidas de Colombia y el llevado a
cabo con las FARC-EP. Y justamente, dadas las particularidades de cada
modelo, las herramientas de reincorporación a la vida económica y social de
quienes se desmovilizaron también son disímiles.

Aunque la Ley 975 de 2005 no especificó las formas para garantizar la
reincorporación de los ex miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia,
en el Decreto 3011 de 2013, que reglamentó dicha norma, se indicó que “ La
Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas mediante
resolución de carácter general, definirá los requisitos, características, condiciones y
obligaciones, del proceso de reintegración de los postulados a la Ley 975 de 2005”19.

En virtud de ese último mandato, tal ente expidió la Resolución 1724 de 2014
en la que se fijaron los beneficios sociales y económicos de quienes se
desmovilizaron bajo la Ley 975 de 2005.

Puntualmente, el artículo 22 de esta última estableció un desembolso
económico como herramienta para facilitar la reintegración, condicionado al
cumplimiento del 100% de los compromisos adquiridos por el desmovilizado.
Norma modificada posteriormente por el artículo 12 de la Resolución 1962
de 2018, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 22. DESEMBOLSOS DEL APOYO ECONÓMICO A LA
REINTEGRACIÓN. La persona en Proceso de Reintegración Especial de Justicia y Paz
podrá recibir mensualmente la suma de ciento sesenta mil pesos ($160.000) por el
cumplimiento de los compromisos en cada uno de los beneficios relacionados en el
artículo 21 de la presente resolución, de acuerdo a los objetivos y logros acordados en
su plan de trabajo, sin que el valor a desembolsar supere la suma de cuatrocientos
ochenta mil pesos ($480.000) mensuales. (…)
PARÁGRAFO 1.- La persona en Proceso de Reintegración Especial de Justicia y Paz,
durante el periodo de Estabilización y Caracterización, podrá recibir el Apoyo
Económico a la Reintegración de la siguiente manera:
La persona desmovilizada postulada a la Ley de Justicia y Paz recibirá al momento de
su ingreso al Proceso de Reintegración Especial de Justicia y Paz, durante los dos (2)
primeros meses, la suma de cuatrocientos mil pesos ($400.000). Adicionalmente en el
primer mes y por única vez se recibirá por concepto de menaje la suma de doscientos
mil pesos ($200.000).
La persona en Proceso de Reintegración Especial de Justicia y Paz podrá recibir
mensualmente durante los siguientes diez (10) meses del periodo de Estabilización y
Caracterización, la suma de cuatrocientos ochenta mil pesos ($480.000), previo
cumplimiento del cien por ciento (100%) de los compromisos definidos en su plan de
trabajo.
La persona en Proceso de Reintegración Especial de Justicia y Paz, que haya recibido
en cualquier momento algún beneficio económico por concepto de menaje, solo recibirá
durante los dos (2) primeros meses de su ingreso al Proceso de Reintegración Especial
de Justicia y Paz la suma de cuatrocientos mil pesos ($400.000), por cada mes.
PARÁGRAFO 2. La Persona en Proceso de Reintegración Especial de Justicia y Paz,
que esté adelantando programas de formación académica hasta el nivel media o media

19 Decreto 3011 de 2013. Artículo 95. Parágrafo.
11

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vocacional, se le podrá reconocer mensualmente, por concepto de las asistencias a
este beneficio a partir de la expedición de la presente modificación, la suma de
trescientos veinte mil pesos ($320.000) hasta por los doce (12) primeros meses del
periodo de Ruta de Reintegración con Eje Reconciliador, previo cumplimiento del cien
por ciento (100%) de los compromisos definidos en su plan de trabajo.
La persona que a la fecha de entrada en vigencia de la presente modificación se
encuentre dentro de los doce (12) primeros meses del periodo de Ruta de Reintegración
con Eje Reconciliador, podrá acceder a este desembolso, únicamente por el tiempo
restante para completar el término señalado en el presente parágrafo, previo
cumplimiento del cien por ciento (100%) de los compromisos definidos en su plan de
trabajo.
Finalizados los primeros doce (12) meses del periodo de Ruta de Reintegración con Eje
Reconciliador, el Apoyo Económico a la Reintegración se reconocerá conforme lo
parámetros definidos en el primer inciso del presente artículo.
PARÁGRAFO 3. La persona en Proceso de Reintegración Especial de Justicia y Paz,
que acredite su título de bachiller, y esté adelantando programas de formación para el
trabajo, se le podrá reconocer por concepto del Beneficio de Formación para el Trabajo,
el valor de trescientos veinte mil pesos ($320.000), como apoyo económico a la
Reintegración, previo cumplimiento del 100% de los compromisos definidos en su plan
de trabajo.
PARÁGRAFO 4. La persona en Proceso de Reintegración Especial de Justicia y Paz,
que ingrese o curse programas de educación superior y cumpla con los requisitos del
programa académico, se le podrá reconocer por concepto de Apoyo Económico a la
Reintegración el valor de cuatrocientos ochenta mil pesos ($480.000), previo
cumplimiento del 100% de los compromisos definidos en su plan de trabajo.
PARÁGRAFO 5. La persona en Proceso de Reintegración Especial de Justicia y Paz
cuya ruta de reintegración, tenga un acompañamiento psicosocial con componente
específico por discapacidad física, sensorial, mental psicosocial no asociada a
conductas adictivas, múltiple y cognitiva, adulto mayor y/o enfermedades de alto costo,
podrá recibir por concepto de Apoyo Económico a la Reintegración el valor de
cuatrocientos ochenta mil pesos ($480.000), por un periodo de hasta 72 meses
contados a partir de la fecha de finalización de la etapa de Estabilización, siempre y
cuando esté cumpliendo con el 100% de los compromisos definidos de su plan de
trabajo. Superado este período, el beneficio se seguirá prestando sin que cause apoyo
económico conforme a su ruta de reintegración.
PARÁGRAFO 6. La persona en Proceso de Reintegración Especial de Justicia y Paz
podrá renunciar voluntariamente a recibir el Apoyo Económico a la Reintegración, lo
cual informará de manera escrita a la Agencia para la Reincorporación y la
Normalización.
PARÁGRAFO 7. El Apoyo Económico a la Reintegración se podrá otorgar hasta por el
término máximo de siete (7) años, bajo las condiciones establecidas en la presente
resolución.”

5.3. Por su parte, en el Acuerdo de Paz se estableció, como garantía para la
reincorporación económica y social, el otorgamiento de una renta básica
durante 24 meses “equivalente a 90% del SMMLV, siempre y cuando no tengan un
vínculo contractual que les genere ingresos”20.

Asimismo, en dicho instrumento se ordenó que “Con posterioridad a este término,
se otorgará una asignación mensual de acuerdo con la normatividad que se expida para ese
efecto y no menor a la que haya estado vigente siempre y cuando el beneficiario acredite que
ha continuado su ruta educativa en función de los propósitos de reincorporación ”21. Pacto
materializado en el artículo 8 del Decreto 899 de 2017:

20 Acuerdo de Paz. Página 75.
21 Acuerdo de Paz. Página 75.
12

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“Artículo 8. Renta Básica. La renta básica es un beneficio económico que se
otorgará a cada uno de los integrantes de las FARC-EP, una vez surtido el proceso
de acreditación y tránsito a la legalidad y a partir de la terminación de las Zonas
Veredales Transitorias de Normalización y durante veinticuatro (24) meses, siempre
y cuando no tengan un vínculo contractual, laboral, legal y reglamentario, o un
contrato de cualquier naturaleza que les genere ingresos. Este beneficio económico
equivaldrá al 90% del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente en el momento de su
reconocimiento.
Una vez cumplidos los 24 meses anteriormente señalados, se otorgará una
asignación mensual equivalente al 90% del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente,
siempre y cuando el beneficiario acredite que ha continuado su ruta educativa en
función de los propósitos de reincorporación y que no obtiene recursos derivados
de un vínculo contractual, laboral, legal y reglamentario, o de un contrato de
cualquier naturaleza que le genere ingresos. Los términos y condiciones para el
reconocimiento de este beneficio serán establecidos por el Gobierno Nacional de
acuerdo con las recomendaciones que realice el CNR.
Parágrafo. Para aquellos integrantes de las FARC-EP privados de la libertad que
sean beneficiados con indulto o amnistía, en el marco del Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, el
desembolso de la renta básica se realizará a partir del mes siguiente de aquel en
que recupere su libertad y una vez se realicen los trámites administrativos
correspondientes”.

Esta norma fue declarada constitucional mediante la Sentencia C-569 de
2017, en la que se explicó que la renta básica se condiciona a que el
beneficiario carezca de ingresos económicos y al cumplimiento de una serie
de requisitos.

Lo anterior deja ver una verdad de perogrullo: la ayuda económica dada en los
dos modelos fue regulada de formas diferentes. Circunstancia que para la Sala
no implica la vulneración al mandato de igualdad consagrado en el artículo 13
constitucional, pues como se mencionó previamente, los dos esquemas de
dejación de armas y justicia transicional no son equiparables entre sí. Aunque
ambos buscaron el cese del conflicto armado mediante la rendición y
reincorporación de ciertos actores a la sociedad, sus particularidades son más
que sus puntos de unión.

5.4. En consecuencia, para la Sala no se cumple con el primer requisito establecido
por la Corte Constitucional, para determinar si una norma o medida
institucional vulnera o no el derecho a la igualdad. Este alude a establecer “si
los supuestos fácticos son susceptibles de comparación y si se trata de sujetos o situaciones
que, bajo el criterio de comparación identificado, son cotejables”22 o en términos de la
Corte Constitucional tertium comparationis.

Por consiguiente, al tratarse de concepciones opuestas, no hay lugar a
concluir que las diferencias normativas, como lo es la manera en que se
regularon las ayudas económicas para propiciar la reincorporación de los
desmovilizados implica un trato que atenta contra la Constitución Política.

En consecuencia, se considera que el no haber accedido a la solicitud del
actor tendiente a que se le entregara la renta básica de la cual son
beneficiarios quienes se acogieron al Acuerdo de Paz no implica vulneración
al derecho a la igualdad del tutelante.

22 Corte Constitucional. Sentencia C-038 de 2021.
13

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Finalmente, debe recordarse que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, se debe “dar un trato diferente a situaciones de hecho que presenten
similitudes y diferencias, cuando las segundas sean más relevantes que las primeras”23.

6. Conclusión

Por las razones expuestas, la Sala negará las pretensiones del señor Jhon Jairo
Torres Mora, desmovilizado bajo la Ley de Justicia y Paz, por encontrar que la
negativa en el otorgamiento de la renta básica establecida para los desmovilizados
de las FARC-EP prevista en el Acuerdo de Paz no significa una transgresión al
derecho a la igualdad del actor.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar las pretensiones formuladas por el señor Jhon Jairo Torres Mora, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada, enviarla a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

23 Corte Constitucional. Sentencia SU-150 de 2021.
14

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