Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10407-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2021-10407-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10407-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-10407-00
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
24 de enero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de enero de dos mil veintidós (2022)
Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2021-10407-001
Actores : Arcadio Restrepo Arce y Rosalba Velásquez Acuña,
quienes actúan en nombre propio y en representación de
sus menores hijos Luis, Natalia, Mariana, Sandra y Juan
Carlos Restrepo Velásquez
Demandados : Magistrados de la sala segunda de decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia
Tema : Tutela contra providencia judicial; derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la
administración de justicia, reparación integral y dignidad
humana
Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del
trámite relacionado con la acción de tutela incoada por los señores Arcadio
Restrepo Arce y Rosalba Velásquez Acuña, quienes actúan en nombre propio
y en representación de sus menores hijos Luis, Natalia, Mariana, Sandra y
Juan Carlos Restrepo Velásquez, contra los señores magistrados de la sala
segunda de decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, por la
presunta vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales al
debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia, reparación
integral y dignidad humana.
I. ANTECEDENTES
1.1 La solicitud de amparo. Los señores Arcadio Restrepo Arce y Rosalba
Velásquez Acuña, quienes actúan en nombre propio y en representación de
sus menores hijos Luis, Natalia, Mariana, Sandra y Juan Carlos Restrepo
Velásquez, por conducto de apoderado, presentan acción de tutela con el fin
de obtener la protección de las garantías superiores a las que se hizo
referencia, presuntamente quebrantadas por los señores magistrados de la sala
segunda de decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.
Como consecuencia de lo anterior, pide se deje sin efectos el fallo de 21 de
mayo de 2021, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Antioquia (sala
1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10407-00
Actores: Arcadio Restrepo Arce y otros
segunda de decisión) revocó el de 9 de agosto de 2016, con el que el Juzgado
Veintiséis (26) Administrativo de Medellín accedió parcialmente a las
pretensiones del medio de control de reparación directa promovido contra la
Nación – Ministerios del Interior y de Defensa Nacional – Policía y Ejército
Nacional Nacional (expediente 05001-33-33-026-2012-00383-00), para negar
las súplicas allí formuladas y disponer que se envíe copia de la decisión a la
Dirección de Acción Integral contra Minas Antipersona, con el fin de que le
preste la debida atención al señor Arcadio Restrepo Rico; en su lugar, se
ordene a las autoridades accionadas emitir una nueva providencia que atienda
el ordenamiento jurídico.
1.2 Hechos. Relatan los accionantes que son integrantes de la comunidad
indígena Embera Katío, habitan en el cabildo Gito Dokabu (ubicado en el
municipio Pueblo Rico [Risaralda]) y en el 20122 «un reclutador» le propuso
al señor Arcadio Restrepo Arce (esposo de la señora Rosalba Velásquez
Acuña y padre de los menores Luis, Natalia, Mariana, Sandra y Juan Carlos
Restrepo Velásquez), desempeñarse como erradicador de cultivos ilícitos, lo
cual aceptó dadas las condiciones de pobreza en las que se encontraban.
Que miembros del Ejército Nacional llevaron al señor Restrepo Arce al área
rural de Briceño (Antioquia), «donde había más minas que personas», y el 3
de abril de 2012, durante el desarrollo de las actividades para las que fue
contratado y luego de que efectivos de la referida institución le indicaran que
el lugar «estaba asegurado», se activó un artefacto explosivo que le causó la
amputación de su pierna derecha, por lo que se le dictaminó una pérdida de su
capacidad laboral del 42.08%.
Dicen que promovieron demanda de reparación directa contra la Nación –
Ministerios del Interior y de Defensa Nacional – Policía y Ejército Nacional
(expediente 05001-33-33-026-2012-00383-00), con el propósito de que se les
declarara administrativamente responsables de los perjuicios que les produjo
el hecho enunciado en precedencia, causado, a su juicio, por una falla del
servicio, y se les ordenara concederles la correspondiente compensación
monetaria; proceso del que conoció el Juzgado Veintiséis (26) Administrativo
de Medellín, que el 9 de agosto de 2016 accedió a las referidas pretensiones,
en cuanto a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional,
en razón a que la víctima fue sometida a riesgos adicionales a los que están
2
No determinan la fecha.
2
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10407-00
Actores: Arcadio Restrepo Arce y otros
sujetos los ciudadanos del común y no se adoptaron medidas de protección
orientadas a evitar el siniestro.
Que contra la anterior decisión las partes interpusieron recursos de apelación;
la demandante, porque el monto de la indemnización debió ser mayor y
también resultaba imperioso condenar al Ministerio del Interior; y la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, por cuanto (i) el hecho
dañoso se produjo en cumplimiento de un contrato de trabajo que el afectado
aceptó libre y voluntariamente, de ahí que fuera calificado como un accidente
laboral por la «Junta Regional de Antioquia», y (ii) los uniformados
encargados de garantizar la seguridad de los erradicadores, atendieron los
respectivos protocolos antes de iniciar la intervención en los cultivos ilícitos.
Sostienen que las precitadas alzadas fueron desatadas el 21 de mayo de 2021
por el Tribunal Administrativo de Antioquia (sala segunda de decisión), en el
sentido de revocar la sentencia de primera instancia, para en su lugar negar las
súplicas ordinarias y ordenar enviar copia de la decisión a la Dirección de
Acción Integral contra Minas Antipersona (para que asistiera a la víctima), al
considerar que el daño antijurídico no le era atribuible a la Administración,
puesto que se produjo en atención a una relación laboral con la empresa
Empleamos S. A. y es esta, en condición de empleadora, la encargada de
asumir las consecuencias adversas de lo sucedido el 3 de abril de 2012.
Además, (i) la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que para
comprometer el erario en acontecimientos como el que derivó en el aludido
proceso, es necesario demostrar que la mina antipersona fue plantada por
miembros de la fuerza pública o estuvo dirigida contra ellos, presupuestos que
no se evidenciaban en la controversia; y (ii) no era dable aplicar el título de
imputación de riesgo excepcional, habida cuenta que el Ejército Nacional no
puso en una situación de vulnerabilidad al afectado, sino que este lo hizo
voluntariamente.
Que la sentencia reprochada adolece de defecto fáctico, comoquiera que no
analizó de manera integral los elementos de convicción obrantes en el
expediente 05001-33-33-026-2012-00383-00, los cuales acreditaban que el
Ejército Nacional no cumplió su tarea de inspeccionar en debida forma el sitio
en el que ocurrió el siniestro antes de que el señor Arcadio Restrepo Arce
ingresara a ejecutar la erradicación, omisión que se demuestra con los
informes «del coordinador zonal» (en los que se consigna que el artefacto
estaba amarrado «a una mata» y no enterrado) y de la Administradora de
3
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10407-00
Actores: Arcadio Restrepo Arce y otros
Riesgos laborales (ARL) Positiva Compañía de Seguros S. A. (en el que se
indicó que la explosión se produjo luego de jalar una planta).
Afirman que tampoco se tuvo en cuenta que en el contrato de prestación de
servicios suscrito entre el Estado y la empresa Empleamos S. A., ni en el de
trabajo celebrado entre esta y el señor Restrepo Arce, se especificó que la
labor contratada consistía en erradicar cultivos ilícitos, por ende, no era
posible que él supiera que la zona donde iba a laborar estaba minada,
circunstancia de la que se colige que falta a la verdad la aseveración de que se
sometió voluntariamente al peligro.
Que la providencia cuestionada también incurre en desconocimiento del
precedente, puesto que desatiende el criterio jurisprudencial del Consejo de
Estado3, según el cual es dable decidir conforme al título de imputación de
responsabilidad extracontractual de riesgo excepcional un asunto como el
discutido en el proceso 05001-33-33-026-2012-00383-00, dado que el hecho
dañoso aconteció mientras que el señor Arcadio Restrepo Arce ejecutaba una
actividad insegura que le compete a la Administración, como lo es combatir el
narcotráfico.
Agregan que el fallo enjuiciado desconoce directamente la Constitución
Política, pues no atendió los principios de (i) riesgo previsible y evitable,
sobre el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que se
configura cuando existen situaciones de inseguridad (erradicación de cultivos
ilícitos) sobre un grupo de individuos (erradicadores) y el Estado, a pesar de
estar en la capacidad de prevenir un daño, no lo hace, lo que compromete su
responsabilidad patrimonial; (ii) distinción, que impide utilizar a indígenas en
tareas relacionadas con el conflicto armado, conforme lo establece también el
convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
II. TRÁMITE PROCESAL
Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a
través de auto de 2 de diciembre de 2021, admitió la presente acción, ordenó
notificar a los señores magistrados de la sala segunda de decisión del Tribunal
3
Sentencias de: (i) 18 de mayo de 2017, C. P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente 11001-03-15-000-
2017-00231-00; (ii) 21 de noviembre de 2018, C. P. Ramiro Pazos Guerrero, expediente 50001-23-31-000-
2007-00322-01; (iii) 26 de noviembre de 2020, C. P. Julio Roberto Piza Rodríguez, expediente 11001-03-15-
000-2020-03457-01; (iv) 10 de febrero de 2021, C. P. Ramiro Pazos Guerrero, expediente 50001-23-31-000-
2006-00937-01; y (v) 10 de febrero de 2021, C. P. Ramiro Pazos Guerrero, expediente 05001-23-31-000-
2010-00511-01.
4
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10407-00
Actores: Arcadio Restrepo Arce y otros
Administrativo de Antioquia y dispuso vincular a los señores Ministros de
Defensa Nacional y del Interior y secretario general de la Policía Nacional, en
los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
2.1 Contestaciones de la acción.
2.1.1 El señor Ministro del Interior, por conducto de la señora jefe de la
oficina asesora jurídica del organismo que regenta, afirma que carece de
legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que no tuvo incidencia
alguna en el siniestro discutido en el proceso de reparación directa 05001-33-
33-026-2012-00383-00 y aunque sus funciones están orientadas a
salvaguardar las prerrogativas de las comunidades indígenas, no comprende la
de asumir la carga monetaria que genere un accidente de trabajo, como el que
sufrió el señor Arcadio Restrepo Arce.
Que la acción de la referencia resulta improcedente, toda vez que no satisface
el requisito de subsidiariedad, por cuanto el sistema normativo prevé otros
mecanismos judiciales4 orientados a obtener la protección de los derechos
constitucionales fundamentales invocados por los tutelantes.
2.1.2 El señor secretario general de la Policía Nacional, a través del señor jefe
del grupo de asuntos jurídicos de la dependencia que dirige, sostiene que no le
asiste interés en el presente trámite, habida cuenta que las pretensiones de los
accionantes atañen a una providencia que no emitió, entre otras cosas, porque
no tiene competencia para ello, circunstancia por la que no es dable atribuirle
desconocimiento de preceptos constitucionales.
Que los elementos de convicción adosados al expediente 05001-33-33-026-
2012-00383-00 demuestran que la erradicación del área donde se presentó la
explosión que afectó al señor Arcadio Restrepo Arce, estaba a cargo del
Ejército Nacional, en consecuencia, es esta institución la llamada a resarcir
los deterioros causados por ese suceso.
2.1.3 Los señores magistrados de la sala segunda de decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia, por intermedio de la ponente de la sentencia
enjuiciada, piden negar el amparo deprecado, por cuanto analizaron en debida
forma las pruebas obrantes en el proceso de reparación directa, en especial,
los contratos de (i) prestación de servicios suscrito entre la Agencia
4
No determina cuáles.
5
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10407-00
Actores: Arcadio Restrepo Arce y otros
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Fondo de
Inversión para la Paz y la empresa Empleamos S. A., en el que se pactó que
esta asumiría las cargas laborales por emplear a los erradicadores, y (ii) de
trabajo que celebraron esta y el señor Restrepo Arce, en el que se consignó
que adelantaría erradicación manual de cultivos ilícitos.
Que la sentencia reprochada se dictó en atención al fallo de unificación de 7
de marzo de 2018 del Consejo de Estado, en el que se indicó que solo había
lugar a declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración por
daños causados por minas antipersona, cuando se acredite que estaban
dirigidas contra miembros de la fuerza pública o fueron estos quienes las
instalaron, presupuestos que al no colmarse en las diligencias ordinarias
derivaron en que se negaran las súplicas allí formuladas.
Aseveran que el señor Restrepo Arce suscribió el contrato de trabajo con la
empresa Empleamos S. A. de manera voluntaria, por lo que su participación
en la erradicación de cultivos ilícitos no involucra desconocimiento del
principio de distinción. Adicionalmente, aunque ejecutaba una labor peligrosa
como erradicador, las consecuencias adversas que desencadenó no le son
imputables a la Administración.
2.1.4 El señor Ministro de Defensa Nacional guardó silencio en la
oportunidad prevista para el efecto.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Corresponde a esta Corporación, en virtud de las reglas de
reparto de la acción de tutela, previstas en los Decretos 1382 de 2000 y 1983
de 2017, determinar si en el presente caso hay lugar al amparo deprecado por
los accionantes, quienes aducen quebranto de sus derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de
justicia, reparación integral y dignidad humana.
3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de
la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992,
1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera
que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
6
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10407-00
Actores: Arcadio Restrepo Arce y otros
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la
tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional
fundamental que pueda comportar la sentencia de 21 de mayo de 2021, por
cuyo conducto el Tribunal Administrativo de Antioquia (sala segunda de
decisión) revocó la de 9 de agosto de 2016, con la que el Juzgado Veintiséis
(26) Administrativo de Medellín accedió parcialmente a las pretensiones del
medio de control de reparación directa promovido por los tutelantes contra la
Nación – Ministerios del Interior y de Defensa Nacional – Policía y Ejército
Nacional (expediente 05001-33-33-026-2012-00383-00), para negar las
súplicas allí formuladas y ordenar el envío de copia de la decisión a la
Dirección de Acción Integral contra Minas Antipersona, con el fin de que
asista al señor Arcadio Restrepo Arce; y en caso afirmativo, si se han
vulnerado las garantías superiores al debido proceso, igualdad, acceso a la
administración de justicia, reparación integral y dignidad humana invocadas
en la solicitud de amparo.
3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate
jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que
declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la
amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en
sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en
apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de
hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y
desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la
acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el
reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la
administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos
fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia
fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura
7
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10407-00
Actores: Arcadio Restrepo Arce y otros
cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos
protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión
controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii)
defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de
sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el
que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del
proceso establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de
unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las
cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional
destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de
manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos
porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora. (v) Que el actor identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial
siempre que esto hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de sentencias de
8
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10407-00
Actores: Arcadio Restrepo Arce y otros
tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.
Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta
procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de
competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto
fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto
material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo
adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante
del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la
Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de
vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una
burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan
derechos fundamentales.
Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo
del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales5, rectificó su
5
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-
administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2)
31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P.
Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de
9
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10407-00
Actores: Arcadio Restrepo Arce y otros
posición mediante sentencia de 31 de julio de 20126, en el sentido de disponer
que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando
vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los
parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con
anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos7.
3.5 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que
(i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, acceso a la administración de justicia, reparación integral y dignidad
humana de los actores; (ii) contra la sentencia acusada no procede recurso
alguno, por cuanto fue emitida en segunda instancia y se encuentra
ejecutoriada; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto
quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez
se satisface, toda vez que la determinación judicial atacada8 quedó
ejecutoriada el 28 de mayo de 2021 y la solicitud de amparo se instauró el 25
de noviembre siguiente, es decir, dentro de un término prudencial (5 meses y
27 días); y (v) la providencia acusada no desató una acción de tutela.
En razón a que se colman los anteriores presupuestos, esta Sala examinará el
fondo del asunto conforme a las causales específicas denominadas defecto
fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución
Política.
3.5.1 Hechos probados. Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el
expediente, se destaca:
junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-
0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia
López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
6
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
7
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008,
exp. 2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P.
Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de
febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp.
2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp.
2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve.
8
Notificada electrónicamente el 25 de mayo de 2021.
10
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10407-00
Actores: Arcadio Restrepo Arce y otros
a) La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional – Fondo de Inversión para la Paz y la empresa Empleamos S. A.
suscribieron el contrato de prestación de servicios 32 de 17 de marzo de 2010,
cuyo objeto consistió en que esta proporcionaría trabajadores en misión para
que se implementara «la estrategia grupo móvil de erradicación del
programa presidencial contra cultivos ilícitos». En el negocio jurídico se
estipuló que la compañía «asumiría todas las obligaciones laborales
derivadas de su condición de empleador», como indemnizaciones a favor de
las personas que erradicarían plantaciones de coca por los daños que pudieran
sufrir en la ejecución de la labor.
b) El 21 de febrero de 2012 el señor Arcadio Restrepo Arce celebró contrato
de trabajo de obra o labor con la sociedad Empleamos S. A., en el que se
consignó que su vinculación tenía como propósito cumplir el acuerdo
señalado en la letra precedente, por lo que debía erradicar de manera manual
cultivos ilícitos, en atención a las instrucciones que se le impartieran.
c) El señor coordinador de la zona Antioquia de la «PCI-GME-UACT», con
oficio (sin fecha), informó que el 3 de abril 2012 acudió al área rural de
Briceño (Antioquia), junto con cincuenta (50) erradicadores (dentro de los
que se encontraba el señor Restrepo Arce), donde el grupo EXCE del Ejército
Nacional aseguró el área a intervenir e inspeccionó la zona «teniendo en
cuenta los protocolos de seguridad, [esto es], revisión con gancho y cuerda y
al finalizar ingresaron los caninos».
Que cuando se disponían a ingresar se escuchó la detonación de una mina a
doscientos (200) metros de distancia, activada vía celular por guerrilleros del
«frente 36 de las FARC – Comisión de Finanzas», sin que causara heridos,
por lo que se continuó con la erradicación y a las 11:00 a. m. estalló otro
artefacto que, según efectivos del Ejército Nacional, fue enterrado a una
profundidad considerable (lo que evitó que los perros lo localizaran), aunque
estaba amarrado a una mata (según quien suscribió el documento). En este
suceso resultó herido el señor Arcadio Restrepo Arce, quien fue trasladado al
Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, donde le amputaron su pierna
derecha.
d) El 19 de noviembre de 2012 los accionantes promovieron medio de control
de reparación directa contra la Nación – Ministerios del Interior y de Defensa
Nacional – Policía y Ejército Nacional (expediente 05001-33-33-026-2012-
00383-00), con el propósito de que se les declarara administrativamente
11
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10407-00
Actores: Arcadio Restrepo Arce y otros
responsables de los perjuicios que le produjo la lesión del señor Restrepo
Arce y ordenara reconocerles la correspondiente compensación monetaria,
toda vez que el hecho dañoso comporta una falla del servicio, porque se
produjo por la omisión de inspeccionar la zona en que erradicaría cultivos
ilícitos.
En la demanda se indicó que la Administración reclutó a varios miembros de
la comunidad étnica de los demandantes para erradicar manualmente
sembrados de coca, pese a que el ordenamiento jurídico interno e
internacional impide utilizar a los indígenas para tareas relacionadas con el
conflicto armado, en virtud del principio de distinción.
Con el escrito inicial se allegó el oficio 27867 de 21 de junio de 2012, en el
que la dirección de antinarcóticos de la Policía Nacional certificó que, una vez
consultada la «base de datos de erradicación manual», la intervención
realizada el 3 de abril de 2012 en el área rural de Briceño (Antioquia), estuvo
a cargo del Ejército Nacional.
e) El asunto contencioso-administrativo fue asignado por reparto al Juzgado
Veintiséis (26) Administrativo de Medellín, que el 31 de enero de 2013 lo
admitió y el 24 de septiembre siguiente celebró audiencia inicial9, diligencia
en que la que decretó como pruebas (i) los documentos que dan cuenta de los
hechos señalados anteriormente, (ii) el informe de «investigación del
accidente de trabajo», elaborado por la Administradora de Riesgos laborales
(ARL) Positiva Compañía de Seguros S. A., en el que consta que «al
arrancar una mata se activó una mina antipersona que le causó [al señor
Arcadio Restrepo Arce] la amputación de la pierna derecha»; (iii) la hoja de
vida que la víctima presentó a Empleamos S. A., en la que no se consigna
advertencia alguna de su condición de indígena; (iv) el acta de la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, que le dictaminó al
afectado una pérdida de la capacidad laboral del 42.08%; y (v) un estudio de
la Procuraduría General de la Nación, elaborado en septiembre de 2012, en el
que se estableció que los erradicadores de coca estaban sometidos a un alto
riesgo (puesto que laboraban en zonas minadas y con presencia de grupos
armados irregulares), en su mayoría eran campesinos y que cualquier
perjuicio que sufrieran podía comprometer la responsabilidad patrimonial del
Estado.
9
De que trata el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA).
12
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10407-00
Actores: Arcadio Restrepo Arce y otros
En el trámite del proceso se allegó dictamen 244256 de 9 de abril de 2012,
elaborado por la ARL Positiva Compañía de Seguros S. A., en el que se
indica que «el trabajador» resultó herido luego de que pisara una mina
antipersona, lo que le causó la amputación de su pierna derecha, suceso que
catalogó como «un accidente de trabajo».
f) El 9 de agosto de 2016 el Juzgado Veintiséis (26) Administrativo de
Medellín declaró (i) la falta de legitimación en la causa por pasiva del
Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, porque no se evidenciaba que
hayan tenido incidencia en el hecho dañoso, y (ii) administrativamente
responsable a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional, por lo que la condenó a pagar los correspondientes agravios, al
estimar que no se adoptaron las medidas necesarias para proteger al señor
Arcadio Restrepo Arce, a pesar de que la Convención de Ottawa le imponía al
Estado el deber de proteger a los civiles de las minas antipersona, de ahí que,
en virtud del principio de solidaridad, tenga que reparar los perjuicios.
g) Contra la anterior decisión las partes interpusieron recursos de apelación;
(i) la demandante, al considerar que el monto de la indemnización debía ser
superior, comoquiera no se ajusta a la pérdida de la capacidad laboral que
sufrió la víctima, y el Ministerio del Interior incumplió sus funciones
constitucionales, puesto que no evitó el siniestro, pese a que es su deber
garantizar las prerrogativas de los indígenas; y (ii) la condenada, en razón a
que, a su juicio, no se acreditó el nexo causal, pues el suceso ocurrió mientras
el señor Restrepo Arce desarrollaba labores para las que fue contratado por la
empresa Empleamos S. A., que es la encargada de asumir la compensación
monetaria de los respectivos deterioros que padeció.
h) Las precitadas alzadas fueron desatadas el 21 de mayo de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia (sala segunda de decisión), en el
sentido de revocar la sentencia de primera instancia, para en su lugar negar las
súplicas ordinarias, dado que si bien es cierto que al Estado colombiano le
asiste la obligación internacional de destruir las minas antipersona y delimitar
el área en el que se encuentran (en atención a la Convención de Ottawa),
también lo es que el Consejo de Estado ha indicado que las daños causados
por esos artefactos solo comprometen la responsabilidad extracontractual de
la Administración, cuando se determina que están dirigidos contra los
miembros de la fuerza pública, o ellos los instalaron o que exista una
«proximidad evidente» a una instalación militar o policial.
13
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10407-00
Actores: Arcadio Restrepo Arce y otros
Que los anteriores presupuestos no se colman en el sub lite, habida cuenta que
no se evidencia que la mina que lesionó al señor Arcadio Restrepo Arce haya
sido enterrada por los militares que custodiaban la zona en que ocurrió el
siniestro (por el contrario, se probó que lo hicieron guerrilleros del «frente 36
de las FARC») o estuviere dirigida de manera «exclusiva» contra aquellos.
Sostiene que se probó que el grupo EXCE del Ejército Nacional, que
acompañaba a la víctima, revisó el área a intervenir y estableció que no había
artefactos explosivos, y aunque antes del suceso se detonó uno cerca, se
observa diligencia por parte de los efectivos de la institución, por ende, no
hubo una falla del servicio. Además, tampoco hay lugar a acceder a las
pretensiones en atención al título de imputación de riesgo excepcional, porque
el señor Arcadio Restrepo Arce sabía del peligro que involucraba la labor
para la que fue contratado por la empresa Empleamos S. A. y voluntariamente
decidió asumirlo, por consiguiente, no fue el Estado el que le impuso una
carga adicional que no estuviera en la obligación de soportar.
3.5.2 Defecto fáctico. Una providencia judicial se encuentra viciada por
defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «[…] surge cuando carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión»10.
La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba
no apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto
negativo que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se
configura en los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente,
pese a obrar suficiente material probatorio que lo demuestra11.
En el asunto sub judice los tutelantes sostienen que la determinación judicial
acusada adolece de defecto fáctico, en razón a que no analizó integralmente
los elementos de convicción adosados al proceso de reparación directa 05001-
33-33-026-2012-00383-00, pues a pesar de que acreditan que el Ejército
Nacional no garantizó que no hubiese artefactos explosivos en la zona en la
que el señor Arcadio Restrepo Arce iba a erradicar cultivos ilícitos, concluyó
10
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
11
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
14
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10407-00
Actores: Arcadio Restrepo Arce y otros
que no hubo una falla del servicio. Tampoco se advirtió que en el contrato de
trabajo celebrado por aquel con la empresa Empleamos S. A., no se estipuló
que su labor consistía en erradicar plantaciones de coca, situación que le
impidió conocer el riesgo que involucraba la labor contratada.
Con el propósito de establecer si los anteriores reproches tienen o no asidero
jurídico, resulta oportuno advertir que el artículo 9012 de la Constitución
Política se constituye en la fuente de la responsabilidad extracontractual del
Estado, por cuanto su «cláusula general»13, toda vez que prevé los elementos
que deben concurrir para que se configure, los cuales son: (i) un daño
antijurídico, esto es, un perjuicio que la persona no está en la obligación de
soportar; (ii) una acción u omisión de los servidores públicos concernientes al
acatamiento de sus funciones; y (iii) una relación causal entre el hecho dañoso
y la actuación o negligencia de aquellos.
En virtud de dichos presupuestos, es acertado afirmar que hay lugar a declarar
la responsabilidad extracontractual del Estado cuando sus agentes, en
acatamiento de sus labores, por acción u omisión, causan menoscabo a una
persona que no debe resistirlo.
Así las cosas, el nexo causal hace referencia al vínculo necesario que debe
mediar entre el suceso generador del detrimento y el resultado, es decir, para
que se comprometa patrimonialmente a la Administración, es indispensable
que esta haya causado el perjuicio14.
Ahora bien, cuando los agravios son provocados por omisión de la
Administración, a esta le asiste la obligación de resarcirlos siempre que se
evidencie que el incumplimiento de sus deberes tuvo incidencia en el hecho
dañoso, toda vez que aunque en esa situación no se configura un nexo de
causalidad, acaece uno de imputación, pues esa inactividad administrativa
comporta una falla del servicio15. Sobre el particular, el Consejo de Estado16
12
«El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por
la acción o la omisión de las autoridades públicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra
éste».
13
Corte Constitucional, sentencia C-38 de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
14
Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, sentencia de 26 de abril de 2018, C. P. María Adriana
Marín, expediente 25000-23-26-000-2004-02010-01.
15
Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, sentencia de 7 de marzo de 2012, C. P. Hernán Andrade
Rincón, expediente 25000-23-26-000-1996-03282-01: «[…] la falla del servicio o la falta en la prestación
del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del
mismo».
15
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10407-00
Actores: Arcadio Restrepo Arce y otros
precisó:
En casos de responsabilidad extracontractual por omisión estatal, dicho
juicio se fundamenta en el presupuesto de la imputación, consistente en la
comprobación de un deber jurídico a cargo de la entidad demandada que
tiene la competencia de evitar el resultado lesivo y, pese a ello, se abstiene
voluntariamente de ejercer oportuna y eficientemente un estándar funcional
de diligencia debida, lo que incide directamente en la producción del daño
antijurídico.
De igual manera, esta Corporación17 ha indicado que solo hay lugar a
atribuirle un daño antijurídico a la Administración, cuando las pruebas
demuestran que su acción u omisión fue determinante en la producción de
aquel, porque, de lo contrario, se incumpliría la carga de la prueba y, en
consecuencia, resulta imperioso negar las pretensiones indemnizatorias. Al
respecto dijo:
[…] con las pruebas allegadas al expediente no se probaron las
circunstancias de modo que rodearon la muerte del señor Gómez Pérez
[…]; en este sentido, la Sala estima que se presenta una clara ausencia o
imposibilidad de imputación, puesto que no hay prueba que lleve a la
convicción de que el daño resulta atribuible a la entidad demandada, carga
que le correspondía a la parte actora […].
De acuerdo con el análisis realizado en precedencia, se concluye que el
Consejo de Estado ha sostenido que para que se comprometa la
responsabilidad patrimonial de la Administración, se debe acreditar que una
acción u omisión de sus agentes fue determinante en la ocurrencia del daño
antijurídico, por cuanto si ello no acontece, no es dable atribuírselo.
Ahora bien, en lo que atañe a la configuración de la responsabilidad
extracontractual del Estado por daños causados por minas antipersona, resulta
necesario advertir que, en un principio, esta Corporación18 señaló que aquella
solo se configuraba cuando se probara que fueron instaladas por miembros de
la fuerza pública, dado que en el evento en que fueran empleadas por grupos
armados ilegales, se configuraba el eximente de responsabilidad denominado
culpa de un tercero.
16
Consejo de Estado, sección tercera, subsección B, sentencia de 29 de agosto de 2014, C. P. Ramiro Pazos
Guerrero, expediente 18001-23-31-000-2000-00074-01.
17
Sección tercera, subsección A, sentencia de 19 de marzo de 2021, C. P. María Adriana Marín, expediente
76001-23-31-000-2011-00388-01.
18
Sección tercera, sentencia de 3 de mayo de 2007, C. P. Ramiro Saavedra Becerra, expediente 68001-23-15-
000-1995-01420-01.
16
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10407-00
Actores: Arcadio Restrepo Arce y otros
Sin embargo, posteriormente el Consejo de Estado19 afirmó que en esos
eventos a la Administración le asistía la obligación de reparar los agravios, sin
importar el régimen de responsabilidad aplicable, en atención al principio
superior de solidaridad y en cumplimiento del Tratado de Ottawa (ratificado
por Colombia, a través de la Ley 554 de 200020), que establece que los
Estados deben garantizar que los civiles no sean víctimas de minas
antipersona.
No obstante, como en dicho convenio se estipuló un término de diez (10) años
para que los Estados que lo suscribieron cumplieran las obligaciones allí
consagradas (el cual fue prorrogado, en cuanto a Colombia, por el mismo
lapso en el marco de la décima reunión de Estados parte celebrada en 2010 en
Ginebra [Suiza]), en los hechos dañosos atañederos a minas antipersona
acaecidos en el lapso en que aún no se cumplía el referido plazo, solo había
lugar a declarar la responsabilidad extracontractual del Estado cuando se
observara una falla del servicio21.
Las anteriores posturas originaron que no hubiera claridad sobre la
posibilidad de que, en atención al principio de solidaridad, se pudiera acceder
a pretensiones de demandas de reparación directa, en las que el daño
antijurídico proviniera de un artefacto explosivo de la referida naturaleza, por
lo que esta Corporación, en sentencia de unificación de 7 de marzo de 201822,
precisó que no es dable condenar al Estado por el solo hecho de que una
persona se lesione con aquellos dispositivos (pues «resulta imposible de
exigir a la fuerza pública que [conozca] la ubicación» de ellos y deba
desactivarlos), sino que a eso hay lugar cuando se cumplen las siguientes
reglas:
[…] habrá lugar a declarar la responsabilidad del Estado por los daños
causados con MAP/MUSE/AEI en casos en los que la proximidad
evidente a un órgano representativo del Estado, permita afirmar que el
artefacto explosivo iba dirigido contra agentes de esa entidad, o suceda
en una base militar con artefactos instalados por el mismo Ejército
Nacional […].
19
Consejo de Estado, subsección C, sentencia de 7 de julio de 2011, C. P. Enrique Gil Botero, expediente
05001-23-24-000-1994-00332-01.
20
«Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre la prohibición del empleo, Almacenamiento,
producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción", hecha en Oslo el dieciocho (18)
de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997)».
21
Consejo de Estado, subsección C, sentencia de 8 de agosto de 2012, C. P. Enrique Gil Botero, expediente
05001-23-31-000-1997-02309-01.
22
Sección tercera, C. P. Danilo Rojas Betancourth, expediente 25000-23-26-000-2005-00320-01.
17
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10407-00
Actores: Arcadio Restrepo Arce y otros
Cabe aclarar que en la precitada providencia se indicó, como regla general,
que «no habría lugar a condenar únicamente bajo el régimen objetivo», sin
embargo, se estableció como excepción que es dable su configuración,
cuando se demuestre que el artefacto estaba dirigido contra la fuerza pública o
se haya accionado por accidente en instalaciones militares o policiales.
Por otra parte, en el mencionado fallo se precisó que en los casos en que una
persona resulte lesionada por una mina antipersona, pero no se colmen las
anteriores exigencias, aunque no se comprometa la responsabilidad
extracontractual del Estado, le asiste el derecho de acceder a las
indemnizaciones administrativas y ayudas destinadas a las víctimas del
conflicto armado, de acuerdo con el principio de solidaridad. Sobre el
particular, se dijo:
[…] en relación con la obligación que le asiste al Estado de
indemnizar a las víctimas de minas antipersonal, se inicia por
resaltar el lugar protagónico que adquiere el principio de solidaridad, el
cual permea toda la política nacional de asistencia y reparación a
quienes hayan tenido un accidente con una mina antipersonal, ya sea
como fundamento de las medidas de atención y asistencia humanitaria
ofrecidas a las víctimas del conflicto armado interno23, como directriz o
criterio para brindar la atención humanitaria, la cual debe ser ofrecida
de “manera solidaria en atención a las necesidades de riesgo o grado
de vulnerabilidad de los afectados”24 y como la participación y
colaboración del sector privado y la comunidad civil en las soluciones
que desde la institucionalidad se contemplan a favor de las víctimas del
conflicto25.
23
Al efecto, la Ley 418 de 1997, “Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la
convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones” establece: “Artículo 16. En
desarrollo del principio de solidaridad social, y dado el daño especial sufrido por las víctimas, éstas
recibirán asistencia humanitaria, entendiendo por tal la ayuda indispensable para sufragar los
requerimientos necesarios a fin de satisfacer los derechos constitucionales de quienes hayan sido
menoscabados por actos que se susciten en el marco del conflicto armado interno…”. El derecho a subsidio
familiar de vivienda y la asistencia en materia de crédito, también mencionan expresamente este principio, en
los artículos 26 y 32. El artículo 9 de la Ley 782 de 2002, prorrogada por las Leyes 1106 de 2006 y 1421 de
2010 establece lo siguiente: “En desarrollo del principio de solidaridad social, y dado el daño especial
sufrido por las víctimas, estas recibirán asistencia humanitaria, entendida por tal la ayuda indispensable
para sufragar los requerimientos esenciales, a fin de satisfacer los derechos que hayan sido menoscabados
por los actos enunciados en el artículo 15 (…)”.
24
Decreto Presidencial 4800 de 2011, “por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras
disposiciones”, artículo 2.
25
Es el caso del deber de las entidades del sector privado vinculadas directa o indirectamente con el tema de
tierras y aquellas que presten servicios públicos, de brindar el apoyo e información para los propósitos de
inscripción en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente (Decreto 4829 de 2011, “Por el
cual se reglamenta el Capítulo III del Título IV de la Ley 1448 de 2011 en relación con la restitución de
tierras”, artículo 31, literal g), la obligación para las autoridades de poner en marcha una “campaña
sostenida de comunicación en prevención, garantía y defensa de los derechos de las víctimas que fomente la
solidaridad social a nivel local y nacional” (Decreto-Ley 4635 de 2011, “por el cual se dictan medidas de
asistencia, atención, reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a
18
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10407-00
Actores: Arcadio Restrepo Arce y otros
Con el fin de cumplir con esos propósitos y costear los servicios
ofrecidos en la ruta de atención y reparación de las víctimas de MAP y
MUSE, el legislador ha creado el Fondo de Reparación a las Víctimas
de la Violencia administrado por la Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas26, el Fondo de
Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en
Salud (Fosyga) y los recursos de la Subcuenta de Eventos Catastróficos
y Accidentes de Tránsito (ECAT) administrados por el Ministerio de
Salud y Protección Social27.
Efectuadas las anteriores precisiones jurídicas, la Sala evidencia que la
aseveración de las autoridades accionadas, consistente en que no era dable
acceder a las pretensiones de la demanda de reparación directa 05001-33-33-
026-2012-00383-00, porque no se acreditaron los presupuestos señalados en
la mencionada sentencia de unificación, no comporta una deducción
probatoria arbitraria o caprichosa, pues es una inferencia razonable de los
elementos de convicción obrantes en ese expediente, los cuales no demuestran
que el dispositivo que afectó al señor Arcadio Restrepo Arce haya sido
dirigido contra la fuerza pública o que detonara en una instalación militar o
policial.
Aunque en el informe rendido por el señor coordinador de la zona Antioquia
de la «PCI-GME-UACT», se establecieron las circunstancias en que ocurrió el
hecho dañoso, de él no se logra inferir que el artefacto estuvo dirigido contra
miembros de las fuerzas militares, ni que perteneció a ellos y tampoco que
explotó en una instalación militar o policial, dado que allí solo se hizo
referencia al procedimiento empleado por el grupo EXCE del Ejército
Nacional, para verificar que en la zona en la que estaban los cultivos ilícitos
no habían explosivos.
De igual manera, los informes de la Administradora de Riesgos laborales
(ARL) Positiva Compañía de Seguros S. A. no permiten colegir que la mina
antipersona que hirió al señor Restrepo Arce tuviere como finalidad la
afectación de los militares que estaban en el lugar, pues solo indica, como en
la comunicación aludida en el párrafo precedente, que aquel resultó lesionado
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras”, artículo 53, parágrafo 1), La inclusión “del
deber de solidaridad y respeto de la sociedad civil y el sector privado con las víctimas, y el apoyo a las
autoridades en los procesos de reparación” (Ley 1448 del 10 de junio de 2011, artículo 14), y como aspecto
necesario para lograr la superación de vulnerabilidad manifiesta de las víctimas y la consagración del día
nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas (Ibidem, artículo 142).
26
Ley 1448 de 2011, artículo 46, 137, 292, 293
27
Decreto 4800 de 2011, artículo 89 y 166.
19
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10407-00
Actores: Arcadio Restrepo Arce y otros
como consecuencia de una explosión de un dispositivo de esa naturaleza
cuando realizaba trabajos de erradicación de plantas de coca en Briceño
(Antioquia).
Se advierte que en la comunicación suscrita por el señor coordinador de la
zona Antioquia de la «PCI-GME-UACT», se consignó que los militares allí
asentados le dijeron que la mina estaba enterrada en una profundidad
considerable y que por ello no fue detectada por los perros antiexplosivos, lo
cual, a su juicio, era discutible, puesto que parece que estaba «amarrada a
una mata», sin embargo, de esta aclaración, por sí sola, no es dable inferir que
aquella se dirigió contra miembros de la fuerza pública, por cuanto no permite
identificar las circunstancias en que fue instalada ni su finalidad.
Ahora bien, aunque para los tutelantes comporta una falla de servicio el hecho
de que haya explotado el dispositivo luego de que los efectivos del Ejército
Nacional indicaran que la zona a intervenir estaba revisada, no obran pruebas
que acrediten que los uniformados no cumplieron en debida forma su tarea,
por el contrario, en el mencionado informe se señaló que la inspección se
surtió «teniendo en cuenta los protocolos de seguridad, [esto es], revisión con
gancho y cuerda y al finalizar ingresaron los caninos», lo que impide la
configuración de una falla del servicio, máxime cuando las obligaciones a
cargo del Estado son de medio y no de resultado28.
Se aclara que aceptar el criterio de los actores, implica asumir que se
configuró una falla del servicio en el suceso planteado en el proceso
ordinario, por el solo hecho de que aconteció el daño antijurídico y sin
necesidad de que concurra el elemento de la responsabilidad denominado
nexo de imputación, es decir, sin establecerse que el incumplimiento de los
deberes de la Administración fue la causa adecuada del siniestro29, lo cual es
contrario al artículo 90 superior, que prevé que ese presupuesto es
indispensable para que el Estado se obligue a indemnizar perjuicios.
28
Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, sentencia de 6 de noviembre de 2020, C. P. María
Adriana Marín, expediente 66001-23-31-000-2011-00334-01.
29
Consejo de Estado, sección tercera, sentencia de 23 de junio de 2010, C. P. Enrique Gil Botero, expediente
54001-23-31-000-1994-08714-01: «Para la Sala es importante resaltar que no todas las acciones u
omisiones que anteceden a la producción del daño son causas directas del mismo, como se plantea en la
teoría de la equivalencia de las condiciones; es un sinsentido otorgarle igual importancia a cada hecho
previo a la producción del daño, lo relevante es identificar cuál acción fue la causa determinante, principal
y eficiente del hecho dañoso, de lo contrario, se llegaría al absurdo de que la consecuencia o daño, sería la
sumatoria de todos los antecedentes, haciendo un retorno al infinito, propio de la teoría de la equivalencia
de las condiciones».
20
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10407-00
Actores: Arcadio Restrepo Arce y otros
Por otra parte, para la Sala carece de recibo la aseveración de que las
autoridades accionadas no advirtieron que en el contrato de trabajo celebrado
entre el señor Arcadio Restrepo Arce y la empresa Empleamos S. A., no se
indicó que se dedicaría a la erradicación cultivos ilícitos, puesto que en ese
negocio jurídico las partes acordaron expresamente que debía desarrollar esa
actividad, en atención a las instrucciones que se le impartieran, por lo que
aquel sí tenía conocimiento de las tareas para las que fue contratado, como lo
concluyeron los señores magistrados demandados.
Resulta oportuno señalar que el hecho de que los señores magistrados
demandados no hayan valorado los medios de prueba adosados al expediente
de reparación directa 05001-33-33-026-2012-00383-00 como lo pretendían
los accionantes, no configura la causal específica de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales denominada defecto fáctico,
comoquiera que en acatamiento de sus competencias jurisdiccionales tienen la
potestad de examinar la pertinencia, utilidad y conducencia de los elementos
probatorios obrantes en el expediente, así como la de brindarles diferentes
grados de certeza, siempre que lo hagan de manera integral y bajo los criterios
de la sana crítica, como aconteció en el asunto materia de controversia.
Por ende, las conclusiones del funcionario judicial (natural), acerca de la
responsabilidad extracontractual del Estado, están precedidas de una
valoración integral y razonable de las pruebas recaudadas, lo que imposibilita
al juez de tutela cuestionarlas, salvo que sean evidentemente contrarias a las
garantías superiores, supuesto que no se da en el sub lite. En lo que atañe a
este aspecto, la Corte Constitucional30 sostuvo:
Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de
una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos.
Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien
debe determinar, conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud
de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso
concreto.
El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo
sino que sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena
fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en
principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración
de las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima.
30
Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
21
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10407-00
Actores: Arcadio Restrepo Arce y otros
Para que la acción de tutela pueda proceder por error fáctico, “[e]l error
en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia
directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en
una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez
que ordinariamente conoce de un asunto” […].
Así las cosas, como la providencia atacada se fundó en deducciones
probatorias razonables de los elementos de convicción allegados al expediente
05001-33-33-026-2012-00383-00, se concluye que no adolece del defecto
fáctico alegado.
3.5.3 Desconocimiento del precedente. El desconocimiento del precedente
tiene dos modalidades: (i) como causal autónoma de procedencia de la tutela
contra providencia judicial cuando se trata del precedente constitucional, y (ii)
como defecto sustantivo por el desconocimiento del precedente judicial. La
primera tiene su origen en el artículo 241 superior y se predica
exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte Constitucional en su
jurisprudencia31, y la segunda hace referencia a cuando la autoridad
jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin justificación
suficiente, lo que lleva a concluir que la providencia adolece de un defecto
sustantivo32 conforme a los principios del debido proceso, igualdad y buena
fe33.
En el sub lite los actores aseveran que la sentencia cuestionada desconoce el
criterio jurisprudencial del Consejo de Estado34, según el cual se debe aplicar
31
Sentencia T-360 de 2014: «[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a
desconocerse cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por
sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de
constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe
acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad
condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte
Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión
de tutela».
32
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995
M. P. Carlos Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P.
Jorge Iván Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo.
33
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M.
P. Jorge Iván Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
34
Sentencias de: (i) 18 de mayo de 2017, C. P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente 11001-03-15-000-
2017-00231-00; (ii) 21 de noviembre de 2018, C. P. Ramiro Pazos Guerrero, expediente 50001-23-31-000-
2007-00322-01; (iii) 26 de noviembre de 2020, C. P. Julio Roberto Piza Rodríguez, expediente 11001-03-15-
000-2020-03457-01; (iv) 10 de febrero de 2021, C. P. Ramiro Pazos Guerrero, expediente 50001-23-31-000-
2006-00937-01; y (v) 10 de febrero de 2021, C. P. Ramiro Pazos Guerrero, expediente 05001-23-31-000-
2010-00511-01.
22
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10407-00
Actores: Arcadio Restrepo Arce y otros
el título de imputación de riesgo excepcional en casos como el abordado en el
proceso de reparación directa 05001-33-33-026-2012-00383-00, el cual se
configuró en ese trámite, por cuanto el señor Arcadio Restrepo Arce ejecutaba
una labor peligrosa al momento en que fue alcanzado por la explosión de la
mina antipersona.
Para determinar si la providencia acusada adolece de dicha casual específica,
resulta imperativo determinar si las sentencias invocadas por los tutelantes
como inobservadas, desataron controversias similares a la debatida en el
precitado asunto contencioso-administrativo. Para tal propósito, se relacionan
dichos fallos de la siguiente manera:
Providencia Situación fáctica
1. Consejo de Estado (sección primera), Se pidió dejar sin efectos, a través de la tutela,
sentencia de tutela de 18 de mayo de un fallo del Tribunal Administrativo de
2017, C. P. Hernando Sánchez Antioquia, que negó las pretensiones de la
Sánchez, expediente 11001-03-15- demanda de reparación directa 05001-33-31-
000-2017-00231-00. 011-2011-00671-00, en la que se discutía la
responsabilidad de la Administración por las
lesiones que sufrió un erradicador de cultivos
ilícitos en la ejecución de sus funciones.
2. Consejo de Estado (sección tercera, Se deprecó declarar responsable
subsección B), sentencia de 21 de patrimonialmente al Estado por las heridas de
noviembre de 2018, C. P. Ramiro erradicadores voluntarios de plantaciones de
Pazos Guerrero, expediente 50001- coca, quienes no habían suscrito los
23-31-000-2007-00322-01. respectivos contratos de trabajo.
3. Consejo de Estado (sección cuarta), Se solicitó dejar sin efectos una sentencia, en
sentencia de tutela de 26 de sede de tutela, que negó las pretensiones de un
noviembre de 2020, C. P. Julio proceso de reparación directa relacionada con
Roberto Piza Rodríguez, expediente la muerte de un erradicador de cultivos ilícitos.
11001-03-15-000-2020-03457-01. El amparo fue desestimado.
4. Se pidió declarar patrimonialmente
Consejo de Estado (sección tercera,
responsable al Estado por las lesiones que
subsección B), sentencia de 10 de
sufrió un erradicador de plantas de coca, a lo
febrero de 2021, C. P. Ramiro Pazos
que se accedió, porque se demostró que los
Guerrero, expediente 50001-23-31-
efectivos de la Policía Nacional no atendieron
000-2006-00937-01.
los protocolos de seguridad.
5 Consejo de Estado (sección tercera, Se deprecó condenar al Estado por la muerte
subsección B), sentencia de 10 de de una persona contratada para erradicar
febrero de 2021, C. P. Ramiro Pazos cultivos ilícitos, a lo que se accedió, con el
Guerrero, expediente 05001-23-31- argumento de que fue sometida a un riesgo
000-2010-00511-01. excepcional.
De las providencias relacionadas con antelación se observa que las de 18 de
mayo de 2017 y 26 de noviembre de 2020 decidieron las acciones de tutela
11001-03-15-000-2017-00231-00 y 11001-03-15-000-2020-03457-01,
23
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10407-00
Actores: Arcadio Restrepo Arce y otros
respectivamente, por ende, carecen de fuerza vinculante, en virtud del artículo
48 (numeral 235) de la Ley 270 de 199636, motivo por el cual no merece
reproche alguno que las autoridades accionadas no las examinaran.
En lo que concierne a los fallos de 21 de noviembre de 2018 y 10 de febrero
de 2021, proferidos en los procesos 50001-23-31-000-2007-00322-01 y
50001-23-31-000-2006-00937-01, en su orden, se evidencia que decidieron
asuntos con supuestos fácticos diferentes al estudiado en el 05001-33-33-026-
2012-00383-00, pues, en el primero, los demandantes no suscribieron un
contrato de trabajo para desarrollar las actividades de erradicación; y en el
segundo, se demostró que los miembros de la Policía Nacional no atendieron
los protocolos de seguridad antes de la intervención de las personas que
resultaron afectadas por la explosión de una mina antipersona (lo que no
aconteció en el expediente 05001-33-33-026-2012-00383-00), de ahí que se
infiera que los señores magistrados demandados no estaban en el deber de
atender dichos pronunciamientos.
Así las cosas, la única sentencia del Consejo de Estado que es aplicable en el
medio de control de reparación directa 05001-33-33-026-2012-00383-00, es
la de 10 de febrero de 2021 (expediente 05001-23-31-000-2010-00511-01),
por cuanto allí se indicó que la Administración compromete su
responsabilidad extracontractual por riesgo excepcional, cuando un
erradicador de plantaciones de coca resulta afectado por una mina antipersona
en la ejecución de su labor, dado que el Estado lo puso en situación de
peligro.
No obstante, esta postura dista del fallo de unificación de 7 de marzo de
201837, en el que se dijo que solo hay lugar a declarar la responsabilidad
extracontractual del Estado por lesiones producidas por minas antipersona,
cuando se prueba que el artefacto fue dirigido contra miembros de la fuerza
pública o instalado por ellos en instalaciones policiales o militares,
presupuestos que al no colmarse en el medio de control de reparación directa
05001-33-33-026-2012-00383-00, impedía acceder a las pretensiones
35
«Las sentencias proferidas en cumplimiento del control constitucional tienen el siguiente efecto:
[…]
2. Las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen carácter obligatorio
únicamente para las partes. Su motivación sólo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces.
[…]».
36
«Estatutaria de la administración de justicia».
37
Consejo de Estado, sección tercera, C. P. Danilo Rojas Betancourth, expediente 25000-23-26-000-2005-
00320-01.
24
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10407-00
Actores: Arcadio Restrepo Arce y otros
planteadas bajo el título imputación de riesgo excepcional, máxime cuando
allí se señaló de manera expresa que «no habría lugar a condenar
únicamente bajo el régimen objetivo».
En ese orden de ideas, no comporta desconocimiento del precedente el hecho
de que las autoridades accionadas hayan inobservado el fallo de 10 de febrero
de 2021 (expediente 05001-23-31-000-2010-00511-01), toda vez que
aplicaron, se reitera, el de unificación de 7 de marzo de 2018, motivo por el
cual se impone concluir que la determinación judicial censurada no incurre en
dicha causal específica.
3.5.4 Violación directa de la Constitución Política. La violación directa de
la Constitución se configura cuando el juez ordinario adopta una postura que
la desconoce, y en el evento de la tutela contra providencia judicial, cuando
(i) en esta se deja de interpretar y aplicar una disposición legal de acuerdo con
el precedente constitucional, (ii) se trata de un derecho fundamental de
aplicación inmediata y (iii) el juez en sus decisiones vulnera derechos
fundamentales sin aplicar el principio de interpretación conforme a la Carta
Política.
En el asunto sub judice los tutelantes aseveran que el fallo censurado
desconoce directamente la Constitución Política, porque desatendió los
principios de (i) riesgo previsible y evitable, según el cual cuando existe una
amenaza y el Estado no previene el daño, pese a tener la capacidad para ello,
compromete su responsabilidad patrimonial; y (ii) distinción, dado que un
indígena fue empleado para realizar actividades relacionadas con el conflicto
armado, pese a que ello está vedado por el convenio 169 de la OIT.
Para determinar la prosperidad de dichos argumentos, es necesario indicar que
el principio de riesgo previsible y evitable está contemplado en el sistema
interamericano de derechos humanos e impone que los Estados eviten la
consumación de un perjuicio, cuando se tiene conocimiento de su posible
materialización38. No obstante, la Sala considera que en los hechos que
derivaron en el proceso de reparación directa 05001-33-33-026-2012-00383-
00 no se desconoció el aludido precepto, pues se acreditó, como se concluyó
al estudiar el defecto fáctico, que la fuerza pública adelantó medidas para
asegurar el área en el que se iba a realizar la erradicación de cultivos ilícitos,
38
Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de 22 de noviembre de 2016, caso Yarce y otras
contra Colombia.
25
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10407-00
Actores: Arcadio Restrepo Arce y otros
y el hecho de que haya acontecido el suceso dañoso, no se traduce, per se
(como lo sugieren los actores), en negligencia de la Administración.
Cabe destacar que la providencia acusada, al negar las súplicas ordinarias, no
produjo que el señor Arcadio Restrepo Arce quede desamparado, toda vez
que le asiste la prerrogativa de ser beneficiario de las ayudas establecidas en
el ordenamiento jurídico a las víctimas del conflicto armado, tal como lo
dijeron las autoridades accionadas en el fallo reprochado.
Ahora bien, en lo atañedero al principio de distinción, debe advertirse que la
Sala tampoco observa que haya sido trasgredido, porque si bien es cierto que
prevé que los integrantes de las comunidades indígenas no pueden realizar
actividades relacionadas con el conflicto armado (como lo es la erradicación
de cultivo ilícitos), también lo es que la Administración no tenía
conocimiento de la condición del señor Restrepo Arce, habida cuenta que no
obra prueba de que él haya informado que pertenecía a la comunidad Embera
Katío, por el contrario, de las que reposan en el proceso 05001-33-33-026-
2012-00383-00 se infiere que no lo hizo, pues en el contrato de trabajo que
suscribió con la empresa Empleamos S. A. no se consignó alguna indicación
sobre el particular, así como tampoco en la hoja de vida que presentó a esa
compañía.
Así las cosas, no es dable reprocharle al Estado por las tareas que desarrollaba
el señor Arcadio Restrepo Arce cuando resultó afectado por la explosión de
una mina antipersona, circunstancia que permite concluir que tampoco se
desconoció el principio de distinción al que hacen referencia los demandantes,
en consecuencia, se concluye que la providencia acusada no adolece de
violación directa de la Constitución Política.
A partir de los anteriores prolegómenos y comoquiera que el fallo censurado
no incurre en defecto fáctico, desconocimiento del precedente y violación
directa de la Constitución Política, se impone negar el amparo deprecado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,
26
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10407-00
Actores: Arcadio Restrepo Arce y otros
FALLA:
1º. Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales al
debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia, reparación
integral y dignidad humana, invocados por los señores Arcadio Restrepo Arce
y Rosalba Velásquez Acuña, quienes actúan en nombre propio y en
representación de sus menores hijos Luis, Natalia, Mariana, Sandra y Juan
Carlos Restrepo Velásquez, por las razones expuestas en las consideraciones.
2º. Notifíquese esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
3º. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de
1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
27
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.