RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2021-10407-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-10407-01

Fecha
12 de mayo de 2022
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-10407-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Niégase la solicitud de desvinculación del presente trámite de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y del Ministerio del Interior, con fundamento en lo expuesto en esta decisión. SEGUNDO: Confírmase la sentencia del 24 de enero de 2022 proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, por las razones expuestas en las consideraciones de este fallo. TERCERO: Solicítese al Tribunal Administrativo de Antioquia que remita a la Dirección de Acción Integral contra Minas Antipersonal, una copia del fallo del 21 de enero de 2021, para lo pertinente, según lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. CUARTO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-10407-01

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

12 de mayo de 2022

Demandante: Arcadio Restrepo Arce y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Rad: 11001-03-15-000-2021-10407-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D. C., doce (12) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10407-01
Demandantes: ARCADIO RESTREPO ARCE Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

Tema: Tutela contra providencia judicial – defectos fáctico,
desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada por el apoderado de la parte actora
en contra del fallo del 24 de enero de 2022 proferido por la Sección Segunda,
Subsección “B” del Consejo de Estado, que decidió:

“PRIMERO: Niégase el amparo de los derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración
de justicia, reparación integral y dignidad humana, invocados por los
señores Arcadio Restrepo Arce y Rosalba Velásquez Acuña, quienes
actúan en nombre propio y en representación de sus menores hijos Luis,
Natalia, Mariana, Sandra y Juan Carlos Restrepo Velásquez, por las
razones expuestas en las consideraciones”.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

El señor Arcadio Restrepo Arce y otros1, a través de apoderado, ejerció acción
de tutela el 25 de noviembre de 2021 en contra del Tribunal Administrativo de
Antioquia, con el fin de que fueran protegidos sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, a la
reparación integral, a la vida digna, “a la especial protección de los pueblos

1 Rosalba Velásquez Viscuña, quien acude en nombre propio y en representación de sus hijos

Luis Restrepo Velásquez, Nathalia Restrepo Velásquez, Marina Restrepo Velásquez, Sandra
Restrepo Velásquez y Juan Carlos Restrepo Velásquez.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Arcadio Restrepo Arce y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Rad: 11001-03-15-000-2021-10407-01

indígenas, así como el principio de distinción que protege a los civiles del
conflicto armado”, presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia del
21 de mayo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia
dentro del proceso de reparación directa con radicación 05001-33-33-026-
2012-00383-01, promovido por los demandantes en contra de la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y el Ministerio del Interior.

Mediante la citada providencia se confirmó el ordinal primero del fallo del 9 de
agosto de 2016, dictado por el Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín y revocó la decisión que había accedido a las
pretensiones de la demanda para, en su lugar, negarlas.

En consecuencia, la parte actora pidió que se deje sin efecto la sentencia del
21 de mayo de 2021 y que se ordene al Tribunal Administrativo de Antioquia
que emita un nuevo pronunciamiento de fondo ajustado a una valoración
integral del material probatorio allegado al proceso y según los lineamientos
fijados en la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado en
asuntos similares al que es objeto de demanda, específicamente, en atención
al principio ius cogens de distinción y la especial vulnerabilidad de los pueblos
indígenas y en situación de discapacidad.

La solicitud de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

2. Hechos

Como sustento de las pretensiones, la parte actora narró, en síntesis, los
siguientes supuestos fácticos:

Señaló que es un ciudadano indígena, habla muy poco castellano, pertenece
a la etnia Embera Katío y vive en el resguardo Gito Dokabu en el municipio de
Pueblo Rico (Risaralda).

Afirmó que en el año 2012, un reclutador lo convenció para ejercer como
erradicador de cultivos ilícitos en un programa adelantado por el Gobierno
Nacional, razón por la cual fue trasladado por el Ejército Nacional a la vereda
“El Orejón”, en el municipio de Briceño (Antioquia).

Sostuvo que el 3 de abril de 2012, al momento de levantar una mata de coca,
mientras erradicaba un cultivo que supuestamente había sido revisado y
asegurado de artefactos explosivos por el Ejército Nacional, le estalló una
mina antipersonal a pocos centímetros de su cuerpo, lo que le generó como
consecuencia que le amputaran una de sus piernas, además de unas
secuelas psiquiátricas que le impidieron dormir sin ayuda farmacológica.

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Arcadio Restrepo Arce y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Rad: 11001-03-15-000-2021-10407-01

Adujo que, por las lesiones padecidas, presentó demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa, la cual fue decidida en primera
instancia el 9 de agosto de 2016 por el Juzgado Veintiséis Administrativo del
Circuito Judicial de Medellín, en el sentido de acceder a las pretensiones de la
demanda bajo el título de imputación de falla del servicio, dado que el Ejército
Nacional incumplió el deber legal de prestar protección y seguridad a los
erradicadores.

Manifestó que a través de fallo de segunda instancia dictado por el Tribunal
Administrativo de Antioquia el 21 de mayo de 2021, fue revocada la decisión
apelada y se negaron las pretensiones de la demanda, con sustento en que la
mina antipersonal que le causó las lesiones fue instalada por el Frente Treinta
y Seis de las FARC, y no por el Ejército Nacional; asimismo, en razón a que
se encontró acreditado que la institución llevó a cabo de manera diligente
todas las actuaciones tendientes a asegurar el terreno en el que se iba a
realizar la erradicación manual.

Mencionó que, luego de diez años de la explosión de la mina antipersonal, ha
tenido que cambiar la prótesis de su pierna en siete ocasiones, debido a que
las condiciones selváticas del resguardo indígena deterioran rápidamente los
materiales en los que están fabricadas.

Advirtió que no ha recibido algún tipo de indemnización o acompañamiento
por parte del Estado y subsiste gracias a la solidaridad de la comunidad en
donde vive.

3. Fundamento de la petición

A juicio de la parte actora, la providencia censurada quebranta los derechos
fundamentales alegados por haber incurrido en defecto fáctico,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

3.1 Estructuración del defecto fáctico

Al respecto, resaltó que en el documento Conpes2 3669 de 2010 se
implementó la “Política Nacional de Erradicación Manual de Cultivos Ilícitos y
Desarrollo Alternativo para la Consolidación Territorial”, en el que se
establecieron las bases del programa de erradicación manual forzosa para el
que fueron reclutados civiles.

Refirió que la erradicación manual forzosa se hace a través de los Grupos
Móviles de Erradicación (GME) y la fuerza pública, esta última como
encargada de garantizar la protección y seguridad de la operación.

2 Consejo Nacional de Política Económica y Social.

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Arcadio Restrepo Arce y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Rad: 11001-03-15-000-2021-10407-01

Indicó que hubo una indebida valoración del informe del coordinador zonal de
Antioquia del Programa Presidencial de Cultivos Ilícitos, en el que se señaló
que: “mientras se encuentran en el proceso de erradicación, los GME, en este
primer lote y como es común, el Grupo EXDE en conjunto con el equipo de
bloqueo se desplazan hacia el otro lote, lugar donde lamentablemente
ocurrieron los hechos, a realizarle el proceso de revisión previa al ingreso de
los GME”.

Expresó que el Ejército Nacional no cumplió con el protocolo de seguridad que
prescribe que antes de la llegada de los erradicadores civiles al área, la fuerza
pública debe inspeccionar y verificar el terreno para asegurase de que se
encuentra libre de artefactos explosivos, pues en este asunto la inspección se
hizo unos minutos antes del ingreso de los erradicadores, lo que evidencia
una falta de planeación en la identificación del terrero en el que se iba a
adelantar la erradicación.

Esgrimió que, de acuerdo con el informe de la Procuraduría General de la
Nación del año 2012, sobre la situación de los erradicadores manuales de
cultivos ilícitos, el incumplimiento del protocolo de seguridad suele ser una
práctica generalizada, pues en este se afirmó que: “los erradicadores
entrevistados fueron contundentes al afirmar que en la práctica, la labor de
detección de explosivos (MAP o AEI) se realiza “sobre la marcha”, una vez ya
iniciada la labor misma de erradicación. Es decir, no existe una certeza ex
ante de que la zona a ser erradicada se encuentra libre de sospecha y limpia
de artefactos explosivos”.

Expuso que, según el informe del coordinador zonal, mientras los
erradicadores civiles eliminaban plantas de coca en un terreno, explotó una
mina a menos de 200 metros de ellos, dejando un cráter de 2 metros.

Adujo que esa circunstancia era suficiente para activar las obligaciones
derivadas del artículo 14 de la Ley 759 de 2002 y del numeral 2 del artículo 5
de la Convención de Ottawa, si se tiene en cuenta que la fuerza pública ya
tenía conocimiento de la posible existencia de un campo minado en el área.

Resaltó que la irregularidad en comento fue advertida en el informe del
coordinador zonal que señaló: “no teniendo en cuenta lo sucedido continúan
en el correspondiente proceso de revisión al mismo lote en donde
previamente los GME van a ser ingresados, desconociendo que ya el sector
se encuentra contaminado por la explosión ocasionada anteriormente”.

Advirtió que una vez terminada la supuesta inspección del lote, el comandante
del EXDE del Ejército Nacional autorizó el ingreso de los civiles erradicadores
a un cultivo de coca que, en realidad, era un campo minado, lo cual quedó

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Arcadio Restrepo Arce y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Rad: 11001-03-15-000-2021-10407-01

consignado en el informe del coordinador zonal en los siguientes términos:
“igualmente terminada la revisión se procede a la firma de la planilla de
verificación de seguridad por parte del comandante EXDE donde se confirma
el ingreso de los Grupos Móviles de Erradicación al cultivo a erradicar”.

Manifestó que unos minutos después de que los erradicadores civiles
ingresaran al terreno por la autorización del comandante EXDE del Ejército
Nacional, estalló otra mina antipersonal en el momento en que el señor
Arcadio Restrepo Arce se encontraba arrancando una mata de coca.

Destacó que el coordinador zonal dudó de la explicación suministrada por el
grupo EXDE, que supuestamente acababa de revisar el cultivo, lo cual expuso
bajo las siguientes consideraciones: “la razón para que no fuese detectada
esta mina afirma el grupo EXDE se encontraba muy profunda y
adicionalmente se encontraba desde hace mucho tiempo colocada en este
punto, razón por la cual el canino y el gancho no la detectaron. Razón que no
veo consecuente con los hechos enunciados anteriormente. Esta se
encontraba amarrada a la mata la cual al momento de ser jalada detonó”.

Reseñó que la investigación del accidente por parte de la Administradora de
Riesgos Laborales - ARL Positiva evidenció que la mina antipersonal se
encontraba adherida a una planta de coca y no enterrada en forma
subterránea.

Hizo alusión a que una adecuada valoración de la prueba denominada
“informe del coordinador zonal de Antioquia” de manera conjunta con el
informe de septiembre de 2012 de la Procuraduría General de la Nación y la
investigación del accidente elaborado por ARL Positiva, permitían establecer
que:

1. El Ejército Nacional incumplió con el protocolo de seguridad para la
erradicación, porque no adelantó las tareas de identificación, inspección y
aseguramiento del área a despejar antes de la llegada de los erradicadores a
la zona; quedó demostrado que las labores se realizaron cuando aquellos ya
estaban en el terreno.

2. Una vez estalló la primera mina antipersonal, el Ejército Nacional tenía
conocimiento de la presencia de artefactos explosivos en la zona; sin
embargo, incumplió con el deber de señalizar el área y no garantizó la
exclusión de civiles del terreno.

3. El comandante del Grupo EXDE del Ejército Nacional autorizó el ingreso de
erradicadores civiles a un lote en el que, minutos antes, había estallado una
mina.

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Arcadio Restrepo Arce y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Rad: 11001-03-15-000-2021-10407-01

4. El Ejército Nacional incumplió el protocolo de verificación y aseguramiento
de la zona, ya que afirmó que la mina antipersonal que hirió al señor Arcadio
Restrepo se encontraba a gran profundidad, cuando se demostró que en
realidad estaba adherida a una planta, lo que la hacía mucho más fácil de
detectar, si se hubiera hecho una inspección detallada del cultivo.

Explicó que la carga de la prueba respecto del cumplimiento de los protocolos
y deberes legales recaía sobre el Ejército Nacional, institución que se limitó a
afirmar en forma genérica que los acató, pero sin demostrarlo.

Mencionó que el Tribunal Administrativo de Antioquia sustentó la negativa de
las pretensiones de la demanda en una frase aislada del informe del
coordinador zonal que señaló: “la revisión realizada por el Grupo EXDE al
cultivo se llevó a cabo con todos los protocolos y procedimientos”, pero omitió
que el propio coordinador advirtió que dicho grupo no tuvo en cuenta el
estallido de la primera mina “a unos pocos metros” de donde se encontraba el
demandante y autorizó el ingreso de los erradicadores.

Sostuvo que si la autoridad judicial accionada requería de más pruebas para
determinar el cumplimiento de los protocolos por parte del Ejército Nacional,
tenía la potestad legal de decretar una prueba de oficio para mejor proveer, de
acuerdo con los artículos 169 y 170 del Código General del Proceso.

Añadió que en la sentencia se indicó que no era viable la aplicación del
régimen objetivo de responsabilidad bajo el título de imputación de riesgo
excepcional, con la tesis de que la víctima asumió voluntariamente el peligro
de ser herido por una mina antipersonal, al suscribir un contrato para el
desarrollo de la actividad peligrosa de erradicación de cultivos ilícitos.

Indicó que, para dicho propósito, el tribunal citó jurisprudencia de la Sección
Tercera del Consejo de Estado relacionada con el ingreso de soldados
voluntarios a las filas del Ejército Nacional, sin que aquella resulte aplicable al
caso, toda vez que con la argumentación expuesta se efectuó el traslado del
riesgo de una actividad peligrosa a un civil protegido por el Derecho
Internacional Humanitario.

Resaltó que, de las pruebas allegadas al proceso, se podía establecer que la
víctima no asumió el riesgo de muerte o lesión con minas antipersonales,
cuando fue reclutado como erradicador de cultivos, para cuyo efecto citó los
siguientes elementos de convicción:

1. Contrato de trabajo suscrito el 21 de febrero de 2011, entre Arcadio
Restrepo Arce y la empresa Empleamos S.A., cuyo objeto era el siguiente: “El
trabajador se vincula laboralmente con el EMPLEADOR bajo la modalidad de

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Arcadio Restrepo Arce y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Rad: 11001-03-15-000-2021-10407-01

TRABAJADOR EN MISIÓN, con el fin de cumplir en las instalaciones de la
EMPRESA USUARIA DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
D.P.S. las funciones necesarias para DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO
DE PRESTACÓN DE SERVICIOS 052-2011 FASE 1 2012”.

En la cláusula quinta se estipuló: “Los trabajadores en misión previa a la firma
de este contrato fueron capacitados por EMPLEAMOS S.A. acerca de las
funciones y las medidas de seguridad que deben guardar mientras
desempeñan la labor como erradicadores, de igual manera conoce y es
consciente de todos los riesgos existentes al momento de ejecutar la labor
encomendada” (sic).

2. Contrato de prestación de servicios 52 entre Acción Social y Empleamos
S.A., en donde se consignó: “8) Que para contrarrestar los efectos
devastadores de los cultivos ilícitos y en general del narcotráfico, el Gobierno
Nacional estableció como prioritario en su Plan Nacional de Desarrollo 2006-
2010, el establecimiento de una política de lucha contra el problema de las
drogas ilícitas y el crimen organizado, la cual está orientada hacia la
desarticulación de los procesos de producción, comercialización y consumo
de drogas, promoviendo la erradicación forzosa y voluntaria de los cultivos
ilícitos”.

El objeto del contrario de prestación de servicios era el siguiente: “contratar
una empresa de servicios temporales quien proporcionará el personal en
misión encargado de la erradicación para cumplir con las metas de la
estrategia de erradicación manual forzosa adelantada por el grupo móvil de
erradicación del programa contra cultivos ilícitos – PCI”.

3. Formulario de dictamen para determinación de origen del accidente, de la
enfermedad o de la muerte. En el apartado 4.1. denominado “Descripción del
cargo actual”, el código que se asigna a la ocupación de erradicador de
cultivos ilícitos es el 621, que corresponde a “obreros de agricultura” de
acuerdo a la Resolución 1830 de 1999 que regula la materia.

Advirtió que ninguno de los apartados del contrato de trabajo suscrito entre la
víctima y Empleamos S.A., ni en el contrato de prestación de servicios entre
esta y el Departamento Administrativo de Prosperidad Social, se mencionó
acerca de la asunción de riesgos de minas antipersonal para el desarrollo de
la labor de erradicación de cultivos ilícitos, aunado a que la categoría de
riesgos profesionales en la que se inscriben los erradicadores de cultivos
ilícitos en la ARL es la de “obreros de agricultura”.

Enfatizó en el hecho de que en el expediente no había prueba que permitiera
concluir al tribunal que la víctima conocía y aceptaba el riesgo de la existencia

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Arcadio Restrepo Arce y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Rad: 11001-03-15-000-2021-10407-01

de minas antipersonal para ejecutar las labores agrícolas de erradicación de
cultivos ilícitos, pero sí existen pruebas de que los erradicadores no son
informados ni conocen los riesgos a los que se ven expuestos, y menos aún
son capacitados ni se les brinda protección para asumir el peligro, tal como lo
señaló la Procuraduría General de la Nación en el informe de septiembre de
2012.

Aseveró que la fuerza pública es la encargada de garantizar la seguridad de
los civiles que participan en la erradicación de cultivos ilícitos, dada la posición
de garante que asume en cumplimiento de la política pública del Estado en
esa materia; además, un riesgo propio del conflicto no puede ser asumido por
un civil, de acuerdo con el principio de distinción.

3.2. Estructuración del desconocimiento del precedente

Refirió que con la providencia cuestionada se desatendió la línea
jurisprudencia de responsabilidad por riesgo excepcional en los casos de las
lesiones padecidas por los erradicadores civiles de cultivos ilícitos. Para el
efecto, citó las siguientes sentencias dictadas por la Sección Tercera del
Consejo de Estado:

1. 11001-03-15-000-2017-00231-00 del 18 de mayo de 2017

2. 50001233100020070032201 del 21 de noviembre de 2018

3. 11001-03-15-000-2020-03457-01 del 26 de noviembre de 2020

4. 50001233100020060093701 del 10 de febrero de 2021

5. 05001-23-31-000-2010-00511-01 del 10 de febrero de 2021

Sostuvo que, de las providencias referenciadas, en cuatro se declaró la
responsabilidad extracontractual del Estado por los perjuicios sufridos por los
erradicadores: tres de ellas bajo el título de imputación de riesgo excepcional
y una por falla del servicio, y solo uno de los fallos negó las pretensiones con
argumentos similares a los expuestos en la sentencia objeto de controversia.

Adujo que la posición mayoritaria considera que la ocurrencia de ese tipo de
daños debe analizarse desde la perspectiva del título de imputación de riesgo
excepcional y que las víctimas de la materialización del riesgo no tienen la
obligación de soportarlo bajo ningún concepto.

Asimismo, indicó que se desconoció la sentencia de unificación del 7 de
marzo de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, en la que se

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Arcadio Restrepo Arce y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Rad: 11001-03-15-000-2021-10407-01

determinó que: “habrá lugar a declarar la responsabilidad del Estado por los
daños causados con MAP/MUSE/AEI en casos en los que la proximidad
evidente a un órgano representativo del Estado, permita afirmar que el
artefacto explosivo iba dirigido contra agentes de esa entidad, o suceda en
una base militar con artefactos instalados por el mismo Ejército Nacional”.

Reiteró que la mina antipersona que lesionó al señor Arcadio Restrepo Arce
estaba adherida a una planta de coca dentro de un cultivo ilícito que estaba
erradicando el GME con el Ejército Nacional, es decir que no estaba plantada
de forma aleatoria en un camino o en un potrero, sino que iba dirigida contra
quien intentara arrancarla.

Resaltó que la sentencia materia de debate desconoció la doctrina del riesgo
previsible y evitable definido por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH)3, en el sentido de que existe responsabilidad estatal cuando
confluyen tres elementos, incluso cuando el hecho antijurídico es
materializado por un tercero y no por el Estado, a saber: i) el conocimiento de
una situación de riesgo real e inmediato; ii) un individuo o grupo de individuos
determinados sobre los que pueda recaer el riesgo, y iii) las posibilidades
razonables de prevenir o evitar ese riesgo por parte de las autoridades
estatales

Esbozó que en este asunto se cumplió con el presupuesto de la proximidad
con un órgano del Estado, ya que se demostró que la erradicación de cultivos
ilícitos es una política pública del Estado, y el Ejército Nacional junto con los
GME son los encargados de esa labor, además de que deben garantizar
seguridad y protección a los erradicadores

3.3. Estructuración de la violación directa de la Constitución

Arguyó que el defecto de violación directa de la Constitución se configuró por
desconocerse el principio de distinción y la prohibición internacional de
someter a la población indígena a trabajos de alto riesgo.

Manifestó que en la sentencia cuestionada se indicó que la víctima asumió el
riesgo de que le explotara una mina antipersona por el solo hecho de haber
suscrito un contrato de trabajo como erradicador agrícola de cultivos ilícitos,
pero ello no puede implicar una renuncia a la protección del Derecho
Internacional Humanitario; sin embargo, según lo expuesto en la providencia,
un acuerdo de voluntades entre particulares suspende la aplicación de dicho
principio.

3 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Defensor de Derechos Humanos contra

Guatemala (nota 3, párrafo 149); caso González y otras (Campo Algodonero) contra México
(nota 109, párrafo 280).

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Arcadio Restrepo Arce y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Rad: 11001-03-15-000-2021-10407-01

Planteó como ejemplo de asunción de riesgos el caso de las personas que
ingresan a la carrera militar en ejercicio de la autonomía de la voluntad o en
cumplimiento de un deber constitucional, para señalar que a partir de ese
momento dejan de ser civiles y se convierten en parte de los actores del
conflicto armado, pero en razón de ello reciben la preparación, protección y el
régimen de seguridad social acorde con esos riesgos.

Añadió que la Corte Constitucional ha señalado que el principio de distinción
implica que “las partes en conflicto deben diferenciar entre combatientes y no
combatientes, pues estos últimos nunca pueden ser objeto de acción bélica”, y
resaltó que “las partes bélicas no pueden involucrar en la guerra a los civiles,
utilizándolos como escudos o desplegando alguna conducta que los exponga
ante los ataques del “enemigo” (…) Esto es así pues si la guerra busca
debilitar militarmente al enemigo, no tiene por qué afectar a quienes no
combaten”4.

Afirmó que quien expuso al señor Arcadio Restrepo Arce a los riesgos del
conflicto armado fue el propio Estado a través del Ejército Nacional, en la
medida en que lo involucró en un operativo militar en el que se confundían
civiles y soldados en la erradicación de los cultivos ilícitos, que hacen parte
del narcotráfico y, este a su vez, del conflicto armado.

Acotó que en el punto cuarto del Acuerdo Final para la Terminación del
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, se reconoció en
forma textual que el “el cultivo, la producción y comercialización de las drogas
ilícitas también han atravesado, alimentado y financiado el conflicto interno”.

Resaltó que se desconoció el Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), ratificado por Colombia a través de la Ley 21 de 1991, en la
medida en que los trabajadores pertenecientes a los pueblos indígenas y
tribales no pueden estar sometidos a condiciones de trabajo peligrosos para
su salud, en particular como consecuencia de su exposición a plaguicidas o a
otras sustancias tóxicas5.

4. Trámite de la solicitud de amparo

El escrito contentivo de la acción de tutela fue radicado el 25 de noviembre de
de 2021, a través del aplicativo de recepción de tutelas y habeas corpus
dispuesto por la Rama Judicial.
Mediante auto del 2 de diciembre de 2021, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección “B”, admitió la petición de amparo y ordenó notificar en

4 Corte Constitucional, sentencia T-280A de 2016.
5 Convenio 169, numeral 3b artículo 20.

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Arcadio Restrepo Arce y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Rad: 11001-03-15-000-2021-10407-01

calidad de demandados a los magistrados que conforman el Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Segunda de Decisión.

Así mismo, se vincularon como terceros con interés a los ministros de
Defensa Nacional y del Interior y al secretario general de la Policía Nacional,
por haber fungido en calidad de demandados dentro del proceso de
reparación directa con radicación 05001-33-33-026-2012-00383-00.

5. Argumentos de defensa

5.1. Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Segunda de Decisión

La magistrada ponente del fallo objeto de cuestionamiento rindió el informe
requerido en el sentido de reiterar la valoración de las pruebas efectuada en el
proceso ordinario, de la que se concluyó que si bien el señor Arcadio Restrepo
Arce resultó lesionado por una mina antipersonal, la actuación del Ejército
Nacional fue diligente en cuanto a que aseguró el terreno en el que se iba a
llevar a cabo la erradicación manual de cultivos ilícitos.

Arguyó que aunque el juez tiene la facultad de decretar pruebas de oficio,
según lo previsto en el artículo 213 de la Ley 1437 de 2011, en el caso que se
analizó no existió algún punto oscuro o difuso que hiciera necesario el decreto
de pruebas en forma oficiosa.

Expuso que la sentencia materia de controversia fue emitida con sustento en
la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado relacionada
con la responsabilidad patrimonial del Estado por lesiones sufridas a causa de
minas antipersonal, específicamente, en la sentencia de unificación del 7 de
marzo de 20186.

Expuso que no le asiste razón a la parte actora cuando se refiere a la
imposibilidad de someter a personas protegidas a trabajos de erradicación de
cultivos ilícitos, porque ello implicaría una limitación al derecho al trabajo,
aunado a que en este asunto no se probó que la víctima hubiera sido
reclutada en contra de su voluntad para el ejercicio de esa labor.

5.2. Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional

A través de apoderado, manifestó que carece de legitimación en la causa por
pasiva en razón a que mediante sentencia de primera instancia del 9 de
agosto de 2016, fue desvinculada del proceso de reparación directa.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, sentencia del 7 de

marzo de 2018, radicación 25000-23-26-000-2005-00320-01(34359), MP Danilo Rojas
Betancourth.

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Arcadio Restrepo Arce y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Rad: 11001-03-15-000-2021-10407-01

Aseguró que la erradicación manual de cultivos ilícitos, en donde se le causó
la lesión al actor, fue realizada por el Ejército Nacional, pues sobre esa
institución recaía la vigilancia de la zona a erradicar en el municipio de Briceño
(Antioquia).

5.3. Ministerio del Interior

A través de la jefe de la Oficina Asesora Jurídica alegó la falta de legitimación
en la causa por pasiva, en la medida en que no existe nexo de causalidad
entre la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por la
parte actora y la acción u omisión del ministerio.

Adujo que la acción de tutela es improcedente ante la existencia de otros
medios de defensa judicial, sin mencionar cuáles concretamente.

6. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Segunda, Subsección “B”, mediante providencia del 24
de enero de 20227, denegó las pretensiones de la demanda con fundamento
en que no se encontraron configurados los defectos invocados.

Sostuvo que tratándose de la responsabilidad extracontractual del Estado por
daños causados con minas antipersona, advirtió que, en un principio, la
jurisprudencia del Consejo de Estado8 señaló que solo se configuraba cuando
se demostrara que aquellas habían sido instaladas por miembros de la fuerza
pública, pues en el evento en que fueran empleadas por grupos armados
ilegales, se estructuraba el eximente de responsabilidad de culpa de un
tercero.

Mencionó que, en forma posterior, la jurisprudencia9 afirmó que a la
administración le asistía la obligación de reparar los agravios sin importar el
régimen de responsabilidad aplicable, en atención al principio superior de
solidaridad y en cumplimiento del Tratado de Ottawa, ratificado por Colombia
mediante la Ley 554 de 2000, que establece que los Estados deben garantizar
que los civiles no sean víctimas de minas antipersona.

7 La sentencia de primera instancia fue notificada el 1º de marzo de 2022, mediante correo

electrónico enviado a las 20:07:29, de manera que se entiende surtida dos días después del
envío, tal como lo dispone el artículo 8 del Decreto 806 de 2020.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera; sentencia del 3

de mayo de 2007, expediente 68001-23-15-000-1995-01420-01; MP Ramiro Saavedra
Becerra.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 7
de julio de 2011, expediente 05001-23-24-000-1994-00332-01, MP Enrique Gil Botero.

12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Arcadio Restrepo Arce y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Rad: 11001-03-15-000-2021-10407-01

Enfatizó en que en el tratado se estipuló un término de diez años para que los
Estados parte cumplieran las obligaciones allí consagradas10, por manera que
los daños causados por minas antipersona acaecidos en el lapso en que aún
no se cumplía el plazo de diez años, solo debían ser reparados cuando se
acreditara una falla del servicio11.

Acotó que ante las diversas posturas que no ofrecían claridad sobre la
posibilidad de que, en atención al principio de solidaridad, se accediera a la
reparación del daño antijurídico causado por minas antipersona, esta
Corporación mediante sentencia de unificación del 7 de marzo de 2018 12,
precisó que no procede la condena al Estado por el solo hecho de que una
persona se lesione con los referidos artefactos “pues resulta imposible de
exigir a la fuerza pública que [conozca] la ubicación de ellos y desactivarlos”.

Mencionó que en la providencia de unificación se señaló que hay lugar a
declarar la responsabilidad patrimonial en casos en los que la proximidad
evidente a un órgano representativo del Estado permita afirmar que el
artefacto explosivo iba dirigido contra agentes de esa entidad, o suceda en
una base militar con artefactos instalados por el mismo Ejército Nacional.

Asimismo, se precisó que cuando no se colmen las citadas exigencias,
aunque no se comprometa la responsabilidad extracontractual del Estado, al
lesionado le asiste el derecho de acceder a las indemnizaciones
administrativas destinadas a las víctimas del conflicto armado, de acuerdo con
el principio de solidaridad.

Advirtió que, de la revisión de la argumentación expuesta en la providencia
enjuiciada, no se acreditó que la valoración probatoria hubiera sido arbitraria o
caprichosa, ya que se efectuó una inferencia razonable acerca de que el
dispositivo que afectó al señor Arcadio Restrepo Arce no estaba dirigido
contra la fuerza pública ni que hubiera detonado en una instalación militar o
policial.

Esbozó que a pesar de que en el informe rendido por el coordinador de la
zona Antioquia de la «PCI-GME-UACT», se establecieron las circunstancias
en las que ocurrió el hecho dañoso, lo cierto es que no se logró inferir que el
artefacto estuvo dirigido contra miembros de las fuerzas militares ni que
perteneció a estas y tampoco que explotó en una instalación militar o policial,
dado que allí solo se hizo referencia al procedimiento empleado por el grupo

10 Prorrogado, en cuanto a Colombia, por diez años en el marco de la décima reunión de

Estados parte celebrada en 2010 en Ginebra (Suiza).
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del

8 de agosto de 2012, expediente 05001-23-31-000-1997-02309-01; MP Enrique Gil Botero.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, expediente

25000-23-26-000-2005-00320-01; MP Danilo Rojas Betancourth.

13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Arcadio Restrepo Arce y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Rad: 11001-03-15-000-2021-10407-01

EXDE del Ejército Nacional, para verificar que en la zona en la que estaban
los cultivos ilícitos no habían explosivos.

Añadió que los informes de Positiva Compañía de Seguros no permitían
colegir que la mina antipersona que hirió al señor Restrepo Arce tuviera como
finalidad la afectación de los militares que estaban en el lugar, pues solo
indicó que aquel resultó lesionado como consecuencia de una explosión de un
dispositivo de esa naturaleza cuando realizaba trabajos de erradicación de
plantas de coca en Briceño.

Afirmó que aunque para el tutelante existió una falla del servicio por el hecho
de que hubiera explotado la mina antipersona luego de que miembros del
Ejército Nacional verificaran la seguridad de la zona, no se allegaron pruebas
que acreditaran que los uniformados no cumplieron en debida forma su labor;
además, se debía tener en cuenta que las obligaciones del Estado son de
medio y no de resultado.

Aclaró que el señor Arcadio Restrepo Arce tenía conocimiento de que se
dedicaría a la erradicación manual de cultivos ilícitos, de acuerdo con lo
pactado en el contrato de trabajo celebrado con la empresa Empleamos S.A.

En cuanto al yerro de desconocimiento del precedente, arguyó que las
providencias del 18 de mayo de 201713 y 26 de noviembre de 202014
corresponden a sentencias de tutela, razón por la cual carecen de fuera
vinculante en virtud de lo normado en el artículo 48, numeral 2 de la Ley 270
de 1996 y, en esa medida, no debían ser examinadas por la autoridad judicial
accionada.

Indicó que en relación con los fallos del 21 de noviembre de 2018 y 10 de
febrero de 2021, proferidos en los procesos 50001-23-31-000-2007-00322-01
y 50001-23-31-000-2006-00937-01, en su orden, evidenció que decidieron
asuntos con supuestos fácticos diferentes al analizado en esta oportunidad,
pues, en el primero, los demandantes no suscribieron un contrato de trabajo
para desarrollar las actividades de erradicación y, en el segundo, se demostró
que los miembros de la Policía Nacional no atendieron los protocolos de
seguridad antes de la intervención de las personas que resultaron afectadas
por la explosión de una mina antipersona.

Precisó que la única sentencia aplicable en el medio de control de reparación
directa objeto de controversia, es la del 10 de febrero de 2021 (expediente
05001-23-31-000-2010-00511-01), por cuanto allí se indicó que la

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, exp. 11001-

03-15-000-2017-00231-00; MP Hernando Sánchez Sánchez.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta; exp. 11001-03-

15-000-2020-03457-01, MP Julio Roberto Piza Rodríguez.

14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Arcadio Restrepo Arce y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Rad: 11001-03-15-000-2021-10407-01

administración compromete su responsabilidad por riesgo excepcional,
cuando un erradicador de plantaciones de coca resulta afectado por una mina
antipersona en la ejecución de su labor, dado que el Estado lo puso en
situación de peligro.

Acotó que esa postura es distinta a la planteada en el fallo de unificación del 7
de marzo de 2018, en el que se indicó que solo hay lugar a declarar la
responsabilidad extracontractual del Estado por lesiones producidas por minas
antipersona, cuando se prueba que el artefacto fue dirigido contra miembros
de la fuerza pública o plantado por ellos en instalaciones policiales o militares,
presupuesto que no ocurrió en el presente asunto.

Respecto del cargo de violación directa de la Constitución, explicó que en la
providencia objeto de censura no se desconoció el principio de riesgo
previsible y evitable, en atención a que se concluyó que la fuerza pública
adelantó las medidas necesarias para asegurar el área en la que se iba a
realizar la erradicación de cultivos ilícitos, y el hecho de que haya acontecido
el suceso dañoso, no significaba necesariamente una actuación negligente de
la administración.

Sostuvo que tampoco se desconoció el principio de distinción, porque si bien
es cierto que prevé que los integrantes de las comunidades indígenas no
pueden realizar actividades relacionadas con el conflicto armado, como es la
erradicación de cultivo ilícitos, también lo es que la administración no tenía
conocimiento de la condición del señor Restrepo Arce, habida cuenta de que
no existió prueba de que hubiera informado que pertenecía a la comunidad
Embera Katío; por el contrario, se infirió que no lo hizo, pues en el contrato de
trabajo que suscribió con la empresa Empleamos S. A. no se consignó alguna
indicación sobre el particular, así como tampoco en la hoja de vida que
presentó a esa compañía.

7. La impugnación

Inconforme con la decisión de primera instancia, el demandante presentó
escrito de impugnación el 4 de marzo de 2022, bajo los siguientes
argumentos:

Señaló que existe una confusión conceptual en la sentencia impugnada, dado
que mezcló la protección que otorga el DIH a todos los civiles no combatientes
de no ser involucrados en un conflicto armado, con la especial salvaguarda a
las personas indígenas frente a trabajos peligrosos, establecida en el
Convenio 169 de la OIT. Indicó que lo único que tienen en común ambos
conceptos es que forman parte del bloque de constitucionalidad.

15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Arcadio Restrepo Arce y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Rad: 11001-03-15-000-2021-10407-01

Refirió que el señor Arcadio Restrepo Arce era un civil no combatiente, que
fue expuesto por el Ejército Nacional al conflicto armado, tal como lo
reconoció el a quo al calificar la erradicación de cultivos ilícitos como una
actividad relacionada con la guerra, lo que generó la vulneración del principio
de distinción.

Cuestionó la reducción de la condición de indígena a una declaración
contenida en un contrato o en una hoja de vida. Al respecto, indicó que de la
revisión de esos documentos no existe alguna casilla o espacio destinado a
declarar la adscripción a un determinado grupo étnico.

Manifestó que no se previó la situación descrita en el CONPES 3669 de 2010,
que implementó la Política Nacional de Erradicación Manual de Cultivos
Ilícitos y Desarrollo Alternativo para la Consolidación Territorial, ni en el
contrato de prestación de servicios 52 celebrado entre Acción Social y
Empleamos S.A.

Afirmó que las consecuencias de la ausencia de un enfoque étnico en las
políticas públicas no pueden trasladarse a sujetos de especial protección
constitucional, como es el caso de las personas indígenas.

En punto del defecto fáctico, refirió que no se valoró el hecho de que en el
contrato de trabajo suscrito entre el señor Restrepo Arce y Empleamos S.A. ni
en el de prestación de servicios celebrado entre esta última y Acción Social se
mencionó el riesgo de minas antipersonal en la labor de erradicación de
cultivos ilícitos.

Precisó que la víctima no podía asumir ese riesgo, propio del conflicto
armado, porque no tuvo la oportunidad de conocerlo al momento de firmar el
contrato, no fue capacitado ni recibió la protección necesaria para enfrentarlo,
además de que no contaba con el régimen laboral excepcional del que gozan
los agentes del Estado que están expuestos a riesgos excepcionales.

Refirió que si bien se concluyó que el Ejército Nacional cumplió con los
protocolos de seguridad, no se analizó en forma completa el informe del
coordinador zonal de Antioquia del Programa Presidencial de Cultivos Ilícitos,
en el que se indicó que la revisión del terreno se hizo minutos antes de la
entrada de los erradicadores, lo que implicó que no se efectuara una
verdadera labor de inspección y limpieza de artefactos explosivos, con el fin
de garantizar la integridad de aquellos.

Hizo alusión al informe de la Procuraduría General de la Nación elaborado en
el año 2012, en donde se explicó, acerca de la situación de los erradicadores
manuales, que la labor de detección de explosivos se realiza “sobre la

16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Arcadio Restrepo Arce y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Rad: 11001-03-15-000-2021-10407-01

marcha”, una vez iniciada la tarea misma de erradicación, de modo que “no
existe certeza ex ante de que la zona a erradicar se encuentra libre de
sospecha y limpia de artefactos explosivos”.

Resaltó que el incumplimiento de los protocolos no se produjo únicamente en
la planeación de la operación; en el referido informe, el coordinador narró que
una mina antipersona estalló después de la revisión del Ejército Nacional,
situación que obligaba a suspender las actividades de erradicación para
garantizar la exclusión de civiles de la zona, luego es claro que la institución
tenía conocimiento de la presencia artefactos explosivos.

Aseveró que tal y como era previsible, minutos después de que el Ejército
Nacional autorizara el ingreso de civiles al campo minado que era el cultivo de
coca, explotó otra mina antipersona, es decir, la que causó las heridas al
señor Arcadio Restrepo Arce y a otros civiles erradicadores.

Insistió en que el informe del coordinador plasmó que la mina antipersona “se
encontraba amarrada a la mata, la cual al momento de ser jalada detonó”, lo
que puso en evidencia que no fue cierta la afirmación del grupo EXDE
relacionada con que “la razón para que no fuese detectada esta mina se
encontraba muy profunda y adicionalmente se encontraba desde hace mucho
tiempo colocada en este punto, razón por la cual el canino y el gancho no la
detectaron”, ya que, adicionalmente, la investigación del accidente por parte
de Positiva Compañía de Seguros S.A. arrojó como resultado que la mina
antipersona se encontraba adherida a una planta de coca y no enterrada en
forma subterránea.

Afirmó que un protocolo de seguridad no se cumple al llenar una planilla, sino
cuando se verifican materialmente las etapas que lo componen, de manera
que no puede defenderse la observancia de un protocolo que permitió la
explosión de dos minas antipersona en cuestión de pocos minutos, y en el que
ni siquiera se logró establecer si el artefacto estaba enterrado a gran
profundidad o amarrado a una planta de coca.

Respecto del desconocimiento del precedente, adujo que en el escrito de
tutela se probó que el Tribunal Administrativo de Antioquia desatendió la
sentencia de unificación del 7 de marzo de 2018 del Consejo de Estado, en la
medida en que la tesis de esa providencia no se refiere a los eventos dañosos
que se ocasionen a los erradicadores de cultivos ilícitos que han sido
expuestos a los riesgos del conflicto armado, sino a la declaración de la
responsabilidad patrimonial del Estado “por los daños causados con
MAP/MUSE/AEI en casos en los que la proximidad evidente a un órgano
representativo del Estado, permita afirmar que el artefacto explosivo iba

17

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Arcadio Restrepo Arce y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Rad: 11001-03-15-000-2021-10407-01

dirigido contra agentes de esa entidad, o suceda en una base militar con
artefactos instalados por el mismo Ejército Nacional”.

Expresó que quedó demostrado que la erradicación de cultivos ilícitos es una
política pública del Estado colombiano, y que los encargados de ejecutarla
son los Grupos Móviles de Erradicación y la fuerza pública, vale decir que la
actividad de erradicación siempre se realiza por agentes estatales apoyados
por civiles, luego es evidente que las minas antipersona se dirigen contra el
Ejército Nacional, con el fin de evitar la erradicación.

Cuestionó el argumento del fallo impugnado, en cuanto afirmó que hubo una
“inferencia razonable de los elementos de convicción obrantes en ese
expediente, los cuales no demuestran que el dispositivo que afectó al señor
Arcadio Restrepo Arce haya sido dirigido contra la fuerza pública o que
detonara en una instalación militar o policial”, pues para la Sección Segunda,
Subsección “B” del Consejo de Estado era necesario que los artefactos
explosivos “tuvieran marcado el nombre del destinatario”, exigencias que se
encuentran proscritas del ordenamiento jurídico, más aún cuando se debate
un caso de grave violación a los derechos humanos de un sujeto de especial
protección.

Reiteró el desconocimiento de las sentencias de tutela del 18 de mayo de
2017 (exp. 11001-03-15-000-2017-00231-00) y del 26 de noviembre de 2020
(exp.11001-03-15-000-2020-03457-01).

Asimismo, estimó que se desatendió el precedente establecido en la
sentencia del 10 de febrero de 2021, bajo el argumento de que en ese asunto
los demandantes no suscribieron “un contrato de trabajo para desarrollar las
actividades de erradicación”, sin tener en cuenta que el fondo del asunto no
estriba en una controversia contractual, sino en una grave violación a los
derechos humanos.

Precisó el alcance del fallo del 10 de febrero de 2021, dictado por la Sección
Tercera de esta Corporación, exp. 50001-23-31-000-2006-00937-01, en el
sentido de señalar que en la sentencia impugnada se consideró que no era
aplicable al caso concreto porque en ese otro asunto se “demostró que los
miembros de la Policía Nacional no atendieron los protocolos de seguridad
antes de la intervención de las personas que resultaron afectadas por la
explosión de una mina antipersona”, cuando es precisamente ese
incumplimiento lo que se discute en esta ocasión, de manera que la citada
sentencia sí es aplicable.

Aclaró que según lo señalado por la Sección Segunda, Subsección “B” del
Consejo de Estado, en el fallo del 21 de febrero de 2021, se indicó que “solo

18

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Arcadio Restrepo Arce y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Rad: 11001-03-15-000-2021-10407-01

hay lugar a declarar la responsabilidad extracontractual del Estado por
lesiones producidas por minas antipersona, cuando se prueba que el artefacto
fue dirigido contra miembros de la fuerza pública o instalado por ellos en
instalaciones policiales o militares”, sin analizar que en dicha providencia no
se creó un nuevo título de imputación para los daños causados por minas
antipersonal. El fundamento de responsabilidad de riesgo excepcional existe
al margen de que se trate de una mina antipersonal o el accidente ocasionado
por una volqueta municipal.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación interpuesta por la
parte demandante contra la sentencia emitida el 24 de enero de 2022 por la
Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, en atención a lo
consagrado por los Decretos 2591 de 1991 y 333 de 2021, y el Acuerdo 80 de
2019.

2. Trámite en esta instancia

Mediante auto del 31 de marzo de 2022, se puso en conocimiento del juez
Veintiséis Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, autoridad judicial
que profirió la sentencia de primera instancia del proceso ordinario de
reparación directa, y del Ejército Nacional, institución que actuó como parte
demandada, la posible configuración de una nulidad saneable, de acuerdo con
lo señalado en el artículo 133, numeral 8 del Código General del Proceso.

Una vez realizada la notificación a los interesados, no se allegó escrito alguno
por parte de estos.

3. Cuestión previa

El Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y el Ministerio del Interior
solicitaron la desvinculación del presente trámite por carecer de legitimación
en la causa por pasiva.

Sobre el punto, se tiene que si bien en la sentencia de primera instancia nada
se resolvió acerca de las peticiones, la Sala las negará en atención a que la
vinculación al proceso se hizo en la condición de terceros con interés, con el
fin de que pudieran ejercer su derecho de defensa.

19

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Arcadio Restrepo Arce y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Rad: 11001-03-15-000-2021-10407-01

4. Problema jurídico

Corresponde en este caso determinar si, de acuerdo con los argumentos
planteados en el escrito de impugnación, hay lugar a confirmar, modificar o
revocar el fallo de primera instancia del 24 de enero de 2022 proferido por la
Sección Segunda, Subsección “B” de esta Corporación, que denegó las
pretensiones de la petición de amparo, por no encontrar configurados los
defectos fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución, respecto de la sentencia del 21 de mayo de 2021, emitida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del proceso de reparación directa
con radicación 05001-33-33-026-2012-00383-01.

5. Personas indígenas como sujetos de especial protección
constitucional

La Corte Constitucional ha establecido que la condición de sujetos de especial
protección es la que ostentan aquellas personas que, en razón a sus
condiciones físicas, psicológicas o sociales, merecen un amparo reforzado
con el fin de lograr una igualdad real y efectiva.

Entre los grupos de especial protección se encuentran los niños, los
adolescentes, los ancianos, los disminuidos en su capacidad física, síquica y/o
sensorial, las mujeres cabeza de familia, las personas desplazadas por la
violencia, quienes se encuentran en extrema pobreza, además de aquellas
personas que por su situación de debilidad manifiesta se ubican en una
posición de desigualdad material con respecto al resto de la población.

En ese sentido, la pertenencia a estos grupos poblacionales tiene una
incidencia directa en la intensidad de la evaluación del perjuicio, por cuanto
las condiciones de debilidad manifiesta obligan a un tratamiento preferencial
en términos de acceso a los mecanismos judiciales de protección de
derechos.

Igualmente, con fundamento en el reconocimiento de la diversidad étnica con
la Constitución Política, así como en los principios de participación, pluralismo
y el de igualdad entre culturas, y en el marco del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, la jurisprudencia constitucional ha señalado que los
pueblos indígenas, al igual que las personas con identidad étnica indígena,
son sujetos de protección reforzada, en atención a lo dispuesto en el artículo
13 de la Carta Política, que ordena a todas las autoridades prodigar un trato
especial a grupos y personas que se encuentran en condición de
vulnerabilidad o en situación de debilidad manifiesta.

20

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Arcadio Restrepo Arce y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Rad: 11001-03-15-000-2021-10407-01

En la sentencia T-235 de 2011, se argumentó que la caracterización de los
pueblos indígenas como sujetos de especial protección constitucional se
deriva de su situación de vulnerabilidad, originada en la existencia de
“patrones históricos de discriminación aún no superados frente a los pueblos y
las personas indígenas; la presencia de una cultura mayoritaria que amenaza
con la desaparición de sus costumbres, su percepción sobre el desarrollo y la
economía y, en términos amplios, su cosmovisión”.

En dicha providencia también quedó señalado que el conflicto armado ha
generado una especial afectación a las comunidades indígenas,
principalmente por el interés de las partes en conflicto de apoderarse o utilizar
estratégicamente sus territorios, circunstancia que “adquiere particular
gravedad, en virtud de la reconocida relación entre territorio y cultura, propia
de las comunidades aborígenes”.

6. Caso concreto

Con la presente solicitud de amparo, los accionantes buscan que se protejan
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la
administración de justicia, a la reparación integral, a la vida digna, “a la
especial protección de los pueblos indígenas, así como el principio de
distinción que protege a los civiles del conflicto armado”, presuntamente
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Antioquia con la sentencia del 21
de mayo de 2021, por la cual se negaron las pretensiones de la demanda de
reparación directa promovida en contra de la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional y el Ministerio del Interior.

La parte accionante advirtió que la providencia objeto de reproche incurrió en
defecto fáctico, en síntesis, por indebida valoración de las pruebas que daban
cuenta de la actuación negligente del Ejército Nacional al realizar la
inspección del lote en el que se llevó a cabo la erradicación de cultivos ilícitos
con apoyo de civiles y en donde resultó herido de gravedad el señor Arcadio
Restrepo Arce con una mina antipersona, ya que se acreditó que la referida
inspección se realizó tan solo minutos antes del ingreso de los erradicadores a
la zona, sin que se hubiera percatado de que el artefacto explosivo se
encontraba adherido a una mata de coca, y no enterrado a gran profundidad,
como se afirmó por parte de la institución.

Se refirió a la valoración defectuosa del informe del coordinador zonal de
Antioquia del Programa Presidencial de Cultivos Ilícitos, al igual que el informe
de la investigación del accidente realizado por Positiva Compañía de Seguros
S.A., en donde se determinó que la explosión se produjo luego de jalar una
mata de coca; asimismo, al contrato de prestación de servicios suscrito entre
el Estado y la empresa Empleamos S.A. y al contrato de trabajo celebrado

21

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Arcadio Restrepo Arce y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Rad: 11001-03-15-000-2021-10407-01

entre esta última y el señor Restrepo Arce, en los cuales no se especificó la
existencia del riesgo de minas antipersona en la labor de erradicación de
cultivos ilícitos.

Añadió que se violó en forma directa la Constitución por incumplimiento del
principio de distinción, según el cual no se pueden emplear personas
indígenas en actividades que tengan alguna relación con el conflicto armado,
de acuerdo con lo previsto, igualmente, en el Convenio 169 de la OIT.

Adicionalmente, se desconoció la doctrina del riesgo previsible y evitable,
respecto del cual la CIDH ha señalado que existe responsabilidad estatal
cuando i) existe conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato, ii)
un individuo o grupo de individuos determinados sobre los cuales pueda
recaer el riesgo, y iii) posibilidades razonables de prevenir o evitar el riesgo
por parte de las autoridades estatales.

Sostuvo que se desconoció el precedente relacionado con la responsabilidad
del Estado como consecuencia de los accidentes causados con minas
antipersonal de erradicadores de cultivos ilícitos.

En la sentencia de primera instancia, la Sección Segunda, Subsección “B” del
Consejo de Estado denegó las pretensiones de la demanda de tutela, sobre la
base de señalar que hubo una inferencia razonable de los elementos de
convicción allegados al expediente del proceso de reparación directa, los
cuales no demostraron que la mina antipersona que afectó al señor Arcadio
Restrepo Arce hubiera estado dirigida a la fuerza publica o que detonara en
una instalación militar o policial, presupuestos exigidos para la declaración de
responsabilidad del Estado en la sentencia de unificación del 7 de marzo de
2018.

En el escrito de impugnación se insistió en cada uno de los reproches
planteados inicialmente, referentes a la configuración de los defectos fáctico,
violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente.

Con fundamento en lo expuesto en los escritos de tutela y de impugnación, la
Sala considera importante advertir que el análisis de la eventual configuración
de los defectos alegados se realizará sobre la base de que el extremo
demandado en el proceso de reparación directa estuvo conformado
únicamente por la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional, Policía Nacional y el Ministerio del Interior.

22

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Arcadio Restrepo Arce y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Rad: 11001-03-15-000-2021-10407-01

Generalidades del defecto fáctico

En cuanto a este yerro, en decisión del 12 de noviembre del 2015 15, la Sala
precisó los alcances y requisitos que deben atenderse al momento de
alegarse la ocurrencia de un defecto fáctico en una providencia judicial, en el
sentido de señalar que los eventos de configuración del defecto fáctico son: i)
omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii)
desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la
veracidad de los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o
arbitraria de las pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en
pruebas obtenidas con violación del debido proceso.

El accionante debe precisar en su escrito el cargo que plantea, para
demostrar no solo la configuración del defecto, sino también, su incidencia en
la decisión judicial.

Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para
lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra
una providencia judicial, están en juego valores importantes para el
ordenamiento jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros,
la seguridad, la buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de
la Constitución Política.

Así mismo, deben ser cuidadosos los interesados al formular el cargo, en la
medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen
entre sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una
misma prueba, como suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera
confusión al fallador.

Para efectos de resolver el cargo propuesto, se tiene que, de manera
preliminar, la autoridad judicial accionada abordó el análisis del recurso de
apelación interpuesto bajo la teoría de la responsabilidad patrimonial del
Estado por los daños causados por minas antipersonas.

Señaló que mediante la Ley 554 de 2000, por la cual se aprueba la
"Convención sobre la prohibición del empleo, Almacenamiento, producción y
transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción", hecha en Oslo el
18 de septiembre de 1997, en cuyos artículos 1º y 5º las obligaciones
generales de los Estados Parte de nunca emplear, bajo ninguna
circunstancia, minas antipersonal, destruir o asegurar la destrucción de estos
artefactos en las zonas minadas que estén bajo su jurisdicción o control, lo

15Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.

23

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Arcadio Restrepo Arce y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Rad: 11001-03-15-000-2021-10407-01

antes posible, y a más tardar en una plazo de diez años a partir de la entrada
en vigencia de la Convención para el respectivo Estado Parte.

Indicó que en el referido plazo de diez años para la destrucción total de minas
antipersonal fue prorrogado para el Estado colombiano en la reunión de
Estados Partes celebrada en Ginebra en el año 2010, el cual se extendió
hasta el 31 de diciembre de 202516.

Sobre el punto, sostuvo que aunque el Estado colombiano adquirió el
compromiso frente a la destrucción de las minas antipersonal a más tardar el
1º de marzo de 202117, dicha actividad no está sujeta a un plazo determinado,
por tratarse de una obligación de medio y no de resultado, con fundamento
en el criterio adoptado al respecto en la sentencia del 14 de marzo de 2018 18.

Adujo que en relación con la responsabilidad del Estado por accidentes
ocasionados por el uso de minas antipersonal, la Sección Tercera de esta
Corporación unificó jurisprudencia a través de sentencia del 7 de marzo de
2018, en el sentido de señalar que procede la reparación por daños
antijurídicos con armas, municiones de guerra, explosivos u otros elementos,
cunado se pruebe que estos son de dotación oficial o están bajo su guarda,
caso último en el que se configura la falla del servicio por incumplimiento del
deber de custodia y cuidado.

Asimismo, hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por daños
causados por minas antipersonal en casos en los que la proximidad evidente
a un órgano representativo del Estado permita afirmar que el explosivo iba
dirigido contra agentes de esa entidad, o suceda en una base militar con
artefactos instalados por el mismo Ejército Nacional.

Ahora bien, el tribunal determinó la ocurrencia del daño antijurídico padecido
por el señor Arcadio Restrepo Arce como consecuencia de las heridas
causadas por la explosión de una mina antipersonal, el 3 de abril de 2012,
mientras se dedicaba a la erradicación forzosa de cultivos ilícitos, que le
generó la amputación de su pierna izquierda.

Para efectos de determinar la imputación del daño, analizó los siguientes
elementos de convicción allegados al proceso19:

16 http://www.accioncontraminas.gov.co/prensa/atencion-convencion-de-ottawa-aprueba-mas-

de-4-cuatro-a%C3%B1os-de-prorroga-a-colombia-para-la-eliminacion-de-minas-antipersona
17 El plazo se extendió hasta el 31 de diciembre de 2025.
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, exp. 49.851.
19 En el fallo se relacionaron algunos oficios solo con el número de radicación, sin que se

indicara cuál era el contenido de dichos documentos ni la autoridad que los expidió.

24

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Arcadio Restrepo Arce y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Rad: 11001-03-15-000-2021-10407-01

1. Contrato de prestación de servicios 032 de 2010, suscrito entre la Agencia
Presidencial Para la Acción Social y la Cooperación Internacional Fondo de
Inversión para la Paz – Acción Social – FIP (hoy Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social) y la empresa Empleamos S.A.

2. Contrato de trabajo suscrito el 21 de febrero de 2012 entre Empleamos
S.A., en calidad de empleador, y el señor Arcadio Restrepo Arce, en condición
de empleado, cuyo objeto era “cumplir las funciones necesarias para dar
cumplimiento al contrato de prestación de servicios 052-2011 FASE I 2012”.

3. Informe suscrito por el coordinador zonal de Antioquia del Programa
Presidencial de Cultivos Ilícitos, en donde se relataron los detalles del
accidente ocurrido por la mina antipersonal.

4. Oficio S-2012-027867 del 21 de junio de 2012, suscrito por la Dirección
Antinarcóticos de la Policía Nacional, en el que se informó acerca del número
de hectáreas que se erradicaron manualmente.

5. Oficio 01357 del 16 de noviembre de 2013, del jefe de Estado Mayor y
segundo comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en el que se
expuso que: “l. Ejército Nacional NO interviene en el proceso de selección del
personal para el cumplimiento de la erradicación manual, dentro de la
estrategia de la erradicación manual forzosa implementada por la Agencia
Presidencial para la Acción Social, el en cargado (Sic) de este proceso es la
Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial, con su programa
contra cultivos ilícitos y grupos móviles de erradicación. El papel que cumple
el Ejército Nacional de Colombia frente a los Grupos Móviles de Erradicadores
es únicamente de SEGURIDAD (…)”.

6. Testimonio del señor Reinaldo González Queragama, quien narró lo que le
constaba acerca de las condiciones de salud física y el daño moral padecido
por el demandante, con ocasión de la explosión de la mina antipersonal.

7. Constancia del 12 de junio de 2012, expedida por la coordinadora del
Grupo de Investigación y Registro de la Dirección de Asuntos Indígenas.

8. Certificación del 19 de junio de 2012, expedida por la personera Municipal
de Briceño.

9. Documento denominado “Problemática de los erradicadores manuales de
cultivos ilícitos víctimas de minas antipersonal.
10. Documento “Marco legal para los derechos de los pueblos indígenas en
Colombia”.

25

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Arcadio Restrepo Arce y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Rad: 11001-03-15-000-2021-10407-01

11. Oficio del 17 de abril de 2012 suscrito por el coordinador de Salud
Ocupacional de Empleamos S.A.

12. Informe “La situación de los erradicadores manuales de cultivos ilícitos en
Colombia” de septiembre de 2012, elaborado por la Procuraduría General de
la Nación.

De la valoración efectuada, el tribunal advirtió que el único documento en el
que consta cómo ocurrieron los hechos, es el informe bajo el título “Punto
Denominado Orejón”, suscrito por el coordinador zonal de Antioquia del
Programa Presidencial de Cultivos Ilícitos, en el cual se indicó que el 3 de
abril de 2012, el Grupo Móvil de Erradicadores (GME)20 se trasladó a la
vereda El Robral, ubicada en el municipio de Briceño, en compañía de un
grupo de seguridad conformado por treinta y seis soldados y un grupo EXDE
del Ejército Nacional, integrado por tres soldados.

En el citado informe se consignó lo siguiente21:

Me permito realizar informe, de accidente ocasionado por Mina
Antipersonal (A.E.I), ubicada en las coordenadas 07 08 26 -75 36 25
Vereda el Robral, Municipio de Briceño en el punto denominado Orejon, el
día 3 de Abril de 2012 (…).

Se realizó desplazamiento a las coordenadas previamente detectadas
acompañados de un personal de seguridad conformado 36 solados 18
profesionales y 18 Regulares, un grupo Exde conformado por 3 Soldados
un Suboficial y 2 soldados profesionales, se aseguran los puntos
vulnerables del cultivo, a intervenir. Se realiza revisión previa por parte del
Grupro EXDE, teniendo en cuenta el protocolo de seguridad, inspección
visual, enseguida realizaron la revisión con gancho y cuerda y para
finalizar ingresaron los dos caninos que acompañan al Grupo EXDE,
Terminada la revisión se procede a la firma de la planilla de verificación de
seguridad por parte del comandante EXDE donde se confirma el ingreso
de los Grupos Móviles de Erradicación al cultivo a Erradicar y se realiza el
proceso de erradicación sin ningún tipo de novedad.

Mientras se encuentran en el proceso de erradicación, los GME, en este
primer lote y como es común el Grupo EXDE en conjunto con el equipo de
bloqueo se desplazan hacia otro lote, lugar donde lamentablemente
ocurrieron los hechos, a realizarle el proceso de revisión previa al ingreso
de los GME, A las 9:00 am, afirma el Jefe Zonal y enfermero se escucha a

20 El Manual Operativo Grupos Móviles de la Dirección de Programas contra Cultivos Ilícitos

dispone el funcionamiento de los Grupos Móviles de Erradicación a partir de la contratación
de personal civil, la cual es adelantada por una empresa de servicios temporales, que
garantiza todos los derechos derivados de la relación laboral, entre ellas, las afiliaciones al
sistema de seguridad social en salud y pensión y riesgos laborales.
21 Transcripción tomada de la sentencia objeto de cuestionamiento.

26

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Arcadio Restrepo Arce y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Rad: 11001-03-15-000-2021-10407-01

mas o menos doscientos metros del área del cultivo que se encuentran
erradicando, la explosión de Mina activada vía celular, por bandidos de la
zona FRENTE 36 DE LAS FARC COMISION DE FINAN ZAS la cual
ocasiona un cráter de 2 metros cuadrados , buscando atentar contra los
efectivos del Grupo EXDE, la cual no ocasionó ningún tipo de novedad
para el personal. No teniendo en cuenta lo sucedido continúan en el
correspondiente proceso de revisión al mismo lote en donde previamente
los GME van a ser ingresados, desconociendo que ya el sector se
encuentra bastante contaminado por la explosión ocasionada
anteriormente mencionada.

Afirma el Jefe Zonal que la revisión realizada por el grupo EXDE, al Cultivo
de área de aproximadamente 0.7 Hectáreas, donde fue encontrado el
Artefacto Explosivo Improvisado continuo, como si no hubiese pasado
nada, fue llevada a cabo con todos los procedimientos y protocolos,
realizaron la inspección visual, enseguida realizaron la revisión con gancho
y cuerda y para finalizar ingresaron los dos caninos, los cuales conforman
al grupo EXDE. Igualmente terminada la revisión se procede a la firma de
la planilla de verificación de seguridad por parte del comandante EXDE
donde se confirma el ingreso de los Grupos Móviles de Erradicación al
Cultivo a Erradicar, pero según la razón para que no fuese detectada esta
mina afirma el grupo EXDE se encontraba muy profunda y adicionalmente
se encontraba desde hace mucho tiempo colocada en este punto, razón
por la cual el canino y el gancho no la detectaron. Razón que no veo
consecuente con los hechos anunciados anteriormente. Esta se
encontraba amarrada a la mata la cual al momento de ser jalada detonó.
Ocasionando lamentables heridas a los señores erradicadores (…) Sr
ARCADI (Sic) RESTREPO ARCE presentó mutilación del pie derecho a la
altura del tobillo (…) este accidente se presentó a las 11:30 AM (…)
momento en el cual se empezó con el procedimiento de atención
prehospitalaria y protocolo de Evacuaciones Aeromédicas (MEDEVAC)”.

Se determinó que, según lo narrado en el informe, el Ejército Nacional tenía
conocimiento de que la zona en la que explotó la mina antipersonal que hirió
al demandante podía estar minada, dado que ese tipo de artefactos son
utilizados por los grupos subversivos para la protección de los cultivos ilícitos,
y, adicionalmente, previo a la ocurrencia de los hechos que originaron la
demanda, se presentó una detonación de una mina mediante un celular, de lo
que concluyó que “el daño padecido por el erradicador, era previsible para la
entidad”.

En ese orden, para la corporación judicial demandada era claro que el Ejército
Nacional sabía que el lote objeto de erradicación posiblemente estaba minado
debido a la detonación previa de una mina, la cual ocurrió en aproximaciones
al punto en donde estalló el artefacto que le ocasionó las graves heridas al
demandante.

27

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Arcadio Restrepo Arce y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Rad: 11001-03-15-000-2021-10407-01

Con todo, estableció que la actuación del Ejército Nacional fue diligente en
cuanto al cumplimiento del protocolo de seguridad, pues el grupo EXDE
realizó la verificación de la zona con los mecanismos adecuados (inspección
visual, revisión con gancho y cuerda, y el ingreso de dos caninos22) con el fin
de asegurar el terreno, sin que hubiera sido posible detectar la existencia de
otra mina antipersona por los caninos, toda vez que estaba “muy profunda” y,
en esa medida, no había lugar a imputarle responsabilidad al Estado por el
daño padecido.

La explicación sobre ese aspecto se efectuó en los términos que se exponen
a continuación:

“No obstante, del Oficio “PUNTO DENOMINADO OREJON”, se logró
establecer que, pese a la explosión ocurrida a más o menos, doscientos
metros del lote de cultivos que se pretendía erradicar, el Grupo EXDE
realizó la labor de verificación del lote, usando los mecanismos adecuados
para la detección de las minas antipersonal. Así mismo, se pudo establecer
que el Grupo Móvil de Erradicadores estaba acompañando de 36 miembros
del Ejército Nacional, quienes prestan la seguridad a los erradicadores.

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que si bien, el señor Arcadio
Restrepo Arce resultó lesionado por la explosión de una mina
antipersonal, lo cierto es que no hay lugar a imputarle responsabilidad
al Ejército Nacional, pues se llevó a cabo de manera diligente todas las
actuaciones, para asegurar el terreno en el que se iba a llevar a cabo la
erradicación manual.

Debe tenerse en cuenta que el deber de prevención que le asiste al Estado
“…es de medio o comportamiento y no se demuestra su
incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido
violado…”, tal y como lo indicó el Consejo de Estado en la sentencia
de unificación.

Así mismo, es preciso indicar que la obligación de desminar totalidad del
territorio nacional, de conformidad con la convención de Ottawa no es
exigible aún, pues como se manifestó, se otorgó una prórroga por diez años
para su cumplimiento, la cual vence el 01 de marzo de 2021, sin embargo,
no quiere decir esto que no deba el Estado esforzarse y disminuir el
riego de accidentes con minas antipersonal, lo cual ocurrió en el caso
bajo estudio, pues el personal del Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional, previo a permitir el ingreso de los erradicadores al terreno,
realizó una verificación del terreno, lo cual conlleva a concluir que la
entidad demandada no omitió deber alguno” (se resalta).

22Dicho protocolo fue mencionado en el informe suscrito por el coordinador zonal de
Antioquia del Programa Presidencial de Cultivos Ilícitos.

28

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Arcadio Restrepo Arce y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Rad: 11001-03-15-000-2021-10407-01

En la providencia enjuiciada se indicó que la seguridad que la fuerza pública
ofrece a los GME es de medio y no de resultado, y consiste en garantizar el
acceso a las zonas de cultivos ilícitos, además de brindar seguridad al
personal civil que ejecuta las labores, así como el desminado del lote, de
acuerdo con lo señalado en el documento CONPES 3669 de 201023.

Así pues, sustentó que: “de las pruebas obrantes en el plenario, no se advierte
que la mina antipersonal que le causó las lesiones al señor Arcadio Restrepo
Arce haya sido instalada por el Ejército Nacional, pues, contrario a ello, se
estableció que la mina antipersonal fue instalada por miembros del Frente 36
de las FARC”.

También señaló el tribunal que no se podía establecer que la mina
antipersonal iba dirigida de manera exclusiva contra agentes de una entidad
del Estado, para lo cual aclaró que, si bien la erradicación de cultivos ilícitos
corresponde a una política estatal, lo cierto es que esa actividad la realizan los
GME, quienes son civiles contratados por una empresa de servicios
temporales.

En otros términos, para la Corporación judicial demandada no existió prueba
alguna que permitiera tener certeza de que la mina antipersonal tenía como
finalidad atacar a un agente del Estado, ya que el objetivo principal de los
grupos al margen de la ley con la plantación de esos artefactos explosivos es
proteger el cultivo ilícito de “cualquier persona que represente una amenaza
para los mismos”, es decir, sin distinción de que sea un agente estatal o un
civil.

De ahí que consideró que las circunstancias en las que se produjo la
detonación de la mina antipersonal, no se enmarcan en los supuestos
señalados en la sentencia de unificación del 7 de marzo de 2018, para la
procedencia de la responsabilidad patrimonial del Estado, en atención a que
no iba dirigida contra una entidad estatal.

Es del caso recordar que en la referida sentencia de unificación se adoptó la
siguiente tesis para la declaratoria de responsabilidad del Estado por los
daños causados por minas antipersonal:

“La Sala Plena de Sección Tercera unificará su jurisprudencia en el
sentido de afirmar que; i) habrá lugar a declarar la responsabilidad
del Estado por los daños causados con MAP/MUSE/AEI24 en casos
en los que la proximidad evidente a un órgano representativo del

23 CONPES 3669 de 2010 “POLÍTICA NACIONAL DE ERRADICACIÓN MANUAL DE
CULTIVOS ILÍCITOS Y DESARROLLO ALTERNATIVO PARA LA CONSOLIDACIÓN
TERRITORIAL”
24
MAP: Minas antipersonal; MUSE: Municiones sin explota; AIE: Artefactos Explosivos Improvisados.

29

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Arcadio Restrepo Arce y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Rad: 11001-03-15-000-2021-10407-01

Estado, permita afirmar que el artefacto explosivo iba dirigido
contra agentes de esa entidad, o suceda en una base militar con
artefactos instalados por el mismo Ejército Nacional, ii) el Estado de
Colombia no ha infringido su deber de prevenir y respetar los derechos
de las víctimas de MAP/MUSE/AEI, en los términos del artículo 1.1. de
la Convención Americana de Derechos Humanos, teniendo en cuenta el
análisis acerca del alcance y naturaleza de la obligación de prevenir las
violaciones a los derechos a la vida e integridad personal de estas
víctimas, y en atención a las particularidades del fenómeno y la
dinámica del conflicto armado en Colombia, al marco legislativo
dispuesto por el Estado para adelantar labores de desminado
humanitario y de ERM, a las disposiciones adoptadas en materia de
indemnización mediante la ley de víctimas y sus decretos
reglamentarios, y recordando que el mero hecho de que se presente la
violación de un derecho contemplado en la Convención Americana no
constituye un incumplimiento de las obligaciones convencionales
adquiridas por el Estado, iii) no obstante, será deber del juez de daños
solicitar la inclusión de los actores en la ruta de atención integral para
víctimas de minas antipersonal ofrecida por el Gobierno, a través de las
distintas entidades que prestan los servicios requeridos según sus
necesidades para asistir a las personas que hayan tenido este tipo de
lesiones así como a los familiares de una víctima mortal”.

Adicionalmente, sostuvo que, según la postura de la referida sentencia de
unificación, no era posible la declaratoria de responsabilidad por
inobservancia del artículo 2 de la Constitución Política, toda vez que no se
demostró una omisión del Estado.

En ese contexto, esta Sala de Decisión concluye que no hubo una indebida
valoración del informe suscrito por el coordinador zonal de Antioquia, si se
tiene en cuenta que el tribunal determinó que no hubo una omisión o
actuación negligente del Ejército Nacional frente al cumplimiento del protocolo
tendiente a asegurar la zona en la que se iba a llevar a cabo la erradicación,
pues, a pesar de que se tenía conocimiento de que el terreno podía estar
minado, los mecanismos desplegados para su verificación no lograron
detectar el artefacto explosivo que le causó las lesiones al actor, debido a la
profundidad y el tiempo que llevaba sembrada la mina antipersonal.

De otra parte, en el escrito de impugnación el demandante cuestionó el
análisis probatorio del contrato laboral suscrito con la sociedad Empleamos
S.A., pues en su criterio, se descartó la aplicación del régimen objetivo de
responsabilidad de riesgo excepcional, bajo la premisa de que la actividad de
erradicación de cultivos ilícitos es una actividad riesgosa y al suscribirse un
contrato para su desarrollo se traslada la responsabilidad al particular, dado
que el riesgo es asumido de manera voluntaria.

30

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Arcadio Restrepo Arce y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Rad: 11001-03-15-000-2021-10407-01

Aseveró que como sustento de dicha afirmación, se citó por parte del tribunal
una sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado25, en la que se
abordó el régimen de responsabilidad y título de imputación aplicable por los
daños causados a los soldados que ingresan voluntariamente a las filas de las
fuerzas militares, en el sentido de señalar que hay lugar a la aplicación del
título objetivo de imputación de riesgo excepcional cuando existe una
exposición de la víctima a un riesgo desproporcionado en comparación con
aquel que debieron enfrentar sus demás compañeros de armas.

Con fundamento en el análisis efectuado acerca del objeto del contrato de
trabajo celebrado con la sociedad Empleamos S.A., la Sala considera que la
sentencia que sirvió de apoyo a la posición del tribunal, tal como lo mencionó
el demandante, no es aplicable al caso concreto, en la medida en que aquella
providencia abordó la responsabilidad atribuible a la administración por los
daños sufridos por integrantes de las fuerzas armadas incorporados
voluntariamente al servicio, quienes asumen los riesgos inherentes que
implica el desarrollo de la carrera militar.

En este asunto el señor Arcadio Restrepo Arce fue reclutado para el desarrollo
labores de erradicación de cultivos ilícitos, luego es claro que no se trató del
ingreso voluntario a las filas del Ejército Nacional para el cumplimiento de las
funciones propias de la milicia, por tanto, no podía descartarse la
configuración del título de imputación de riesgo excepcional con fundamento
en que el vínculo laboral que se creó con el señor Arcadio Restrepo Arce es
diferente al que se crea con los soldados profesionales o voluntarios.

Con todo, la suscripción del contrato de trabajo no podía implicar, bajo ningún
criterio, la asunción del riesgo de la detonación de una mina antipersonal
durante el desarrollo de la actividad de la erradicación, pues, una afirmación
en tal sentido vulnera en forma flagrante la Convención de Ottawa de 199726
sobre la prohibición de minas antipersonal y sobre su destrucción, y todas las
normas convencionales de derechos humanos, de derecho internacional
humanitario y de ius cogens que amparan a las víctimas de un conflicto
armado.

El estudio de la prueba en comento no solo es desproporcionado e
irrazonable, sino además reprochable desde todo punto de vista, al considerar
que los civiles que participan en la erradicación de cultivos ilícitos, por el
hecho de la suscripción de un contrato de trabajo para el desarrollo de esa
actividad, asumen voluntariamente el riesgo de ser lesionados o de morir ante
la explosión de una mina antipersonal, de manera que, para esta Sala de

25 Consejo de Estado, Sección Tercera, exp. número: 73001-23-31-000-2011-00159-
01(43350), sentencia del de septiembre de 2017, MP Danilo Rojas Betancourth.
26 Artículo 1.2. Cada Estado Parte se compromete a destruir o a asegurar la destrucción de

todas las minas antipersonal de conformidad con lo previsto en esta Convención.

31

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Arcadio Restrepo Arce y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Rad: 11001-03-15-000-2021-10407-01

Decisión, no existe una razón legal que permita exigir del demandante la
asunción del daño sufrido.

A pesar de ello, el defecto fáctico que se configura en relación con ese
específico elemento probatorio no tiene la entidad suficiente y necesaria de
desechar el análisis realizado en cuanto a la única prueba [según lo determinó
el tribunal] que describe la forma como se produjo la detonación de la mina
antipersonal que le causó una grave lesión al actor.

En efecto, de la argumentación expuesta en la sentencia objeto de censura,
no se acreditó que el artefacto explosivo estuviera dirigido a una institución
estatal, supuesto exigido para la imputación del daño antijurídico, en los
precisos términos de la sentencia de unificación del 7 de marzo de 2018, ya
citada.

Asimismo, para la Corporación judicial accionada, el informe dio cuenta del
cumplimiento del protocolo de seguridad por parte del Ejército Nacional para
verificar que la zona en la que se adelantaría la erradicación estuviera libre de
minas antipersona, sin que se hubiera detectado la que le estalló al señor
Arcadio Restrepo Arce.

En el fallo se recordó que la obligación del Estado colombiano frente al
desminado es de medio y no de resultado, tal como se expuso en la sentencia
de unificación.

En las anotadas circunstancias, se encuentra que la conclusión a la que arribó
el tribunal demandado se hizo con sujeción a la tesis adoptada en la
mencionada sentencia de unificación.

Ahora bien, respecto del cargo de violación directa de la Constitución, el
demandante alegó que se desconoció el principio de distinción, por cuanto el
Estado a través del Ejército Nacional expuso al señor Arcadio Restrepo Arce a
los riesgos del conflicto armado, en la medida en que lo involucró en un
operativo militar en el que se confundían civiles y soldados en la erradicación
de los cultivos ilícitos, actividad que es propia del conflicto armado.

Resaltó que se vulneró el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), ratificado por Colombia a través de la Ley 21 de 1991, en la
medida en que los trabajadores pertenecientes a los pueblos indígenas y
tribales no pueden estar sometidos a condiciones de trabajo peligrosos para
su salud, en particular como consecuencia de su exposición a plaguicidas o a
otras sustancias tóxicas.

32

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Arcadio Restrepo Arce y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Rad: 11001-03-15-000-2021-10407-01

Al respecto, se tiene que según lo ha señalado la Corte Constitucional27, el
principio de distinción, implica que las partes en conflicto deben diferenciar
entre combatientes y no combatientes, puesto que estos últimos no pueden
ser nunca un objetivo de la acción bélica.

Dicho principio se encuentra consagrado en el Protocolo Adicional a los
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 (Protocolo II), relativo a la
protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional,
el cual fue incorporado al ordenamiento jurídico colombiano a través de la Ley
171 de 1994 y cuya exequibilidad fue declarada mediante la sentencia C-225
de 1995.

De la revisión de la sentencia censurada, se advierte que, si bien el tribunal no
estudió el asunto sometido a su consideración bajo la óptica del principio de
distinción a pesar de haberse puesto de presente en la demanda, lo cierto es
que debe tenerse en cuenta que el proceso para la vinculación de los
erradicadores manuales de cultivos ilícitos no se llevó a cabo por el Ministerio
de Defensa Nacional – Ejército Nacional, sino por el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social (antes Agencia Presidencial de
Acción Social), tal como se acreditó en el expediente con la suscripción de un
contrato de prestación de servicios entre dicha entidad y la empresa
Empleamos S.A., cuya finalidad era la erradicación de cultivos ilícitos.

Según lo señalado en el Oficio 01357 del 16 de noviembre de 2013, suscrito
por el jefe de Estado Mayor y segundo comandante de la Cuarta Brigada del
Ejército Nacional, “2.El papel que cumple el Ejército Nacional de Colombia
frente a los Grupos Móviles de Erradicadores es únicamente de SEGURIDAD,
de acuerdo al manual operativo del grupo móvil de erradicación de la
“Dirección de Programas Contra Cultivos Ilícitos” “El esquema operativo del
grupo móvil de erradicación, consiste en la conformación de grupos hasta 31
personas consistente en: Veintiocho (28) erradicadores, Dos (02) rancheros,
Un (01) capataz, que se desplaza hasta las plantaciones de cultivos ilícitos,
para realizar la erradicación manual forzosa de la totalidad de las plantas de
coca, marihuana y amapola que detecte, por promedios de 60 días,
denominados fases, los cuales pueden ser modificados “aumentados o
disminuidos” por razones de orden público o por las necesidades concretas en
el punto; las personas que realizan estas actividades se encuentran
custodiados por la fuerza pública”.

A partir de tal definición, se encuentra que comoquiera que según la sentencia
objeto de cuestionamiento se argumentó y demostró que la actuación del
Ejército Nacional cumplió con el protocolo de seguridad respecto de la zona
en la que se realizaría la erradicación de plantas de coca el día de la

27 Sentencia C-225 de 1995.

33

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Arcadio Restrepo Arce y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Rad: 11001-03-15-000-2021-10407-01

ocurrencia de los hechos de la demanda, la ausencia de pronunciamiento en
relación con el principio de distinción no tenía incidencia en cuanto a las
funciones desplegadas por la institución castrense, en razón a que, se reitera,
no llevó a cabo el proceso de vinculación de los erradicadores manuales de
los cultivos ilícitos.

Igual consideración se emplea en relación con la vulneración del Convenio
169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, en el sentido de que el
actor consideró que se desconoció la prohibición de someter a personas
indígenas al desarrollo de actividades que impliquen un riesgo para su salud;
sin embargo, como se anotó, el Ejército Nacional no vinculó al personal que
se encargaría de la erradicación.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que no se configuró el cargo
de violación Directa de la Constitución.

Finalmente, la parte actora en el escrito de impugnación insistió en el cargo de
desconocimiento del precedente respecto de las sentencias de tutela del 18
de mayo de 2017 (exp. 11001-03-15-000-2017-00231-00) y del 26 de
noviembre de 2020 (exp.11001-03-15-000-2020-03457-01).

Asimismo, estimó que se desatendió el precedente establecido en la
sentencia del 10 de febrero de 2021, dictado por la Sección Tercera de esta
Corporación, exp. 50001-23-31-000-2006-00937-01, bajo el argumento de que
en ese asunto los demandantes no suscribieron “un contrato de trabajo para
desarrollar las actividades de erradicación”, sin tener en cuenta que el fondo
del asunto no estriba en una controversia contractual, sino en una grave
violación a los derechos humanos.

También consideró que se desatendió el precedente contenido en la sentencia
de unificación del 7 de marzo de 2018, pues en dicha providencia no se creó
un nuevo título de imputación para los daños causados por minas
antipersonal. El fundamento de responsabilidad de riesgo excepcional existe
al margen de que se trate de una mina antipersonal o por el accidente
ocasionado por una volqueta municipal.

En punto del desconocimiento del precedente, la Corte Constitucional se ha
referido a la figura del precedente como el conjunto de sentencias previas al
caso que se habrá de resolver, el cual debe considerar necesariamente un
juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia, teniendo
en cuenta su pertinencia para la resolución de un problema jurídico. El
precedente debe ser anterior a la decisión en la que se pretende aplicar y,
además, debe presentarse una semejanza de problemas jurídicos, escenarios
fácticos y normativos.

34

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Arcadio Restrepo Arce y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Rad: 11001-03-15-000-2021-10407-01

Adicionalmente, debe precisarse que esta Sección en reiterados
pronunciamientos ha indicado que el concepto de precedente hace referencia
a la regla de derecho determinante del sentido de la decisión y su contenido
específico, es decir, la ratio decidendi, la cual no está atada al número de
decisiones, dado que solo basta una providencia en donde se especifique una
regla o subregla de derecho.

Asimismo, se ha destacado que el carácter vinculante de las reglas o
subreglas de derecho creadas por las Altas Cortes, encuentra su fundamento
en la jerarquía del juez, a sus funciones asignadas por la norma superior y a la
garantía de los principios de igualdad y seguridad jurídica, así como, en la
coherencia del ordenamiento jurídico.

Por lo tanto, la parte que invoca el desconocimiento de un precedente judicial,
debe cumplir con la carga mínima de i) identificar la decisión que considera
desatendida, ii) la ratio de la misma aplicable a la solución del nuevo caso que
se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior, y iii) la
incidencia de esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia.

La parte accionante reiteró el desconocimiento por parte del Tribunal
Administrativo de Antioquia de unas sentencias de tutela proferidas por la
Sección Tercera del Consejo de Estado; sin embargo, como se indicó en la
providencia impugnada, las sentencias de tutela emitidas por el Consejo de
Estado no constituyen precedente en tanto no son proferidas por el órgano de
cierre en materia Constitucional, además de que esta Corporación no actuó
como órgano de cierre Contencioso Administrativo, de manera que la decisión
contenida en ellas solo constituye un criterio auxiliar de interpretación.

Por otro lado, en cuanto a la desatención de la postura fijada en la sentencia
10 de febrero de 2021, dictado por la Sección Tercera de esta Corporación,
exp. 50001-23-31-000-2006-00937-01, se tiene que en esa decisión se trató
del caso de una lesión causada por una mina antipersonal en desarrollo de la
actividad de erradicación manual de cultivos ilícitos en la Serranía de La
Macarena, Parque Natural de La Macarena, jurisdicción de La Macarena
(Meta).

La Sección Tercera de esta Corporación concluyó que el daño era imputable a
la Policía Nacional, representada por la Dirección Antinarcóticos, porque no
“adoptó las medidas de seguridad necesarias para la función riesgosa como la
encomendada al demandante en calidad de colaborador voluntario de los
Grupos Móviles de Erradicación (…) A la entidad demandada le correspondía
generar las condiciones de seguridad necesarias para el cumplimiento normal
del servicio, que en este caso consistían en la inspección previa y rigurosa del
terreno con los equipos técnicos y el personal especializado previsto para este

35

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Arcadio Restrepo Arce y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Rad: 11001-03-15-000-2021-10407-01

tipo de actividad, previo al ingreso de las personas encargadas de la labor de
erradicación de cultivos ilícitos”.

En el asunto que se analiza, de acuerdo con lo expuesto en la sentencia
objeto de controversia, el Tribunal Administrativo de Antioquia constató, con
fundamento en el informe suscrito por el coordinador zonal, que el Ejército
Nacional cumplió de manera diligente la función de asegurar el lote donde se
iba a llevar a cabo la erradicación manual, en atención a que empleó los
mecanismos idóneos para detectar la presencia de minas antipersona.

Así pues, los casos planteados en uno y otro proceso son diferentes en
cuanto a la conclusión respecto del análisis probatorio, ya que en la sentencia
del 10 de febrero de 2021 se determinó que la Policía Nacional incurrió en
falla del servicio por no inspeccionar la zona y efectuar el correspondiente
desminado de un área con alta contaminación de minas antipersonal, en tanto
que en el fallo censurado, según lo argumentado por el tribunal, las pruebas
acreditaron el actuar diligente del Ejército Nacional.

No obstante lo anterior, se insiste en que la valoración efectuada del material
probatorio y el estudio del régimen de responsabilidad por daños causados
por minas antipersona, se hizo con sujeción a la sentencia de unificación del 7
de marzo de 2018, en cuanto se adoptó como tesis el régimen de
responsabilidad del Estado por riesgo creado frente a los daños causados con
MAP/MUSE/AEI en casos en los que la proximidad evidente a un órgano
representativo del Estado permita afirmar que el artefacto explosivo iba
dirigido contra agentes de esa entidad, o suceda en una base militar con
artefactos instalados por el mismo Ejército Nacional.

De las pruebas analizadas por el tribunal, no se demostró que el artefacto
explosivo que lesionó al señor Arcadio Restrepo Arce estuviera dirigido a un
órgano representativo del Estado ni sucedió en una base militar con artefactos
instalados por el propio Ejército Nacional.

A partir de tales lineamientos, se insiste en que los funcionarios judiciales
están obligados a mantener su propia línea jurisprudencial y a acoger los
precedentes vinculantes de los órganos límite de la jurisdicción.

Así pues, la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia no desatendió el
precedente vertical de la Sección Tercera, ya que la decisión se basó en la
reciente unificación de criterios sobre la responsabilidad del Estado por daños
ocasionados por minas antipersona, providencia que es vinculante para todos
los jueces de la jurisdicción contenciosa administrativa.

36

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Arcadio Restrepo Arce y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Rad: 11001-03-15-000-2021-10407-01

Finalmente, la Sala reitera la obligación establecida en la sentencia de
unificación del 7 de marzo de 2018, en el sentido de que, con el fin lograr el
restablecimiento de los derechos de los actores, el Tribunal Administrativo de
Antioquia debe remitir una copia del fallo de 21 de mayo de 2021, a la
Dirección de Acción Integral contra Minas Antipersonal, para que el señor
Arcadio Restrepo Arce quede registrado definitivamente en el Sistema de
Información sobre Actividades relativas a Minas Antipersonal (INSMA, por sus
siglas en inglés), en la ruta de atención y reparación y, de esta manera, tenga
acceso a todos los servicios asistenciales necesarios para la atención de su
salud y obtenga la correspondiente indemnización administrativa.

Por consiguiente, se confirmará el fallo impugnado del 24 de enero de 2022,
proferido por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, por
el cual se negó el amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: Niégase la solicitud de desvinculación del presente trámite de
la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y del
Ministerio del Interior, con fundamento en lo expuesto en esta decisión.

SEGUNDO: Confírmase la sentencia del 24 de enero de 2022 proferida por
la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en las consideraciones de este fallo.

TERCERO: Solicítese al Tribunal Administrativo de Antioquia que remita a
la Dirección de Acción Integral contra Minas Antipersonal, una copia del
fallo del 21 de enero de 2021, para lo pertinente, según lo expuesto en la
parte motiva de esta decisión.

CUARTO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

37

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Arcadio Restrepo Arce y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Rad: 11001-03-15-000-2021-10407-01

QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y envíese copia de aquella al Despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

38

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.