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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-10427-01

Fecha
20 de mayo de 2022
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-10427-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 24 de febrero de 2022, por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-10427-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

20 de mayo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-10427-01
Demandante: Libardo Antonio López Arroyave
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
y otro
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Improcedencia /
INMEDIATEZ – No se presentó la demanda en un término razonable.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por el señor Libardo Antonio
López Arroyave en contra de la sentencia proferida el 24 de febrero de 2022, por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual se resolvió:

<< Primero. - DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Libardo López Arroyave contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “B” y el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Segundo. - NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. - PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto. - En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.>>

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 10 de noviembre de 2021, el señor Libardo Antonio López Arroyave interpuso
demanda de tutela contra la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia y la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, con el fin de
que se protejan sus derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia y al debido proceso, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales
demandadas, al proferir las sentencias del 11 de diciembre de 2018 y 6 de noviembre
de 20201, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2, que

1
Decisión que fue notificada el 18 de febrero de 2021, mediante correo electrónico.
2
Identificado con el número de radicado 05001-23-33-000-2015-02033-00/02.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10427-01
Demandante: Libardo Antonio López Arroyave
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

promovió la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) en su contra.

2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a lo siguiente:

<< PRIMERO: Que deje sin efecto las sentencias proferidas por la Sala Cuarta de
Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, fechada el día 11 de diciembre
del año 2018 y la de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con fecha del 6
de noviembre del año 2020, a fin de que se ordene el pago de mi pensión de
jubilación en cumplimiento de la sentencia de tutela, debidamente ejecutoriada,
proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, el día primero
de diciembre del año 2004 y confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior
de Medellín el día 21 de enero del año 2005, tal como se venía realizando hasta
el mes de abril del año 2021.

SEGUNDO: Como consecuencia de la decisión anterior, se dejen sin efecto las
Resoluciones expedidas por la UGPP No. 006858 de marzo 16 del año 2021,
mediante la cual me rebajó mi pensión de jubilación, apoyada presuntamente en
las sentencias citadas y la resolución No. 013267 de mayo 26 de 2021, mediante
la cual me cobra una presunta diferencia en el pago de mi pensión de
jubilación.>>3 (negrilla propia del texto)

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y
de las pruebas allegadas se tiene, que:

3.1.- El señor Libardo Antonio López Arroyave estuvo vinculado en la Rama Judicial,
desde el 1 de abril de 1970 hasta el 28 de febrero de 2003, ocupando diferentes
cargos, el último de estos, como Magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Medellín.

3.2.- Mediante Resolución 3312 de 9 de febrero de 2004, la extinta Caja Nacional de
Previsión Social (hoy UGPP) le reconoció al actor la pensión de vejez por un valor
mensual de $5.251.110. Dicha prestación fue reliquidada en cuantía de $6.640.000,
a través de la Resolución 36783 de 4 de noviembre de 2005, en cumplimiento de un
fallo de tutela4, proferido el 21 de enero anterior, por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín - Sala Laboral.

3.3.- Posteriormente, la referida asignación pensional fue reliquidada en cuantía de
$10.200.000, mediante la Resolución 23567 de 18 de mayo de 2006, la cual fue
modificada a través de la Resolución 50895 de 28 de septiembre siguiente, por la
que se determinó la pensión de jubilación, por la suma de $11.440.032.

3
Expediente digital, Folio 5 del escrito de demanda.
4
Expediente 1065453.
2

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10427-01
Demandante: Libardo Antonio López Arroyave
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

3.4.- En virtud de lo anterior, la UGPP presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, en la modalidad de lesividad, contra el señor Libardo
Antonio López Arroyave, con el fin de que se declarara la nulidad de los referidos
actos administrativos, de conformidad con lo establecido en el Decreto 546 de 19715,
toda vez que la prestación se liquidó teniendo en cuenta el 85% del Ingreso Base de
Liquidación -IBL-. Además, precisó que la misma excedió el tope máximo de 25
SMMLV, previsto para tales efectos.

3.5.- Mediante sentencia del 11 de diciembre de 2018, el Tribunal Administrativo de
Antioquia - Sala Cuarta de Oralidad accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda y, en consecuencia, ordenó la reliquidación de la pensión de vejez del
accionante, teniendo en cuenta la tasa de reemplazo del 75% del promedio de la
asignación salarial devengada los 10 años anteriores al reconocimiento o el
promedio de toda su vida laboral; decisión que fue confirmada por la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, a través del fallo de 6 de noviembre
de 2020.

3.6.- Para el efecto, ambas autoridades judiciales estimaron que el límite máximo
para liquidar la mesada pensional del accionante es el previsto en el artículo 18 de
la Ley 100 de 19936, modificado por el artículo 5º de la Ley 797 de 20037, fijado en
25 SMMLV, en concordancia con el Acto Legislativo 1 de 2005, el cual elevó a rango
constitucional el límite de topes pensionales y estableció que no podrán causarse
pensiones superiores a 25 SMMLV, con cargo a recursos de naturaleza pública.

3.7.- En virtud de lo anterior, concluyeron que la prestación reconocida a la parte
actora superó el tope de 25 SMMLV, pues pese a que el Decreto 546 de 1971 no
prevé expresamente un monto máximo para las mesadas reconocidas conforme al
mismo, éste se encuentra sujeto a los topes consagrados en las normas generales
vigentes al momento en que se haya hecho efectivo el derecho pensional.

3.8.- En cumplimiento a la anterior decisión, la UGPP expidió la Resolución 6858 de
16 de marzo de 2021, mediante la cual reliquidó la pensión de jubilación del
accionante, en atención a lo dispuesto en la referida providencia judicial.

4.- Como fundamento de las pretensiones, la actora aduce que las autoridades
judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia, al incurrir en un desconocimiento del

5
“Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados
de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares”.
6
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.
7
“Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley
100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.”
3

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10427-01
Demandante: Libardo Antonio López Arroyave
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

precedente judicial.

4.1.- Al respecto, adujo que la reliquidación pensional efectuada por CAJANAL,
obedeció al cumplimiento de una orden dictada en una sentencia de tutela, por lo
cual hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, razón por la que no puede
modificarse a través de una decisión adoptada en el marco de un proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho.

4.2.- En ese sentido, señaló que las autoridades accionadas desconocieron la
sentencia de unificación de 11 de junio de 2020, proferida por el Consejo de Estado,
mediante la cual se estableció que “los conflictos judiciales ya resueltos están
amparados por la cosa juzgada, y en consecuencia resultan inmodificables”.

4.3.- Asimismo, aseveró que las autoridades judiciales demandadas se apartaron del
fallo de 21 de octubre de 2019, dictado por la Corte Suprema de Justicia, a través
del cual se señaló que “ no es posible, para ninguna autoridad o ente público o
privado, revocar o confirmar las órdenes ejecutoriadas del amparo constitucional, ni
menos, pretender demandarse porque sería hacer nugatorio el cumplimiento
inmediato de los fallos de tutela, prolongando en el tiempo y de forma indefinida la
posible vulneración del ordenamiento del ordenamiento constitucional como lo dijo la
C.C. T-104-2007 en interpretación extensiva de la C.C. SU-1219-2001, para referiré
al contenido de la cosa juzgada Constitucional”.

4.4.- A su vez, afirmó que se desconoció la sentencia T-497 de 2014, proferida por
la Corte Constitucional, relacionada con la improcedencia de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, en su modalidad de lesividad, contra actos
administrativos expedidos en cumplimiento de un fallo de tutela.

4.5.- Aunado a lo anterior, reprochó que no se haya acogido la excepción de
caducidad propuesta en el proceso contencioso administrativo, pues habían
transcurrido más de 10 años entre el reconocimiento de la pensión de jubilación y la
interposición de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

4.6.- Por su parte, sostuvo que la Resolución 6858 de 16 de marzo de 2021
disminuyó, de forma ostensible, su mesada pensional, sin haberse expedido el auto
que ordenara cumplir lo dispuesto por el superior, desconociendo con ello lo previsto
en el artículo 305 del Código General del Proceso.

4.7.- Refiere que dicha situación fue puesta en conocimiento del Tribunal
Administrativo de Antioquia, autoridad judicial que, por auto del 25 de agosto de
2021, se abstuvo de dar trámite a lo solicitado o pronunciarse de fondo sobre el
mismo, puesto que dicho acto administrativo no guarda relación alguna con lo
discutido en el proceso. A su turno, precisó que carece de competencia para resolver
4

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10427-01
Demandante: Libardo Antonio López Arroyave
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

un debate sobre una decisión expedida por el máximo órgano de lo contencioso
administrativo, ni mucho menos, sobre la legalidad de los actos emitidos por la
administración conforme aquella decisión.

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

5.- Mediante auto del 7 de diciembre de 2021, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado admitió la demanda de tutela, ordenó notificar de su presentación a las
autoridades judiciales accionadas, así como vincular a la UGPP, como tercero
interesado en las resultas del proceso.

5.1.- Adicionalmente, allí se requirió a la Subsección B de la Sección Segunda de
esta Corporación y al Tribunal Administrativo de Antioquia para que allegaran copia
digital del expediente identificado con el número de radicado 05001-23-33-000-2015-
02033-02.

(i) Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B8

6.- La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado manifestó que la
solicitud de amparo se torna improcedente al carecer de relevancia constitucional,
puesto que el accionante pretende convertir la acción constitucional en una tercera
instancia, al esbozar los mismos argumentos que planteó en el proceso ordinario y
que, a su vez, fueron resueltos por el juez natural de la causa.

6.1.- Sumado a lo anterior, señaló que no se cumple el requisito de inmediatez, toda
vez que la providencia enjuiciada fue notificada el 18 de febrero de 2021 y quedó
ejecutoriada el 23 de febrero siguiente; mientras que la demanda de tutela se
presentó el 23 de noviembre posterior, superando así el término de los 6 meses,
previsto para tales efectos.

(ii) Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP-9

7.- La UGPP afirmó que en el presente asunto no existe vulneración alguna de los
derechos fundamentales invocados, pues la decisión cuestionada se ajusta al
ordenamiento jurídico y al precedente jurisprudencial relacionado con la reliquidación
de la pensión de jubilación, los topes de las cuantías y el principio de sostenibilidad
financiera en materia pensional.

8
Intervención contenida en 4 folios.
9
Intervención contenida en 34 folios.
5

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10427-01
Demandante: Libardo Antonio López Arroyave
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

7.1.- Con todo, señaló que la parte actora acude al juez constitucional en busca de
una tercera instancia, por lo que pidió se declare improcedente el amparo deprecado,
máxime cuando la acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para
reconocer peticiones de carácter prestacional. Además, resaltó que la decisión
objeto de reproche constitucional reviste el carácter de cosa juzgada.

7.2.- Finalmente, aseguró que la presente acción constitucional no satisface el
presupuesto de inmediatez, puesto que transcurrieron más de 6 meses entre la
presentación de la demanda de tutela y la fecha de ejecutoria de la sentencia
cuestionada.

(iii) Tribunal Administrativo de Antioquia

8.- El Tribunal Administrativo de Antioquia remitió el expediente identificado con el
número de radicado 05001-23-33-000-2015-02033-02. Respecto al fondo del asunto
guardó silencio

C. Sentencia de primera instancia

9.- Mediante sentencia de 24 de febrero de 2022, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró improcedente el amparo solicitado por no encontrarse acreditado el
requisito de la inmediatez, toda vez que la providencia cuestionada fue notificada el
18 de febrero de 2021, a través de correo electrónico; sin embargo, la acción de
tutela se instauró el 10 de noviembre de siguiente, es decir, 9 meses y 8 días
después, excediendo el plazo de los 6 meses establecido jurisprudencialmente por
esta Corporación.

9.1.- Aunado a lo anterior, señaló que la parte actora no manifestó situación particular
alguna que le hubiera impedido presentar la demanda de tutela en un término
razonable.

D. La impugnación

10.- En desacuerdo con lo anterior, la accionante interpuso impugnación; para el
efecto, reiteró los argumentos expuestos en el libelo introductorio

10.1.- Sumado a lo anterior, aseveró que al advertir que la UGPP, a través de la
Resolución 6858 de 16 de marzo de 2021, desconoció lo plasmado en las
providencias judiciales proferidas al interior del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, el 30 de junio siguiente, presentó una solicitud ante el Tribunal
Administrativo de Antioquia, con el fin de que se decretara la suspensión provisional
de dicho acto administrativo, por estimarlo vulneratorio de sus derechos.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10427-01
Demandante: Libardo Antonio López Arroyave
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

10.2.- En tal sentido, señaló que el término de inmediatez de la acción de tutela, debe
contarse a partir del auto de 25 de agosto de 2021, expedido por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, por el que “se obedeció lo resuelto por el superior”.

E. Actuaciones adelantadas con posterioridad al trámite de segunda
instancia

11.- La UGPP solicitó confirmar el fallo de tutela dictado en primera instancia,
reiterando los argumentos esbozados en la contestación de la demanda.

II.- C O N S I D E R A C I O N E S

E. Competencia

12.- La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto-Ley 2591 de 199110.

F. Análisis del caso concreto

13. Dado lo anterior, le corresponde a esta Sala determinar si confirma, modifica o
revoca el fallo impugnado, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado
que declaró improcedente el amparo solicitado en la demanda por no encontrar
acreditado el requisito de inmediatez.

14.- En relación con el presupuesto de la inmediatez para la interposición de
demandas de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación ha considerado, lo siguiente:

<<Es de la esencia de este medio de defensa judicial la urgencia en la protección de
las garantías constitucionales y el respeto a la seguridad jurídica y los derechos de
terceros afectados. (…) De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la situación
que vulnera o amenaza vulnerar un derecho fundamental sea un elemento
consustancial para la protección que se ofrece.

Este requisito que opera de forma general frente a todas las acciones de tutela, es más
estricto cuando se interpone contra providencias judiciales, por lo que, como lo ha
sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo significativo desde el
hecho vulneratorio de los derechos, ‘resulta claramente desproporcionado el control
constitucional de una providencia judicial por la vía de tutela’11’12.

10
“por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
11
Original de la cita: “En la sentencia se cita la providencia SU-961 de 1999”.
12
Original de la cita: “Sentencia T-189 de 2009”.
7

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10427-01
Demandante: Libardo Antonio López Arroyave
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

Por tal razón, debe mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión
judicial que se aduce como violatoria de los derechos fundamentales del accionante y
la presentación de la acción de tutela para buscar su amparo13.

Tal aseveración es razonable toda vez que, ‘de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se
cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos’14.

(…) Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la protección
pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se ejerza en un tiempo
razonable, prudencial, requisito que garantiza la realización del principio de seguridad
jurídica y, por ende, el de la cosa juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance
el grado de certeza material, que la hace definitiva e inmutable.

Anótase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las diversas
secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre este aspecto15.

Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados
a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar
si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente>>
(negrillas y subrayado del original).

14.1.- Con las precisiones anotadas, esta Corporación ha establecido que para
efectos de establecer si la acción de tutela contra providencia judicial se ejerció
oportunamente, se debe verificar que se haya presentado dentro de los 6 meses
siguientes a la notificación o ejecutoria de la providencia cuestionada, según el caso.

14.2.- Ab initio, se advierte que, en este caso no se cumple el requisito general de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial referente a la
inmediatez, conclusión que no varía de cara a los elementos que el actor trae en su
escrito de impugnación.

14.3.- La Sala encuentra que la providencia cuestionada fue notificada, a través de
correo electrónico, el 18 de febrero de 202116; no obstante, la demanda de tutela se
presentó el 10 de noviembre de 202117, es decir, 9 meses y 21 días después,

13
Original de la cita: “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal c) del fundamento jurídico 24 de la
sentencia C-590 de 2005”.
14
Original de la cita: “Ibíd”.
15
Original de la cita: “La Sección Primera en algunas ocasiones ha tomado un término equivalente al
previsto para ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, esto es, de cuatro meses y,
en otras, ha manifestado que es de seis meses. La Sección Segunda ha sostenido que el término
razonable para interponer la acción de tutela contra providencias judiciales no puede exceder de un
año. Por su parte, las Secciones Cuarta y Quinta han fijado como razonable para su interposición un
plazo de seis meses”.
16
Según consta en el sistema de Consulta de Procesos de la página de la Rama Judicial.
17
Tal como aparece reflejado en el aplicativo SAMAI.
8

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10427-01
Demandante: Libardo Antonio López Arroyave
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y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

superando así el término de los 6 meses establecido jurisprudencialmente por esta
Corporación.

15.- Ahora bien, la parte accionante, en su escrito de impugnación, afirmó que el
término de los 6 meses para efectos de acreditar el requisito de la inmediatez, se
debe contar a partir del auto de 25 de agosto de 2021, expedido por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, por el que “se obedeció lo resuelto por el superior”.

15.1.- Al respecto, se observa que el 21 de julio de 2021, el tribunal demandado
profirió auto de obedézcase y cúmplase lo resuelto por el superior18, decisión que no
incluyó ninguna determinación adicional, más allá de obedecer lo decidido por el Ad
quem. De ahí que tal auto no implicó un cambio a lo resuelto por el juez de segunda
instancia y, por tanto, eso impide que se tenga en cuenta ese proveído para efectos
del cómputo del término de la inmediatez.

16.- Así mismo, se advierte que en el proveído dictado el 25 de agosto de 2021, el
tribunal accionado se pronunció sobre la petición presentada al interior del proceso
ordinario por el accionante, mediante la cual solicitó decretar suspensión provisional
de la Resolución 6858 de 16 de marzo de 2021, expedida por la UGPP. Decisión
que, a su vez, no contiene un pronunciamiento de fondo sobre el asunto que fue
objeto de controversia en el proceso contencioso administrativo, ni modificó o cambió
en forma alguna lo dispuesto en la sentencia dictada en segunda instancia; por lo
que tampoco resulta procedente tenerla en cuenta para contar el término de la
inmediatez.

17.- En consideración a ello, el momento para iniciar el cómputo del término de los 6
meses que se tenían para interponer la demanda de tutela es el 19 de febrero de
2021, al día siguiente en que se notificó el fallo aquí demandado a los sujetos
procesales, por lo que el fenómeno jurídico de la inmediatez operó el 19 de agosto
siguiente.

18.- Por lo anterior, no se observa alguna circunstancia o motivo en particular que le
hubiera impedido a la parte actora presentar la demanda de tutela en un término
razonable.

19.- En conclusión, en vista de que la demanda se interpuso por fuera de los 6 meses
previstos por el Consejo de Estado como término razonable, la Sala estima que la
presente demanda de tutela no cumplió con el requisito de la inmediatez y, por lo
tanto, confirmará la sentencia de 24 de febrero de 2022, dictada por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

18
Según consta en el sistema de Consulta de Procesos de la página de la Rama Judicial.
9

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10427-01
Demandante: Libardo Antonio López Arroyave
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

20.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III.- F A L L A

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 24 de febrero de 2022, por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE19
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

19
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

10

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