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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10438-01

Fecha
1 de julio de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10438-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 36 NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 110010315000 2021 10438 01 ACTOR: JHON JAIRO MÚNERA PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada, para en su lugar, DENEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-10438-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

1 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., primero (1o.) de julio de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000 2021 10438 01
Referencia: Acción de tutela
Actor: JHON JAIRO MÚNERA

TESIS: SE MODIFICA SENTENCIA IMPUGNADA Y, EN SU LUGAR,
DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. SUBSIDIO FAMILIAR SOLDADO
PROFESIONAL. LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA APLICÓ LA
NORMA VIGENTE PARA EL MOMENTO EN QUE SE CONSOLIDÓ EL
DERECHO. NO SE CONFIGURARON LOS DEFECTOS ALEGADOS.

DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA IGUALDAD, AL DEBIDO
PROCESO, A LA PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL Y A LA
SEGURIDAD SOCIAL.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al no haber obtenido la mayoría de votos el proyecto de fallo

presentado a consideración de la Sala por el señor Consejero

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, se procede a decidir la impugnación

presentada por el actor contra el fallo de 18 de febrero de 2022,

mediante el cual la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL

CONSEJO DE ESTADO1 declaró improcedente la acción de tutela de

1
En adelante SECCIÓN TERCERA.

2

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ACTOR: JHON JAIRO MÚNERA

la referencia.

I. – ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor JHON JAIRO MUNERA, actuando a través de apoderado,

instauró acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus

derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la

prevalencia del derecho sustancial, a la seguridad social y a los

principios a la seguridad jurídica y a la favorabilidad, los cuales

considera vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL

QUINDÍO2, al haber proferido la sentencia de 27 de mayo de 2021,

dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el número único de radicación 63001 3333 001 2018

00366 01.

I.2.- Hechos

Señaló que el 16 de agosto de 2001, ingresó al EJÉRCITO

NACIONAL a prestar el servicio militar y a partir del 1o. de junio de

2
En adelante el TRIBUNAL.

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2003, continuó en la institución como soldado profesional.

Explicó que mediante el artículo 11 del Decreto 1794 de 14 de

septiembre 20003, el Presidente de la República creó el subsidio

familiar para los soldados profesionales casados o con unió marital

de hecho vigente, no obstante, dicha disposición fue derogada

mediante el Decreto 3770 de 30 de septiembre de 20094.

Anotó que mediante el Decreto 1161 de 24 de junio de 20145, el

Gobierno Nacional volvió a crear el subsidio de vivienda familiar, pero

en una cuantía inferior a la que se había reconocido en el artículo 11

del Decreto 1794 de 2000.

Aseguró que mediante sentencia de 8 de junio de 2017, proferida

dentro del expediente 11001-03-25-000-2010-00065-00 (0686-10),

la Sección Segunda -Subsección “B”- del Consejo de Estado declaró

la nulidad del Decreto 3770 de 2009, que había derogado el artículo

11 del Decreto 1794 de 2000.

3
“Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados profesionales
de las Fuerzas Militares”.
4
Por el cual se deroga el artículo 11 del decreto 1794 de 2000 y se dictan otras disposiciones”

5
“Por el cual se crea el subsidio familiar para soldados profesionales e infantes de marina
profesionales y se dictan otras disposiciones”.

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4

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Comentó que el 12 de septiembre de 2014 contrajo matrimonio, por

lo que le fue reconocido el subsidio familiar en los términos del

Decreto 1161 de esa anualidad.

Agregó que, en atención a la sentencia que declaró la nulidad del

Decreto 3770 de 2009, el 29 de noviembre de 2017, solicitó a su

empleador el reajuste del subsidio familiar, en los términos del

Decreto 1794 de 2000.

Indicó que ante el silencio de la entidad, en el año 2018 promovió el

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el número único de radicación 63001 3333 001 2018

00366 00, con la finalidad de que se ordenara el reajuste de su

subsidio familiar, con base en lo preceptuado en el artículo 11 del

Decreto 1794 de 2000.

Manifestó que el proceso aludido fue atribuido para su trámite en

primera instancia al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO

ORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA6 que, mediante sentencia de

4 de marzo de 2020, denegó las pretensiones de la demanda.

6
En adelante el Juzgado.

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Expuso que interpuso el recurso de apelación respectivo ante el

TRIBUNAL que, a través de sentencia de 27 de mayo de 2021,

confirmó la decisión inicial en razón a que, a su juicio, en la medida

que contrajo matrimonio con posterioridad al 1o. de julio de 2014, el

subsidio familiar debía ser reconocido con base en el Decreto 1161

de esa anualidad y no del Decreto 1794 de 2000.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Afirmó que la providencia cuestionada incurrió en el defecto

sustantivo en la medida que no fueron aplicados los efectos “ex

tunc” ni las consideraciones de la sentencia bajo la cual fue declarada

la nulidad del Decreto 3770 de 2009.

Arguyó que el hecho de que en la decisión cuestionada se haya

convalidado la aplicación del Decreto 1161 de 2014, relativo al

reconocimiento del subsidio familiar en cuantía del 23% del sueldo

básico, desconoce las hipótesis que llevaron a que en la sentencia de

8 de julio de 2017, se declarara la nulidad del Decreto 3770 de 2009.

Explicó que en la referida sentencia el Consejo de Estado estimó que

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la expedición del Decreto 3770 de 2009 había constituido un

retroceso en los derechos prestacionales de los soldados

profesionales.

Apuntó que si bien la sentencia que declaró la nulidad del Decreto

3770 de 2009, no se pronunció frente al Decreto 1161 de 2014, sus

consideraciones resultan aplicables, en cuanto a que no puede haber

una desmejora salarial y prestacional de los soldados profesionales.

Argumentó que existe una desigualdad entre los soldados

profesionales, porque a algunos con fundamento en el Decreto 1794

de 2000, el subsidio familiar les fue reconocido hasta en el 62,5%

del sueldo básico, mientras que para otros con fundamento en el

Decreto 1161 de 2014, dicha prestación es menor.

Sostuvo que, para su caso particular, al haber contraído matrimonio

el 12 de septiembre de 2014, le fue reconocido el subsidio familiar

en cuantía del 23% del salario con base en el Decreto 1161 de 2014,

norma que debe ser inaplicada por contener un trato desigual y

regresivo.

I.4.- Pretensiones

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Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:

“[…] 1. Que se tutelen los derechos fundamentales invocados y
que están siendo vulnerados por el H Tribunal Administrativo del
Quindío, al proferir la sentencia de fecha 27 de mayo de 2021,
en virtud de la cual se negaron las pretensiones de la demanda,
en lo relativo a la negativa de reconocer y por ende reajustar el
subsidio familiar devengado por el actor en su asignación salarial
mensual, conforme a la cuantía establecida en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000.

2. Que como consecuencia de la tutela de los derechos
fundamentales invocados declare la Nulidad de la sentencia en
mención, en cuanto negó el reconocimiento y reajuste del
subsidio familiar en la cuantía establecida en el artículo 11 del
decreto 1794 de 2000.

3. Que una vez ordenada la nulidad solicitada, se ordene a la
autoridad judicial accionada Tribunal Administrativo del Quindío
que profiera nueva sentencia en la cual se ordene que el actor
tiene derecho a que el subsidio familiar sea liquidado y pagado
conforme lo establece el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000
desde la fecha en que el actor consolidó el derecho objetivo de
reconocimiento de tal prestación […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL señaló que la presente acción de tutela carece

de relevancia constitucional, porque en síntesis los argumentos que

plantea el actor fueron los mismos que formuló y que fueron

resueltos en el proceso ordinario origen de la controversia.

Sostuvo que, en todo caso, la sentencia cuestionada no adolece de

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ninguna irregularidad, en razón a que en esta fueron analizados de

forma profunda y coherente los requisitos exigidos para el

reconocimiento del subsidio familiar reclamado.

Agregó que “[…] si bien se alude a la presunta incursión en un defecto

de carácter material o sustantivo de la decisión, resulta evidente que

tal apreciación, constituye la inconformidad de la parte actora con la

misma que le resultó desfavorable, según el análisis y lo resuelto por

el Juez de segunda instancia competente para ello […]”.

Manifestó que en la providencia cuestionada estudió los alcances del

fallo del Consejo de Estado que el actor estima como desconocido,

para concluir que le era aplicable el Decreto 1164 de 2014, porque

había contraído matrimonio durante su vigencia.

Afirmó que el fallo se dictó en desarrollo de los principios de

autonomía e independencia reconocidos por la Constitución Política y

la Ley 270 de 7 de marzo 19967 a los Jueces de la República, para

que dentro de los límites de su competencia, analicen y decidan los

casos expuestos a su consideración.

7
“ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.

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I.5.2.- El MINISTERIO DE DEFENSA y el JUZGADO, vinculados en

calidad de terceros con interés directo en las resultas del proceso,

pese a haber sido notificados en debida forma, no rindieron informe

alguno frente al fondo del asunto.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 18 de febrero de 2022, la SECCIÓN

TERCERA declaró la improcedencia de la acción de tutela en la

medida que, a su juicio, los argumentos del actor están encaminados

a volver sobre una controversia ya decidida por el juez natural del

asunto.

Explicó que la tutela contra providencia judicial tiene un carácter

excepcional, por lo que no le corresponde al juez de amparo revisar

ni evaluar la interpretación y el alcance dado por el juez natural del

asunto a los preceptos aplicados al resolver la controversia.

Agregó que este recurso judicial tampoco constituye una instancia

adicional al proceso ordinario, ni es un escenario para refutar la

valoración probatoria del juez de conocimiento o para que la parte

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desfavorecida por una decisión proponga una mejor solución al caso.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó

que se revoque, para conceder el amparo pretendido.

Explicó que teniendo en cuenta las consideraciones realizadas en la

sentencia del Consejo de Estado en la que se declaró la nulidad del

Decreto 3770 de 2009, el Decreto 1161 de 2014 es contrario al

principio de progresividad por lo que debe ser inaplicado.

Afirmó que dicha tesis fue sostenida por la Sección Primera del

Consejo de Estado, en sentencia de 8 de abril de 20218, proferida

dentro del expediente de tutela identificado con el número único de

radicación 11001 0315 000 2021 00197 00.

Agregó que, de igual forma, dicha tesis fue aplicada por la Sección

Segunda -Subsección “A”- del Tribunal Administrativo de

Cundinamarca en sentencia de 29 de abril de 2021, proferida dentro

8
CP Hernando Sánchez Sánchez.

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del proceso identificado con el número único de radicación 11001

3335 008 2019 00223 01.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las Secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

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Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

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a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos

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fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez

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actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el caso bajo examen, el actor pretende que se deje sin efecto la

sentencia de 27 de mayo de 2021, proferida por el TRIBUNAL dentro

del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

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identificado con el número único de radicación 63001 3333 001 2018

00366 01.

A la citada providencia el actor atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales deprecados, habida cuenta que, a su juicio,

la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto sustantivo, al

haber desconocido las consideraciones y efectos “ex tunc” de la

sentencia de 8 de junio de 2018, proferida por el Consejo de Estado,

dentro del expediente 11001 0325 000 2010 00065 00.

Los disensos del actor radican en que, a su juicio, conforme con el

precedente que invoca tiene derecho a que se le reliquide el subsidio

familiar con base en el Decreto 1794 de 2000, este último porque

además resulta más favorable que el Decreto 1161 de 2014.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN TERCERA de esta Corporación que la declaró

improcedente al estimar que se trata de una reiteración de los

mismos argumentos resueltos en el proceso ordinario.

En la impugnación el actor reiteró sus argumentos iniciales y agregó

que la tesis que aduce ha sido aplicada por esta Sección y el Tribunal

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Administrativo de Cundinamarca al resolver casos similares.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que pese a que el actor alega

la configuración del defecto sustantivo, lo cierto es que sus

argumentos van dirigidos a proponer la existencia del defecto por

desconocimiento del precedente judicial, razón por la que

circunscribirá su estudio a este último.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de

ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados

e incurrió en el defecto por desconocimiento del precedente

judicial, al proferir la sentencia de 27 de mayo de 2021, por negar

la reliquidación del subsidio familiar del actor con base en el Decreto

1794 de 2000.

La Sala advierte que, contrario a lo señalado por el a quo, la presente

acción de tutela cumple con el requisito de la relevancia

constitucional, por cuanto el actor plantea, con suficiente carga

argumentativa, las razones por las cuales, en su criterio, la autoridad

judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales; contra la

decisión cuestionada frente a dichos disensos no proceden recursos

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y tampoco se estructuran las causales de los recursos extraordinarios

de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de

jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de tutela se

interpuso en un plazo razonable9 y, por último, la solicitud identifica

los hechos y derechos que se estiman lesionados.

Visto que el presente caso cumple con los requisitos generales de

procedibilidad, la Sala hará mención al marco jurídico del defecto

alegado, así como al del subsidio familiar de los soldados

profesionales, para en seguida resolver el caso concreto.

Del desconocimiento del precedente judicial

En lo que respecta a este defecto se ha determinado que de acuerdo

con lo establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución

Política, el poder judicial es autónomo e independiente y los Jueces

en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Esta

regla general de independencia y autonomía no es absoluta, ya que

encuentra sus límites en la realización de otros valores

constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia

9
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).

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constitucional.

En efecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional

puntualizó:

“[…] Es así como, en materia de decisiones judiciales, se
destaca el respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de
la Carta), que supone no solamente la igualdad ante la ley sino
también de trato por parte de las autoridades y concretamente
igualdad en la interpretación y aplicación de la ley por las
autoridades judiciales, garantizándose de esta forma la
seguridad jurídica y con ella la certeza de la comunidad
respecto a la forma en la que se van a decidir los casos iguales.
Como resultado de lo anterior, surge como límite a la
autonomía e independencia de los Jueces el respeto por el
precedente10 […]”.

De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte

Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente

constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela cuando

la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las partes. En

especial, respecto del precedente vertical, la Jurisprudencia de esa

Corporación ha sido enfática en sostener que el Juez no sólo está

vinculado por el artículo 13 de la Constitución Política, que impone la

igualdad de trato jurídico en la aplicación de la ley, sino también que

su autonomía se encuentra limitada por la eficacia de los derechos

10
Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571
de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, de la Corte Constitucional.

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fundamentales y, en particular, del debido proceso judicial11.

No obstante lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también ha

admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio

precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre y

cuando se sustenten debidamente las razones de su posición

(principio de razón suficiente)12.

Del régimen del subsidio familiar para soldados profesionales

Con base en las facultades otorgadas en la Ley 4ª de 18 de mayo de

199213, el Presidente de la República estableció el régimen salarial y

prestacional de los soldados profesionales de las fuerzas militares a

través del Decreto 1794 de 2000.

En el artículo 11 del decreto en mención se creó el subsidio familiar

como una prestación mensual a la que tendrían derecho los soldados

11
Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
12
Ver sentencia T-292 de 2006.
13
«Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional
para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del
Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los
Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo
150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política».

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profesionales casados o con unión marital de hecho.

La norma en comento al respecto preveía:

“[…] Artículo 11. Subsidio familiar. A partir de la vigencia del
presente Decreto, el soldado profesional de las Fuerzas Militares
casado o con unión marital de hecho vigente, tendrá derecho al
reconocimiento mensual de un subsidio familiar equivalente al
cuatro por ciento (4%) de su salario básico mensual más la
prima de antigüedad.

Para los efectos previstos en este artículo, el soldado profesional
deberá reportar el cambio de estado civil a partir de su inicio al
Comando de la Fuerza de conformidad con la reglamentación
vigente […]”.

La disposición en cita fue derogada con el Decreto 3770 de 2009, con

lo que la prestación aludida dejó de ser un beneficio para los nuevos

soldados profesionales que se encontraran en las condiciones para

percibirla.

Posteriormente, a través del Decreto 1161 de 2014, a partir del 1o.

de julio de esa anualidad, el Gobierno Nacional volvió a crear el

subsidio familiar para los soldados profesionales que no lo estuvieran

percibiendo con forme con lo previsto en el artículo 11 del Decreto

1794 de 2000, así:

“[…] ARTÍCULO 1º. Subsidio Familiar para soldados

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profesionales e infantes de marina profesionales. Créase, a
partir del 1° de julio del 2014, para los soldados profesionales e
infantes de marina profesionales de las Fuerzas Militares en
servicio activo, que no perciben el subsidio familiar regulado en
los decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009, un subsidio familiar
que se liquidará y reconocerá mensualmente sobre su asignación
básica, así:

a. Para los soldados profesionales e infantes de marina
profesionales casados o con unión marital de hecho vigente,
tendrán derecho a percibir por subsidio familiar el veinte por
ciento (20%) de la asignación básica por la cónyuge o
compañera permanente, más los porcentajes a que se pueda
tener derecho por los hijos conforme al literal c. de este artículo.

b. Para los soldados profesionales e infantes de marina
profesionales viudos siempre y cuando hayan quedado a cargo
de los hijos habidos dentro del matrimonio o dentro de la unión
marital de hecho, tendrán derecho a percibir por subsidio
familiar el veinte por ciento (20%) de la asignación básica más
los porcentajes a que se pueda tener derecho por los hijos
conforme al literal c. del presente artículo.

c. Para los soldados profesionales e infantes de marina
profesionales con hijos, tendrán derecho a percibir subsidio
familiar por este concepto calculado sobre su asignación básica
así: Por el primer hijo el tres por ciento (3%), por el segundo
hijo el dos por ciento (2%) y el uno por ciento (1%) por el tercer
hijo. En ningún caso el soldado profesional o el infante de marina
profesional por este concepto podrá percibir más del seis por
ciento (6%) de su asignación básica.

PARÁGRAFO 1. El subsidio familiar previsto en el presente
artículo en ningún caso podrá sobrepasar el veintiséis por ciento
(26%) de la asignación básica de los soldados profesionales e
infantes de marina profesionales.

PARÁGRAFO 2. Para los efectos previstos en este artículo los
soldados profesionales e infantes de marina profesionales de las
Fuerzas Militares a partir del 01 de Julio de 2014, podrán elevar
al Comando de Fuerza. la solicitud de reconocimiento del
subsidio familiar previsto en el presente decreto, y el
reconocimiento tendrá efectos fiscales a partir de la fecha de
presentación de la solicitud de que trata el presente parágrafo,
siempre y cuando cumplan con los requisitos para su
reconocimiento y pago.

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PARÁGRAFO 3. Los soldados profesionales e infantes de marina
profesionales de las Fuerzas Militares que estén percibiendo el
subsidio familiar previsto en los decretos 1794 de 2000 y 3770
de 2009, no tendrán derecho a percibir el subsidio familiar que
se crea en el presente decreto […]”.

Ahora bien, mediante sentencia de 8 de junio de 201714, la Sección

Segunda -Subsección “B”- del Consejo de Estado declaró la nulidad

del Decreto 3770 de 2009, a través del cual se había derogado el

artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, por las siguientes razones:

“[…] De la revisión en conjunto de las dos disposiciones
normativas transcritas es dable establecer con facilidad que la
derogatoria contemplada en el Decreto 3770 de 2009 expulsa
del mundo jurídico, a partir de su entrada en vigencia, la
prerrogativa estatuida con el artículo 11 del Decreto 1974 de
2000, consistente en el reconocimiento de la prestación del
subsidio familiar para los soldados profesionales que para ese
momento hubieren contraído matrimonio o tuvieren unión
marital de hecho.

El Decreto 1794 de 2000 fue publicado el 14 de septiembre de
ese año en el diario oficial número 44.161, no obstante, por
virtud de su artículo 17 entró en vigencia a partir del 1 de enero
de 2001; por su parte, el Decreto 3770 de 2009, entró a regir a
partir de su publicación, esto aconteció el 30 de septiembre de
ese año en el diario oficial número 47.488. Lo que significa que
la previsión contenida en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000
produjo efectos jurídicos entre el 1 de enero de 2001 y el 30 de
septiembre de 2009, o en otras palabras, el derecho al subsidio
familiar para los soldados profesionales pervivió en el mundo
jurídico por el lapso de ocho (8) años y ocho (8) meses, contados
desde la entrada en vigencia del decreto que lo reconoció hasta
la entrada en vigencia del acto que lo derogó.

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección B, sentencia
de 8 de junio de 2017, CP César Palomino Cortés, número único de radicación 11001-03-25-000-2010-
00065-00.

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Para la Sala es claro que los soldados profesionales tuvieron
reconocido el derecho objetivo al subsidio familiar por razón o
con ocasión de la previsión contenida en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, y que contrario a lo dicho por las
entidades demandadas en sus escritos de defensa, este derecho
fue revertido, eliminado y suprimido por virtud de lo normado
en el artículo 1 del Decreto 3770 de 2009, acto posterior que al
derogar la disposición que lo reconocía cesó por completo su
vigencia al expulsarla del ordenamiento jurídico.

Salta a la vista entonces que las disposiciones contenidas en el
Decreto 3770 de 2009, en la medida en que desalojan del
universo jurídico el derecho objetivo a la prestación del subsidio
familiar para los soldados profesionales, constituyen per se un
retroceso. Se trata de normas regresivas que afectan el derecho
al trabajo y a la seguridad social de estos integrantes de las
fuerzas militares, y por tanto, deben ser consideradas como
inconstitucionales prima facie.

Ahora bien, dado que la sala ha considerado que las normas
contenidas en el Decreto 3770 de 2009 se presumen afectadas
de invalidez dado su carácter regresivo al no simplemente tornar
nugatorio el derecho objetivo a la prestación del subsidio familiar
para los soldados profesionales, sino al erradicarlo por completo
y privar a un grupo poblacional de trabajadores del Estado de
cualquier posibilidad de goce; se hace necesario realizar un
escrutinio más riguroso respecto de la razonabilidad, legitimidad
y proporcionalidad de la medida.

Cabe señalar que al considerar que la norma que garantizaba el
reconocimiento y goce del derecho a la prestación del subsidio
familiar de los soldados profesionales fue expulsada del
ordenamiento por virtud de su derogatoria, podría pensarse que
estos quedarían inmersos en la regla general de reconocimiento
de dicha prestación a cualquier trabajador con bajos ingresos
salariales contenida en la Ley 789 de 2002. Sin embargo, tal
interpretación no es posible de realizar, toda vez que como se
explicó el régimen prestacional de los integrantes de la fuerza
pública es especial, habida cuenta de la necesidad de que sus
integrantes alcancen la igualdad real y efectiva frente a otros
trabajadores del Estado, y debido a lo riesgoso de la actividad
que desempeñan.

Resulta entonces paradójico y contrario a los principios y fines
esenciales del Estado que los destinatarios de un régimen
especial estatuido para que sus beneficiarios alcancen la
igualdad material y sean compensados por exponer su vida e

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integridad personal a partir del riesgo al que están sometidos en
el desempeño de sus funciones, no sean sujetos activos del
reconocimiento del derecho objetivo a la prestación del subsidio
familiar, la que además persigue el propósito de contribuir en el
alivio de las necesidades básicas de los sectores más pobres de
la población, dentro de los cuales se hallan, generalmente, los
soldados profesionales.

La Sala encuentra además que la medida contenida en el decreto
3770 de 2009 encarna en sí misma un acto discriminatorio.
Discriminación que se presenta en dos posibles hipótesis
normativas: (i) respecto de los soldados profesionales que
dentro del término de vigencia del artículo 11 del Decreto 1794
de 2000 hubieren adquirido el derecho subjetivo al subsidio
familiar por haber contraído matrimonio o constituir unión
marital de hecho, frente a los soldados profesionales que
teniendo el reconocimiento al derecho objetivo no hubieren
alcanzado el expreso reconocimiento al derecho subjetivo,
existiendo la probabilidad cierta de consolidación futura del
correspondiente derecho, dentro del lapso en el que el artículo
11 ibídem se mantuvo vigente, por encontrarse incursos en una
expectativa legítima; y (ii) en relación con los soldados
profesionales que contrajeron matrimonio o constituyeron unión
marital de hecho con posterioridad a la entrada en vigencia de
la derogatoria del derecho a la prestación del subsidio familiar,
frente a los soldados profesionales, a quienes se les reconoció el
derecho a la mencionada prestación social, y se encuentran en
su goce efectivo, como respecto de los suboficiales y oficiales a
quienes se les reconoce dicho derecho objetivo.

En efecto, el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, no solamente
estipuló un derecho objetivo con vocación de subjetivación en
cabeza de quienes contraigan matrimonio o constituyan una
unión marital del hecho, sino que también reconoció este
derecho a todos los soldados profesionales en servicio activo,
por cuanto que al ejercer el derecho al libre desarrollo de la
personalidad y ser titulares del derecho a la familia tienen la
probabilidad cierta de consolidar en el futuro el correspondiente
derecho a la prestación del subsidio familiar.
[…]

En conclusión, la medida incorporada al ordenamiento jurídico
mediante el Decreto 3770 de 2009, que suprime el
reconocimiento al derecho prestacional del subsidio familiar a los
soldados profesionales al revocar el artículo 11 del Decreto 1794
de 2000, se constituye en regresiva y por tanto carente de
legalidad, al no solamente contravenir los principios y normas

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en los que debería fundarse, sino también porque no es
compatible con el contenido esencial de los derechos a la
protección y seguridad social, al trabajo, y a la seguridad
jurídica, toda vez que su objeto no se encuentra dirigido a
promover el bienestar general de los soldados profesionales
como integrantes de la fuerza pública en una sociedad
democrática.

Además del análisis efectuado fundado en el juicio de
razonabilidad de la medida regresiva cuestionada, esta
Subsección considera que con base en la cláusula del Estado
Social de Derecho, resulta imperativo favorecer en su decisión
la vigencia de la norma de derecho social de mayor alcance,
acogiéndose a la regla hermenéutica que rige en materia de
derechos sociales, in dubio pro justitia socialis, e interpretar las
normas a favor de los soldados profesionales, por cuanto que al
serle aplicadas con este sentido consiguen o tienden a alcanzar
el “bienestar”, esto es, las condiciones de vida mediante las
cuales es posible a la persona humana desarrollarse conforme a
su excelsa dignidad.

Por consiguiente, estos cargos estarán llamados a prosperar y
se declarará la nulidad del Decreto 3770 de 2009 […]”.

Corolario a lo anterior, el Decreto 3770 de 2009 fue declarado nulo,

porque, en la medida que eliminaba el reconocimiento del subsidio

familiar a los soldados profesionales, constituía una medida regresiva

y carente de legalidad.

Por lo anterior, la Sección Segunda de esta Corporación resolvió “[…]

DECLARAR, con efectos ex tunc, la nulidad total del Decreto 3770

de 2009, “por el cual se deroga el artículo 11 del Decreto 1794 de

2000 y se dictan otras disposiciones”, expedido por el Gobierno

Nacional […]”.

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En relación con los efectos de la declaratoria de nulidad con efectos

“ex tunc”, mediante auto de 8 de septiembre de 2017, la autoridad

judicial al resolver unas solicitudes de aclaración y adición señaló:

“[…] De acuerdo con lo dicho, la declaratoria de nulidad con
efectos “ex tunc” del Decreto 3770 de 2009 revivió las
disposiciones normativas contenidas en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, restituyendo sus efectos con el fin de
evitar la existencia de vacíos normativos y, por ende, la
inseguridad jurídica generada por la ausencia de regulación
particular y específica respecto de situaciones jurídicas no
consolidadas desde el momento de su promulgación hasta
cuando fue subrogado por el Decreto 1161 de 2014, que
permanece en vigor desde su entrada en vigencia hasta nuestros días,
por cuanto que no ha sido expulsado del ordenamiento jurídico por
ninguna de las vías legalmente establecidas […]”. (Destacado fuera
del texto)

En ese orden de ideas, el subsidio familiar se reconoce con base en

el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 a los soldados profesionales

que causen el derecho hasta el 1o. de julio de 2014, fecha a partir

de la cual entró a regir el Decreto 1161 de esa anualidad, sin que

este, hasta el momento haya sido suspendido, anulado, subrogado o

derogado.

Caso concreto

En el presente caso el actor adujo que el TRIBUNAL desconoció los

efectos “ex tunc” y las consideraciones de la sentencia mediante la

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cual fue declarada la nulidad del Decreto 3770 de 2009, porque su

subsidio familiar debe ser reconocido con base en el Decreto 1794 de

2000, en razón a que es más favorable que el Decreto 1161 de 2014.

En la sentencia de 27 de mayo de 2021 cuestionada, el TRIBUNAL

negó la reliquidación del subsidio familiar del actor por las siguientes

razones:

“[…] 7.4. En el caso concreto se confirmará el fallo de
primera instancia que negó el reconocimiento y pago del
subsidio familiar en la forma pedida por el demandante,
pues es claro que al contraer matrimonio con
posterioridad al 01 de julio de 2014, la norma que guía el
asunto es el Decreto 1161 de ese año y no el Decreto 1794
de 2000.

De acuerdo con las probanzas obrantes en el proceso, la Sala
encuentra acreditado que el demandante prestó servicio militar
en el Ejército Nacional desde el 16 de agosto de 2001 y
posteriormente fue incorporado como soldado profesional desde
el 15 de julio de 200321.

Contrajo matrimonio con la señora Sandra Milena Gallego
Cárdenas el día 12 de septiembre de 201422 y presentó derecho
de petición el día 29 de noviembre de 2017 ante la entidad
demandada, mediante el cual solicitó el reconocimiento y pago
de la prima de actividad (tema que no fue objeto del recurso de
apelación, razón por la cual, se itera, esta Sala no se pronunciará
al respecto), así como el reajuste del subsidio familiar en los
términos del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y, por ende,
el reajuste e indexación de las prestaciones sociales y el pago
de los intereses moratorios de las sumas reclamadas. El 18 de
abril de 2018, acudió por escrito al Comandante del Ejército
Nacional – Dirección de Personal – Sección Nómina, para que se
le diera respuesta al derecho de petición.

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Mediante oficio No. 20183171008551 del 29 de mayo de 2018,
el Ministerio de Defensa Nacional – Comando General Fuerzas
Militares – Ejército Nacional – Comando de Personal – Dirección
de Personal, a través del Oficial Sección Nómina, respondió
negativamente la petición de reconocimiento, pago e inclusión
de la prima de actividad solicitada por el demandante ,
guardando silencio frente a la solicitud de reliquidación
del subsidio familiar, reposando no obstante a folio 17 del
archivo 01Demanda, oficio del 9 de agosto de 2018 emanado del
Comando de Personal del Ejército Nacional, en el que se
consigna que: “Una vez verificada la base de datos del personal
del Ejército Nacional, se evidenció que al SLP JHON JAIRO
MUNERA se le reconoció el 23% del subsidio familiar mediante
Orden Administrativa de Personal N° 1073 del 30 de Enero de
2015, con novedad fiscal de fecha 10 de octubre de 2014
discriminado así: 20% corresponde al matrimonio con la señora
SANDRA MILENA CÁRDENAS GALLEGO. 3% al menor hijo, JHON
ESTEBAN MUNERA CÁRDENAS”.

Luego de lo descrito, esta Sala de decisión encuentra ajustado a
derecho lo decidido por la A quo consistente en no declarar la
nulidad del acto administrativo demandado en cuanto a la
negativa de la entidad demandada en reconocer y ordenar el
pago mensual del subsidio familiar como lo pidió el demandante,
esto es, con base en lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto
1794 de 2000, que en su momento lo reconoció a los soldados
profesionales de las FF.MM casados o con unión marital de
hecho vigente, norma que posteriormente fue derogada por el
Decreto 377027 desde el 30 de septiembre de 2009, fecha en
que entró a regir, dejando el subsidio familiar a reconocer sólo
para aquellos soldados profesionales e infantes de marina
profesionales que a la fecha de entrada en vigencia del nuevo
decreto lo estuvieren percibiendo y es claro que el demandante,
como se indicó en precedencia, le fue reconocido el 23 de enero
de 2015 cuando regía el Decreto 1161 del 2014, con novedad
fiscal al 10 de octubre de 2014, atendiendo a que había
contraído nupcias el 12 de septiembre de ese año, esto es,
posteriormente al 01 de julio de 2014, fecha de la entrada en
vigencia de la última norma mencionada y la solicitud de
reconocimiento y pago de tal emolumento la efectuó el 29 de
noviembre de 2017.

En ese orden de ideas, tampoco resulta acertado como parece
entenderlo la apoderada del demandante que los efectos ex tung
lo favorecen (desde siempre o se retrotrae desde el momento
de expedición del acto) de nulidad de la derogatoria de esa
disposición declarada por el Consejo de Estado mediante

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sentencia del 8 de junio de 201730 , al considerarse regresiva
por afectar el derecho al trabajo y a la seguridad social de los
integrantes de las fuerzas militares, y por tanto, contraria a la
Constitución Política31, y al haberse revivido el artículo 11 del
Decreto 1794 de 200032 , pues esa circunstancia, a juicio de
esta Sala, no afecta la situación particular y concreta del
demandante, en razón a que la norma vigente para el momento
en el cual le fue reconocido tal emolumento (subsidio familiar)
por haber cumplido con los requisitos exigidos fue el Decreto
1161 de 2014 y no la disposición que ingresó de nuevo al
ordenamiento jurídico (art. 11 del Decreto 1794 de 2000).

En otras palabras, una vez en firme la decisión del Consejo de
Estado que anuló el Decreto 3770 de 2009, se entiende vigente
y desde el momento mismo en que había sido derogado, el
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000. En vista de lo anterior,
para los soldados profesionales que contrajeron matrimonio o
declararon su unión marital de hecho a partir del 14 de
septiembre de 2000 y hasta antes del 24 de junio de 2014, su
derecho al subsidio familiar se rige en un todo por el Decreto
1794 de 2000. Solamente para aquellos soldados profesionales
que contrajeron matrimonio o declararon su unión marital de
hecho a partir del 24 de junio de 2014, el subsidio familiar les
será reconocido, liquidado y pagado conforme el Decreto 1161
de 2014, como ocurrió con el demandante […]”.

Conforme con la transcripción en cita se advierte que el TRIBUNAL

determinó que al actor no le asistía el derecho a que se le reconociera

el subsidio familiar con base en el Decreto 1794 de 2000, sino

conforme con el Decreto 1161 de 2014, porque su matrimonio

acaeció cuando este ya estaba en vigencia.

Para tal efecto, encontró que el actor había contraído matrimonio el

12 de septiembre de 2014, esto es, con posterioridad al 1o. de julio

de esa anualidad, fecha de entrada en vigencia del Decreto 1161.

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Además, la autoridad judicial accionada determinó que no era

acertada la posición del actor, según la cual los efectos “ex tunc” de

la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009 lo

favorecían, porque esa circunstancia no afectaba su situación

particular, en razón a que su derecho se consolidó durante la vigencia

del Decreto 1161 de 2014 y no en la del artículo 11 del Decreto 1794

de 2000, incluso con el nuevo ingreso de este al ordenamiento

jurídico.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que el TRIBUNAL no

desconoció la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 3770 de

2009 dado que, por el contrario, dicha autoridad tomó en

consideración, no solo la anulación de dicha norma, sino también la

reviviscencia del Decreto 1794 de 2000.

Situación distinta es que el actor pretenda que con base en la

sentencia de anulación del Decreto 3770 de 2009, se extienda la

vigencia del Decreto 1794 de 2000 más allá del 1o. de julio de 2014,

cuando entró a regir el Decreto 1161 de 2014, situación que no fue

dispuesta en la providencia que invoca como desconocida.

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En efecto, como se indicó en precedencia conforme con la sentencia

de anulación del Decreto 3779 de 2000 y en el auto de 8 de

septiembre de 2017, en el que fueron resueltas las solicitudes de

aclaración y adición a dicha decisión, es claro que las disposiciones

del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 recobraron vigencia “[…]

respecto de situaciones jurídicas no consolidadas desde el

momento de su promulgación hasta cuando fue subrogado

por el Decreto 1161 de 2014[…]”, esto es, hasta el 1o. de julio de

esa anualidad.

Así entonces, como quiera que el actor consolidó el derecho a percibir

el subsidio familiar, a partir del momento en que contrajo

matrimonio, esto es, desde el 12 de septiembre de 2014, resultaba

razonable que la autoridad judicial accionada aplicara la norma

vigente para ese momento, esto es, el Decreto 1161 de esa

anualidad.

Frente a los reproches que el actor hizo en relación con la forma en

que está configurado el subsidio familiar en el Decreto 1161 de 2014,

la Sala destaca que, además de que dicha norma está vigente, goza

de presunción de legalidad, por lo que los reparos que pueda tener

contra el mismo son susceptibles de ser formulados a través del

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medio de control de nulidad respectivo.

Ahora bien, en relación con la sentencia de 8 de abril de 2021,

proferida por esta Sección dentro del expediente de tutela

identificado con el número único de radicación 11001 0315 000 2021

00197 00, la Sala advierte que el presente caso difiere al resuelto en

dicha oportunidad, puesto que en la providencia aludida se estudió

un caso en el que la autoridad judicial allí accionada había avalado la

aplicación del Decreto 1161 de 2014 frente a un soldado profesional

que había contraído matrimonio el 12 de agosto de 2009, fecha para

la cual, estaba vigente el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000,

conforme con la sentencia de anulación del Decreto 3770 de 2009.

Al respecto en la sentencia de 8 de abril de 2021 aludida, esta Sala

señaló:

“[…] 65. Al revisar los supuestos fácticos y jurídicos del caso
objeto de estudio, se encuentra acreditado que el señor Santiago
Salazar Chamorro i) ingresó a prestar el servicio militar el 26 de
junio de 2002 y como soldado profesional el 15 de octubre de
2004, hasta la fecha certificada en el proceso ordinario; y ii)
contrajo matrimonio el 12 de agosto de 2009; lo cual conduce a
la Sala a considerar que el actor se encontraba en la hipótesis
que estableció el artículo 11 del Decreto núm. 1794 de 14 de
septiembre de 2000, lo cual lo hacía acreedor de dicha
prestación a partir del 12 de agosto de 2009.
[…]

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68. De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la
autoridad judicial demandada no analizó la situación concreta
del actor frente a los efectos ex tunc de la declaratoria de nulidad
del Decreto núm. 3770 de 30 de septiembre de 2009, toda vez
que, desconoció que el actor no pudo acceder al subsidio familiar
establecido en el artículo 11 del Decreto núm. 1794 de 14 de
septiembre de 2000 por cuanto para dicho momento dicha
disposición había sido derogada; sin embargo, con ocasión de la
nulidad del Decreto núm. 3770 de 30 de septiembre 2009 se
imponía verificar si en el periodo comprendido entre la fecha de
celebración del matrimonio (12 de agosto de 2009) y la
expedición del Decreto núm. 1161 de 24 de junio de 2014, se
debía reconocer y pagar tal prestación.

[…]

70. Ahora bien, frente al argumento del Tribunal según el cual
el señor Santiago Salazar Chamorro ya gozaba de la prestación
económica objeto de debate de conformidad con el Decreto núm.
1161 de 24 de junio de 2014, dicha afirmación no tiene asidero
jurídico, por cuanto, como quedó expuesto en el caso concreto,
esta normativa no le era aplicable, en razón a que el hecho
generador que justificó el reconocimiento del subsidio
familiar, se dio con anterioridad a la fecha en la cual fue
proferido el Decreto núm. 1161 de 24 de junio de 2014,
esto es, el 12 de agosto de 2009, fecha en la cual celebró
su matrimonio […]”

Corolario a lo anterior, es claro entonces que la providencia en cita

no es aplicable al presente asunto, dado que en esa oportunidad fue

resuelta una situación diferente a la del actor.

Por otro lado, en relación con la sentencia del TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA a la que el actor hizo

referencia en su impugnación, la Sala advierte que no se hará mayor

análisis al respecto dado que, incluso si dicha decisión pudo haber

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sido proferida bajo la tesis que aduce, lo cierto es que la misma no

goza de la obligatoriedad de las sentencias de unificación, no se

tratan de decisiones de constitucionalidad o de alguna en la que la

Corte Constitucional haya fijado el alcance de derechos

fundamentales, por lo que resulta evidente que la autoridad judicial

accionada no estaba supeditada a seguir los mismos lineamientos.

De tal suerte que lo que se advierte es la inconformidad del

accionante con las razones de la providencia judicial acusada, no así

las falencias que alega.

Así entonces, la Sala modificará la sentencia impugnada que declaró

improcedente la acción de tutela de la referencia para, en su lugar,

denegar el amparo solicitado como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

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PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada, para en su lugar,

DENEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la

parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala, en la sesión de día 1o. de julio de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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