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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10592-00

Fecha
4 de febrero de 2022
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10592-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Jean Carlos Rodríguez Ávila contra el Tribunal Administrativo del Atlántico y el 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 25 de febrero de 2016, expediente No. 2016-03419-00, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. 18 Radicación: 11001-03-15-000-2021-10592-00 Demandante: Jean Carlos Rodríguez Ávila Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia Juzgado Quinto Administrativo de Barranquilla, por la inobservancia del requisito de relevancia constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-10592-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

4 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10592-00
Demandante: JEAN CARLOS RODRÍGUEZ ÁVILA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela instaurada por el señor Jean Carlos Rodríguez
Ávila contra el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Juzgado Quinto
Administrativo de Barranquilla.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 22 de noviembre de 20211, el señor Jean Carlos Rodríguez Ávila interpuso
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Juzgado Quinto
Administrativo de Barranquilla, porque consideró vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, al mínimo vital y móvil y
de «acceso a la función pública por mérito»2. Formuló las siguientes pretensiones:

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, revóquese en su totalidad la
decisión de segunda instancia proferida por el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión Oral “A” en el proceso de
nulidad electoral con radicación 08-001-33-33-005-2020-00066-01 JR.

1
La Sala advierte que, el 19 de enero de 2022, el proceso ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el correspondiente proyecto de sentencia.
2
También consideró desconocidos los principios de confianza legítima y de seguridad jurídica.

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10592-00
Demandante: Jean Carlos Rodríguez Ávila
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

TERCERA: Se declare que Creamos Talentos es una entidad idónea para
brindar asesoría, adelantar, apoyar y/o acompañar en los concursos públicos y
abiertos de méritos para la elección del personero municipal.

1.2. Hechos

Los supuestos fácticos y jurídicos de la solicitud de amparo se resumen así:

En ejercicio del medio de control de nulidad electoral, el señor Jaime Díaz Vargas
(procurador 14 judicial II), Welfran Mendoza Osorio (procurador 15 judicial I),
Marla Judith Mercado Escorcia (procuradora 61 judicial I), Javier Lizcano Rivas
(procurador 117 judicial II), Lourdes Mendoza Martelo (procuradora 173 judicial II)
y Eurípides Castro Sanjuan (procurador 174 judicial I) demandaron la nulidad de
la Resolución 006 del 10 de enero de 2020, por la cual el Concejo Municipal de
Manatí eligió al señor Jean Carlos Rodríguez Ávila como personero de ese
municipio.

Mediante providencia del 28 de octubre de 2020, el Juzgado Quinto Administrativo
de Barranquilla accedió a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia,
ordenó que se realizara «nuevamente, en su totalidad, el concurso de méritos
para la elección del personero de dicho ente territorial».

El Tribunal Administrativo del Atlántico, en sentencia del 2 de marzo de 2021,
confirmó la sentencia de primera instancia, al concluir que «Creamos Talentos no
es catalogada como universidad, institución de educación superior o entidad
especializada en procesos de selección de personal». La anterior providencia fue
notificada por correo electrónico el 25 de junio de 2021.

1.3. Argumentos de la tutela

El accionante sostuvo que el Tribunal Administrativo del Atlántico no realizó un
análisis «profundo» de la naturaleza jurídica de Creamos Talentos, de su
actividad mercantil y de la participación que tuvo en el desarrollo del concurso de
méritos; tampoco se valoraron las pruebas aportadas por la Procuraduría General
de la Nación ni «se hizo un estudio o análisis del caso con el fin de determinar si
la jurisprudencia traída, mencionada o referenciada en el fallo era aplicable o no al
caso particular».
2

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Demandante: Jean Carlos Rodríguez Ávila
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Afirmó que Creamos Talentos sí es una entidad especializada en procesos de
selección de personal, toda vez que es su actividad principal. Señaló que el
Tribunal Administrativo del Atlántico «llama a la empresa Creamos Talentos
“entidad”, concepto éste que es bien denominado», porque, según indicó, la Corte
Constitucional en las sentencias C-352 de 2009 y T-978 de 2006 se refirió a los
establecimientos de comercio como entidades.

Precisó que en la clasificación de actividades económicas de la DIAN el código
CIIU 7830 «pertenece a otras actividades de suministro de recurso humano hoy
en día denominado bajo el mismo número como otras actividades de provisión de
talento humano». Asimismo, señaló que ese código es el mismo para los
establecimientos de comercio y las personas jurídicas, lo que significa que es una
entidad especializada en procesos de selección de personal.

Expresó que el Concejo Municipal de Manatí sí analizó la experiencia, las
certificaciones y demás documentos que acreditaban la idoneidad de Creamos
Talentos.

De otra parte, sostuvo que, a diferencia de la autoridad judicial demandada, los
Tribunales Administrativos de Boyacá y del Huila, en asuntos similares, le dieron a
Creamos Talentos la connotación de entidad especializada en procesos de
selección.

Adujo que las personas naturales y jurídicas sí pueden celebrar convenios de
asociación con entidades del Estado, de conformidad con lo señalado en el
concepto 4201814000004968 emitido por Colombia Compra Eficiente y, por tal
razón, sostuvo que el Tribunal Administrativo del Atlántico no tuvo en cuenta el
grado de participación de Creamos Talentos en el concurso de méritos, pues
dicha entidad solo asesoró al Concejo Municipal de Manatí en la calificación de
las pruebas de competencias laborales «con su grupo de profesionales
(psicólogos)».

Sostuvo que el pronunciamiento del Consejo de Estado en el que se fundamentó
el Tribunal Administrativo del Atlántico, no se ajusta a los mismos criterios de
hecho o de derecho, porque «CECCOT» adelantó el concurso, toda vez que

3

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Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

«convocó, verificó requisitos, aplicó las pruebas, las calificó, hizo la publicación de
los resultados y resolvía impugnaciones o reclamaciones», mientras que Creamos
Talentos no realizó ninguno de esos trámites. Manifestó que existía un
antecedente jurisprudencial de circunstancias fácticas similares, este es, el del 4
de mayo de 2017, radicado 2016-00404-01, en el que se resolvió la demanda de
nulidad electoral del personero de Zipaquirá y que debió ser aplicado por las
autoridades judiciales demandadas.

Finalmente, concluyó que Creamos Talentos sí podía asesorar al Concejo
Municipal de Manatí en el concurso de méritos para la elección del personero
municipal. Asimismo, que la jurisprudencia fue aplicada de manera indebida «y
errónea la analogía y jurisprudencia como ciencia auxiliar del derecho».

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 3 de diciembre de 2021, se admitió la presente acción de
tutela y se ordenó que aquel se notificara a las autoridades judiciales
demandadas y, como terceros con interés, al presidente de la Federación
Colombiana de Autoridades Locales, al procurador judicial II delegado ante el
Tribunal Administrativo del Atlántico, al señor Welfran Mendoza Osorio y al
presidente del Concejo Municipal de Manatí – Atlántico. Igualmente, se ordenó
notificar a los demás sujetos procesales que intervinieron en el medio de control
de nulidad electoral. Asimismo, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.

2.2. El Tribunal Administrativo del Atlántico solicitó que se declarara improcedente
la solicitud de amparo, toda vez que el accionante está utilizando la tutela como
una tercera instancia. Explicó que en la providencia cuestionada se realizó un
análisis de las entidades participantes en el concurso de méritos, con el fin de
establecer si la Federación Colombiana de Autoridades Locales y Creamos
Talento tenían o no la calidad de entidades especializadas en procesos de
selección de personal. Señaló que fundamentó su decisión en la providencia del
26 de noviembre de 2020, proferida por el Consejo de Estado, radicado 2020-
00022-01, en la que se determinó que Creamos Talentos no correspondía a una
universidad, a una institución de educación superior pública o privada, ni a una

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Demandante: Jean Carlos Rodríguez Ávila
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

entidad especializada en procesos de selección de personal, sino que era «un
conjunto de bienes que fue organizado por su empresario de los cuales no
advierte la realización, apoyo o gestión de procesos de selección de personal».

Manifestó, además, que su actividad económica no incluye la realización, apoyo o
gestión a procesos de selección de personal a través de concurso de méritos que
la catalogue como especialista en esa materia, por lo que carecía de la idoneidad
requerida para llevar a cabo el concurso de méritos.

2.2. Los demás sujetos procesales vinculados guardaron silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública o por un particular, en el último caso, cuando así lo
permita expresamente la ley.

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para
proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el
juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir,
concederá el amparo impetrado, siempre que esté acreditada la razón para
conferir la tutela.

En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de
tutela era improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir del
año 20123, cambió su postura, de conformidad con las reglas que ha fijado la
Corte Constitucional, en el sentido de estudiarlas cuando exista violación flagrante
de algún derecho fundamental.

3
Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente No. 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth
García González.

5

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de
estos.

Entonces, para aceptar la procedencia de esta acción constitucional contra
providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los
requisitos generales y específicos que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia
C-590 de 2005.

Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones
en que se fundamenta la acción; (ii) que la accionante hubiera utilizado todos los
mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección
de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera
interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de
evidente relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida
en sede de tutela.

En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte
Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela
contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos
excepcionales.

El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por
ejemplo, en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a terceros
que podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece
cuando con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato.

Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas
genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia
de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii)
defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error

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inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii)
violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales
causales, así:

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución.

Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar
la causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la
violación de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar
inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de
instancia, sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia
cuestionada ha incurrido en alguna de las causales específicas para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario,
la tutela carecería de relevancia constitucional.

Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y
que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la
tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran

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discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los
argumentos que dejaron de proponer oportunamente.

Por último, cabe anotar que, en diversos pronunciamientos 4, la Corte
Constitucional ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de
tutela, las providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado. En ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los
requisitos generales y la configuración de una de las causales específicas antes
mencionados, la acción de tutela contra providencias proferidas por los
denominados órganos de cierre, «sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de
los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que
exige la imperiosa intervención del juez constitucional».

Es de esa manera que podría abordarse el estudio de una providencia judicial
mediante el valioso y excepcional mecanismo de la acción de tutela.

2. Problema jurídico

En primer lugar, corresponde a la Sala determinar si la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial, particularmente el
de relevancia constitucional. De ser así, deberá abordarse el estudio de fondo del
asunto, con el fin de establecer si el Tribunal Administrativo del Atlántico y el
Juzgado Quinto Administrativo de Barranquilla, al proferir las sentencias del 28 de
octubre de 2020 y del 2 de marzo de 2021, respectivamente, vulneraron los
derechos fundamentales del señor Jean Carlos Rodríguez Ávila.

3. Análisis de la Sala

3.1. De la relevancia constitucional

En sentencia del 5 de agosto de 2014 5, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la

4
Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.
5
Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya
en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para
determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia
constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para
proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial
ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

Ciertamente, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los
procesos judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores
excepciones, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

3.2. Caso concreto y solución del problema jurídico

En el caso bajo estudio, el reproche formulado por el señor Jean Carlos Rodríguez
Ávila radica en que el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Juzgado Quinto
Administrativo de Barranquilla vulneraron sus derechos fundamentales, al proferir
las sentencias del 28 de octubre de 2020 y del 2 de marzo de 2021, en las que se
declaró la nulidad de su elección. A su juicio, contrario a lo sostenido por las
autoridades judiciales demandadas, Creamos Talentos sí podía asesorar al
Concejo Municipal de Manatí – Atlántico, en el desarrollo del concurso de méritos
para la elección del personero municipal, período 2020-2024.

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Asimismo, sostuvo que se incurrió en desconocimiento del precedente, dado que
en su caso la jurisprudencia del Consejo de Estado fue aplicada indebida y
erróneamente.

Pues bien, la Sala advierte que la solicitud de amparo carece de relevancia
constitucional, justamente porque se está ejerciendo para convertir este valioso
mecanismo de protección de los derechos fundamentales en una instancia
adicional del proceso ordinario de nulidad electoral.

En efecto, en el escenario que propone el accionante, la Sala tendría que
examinar nuevamente los cargos que fueron decididos razonablemente por el
Tribunal Administrativo del Atlántico y por el Juzgado Quinto Administrativo de
Barranquilla, en el proceso de nulidad electoral con radicado 08001-33-33-005-
2020-00066-01.

En la sentencia del 28 de octubre de 2020, el Juzgado Quinto Administrativo de
Barranquilla accedió a las pretensiones de la demanda, decisión que fue apelada
por el señor Jean Carlos Rodríguez Ávila, quien argumentó que FEDECAL y
Creamos Talentos celebraron el convenio de asociación con el Concejo Municipal
de Manatí – Atlántico, con el fin de brindar un asesoramiento en cada una de las
etapas del concurso para seleccionar el personero municipal, «y no para abrogar
en dichas entidades la función asignada a estos cuerpos colegiados».
Adicionalmente, en el recurso de apelación el demandante formuló las siguientes
inconformidades:

Por otro lado, debe mencionarse que no existe prohibición o restricción
constitucional o legal que impida que ni FEDECAL y CREAMOS TALENTOS
u otras entidades, para que acompañen a los Concejos Municipales en el
proceso de selección de personeros municipales. En este punto es pertinente
citar la sentencia de fecha 4 de mayo de 2017 en la que el H. Consejo de
Estado al estudiar la legalidad del acto administrativo de elección del
personero de Zipaquirá, precisó:

“De este modo, la intervención o asesoría de instituciones
especializadas en materia de concursos de méritos no es obligatoria y,
en consecuencia, los concejos municipales también cuentan con la
opción de adelantar el concurso por su cuenta, y tal como ocurre en el
prese caso, “efectuarán los trámites pertinentes para el concurso”.

(…)

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En lo que respecta a CREAMOS TALENTOS, Honorable Magistrado, debo
reiterar que es un ente especializado en procesos de selección de
personal del nivel directivo, al cual pertenecen los Personeros Municipales,
que cuenta con una trayectoria de casi 18 años, que le ha valido para obtener
la suficiente probidad e idoneidad para participar de este tipo de
convocatorias, teniendo en cuenta que su experiencia se ha basado en la
consecución de recurso humano para diferentes entidades de los sectores
público y privado, ya que han realizado acompañamientos y apoyos a
procesos de entidades como el Ejército y el Sena (personal para
diferentes cargos), al igual a más de 60 procesos a lo largo y ancho del
territorio nacional en relación a la elección de personero municipal.

(…)

Ahora bien, con relación a lo manifestado por el demandante respecto de la
falta de idoneidad teniendo como base las entidades autorizadas por la
norma, es de resaltar que el Decreto 1083 de 2015 en su título 27, si bien
establece que dichos concursos podrán ser adelantados con
instituciones de educación superior, públicas o privadas o con ENTES
especializados en selección de personal, es evidente que la
normatividad que regula el caso en concreto no establece como
obligatorio que este ente debe ostentar la calidad de persona jurídica o
natural, dejando así abierta la brecha.

Así las cosas, para esta defensa este cargo no estaba llamado a prosperar,
teniendo en cuenta que como lo ha expresado el Honorable Tribunal
Administrativo de Boyacá en Sala Plena, no se encuentra fundamento
legal que valide la prohibición para que estas entidades presten este tipo
de servicios profesionales a los Concejos Municipales; así las cosas, no
se encuentra base normativa en el hecho que pretende deslegitimar la
idoneidad de las mismas, ni su capacidad logística y administrativa, máxime
cuando el juez de instancia, en el desarrollo del proceso de nulidad, no
vinculó ni estimó necesario el hacer partes del proceso a FEDECAL y
Creamos Talentos, para que fuesen estas mismas entidades las que tuvieran
la oportunidad de presentar al A quo, el material probatorio y los argumentos
que les han valido para acompañar a nivel nacional diferentes convocatorias,
yendo esto en contravía de principios fundamentales, como lo es el debido
proceso.

Con claridad sobre la coincidencia entre los argumentos que expuso la parte
demandante en el proceso de nulidad electoral y los de la solicitud de amparo,
conviene señalar que estos fueron estudiados y resueltos razonablemente por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 2 de marzo de 2021,
por considerar lo siguiente:

La parte demandada por su parte, en el recurso de alzada, alegaron que si
bien, ni FEDECAL ni CREAMOS TALENTOS, ostentan la calidad de
Instituciones de Educación Superior, si está demostrado o acreditado que
cuentan con una experiencias y probidad para brindar asesoría y
acompañamiento a los Concejos Municipales, especialmente FEDECAL, cuyo
objeto y fin principal es de apoyar a la Corporaciones Públicas en el nivel

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territorial, apoyó tales argumentos con sentencias emanadas del Tribunal
Administrativo de Boyacá.

(…)

Por otro lado, el H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, a través de providencia de fecha 26 de noviembre de
2020, con radicación No. 44001-23-33-000-2020-00022-01, sostuvo:

65. En aplicación de las anteriores preceptos, algunos concejos
municipales han celebrado contratos para adelantar los concursos de
méritos que finalizan con la elección del respectivo personero, cuya
designación en sede de nulidad electoral se ha controvertido, bajo el
argumento que las persona contratadas para apoyar el trámite
concursal no podían catalogarse a la luz del artículo 2.2.27.1 del
Decreto 1083 de 2015, como (I) universidades, (II) instituciones de
educación superior públicas o privadas o (III) entidades especializadas
en procesos de selección de personal, circunstancia que afectó la
legalidad del acto electoral, en la medida que en el concurso intervino
un tercero que no tiene la competencia e idoneidad que la norma
superior establece.

66. Sobre dicha controversia, especial atención merece el fallo del 8 de
junio de 2017 de la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el
que se estableció como parámetro para identificar a una entidad
especializada en procesos de selección personal, la revisión del
objeto social, a fin de verificar si dentro del mismo está la
realización, apoyo o gestión a los mentados procesos. Indicó la
referida providencia:

“Así las cosas, haciendo una interpretación con efecto útil del
artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015 la Sección entiende que
una “entidad especializada en procesos de selección de personal”
es aquella persona jurídica privada o pública, que tenga dentro de
su objeto social la realización, apoyo o gestión a procesos de
selección de personal. Bajo esta perspectiva, y tal como lo hiciera el
a quo, a efectos de determinar si CECCOT es o no una entidad
especializada en procesos de selección del personal se procederá a
examinar los estatutos de dicha fundación, especialmente en lo que
atañe a su objeto.”

67. En aplicación de la regla transcrita, la Sección entró a analizar el
objeto social de la fundación que fue contratada por el concejo
municipal de Jamundí y concluyó, que como del mismo no se advertía la
realización de procesos de selección de personal, no podría catalogarse
como una entidad especializada en la materia, aunado a que tampoco
era una universidad o institución de educación superior, lo que revelaba
que el concurso de méritos se realizó en desconocimiento del artículo
2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015, por lo que la elección del personero
estaba viciada de nulidad.

68. En dicha controversia, el demandado pretendió argumentar que la
fundación contratada para el concurso de méritos tenía experiencia
suficiente en procesos de selección de personal, ante lo cual la Sección
reiterando el parámetro de interpretación, según el cual lo relevante
para establecer si una entidad es especialidad en la materia, es la
revisión del objeto social, indicó:

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Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

“Es de anotar que el hecho de que dicha entidad haya adelantado otros
concursos de méritos20, de forma simultánea a la elección acusada, en
nada desvirtúa el análisis hecho por la Sección respecto a que el objeto
social de CECCOT no alude a la realización de procesos de
selección de personal”.

69. Recientemente, esta Sección en auto del 8 de octubre de 2020,
confirmó la providencia del Tribunal Administrativo del Tolima que
suspendió los efectos de la elección del personero de Ibagué, al
corroborar que la persona jurídica que fue contratada para adelantar el
concurso de méritos por el concejo municipal, no podía incluirse en
alguna de las alternativas que establece el artículo 2.2.27.1 del Decreto
1083 de 2015, para lo cual se aplicó la regla según la cual, para
verificar si una entidad es especializada en procesos de selección
de personal, debe revisarse su objeto social, más que la
experiencia que tenga en el campo.

70. En el auto del 8 de octubre de 2020, se explicó a partir de un
pronunciamiento de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que en
asuntos como el de autos se ha hecho énfasis en la revisión del objeto
social, comoquiera que está relacionado con la capacidad de la persona
jurídica, y por consiguiente, con los actos y actividades para los cuales
está habilitada, motivo por el cual reiteró, que para verificar si se tiene o
no “la calidad de “…entidad especializada en procesos de selección de
personal”, que exige el artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015,
debe acudirse a su objeto social y no al contenido de otros
contratos o convenios ya celebrados con anterioridad”(destacado
fuera de texto)

71. Finalmente, se observa que en dicha oportunidad la parte
demandada quiso hacer valer un fallo del 7 de febrero de 2017 del
Tribunal Administrativo de Boyacá, en el que se consideró a partir
de la experiencia que tenía la entidad que fue contratada por la
duma municipal para adelantar el concurso de méritos, que sí era
especializada en la materia, ante lo cual la Sección Quinta del Consejo
de Estado concluyó, que lo expuesto por el Tribunal ”contradice la tesis
vigente según la cual la calidad de “…entidad especializada en
procesos de selección de personal”, que exige el artículo 2.2.27.1 del
Decreto 1083 de 2015, debe demostrarse a partir de su objeto
social, lo que demuestra que dicho antecedente no resulta
asimilable al presente asunto”.

72. Las anteriores consideraciones fueron reiteradas por esta Sala de
Decisión en auto del 19 de noviembre de 2020, M.P. Carlos Enrique
Moreno Rubio, radicado 73001-23-33-000-2020-00327-01.

Bajo el anterior derrotero normativo y jurisprudencial de las altas cortes, se
tiene que la potestad de los Concejos para entregar de manera parcial la
realización del concurso de elección de personeros a terceras instancias que
cuenten con las herramientas humanas y técnicas se reforzó y materializó con
la expedición del Decreto 2485 de 2014, hoy compilado en el Decreto 1083 de
2015, a través del cual se reglamentó cuáles son los terceros en los que se
puede depositar dicha tarea, estos son: (i) universidades, (ii) instituciones de
educación superior públicas o privadas o (iii) entidades especializadas en
procesos de selección de personal.

(…)

13

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10592-00
Demandante: Jean Carlos Rodríguez Ávila
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

No obstante a lo anterior, para la Sala es pertinente resaltar que a través de
auto de fecha 26 de noviembre de 2020, ut-supra, la Sección Quinta, en
un proceso similar en donde se debatía si las entidades FEDECAL Y
CREAMOS TALENTO, eran idóneas para adelantar el proceso de selección
del personero del municipio de Manaure-Guajira, realizó un estudio de los
estatutos de FEDECAL junto con el su objeto social (valga la pena señalar, el
mismo transcrito en líneas precedentes), concluyó que FEDECAL como
persona jurídica sí contempló dentro de su objeto social la realización
de procesos de selección de personal, y por consiguiente, sí era una
entidad especializada en dicho campo de acción de conformidad con el
artículo 2.2.27.1. del Decreto 1083 de 2015.

(…)

Por otro lado, con relación a la entidad CREAMOS TALENTOS quien asumió
de manera conjunta con FEDECAL, la asesoría y apoyo al Consejo de Manatí
en la realización del proceso de selección del Personero Municipal para el
período constitucional 2020-2024, pese a que tampoco reposan en el
proceso, elementos probatorios tales como el Certificado de Representación
Legal o los estatutos que permitan determinar a esta Corporación si
corresponde o no a una entidad especializada con fundamento en el Decreto
1083 de 2015, que a la postre llevaría a una negación de las pretensiones por
falta de elementos probatorios, se debe resaltar que, la Sección Quinta del
H. Consejo de Estado, en la providencia referenciada, concluyó que la
entidad CREAMOS TALENTOS, no correspondía a una universidad, una
institución de educación superior pública o privada, ni a una entidad
especializada en procesos de selección de personal, sino simplemente,
a un conjunto de bienes que fue organizado por su empresario de los
cuales no advierte la realización, apoyo o gestión de procesos de
selección de personal, esto en los siguientes términos:

104. Sobre el particular, al revisar el certificado de la Cámara de
Comercio de Bogotá del 14 de junio de 2019, lo primero que llama la
atención, como lo subrayó el Tribunal Administrativo de La Guajira, es
que CREAMOS TALENTOS no es una persona jurídica, sino un
establecimiento de comercio cuyo propietario es Ángela María Dueñas
Gutiérrez, quien suscribió el referido convenio de asociación. Además,
se tiene según el citado certificado, que registra como actividades
económicas: “7220 INVESTIGACIONES Y DESARROLLO
EXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y LAS
HUMANIDADES. 7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE
GESTIÓN. 7830 OTRAS ACTIVIDADES DE SUMINSTRO DE
RECURSO HUMANO. 7490 OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES,
CIENTIÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.”.

105. El hecho que CREAMOS TALENTOS sea un establecimiento
de comercio, significa que de conformidad con el artículo 515 del
Código de Comercio, que es “un conjunto de bienes organizados
por el empresario para realizar los fines de la empresa”, los cuales
pueden pertenecer a una o varias personas, para destinarse al
desarrollo de diversas actividades comerciales.

106. A luz de la anterior definición legal de establecimiento de
comercio, salta a la vista que CREAMOS TALENTOS no es una
universidad, una institución de educación superior pública o
privada, ni una entidad especializada en procesos de selección de
personal, sino simplemente, un conjunto de bienes que fue
organizado por su empresario, en este caso, la señora Ángela

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-10592-00
Demandante: Jean Carlos Rodríguez Ávila
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

María Dueñas Gutiérrez, para el desarrollo de las actividades
comerciales arriba señaladas, de las cuales por cierto, prima facie
tampoco se advierte con claridad la realización, apoyo o gestión de
procesos de selección de personal.

107. Y es que al revisar el artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015,
no se avizora que los concejos municipales puedan recurrir a
establecimientos de comercio para el desarrollo de los concursos de
méritos, conclusión que tampoco se desprende de la sentencia C-105
de 2013 de la Corte Constitucional, que abrió la posibilidad de que
dichas corporaciones de elección popular contaran con el apoyo de
terceros para desarrollar los procesos de elección.

108. Bajo ese entendido, se estima que en principio le asiste razón
al juez de primera instancia al considerar que la intervención de
CREAMOS TALENTOS no se acompasa al mandato contenido en la
norma antes señalada, lo que compromete la legalidad del trámite
de elección del personero de Manaure y justificaría la suspensión
provisional del acto acusado. (Negrillas de la Sala)

Acorde con lo anterior, colige el Tribunal, en grado de certeza bajo los
postulados de la plurimencionada jurisprudencia del Consejo de Estado,
que Creamos Talento no corre la misma suerte que FEDECAL, pues no
reúne alguna de las calidades de que trata el artículo 2.2.27.1 del Decreto
1083 de 2015, pues su actividad económica no incluye la realización,
apoyo o gestión a procesos de selección de personal a través de
concurso de méritos que la catalogue como especialista en esta materia,
lo que le resta la idoneidad requerida por el pronunciamiento
jurisprudencial expuesto en antelación.

Bajo este panorama, no le era dable al concejo municipal de Manatí-
Atlántico, celebrar con dicho establecimiento el Convenio No. 01 del 19
de noviembre 2019, “Para el acompañamiento, asesoría y apoyo a la
gestión en el proceso del concurso de méritos para la elección del
personero municipal, celebrado entre el concejo municipal de Manatí
Atlántico, la Federación Colombiana de autoridades locales FEDECAL Y
CREAMOS TALENTOS”.

En efecto, se advierte que uno de los terceros a los que recurrió el Concejo
de Manatí,- FEDECAL, - corresponde a una entidad especializada en
procesos de selección de personal pero, el otro no,- CREAMOS TALENTOS,-
por lo que se recuerda que la corporación de elección popular contrató a
ambas entidades en igualdad de condiciones, para que lo acompañara,
asesorara y apoyara en el desarrollo del concurso de méritos para la
elección del personero, adquiriendo las siguientes obligaciones
contempladas en el Convenio en mención:

(…)

En ese orden de ideas, a partir de las obligaciones contractuales, resulta
válido predicar para esta Corporación, en armonía con los pronunciamientos
del H. Consejo de Estado, citados en esta providencia que, la intervención
de CREAMOS TALENTOS, en el proceso de concurso público de méritos
para la elección de personero del municipio de Manatí- Atlántico, en
cumplimiento del convenio celebrado con la corporación político-
administrativa en mención, sin reunir las calidades de que trata el
artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015, afecta la legalidad del trámite
adelantado y su resultado.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-10592-00
Demandante: Jean Carlos Rodríguez Ávila
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

De conformidad con lo expuesto, la respuesta al primer interrogante jurídico
es un NO, el proceso de selección del personero Municipal de Manatí
Atlántico, para el período 2020-2024, NO se adelantó por entidades
idóneas, toda vez que, la intervención de “CREAMOS TALENTOS”, de
conformidad con la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de
Estado y del Decreto 1083 de 2015, no es catalogada como universidad,
institución de educación superior o entidad especializada en procesos
de selección de personal, lo que constituye para todos los efectos una
circunstancia que afectó el desarrollo del concurso de méritos.

Lo anterior deviene a la respuesta del segundo interrogante jurídico con un SI,
si se debe de confirmar la sentencia proferida el día veintiocho (28) de
octubre de 2020 por el Juzgado Quinto (05º) Administrativo Oral del Circuito
de Barranquilla, mediante la cual, declaró la nulidad de la Resolución No. 006
de enero 10 de 2020, por medio del cual, se declaró electo el Personero
Municipal de Manatí - Atlántico, para el periodo constitucional 2020- 2024,
pero por las razones expuestas en esta providencia.

En suma, el Tribunal Administrativo del Atlántico, luego de realizar un riguroso y
juicioso estudio y análisis de la jurisprudencia aplicable al caso concreto, explicó
con suficiencia y claridad los motivos por los que, en el caso concreto, el
establecimiento de comercio Creamos Talentos no era una entidad idónea para
llevar a cabo el concurso de méritos de cara a la elección del personero municipal
de Manatí-Atlántico, al concluir razonablemente que:

• El parámetro para identificar a una entidad especializada en procesos de
selección personal consiste en la revisión del objeto social, a fin de verificar
si dentro del mismo está la realización, apoyo o gestión a los mentados
procesos.

• El establecimiento de comercio Creamos Talentos asumió de manera
conjunta con FEDECAL, la asesoría, acompañamiento y apoyo al Concejo
de Manatí en la realización del proceso de selección del Personero
Municipal para el período constitucional 2020-2024.

• FEDECAL sí incluyó dentro de su objeto social la realización de procesos
de selección de personal y, en esas condiciones, sostuvo que sí era una
entidad especializada en dicho campo de acción de conformidad con el
artículo 2.2.27.1. del Decreto 1083 de 2015.

• El establecimiento de comercio Creamos Talentos no correspondía a una
universidad, una institución de educación superior pública o privada, ni a
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-10592-00
Demandante: Jean Carlos Rodríguez Ávila
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

una entidad especializada en procesos de selección de personal, sino
simplemente, a un conjunto de bienes que fue organizado por su
empresario de los cuales no advierte la realización, apoyo o gestión de
procesos de selección de personal.

• Acogió la tesis adoptada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en
providencia del 26 de noviembre de 2020, radicado 44001-23-33-000-2020-
00022-01, en la que se concluyó que Creamos Talentos no cumplía con las
condiciones establecidas en el Decreto 1083 de 2015, al ser un
establecimiento de comercio y no una persona jurídica, lo cual desvirtúa la
indebida aplicación del precedente alegada.

• El proceso de selección del personero municipal de Manatí – Atlántico, se
llevó a cabo por el establecimiento de comercio Creamos Talentos, que no
tenía la idoneidad para desarrollar las etapas de ese concurso de méritos
afectó la legalidad de este y, por tanto, había lugar a confirmar la sentencia
de primera instancia que declaró la nulidad del acto de elección del señor
Jean Carlos Rodríguez Ávila.

A juicio de la Sala, esos argumentos son razonables y no merecen reproche
alguno desde el punto de vista constitucional. Asimismo, se debe precisar que el
juez ordinario goza de un amplio margen para valorar las pruebas del proceso
judicial y, por tanto, al juez de tutela no le corresponde definir la correcta
valoración del material probatorio, pues la acción de tutela «no puede constituirse
en una instancia para ‘revisar’ las valoraciones probatorias de otros jueces
ordinarios»6.

En este punto, conviene señalar que el hecho de que el señor Jean Carlos
Rodríguez Ávila no comparta los argumentos expuestos en las decisiones
atacadas no habilita al juez de tutela para volver a estudiar un asunto que ya fue
decidido razonablemente por el Tribunal Administrativo del Atlántico y por el
Juzgado Quinto Administrativo de Barranquilla, con suficiente motivación.

La tutela es un valioso mecanismo de protección de derechos fundamentales, mas
no es una instancia adicional de los procesos judiciales resueltos por el juez de la

6
Al respecto, ver: Corte Constitucional sentencia T-086 de 2007.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-10592-00
Demandante: Jean Carlos Rodríguez Ávila
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

causa. Las diferencias con el juez, respecto de la forma en que decide el conflicto
jurídico, son cuestiones propias del proceso ordinario, que es el escenario ideal
para zanjarlas. Pretender que la acción de tutela se convierta en la instancia
adicional de todos los procesos judiciales no solo le resta vigor a la acción, sino
que termina por desconocer los principios de autonomía judicial y del juez natural7.

Este mecanismo de estirpe constitucional no puede convertirse en el único y
preferido medio de la parte que pierde el pleito u obtiene una decisión contraria a
sus intereses, menos aun cuando la providencia que se cuestiona ha sido
proferida por un órgano de cierre, caso en el cual, se reitera, la propia Corte
Constitucional ha venido sosteniendo que para la prosperidad de la tutela es
necesario que la decisión contenga una anomalía de tal entidad que riña
abiertamente con la Constitución y la jurisprudencia que esa Corporación ha
trazado al definir el alcance y límite de derechos fundamentales, circunstancias
que, vale decir, en este caso no se presentan.

En suma, se concluye que lo que existe en el presente caso es una discrepancia
de criterio de la parte actora con la providencia demandada, diferencia que, en
sentir de la Sala, no constituye razón suficiente ni valedera para que el juez de
tutela intervenga.

Por las anteriores razones, la Sala declarará improcedente la acción de tutela
interpuesta por el señor Jean Carlos Rodríguez Ávila contra el Tribunal
Administrativo del Atlántico y el Juzgado Quinto Administrativo de Barranquilla, por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO: Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el señor
Jean Carlos Rodríguez Ávila contra el Tribunal Administrativo del Atlántico y el

7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 25 de
febrero de 2016, expediente No. 2016-03419-00, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-10592-00
Demandante: Jean Carlos Rodríguez Ávila
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Juzgado Quinto Administrativo de Barranquilla, por la inobservancia del requisito
de relevancia constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por
el medio más expedito y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar
la integridad y autenticidad del presente documento en el siguiente enlace:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

19

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