Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10592-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10592-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-10592-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
25 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 25 de mayo de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10592-01
Demandante: Jean Carlos Rodríguez Ávila
Demandado: Tribunal Administrativo de Atlántico
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Requisitos generales de
procedencia/ Relevancia constitucional.
Síntesis del caso: El demandante enjuició la Sentencia confirmatoria de la decisión que
declaró la nulidad del acto de elección del demandante como personero de Manatí
(Atlántico).
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte demandante contra la Sentencia de
4 de febrero de 2022, mediante la cual la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la presente acción
de tutela.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones de la Sala. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 22 de noviembre de 2021, Jean Carlos Rodríguez Ávila formuló
acción de tutela contra el Juzgado 5 Administrativo de Barranquilla y el
Tribunal Administrativo de Atlántico, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo, mínimo
vital, “acceso a la función pública por mérito” y los principios a la
seguridad jurídica y confianza legítima, con ocasión de la Sentencias de 28
de octubre de 2020 y 2 de marzo de 2021, proferidas dentro del proceso
de nulidad electoral No. 08001-33-33-005-2020-00066-00/01.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):
1 Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333
de 2021 y el Acuerdo No. 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-10592-01
Demandante: Jean Carlos Rodríguez Ávila
Demandado: Tribunal Administrativo de Atlántico
Referencia: Acción de tutela – Segunda instancia
Decisión: Confirma
“PRIMERA: Se tutelen los derechos al debido proceso, la igualdad, la
confianza legítima, la seguridad jurídica, el derecho al trabajo, al mínimo vital
y el acceso a la función pública por mérito de Jean Carlos Rodríguez Ávila.
SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, revóquese en su totalidad la
decisión de segunda instancia proferida por el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión Oral “A” en el proceso de
nulidad electoral con radicación 08-001-33-33-005-2020- 00066-01 JR.
TERCERA: Se declare que Creamos Talentos es una entidad idónea para
brindar asesoría, adelantar, apoyar y/o acompañar en los concursos públicos
y abiertos de méritos para la elección del personero municipal.”
3. Como hechos relevantes fueron narrados los siguientes:
4. 1) El 9 de marzo de 2020, varios procuradores judiciales para asuntos
administrativos de Barranquilla2 presentaron demanda, en ejercicio del
medio de control de nulidad electoral, con la finalidad de obtener la
nulidad de la Resolución No. 6 de 10 de enero de 2020, por la cual el
Concejo Municipal de Manatí (Atlántico) eligió a Jean Carlos Rodríguez
Ávila como personero de ese municipio para el período 2020-2024.
5. 2) Mediante Sentencia de 28 de octubre de 2020, el Juzgado 5
Administrativo de Barranquilla accedió a las pretensiones de la demanda
y, en consecuencia, declaró la nulidad del acto a través del cual se eligió
a Juan Carlos Rodríguez Ávila como personero de Manatí, tras concluir
que FEDECAL y Creamos Talentos no cumplieron con las condiciones
previstas en el artículo 2.2.271 del Decreto 1083 de 2015 para ser
consideradas como entidades especializadas en procesos de selección,
ya que FEDECAL no tenía entre su objeto social tal actividad.
6. 3) El señor Rodríguez Ávila presentó recurso de apelación contra la
anterior decisión porque, a su juicio, FEDECAL y Creamos Talentos
contaban con la suficiente idoneidad y capacidad para brindar
asesoramiento y acompañamiento al Concejo de Manatí en el desarrollo
del concurso y, por ende, no se podía deslegitimar su idoneidad.
7. 4) El Tribunal Administrativo de Atlántico, en Sentencia de 2 de marzo
de 2021, confirmó la sentencia apelada, al determinar que, pese a que
FEDECAL sí era una entidad especializada, (se trascribe) “la intervención
de CREAMOS TALENTOS, en el proceso de concurso público de méritos
para la elección de personero del municipio de Manatí- Atlántico, en
cumplimiento del convenio celebrado con la corporación político-
administrativa en mención, sin reunir las calidades de que trata el artículo
2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015, afecta la legalidad del trámite
adelantado y su resultado”.
2 Jaime Díaz Vargas (procurador 14 judicial II), Welfran Mendoza Osorio (procurador 15 judicial I), Marla Judith
Mercado Escorcia (procuradora 61 judicial I), Javier Lizcano Rivas (procurador 117 judicial II), Lourdes Mendoza
Martelo (procuradora 173 judicial II) y Eurípides Castro Sanjuan (procurador 174 judicial I).
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-10592-01
Demandante: Jean Carlos Rodríguez Ávila
Demandado: Tribunal Administrativo de Atlántico
Referencia: Acción de tutela – Segunda instancia
Decisión: Confirma
8. El fundamento de la vulneración radicó en que, según la parte
demandante, el Tribunal demandado incurrió en los defectos fáctico y
desconocimiento del precedente.
9. Frente al primero, adujo que las autoridades judiciales demandadas
no hicieron un análisis profundo acerca de la naturaleza ni de la actividad
principal de Creamos Talentos, así como tampoco de su participación en
el concurso de méritos para la elección del personero municipal de
Manatí, ya que dicha empresa asesoró al Concejo Municipal de Manatí en
la elaboración y calificación de la prueba de competencias laborales,
pudiendo hacerlo, más no adelantó el concurso, tal y como lo sostuvo el
Tribunal demandado. También indicó que no se valoró el material
probatorio aportado por la Procuraduría General de la Nación.
10. Respecto del segundo defecto, adujo que la decisión enjuiciada en
segunda instancia se fundamentó en la providencia de 26 de noviembre
de 2020, Rad. 2020-00022-01, de la Sección Quinta del Consejo de Estado
que, en su criterio, no se ajustaba a los mismos criterios de hecho o de
derecho de su caso, ya que (se trascribe) “el proceder de la entidad
CECCOT si fue el de adelantar el concurso (…), pues ésta si convocaba,
verificaba requisitos, aplicaba las pruebas, calificaba, hacía las
publicaciones de resultados, resolvía impugnaciones o reclamaciones, y
entregaba lista de elegibles, mientras que en el caso en particular de
Creamos Talentos ésta nunca realizó tramite alguno de ello”.
11. En esa medida, sostuvo que el Tribunal (se trascribe) “aplicó de
manera indebida y errónea la analogía y jurisprudencia como ciencia
auxiliar del derecho”, pues, existía un antecedente jurisprudencial, a saber,
la Sentencia de 4 de mayo de 2017, Rad. 2016-00404-01, en la que la
Sección Quinta del Consejo de Estado resolvió la demanda de nulidad
electoral del personero de Zipaquirá que, en su criterio, debió ser tenida en
cuenta en su caso, en lugar de la que observó dicha autoridad judicial.
1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación
12. El 4 de febrero de 2022, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado profirió Sentencia de primera instancia en la que
declaró improcedente el amparo solicitado por carecer de relevancia
constitucional. Al respecto, indicó que lo pretendido por la parte actora
era convertir el mecanismo de protección de los derechos fundamentales
en una instancia adicional del proceso de nulidad electoral.
13. En esa medida, determinó que existía coincidencia entre los
argumentos que expuso la parte actora en el proceso ordinario y los de la
acción de tutela, los cuales fueron estudiados y decididos razonablemente
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Referencia: Acción de tutela – Segunda instancia
Decisión: Confirma
en la Sentencia de 2 de marzo de 2021, en la cual se concluyó que el
proceso de selección del personero municipal de Manatí, se llevó a cabo
por el “establecimiento de comercio Creamos Talentos”, el cual no tenía la
idoneidad para desarrollar las etapas de ese concurso de méritos.
14. La parte actora impugnó la aludida decisión e insistió en que
Creamos Talentos sí podía asesorar al Concejo Municipal de Manatí en el
desarrollo del concurso, ya que el convenio celebrado tenía como objeto
contractual de prestar una asesoría, más no de asumir la función del
Concejo prevista en el numeral 8 del artículo 313 de la Constitución
Política. En ese orden, sostuvo que (se trascribe) “No es factible suponer
que el concejo municipal no adelantó el concurso por entidades idóneas
que trata el título 27 del Decreto 1083 de 2015”.
15. Finalmente, señaló que la tutela sí era procedente porque el juez
ordinario no actuó ajustado a derecho ni tampoco (se trascribe) “estimó
importante vincular a las entidades FEDECAL3 y Creamos Talentos al
proceso”, aspecto por el cual, la parte actora indicó que había relevancia
constitucional.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Identificación de la providencia objeto de análisis. 2.2. Identificación de
los derechos presuntamente vulnerados. 2.3. Fijación de la controversia. 2.4. Procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.5. Conclusiones.
2.1. Identificación de la providencia objeto de análisis
16. La Sala se centrará en analizar los reparos invocados respecto de la
Sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de
Atlántico el 2 de marzo de 2021, puesto que, pese a que también se
enjuició la decisión proferida en primera instancia, por el Juzgado 5
Administrativo de Barranquilla, lo cierto es que, con ocasión del recurso de
apelación, la decisión del tribunal fue la que resolvió el litigio. Asimismo, no
puede pasarse por alto que, ante una eventual decisión favorable a las
súplicas de amparo, será la autoridad que resolvió la controversia en
segunda instancia, la encargada de dar cumplimiento a lo que se ordene.
Por esta razón, la Sala se sustrae de su estudio.
2.2. Identificación de derechos presuntamente vulnerados
17. Pese a que la parte accionante señaló, en su solicitud de amparo,
como violados varios derechos fundamentales, esta Sala centrará su
análisis en la violación del derecho al debido proceso, pues ante una
presunta vulneración de garantías constitucionales en el marco de una
3 Federación Colombiana de Autoridades Locales.
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Demandante: Jean Carlos Rodríguez Ávila
Demandado: Tribunal Administrativo de Atlántico
Referencia: Acción de tutela – Segunda instancia
Decisión: Confirma
actuación judicial cobra relevancia estudiar si fue vulnerado ese derecho
durante el desarrollo del trámite judicial ordinario. Asimismo, la vulneración
de los demás derechos y principios invocados, surgen como consecuencia
de la misma afrenta al derecho al debido proceso. En consecuencia, en el
evento de encontrarlo lesionado, existirá razón suficiente para conceder el
amparo.
2.3. Fijación de la controversia
18. Establecer, luego de verificados los requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial, si la decisión proferida por el
Tribunal Administrativo de Atlántico incurrió en 1) un defecto fáctico por la
indebida o falta de valoración probatoria en relación con la actuación de
Creamos Talentos al interior del concurso de méritos para elegir el
personero municipal de Manatí 2020-2024, y/o en 2) un desconocimiento
del precedente, por observarse la Sentencia de 26 de noviembre de 2020,
Rad. 2020-00022-01, de la Sección Quinta del Consejo de Estado y no la
Sentencia de 4 de mayo de 2017, Rad. 2016-00404-01. En consecuencia, se
procederá a confirmar, modificar o revocar el fallo impugnado, según sea
el caso.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial4
19. En el caso bajo estudio, la Sala confirmará la improcedencia de la
acción de tutela por falta de relevancia constitucional, tras comprobar
que la parte demandante pretendió someter su controversia a una
instancia adicional.
20. De conformidad con la Corte Constitucional, (se trascribe) “el juez
[de tutela] no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”5.
21. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de
5 de agosto de 2014, adujo expresamente que el requisito que se analiza
requiere la conjunción de 2 elementos: la carga argumentativa por parte
del demandante en la que explique la relevancia de la controversia para
el juez de tutela6 y que la solicitud de amparo no se presente con objeto
4 Sobre el particular, la Sala tomará el orden previsto en la Sentencia T-66 de 2019 de la Corte Constitucional.
5 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
6 Ídem. “El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de
tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la
carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
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Referencia: Acción de tutela – Segunda instancia
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de obtener una nueva instancia7. Además, que se trate de una
controversia sobre derechos fundamentales y no asuntos de mera
legalidad8.
22. Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia
constitucional tiene por finalidades preservar la competencia e
independencia del juez ordinario, restringir la acción de tutela a asuntos
donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se
convierta en una instancia adicional9.
23. Así las cosas, se logró evidenciar que, tal como lo puso de presente
el juez constitucional de primera instancia, la parte demandante, en el
escrito de tutela, reiteró aspectos de inconformidad sobre la falta de
idoneidad de las entidades que participaron en el concurso de méritos
para elegir al personero municipal de Manatí, pues, a su juicio, FEDECAL y
Creamos Talento sí eran idóneas por su experiencia. Los reparos los formuló
tanto en la contestación de la demanda ordinaria10 como en el recurso de
apelación11 que interpuso contra la Sentencia de 28 de octubre de 2019,
7 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia
procesal adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión
del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
8 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos
fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no
involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
9 Corte Constitucional, Sentencias T-422 de 2018 y T-555 de 2019.
10 “Así las cosas, nos permitimos informarle al Despacho que, si bien la Federación no ostenta la calidad de
institución de educación superior pública o privada, la hoja de vida en los años de trabajo desde su creación ha
demostrado como entidad, que cuenta con la suficiente idoneidad y capacidad para brindar este tipo de
asesoramiento y acompañamiento, pues como se ha recalcado quien realizo el concurso fue directamente el
Concejo Municipal. (…). Sumado a lo anterior, no se encuentra expresamente prohibición o restricción
Constitucional o Legal que impida que FENACON acompañe a los Concejos Municipales en el proceso de
elección de personeros, tan es así que el Consejo de Estado –Sección Quinta, al estudiar la legalidad de la
elección del Personero de Zipaquirá periodo 2016-2020, donde estuvo involucrada en la realización de la prueba
de competencial laborales la empresa denominada Outsorcing Multiservicios Integrales Empresariales Ltda, no se
reprochó su participación o idoneidad en ese concurso(…). En lo que respecta a CREAMOS TALENTOS, debemos
informar al Despacho que es un ente especializado en procesos de selección de personal en especial del nivel
directivo, al cual pertenecen los Personeros Municipales, que cuenta con una trayectoria de casi 18 años, que le
ha valido para obtener la suficiente probidad e idoneidad para participar de este tipo de convocatorias,
teniendo en cuenta que su experiencia se ha basado en la consecución de recurso humano para diferentes
entidades de los sectores público y privado (…)”. Ahora bien, con relación a lo manifestado por el demandante
respecto de la falta de idoneidad teniendo como base las entidades autorizadas por la norma, es de resaltar
que el Decreto 1083 de 2015 en su título 27, si bien establece que dichos concursos podrán ser adelantados con
instituciones de educación superior, públicas o privadas o con ENTES especializados en selección de personal, es
evidente que la normatividad que regula el caso en concreto no establece como obligatorio que este ente
debe ostentar la calidad de persona jurídica o natural, dejando así abierta la brecha.” Páginas 5-8 de la
Sentencia de 28 de octubre de 2019, proceso de nulidad electoral No. 2020-00066-00.
11 En el que indicó (se trascribe) “(…) si bien este cuerpo colegiado [Concejo Municipal de Manatí] firmó un
convenio con FEDECAL y CREAMOS TALENTOS, el mismo fue para brindar un asesoramiento jurídico en cada una
de las etapas del concurso y no para abrogar en dichas entidades la función asignada a estos cuerpos
colegiados. Es así como no se encuentra mérito a lo decidido por el señor juez de primera instancia al pretender
desvirtuar el proceso que se llevó a cabo para la elección entre dicha, argumentando la falta de idoneidad de
entidades que como se ha manifestado en el fallo objeto de la presente alzada, a lo largo de su trayectoria han
demostrado dentro de su actuar que estas prestan servicios de asesoría en temas relacionaos en actualización
normativa y de apoyo jurídico a los Concejos Municipales.
(…) así las cosas no se encuentra base normativa en el hecho que pretende deslegitimar la idoneidad de las
mismas, ni su capacidad logística y administrativa, máxime cuando el Juez de instancia, en el desarrollo del
proceso de nulidad, no vinculo ni estimo necesario el hacer partes del proceso a FEDECAL y Creamos Talentos,
para que fuesen estas mismas entidades las que tuvieran la oportunidad de presentar al A quo, el material
probatorio y los argumentos que les han valido para acompañar a nivel nacional diferentes convocatorias,
yendo esto en contravía de principios fundamentales, como lo es el Debido Proceso.
Finalmente, cabe resaltar respecto a la idoneidad que si bien FEDECAL y Creamos Talentos no ostentan la
calidad de institución de educación superior púbicas o privadas, en la hija de vida de las entidades se ha
demostrado que cuentan con la suficiente idoneidad y capacidad para brindar este tipo de asesoramiento y
acompañamiento (…).” Páginas 2 a 8 del recurso de apelación que obra en el proceso de nulidad electoral No.
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-10592-01
Demandante: Jean Carlos Rodríguez Ávila
Demandado: Tribunal Administrativo de Atlántico
Referencia: Acción de tutela – Segunda instancia
Decisión: Confirma
dentro del medio de control de nulidad electoral No. 08001-33-33-005-2020-
00066-00/01.
24. Particularmente, sobre la idoneidad alegada, el Tribunal
Administrativo de Atlántico, en la Sentencia de 2 de marzo de 2021,
concluyó (se trascribe):
“En este orden de ideas, a fin de precisar si la Federación Colombiana de
Autoridades Locales - FEDECAL- y CREAMOS TALENTO tienen o no la calidad
de entidades especializadas en procesos de selección de personal, es decir si
cuentan con la capacidad jurídica para realizar, apoyar o gestionar dichos
procesos, lo procedente con apego a la jurisprudencial del Consejo de Estado
es efectuar la revisión de su objeto social.
(…)
En el sub examine, no se encuentran aportados los estatutos de FEDECAL a
pesar de los requerimientos infructuosos del A-quo, no obstante, y como quiera
que, el H. Consejo de Estado emitió un pronunciamiento sobre la misma
entidad [Auto de 26 de noviembre de 2020, radicación No. 44001-23-33-000-
2020-00022-01] (…), FEDECAL si es una entidad especializada de conformidad
con el artículo 2.2.27.1. del Decreto 1083 de 2015.
Por otro lado, con relación a la entidad CREAMOS TALENTO quien asumió de
manera conjunta con FEDECAL, la asesoría y apoyo al Consejo de Manatí en
la realización del proceso de selección del Personero Municipal para el
período constitucional 2020-2024, pese a que tampoco reposan en el proceso,
elementos probatorios tales como el Certificado de Representación Legal o los
estatutos que permitan determinar a esta Corporación si corresponde o no a
una entidad especializada con fundamento en el Decreto 1083 de 2015, que
a la postre llevaría a una negación de las pretensiones por falta de elementos
probatorios, se debe resaltar que, la Sección Quinta del H. Consejo de Estado,
en la providencia referenciada, concluyó que la entidad CREAMOS TALENTOS,
no correspondía a una universidad, una institución de educación superior
pública o privada, ni a una entidad especializada en procesos de selección
de personal, sino simplemente, a un conjunto de bienes que fue organizado
por su empresario de los cuales no advierte la realización, apoyo o gestión de
procesos de selección de personal, (…).
En efecto, se advierte que uno de los terceros a los que recurrió el Concejo de
Manatí,- FEDECAL, - corresponde a una entidad especializada en procesos de
selección de personal pero, el otro no,- CREAMOS TALENTOS,- por lo que se
recuerda que la corporación de elección popular contrató a ambas
entidades en igualdad de condiciones, para que lo acompañara, asesorara y
apoyara en el desarrollo del concurso de méritos para la elección del
personero, adquiriendo las siguientes obligaciones (…). En ese orden de ideas,
a partir de las obligaciones contractuales, resulta válido predicar para esta
Corporación, en armonía con los pronunciamientos del H. Consejo de Estado,
citados en esta providencia que, la intervención de CREAMOS TALENTOS, en el
proceso de concurso público de méritos para la elección de personero del
municipio de Manatí- Atlántico, en cumplimiento del convenio celebrado con
la corporación político-administrativa en mención, sin reunir las calidades de
que trata el artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015, afecta la legalidad del
trámite adelantado y su resultado.”
25. En virtud de lo expuesto, esta Sala estima que, si bien, el
demandante encuadró sus reparos dentro de varios defectos, lo cierto es
que los mismos se presentaron como una reiteración de los aspectos
2020-00066-00 .” Página 7 de la Sentencia de 29 de julio de 2021, proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 25000-23-42-000-2015-04614-01 (1721-2017).
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Demandante: Jean Carlos Rodríguez Ávila
Demandado: Tribunal Administrativo de Atlántico
Referencia: Acción de tutela – Segunda instancia
Decisión: Confirma
debatidos y resueltos razonablemente por el juez natural en el proceso de
nulidad electoral. Adicionalmente, no desplegó una carga argumentativa
suficiente para explicar por qué su litigio revestía la trascendencia
constitucional que hiciera necesaria la intervención del juez de tutela, pues
simplemente expuso que el juez ordinario no actuó ajustado a derecho ni
tampoco (se trascribe) “estimó importante vincular a las entidades
FEDECAL12 y Creamos Talentos al proceso”, por lo que no existen razones
que permitan abordar un análisis de fondo sobre la decisión enjuiciada.
26. En ese sentido, se recuerda que las diferencias interpretativas que
existieren entre el demandante y el juez natural de la causa no constituyen,
por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones
del juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión vía tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por
qué el asunto es constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una
tutela contra providencia judicial, pues este es un mecanismo
constitucional de amparo de derechos fundamentales de carácter
excepcional13.
2.5. Conclusiones
27. En consecuencia, una vez revisadas las consideraciones y
conclusiones efectuadas por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado en el fallo de tutela de primera instancia de 4 de
febrero de 2022 y de cara a los argumentos planteados en la solicitud de
amparo e impugnación, la Sala confirmará la decisión por no encontrar
satisfecho el requisito de relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de tutela de primera instancia de 4
de febrero de 2022, mediante la cual la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la tutela
presentada por Jean Carlos Rodríguez Ávila.
12 Federación Colombiana de Autoridades Locales.
13 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659
de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-10592-01
Demandante: Jean Carlos Rodríguez Ávila
Demandado: Tribunal Administrativo de Atlántico
Referencia: Acción de tutela – Segunda instancia
Decisión: Confirma
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma, deberán dirigirla, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin14.
TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con salvamento de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
14 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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