Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-10600-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-10600-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-10600-01
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
7 de abril de 2022
Demandantes: Nonato de la Cruz Vargas Sánchez y otros
Demandados: Consejo de Estado – Sección Tercera, Subsección “C”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10600-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D.C., siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10600-01
Demandantes: NONATO DE LA CRUZ SÁNCHEZ VARGAS Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN “C”
Tema: Tutela contra providencia judicial – Privación injusta de la
libertad – Análisis de los defectos fáctico y procedimental por
exceso ritual manifiesto.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación interpuesta por el apoderado judicial de la parte
actora contra la sentencia del 17 de febrero de 2022, dictada por el Consejo de
Estado, Sección Primera, que negó la petición de amparo constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. El 26 de noviembre de 2021, los señores Nonato de la Cruz, Amelia del
Socorro, Julio Enrique, Heriberto Antonio, Hernán Darío, Myriam Fanny y María
Berenice Vargas Sánchez, Marine Haydé Zapata Peláez, Diego Alfonso y Emma
Ruth Vargas Zapata y Gilberto Evergisto Vargas Montoya, por medio de
apoderado judicial1, ejercieron acción de tutela contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera – Subsección “C”, con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la
administración de justicia y a la reparación integral.
2. La parte actora consideró vulnerados sus derechos, con ocasión de la sentencia
dictada por la referida autoridad judicial el 11 de noviembre de 2020, por medio de
la cual revocó el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala
Cuarta de Descongestión el 17 de julio de 2013, que había accedido parcialmente
a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, las negó, en el proceso de
reparación directa que la parte actora instauró en contra de la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación y el
1 La parte demandante confirió poder especial al abogado Javier Leónidas Villegas Posada, con el
lleno de los requisitos legales.
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Demandantes: Nonato de la Cruz Vargas Sánchez y otros
Demandados: Consejo de Estado – Sección Tercera, Subsección “C”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10600-01
Ministerio de Justicia y del Derecho, que se tramitó bajo el radicado N.o 05001-23-
31-000-2002-04699-01.
1.2. Pretensiones
3. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó:
“PRIMERO: Se solicita respetuosamente Amparar los derechos de los
señores Nonato de la Cruz Vargas Sánchez y Otros, por las razones aquí
esbozadas, que se encuentran en congruencia con la jurisprudencia del
Consejo de Estado, y especialmente, porque vulnera los derechos
fundamentales a la igualdad, a la reparación, al acceso a la justicia, al debido
proceso.
SEGUNDO: Que se revoque la sentencia proferida por el Consejo de Estado
Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección C dentro
del proceso de reparación directa con radicado 05001-23-31-000-2002-
04699-01 (50904) del 11 de noviembre de 2020.
TERCERO: Que se ordene al Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Tercera Subsección C, que emita una sentencia en
un plazo razonable de 30 días, acorde con la Jurisprudencia que rige la
protección de los derechos constitucionales de los demandantes en el
proceso de reparación directa y que descansa en la interpretación que se ha
elaborado por el Honorable Consejo de Estado, e incluso por la misma Corte
Constitucional.” (Sic para lo transcrito)
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
4. Los señores Nonato de la Cruz, Amelia del Socorro, Julio Enrique, Heriberto
Antonio, Hernán Darío, Myriam Fanny y María Berenice Vargas Sánchez,
Marine Haydé Zapata Peláez, Diego Alfonso y Emma Ruth Vargas Zapata y
Gilberto Evergisto Vargas presentaron demanda en ejercicio de la acción de
reparación directa en contra de la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior
de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia y
del Derecho, con el fin de que se les declarara administrativamente
responsables por la privación de la libertad que sufrió el primero de los
mencionados, como consecuencia de la medida de aseguramiento impuesta en
su contra en el proceso que se adelantó por los delitos de homicidio y concierto
para conformar bandas de justicia privada.
5. El Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Descongestión,
previo el trámite procesal correspondiente, dictó sentencia el 17 de julio de
2013 en la que (i) declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la
Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho; (ii) exoneró de responsabilidad al
Consejo Superior de la Judicatura; y (iii) declaró la responsabilidad
administrativa de la Nación – Fiscalía General de la Nación, por la privación de
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la libertad que sufrió el señor Nonato de la Cruz Vargas, la cual calificó de
injusta al aplicar el régimen de responsabilidad objetivo, bajo el título de
imputación de daño especial.
6. La parte demandante y la Fiscalía General de la Nación interpusieron
recursos de apelación contra el fallo de primera instancia, los cuales fueron
resueltos por el Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “C”, en
sentencia dictada el 11 de noviembre de 2020, que confirmó la falta de
legitimación por pasiva de la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y
revocó la decisión de declarar la responsabilidad patrimonial de la Nación –
Fiscalía General de la Nación. En su lugar, negó las pretensiones de la
demanda.
7. Lo anterior, por considerar que no es posible analizar la antijuridicidad del
daño ocasionado al señor Nonato de la Cruz Vargas “pues no se aportó al
proceso ningún medio de prueba que permita conocer las circunstancias en las que se
dictó la medida, y mucho menos si está (sic) fue adecuada, necesaria, proporcional, o
si las pruebas con las que se contaba para ese entonces cumplían con las exigencias
legales vigentes para la época de los hechos, para la adopción de la medida.”
8. Precisó que al plenario no se aportó la resolución mediante la cual la Fiscalía
General de la Nación dictó la medida de aseguramiento y, por tal razón, no se
contaba con los elementos de juicio suficientes para determinar si con las
decisiones allí adoptadas se causó a los demandantes un daño antijurídico o,
por el contrario, estaban en el deber de soportarlo.
9. Advirtió que tampoco se podía pasar por alto que la absolución no obedeció
a que el privado de la libertad hubiera demostrado su ausencia de
responsabilidad en la comisión de los delitos, sino que correspondió a la
aplicación del principio in dubio pro reo, que obliga a analizar el asunto bajo el
régimen de la falla probada del servicio y, por consiguiente, le impone a la parte
actora la carga de demostrarla, situación que no se materializó en el proceso.
10. La sentencia de segunda instancia se notificó por edicto electrónico que se
fijó el 28 de mayo de 2021, dejándose constancia que el término iniciaba el 28
de mayo y terminaba el 30 del mismo mes y año, sin embargo, como los días
29 y 30 de junio de 2021 fueron inhábiles (sábado y domingo) la providencia
cobró ejecutoría el 8 de junio siguiente, según constancias obrantes en el
aplicativo SAMAI.
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1.4. Sustento de la vulneración
11. La parte actora argumentó que la sentencia censurada incurrió en indebida
apreciación de las pruebas, por “haber omitido la valoración en debida forma del
acervo probatorio aportado con el escrito de la demanda.”
12. Agregó que se examinó el asunto bajo el título de imputación de la falla
probada del servicio, con lo cual se le impuso a la parte actora una carga
probatoria que para la época en que interpuso la demanda no era necesaria, por
encontrarse vigente el régimen objetivo de responsabilidad.
13. Argumentó que se desconocieron las decisiones adoptadas en el proceso
penal, en las que se absolvió al señor Nonato de la Cruz Vargas de toda
responsabilidad por los delitos imputados.
14. Señaló que la providencia igualmente incurre en exceso ritual manifiesto
porque se vulneró el principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, por
haber considerado que no obraban pruebas que permitieran conocer las
circunstancias en las que fue dictada la medida de aseguramiento, ignorando que
bastaba acreditar que fue absuelto bajo el principio in dubio pro reo.
15. Consideró que los defectos alegados tienen sustento en la sentencia de tutela
“tramitada ante el Honorable Consejo de Estado, y proferida por el Magistrado Ponente
Martín Bermúdez Muñoz, dentro del proceso radicado 11001-03-15-000- 2019-00169-01,
actora Martha Lucía Ríos Cortés y Otros, le fueron amparados sus derechos, en cuyas
consideraciones estimó a folio 13 y ss.” Transcribió in extenso las principales
consideraciones del fallo.
16. A su juicio, también se desconoció el precedente contenido en los siguientes
fallos:
(i) El de unificación de jurisprudencia dictado el 28 de agosto de 2014, en el
proceso radicado No. 68001-23-31-000-2002-02548-01 (36149), con ponencia
del Magistrado Hernán Andrade Rincón;
(ii) El dictado el 14 de julio de 2016, con radicado 11001-03-15-000-2016-
01350-00 (AC), M.P. María Elizabeth García González;
(iii) Sentencia del 9 de marzo de 2016 de la Sección Tercera – Subsección “A”
del Consejo de Estado, Rad. 270012331000200800058-01 (39816), M.P. Carlos
Alberto Zambrano Barrera.
1.5. Actuaciones procesales relevantes
1.5.1. Auto admisorio de la demanda
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17. Mediante auto de ponente, dictado el 24 de enero de 2022, se admitió la
demanda de tutela y se ordenó notificar a los magistrados del Consejo de Estado
– Sección Tercera, Subsección “C”, como autoridad judicial accionada.
18. Así mismo, se dispuso la vinculación de la Nación – Rama Judicial – Consejo
Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia
y del Derecho y al Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de
Descongestión o en su defecto la autoridad que hubiera asumido la carga laboral,
como terceros con interés jurídico en el resultado del proceso.
1.5.2. Intervenciones de la autoridad accionada y de los terceros vinculados
1.5.2.1. Ministerio de Justicia y del Derecho
19. Por intermedio del director jurídico, el ministerio formuló la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva, por considerar que la Rama Judicial goza
de autonomía e independencia con respecto al poder ejecutivo, señalando que la
misma excepción fue resuelta en forma favorable en las dos instancias del
proceso ordinario de reparación directa, por no tener relación alguna con los
hechos de la demanda ni haber sido el causante de los perjuicios reclamados en
sede de reparación directa.
1.5.2.2. Fiscalía General de la Nación
20. Por intermedio de la profesional especializada de la Dirección de Asuntos
Jurídicos, la entidad se opuso a la prosperidad de la pretensión de amparo
constitucional.
21. Consideró que en el caso concreto no concurre el requisito de subsidiariedad
que torne procedente el examen de fondo de los cargos. Afirmó que “se advierte
que para cuestionar la decisión judicial de segunda instancia que resolvió el proceso de
acción de reparación directa con radicado No. 2002-04699-00-00, la Ley 1437 de 2011
prevé diferentes recursos para solicitar el amparo de sus derechos accionados. No
obstante lo anterior, en el escrito de la presente acción de tutela, se advierte que la parte
tutelante no da cuenta de por qué, a pesar de existir otros mecanismos judiciales idóneos
para ventilar la controversia objeto de esta acción, no hizo uso de los mismos para
controvertir el fallo del el (sic) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”.
22. Argumentó que la parte tutelante no sustentó las causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y no cumplió con la
carga exigida para el examen de fondo del defecto fáctico que alegó, como
tampoco lo hizo con respecto al desconocimiento del precedente.
23. Señaló que la providencia censurada se dictó de conformidad con los
parámetros contenidos en la sentencia SU-072 del 2018 proferida por la Corte
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Constitucional, en virtud de la cual el estudio debe concentrarse en determinar si
la privación de la libertad fue legal, razonable y proporcionada.
24. Se refirió a la sentencia de tutela dictada el 15 de noviembre de 2019 por el
Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “B”, para destacar que la
misma únicamente produce efectos inter partes y no puede alegarse como
desconocida en otros procesos en los que ni siquiera existe identidad
pretendiendo aplicarla a todos los casos.
1.5.2.3. Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “C”
25. El magistrado ponente de la sentencia censurada manifestó que las
consideraciones y motivaciones de la providencia en el trámite de esta acción
constitucional, se encuentran diáfanamente expuestas en tal proveído. Agregó
que, no obstante, existen varias razones por las cuales la solicitud de tutela en
referencia carece de vocación de prosperidad:
“1. En primer lugar, los cargos, tal cual están planteados, no remiten a la
protesta de la violación de los derechos fundamentales y, al contrario, el
demandante intenta constituir una tercera instancia como mecanismo para
reabrir la posibilidad de resarcir los daños antijurídicos imputables al Estado
y pretende inadecuadamente hacer pasar una diferencia de criterio en torno
a una providencia judicial como una incorrección jurídica.
2. En segundo lugar, porque en claro contraste con la parte accionante, que
protesta defecto sustantivo (sic) y desconocimiento del precedente, la
Subsección C, se mantuvo en la línea jurisprudencial que ha seguido durante
años por el Consejo de Estado de Colombia en la que se ha venido
explicando que en sede contenciosa es necesario que el demandante pruebe
tanto el daño antijurídico como la imputación, como lo preceptúa el artículo
90 de la Constitución, o no se configurará la responsabilidad estatal.”
(Subrayas incluidas en el texto transcrito)
26. Señaló que la jurisprudencia, tanto constitucional como contencioso
administrativa, han sido uniformes en señalar que para que una privación se
revele antijurídica debe probarse que fue injusta, es decir, arbitraria e ilegal,
innecesaria o irrazonable y que únicamente cuanto se encuentre acreditada esa
antijuridicidad debe el juez acometer el juicio de imputación.
27. Advirtió que esa interpretación ha sido aplicada por la propia Corte
Constitucional desde la Sentencia C-037 de 1996, concretamente al analizar la
constitucionalidad del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, aclarando que el término
“injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y
violatoria de los procedimientos legales.
28. Agregó que en la SU-072 de 2018 la Corte precisó que es necesario que en
cada caso se estudie la legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad de
la medida de aseguramiento, razonamientos que han sido acogidos por la Sección
Tercera del Consejo de Estado.
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29. Afirmó que en el caso concreto del accionante “la falta de prueba y la
imposibilidad de la determinación de la “injusticia” de la privación de la libertad, sucedió
por la desidia del demandante que incumplió con su deber de probar el daño antijurídico,
al no aportar la copia de la medida de aseguramiento de detención preventiva, lo que le
impidió al cuerpo colegiado encontrar probados los hechos y la Sala no puede llenar los
vacíos probatorios de las partes, porque esto sería ir en contra de su imparcialidad y del
debido proceso.”
1.5.2.4. Tribunal Administrativo de Antioquia
30. El a quo del proceso ordinario guardó silencio.
1.5.3. Sentencia de primera instancia
31. El Consejo de Estado, Sección Primera dictó sentencia el 17 de febrero de
2022, en la que (i) aceptó la solicitud de desvinculación que presentó el Ministerio
de Justicia y del Derecho, por considerar que en las dos instancias del proceso
ordinario de reparación directa se encontró probada la falta de legitimación por
pasiva de esta entidad; y (ii) negó las pretensiones de la demanda.
32. El juez constitucional a quo consideró que la acción de tutela cumple con los
requisitos generales de procedibilidad, lo que le permitió examinar el fondo del
asunto. Transcribió las consideraciones contenidas en el fallo censurado, para
concluir que no se configuraron los defectos alegados.
33. Lo anterior por cuanto, si bien en el caso del señor Nonato de la Cruz Vargas
Sánchez se dictó en sede penal sentencia absolutoria, porque el juez de
conocimiento consideró que no había certeza sobre la participación en las
conductas por las cuales estaba siendo investigado, tal circunstancia no
comprometía la responsabilidad del Estado que trajera consigo el deber de
indemnizar el daño que pudo habérsele causado con la privación de la libertad,
pues respecto de dicho menoscabo no podía predicarse antijuridicidad alguna.
34. Consideró que tal criterio se acompasa con lo señalado por la Sección Tercera
del Consejo de Estado en la sentencia del 10 de diciembre de 20182, cuyas
consideraciones transcribió in extenso.
35. Finalmente, hizo referencia a los postulados expuestos por la Corte
Constitucional y por el Consejo de Estado en relación con la privación injusta de la
libertad y el régimen de responsabilidad aplicable, de los cuales concluyó que no
opera en forma automática la reparación de los perjuicios, como lo pretende la
parte actora ya que la misma no acreditó que la privación fuera injusta.
2 Incluyó la siguiente cita “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, sentencia de 10 de diciembre de 2018, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, expediente
identificado con el número único de radicación. 2010-00234-01.”
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36. Analizó las sentencias que el accionante consideró desconocidas para concluir
que no se desconoció el precedente por cuanto la sentencia tuvo en cuenta la
posición jurisprudencial contenida en la sentencia SU-072 de 2018, que se refirió
al alcance del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 y al régimen de imputación
aplicable a los casos de responsabilidad del Estado por privación de la libertad.
37. También citó y transcribió apartes de la sentencia del 29 de noviembre de
2018 dictada por el Consejo de Estado – Sección Tercera, concluyendo que le
corresponde al juez contencioso realizar un examen para determinar si la decisión
a través de la cual se restringió preventivamente la libertad fue irrazonable,
desproporcionada o arbitraria.
38. De tales consideraciones, concluyó que “no le asiste razón a la parte actora
cuando señala que la autoridad judicial desconoció el precedente jurisprudencial
establecido por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre el régimen de
imputabilidad en los casos que se estudian presuntas privaciones injustas de la libertad.”
39. La sentencia de tutela se notificó por medios electrónicos el 1º de marzo de
2022, según constancia visible en el aplicativo SAMAI.
1.5.4. Impugnación
40. Mediante escrito remitido por correo electrónico 4 de marzo de 2022 a la
Secretaría General del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la parte
accionante impugnó el fallo de primera instancia, con el fin de que se revocara y
se accediera a la petición de amparo constitucional.
41. La parte recurrente se pronunció sobre la privación de la libertad y la
absolución posterior de su defendido, así como sobre el principio de presunción de
inocencia. Manifestó que la estructura argumentativa del fallo recurrido conlleva a
que no se estudió el defecto fáctico enunciado, conclusión que surge “de las
omisiones o descuido de los falladores judiciales en las etapas probatorias, concurriendo
así en un exceso ritual manifiesto, dejando a un lado las pruebas que se integraron en el
trámite del proceso.”
42. Consideró que en el caso concreto se vieron afectadas las garantías de los
accionantes, por no haberse resarcido los perjuicios ocasionados e insistió en la
configuración del referido defecto, por desconocimiento del acervo probatorio
determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes,
en especial la sentencia que absolvió al demandado, aplicando el principio in
dubio pro reo.
43. Fijó los lineamientos de la indebida valoración probatoria, con fundamento en
pronunciamientos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
44. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por la parte
actora en contra de la sentencia del 17 de febrero de 2022 dictada por el Consejo
de Estado, Sección Primera, de conformidad con lo establecido en el artículo 86
de la Constitución Política, en el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 así como en el
artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Problemas jurídicos
45. Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia del 17 de febrero de 2022, proferida por el Consejo de Estado –
Sección Primera en la acción de tutela del vocativo de la referencia, instaurada por
la parte accionante con el fin de reclamar el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de
justicia y a la reparación integral.
46. En consecuencia, con fundamento en el examen de la situación fáctica
expuesta por la parte actora, en la valoración del material probatorio recaudado,
en las causales de procedibilidad de la acción de tutela invocadas y en los
argumentos expuestos en el libelo introductorio y en la impugnación, el primer
problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en determinar si
concurren en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela.
47. De encontrarse superados los mismos, la Sala establecerá si la autoridad
accionada vulneró los derechos de la parte actora, al haber negado las
pretensiones de la demanda que buscaban la indemnización de los perjuicios
ocasionados por la privación de la libertad que sufrió el señor Nonato de la Cruz
Vargas Sánchez, por considerar que el mismo no acreditó la antijuridicidad del
daño, al no haber aportado al proceso copia de la resolución por medio de la cual
se le impuso la medida de aseguramiento en el proceso penal, a efectos de
valorar la legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad de la misma.
48. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva;
y iii) el análisis del caso concreto con fundamento en los cargos propuestos en la
demanda de tutela y en el escrito de impugnación.
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2.3. Razones jurídicas de la decisión.
2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
49. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
20123 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 4 y declaró su
procedencia5.
50. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y; iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho
que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de
estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que
se analice el fondo del asunto.
51. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
52. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.3.2. Requisitos de procedibilidad adjetiva
2.3.2.1. Tutela contra tutela
53. La Sala observa que no existe reparo alguno en cuanto hace referencia al
juicio de procedibilidad, toda vez que, frente al primero de estos aspectos, no se
trata de una tutela contra decisión de la misma naturaleza, pues el trámite
cuestionado corresponde a un proceso de reparación directa instaurado por los
accionantes en contra de la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la
3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
5 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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Judicatura, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia y del
Derecho.6
2.3.2.2. Inmediatez
54. En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte
ningún reproche, porque la parte actora considera vulnerados sus derechos con la
providencia dictada en segunda instancia por el Consejo de Estado – Sección
Tercera – Subsección “C” el 11 de noviembre de 2020, la cual se notificó por
edicto electrónico que se fijó el 28 de mayo de 2021 y se desfijó el 30 de mayo de
2021, de tal manera que la providencia cobró ejecutoría el 8 de junio del mismo
año, según constancias obrantes en el aplicativo SAMAI.
55. Por su parte, el escrito de tutela se radicó el 26 de noviembre de 2021, según
el correo electrónico remitido a la Secretaría General, por lo que se evidencia que
se presentó en un plazo inferior a seis (6) meses que se considera razonable, de
acuerdo con la posición unificada del Consejo de Estado.
56. Lo anterior con fundamento en la sentencia de unificación de jurisprudencia del
5 de agosto de 20147, en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción
constitucional contra providencia judicial y reiteró que seis (6) meses es el término
razonable para solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen
vulnerados con ocasión de providencias judiciales.
2.3.2.3. Subsidiariedad
57. En lo referente a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial para
obtener la protección de los derechos fundamentales que la parte actora considera
vulnerados, la Sala precisa que la sentencia fue dictada en segunda instancia, sin
que contra tal decisión procedan recursos ordinarios adicionales, habiendo puesto
la providencia fin al proceso.
6 En igual sentido, se encuentran las siguientes: Consejo de Estado, Sección Quinta: sentencia del
27.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00014-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez;
sentencia del 27.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00400-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra;
sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00092-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra;
sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00179-00, M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio; sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00141-00, M.P. Luis Alberto Álvarez
Parra; sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-04788-01, M.P. Rocío Araújo Oñate;
sentencia del 13.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00137-00, M.P. Rocío Araújo Oñate;
sentencia del 13.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00037-00, M.P. Rocío Araújo Oñate;
sentencia del 6.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05346-00, M.P. Rocío Araújo Oñate;
sentencia del 6.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05202-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05.08.14., M.P.
Jorge Octavio Ramírez, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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58. En el presente caso no es posible tener como mecanismo idóneo de defensa
judicial en relación con la sentencia dictada por la autoridad accionada el 11 de
noviembre de 2020, los recursos extraordinarios de revisión y el de unificación de
jurisprudencia, el primero porque los argumentos expuestos no encuadran en
alguna de las causales taxativas consagradas en el artículo 250 de la Ley 1437 de
2011 y el segundo porque la sentencia fue dictada por la Sala especializada del
Consejo de Estado, como corporación de cierre, sin que sea pasible de este medio
de impugnación.
2.3.2.4. Relevancia constitucional
59. La Sala entiende superado este requisito, por cuanto al realizar el test de
procedibilidad de la acción en relación con los supuestos fácticos de la demanda y
las pretensiones, se advierte que la parte actora solicita la garantía de los
derechos al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de
justicia y a la reparación integral, que considera vulnerados con la providencia que
negó las pretensiones de la demanda de reparación directa por privación de la
libertad8.
60. Los tutelantes alegaron la vulneración del derecho al debido proceso, desde la
perspectiva constitucional consagrada en el artículo 29 de la Carta, lo que implica
que la misma trascienda el ámbito meramente legal. Adicionalmente, se solicita el
acceso a la administración de justicia que encuentra clara protección convencional
y constitucional.
61. Adicionalmente, se involucró en la demanda inicial un cargo de
desconocimiento del precedente que implica revisar el derecho a la igualdad,
consagrado en el artículo 13, desde una óptica ius fundamental. La garantía
relacionada con la reparación integral de los perjuicios ocasionados también tiene
rango constitucional y convencional.
62. En consecuencia, no se trata de un debate de orden exclusivamente legal, el
cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el titular del derecho o el
interesado legítimo quede en un estado de indefensión, de tal manera que al
existir la eventualidad de que no haya obtenido la protección de sus derechos ante
el juez contencioso administrativo, natural de la causa ordinaria, quien tenía la
obligación de constituirse en garante de los derechos fundamentales asumiendo el
rol de juez de constitucionalidad y/o de convencionalidad, puede comparecer al
8 Según el artículo 86 de la Constitución, la finalidad de la acción de tutela es conjurar aquellas
situaciones en que la decisión de la autoridad judicial incurre en graves falencias, de relevancia
constitucional, que conllevan una decisión incompatible con la Constitución (Sentencia T-817 de
2012 de la Corte Constitucional). Por tal razón, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que
uno de los requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias
judiciales es que el asunto tenga evidente relevancia constitucional; esto es, que se oriente a la
protección de derechos fundamentales (Sentencia SU-573 de 2017, reiterando las consideraciones
expuestas en la C-590 de 2005) esto se refiere a que “involucre garantías superiores y no sea de
competencia exclusiva del juez ordinario”(Sentencia SU-050 de 2018).
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juez de tutela, quien deberá analizar el caso de acuerdo con los postulados del
Estado Social de Derecho.
63. La conclusión anterior deviene de la consideración de que el asunto es de
relevancia constitucional cuando resulta necesario verificar si subsiste la violación
o amenaza a los derechos fundamentales, después de haber agotado el
procedimiento judicial establecido por la ley para su protección.
64. Adicionalmente, la relevancia constitucional implica que el asunto de la acción
de tutela tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su
aplicación, para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales y libertades públicas.9
65. Al encontrarse superados los requisitos de procedibilidad adjetiva,
corresponde a la Sala analizar el fondo del asunto10.
2.3.3. Examen del caso concreto
2.3.3.1. Perspectiva de análisis de los cargos
66. La parte actora en el escrito de tutela invocó los defectos (i) fáctico; (ii)
procedimental por exceso ritual manifiesto y (iii) desconocimiento del precedente,
los cuales fueron examinados de fondo por el juez constitucional de primera
instancia, que no los encontró configurados, lo cual argumentó ampliamente en la
sentencia impugnada.
67. Sin embargo en el escrito contentivo de la impugnación la parte actora se
refirió únicamente al defecto fáctico y al exceso ritual manifiesto para sustentar los
dos cargos en el mismo argumento, relacionado con la indebida valoración de
todas las pruebas allegadas al proceso, incluida la sentencia absolutoria dictada
en el proceso penal en garantía del principio de presunción de inocencia al aplicar
el in dubio pro reo, por lo que se analizarán en forma conjunta.
68. Al abordar el caso concreto advierte la Sala que en la sentencia que resolvió
los recursos de apelación se valoró la providencia por medio de la cual se absolvió
al señor Nonato de la Cruz Vargas Sánchez, no obstante, se consideró que ni
9 Ver al respecto: Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate: sentencia del
27.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00004-00; sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-
000-2019-05258-00; sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05291-00; sentencia
del 13.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00137-00; sentencia del 13.02.2020, Exp. 11001-03-
15-000-2019-05354-00; sentencia del 6.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05153-00; sentencia
del 30.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05121-00; sentencia del 30.01.2020, Exp. 11001-03-
15-000-2019-05167-00; sentencia del 23.01.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
sentencia del 23.01.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
10 Sobre la relevancia constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse esta Sección en varias
sentencias de tutela, de las cuales cabe destacar la sentencia del 5.12.2019, M.P. Rocío Araújo
Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04724-00.
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dicha prueba ni los demás elementos de juicio obrantes en la foliatura resultaban
suficientes para acreditar la antijuridicidad del daño.
69. Lo anterior, por cuanto la responsabilidad del Estado por privación injusta
únicamente se puede edificar sobre la acreditación por la parte demandante de
que con la imposición de la medida de aseguramiento no se garantizaron los
principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, como lo alegó
la autoridad judicial accionada en la contestación de esta tutela, afirmando que su
decisión se sustentó en las sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018 dictadas
por la Corte Constitucional y en la posición jurisprudencial de la Sección Tercera
del Consejo de Estado.
70. Con la alegación del defecto fáctico por indebida valoración probatoria, la parte
actora no desvirtuó la ratio de la sentencia censurada, según la cual se omitió
allegar al proceso la resolución que contiene la medida de aseguramiento
impuesta, sin la que no es posible siquiera continuar con el estudio de los demás
elementos de la responsabilidad, esto es, la imputación a alguna de las
autoridades accionadas y el nexo causal, en otras palabras, la atribución desde los
puntos de vista jurídico y fáctico.
71. En la sentencia se aclaró que la prueba de la antijuridicidad del daño, bajo
cualquiera de los títulos de imputación reconocidos siempre ha estado a cargo de
la parte demandante, sin que esta actividad probatoria pueda ser suplida por el
juez con el decreto de pruebas de oficio en la segunda instancia del proceso, pues
ello tiene unas condiciones excepcionales que no concurren en el caso concreto,
en tanto no es posible desequilibrar la igualdad de las partes frente al proceso.
72. La Corte Constitucional ha considerado que el funcionario deber decretar
pruebas de oficio “(i) cuando a partir de los hechos narrados por las partes y de los
medios de prueba que estas pretendan hacer valer, surja en el funcionario la necesidad
de esclarecer asuntos indefinidos de la controversia; (ii) cuando la ley le marque un claro
derrotero a seguir; o (iii) cuando existan fundadas razones para considerar que su
inactividad puede apartar su decisión del sendero de la justicia material.”11
73. En estos casos no puede considerarse incluida la prueba del daño ni de su
antijuridicidad, pues “el decreto de pruebas de oficio en segunda instancia debe
realizarse con el objetivo de buscar la verdad de los hechos objeto de debate, pero sin
incurrir en la ruptura de las cargas procesales de las partes y sin corregir la actividad
probatoria de quien ejerce o resiste la acción. Además, debe respetarse el equilibrio entre
las partes y garantizar que la prueba sea adecuadamente controvertida. Ello es
especialmente relevante cuando se trata de un medio de conocimiento practicado de
oficio en segunda instancia, toda vez, que, prima facie, no existen medios procesales para
atacar ampliamente dicha sentencia.”12
11 Corte Constitucional, Sentencia T-113 del 14.03.2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
12 Corte Constitucional, Sentencia T-615 del 16.12.2019, M.P. Alberto Rojas Rios
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74. Adicionalmente, la posición jurisprudencial del Consejo de Estado con
fundamento en la cual se resolvió el caso concuerda con la tesis aplicada por la
Corte Constitucional desde hace varios años contenida en la sentencia C-037 de
1996, cuya ratio es de obligatorio cumplimiento en los términos establecidos por el
artículo 242 de la Constitución Política
75. Según esta sentencia, como lo destacó la autoridad accionada en su
intervención “el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente
desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne
evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a
derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo
que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en
forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma
automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado,
que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que
se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la
administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo
siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en
que se ha producido la detención.”
76. En consecuencia, es claro que en este caso sí se valoró la sentencia
absolutoria, pero no se aportó la pieza procesal que, a juicio de la autoridad
judicial accionada, permitía establecer la razonabilidad de la medida preventiva,
como lo es la resolución de imposición de la medida de aseguramiento, ya que en
este documento se plasman las razones que en cada caso justifican la privación
de la libertad y su urgencia, tesis que se considera acorde a los criterios
jurisprudenciales de la Corte Constitucional en las sentencias C-037 de 1996 y
SU-072 de 2018, las cuales deben necesariamente considerarse por las
autoridades judiciales al momento de emitir un pronunciamiento.
77. Por estas razones los cargos de defecto fáctico y exceso ritual manifiesto no
están llamados a prosperar, en tanto no tiene la capacidad de desvirtuar la
razonabilidad y carencia de arbitrariedad de la decisión censurada, sin que la parte
actora haya cuestionado la forma como el a quo constitucional resolvió el cargo de
desconocimiento del precedente, que en consecuencia no permite su estudio en
sede de impugnación.
2.4. Conclusiones
78. Los anteriores argumentos son suficientes para concluir que no se
configuraron los defectos alegados por la parte actora y, por lo tanto, no se
afectaron las garantías constitucionales invocadas.
79. Lo anterior porque la providencia objeto de cuestionamiento fue razonable y
atendió a las reglas jurisprudenciales incluida la sentencia de constitucionalidad
del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, así como a las pruebas recaudadas en el
expediente, por lo que, se confirmará la negativa del amparo.
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III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 17 de febrero de 2022, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Primera, que negó la petición de amparo
constitucional instaurada por los señores Nonato de la Cruz Vargas Sánchez y
otros.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en los términos previstos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http//relatoria.consejodeestado.gov.co.8081
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