Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10605-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10605-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-10605-00
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez
3 de febrero de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10605-00
Demandante: Municipio de Dosquebradas - Risaralda
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10605-00
Demandante: MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - RISARALDA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA
Temas: Contra providencia judicial que declaró, con efectos retroactivos, la
declaratoria de invalidez del Acuerdo Municipal 011 del 31 de julio de
2021, expedido por el Concejo Municipal de Dosquebradas, dentro del
trámite previsto en el numeral 2 del artículo 151 de la Ley 1437 de
2011.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el Municipio de Dosquebradas -
Risaralda contra el Tribunal Administrativo de Risaralda.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
1.1. En ejercicio de la acción de tutela, el Municipio de Dosquebradas – Risaralda,
mediante apoderado judicial, pidió la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, que estimó vulnerados por la
providencia del 8 de octubre de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda.
En concreto, formuló la siguiente pretensión:
PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, consagrados en los artículos 29 y 229, respectivamente, de la
Constitución Política de Colombia.
SEGUNDO: En consecuencia de lo anterior, se MODIFIQUE la sentencia proferida por el TRIBUNAL
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA – SALA TERCERA DE DECISION, y en
su lugar declarar sus efectos a partir de la providencia respecto a la invalidez del Acuerdo No. 011 de
2021.
2. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
2.1. El Concejo Municipal de Dosquebradas (Risaralda) profirió el Acuerdo 11 del 31 de
julio de 2021, a través del cual se “dictan medidas para la recuperación de cartera;
generar mayor liquidez a la entidad y aliviar la situación económica de los contribuyentes
de los impuestos predial unificado, de industria y comercio, de circulación y tránsito, de
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publicidad visual exterior y de los deudores de sanciones (multas) por infracciones de
tránsito del municipio de Dosquebradas, Risaralda y se dictan otras disposiciones”.
2.2. En uso de la atribución conferida por el numeral 10 del artículo 305 de la Constitución
Política y el numeral 2 del artículo 151 del CPACA, el Gobernador del Departamento de
Risaralda presentó observaciones frente a la validez del Acuerdo 11 de 2021 ante el
Tribunal Administrativo de Risaralda, al considerarlo violatorio de la Constitución y la Ley.
2.3. En providencia del 8 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo de Risaralda,
declaró, con efectos retroactivos, la invalidez del Acuerdo Municipal 011 del 31 de julio
de 2021, expedido por el Concejo Municipal de Dosquebradas, en razón a que el aludido
acuerdo es inconstitucional por haber sido dictado con fundamento en los artículos 6 y 7
del Decreto Legislativo 678 de 2020, que fueron declarados inexequibles por la Corte
Constitucional en la sentencia C-448 de 2020.
2.3.1. Que, por tanto, también era procedente declarar la invalidez con efectos
retroactivos, pues la sentencia de inexequibilidad con efectos ex nunc, data del 15 de
octubre de 2020, luego, a partir de ese momento no podía ser reproducida como
fundamento para la expedición de ningún acuerdo.
3. Argumentos de la acción de tutela
3.1. El Municipio de Dosquebradas alegó que la providencia del 15 de octubre de 2020,
dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda vulneró los derechos fundamentales
invocados por las siguientes razones:
3.1.1. Que la providencia acusada incurrió en defecto sustantivo, pues, a su juicio, la
declaratoria de invalidez con efectos retroactivos del Acuerdo 11 de 2021 desconoce los
derechos adquiridos, la confianza legítima y la seguridad jurídica de los contribuyentes a
los que ya se les había expedido paz y salvo por los tributos adeudados en vigencia del
Acuerdo.
3.1.2. Que la decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda de declarar la invalidez
del Acuerdo Municipal con efectos retroactivos tuvo un fundamento manifiestamente
irrazonable, pues el acto objeto de control no tuvo como sustento el Decreto Legislativo
678 de 2020, sino que únicamente se citó como referencia. Que la omisión en diferenciar
referencia de fundamento es la causante de la interpretación errada del Tribunal, por
cuanto en ningún aparte del acuerdo se dice que se expide con fundamento en el Decreto
Legislativo 678 de 2020.
3.2. Asimismo, advirtió que la providencia cuestionada desconoció la línea
jurisprudencial en lo que respecta a la declaratoria de invalidez con efectos retroactivos
del Acuerdo 011 de 2021, lo que genera un perjuicio irremediable para los contribuyentes
que de buena fe se acogieron al Acuerdo y a los beneficios tributarios.
3.2.1. Como fundamento del desconocimiento del precedente citó las siguientes
providencias (i) del Consejo de Estado: Sentencia S-6665, 1984, Sección Cuarta;
sentencia del 21 de mayo de 2009. C.P. Rafael E. Ostau de Lafont P., Sección Primera,
exp. 2003- 00119 y, (ii) de la Corte Constitucional las Sentencias C-594 de 1993, C-952-
07 y C- 785 de 2012.
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4. Trámite procesal
4.1. Por auto del 3 de diciembre de 2021, el Despacho Sustanciador admitió la demanda
de tutela y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los
magistrados del Tribunal Administrativo de Risaralda y, como tercero con interés, al
gobernador del Departamento de Risaralda.
4.2. En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría de esta Corporación practicó las
notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 15 de diciembre de
20211.
5. Intervenciones
5.1. El magistrado del Tribunal Administrativo de Risaralda, ponente de la decisión
acusada, luego de hacer un recuento de la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, advirtió que en este caso no se cumplen los requisitos generales
de procedibilidad, pues la decisión controvertida estuvo fundamentada en el análisis
juicioso y exhaustivo de las disposiciones aplicables al asunto, y en la jurisprudencia
aplicable al caso. Que, además, las pruebas del proceso se valoraron bajo las reglas de
la sana crítica.
5.1.1. En todo caso, de ser estudiada de fondo, advirtió que “(…) en la citada providencia
se dejaron plenamente establecidos los argumentos y consideraciones que motivaron la
decisión de invalidez con efectos retroactivos del Acuerdo Municipal número 011 del 31
de julio de 2021, los cuales guardan correspondencia con la reiterada jurisprudencia del
Consejo de Estado y la Corte Constitucional, cumpliéndose así con la carga
argumentativa que impone las decisiones judiciales.
5.1.2. Específicamente, en cuanto a los efectos retroactivos de la decisión adoptada,
sostuvo que “la retroactividad se configura cuando una norma se aplica a las situaciones
que se consolidaron con anterioridad, pues los hechos o consecuencias jurídicas que se
formaron con fundamento en el Acuerdo que hoy es objeto de estudio, fueron adquiridos
bajo un fundamento inconstitucional”, y dado que el Acuerdo 011 fue dictado con
fundamento en una norma que fue declarada previamente inconstitucional por la Corte
Constitucional, los efectos retroactivos no vulneran los principios de seguridad jurídica,
confianza legítima y derechos adquiridos.
5.2. El Departamento de Risaralda, a través de apoderado judicial, solicitó que se
denegaran las pretensiones de la demanda, pues la decisión cuestionada tuvo como
fundamento el precedente vertical y constitucional que existe frente a los alivios
tributarios y el derecho de igualdad que asiste a los ciudadanos que pagan impuestos en
los términos de Ley.
5.2.1. Advirtió que la retroactividad ordenada por la autoridad judicial es coherente con
la orden de invalidez del Acuerdo, pues sin esta decisión, el incentivo tributario ilegal, se
convertiría en un mecanismo de recaudo que tendría validez hasta que la autoridad
judicial se pronuncie sobre su irregularidad, dando lugar a un tratamiento tributario
diferenciado de manera injustificada, frente al ciudadano que paga los tributos a tiempo,
1 Índice 7 de Samai.
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contrariándose así los principios de igualdad y equidad tributaria, además del detrimento
patrimonial que conlleva para el ente territorial.
CONSIDERACIONES
1. De la acción de tutela contra providencias judiciales
1.1. A partir del año 20122, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 3, se precisó que la
acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas
por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución
Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad pública.
1.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos
generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la
sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los
medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una
sentencia de tutela.
1.3. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez
puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los
siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela:
(i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto
orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del
precedente y (viii) violación directa de la Constitución.
1.4. Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han
venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se
convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas
que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por
negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.
1.5. Ahora, tratándose de tutela contra providencias judiciales proferidas por el Consejo
de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de órganos de
cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha establecido un
requisito adicional, consistente en «la configuración de una anomalía de tal entidad que
exija la imperiosa intervención del juez constitucional»4.
2. Planteamiento y solución del problema jurídico
2.1. Previo a cualquier consideración sobre el fondo del asunto, la Sala verificará si la
tutela es procedente por cuestionar una decisión de carácter general, impersonal y
abstracto, como lo es la sentencia del 8 de octubre de 2021, dictada en el proceso
especial previsto en el numeral 2 del artículo 151 de la Ley 1437 de 2011.
2.1.1. De encontrarse procedente, será estudiado el fondo del asunto, en los términos
2 Ver sentencia del 31 de julio de 2012.
3 Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.
4 SU-573 de 2017.
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propuestos en la demanda de tutela.
2.2. Para el efecto, la Sala se referirá a la causal 5ª del artículo 6 del Decreto 2591 de
1991 y a la interpretación que esta Sala ha fijado al respecto. Seguidamente, analizará
el caso propuesto por el municipio de Dosquebradas, Risaralda.
2.3. Sobre la improcedencia de la acción de tutela contra actos de carácter general,
impersonal y abstracto
2.3.1. El numeral 5º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 5 establece que la acción de
tutela no procederá «cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y
abstracto», pues existen otros mecanismos judiciales para cuestionarlos, como son la
acción de inconstitucionalidad contra las leyes o las acciones de simple nulidad y de
nulidad por inconstitucionalidad contra actos generales, según el caso.
2.3.1.1. La acción de tutela no puede ejercerse para cuestionar ese tipo de actos, pues
este mecanismo no está previsto para restablecer la juridicidad posiblemente
quebrantada por un acto general, sino para «suspender los efectos violatorios o
amenazantes de alguno de los derechos fundamentales de una persona determinada,
derivados de un acto concreto cuya aplicación deberá suspender el juez, aún mediante
medidas provisionales (esto es antes de la sentencia) cuando lo considere necesario y
urgente para proteger el derecho, según las voces del artículo 7o. del Decreto en
mención»6.
2.3.2. Al analizar dicha norma, la Sala ha interpretado que la acción de tutela tampoco
procede contra una sentencia dictada en un proceso de simple nulidad, por cuanto en
ese tipo de procesos la discusión es de puro derecho y, por ende, el juez únicamente
analiza la legalidad del acto. La acción de simple nulidad únicamente persigue la defensa
de la legalidad, del orden jurídico en abstracto. De modo que la sentencia que se dicta
en ese tipo de procesos no podría amenazar o violar de manera directa y concreta
derechos fundamentales. En efecto, en fallo de tutela del 22 de septiembre de 2016 7 —
que se reiteró en las sentencias del 17 de mayo de 20188 y del 10 de octubre de 20189,
esta Sección precisó:
Como puede verse, la decisión judicial atacada proferida por el Consejo de Estado se dictó en
cumplimiento del control de legalidad que le fue atribuido, esto es, un control abstracto de la norma que
se considera ilegal y, por tanto, la decisión que se adopta lo que determina es si se ajusta o no a la
normativa superior y, por ende, tiene efectos erga omnes. No define de manera concreta una situación
particular, como sí ocurre con sentencias dictadas por los organismos judiciales en acciones y medios
de control con decisiones judiciales de carácter particular.
En esa medida, la acción de tutela es improcedente para cuestionar la legalidad de una sentencia de
constitucionalidad o legalidad porque la decisión que profiere la autoridad judicial es un ejercicio de
puro de derecho que en manera alguna podría afectar derechos fundamentales, toda vez que lo
pretendido es determinar que no desconozca postulados constitucionales o legales.
Además, vale la pena precisar que, según lo dispone el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, la acción
de tutela es improcedente cuando se dirija contra actos administrativos de carácter general, impersonal
5 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
6 Sentencia No. T-321 de 1993
7 Radicación No. 11001-03-15-000-2015-00084-00 (acumulado al 11001-03-15-000-2015-00135-00), CP. Martha
Teresa Briceño de Valencia.
8 Radicado No. 11001-03-15-000-2018-00859-00, MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9 Radicado No. 11001-03-15-000-2018-02443-00 MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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y abstracto, lo que permite determinar que, igualmente, resulta improcedente para censurar la sentencia
que decide sobre su constitucionalidad o legalidad.
2.3.2.1. En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha determinado que la acción de
tutela es improcedente para cuestionar sentencias dictadas por el Consejo de Estado o
la Corte Constitucional, en virtud del control abstracto de constitucionalidad (artículos
241 y 237, numeral 3°, respectivamente). En lo pertinente, la sentencia SU-391 de 201610
establece:
(…) conviene recordar que la Constitución Política estableció mecanismos de control para garantizar
su supremacía normativa (artículo 4 de la Constitución). Tales mecanismos podrían dividirse en dos
clases. Por un lado, existe un control concentrado de constitucionalidad, realizado de manera principal
por la Corte Constitucional (artículo 241 de la Constitución) y de manera residual por el Consejo de
Estado (artículo 237 numeral 3). Por otro lado, cualquier autoridad judicial tiene competencia para
resolver acciones de tutela (artículo 86 de la Constitución) y para aplicar la excepción de
inconstitucionalidad (artículo 4 de la Constitución).
Este esquema promueve el acceso efectivo a la administración de justicia para solicitar el
cumplimiento de la Constitución, permitiendo que todos los jueces puedan realizar control
constitucional sobre casos concretos. A su vez, también persigue la igualdad y la seguridad jurídica,
al prever órganos de cierre que tengan la última palabra sobre la interpretación adecuada de las
normas mediante el ejercicio del control abstracto. Se trata de un esquema caracterizado por la
participación ciudadana, ya que todas las personas pueden acudir a los jueces en ejercicio de la acción
de tutela o pueden pedir en el marco de un proceso judicial la aplicación de la excepción de
inconstitucionalidad. Asimismo, el control abstracto puede ser solicitado por cualquier ciudadano, en
ejercicio del derecho político previsto en el artículo 40 numeral 6, y en él también cualquier persona
puede particular (sic), en virtud de la regulación de las acciones de inconstitucionalidad y de nulidad
por inconstitucionalidad.
Si se aceptara la procedencia de la acción de tutela contra decisiones de constitucionalidad de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado el diseño del control constitucional descrito antes se
alteraría de manera profunda, a tal punto que podría afirmarse que no existen dos tipos de control
constitucional sino uno solo, otorgado a todos los jueces, quienes se pueden pronunciar sobre el
cumplimiento de la Constitución en casos concretos o en casos de control abstracto (al revisar
decisiones de constitucionalidad de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado). La acción de
inconstitucionalidad y la de nulidad por inconstitucionalidad son funciones delimitadas directamente
por la Constitución, la cual determinó expresamente los órganos que de manera exclusiva tienen
competencia para conocer de ellas. Esa asignación expresa de funciones (en los artículos 237
numeral 3 y 241 de la Constitución) les da carácter de cierre en materia constitucional, lo cual debe
ser tenido en cuenta para interpretar el alcance de la regulación de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 (…).
2.3.2.2. Las anteriores explicaciones dadas por la Corte Constitucional también son
aplicables a las acciones de tutela contra providencias judiciales con efectos erga omnes.
3. Análisis del caso concreto. De la improcedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales dictadas en procesos que deciden sobre las observaciones
que formulen los gobernadores acerca de la constitucionalidad y legalidad de los
acuerdos municipales
3.1. En el presente asunto, el municipio de Dosquebradas cuestiona la sentencia del 8
de octubre de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que, en sede de
única instancia, declaró la invalidez del Acuerdo Municipal 011 del 31 de julio de 2021,
expedido por el Concejo Municipal de Dosquebradas. Esa decisión se dictó en el trámite
previsto en el Decreto 1333 de 1986 y en el numeral 3 del artículo 151 de la Ley 1437 de
10 MP. Alejandro Linares Cantillo.
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2011, esto es, la revisión de constitucionalidad y legalidad de los acuerdos municipales,
con ocasión de las observaciones que formulen los gobernadores.
3.1.1. En efecto, la competencia asignada a los tribunales administrativos para estudiar
la constitucionalidad y legalidad de los acuerdos municipales tiene como fundamento el
Código de Régimen Municipal (artículos 120 y siguientes). Posteriormente, el artículo
305 de la Constitución Política estableció entre las atribuciones de los gobernadores la
de “revisar los actos de los concejos municipales y de los alcaldes y, por motivos de
inconstitucionalidad o ilegalidad, remitirlos al Tribunal competente para que decida sobre
su validez” (numeral 10).
3.1.2. Con la expedición de la Ley 1437 de 2011, el numeral 2 del artículo 151, dispuso
que es competencia de los Tribunales Administrativos, en única instancia, conocer de las
observaciones que formulen los gobernadores de los departamentos acerca de la
constitucionalidad y legalidad de los acuerdos municipales, y sobre las observaciones a
los proyectos de ordenanzas, por los mismos motivos.
3.2. Ahora, en principio, las sentencias que deciden sobre la validez de un acuerdo
municipal atienden a un análisis de puro derecho, a una revisión de constitucionalidad y
legalidad, como lo establecen los artículos 305 de la Constitución Política y 151-2 de la
Ley 1437. Las providencias que ahí se dictan producen efectos erga omnes11, esto es,
frente a todos, y no definen una situación particular y concreta. De modo que, así como
en los casos de simple nulidad, las sentencias que se dictan en ese tipo de trámite
tampoco pueden afectar de manera directa derechos fundamentales.
3.2.1. En otras palabras, la interpretación adoptada por esta Sala respecto a que la
acción de tutela es improcedente para cuestionar providencias judiciales dictadas en
procesos de simple nulidad, es extensible al caso bajo estudio, esto es, en los que se
controvierte una providencia que estudia la inconstitucionalidad o ilegalidad de un
acuerdo municipal, pues se trata de una providencia que sacó del ordenamiento jurídico
el Acuerdo Municipal 011 de 2020 (acto administrativo general) y que surte efectos erga
omnes.
3.3. Siendo así, la Sala advierte que, conforme con el numeral 5° del artículo 6° del
Decreto 2591 de 1991, es improcedente la solicitud de amparo presentada por el
Municipio de Dosquebradas, por cuanto está cuestionando una decisión con efectos erga
omnes, es decir, de carácter general, que no afecta de manera directa y concreta
derechos fundamentales.
11 Según el artículo 126 del Código de Régimen Municipal, para todo lo relativo a la nulidad de los acuerdos se debe
estar a lo dispuesto por el Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984) el cual fue modificado por la Ley
1437 de 2011 (CPACA). En ese sentido, la remisión en la actualidad debe hacerse al artículo 189 de este último
estatuto, que, respecto a los efectos de la sentencia establece:
Artículo 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza
de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la
causa petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de las medidas que se revisen en ejercicio del control inmediato de legalidad
producirán efectos erga omnes solo en relación con las normas jurídicas superiores frente a las cuales se haga el examen.
Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo distrital o municipal, en todo o en
parte, quedarán sin efectos en lo pertinente sus decretos reglamentarios.
(…).
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Demandante: Municipio de Dosquebradas - Risaralda
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el Municipio de
Dosquebradas, por las razones expuestas en esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección Magistrada
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Magistrado Magistrada
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