Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10651-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10651-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-10651-00
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
27 de enero de 2022
Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 1- 1 0 65 1- 0 0
Ac c i o na nt e : S an dr a J u ll i et h C ort és S a m ac á
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022)
F.T: 21
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10651-00
Accionante: SANDRA JULLIETH CORTÉS SAMACÁ
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Temas: Acción de tutela en contra de acto administrativo, por medio del cual se
excluyó a la hoy accionante del concurso de méritos destinado a la conformación
del registro seccional de elegibles, para la provisión de los cargos de empleados
de carrera de tribunales, juzgados y centros de servicios. Incumplimiento del
requisito de subsidiariedad y ausencia de un perjuicio irremediable o de una
situación de imposibilidad para acudir al medio judicial con el que cuenta.
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de
tutela, decide la acción de la referencia.
HECHOS RELEVANTES
a) Concurso de méritos
La señora Sandra Jullieth Cortés Samacá indicó que el 6 de octubre de 2017 el
Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, mediante el Acuerdo núm.
CSJSAA17-3609, convocó al concurso de méritos para la conformación del
registro seccional de elegibles, para la provisión de los cargos de empleados de
carrera de tribunales, juzgados y centro de servicios.
Afirmó que el 20 de octubre de 2017 se inscribió a la referida convocatoria para el
cargo de oficial mayor municipal, para el cual, según el mencionado Acuerdo, se
exigían como requisitos «la terminación y aprobación de todas las materias del
pensum académico que conforman la carrera de derecho y un (1) año de
experiencia relacionada o haber aprobado tres (3) años de estudios superiores en
derecho y tener tres (3) años de experiencia relacionada».
Por lo anterior, indicó que aportó los documentos que acreditan su experiencia en
los siguientes cargos: 1. Dependiente judicial del abogado Jeckson Orlando
Navarro Garzón, del 25 de agosto de 2014 al 31 de agosto de 2015; 2. Auxiliar
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judicial ad-honorem en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga,
Sala Penal, del 27 de noviembre de 2015 al 30 de septiembre de 2016; 3.
Asistente Judicial, grado 6, en el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones
de Conocimiento de Bucaramanga, del 20 de diciembre de 2016 al 10 de enero de
2017; 4. Citador, grado 3, en el Juzgado Promiscuo Municipal de Lebrija, del 8 de
marzo de 2017 al 31 de marzo de 2017 y 5. Oficial mayor en el Juzgado Séptimo
Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga, del 17 de abril
de 2017 al 10 de enero de 2018. En esos términos, consideró que cumplía con los
requisitos mínimos exigidos para el cargo, pues contaba con los estudios mínimos
y la experiencia laboral relacionada.
Aseguró que, mediante la Resolución núm. CSJSAR18-269 del 23 de octubre de
2018, fue admitida al concurso de méritos. Asimismo, manifestó que presentó la
prueba de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades, cuyos
resultados le fueron comunicados el 17 de mayo de 2019, a través de la
Resolución núm. CSJSAR19-67, en donde se le indicó que obtuvo un puntaje de
881, 26. En consecuencia, señaló que el 24 de mayo de 2021 fue publicado el
registro seccional de elegibles para el cargo de oficial mayor municipal o
sustanciador grado-nominado, por medio de la Resolución núm. CSJSAR21-104,
dentro de la cual fue incluida en la posición número 81.
Sin embargo, sostuvo que el 16 de junio del mismo año interpuso recurso de
reposición y, en subsidio, de apelación en contra de la anterior decisión, al
considerar que en el puntaje obtenido por experiencia adicional no se estaba
teniendo en cuenta la totalidad de los documentos aportados. Empero, aseveró
que el 4 de agosto de igual anualidad, mediante la Resolución CSJSAR21-162, le
fue comunicado que los documentos allegados para participar en la convocatoria
no acreditan la experiencia mínima para el cargo aspirado, por lo que se ordenó su
exclusión del registro de elegibles del que hacía parte.
Inconforme con esta decisión, adujo que el 10 de agosto de 2021 presentó recurso
de reposición y, en subsidio, de apelación, al estimar que se trataba de un error al
momento de valorar el documento que aportó para acreditar su experiencia en el
cargo de auxiliar judicial ad-honorem, por lo que el 25 de igual mes y año, a través
de la Resolución CSJSAR21-288, el Consejo Seccional de la Judicatura de
Santander ratificó su anterior decisión. En vista de ello, resaltó que el 31 del
mismo mes e igual anualidad solicitó a la Unidad de Administración de Carrera
Judicial el reporte de la información que reposaba sobre ella en su plataforma,
entidad que el 14 de septiembre de 2021 le indicó los documentos que fueron
aportados al momento de la inscripción, entre los cuales consideró que no se tuvo
en cuenta el archivo subido por su parte con la denominación EXPLAB02.
Expuso que el 23 de septiembre de 2021 la Unidad precitada, por medio de la
Resolución CJR21-0382, confirmó la decisión adoptada por el Consejo Seccional
de la Judicatura de Santander, pero que en esta oportunidad aquella autoridad sí
se pronunció de fondo sobre sus reparos, al mencionar expresamente que el
motivo por el cual no se tomaba en cuenta su experiencia laboral en el cargo de
auxiliar judicial ad-honorem era la ausencia de reportes de que tal experiencia se
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hubiese acreditado en la oportunidad respectiva. Por consiguiente, precisó que el
28 de octubre de la misma anualidad el Consejo Seccional referido, mediante el
acto administrativo CSJSAR21-343, procedió a suprimirla del registro de elegibles.
b) Inconformidad
La accionante consideró que el Consejo Superior de la Judicatura, la Unidad de
Administración de Carrera Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura de
Santander vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, libre desarrollo
de la personalidad, debido proceso y trabajo y, junto con ellos los principios del
mérito y la confianza legítima, al expedir la Resolución CSJSAR21-162 del 4 de
agosto de 2021. Para el efecto, afirmó que se encuentra bajo una situación que le
está causando un perjuicio irremediable, pues fue excluida de la convocatoria,
pese a que en un inicio con la misma documentación la admitieron y le otorgaron
un puntaje adicional por la experiencia.
Asimismo, aseguró que no pueden trasladarle las cargas que le competen a las
entidades encargadas de verificar desde el inicio de la convocatoria la
documentación requerida para optar por los diversos cargos en concurso de
méritos y, de esta manera, pretender dejar de lado su certificado de auxiliar judicial
ad-honorem, el cual válidamente adjuntó, luego de que cumplió a cabalidad con
cada una de las etapas requeridas para hacer parte del registro de elegibles.
Indicó que recurrió el resultado obtenido en el mencionado registro porque
confiaba en que cumplía los requisitos mínimos exigidos, pero de forma abrupta la
entidad decide no tener en cuenta su experiencia como auxiliar judicial ad-
honorem, sin justificación alguna y sin pruebas suficientes que acrediten que ello
es atribuible a su causa, más aún cuando en ninguna de las etapas de la
convocatoria se otorga certificación alguna o medio de búsqueda que permita a los
participantes conocer que, por alguna circunstancia, los documentos adjuntados
no se encuentra registrados.
Añadió que los recursos fueron presentados para controvertir el factor experiencia
adicional y docencia reflejado en la Resolución CSJSAR21-104 de 24 de mayo de
2021, específicamente, con respecto a la certificación expedida por el abogado
Navarro Garzón, en la que se acredita que se desempeñó como dependiente
judicial, a pesar de lo cual, de oficio, le fueron analizados todos los documentos y
fue excluida del concurso, sin habérsele valorado la experiencia de práctica
jurídica, lo que constituye una decisión contraria a sus expectativas, que hizo más
gravosa su situación.
PRETENSIONES
La parte accionante solicitó amparar sus derechos fundamentales antes
mencionados y, en consecuencia, requirió ordenar al Consejo Superior de la
Judicatura, a la Unidad de Administración de Carrera Judicial y al Consejo
Seccional de la Judicatura de Santander que, en un término inferior a las cuarenta
y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, revoquen la
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Resolución núm. CSJSAR21-162 del 4 de agosto de 2021, por medio de la cual
fue excluida como concursante del proceso de selección y que, en esa medida,
dispongan su permanencia en el registro de elegibles conformado para el cargo de
oficial mayor municipal, grado nominado.
CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO
Consejo Seccional de la Judicatura de Santander
El magistrado Jorge Francisco Chacón Navas afirmó que el Consejo Superior de
la Judicatura, en virtud de lo previsto en el título II de la Ley 270 de 1996, expidió
el Acuerdo núm. PCSJA17-10643 de 2017, a través del cual le ordenó a los
Consejos Seccionales de la Judicatura adelantar los procesos de selección y actos
preparatorios y expedir las respectivas convocatorias, de conformidad con las
directrices que se impartan para la provisión de los cargos de empleados de
carrera de tribunales, juzgados y centros de servicios.
En esa medida, indicó que el Consejo Seccional de la referencia, mediante los
Acuerdos CSJSAA17-3609 y CSJSAA17-3610 de 6 de octubre de 2017 y
CSJSAA17-3611 con fecha del día siguiente, convocó al concurso de méritos
destinado a la conformación de los registros seccionales de elegibles para los
cargos de empleados de carrera de tribunales, juzgados y centros de servicios de
los distritos judiciales de Bucaramanga y San Gil y administrativo de Santander.
Agregó que, en los términos de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia,
la convocatoria es norma obligatoria y reguladora del proceso de selección, por
tanto, de perentorio cumplimiento, tanto para la administración como para los
participantes.
Así, dentro del marco de esta convocatoria, explicó que el 23 de octubre de 2018
se publicó el listado de aspirantes admitidos; el 13 de enero de 2019 fue dado a
conocer el instructivo para la presentación de las pruebas escritas y el 3 de febrero
de igual anualidad fueron aplicadas las pruebas de conocimientos, aptitudes y
psicotécnicas. Agregó que el 20 de mayo de la misma anualidad se publicaron a
través de la página web de la Rama Judicial los resultados de la prueba aplicada,
con la Resolución núm. CSJSAR19-67 del 17 de mayo de 2019, la cual fue
notificada mediante su fijación, por el término de cinco días hábiles, en la
Secretaría del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander.
Adicionalmente, señaló que, mediante la Resolución núm. CSJSAR21-104 del 24
de mayo de 2021, procedió a publicar el registro seccional de elegibles para
proveer el cargo de oficial mayor o sustanciador de juzgado municipal grado
nominado, en el cual la señora Sandra Jullieth Cortés Samacá se ubicó en el
puesto 81 de los 195 aspirantes. Sin embargo, precisó que el 15 de junio de 2021
la concursante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación en
contra del anterior acto administrativo, en el cual manifestó los motivos de su
inconformidad respecto al factor de experiencia adicional y docencia.
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En consecuencia, esa Seccional procedió a revisar los documentos de aquella, los
cuales fueron allegados por la Unidad de Administración de Carrera Judicial, y
encontró que la certificación laboral expedida por el abogado Jeckson Orlando
Navarro Garzón, como dependiente judicial desde el 25 de agosto de 2014 hasta
el 31 de agosto de 2015, no contaba con la descripción de funciones que
desempeñó, por lo que no podía determinarse si dicha experiencia estaba
relacionada con el cargo al que aspiró. Al respecto, explicitó que la experiencia
relacionada es la adquirida en ejercicio de empleos que tengan funciones similares
a las del cargo a proveer, de manera que la certificación del cargo de citador grado
III (nivel operacional), no cuenta con funciones similares o compatibles al cargo de
oficial mayor o sustanciador de juzgado municipal grado nominado (nivel
asistencial).
Aunado a ello, advirtió que los requisitos y reglas del concurso de méritos deben
cumplirse por todos los aspirantes y, en esa medida, la convocatoria mencionada
es clara al indicar que el cargo de oficial mayor o sustanciador de juzgado
municipal grado nominado requiere, como requisito mínimo, la terminación y
aprobación de todas las materias del pénsum académico que conforman la carrera
de derecho y un año de experiencia relacionada, situación que no acreditó la
peticionaria del amparo, pues al valorar el requisito de experiencia, se tuvo en
cuenta la certificada en los cargos de asistente judicial grado vi y oficial mayor del
Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de
Bucaramanga, en donde no superó los 20 puntos requeridos en el requisito
mínimo para el cargo al que aspiraba.
Por lo anterior, manifestó que el 4 de agosto de 2021 excluyó a la participante, por
medio de la Resolución CSJSAR21-162, decisión que fue confirmada por la
Unidad de Administración de Carrera Judicial, a través de la Resolución CJO21-
0382 del 23 de septiembre de 2021. Así las cosas, concluyó que el Consejo
Seccional no vulneró los derechos fundamentales de la accionante y que la acción
de la referencia es improcedente, por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad, dado que la peticionaria contaba con otro mecanismo de defensa
ante la vía ordinaria, el cual no agotó.
Unidad de Administración de Carrera Judicial
La directora de la Unidad referida, Claudia Granados R. sostuvo que no vulneró
los derechos fundamentales que reclama la peticionaria, por cuanto, al verificar el
cumplimiento de los requisitos, se evidenció entre los documentos anexados al
momento de la inscripción de la accionante, que no fue aportada la certificación
laboral que en esta instancia echa de menos la quejosa, a pesar de que debía
hacerlo, es decir, que no cumplió con lo dispuesto en el Acuerdo de Convocatoria,
en tanto la normativa que rige el concurso es taxativa y obligatoria. Por lo anterior,
arguyó que aquella debía conocer las reglas del concurso al que se inscribió, las
cuales son claras respecto de i) la clase de documentos que acreditaban los
requisitos para el cargo; ii) la fecha máxima de presentación de los mismos y iii) la
estructura y fases del proceso, por lo que la decisión de excluirla no es injusta ni
atenta contra sus derechos fundamentales.
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De otra parte, aseguró que la solicitante discute las decisiones adoptadas
mediante las resoluciones CSJSAR21-162 del 4 de agosto de 2021, CSJSAR21-
288 del 25 de agosto de 2021 y CJR21-0382 del 23 de septiembre de 2021, por lo
que debe acudir a las vías ordinarias para discutir estos actos, comoquiera que la
acción constitucional no puede ser utilizada como mecanismo paralelo de
protección, cuando la legislación tiene establecidas las vías adecuadas para
salvaguardar sus derechos, a través del ejercicio del correspondiente medio de
control judicial previsto en el CPACA, instrumento en el cual puede solicitar, como
medida provisional, la suspensión de sus efectos, habida cuenta que fue este el
medio definido por el constituyente y el legislador para debatir judicialmente
asuntos como el que aquí se propone. Adicionalmente, resaltó que la peticionaria
no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la
acción. En consecuencia, solicitó declarar improcedente la acción o negar el
amparo solicitado.
CONSIDERACIONES
Competencia
La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la
competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1.° del Decreto 333 de 20211, el
cual regula que: «[…] [l]as acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior
de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas
para su conocimiento en primera instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al
Consejo de Estado, y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección
que corresponda […]».
Problema jurídico
Así las cosas, el problema jurídico en esta instancia puede resumirse en las
siguientes preguntas:
1. ¿La señora Sandra Jullieth Cortés Samacá dispone de otro medio de
defensa judicial idóneo y eficaz para discutir la Resolución CSJSAR21-162
del 4 de agosto de 2021, por medio de la cual fue excluida del concurso de
méritos destinado a la conformación del registro seccional del elegibles para
la provisión de los cargos de empleados de carrera de tribunales, juzgados y
centros de servicios, y los actos administrativos, CSJSAR21-288 del 25 de
agosto de 2021 y CJR21-0382 del 23 de septiembre de 2021, que
resolvieron los recursos instaurados en contra de aquella?
1 Por medio del cual se modificaron los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de
2015 referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.
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2. En caso de una respuesta afirmativa al anterior interrogante, deberá
resolverse el siguiente: ¿Está acreditada la configuración de un perjuicio
irremediable?
Para resolver el problema así planteado, se abordará la siguiente temática: (I)
procedencia excepcional de la acción de tutela en contra de las decisiones
adoptadas en los concursos de méritos, (II) exigencia general de subsidiariedad,
(III) análisis de la existencia de otro mecanismo de defensa judicial, (IV) el
perjuicio irremediable y (V) inexistencia de un perjuicio irremediable en el asunto
bajo estudio. Veamos:
• Primer problema jurídico
¿La señora Sandra Jullieth Cortés Samacá dispone de otro medio de defensa
judicial idóneo y eficaz para discutir la Resolución CSJSAR21-162 del 4 de agosto
de 2021, por medio de la cual fue excluida del concurso de méritos destinado a la
conformación del registro seccional del elegibles para la provisión de los cargos de
empleados de carrera de tribunales, juzgados y centros de servicios, y los actos
administrativos, CSJSAR21-288 del 25 de agosto de 2021 y CJR21-0382 del 23
de septiembre de 2021, que resolvieron los recursos instaurados en contra de
aquella?
I. Procedencia excepcional de la acción de tutela en contra de las decisiones
adoptadas en los concursos de méritos
Toda persona puede reclamar ante los jueces, en cualquier momento y lugar, el
restablecimiento inmediato de sus derechos fundamentales, mediante la acción de
tutela, conforme lo dispone el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo
6.° del Decreto 2591 de 1991, siempre que: (i) no cuente con otro medio judicial de
protección; (ii) la acción se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable y (iii) a pesar de la existencia de otro medio judicial de
protección, este no resulte idóneo o eficaz para la defensa de los derechos
fundamentales presuntamente conculcados.
La Corte Constitucional, en la sentencia T – 045 de 2011, definió que la acción de
tutela no procede para controvertir actos administrativos que reglamentan o
ejecutan un proceso de concurso de méritos, toda vez que debe acudirse a las
acciones que para tales fines se prevén en la jurisdicción contenciosa
administrativa. Dicha improcedencia responde a las características de residualidad
y subsidiariedad que rigen este mecanismo de origen constitucional.
Sin embargo, esta corporación también ha señalado que existen, al menos, dos
excepciones a la regla antes referida: (i) cuando la persona afectada no tiene un
mecanismo idóneo y eficaz y distinto a la acción de tutela para defender sus
derechos porque no está legitimada para impugnar los actos administrativos que
los vulneran o porque la cuestión debatida es eminentemente constitucional y (ii)
cuando trata de evitarse la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
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II. Exigencia general de subsidiariedad
La jurisprudencia de la Corte Constitucional2 como de esta corporación ha
sostenido que, debido al carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, en
principio, este medio de defensa judicial resulta improcedente cuando: 1. El
accionante dejó de interponer los recursos judiciales ordinarios que estaban a su
alcance para confrontar la vulneración o amenaza de sus derechos
fundamentales; 2. El accionante acude directamente a la acción de tutela a pesar
de existir otro mecanismo de defensa judicial a su disposición o 3. El proceso o
asunto se encuentra en trámite.
Pese a lo anterior es dable reconocer que la mencionada regla general tiene
algunas excepciones. En relación con el primero de los casos la acción de tutela
resulta procedente cuando logre demostrarse que dicha acción es el único
mecanismo de defensa para proteger un daño gravísimo a un derecho
fundamental y que el accionante no utilizó los mecanismos ordinarios de defensa
por encontrarse en una situación que se lo impedía por completo. Ahora, en
cuanto a la excepción frente al segundo y tercero de los eventos, se configura
cuando los otros mecanismos no resultan idóneos para proteger el derecho
fundamental presuntamente vulnerado y/o no son expeditos para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.
III. Análisis de la existencia de otro mecanismo de defensa judicial
La señora Sandra Jullieth Cortés Samacá solicitó la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, libre desarrollo de la personalidad, debido proceso y
trabajo y la salvaguarda de los principios del mérito y la confianza legítima, los
cuales estimó vulnerados por el Consejo Superior de la Judicatura, la Unidad de
Administración de Carrera Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura de
Santander, con ocasión a la expedición de la Resolución CSJSAR21-162 del 4 de
agosto de 2021, por medio de la cual fue excluida de la convocatoria para la
provisión de los cargos de empleados de carrera de tribunales, juzgados y centros
de servicios, al no cumplir con los requisitos mínimos de experiencia para el cargo
de oficial mayor, pese a que en un inicio con la misma documentación aportada la
admitieron e incluso le otorgaron un puntaje por experiencia adicional.
Pues bien, de lo anterior se advierte que la intención de la accionante es
controvertir la Resolución CSJSAR21-162 de 4 de agosto de 2021 y, a su vez, los
actos administrativos CSJSAR21-288 del 25 de agosto de 2021 y CJR21-0382 del
23 de septiembre de 2021, que confirmaron esta decisión. En esa medida, para
poder emitir un pronunciamiento de fondo sobre lo alegado por la parte
2 Corte Constitucional, sentencia T-011 de 2007. Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil. «[…]En este
orden de ideas, si la parte afectada no interpuso en su debido momento, los recursos establecidos en el
ordenamiento jurídico para salvaguardar los derechos amenazados o vulnerados, es innegable que la acción
de amparo constitucional no tiene la virtualidad de revivir los términos vencidos ni de convertirse en un recurso
adicional o supletorio de las instancias ordinarias previstas en el desarrollo de cada actuación procesal, como
de forma reiterada lo ha manifestado esta Corporación […]»
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accionante, es necesario definir si se encuentran satisfechos los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela.
Así, como los anteriores actos expresan la voluntad de la administración y
definieron la situación jurídica de la peticionaria del amparo, en la medida en que
la excluyeron de continuar en el desarrollo de la convocatoria, la Subsección
concluye que aquella dispone de otro mecanismo de defensa judicial, como lo es
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para discutir la
legalidad de los actos administrativos que considera lesionaron sus derechos
subjetivos, conforme al artículo 138 de la Ley 1437 de 2011.
Por tanto, se colige que la presente acción no cumple con el requisito general de
subsidiariedad, el cual exige que se hayan agotado todos los mecanismos de
defensa judicial con los que cuenta el interesado para ventilar la controversia que se
expone en esta sede constitucional, lo cual no ocurrió en el caso concreto, por lo que
no es factible que el juez de tutela emita una decisión de fondo sobre ese asunto,
pues ello implicaría desconocer las competencias que en la ley se atribuyeron a otra
autoridad judicial.
En esa medida, al no haberse satisfecho la exigencia mencionada, en razón a que
la accionante no empleó el mecanismo de defensa judicial que tenía a su
disposición, antes de formular la presente solicitud de amparo, la acción de la
referencia se torna improcedente. No obstante, debe definirse si en el caso bajo
estudio se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable que flexibilice esta
exigencia y amerite estudiar de fondo el presente asunto, lo que se examinará en
los siguientes acápites.
• Segundo problema jurídico
¿Está acreditada la configuración de un perjuicio irremediable?
IV. El perjuicio irremediable
El perjuicio que determina la procedencia de la acción de tutela de manera
transitoria es aquel que genera un daño de imposible reparación, lo cual justifica la
intervención del juez en orden a evitar el menoscabo de los derechos y garantías
constitucionales. De conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional3, el
perjuicio debe reunir varias características, que deben ser identificadas por la
autoridad judicial para poder conocer el fondo del asunto, estas son: 1. Inminencia,
lo cual implica que el solicitante debe demostrar que el daño está por suceder
prontamente y que no se trata de una simple posibilidad y 2. Gravedad, esto es,
que revista gran relevancia para el ordenamiento jurídico y que, por ende, amerita
la atención inmediata de las autoridades públicas.
3 Corte Constitucional. Sentencia T-1316 del 7 de diciembre de 2001. M.P: Rodrigo Uprimny Yepes.
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Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 1- 1 0 65 1- 0 0
Ac c i o na nt e : S an dr a J u ll i et h C ort és S a m ac á
De igual manera, para que se acredite la existencia de un perjuicio irremediable
debe probarse que las medidas necesarias para evitar su configuración son
urgentes, pues de aplazar su adopción no podría evitarse la ocurrencia del daño.
Así las cosas, se reitera que para que la acción de tutela proceda, a pesar de la
existencia de otro medio de defensa judicial, es necesario que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar dicha afectación.
V. Inexistencia del perjuicio irremediable
La señora Sandra Jullieth Cortés Samacá, en el escrito de tutela, afirmó que si
bien es cierto que cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho y el uso de las medidas cautelares que allí se dispongan, también lo es
que, por la etapa en la que fue excluida, el cronograma fijado para el
nombramiento de los aspirantes y la escogencia de las sedes, dicha vía no
garantiza de forma inmediata sus derechos fundamentales, puesto que, para la
fecha en que se decida ese mecanismo, ya se habrán agotado la totalidad de
plazas ofertadas o incluso el vencimiento de tal lista.
Sin embargo, debe recordársele a la accionante que aquella puede solicitar, ante
el juez contencioso administrativo, la suspensión provisional de los efectos de los
actos administrativos de exclusión, incluso de forma urgente, en los términos del
artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, si de las particularidades del caso, se
advierte la necesidad de una intervención perentoria de la autoridad judicial 4, por
lo que el argumento expuesto no resulta suficiente para obviar el medio de
defensa judicial con el que cuenta y, por ende, flexibilizar el requisito de
procedibilidad aquí estudiado.
Adicionalmente, la Subsección no advierte que la accionante se encuentre bajo
una circunstancia de vulnerabilidad que haga necesaria la intervención del juez
constitucional, ni se dan los presupuestos para considerar una afectación o
amenaza urgente de los derechos fundamentales que el peticionario reclama, por
lo cual no es posible analizar el asunto de fondo.
En consecuencia, se rechazará por improcedente la acción de tutela interpuesta
por la señora Sandra Jullieth Cortés Samacá en contra del Consejo Superior de la
Judicatura, de la Unidad de Administración de Carrera Judicial y del Consejo
Seccional de la Judicatura de Santander, al no cumplirse con la exigencia de
subsidiariedad, como requisito general de procedibilidad para acudir al presente
trámite, y no haberse acreditado la configuración de un perjuicio irremediable.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
4Ver sentencia T-425 de 2019 proferida por la Corte Constitucional.
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Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 1- 1 0 65 1- 0 0
Ac c i o na nt e : S an dr a J u ll i et h C ort és S a m ac á
FALLA
Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora
Sandra Jullieth Cortés Samacá en contra del Consejo Superior de la Judicatura,
de la Unidad de Administración de Carrera Judicial y del Consejo Seccional de la
Judicatura de Santander, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
Segundo: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días
siguientes a su notificación (art. 31 Dcto. 2591 de 1991). Si esta providencia no
fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el cuaderno original de la
actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
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GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
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RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
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ARF
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