Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-10653-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-10653-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-10653-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
3 de febrero de 2022
Demandante: Sebastián Preciado Romero
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sección
Segunda, Subsección D.
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10653-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., tres (03) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10653-00
Demandante: SEBASTIÁN PRECIADO ROMERO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN “D”
Temas: Tutela contra providencia judicial – pago de horas extra,
dominicales y festivos y el reconocimiento de descanso
compensatorio de médico en servicio social obligatorio.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Decide la Sala la solicitud de amparo constitucional presentada por Sebastián
Preciado Romero, actuando por conducto de apoderada judicial, contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en ejercicio de la
acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 26 de mayo de 2015,
modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito enviado el 23 de noviembre de 2021 al correo electrónico
tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co y posteriormente remitido al buzón web de la
Secretaría General del Consejo de Estado, el señor Sebastián Preciado Romero,
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D, con el fin de que sean amparados sus derechos
fundamentales al debido proceso y al principio de primacía de la realidad sobre las
formalidades en materia laboral.
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Demandante: Sebastián Preciado Romero
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sección
Segunda, Subsección D.
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2. La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales,
con ocasión de la providencia del 08 de julio de 20211 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D. En dicha
sentencia, se revocó la decisión que adoptó el Juzgado Segundo Administrativo Oral
del Circuito de Zipaquirá en la sentencia del 28 de enero de 2021, que accedió a las
pretensiones al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho2
promovido contra el Hospital San Rafael de Pacho E.S.E. En su lugar, se negó lo
solicitado.
1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:
PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales de mi mandante al debido
proceso, según lo establecido en el artículo 29 de la Constitución Política,
en concordancia con el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia,
en cuanto a primacía de la realidad sobre las formalidades para
interpretación y aplicación de las normas pertinentes.
SEGUNDO: Ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN D, modifique su
sentencia del 8 de julio de 2021, notificada electrónicamente el día 3 de
noviembre de 2021 en el proceso 25-899-33-33-002-2018- 00283-01
promovido por SEBASTIAN PRECIADO ROMERO contra HOSPITAL SAN
RAFAEL DE PACHO, respecto a revocar sentencia de primera instancia,
negándose las pretensiones respectivas y en su lugar, ordenar que:
1. El TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
SEGUNDA SUBSECCIÓN D vuelva a emitir fallo sobre el presente
proceso considerando la totalidad de pruebas que obran en el
expediente, las cuales no fueron sujetas a contradicción o a aporte de
pruebas en contrario, y en consecuencia tome su decisión atendiendo
a la primacía de la realidad sobre las formalidades estipulada por el
artículo 53 de la Constitución Política de Colombia.
2. Como consecuencia de lo anterior, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN D,
modifique fallo de segunda instancia sobre proceso en referencia,
manteniendo incólume la decisión del ad quo, y por tanto otorgando la
totalidad de pretensiones solicitadas en la demanda que nos ocupa en
el presente caso.
TERCERO: Prevenir para que en ningún caso el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN D, o quien haga sus veces, vuelvan a incurrir en las
1
Notificada el 03 de noviembre de 2021.
2 Identificado con el número de radicado 25-899-33-33-002-2018-00283-00/1
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acciones que dieron mérito a iniciar esta tutela y que si lo hace sea
sancionada conforme a lo dispuesto por la normatividad vigente.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
A continuación se resumen los hechos relevantes para la adopción de la presente
decisión3:
4. El accionante realizó su Servicio Social Obligatorio (SSO) del 19 agosto de
2015 hasta el 26 de septiembre de 20164 en la E.S.E. Hospital San Rafael de Pacho
(Cundinamarca), en el cargo de profesional Servicio Social Obligatorio – Médico,
código 2175.
5. El tutelante sostuvo que ejerció su labor en el Hospital San Rafael de Pacho y
en el Hospital del municipio de Topaipi - Cundinamarca, con horarios que excedían
las 44 horas semanales, en razón de jornadas de 24 horas continuas y de la
disponibilidad de 24 horas 7 días a la semana En su concepto, los compensatorios y
pagos recibidos no retribuyeron de forma proporcional el tiempo laborado.
6. Señaló que en distintas oportunidades6 solicitó información al hospital
referenciado acerca de los horarios, los recargos nocturnos y las horas extras. Como
respuesta a tal requerimiento, le fue informado que dichos conceptos estaban
cubiertos por la asignación básica que se le reconocía al laborar por el sistema de
turnos con disponibilidad.
7. El 4 de mayo de 2018, luego de haber concluido su servicio, el actor solicitó
ante el Hospital San Rafael de Pacho la reliquidación y el pago de los recargos
nocturnos y las horas extras, luego de que dichos factores no le resultaran
reconocidos en la liquidación final del 30 de septiembre de 2016.
8. Al no recibir respuesta a su solicitud, el accionante promovió el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho a fin de que se declarara la nulidad
del acto ficto o presunto negativo que surgió del silencio del Hospital San Rafael de
Pacho E.S.E respecto de la petición radicada el 4 de mayo de 2018.
9. Solicitó, a título de restablecimiento del derecho, que se ordenara al referido
hospital, reconocer y pagar los recargos y horas extras laborados durante el tiempo
que ejerció el cargo de profesional Servicio Social Obligatorio – Médico código 217
con incidencia en las demás prestaciones a que tuviera derecho. A su vez, que se
3 Para lo cual se consultaron las piezas obrantes del expediente aportado.
4 Mediante la Resolución No. 0482 del 26 de noviembre de 2016, se dio por terminado el vínculo
laboral del accionante por cumplimiento del Servicio Social Obligatorio
5 Nombramiento efectuado con la Resolución No. 0355 de 14 de agosto de 2015
6 22 de octubre y 25 de noviembre de 2015; y 22 de marzo de 2016.
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ordenara el pago de los intereses moratorios sobre la totalidad de los valores que
fueran reconocidos por concepto del reajuste solicitado; asimismo, que los pagos
ordenados fueran indexados conforme al índice de precios al consumidor certificado
por el DANE y finalmente, que se condenara en costas a la entidad demandada.
10. El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Zipaquirá mediante
sentencia del 28 de enero de 2021, accedió a las pretensiones formuladas al interior
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número de
radicado 25-899-33-33-002-2018-00283-00/1, promovido contra el Hospital San
Rafael de Pacho E.S.E.
11. Como fundamento de su decisión, consideró que el accionante, en su calidad
de médico en servicio social obligatorio tenía el derecho a obtener el reconocimiento
y pago de horas extras, dominicales, festivos, disponibilidades, y todo trabajo
suplementario, pues ostentaba la calidad de empleado público y, por tanto, tenía
igual derecho frente a tales prestaciones que un médico de la misma categoría en la
entidad7.
12. En este sentido, estimó que los montos reconocidos al tutelante en la
liquidación final del 30 de septiembre de 2016 no correspondían con lo que,
efectivamente, debió pagarse por las jornadas laboradas. En su concepto, no se
reconoció valor alguno correspondiente a horas extras, dominicales ni festivos, por lo
tanto, era evidente la omisión por parte del Hospital San Rafael de Pacho E.S.E.
frente a las acreencias laborales del accionante8. En consecuencia, además de
declarar la nulidad del acto ficto presunto, ordenó el pago de los cargos no
reconocidos a favor del accionante.
13. La parte demandada interpuso recurso de apelación contra dicho proveído,
cuyo conocimiento que correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D.
14. Mediante sentencia del 08 de julio de 20219, el juez de la alzada, revocó la
decisión proferida en primera instancia que había accedido a lo pretendido. En su
lugar, dispuso negar lo solicitado.
15. En concreto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D concluyó que de conformidad con la normatividad aplicable, Decreto
1042 de 1978, y la jurisprudencia del Consejo de Estado en la materia, el
7 Expuso, además que no existían dudas en torno al hecho que la jornada laboral ordinaria que debía
cumplir el accionante dentro de su servicio era la establecida en el Decreto 1042 de 1978, es decir, 44
horas semanales.
8 No obstante ello, indicó que era imposible para el despacho precisar con exactitud la cantidad de
horas extra, dominicales y festivos, pues las pruebas aportadas, no daban cuenta de las mismas, pero
se estimaba si había existido su prestación.
9 Notificada el 03 de noviembre de 2021.
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demandante no tenía derecho al reconocimiento y posterior pago de los recargos
nocturnos y de las horas extras pretendidas. Esta decisión fue notificada a las partes
el día 03 de noviembre de 2021. Ello, por cuanto el cargo del actor como médico en
servicio social obligatorio no pertenece al nivel técnico hasta el grado 09 o al nivel
asistencial hasta el grado 19, situación en la que si se reconoce el pago de lo
pretendido.
1.4. Fundamentos de la vulneración
16. El accionante considera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D, vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso y al principio de primacía de la realidad sobre las formalidades en materia
laboral, con ocasión de la sentencia de 08 de julio de 2021.
17. La parte actora precisó que la autoridad judicial tutelada profirió la sentencia
de segunda instancia sin siquiera abrir etapa de alegatos de conclusión. Pese a ello,
señaló en la providencia censurada que “las partes no presentaron alegatos de
conclusión”10, lo cual, en concepto del accionante, resulta obvio en la medida en que,
como señaló, no hubo apertura de esa etapa, o señalamiento de un término para tal
fin, como se evidencia en los estados del tribunal de mayo a julio de 2021.
18. Precisó, frente a este punto, que si bien se avizoraba una posible nulidad
debido a la falta de apertura de la etapa de alegatos de conclusión (artículos 294 de
Ley 1437 de 2011 y 133-6 del Código General del Proceso), lo cierto es que a partir
de las razones por las cuales el juez de segunda instancia revocó lo decidido en
primera tornaría inane el adelantamiento del respectivo incidente.
19. En específico, la parte accionante expuso que aun cuando hubiera promovido
el incidente de nulidad por haberse pretermitido dicha etapa procesal, la eventual
apertura de los alegatos de conclusión no hubiera representado nada distinto a la
reiteración de los argumentos por parte de ambos extremos, respecto de los cuales
la autoridad judicial accionada acogió, en la sentencia censurada, los propuestos por
la demandada.
20. Es decir, los relacionados con la improcedencia del reconocimiento de las
horas extras y de los recargos nocturnos pretendidos por el accionante, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 1042 de 1978, al no
enmarcarse su situación fáctica dentro de los presupuestos para acceder a lo
peticionado. Ello, por cuanto el cargo del actor, esto es, médico del Servicio Social
Obligatorio, no se encuentra catalogado en el nivel operativo o técnico, ni tampoco
contaba con autorización para trabajar las jornadas que señaló como laboradas.
10 Página 4 de la sentencia.
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21. Al margen de lo anterior, señaló específicamente que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, al desatar la
alzada, incurrió en i) defecto procedimental absoluto; ii) decisión sin motivación y iii)
violación directa de la Constitución.
22. Frente al primer reproche, esto es, el defecto procedimental absoluto,
sostuvo que si bien la colegiatura tutelada “no vulneró en forma absoluta el
procedimiento debido, salvo la apertura de los alegatos de conclusión no realizada”,
sí actuó con exceso ritual manifiesto al exceder la aplicación de formalidades que
hicieron nugatorio su derecho.
23. En concreto, indicó que el exceso ritual manifiesto se materializó por parte de
la autoridad judicial accionada, al pretender la existencia de autorizaciones previas
por parte del Hospital San Rafael de Pacho E.S.E. para el desempeño de las horas
extras y los respectivos recargos, sin atender que dicha entidad jamás obró en tal
forma, es decir, autorizando tales jornadas. Asimismo, consideró que se ignoró la
evidente obligatoriedad en la que el accionante debió llevar a cabo tales jornadas.
24. En el mismo sentido, señaló que también constituye un exceso ritual
manifiesto hacer nugatorio su derecho, por no haber ocupado un cargo en una
categoría específica (operativo o técnico de conformidad con el Decreto 1040 de
1978), si se tiene en cuenta que no podía decidir las labores que la demandada le
asignó mientras se desempeñó en dicha entidad.
25. En lo relativo a la ii) decisión sin motivación, manifestó que la sentencia
objeto de reproche no cumple con los requisitos que establece el artículo 187 de la
Ley 1437 de 2011 para la formulación de providencias. A su juicio, el fallador no
realizó un estudio juicioso de la realidad fáctica del caso ni de la normatividad
aplicable al mismo. Igualmente, sostuvo que no se pronunció acerca de la totalidad
de las pretensiones formuladas. Por otra parte, estimó que la accionada privilegió las
formalidades respecto de los hechos probados.
26. En lo que atañe a la iii) violación directa de la Constitución, adujo que con
la sentencia censurada se vulneró el artículo 29 superior por no haberse abierto
oportunidad para presentar alegatos de conclusión. Asimismo, señaló que se
desconoció el principio de realidad sobre las formalidades consagrado en el artículo
53 ibídem.
1.5. Trámite de la acción de tutela
27. Mediante auto de 02 de diciembre de 2021, el magistrado ponente de esta
providencia admitió la tutela y ordenó la notificación de la parte accionante y de los
magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “D”, como autoridad judicial accionada.
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28. Igualmente, dispuso la vinculación del i) Hospital San Rafael de Pacho, por
haber sido la parte demandada en el proceso ordinario; ii) el Juzgado 2º
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Zipaquirá, al haber sido la autoridad que
profirió la sentencia de primera instancia. y, iii) de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, conforme lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del
Proceso.
29. Por otra parte, se solicitó a la Secretaría de la Sección Segunda, Subsección
“D” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, remitir en formato digital el
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 25899-33-33-
002-2018-00283-01.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, se remitió lo siguiente:
1.6.1. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Zipaquirá
30. Mediante memorial remitido el 13 de diciembre de 2021 al buzón web de esta
Corporación, el juzgado señaló que no podía efectuar pronunciamiento alguno, en
razón a que el expediente se encontraba en el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca - Sección Segunda, con ocasión al recurso de alzada promovido.
1.6.2. Hospital San Rafael de Pacho E.S.E
31. A través de memorial enviado el 15 de diciembre de 2021 al buzón web de la
Secretaría General del Consejo de Estado, el representante legal del Hospital San
Rafael de Pacho E.S.E, en síntesis, manifestó lo siguiente:
32. Reiteró los argumentos expuestos al interior de las distintas instancias del
proceso ordinario relacionados con que, según el artículo 36 del Decreto 1042 de
1078, solo se puede autorizar el reconocimiento y pago de horas extras, cuando el
empleado pertenezca al nivel técnico hasta el grado 09 o al nivel asistencial hasta el
grado 19, situación que no se predicaba del accionante, pues los médicos en servicio
social obligatorio no se encuentran específicamente nombrados en cargos de esta
naturaleza, toda vez que su vínculo es como profesionales.
33. Trajo a colación las sentencias del Consejo de Estado de la Sección Segunda
del 18 de julio de 201911 y del 07 de septiembre de 201812, que decidieron asuntos
11 Radicado número: 13001-23-31-000-2001-01794-01(1701-13). Consejero Ponente: César
Palomino Cortés.
12 Radicado número: 25000-23-25-000-2010-00094-01 4089-14. Consejero Ponente: Carmelo Darío
Perdomo Cuéter.
7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Sebastián Preciado Romero
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sección
Segunda, Subsección D.
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10653-00
relacionados con médicos que adelantaron su servicio social obligatorio y
posteriormente solicitaron el reconocimiento y pago de horas extra.
34. Finalmente, solicitó la desvinculación del Hospital San Rafael de Pacho E.S.E
del presente trámite, al no vislumbrar que se ha incurrido en alguna acción u omisión,
que constituya violación directa o indirecta a los derechos fundamentales
reclamados. Asimismo, negar lo pretendido por el accionante, pues el fallador de
segunda instancia emitió una decisión ajustada a derecho, con fundamentos fácticos
y jurídicos acordes al tema objeto de estudio.
1.6.3 La Sección Segunda, Subsección “D” del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Tribunal de Cundinamarca, se limitó al envío del expediente digital
mediante correo electrónico del 13 de enero del año 2022, sin emitir pronunciamiento
adicional.
1.6.4 La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no emitió
pronunciamiento alguno pese a ser notificada en debida forma.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
35. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por
Sebastián Preciado Romero contra la sentencia del 8 de julio de 2021 proferida por la
Sección Segunda, Subsección “D” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Tribunal de Cundinamarca, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2 Cuestión Previa – solicitud de desvinculación
36. Esta Colegiatura advierte que el Hospital San Rafael de Pacho E.S.E solicitó
su desvinculación del presente trámite, no obstante, se negará la referida petición, en
razón a que su comparecencia a este mecanismo se hizo en calidad de tercero con
interés, teniendo en cuenta que es la autoridad demandada al interior del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho en el que se expidió la providencia
controvertida.
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2.3. Legitimación en la causa
37. En primer lugar, la Sala advierte que Sebastián Preciado Romero está
legitimado en la causa por activa, a la luz de lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política y los artículos 1°, 10, 46 y 49 del Decreto Ley 2591 de 1991, en
la medida en que la acción de amparo puede ser desplegada por cualquier persona
que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales.
38. En el caso concreto, se tiene que el tutelante promovió el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra el Hospital San Rafael de Pacho E.S.E
a fin de que i) se declarara la nulidad del acto ficto o presunto negativo que surgió del
silencio de dicha entidad a la petición radicada el 4 de mayo de 2018, mediante la
cual solicitó el reconocimiento de los recargos nocturnos, horas extras laboradas y,
por tanto, la reliquidación de las prestaciones sociales a las que, estimó, tiene
derecho. Igualmente, a título de restablecimiento del derecho, que ii) se ordenara el
pago de lo solicitado.
39. En este sentido, resulta claro que el señor Sebastián Preciado Romero es el
titular de los derechos fundamentales cuya vulneración alega, razón por la cual está
legitimado en la causa por activa.
40. Por otro lado, esta Sala de Decisión observa que la Sección Segunda,
Subsección “D” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Tribunal de
Cundinamarca, está legitimada en la causa por pasiva, por ser la autoridad judicial
que profirió la sentencia censurada al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, identificado con el radicado N. º 25-899-33-33-002-
2018-00283-00/1, que es objeto de esta acción constitucional.
2.4. Problema jurídico
41. Corresponde a la Sala resolver los siguientes interrogantes:
¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetivos
de la tutela contra providencia judicial?
42. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará:
Si la Sección Segunda, Subsección “D” del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, al proferir la sentencia del 8 de julio de 2021, que revocó la
decisión dictada por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito
de Zipaquirá el 28 de enero de 2021, incurrió en los defectos
procedimental absoluto, decisión sin motivación y violación directa de la
Constitución por negar las pretensiones del accionante relacionadas con el
reconocimiento y pago de los recargos y horas extras laborados durante el
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Demandante: Sebastián Preciado Romero
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sección
Segunda, Subsección D.
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tiempo que ejerció el cargo de Profesional Servicio Social Obligatorio, y por
tanto, vulneró sus derechos fundamentales.
2.5. Razones jurídicas de la decisión
43. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales; (ii) estudio de los requisitos de procedibilidad
adjetiva; (iii) análisis del caso concreto en atención a los defectos a estudiar.
2.6. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
44. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
13
2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema14 y declaró su
procedencia15.
45. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, la acreditación de los siguientes requisitos: i) que el asunto
sea de relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez; iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
46. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en
la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa,
motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
47. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
13Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora:
Nery Germania Álvarez Bello. C.P.: María Elizabeth García González.
14 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
15 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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2.7. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.7.1. Relevancia constitucional16
48. La Sala advierte que el asunto que se estudia en el sub judice comporta
relevancia constitucional. Lo anterior, por cuanto la parte actora cuestiona la
razonabilidad de la providencia que dispuso no acceder al pago de horas extras y
otros elementos a favor del accionante, quien se desempeñó en la entidad
demandada como médico en Servicio Social Obligatorio.
49. En este sentido, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión pues,
en efecto, Sebastián Preciado Romero consideró vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y al principio de primacía de la realidad sobre las
formalidades en materia laboral, en razón a que, en su sentir, el operador jurídico
tutelado incurrió en los defectos procedimental absoluto, decisión sin motivación y
violación directa de la Constitución al proferir la sentencia que desató la alzada.
50. Teniendo en cuenta lo anterior, las garantías constitucionales mencionadas
que subyacen en el sub lite, por ser aquellas cuya protección pretende el accionante,
tienen rango constitucional al tenor de lo dispuesto en el artículo 29 de la Carta, lo
que implica que las mismas trasciendan el ámbito meramente legal. En virtud de lo
expuesto, el asunto es de relevancia constitucional cuando prima facie resulta
necesario verificar si subsiste violación o amenaza a los derechos fundamentales,
después de haber agotado el procedimiento judicial establecido por la ley para su
protección.
51. Adicionalmente, la relevancia constitucional implica que el asunto de la acción
de tutela tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su
aplicación, para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales y libertades públicas.
16 Al respecto consultar Consejo de Estado,Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00;
Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-
000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia
13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-
05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
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2.7.2. Tutela contra tutela
52. En el caso objeto de estudio, es imperioso concluir que no existe reparo
alguno en cuanto hace referencia a este requisito de procedibilidad, toda vez que no
se trata de una tutela contra decisión de la misma naturaleza17, pues la
providencia que se censura fue proferida dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado N. º 25-899-33-33-002-
2018-00283-00/1.
2.7.3. Inmediatez18
53. En relación con este requisito, tampoco se advierte ningún reproche, en vista
de que la providencia de la Sección Segunda, Subsección “D” del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca fue proferida el 08 de julio de 202119, mientras que
la presente acción constitucional fue radicada el 23 de noviembre del mismo año. En
consecuencia, resulta diáfano que la tutela se presentó dentro del término que esta
Sala ha considerado razonable para el uso del mecanismo excepcional.
2.7.4. Subsidiariedad
54. En su escrito de tutela, el extremo accionante alegó que la sentencia proferida
por la Sección Segunda, Subsección “D” del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, es carente de motivación por la razón indicada en el numeral 24 de la
presente providencia.
55. Con relación a este punto, resulta irrefutable para la Sala que los
17 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-
00014-00; Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00400-
00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00092-00;
Sentencia 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-00179-00;
Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00141-00;
Sentencia 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01; Sentencia
13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20.,
M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Rocío
Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00.
18 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 20.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia 30.01.20., Rad. 11001-03-15-
000-2019-05167-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20,
Rad. 11001-03-15-000-2019-03890-01; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00;
Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-
000-2019-04693-01; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia
20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01.
19 Notificada a las partes por medios electrónicos el 03 de noviembre de 2021.
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planteamientos por medio de los cuales el actor argumenta que no hubo motivación
de la sentencia se enmarcan en una de las causales de procedibilidad del recurso
extraordinario de revisión. En específico, la contemplada en el numeral 5 del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, a saber, “Existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
56. En ese contexto, al revisar el contenido de la carga argumentativa expuesta,
para la Sala es claro que el objetivo de la parte tutelante es demostrar la existencia
de una decisión que, en su sentir, no se pronunció respecto de asuntos que fueron
objeto de censura tanto en la demanda como en el recurso de alzada. Es decir, la
objeción radica en el desconocimiento del principio de congruencia por parte del
fallador de segunda instancia en el proceso en cita.
57. En ese sentido, esta Colegiatura encuentra que, reiterando el criterio expuesto
por esta Sección en anteriores oportunidades20 y teniendo en cuenta la posición de
la Sala Veintidós Especial de Revisión de esta Corporación, el dictar una sentencia
minus petita, implica una violación al principio de congruencia, lo cual es una de las
causales de nulidad originada en la sentencia, por lo que, contra ella procede el
recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 de la Ley 1437 de 2011,
específicamente por la causal contenida en el numeral 5° del artículo 250 ejusdem,
postura que señaló:
2.6. Desconocimiento del principio de congruencia como causal de
nulidad de la sentencia
Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la
Sala Plena Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª
del artículo 188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad
originada en la sentencia, se configura, entre otras razones, cuando al
demandado se le condena por cantidad superior, o por objeto distinto del
pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en la misma.
Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de
competencia, en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los
límites impuestos en la causa petendi.
Ello significa que es procedente el recurso extraordinario de revisión
contra los fallos dictados por esta jurisdicción en segunda instancia o única,
si se alega el desconocimiento del principio de la congruencia, que en
últimas implica una actuación sin competencia.
(…)
El CPACA no trae una disposición similar, sin que ello signifique que este
principio no se exija, pues de hecho el mismo se encuentra regulado en el
20 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 27 de enero del 2022, Rad No.
11001-03-15-000-2021-10804-00, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. Consejo de Estado, Sección Quinta,
Sentencia del 25 de noviembre del 2021, Rad No. 11001-03-15-000-2021-07245-00, M.P. Pedro Pablo
Vanegas Gil.
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artículo 305 del C. de P. C y 281 del nuevo Código General del Proceso, en
los siguientes términos:
“Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la
demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y
con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si
así lo exige la ley.
(…)
En términos generales, la congruencia se entiende como el deber legal
que tienen los funcionarios judiciales al emitir sus decisiones de no
incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita, definidos por la
jurisprudencia del Consejo de Estado, en los siguientes términos:
“Este principio de la congruencia de la sentencia [C.C.A. Art. 170], exige de
una parte que exista armonía entre la parte motiva y la parte resolutiva de
la misma, lo que se denomina congruencia interna, y de otra, que la
decisión que ella contenga, sea concordante con lo pedido por las partes
tanto en la demanda, como en el escrito de oposición, denominada
congruencia externa, es decir, se tome la decisión conforme se ha marcado
la controversia en el proceso.
“Cuando en una providencia judicial, no se respeta el principio de la
congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita”
que consiste en reconocer un mayor derecho que el invocado por el
demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce un derecho que no ha sido
reclamado o cuando se reconoce un derecho reclamado o se acoge la
pretensión pero por una causa diferente o deducida de hechos no
alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre
una de las pretensiones.”
(…)
En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo
expuesto, que la causal de revisión contenida en el numeral 5º del
artículo 250 del CPACA -antes 6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir,
nulidad originada en la sentencia, se puede configurar cuando el fallo
objeto de revisión ha desatendido la congruencia interna y/o la externa,
pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en una clara violación del
debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que la providencia
proferida en esos términos resulta contraria a las formas propias de cada
juicio, en específico, la falta de competencia del juez para abordar asuntos
frente a los cuales no se podía pronunciar. (…)”. (Negrilla y subrayado
fuera del texto).
58. Por otra parte, el actor señaló una presunta violación directa de la
Constitución, específicamente de sus artículos 29 y 53. Expuso en lo referido a la
primera disposición constitucional, que la trasgresión se derivó de la no apertura de
alegatos de conclusión en el trámite del recurso de apelación21.
21 (Artículo 294 Ley 1437 de 2011 y Artículo 133-6 CGP por remisión expresa)
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59. Frente a este punto, resulta diáfano para la Sala que el argumento tendiente a
señalar que se pretermitió una etapa procesal como los alegatos es una de las
irregularidades previstas en el artículo 133 del Código General del Proceso22 que
pueden generar la nulidad del proceso.
60. En este sentido, el actor pudo promover un incidente de nulidad al estimar que
la autoridad judicial accionada omitió llevar a cabo la etapa de alegatos de
conclusión; lo cual, se insiste, se configura como una irregularidad que genera
nulidad del proceso. Asimismo, debe resaltarse que el ejercicio del incidente,
entendido como el mecanismo idóneo, no es facultativo.
61. Por tanto, como quiera que para debatir sobre los motivos que sustentan los
defectos alegados existen otros medios de defensa judicial –recurso extraordinario
de revisión e incidente de nulidad- esta Colegiatura declarará la improcedencia del
amparo con relación al cargo de decisión sin motivación y violación directa de la
Constitución respecto de su artículo 29.
62. No obstante, respecto de los cargos restantes, estos son, el defecto
procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto y violación directa de la
Constitución respecto del artículo 53 en los que presuntamente incurrió el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, se acredita que
los tutelantes no disponen de otros medios de defensa judicial ordinarios ni
extraordinarios. En consecuencia, la Sección procederá con su análisis.
2.8. Caso concreto
63. Para el accionante, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda Subsección D, incurrió en exceso ritual manifiesto al, presuntamente,
pretender para el reconocimiento de las jornadas complementarias laboradas, la
existencia de autorizaciones previas por parte del Hospital San Rafael de Pacho
E.S.E. para adelantar tales actividades, pasando por alto que la demandada nunca
obró en tal sentido, es decir, no emitía este tipo de autorizaciones, así como la
evidente obligatoriedad en la que el actor, asegura, debió llevar a cabo tales
jornadas.
64. Asimismo, en sentir del accionante que se haya dispuesto que para efectos
del pago de horas extra, dominicales o festivos, o reconocimiento de descanso
compensatorio, el empleo deberá pertenecer al nivel operativo, hasta el grado 17 del
nivel administrativo y hasta el grado 09 del nivel técnico, en aplicación de lo
dispuesto en el Decreto 1040 de 1978, implica exceso ritual manifiesto y una
exigencia que hace nugatorios sus derechos y garantías laborales.
22 Numeral 6.
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65. Lo anterior, por cuanto aseguró que no tenía control sobre las labores que la
demandada le asignó mientras se desempeñó en dicha entidad como médico en
desarrollo de su Servicio Social Obligatorio. Es decir que no dependían del actor
llevar o no a cabo labores de nivel administrativo o técnico.
66. Para el accionante, tales exigencias representaron, a su vez, una violación
directa de la Constitución, particularmente del artículo 53, pues a partir de la
aplicación del Decreto 1042 de 1978 realizada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, se desconoció la realidad fáctica
del caso, es decir, que su trabajo y disponibilidad desbordó las jornadas ordinarias
sin que ello, en su sentir, haya tenido la retribución correspondiente.
2.8.1 Defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto
67. Como lo expresó esta Corporación en la providencia del 5 de agosto de
23
2014 , el mencionado defecto se origina cuando el juez actúa completamente al
margen del procedimiento establecido.
Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-636 de 2015, manifestó:
“El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, en el cual incurre una
autoridad judicial cuando con sus actuaciones y decisiones desconoce el derecho
de los ciudadanos de acceder a la administración de justicia y su obligación de
dar prevalencia al derecho sustancial. Tal defecto se presenta cuando un
funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la
eficacia del derecho sustancial y por esta vía, sus actuaciones devienen en una
denegación de justicia, bien sea por (i) aplicar disposiciones procesales que se
oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exigir
el cumplimiento de requisitos formales de forma irreflexiva y que en determinadas
circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes,
siempre que esa situación se encuentre comprobada; o (iii), incurrir en un
rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas.”24
68. Frente al particular, conviene analizar el estudio desplegado por parte del
Tribunal reprochado a fin de constatar si, en efecto, el mismo incurrió en el defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto y, por tanto, su conducta devino en una
denegación de justicia.
69. Para iniciar, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D al abordar el asunto planteó que el problema
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela - Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez
24 Corte Constitucional, sentencia SU-636 de 2015 (MP María Victoria Calle Correa, SV Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub).
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jurídico a resolver era determinar si, en atención a los presupuestos fácticos que se
encontraban probados en el proceso, la normatividad aplicable y los argumentos
esbozados en el recurso de apelación, resultaba procedente o no el reconocimiento y
posterior pago de los recargos nocturnos y de las horas extras al hoy accionante.
70. Para la resolución del problema jurídico propuesto, se refirió, en primer lugar,
a la Ley 50 de 1981, por medio de la cual se creó el Servicio Social Obligatorio en
Colombia. En concreto, recordó que este servicio lo realizan aquellas personas con
formación tecnológica o universitaria, de acuerdo con los niveles establecidos en el
artículo 25 del Decreto -Ley 80 de 1980, luego de la obtención del respectivo título y
su prestación es una obligación tanto para los nacionales como los extranjeros
graduados en el exterior, que pretendan ejercer su profesión en el país25. Finalmente,
que las tasas remunerativas y el régimen prestacional de quienes lo realicen
corresponde al de la institución a la que se vinculen26.
71. A su turno, mencionó la Ley 1164 de 2007, “Por la cual se dictan disposiciones
en materia del talento humano en salud”, la cual, en su artículo 33, regula de manera
específica el Servicio Social Obligatorio para los egresados de los programas de
educación superior del área de salud.
72. Puso de presente que a la luz de tal disposición, el Servicio Social Obligatorio
debe ser prestado en poblaciones deprimidas urbanas o rurales o de difícil acceso,
en entidades relacionadas con la prestación de servicios, la dirección, la
administración y la investigación en las áreas de la salud.
73. Posteriormente, la autoridad judicial accionada aludió al Decreto 1042 de
27
1978 , haciendo especial énfasis en las disposiciones que resultan aplicables al sub
judice.
74. Se refirió, entre otras, a su artículo 36 según el cual:
[c]uando por razones especiales del servicio fuere necesario realizar trabajos en
horas distintas de la jornada ordinaria de labor, el jefe del respectivo organismo o
las personas en quienes este hubiere delegado tal atribución, autorizarán
descanso compensatorio o pago de horas extras.
75. Disposición que, a su vez, establece que el pago de horas extras o el
reconocimiento del descanso compensatorio debe atender a los siguientes requisitos:
25 Ley 50 de 1981, artículo 1.
26 Ídem, artículo 6.
27 “Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades
administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes
a dichos empleos y se dictan otras disposiciones”.
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Segunda, Subsección D.
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a) El empleo o del funcionario que va a trabajarlas deberá tener una asignación
básica mensual que no exceda de diez mil pesos.
b) El trabajo suplementario deberá ser autorizado previamente, mediante
comunicación escrita, en la cual se especifiquen las actividades que hayan de
desarrollarse.
c) El reconocimiento del tiempo de trabajo suplementario se hará por resolución
motivada y se liquidará con un recargo del veinticinco por ciento sobre la
remuneración básica fijada por la ley para el respectivo empleo. Los incrementos de
salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente Decreto se tendrán en
cuenta para liquidar las horas extras.
d) En ningún caso podrán pagarse más de 40 horas extras mensuales.
e) Si el tiempo laboral fuera de la jornada ordinaria superare dicha cantidad, el
excedente se reconocerá en tiempo compensatorio, a razón de un día hábil por cada
ocho horas extras de trabajo.
76. Luego de ello, la autoridad judicial accionada, de manera acertada, recordó
que la Ley 10 de 198928, modificó los literales a) y d) del precitado artículo 36 y el
literal a) del artículo 40 del Decreto 1042 de 1978 en lo relativo al pago de horas
extras, dominicales y festivos y el reconocimiento de descanso compensatorio, a
través de su artículo 13 en los siguientes términos:
ARTÍCULO 13. Para efectos del pago de horas extras, de dominicales y festivos
o del reconocimiento del descanso compensatorio, los literales a. y d. del artículo
36 del Decreto-ley 1042 de 1978; y el literal a. del artículo 40 del mismo Decreto,
quedarán así: a. El empleo deberá pertenecer al Nivel Operativo, hasta el
grado 17 del Nivel Administrativo y hasta el grado 09 del Nivel Técnico. b.
En ningún caso podrá pagarse más de cincuenta (50) horas extras mensuales.
(Énfasis de la Sala)
77. Una vez expuesto el marco normativo aplicable, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, hizo alusión a una sentencia de
esta Corporación, proferida por la Sección Segunda29, para referirse a un asunto en
el que, al igual que en el presente, se solicitó el reconocimiento y pago de las horas
extras, trabajo suplementario en domingos y festivos, por parte de una persona que
se desempeñó como médico del Servicio Social Obligatorio.
78. Al respecto, en dicha oportunidad esta Corporación determinó que, de
conformidad con la normativa aplicable, esto es, el Decreto 1042 de 1978, el
demandante no tenía derecho al pago de horas extras en la medida en que su cargo,
28 “Por la cual se establecen las escalas de remuneración de los empleos de los Ministerios,
Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Unidades
Administrativas especiales del Orden Nacional, y se dictan otras disposiciones en materia salarial”.
29 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección “B”,
Consejero Ponente: Dr. César Palomino Cortés. Dieciocho (18) de julio de dos mil diecinueve (2019).
Radicación:13001-23-31-000-2001-01794-01 (1701-13) Demandante: Yamal Antonio Afiuni López.
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Demandante: Sebastián Preciado Romero
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sección
Segunda, Subsección D.
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10653-00
de conformidad con el artículo 36 ídem, no pertenecía al nivel operativo (literal a), y
de la documentación aportada por el mismo no había certeza en torno a la
autorización del funcionario competente o de la persona delegada para el efecto
(literal b) para adelantar trabajo suplementario.
79. Con esas precisiones normativas y jurisprudenciales, la colegiatura accionada
estableció que atendiendo a los presupuestos fácticos que se encontraban probados
en el proceso, no había lugar a acceder al reconocimiento pretendido de los recargos
nocturnos y de las horas extras al hoy accionante, en la medida en que el cargo en el
que se desempeñaba, esto es, médico en Servicio Social Obligatorio, no se
encuentra dentro de los señalados en el precitado literal a) del artículo 36 del Decreto
1042 de 1978 modificado por el artículo 13 del Decreto 10 de 1989, es decir, en el
nivel operativo o técnico.
80. En este sentido, contrario a lo señalado por el accionante, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, no sustentó su
negativa en la existencia o inexistencia de autorizaciones previas por parte del
Hospital San Rafael de Pacho E.S.E. para adelantar jornadas complementarias, sino,
exclusivamente en que la naturaleza del cargo en que el accionante se desempeñó
en la entidad demandada, pertenecía al nivel profesional. Lo cual, implicaba que no
correspondiera con los requisitos legales establecidos para el reconocimiento de los
emolumentos pretendidos por el actor, como quiera que, se itera, son los empleos
del nivel operativo -hasta el grado 17- y del nivel administrativo -hasta el grado 09 del
Nivel Técnico- a los que se reconoce el pago de horas extras, de dominicales y
festivos o del reconocimiento del descanso compensatorio.
81. Por lo anterior, la Sala encuentra que la actuación adelantada por la autoridad
reprochada no impuso ningún procedimiento como barrera para la eficacia de
derecho sustancial alguno. Por el contrario, esta judicatura considera que la forma en
que la accionada abordó el análisis del asunto, lejos de configurarse como exceso
ritual manifiesto, resulta compatible con la línea jurisprudencial en la materia de esta
Corporación.
82. Por los motivos expuestos, la Sala encuentra que el defecto procedimental
absoluto no tiene vocación de prosperar.
2.8.2. Violación directa de la Constitución
83. Tal y como se puso de presente, la Sala estima que el análisis efectuado por
la colegiatura tutelada a partir de lo dispuesto en el Decreto 1042 de 1978, que
dispone que toda labor realizada en exceso de las 44 horas semanales (jornada
ordinaria) constituye horas extras, las cuales deben ser reconocidas siempre que se
cumplan las condiciones previstas en el artículo 36 ibídem, resultó compatible con la
jurisprudencia aplicable al caso.
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84. Por tanto, la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, no representó la vulneración del
artículo 53 de la Constitución30 relativo a los principios rectores en materia laboral.
2.9. Conclusión
84.- En atención a lo señalado, esta Sección del Consejo de Estado encuentra
acertado el razonamiento de la autoridad judicial accionada pues, como se comentó,
la situación del accionante no atiende los requisitos previstos en el artículo 36 del
Decreto 1042 de 1978 para acceder al reconocimiento de lo pretendido.
85.- En esos términos, la Sala encuentra que la sentencia del 8 de julio de 2021 no
incurrió en defecto procedimental absoluto ni en violación directa de la Constitución,
razón por la cual negará el amparo de los derechos invocados por el actor respecto a
estos yerros.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por el Hospital San
Rafael de Pacho E.S.E., conforme lo señalado en las consideraciones de esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela por los cargos
relacionados con la decisión sin motivación y la violación directa de la Constitución,
por las razones expuestas en esta providencia.
30 Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta
por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los
trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo;
estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales;
facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al
trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales;
garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección
especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El estado garantiza el derecho al
pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del
trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los
acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los
derechos de los trabajadores.
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TERCERO: NEGAR el amparo invocado por el señor Sebastián Preciado Romero
por los motivos insertos en esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: En el evento de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Con aclaración de voto)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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