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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-10707-00

Fecha
3 de marzo de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-10707-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

3 de marzo de 2022

1

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10707-00
Demandante: José Manuel Contreras Correa

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10707-00
Demandante: José Manuel Contreras Correa
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

Temas: Tutela contra providencia judicial que decreta caducidad del medio
de control reparación directa en casos de delitos de lesa
humanidad, desplazamiento forzado y cualquier otro asunto en el
que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad
patrimonial del Estado / Desconocimiento del precedente
jurisprudencial

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por José Manuel Contreras Correa
contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en aras de obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, el señor José Manuel Contreras Correa, quien actúa por intermedio de

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Demandante: José Manuel Contreras Correa

apoderado, promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó dejar sin efectos la decisión de segunda
instancia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A del 7
de mayo de 2021, dentro del proceso radicado número 05001-23-33-000-2013-01180
01(60859) que revocó la sentencia del 17 de octubre de 2017, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia y declaró probada la excepción de caducidad del
medio de control reparación directa.

1.1.2. Los hechos

El accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

i) El 23 de julio de 2013, por intermedio de apoderado, junto con otros familiares,
interpuso el medio de control reparación directa ante el Tribunal Administrativo de
Antioquia contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército y Policía Nacional, con
ocasión del daño sufrido por la muerte del señor William de Jesús Contreras Correa
ocurrida el 2 de julio de 1996, en su condición de miembro activo del sindicato
Sintainagro y simpatizante de la Unión Patriótica, hechos que se atribuyeron a las
Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá —ACCU— y que obligaron al
desplazamiento forzado de los demandantes.

ii) El Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia el 23 de julio de
2013, la cual en el análisis de estructuración de los elementos de la responsabilidad
del Estado encontró probado el medio exceptivo hecho de un tercero.

iii) Interpuesto el recurso de apelación, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, mediante providencia del 7 de mayo de 2021, revocó la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, declaró probada de oficio la excepción de caducidad
de la acción, al considerar que de acuerdo con la sentencia de unificación del
Consejo de Estado, Sección Tercera del 29 de enero de 2020 y de la Corte
Constitucional SU- 312 de 2020, el derecho de acción de los demandantes para
interponer la demanda de reparación directa inició desde cuando cesó el

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Demandante: José Manuel Contreras Correa

desplazamiento forzado, esto es, desde el 13 de diciembre de 1997; por ende, podía
instaurarse hasta el 13 de diciembre de 1999 y solamente se presentó cuando
habían transcurrido más de 14 años.

1.1.3. Los defectos invocados

En sentir del accionante, la sentencia del 7 de mayo de 2021 del Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento
del precedente jurisprudencial, en atención a las siguientes circunstancias:

i) La sentencia cuestionada incurre en defecto fáctico por indebida valoración
probatoria porque se desconocieron los medios de prueba con fundamento en los
cuales la existencia de una amenaza de las —ACCU— ocasionó el desplazamiento
forzado de la familia, y en ese momento no era posible deducir la responsabilidad del
Estado, aspecto que pudieron dilucidar en el marco del proceso de justicia y paz,
después de una exhaustiva investigación realizada por el apoderado.

ii) El precitado defecto, acontece porque se obvia en la sentencia cuestionada
que los demandantes conocieron que fueron miembros de las —ACCU— los que
privaron la vida del señor William de Jesús Contreras Correa y que no era evidente la
responsabilidad por acción o por omisión de las autoridades, que permitiera deducir
la participación o complicidad de la Fuerza Pública en dicha actuación ilegal.

iii) El defecto fáctico también se presenta porque la valoración de los medios de
prueba conllevó a una equivocada aplicación de la sentencia de unificación del 29 de
enero de 2021, emitida por la Sección Tercera, Subsección A, que sirvió de sustento
a la declaratoria de caducidad de la acción, dado que esta se expidió con
posterioridad a las actuaciones procesales y, por ello, no debió aplicarse de manera
retroactiva, lo cual afectó sus garantías constitucionales, en especial al debido
proceso.

iv) Igualmente, la causal de procedibilidad defecto fáctico se consumó porque con la
aplicación parcial de una nueva postura jurisprudencial, se impidió al accionante
controvertir la caducidad de la acción, para demostrar, que en el caso concreto, los

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criterios de unificación previstos en la sentencia del 29 de enero de 2020 emitida por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, resultaban inaplicables al caso sub-lite.

1.2. Actuación Procesal

1.2.1. Mediante auto del 3 de diciembre de 2021, se admitió la acción de tutela
formulada por el señor José Manuel Contreras Correa en contra del Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, por lo que se otorgó a la accionada dos días
para contestarla. Se vinculó al trámite a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional y Policía Nacional y a los señores Ninfa Correa Gómez y Manuel Antonio
Contreras Padilla y a sus hijos Ninfa María Contreras Correa, Marta Cecilia Contreras
Correa, Edith Manuela Contreras Correa, Viviana Sirley Contreras Correa, Sergio
Andrés Contreras Correa, Jhonathan Steven Contreras Correa, Hamilton Jubi
Contreras Correa, Wilson Enrique Contreras Correa y Carlos Alberto Contreras
Correa, a quienes se les otorgó el término de dos días para intervenir en la
actuación.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. Del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

La consejera Marta Nubia Velásquez Rico, manifestó que no se vulneraron los
derechos fundamentales referidos por la parte actora, con fundamento en los
siguientes argumentos:

i) El supuesto procesal de caducidad del medio de control de reparación directa,
se analizó con fundamento en el criterio de unificación fijado por la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia del 29 de enero de 2020,
expediente 61.033, acogido por la Corte Constitucional en sentencia SU-312 de
2020, el cual resulta aplicable a todas las demandas presentadas ante esta
jurisdicción, incluidos aquellos casos en los que se invoca la configuración de
conductas supuestamente constitutivas de delitos de lesa humanidad o crímenes de
guerra. En ese sentido, la imprescriptibilidad que opera en materia penal frente a

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este tipo de delitos no da lugar a la inaplicación del plazo para solicitar la declaración
de responsabilidad patrimonial del Estado.

ii) La providencia del 7 de mayo de 2021, realizó un análisis detallado y serio de
los elementos probatorios allegados al expediente y de las manifestaciones
contenidas en la demanda, con base en los cuales se concluyó, que pese a que la
muerte del señor William de Jesús Contreras, ocurrió el 2 de julio de 1996, no se
podía pasar por alto que los demandantes alegaron una situación de desplazamiento
que les habría podido impedir ejercer su derecho de acción, razón por la cual no era
posible contar el término de caducidad desde ese día, sino desde el momento en que
tuvieron la posibilidad material de hacerlo, así:

a) En el caso de los demandantes Ninfa Correa Gómez y Manuel Antonio
Contreras Padilla y sus hijos Ninfa María Contreras Correa, Marta Cecilia Contreras
Correa, Edith Manuela Contreras Correa, Viviana Sirley Contreras Correa, Sergio
Andrés Contreras Correa, Jhonathan Steven Contreras Correa, Hamilton Jubi
Contreras Correa, Wilson Enrique Contreras Correa y Carlos Alberto Contreras
Correa, cuando retornaron a su lugar de origen, esto es, el 6 de diciembre de 1997,
es decir año y medio después de la muerte de su ser querido.

b) Respecto al señor José Manuel Contreras Correa, cuando adquirió estabilidad en
la ciudad de Medellín, esto es, en el mes de diciembre de 1996, tal y como lo
confirmó en la entrevista aportada por la parte actora al proceso.

iii) Igualmente, se expusieron las razones por las cuales el término de caducidad
no debía contarse desde el año 2012, cuando los líderes de las autodefensas
Salvatore Mancuso y Raúl Hasbún declararon que hubo «participación activa de las
autoridades del Estado en la muerte de miembros de la UP y sindicatos» o desde el
año siguiente, cuando la Fiscalía Especializada de la Unidad Nacional de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Medellín dictó medida de
aseguramiento contra el último de los mencionados, por el homicidio de varias
personas, entre ellas, del joven William de Jesús Contreras Correa, dado que dicho
argumento no altera la conclusión a la que arribó la Sala; tampoco se acreditaron

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circunstancias que les hubiera impedido a los demandantes acudir a la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo.

iv) Si eventualmente los interesados se hubiesen visto expuestos a una situación
económica que les impidiera ejercer sus derechos podían acudir al amparo de
pobreza; sin embargo, dicha circunstancia no se alegó ni encontró probada dentro
del proceso.

1.4. Intervenciones

1.4.1. Del Ministerio de Defensa, Policía Nacional

El jefe del área jurídica solicitó denegar la acción de tutela, para lo cual expuso los
siguientes aspectos:

i) La autoridad judicial accionada atendió los planteamientos establecidos en la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, emitida por la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, y con base en ellos determinó que se había
configurado la caducidad respecto de las pretensiones indemnizatorias derivadas de
la muerte del señor William de Jesús Contreras Correa y el desplazamiento de sus
familiares.

ii) De las pruebas allegadas al expediente, se observa que la parte actora no
presentó la demanda hasta el momento en que podía hacerlo, esto es, el 2 de julio
de 1998, dado que solamente acudió al medio de control el 15 de junio de 2013, vale
decir, dejó pasar 17 años, luego de haber fenecido el término establecido por el
legislador.

1.4.2. Del Ministerio de Defensa, Ejército Nacional

La coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional del Ministerio de Defensa,
Ejército Nacional, en el escrito de intervención, solicitó negar el amparo invocado y
para el efecto expuso lo siguiente:

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i) No se evidencia un escenario que comporte la real vulneración de derechos
fundamentales, comoquiera que: a) la decisión adoptada en la sentencia de segunda
instancia se originó en la valoración individual y conjunta de todos los medios de
prueba aportados al proceso; b) en la sentencia cuestionada se plasmaron las
inferencias con fuerza de convicción que se extraían de los medios de prueba y c) las
pruebas se practicaron con respeto de las garantías procesales y, por ello, el juicio
culminó con una decisión razonable.

ii) La acción de tutela no puede ser una tercera instancia en la que se
controviertan aspectos señalados en el proceso, como sucede en el caso sub-lite, en
el que se decidió declarar la caducidad de la acción con base en principios
constitucionales que pretenden garantizar la seguridad jurídica.

1.4.3. Los señores Ninfa Correa Gómez, Manuel Antonio Contreras Padilla y sus
hijos Ninfa María Contreras Correa, Marta Cecilia Contreras Correa, Edith Manuela
Contreras Correa, Viviana Sirley Contreras Correa, Sergio Andrés Contreras Correa,
Jhonathan Steven Contreras Correa, Hamilton Jubi Contreras Correa, Wilson Enrique
Contreras Correa y Carlos Alberto Contreras Correa, pese a haber sido notificados
en debida forma, guardaron silencio.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069
de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 de 2021, según el cual «[l]as
acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia a la misma
Corporación, y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que
corresponda, de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo
2.2.3.1.2.4.», esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela instaurada
contra la Sección Tercera, Subsección A de esta Corporación, por la expedición de la
sentencia del 7 de mayo de 2021, que declaró probada de oficio la excepción de
caducidad del medio de control reparación directa.

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2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad para controvertir la providencia del 7 de mayo de 2021
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, dentro del medio
de control reparación directa con radicación 05001-23-33-000-2013-01180
01(60859). En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de
la referida providencia se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia.

2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la
protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció en sus artículos 11, 12
y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales
ejecutoriadas. Estos artículos, posteriormente fueron declarados inexequibles por la
Corte Constitucional, en sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban
contra los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, además de trasgredir la
autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por
la Constitución.

Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad
de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la
acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la

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decisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la
Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.

En este entendido, la jurisprudencia constitucional 1 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial, desarrollando diferentes reglas para su estudio, consolidadas en
la sentencia C-590 de 20052, en la que se hace distinción entre causales genéricas,
aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la
acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar su
procedencia una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedibilidad las
siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale de manera clara que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como
los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad, aquellas
que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: (i)
defecto orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto

1
T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-
567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589
de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
2
Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii)
desconocimiento del precedente, (viii) violación directa de la Constitución. La Corte
hizo hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar
plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales, vicios o defectos.

El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 20123, unificó su
jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando
se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el
debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros
fijados por la ley y la jurisprudencia.

Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia de 5 de
agosto de 20144 se acogió un plazo seis meses, contados a partir de la notificación
o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar
si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término
de inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los
parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.4. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra la sentencia proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A del 7 de mayo de 2021 en el medio de control
reparación directa con radicado número 05001-23-33-000-2013-01180 01(60859)

2.4.1. Se agotaron los medios de defensa judicial, comoquiera que contra la
providencia objeto de la acción de tutela no proceden otros medios ordinarios de
defensa ni las causales especiales para la instauración del recurso extraordinario de
revisión.

3
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
4
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez.
Expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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2.4.2. Los hechos y los argumentos en que se fundamenta la acción de tutela
guardan coherencia lógica y temporal.

2.4.3. La presente demanda no se dirige a controvertir una sentencia de tutela,
en tanto que la providencia censurada fue proferida en segunda instancia en el
medio de control de reparación directa.

2.4.4. El asunto tiene relevancia constitucional, toda vez que se invoca la
protección de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.

2.4.5. Se presentó con inmediatez porque la providencia cuestionada es del 7 de
mayo de 2021, fue notificada el día 27 de igual mes y año5 y la acción de tutela se
instauró el 18 de noviembre de esa anualidad, con lo cual se satisfacen los
parámetros fijados por la Sala Plena del Consejo de Estado, sobre el término para su
ejercicio, que no debe sobrepasar los seis meses.

2.5. Causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales

Además del cumplimiento de los requisitos general de procedibilidad de la acción de
tutela, el accionante debe demostrar que la vulneración que imputa a la
providencia judicial se adecúa, al menos, a una de las causales específicas de
procedibilidad del amparo6 contra providencias judiciales, es decir, que la
actuación judicial se encuentre inmersa en alguno de los siguientes vicios o defectos:
a) el defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; b) el
defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido; c) el defecto fáctico, que
surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del

5
Previa consulta del sistema de información de la Rama Judicial SAMAI. Notificación efectuada por
correo electrónico ut supra.
6
Mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional reunió las causales genéricas y
específicas de procedibilidad del amparo contra providencias judiciales, estableciendo un total de ocho
causales.

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supuesto legal en el que se sustenta la decisión; d) el defecto material o
sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión; e) el error inducido, que ocurre cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales; f) la decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) el
desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando
la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado; y, h) la violación
directa de la Constitución, que se predica cuando, de manera ostensible y
flagrante, la decisión del órgano judicial contradice los postulados recogidos en la
carta política.

Como se observa, a pesar de que en cada caso se confirme la procedencia general
de la acción de tutela, es necesario verificar la presencia de alguno de los defectos y
vicios mencionados, pues lo que subyace en la acción es la censura de una decisión
judicial, cuya modificación implicaría alterar el principio constitucional de la seguridad
jurídica.

En el presente asunto, la parte accionante formula como causal de procedibilidad el
defecto fáctico; además, la Sala en aras de garantizar la prevalencia del derecho
sustancial sobre las formalidades, advierte que los argumentos de la parte actora se
adecuan, al desconocimiento del precedente jurisprudencial.

2.6. Análisis de procedibilidad del amparo invocado

Al encontrarse cumplidos los requisitos de procedencia de la acción, la Sala abordará
el estudio de procedibilidad del amparo invocado en el siguiente orden: i) criterios
para determinar la existencia de los defectos «fáctico y desconocimiento de

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precedente jurisprudencial»; ii) sentencia de unificación del 29 de enero de 2020; iii)
hechos probados; y iv) análisis de la Sala. caso concreto.

2.6.1. Criterios para determinar la existencia de los defectos «fáctico y
desconocimiento de precedente jurisprudencial»

2.6.1.1. Defecto fáctico

La Corte Constitucional señaló, de manera primigenia, tres casos que daban origen a
este defecto;7 sin embargo, a modo de desarrollo jurisprudencial ha planteado la
existencia de dos dimensiones que le dan origen y que, a su vez, se traducen en
otras modalidades de configuración, agrupadas en la Sentencia T-923 de 2013, de la
siguiente forma:

Dimensión negativa: que ocurre por la valoración defectuosa del material probatorio
debidamente allegado al plenario y se presenta cuando el funcionario judicial: i) niega
la práctica del medio probatorio solicitado, ii) no ordena el que debía recaudar de
oficio u iii) omite la valoración de elementos de juicio determinantes para identificar la
veracidad de los hechos analizados y sin razón valedera da por no probado el hecho
o la circunstancia que de ella emerge.

Dimensión positiva: que se produce por desconocimiento de las reglas de la sana
crítica en la apreciación de los medios de prueba que conducen a valorarlos de
manera arbitraria, irracional y caprichosa, y se da cuando el funcionario judicial: i)
fundamenta su determinación en elementos de juicio que no le es permitido
considerar porque fueron indebidamente recaudados, son totalmente inconducentes
al caso concreto o se trata de pruebas nulas de pleno derecho y, de igual modo, y/o
ii) apoya la decisión judicial en material probatorio que no permite llegar a la certeza
sobre el supuesto fáctico del cual parte la conclusión del fallador.

2.6.1.2. Desconocimiento de precedente jurisprudencial

7
i) omisión en el decreto y práctica de las pruebas; ii) valoración errada de las mismas; y iii) valoración
de las que resultan nulas de pleno de derecho.

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Demandante: José Manuel Contreras Correa

En lo atinente al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial —
horizontal o vertical— , se tiene que una providencia judicial incurre en esta causal
cuando la autoridad jurisdiccional se aparta sin justificación suficiente8, vale decir,
desconoce aquella sentencia (o conjunto de sentencias) que presenta similitudes con
un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas
jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la
controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.

En esa lógica, en la sentencia T-794 de 2011, la Corte indicó los siguientes criterios a
tener en cuenta para identificar el desconocimiento de precedente judicial: a) que la
ratio decidendi del fallo que se evalúa como precedente presente una regla judicial
relacionada con el caso a decidir posteriormente 9; b) que se trate de un problema
jurídico semejante o una cuestión constitucional semejante; y, c) que los hechos del
asunto o las normas juzgadas en la sentencia sean semejantes o planteen un punto
de derecho semejante al que se debe resolver con posterioridad. 10

Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha diferenciado dos clases de
precedentes según la autoridad que profiera la providencia previa, las cuales
determinan el grado de obligatoriedad y sujeción que debe atender el juez o
magistrado a la hora de proferir su fallo. La primera de ellas es el precedente
horizontal, que hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la
misma jerarquía o por el mismo operador judicial; la segunda, el precedente
vertical, que se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias
superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción
o a nivel constitucional.11

8
Corte Constitucional, sentencias T-193 de 1995, T-1625 de 2000, T-462 de 2003, T-292 de 2006, T-
087 de 2007, T-436 de 2009, T-161 de 2010, SU-448 de 2011, y T-830 de 2013, entre otras.
9
Corte Constitucional, Sentencia T-446 de 2013: «Es la ratio decidendi que es la base jurídica directa
de la sentencia, el precedente judicial que, en virtud del derecho a la igualdad, tiene efectos
vinculantes y debe ser aplicado para resolver casos similares, esto por cuanto ella constituye el
conjunto de argumentos jurídicos que permiten solucionar el problema debatido en el caso y explicar
la decisión adoptada a la luz de los hechos que lo fundamentan. De manera que la ratio decidendi
expresada en el precedente judicial constituye un importante límite a la autonomía judicial que no
puede ser desconocido por los jueces».
10
Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-1317 de 2001 y T-292 de 2006.
11
Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011 y T-209 de 2011.

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Demandante: José Manuel Contreras Correa

En la mayoría de los asuntos, el precedente vertical, de obligado cumplimiento por
los funcionarios judiciales, lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de
Estado, en tanto órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. 12 Sin
embargo, en los casos donde la decisión no es susceptible de revisión por parte de
las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer los
criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores.13

En ese orden de ideas, cuando el contenido de las decisiones que profieren los
órganos de cierre, en cada una de sus jurisdicciones, sean de naturaleza unificadora,
los jueces resultan obligados por estas o por sus propias sentencias, en aquellos
eventos donde los casos resulten idénticos. No obstante, esta regla admite una
excepción, pues no es obligatorio aplicar el precedente cuando el caso presenta
situaciones no analizadas con anterioridad en otros fallos judiciales.

Las autoridades judiciales pueden apartarse de los precedentes judiciales en
atención a su autonomía y a su independencia, pero siempre que cumplan las
siguientes reglas: «(i) Deben hacer referencia al precedente que abandonan, lo que
significa que no pueden omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca
hubiera existido (principio de transparencia); y, (ii) deben ofrecer una carga
argumentativa seria, mediante la cual expliquen, de manera suficiente y razonada,
los motivos por los cuales consideran que es necesario apartarse de sus propias
decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía (principio de
razón suficiente)».14

En definitiva, conforme al criterio vigente de la Corte Constitucional, el
desconocimiento del precedente judicial, sin debida justificación, configura un defecto
sustantivo, pues su respeto es una obligación de todas las autoridades judiciales en
virtud del respeto a los principios al debido proceso, igualdad y buena fe. 15

12
Corte Constitucional, sentencias T-123 de 1995, T-766 de 2008 y T-794 de 2011.
13
Corte Constitucional, sentencias T-211 de 2008, T-161 de 2010 y T-082 de 2011.
14
Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011.
15
Corte Constitucional. Sentencias T-049 de 2007, T-288 de 2011 y T-464 de 2011, T-794 de 2011, C-
634 de 2011, entre otras.

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De otra parte, en la sentencia SU 332 de 2019, 16 la Corte Constitucional se refiere al
desconocimiento del precedente de las Altas Cortes y para el efecto señaló:

Importancia de los órganos de unificación de jurisprudencia

15. Esta Corte diferenció dos clases de precedentes, el horizontal y el vertical, para lo
cual tomó como criterio diferenciador la autoridad que profiere el fallo que se tiene
como referente. En esa medida, el precedente horizontal hace referencia al respeto
que un juez debe tener sobre sus propias decisiones y sobre las tomadas por jueces
de igual jerarquía, mientras que, el vertical apunta al acatamiento de los fallos dictados
por las instancias superiores en cada jurisdicción encargadas de unificar la
jurisprudencia.

16. Ahora bien, como se explicó líneas atrás, cuando el precedente emana de los altos
tribunales de justicia en el país (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y
Consejo de Estado), adquiere un carácter ordenador y unificador que busca realizar los
principios de primacía de la Constitución, igualdad, confianza legítima y debido
proceso. Adicionalmente, se considera indispensable como técnica judicial para
mantener la coherencia del sistema.

2.6.2. Sentencia de unificación del 29 de enero de 2020

En la sentencia del 29 de enero de 2020,17 la Sección Tercera del Consejo de Estado
unificó jurisprudencia en relación con la caducidad de las pretensiones
indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los
crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado.

La Sala de decisión procedió a determinar si la imprescriptibilidad que opera en
materia penal frente a delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra daba lugar a
interferir en el cómputo del término de caducidad para demandar en reparación
directa frente a tales conductas.

Así, luego de citar la legislación y jurisprudencia interna, en materia de
imprescriptibilidad penal y caducidad en reparación directa, advirtió que la
imprescriptibilidad penal opera mientras no haya sujetos individualizados y se

16
Referencia: Expedientes acumulados: T-5904426 (Elsa Marina Ñustes Lozano), T-5904482 (Luis
Hernán Medina Urueña),T-5912659 (Margoth Rivera de Quevedo), T-5942333 (Mercedes Castro
Pinilla), T-5942352 (Hipólito Arévalo Tique), magistrada sustanciadora: Gloria Stella Ortiz Delgado,
sentencia del 245 de julio de 2019.
17
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 29 de enero de 2020, consejera
ponente Martha Nubia Velásquez Rico. Expediente 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61033).

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mantiene hasta que se les identifique y se les vincule a las diligencias, y que en
materia de reparación directa, el término de caducidad no corre hasta tanto se cuente
con elementos para deducir la participación del Estado en los hechos y se advierta la
posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial.

Por tanto, concluyó que las situaciones que se pretenden salvaguardar con la
imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de lesa humanidad y los crímenes
de guerra se encuentran previstas en materia de lo contencioso administrativo al
amparo de la hipótesis del conocimiento del hecho dañoso y, en virtud de lo cual, el
término de caducidad sí debe exigirse en estos eventos, pero a partir de que se
observe que el interesado sabía o tenía la posibilidad de advertir que el Estado
tuvo alguna injerencia en la controversia y era susceptible de ser demandado en
los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

De esta forma, señaló la corporación i) que, en lo referente a los delitos de lesa
humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda
solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado resulta aplicable el
término para demandar establecido por el legislador; ii) que el plazo, salvo el caso de
la desaparición forzada que tiene regulación legal expresa, se computa desde
cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u
omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial; y iii) que el término pertinente no se aplica cuando se observan
situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción
y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley.

2.6.3. Hechos probados

2.6.3.1. Del expediente de reparación directa la Sala extrae los siguientes elementos
de prueba:

a) El joven William de Jesús Contreras Correa trabajaba en la finca bananera La
Alameda, ubicada en Chigorodó, Antioquia y devengaba un salario de $1’274.000
mensuales, con el que ayudaba económicamente a sus padres.

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b) El 2 de julio de 1996, cuando llegó a su lugar de trabajo en compañía de su
padre, de uno de sus hermanos y de otros trabajadores, fue asesinado por un grupo
de autodefensas que operaba en la región.

c) La persecución de las autodefensas contra la familia Contreras Correa inició
con las amenazas que recibió José Manuel, hermano mayor de William de Jesús y
miembro activo del movimiento político Unión Patriótica, quien tuvo que desplazarse
a Medellín en 1995. Los demás integrantes de la familia se desplazaron en diciembre
de 1996, luego de la muerte de William de Jesús y de un tío materno que vivía con
ellos.

d) El joven William de Jesús Contreras Correa era miembro del sindicato
Sintrainagro y de la Unión Patriótica y, según se expuso en la demanda, esa fue la
razón por la que lo mataron, pues «había una orden de eliminar a todos los
integrantes de sindicatos y activistas de la U.P».

e) En este caso se interrumpió la caducidad de la acción, de un lado, porque en
el año 2012 los señores Salvatore Mancuso y Raúl Hasbún declararon que hubo
«participación activa de las autoridades del Estado en la muerte de miembros de la
UP y sindicatos» y, de otra parte, porque el 28 de febrero de 2013 la Fiscalía
Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario de Medellín dictó medida de aseguramiento contra el señor Raúl
Hasbún, líder del grupo de autodefensas que asesinó, entre otros, a William de Jesús
Contreras.

2.6.3.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia conoció el medio de control
reparación directa radicado 5001-23-33-000-2013-01180 00, que instauraron los
señores Ninfa Correa Gómez, Manuel Antonio Contreras Padilla y sus hijos Ninfa
María Contreras Correa, Marta Cecilia Contreras Correa, Edith Manuela Contreras
Correa, Viviana Sirley Contreras Correa, Sergio Andrés Contreras Correa, Jhonathan
Steven Contreras Correa, Hamilton Jubi Contreras Correa, José Manuel Contreras
Correa, Wilson Enrique Contreras Correa y Carlos Alberto Contreras Correa, contra
la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército y Policía Nacional, con el fin de que se les
declarara administrativa y patrimonialmente responsables por la muerte del señor

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William de Jesús Contreras Correa y el desplazamiento del que fueron víctimas por
el actuar de un grupo al margen de la ley.

2.6.3.3. El 17 de octubre de 2017, el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió
sentencia mediante la cual negó las pretensiones de la demanda, al considerar que
la supuesta situación de riesgo del joven William de Jesús Contreras Correa no fue
conocida por las autoridades, dado que no se pusieron en conocimiento amenazas ni
existían solicitudes de protección, por lo que su muerte y el desplazamiento de su
familia fue imprevisible para las demandadas, lo cual configura la eximente de
responsabilidad hecho de un tercero.

2.6.3.4. inconforme con la anterior decisión la parte actora interpuso recurso de
apelación para que fuera revocada la sentencia del 17 de octubre de 2017 proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dado que las pruebas obrantes en el
proceso permitían atribuir responsabilidad a las demandadas.

2.6.3.5. A través de sentencia de segunda instancia, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, del 7 de mayo de 2021, revocó la decisión apelada y, en su
lugar, declaró probada de oficio la excepción de caducidad al encontrar que el medio
de control no se ejerció oportunamente, en virtud de la sentencia de unificación
jurisprudencial del 29 de enero de 2020, proferida por la Sala Plena de la Sección
Tercera de esta Corporación. Para el efecto expuso lo siguiente:

a) Oportunidad para interponer el medio de control reparación directa respecto
de la muerte del señor William de Jesús Contreras Correa:

«Como antes se explicó, lo determinante en estos casos es el conocimiento del hecho
dañoso y la posibilidad de los afectados de advertir la posibilidad de imputación de
responsabilidad al Estado, lo cual en este caso ocurrió el 2 de julio de 1996; sin
embargo, la Sala no puede pasar por alto que los aquí demandantes alegaron una
situación de desplazamiento que les habría podido impedir ejercer su derecho de
acción, razón por la cual no es posible contar el término de caducidad desde ese día,
sino desde el momento en que tenían la posibilidad material de hacerlo.

(…)

Así las cosas, dada la existencia de un hogar común entre los demandantes, la Sala
considera que, al establecer la fecha en que cesó el desplazamiento de quienes
tuvieron que asumir su sostenimiento –los padres-, es posible concluir que también

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estaban dadas las condiciones de retorno para los demás familiares de la víctima
directa –sus hermanos-, toda vez que frente a todos ellos se invocaron las mismas
condiciones de tiempo, modo y lugar de desplazamiento, a excepción del señor José
Manuel Contreras Correa, respecto de quien se alegó una situación particular.

Según el escrito de demanda, los señores Ninfa Correa Gómez y Manuel Antonio
Contreras Padilla y sus hijos Ninfa María Contreras Correa, Marta Cecilia Contreras
Correa, Edith Manuela Contreras Correa, Viviana Sirley Contreras Correa, Sergio
Andrés Contreras Correa, Jhonathan Steven Contreras Correa, Hamilton Jubi
Contreras Correa, Wilson Enrique Contreras Correa y Carlos Alberto Contreras
Correa «abandonaron su terruño» con posterioridad a la muerte de William de Jesús
y de un hermano de la primera de los mencionados, «el 12 diciembre de 1996», es
decir, que a partir de ese momento habrían adquirido la condición de desplazados.

(…)

De lo expuesto se desprende que, si bien los demandantes salieron desplazados en
diciembre de 1996, lo cierto es que, como lo manifestaron los testigos Carmen Alicia
Silva Villalba y Miguel Isaac Mosquera, al año siguiente retornaron a su vivienda
ubicada en la vereda La Guaca de Chigorodó; asimismo, que, tiempo después de la
muerte de William de Jesús, dos de sus hermanos empezaron a trabajar en la finca
La Alameda, en donde trabajaron su padre y su hermano.

En ese sentido, toda vez que se encuentra acreditado el retorno al lugar de origen de
los demandantes, considera la Sala que es a partir de ese momento en que cesó su
desplazamiento y, por ende, podían acudir a la Administración de Justicia para
reclamar sus derechos, pues en el expediente no reposa medio probatorio alguno que
dé cuenta de que para ese momento existían amenazas en contra (sic) alguno de los
hoy demandantes y de las cuales se pudiera concluir que no existían las garantías
necesarias para su retorno o que se les impidiera ejercer su derecho de acción.

(…)

Así las cosas, dado que desde el 12 de diciembre de 1997 los referidos señores se
encontraban en la posibilidad de adelantar acciones para la defensa de sus derechos,
el término de dos años que consagraba el numeral 8 del artículo 136 del Código
Contencioso Administrativo -norma vigente para la época de los hechos- para ejercer
la acción de reparación directa por la muerte del joven William de Jesús comenzó a
correr a partir del siguiente día -13 de diciembre de 1997-.

(…)

(…) [D]esde diciembre de 1995, cuando el señor José Manuel Contreras Correa
adquirió estabilidad en Medellín, el referido demandante estaba en la posibilidad de
acceder a la jurisdicción en el término que establece la ley para ejercer el derecho de
acción (…)

(…)

En ese sentido, como el plazo de dos años que tenían los señores Ninfa Correa
Gómez, Manuel Antonio Contreras Padilla, Ninfa María Contreras Correa, Marta
Cecilia Contreras Correa, Edith Manuela Contreras Correa, Viviana Sirley Contreras
Correa, Sergio Andrés Contreras Correa, Jhonathan Steven Contreras Correa,
Hamilton Jubi Contreras Correa, Wilson Enrique Contreras Correa y Carlos Alberto
Contreras Correa para ejercer su derecho de acción corrió desde el 13 de diciembre
de 1997 hasta el 13 de diciembre de 1999, y la demanda se presentó el 15 de junio

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de 2013 -cuando habían transcurrido más de 14 años para demandar- se impone
concluir que esto se realizó por fuera del término legal previsto para tal fin,
circunstancia que no se altera por el hecho de que el 2 de marzo de 2017 se haya
radicado solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 155 Judicial II para
Asuntos Administrativos, por cuanto para esa fecha ya había operado el fenómeno de
la caducidad de la acción.

Asimismo, fue extemporáneo el ejercicio del derecho de acción del señor José
Manuel Contreras Correa, cuyo plazo para demandar, como quedó visto, corrió desde
el 3 de julio de 1996 hasta el 3 de julio de 1998, incluso antes de que feneciera
respecto de sus demás familiares.»

b) Oportunidad para interponer el medio de control reparación directa respecto al
desplazamiento forzado de los demandantes:

«Frente a esta imputación no es necesario realizar mayores elucubraciones, pues
resulta aplicable lo expuesto con anterioridad, toda vez que las fuentes de su daño
son las mismas, las amenazas por parte de grupos de autodefensas y la supuesta
omisión en la que incurrieron las demandadas en su deber de protección.

Según se dijo en la demanda, el señor José Manuel Contreras Correa se desplazó en
1995 para Medellín y los demás integrantes de la familia lo hicieron con posterioridad
a la muerte de William de Jesús y de «un tío materno que vivía con ellos», en
diciembre de 1996; sin embargo, como quedó visto, la caducidad respecto de esos
hechos dañinos no puede ser contada desde la fecha en que salieron desplazados,
sino desde el momento en que el señor José Manuel Contreras Correa se estabilizó y
respecto de los demás demandantes desde cuando cesó dicha condición, lo cual
ocurrió en diciembre de 1995 y el 12 de diciembre de 1997, respectivamente.

En ese sentido, toda vez que la demanda se radicó el 15 de junio de 2013, cuando se
había superado con creces el término de dos años que tenían los demandantes para
ejercer su derecho de acción, forzoso resulta concluir que se configuró el fenómeno
jurídico de la caducidad de la acción.»

2.6.3.6. La magistrada María Adriana Marín aclaro el voto en la sentencia de 7 de
mayo de 2021, en el sentido de precisar que la decisión se adoptó en los términos de
la sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera, el 29 de
enero de 2020, de la cual se apartó, pero que, por tratarse de un fallo de unificación,
debe acatar. No obstante, reiteró a su juicio que para la reparación de las víctimas de
graves violaciones de derechos humanos, de delitos de lesa humanidad, de
crímenes de guerra o graves violaciones de derechos humanos, como la
desaparición y el desplazamiento forzado, debe activarse la garantía de
imprescriptibilidad y, por ende, es preciso aplicar un tratamiento de excepción a la
caducidad del medio de control de reparación de las víctimas, en orden a brindar las

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mayores garantías posibles de acceso a la administración de justicia interna y en
aplicación de los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.

2.6.4. Análisis de la Sala. Caso concreto

Se controvierte en el sub lite la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, con la expedición de la
providencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A del 7
de mayo de 2021, en la que se declaró la caducidad del medio de control de
reparación directa adelantado como consecuencia de la muerte violenta del joven
William de Jesús Contreras Correa por parte de miembros de un grupo paramilitar y,
además, por el desplazamiento del que fueron víctimas sus familiares.

Alega el accionante que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A: i)
aplicó una sentencia de unificación que no estaba vigente para cuando tuvo la
oportunidad de intervenir en el trámite procesal, lo que le impidió hacer algún
pronunciamiento tendiente a desvirtuar la presencia del fenómeno de la caducidad; ii)
inobservó las pruebas a través de las cuales se demostró que solo hasta que los
demandantes tuvieron los elementos para endilgar responsabilidad al Estado,
pudieron ejercer su derecho de acción; y iii) se abstuvo de pronunciarse sobre las
inconformidades expuestas en el recurso de apelación que se interpuso contra la
sentencia de primera instancia.

Pues bien, se advierte que en la providencia objeto de censura, el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, para analizar el ejercicio oportuno de la
acción trajo a colación la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020,
expediente 61.033, en la que la Corporación concluyó, que la caducidad en este tipo
de eventos sí operaba, y que se debía contar desde cuando los afectados conocieron
o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado, lo cual solo
admite excepción cuando se evidencian situaciones que impidieron materialmente el
ejercicio del derecho de acción.

Teniendo en cuenta lo anterior, y atendiendo a que las pretensiones se relacionan
con la reparación de los perjuicios por: i) el asesinato del joven William de Jesús

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Contreras Correa y ii) el desplazamiento forzado del que habrían sido víctimas los
demandantes, procedió a analizar el caso concreto para establecer el ejercicio
oportuno del medio de control reparación directa y, para ello, luego de relacionar las
pruebas arribadas al expediente, tales como el registro civil de defunción, el acta del
levantamiento de cadáver del antes mencionado, las declaraciones de los señores
Manuel Antonio Contreras, Ninfa Correa Gómez, Carmen Alicia Silva Villalba, Darío
Omar Sánchez Machado, Miguel Isaac Mosquera y Alfredo Enrique Jiménez,
determinó que el deceso ocurrió el 2 de julio de 1996 y que los demandantes salieron
desplazados en diciembre de ese año.

Igualmente, estableció que los demandantes, desde el 12 de diciembre de 1997
retornaron al lugar de origen, por lo que al cesar el desplazamiento, a partir de esa
fecha tuvieron la oportunidad de adelantar acciones de defensa, a excepción del
señor José Manuel Contreras Correa, quien se desplazó a la ciudad de Medellín,
donde se estabilizó en diciembre del año 1995, por lo que el plazo que tenía para
demandar corrió desde que sucedió la muerte de su hermano, esto es, el 2 de julio
de 1996.

Así las cosas, concluyó que como el plazo de dos años que tenían los señores Ninfa
Correa Gómez, Manuel Antonio Contreras Padilla y sus hijos Ninfa María Contreras
Correa, Marta Cecilia Contreras Correa, Edith Manuela Contreras Correa, Viviana
Sirley Contreras Correa, Sergio Andrés Contreras Correa, Jhonathan Steven
Contreras Correa, Hamilton Jubi Contreras Correa, Wilson Enrique Contreras Correa
y Carlos Alberto Contreras Correa para ejercer su derecho de acción iba hasta el 13
de diciembre de 1999, y para el señor José Manuel Contreras Correa hasta el 3 de
julio de 1998 y como la demanda se presentó el 15 de junio de 2013, ello significa
que su instauración ocurrió por fuera del término legal previsto para tal fin, motivo por
el cual se configuró el fenómeno de la caducidad.

Bajo dichos derroteros, esta Sala de decisión puede evidenciar que, a diferencia de
lo planteado por la parte actora, en el caso bajo análisis no se configura la existencia
de un defecto fáctico, pues el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
advirtió que de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso podía determinar
que la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 era la aplicable para

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establecer la interposición oportuna del medio de control reparación directa de
acuerdo con las particularidades del caso.

Sin embargo, aunque como se anotó no es procedente el análisis de la causal de
procedibilidad defecto fáctico, sí se advierte la configuración del desconocimiento del
precedente jurisprudencial, según pasa a explicarse:

Es claro que para la fecha en que se emitió la providencia del 7 de mayo de 2021,
objeto de censura, ya existía un criterio definido en torno a la caducidad del medio de
control de reparación directa, en casos relacionados con delitos de lesa humanidad,
crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la
declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, que es el que se encuentra
previsto en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, proferida por la
Sección Tercera del Consejo de Estado y, por tanto, puede concluirse prima facie
que la autoridad judicial accionada estaba en la obligación de aplicar dado su
carácter vinculante, en términos de lo dispuesto en el artículo 270 del CPACA y en la
sentencia C-836 de 2001.

No obstante, en el sub examine debe tomarse en cuenta que, para el año 201318,
cuando se procedió a accionar al Estado para efectos de la reparación
administrativa, el criterio mayoritario de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
apuntaba a que no era procedente aplicar el fenómeno jurídico de la caducidad a las
acciones de reparación directa con pretensiones indemnizatorias formuladas con
ocasión de crímenes de lesa humanidad, genocidios y otras violaciones graves de
los derechos humanos, en atención a su naturaleza imprescriptible.

Lo anterior puede corroborarse, entre otras, en las siguientes providencias: i) auto del
17 de septiembre de 2013; 19 ii) sentencia del 7 de septiembre de 2015; 20 iii) auto del
11 de abril de 2016;21 iv) sentencia del 5 de septiembre de 2016; 22 y v) sentencia del

18
La demanda fue presentada por inermedio de apoderado el 15 de julio de 2013.
19
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 17 de septiembre de 2013, C.P.
Jaime Orlando Santofimio Gamboa, expediente 25000-23-26-000-2012-00537-01 (45092).
20
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 7 de septiembre de 2015, C.P.
Jaime Orlando Santofimio Gamboa, expediente 85001-23-31-000-2010-00178-01 (47671).
21
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 11 de abril de 2016, C.P. Olga Mélida

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Demandante: José Manuel Contreras Correa

31 de julio de 2019,23 en las que, en aplicación al control de convencionalidad, la
Sección Tercera del Consejo de Estado no tomó en cuenta la caducidad.

En el caso que se analiza, se advierte, además, que el recurso de apelación
interpuesto por la parte actora contra la providencia de primera instancia, proferida el
17 de octubre de 2017 por el Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las
pretensiones de la demanda al encontrar probada la causal eximente de
responsabilidad, hecho de un tercero, se dirigió a reforzar los argumentos y pruebas
que en su sentir, daban cuenta de la responsabilidad de las entidades demandadas
por la muerte del joven William de Jesús Contreras Correa y el desplazamiento
forzado del que fueron víctimas los demandantes, sin que se refiriera a la presencia
del fenómeno de la caducidad, en tanto que este aspecto no fue objeto de
pronunciamiento del juez de primera instancia.

Pese a ello, se evidencia que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
no hizo hincapié en los argumentos de la demanda y en los alegatos presentados por
los demandantes en el recurso de apelación, sino que aplicó, con radicalidad, la
sentencia de unificación, sin pasar a analizar las circunstancias particulares del caso,
esto es, que para el momento en que se surtieron estas actuaciones no existía un
criterio unificado de la Sección Tercera del Consejo de Estado que apuntara a aplicar
la figura jurídica de la caducidad en estos casos.

En consecuencia, para la Sala, es procedente acceder al amparo de tutela invocado
por la configuración del defecto «desconocimiento del precedente jurisprudencial», al
no encontrar en la providencia cuestionada un análisis del caso, de acuerdo con los
argumentos señalados por el Tribunal Administrativo de Antioquia y los expuestos

Valle De La Hoz, expediente 50001-23-31-000-2000-20274-01 (36079). En esta decisión se
resolvieron los recursos de apelación interpuestos en tres expedientes acumulados (Nros. 43481,
43626 y 36079), se analizó y decidió de fondo la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de
los hechos acaecidos el 3, 4 y 5 de agosto de 1998, cuando guerrilleros de las FARC atacaron la Base
Militar antinarcóticos con sede Miraflores, Guaviare, donde fueron víctimas los miembros de la fuerza
pública que en dicha Toma se configuro una falla en el servicio significándole la condena indudable a
la entidad demandada por los daños antijurídicos causadas a soldados.
22
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 31 de julio de 2019, C.P. Jaime
Orlando Santofimio Gamboa, expediente 05001-23-33-000-2016-00587-01 (57625).
23
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de julio de 2019, C.P. Alberto
Montaña Plata, expediente 25000-23-36-000-2018-00109-01.

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Demandante: José Manuel Contreras Correa

tanto en la demanda como en el recurso de apelación, ya que lo que hizo fue
sorprender a la parte actora con la aplicación ipso iure de la sentencia de unificación.

Además, se advierte que la sentencia unificadora no moduló sus efectos, por lo que
se entiende que opera a futuro o «ex nunc»; de ahí que el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A estaba en la obligación de ponderar los derechos al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia del demandante, de cara a
las circunstancias del caso concreto, a efectos de no hacer ilusorias las garantías
constitucionales, entre estas, la reparación patrimonial, cuando es diáfano el daño
causado por el Estado.

Finalmente, se repara en que, aunque en oportunidad anterior, esta Sala de decisión,
en la sentencia de tutela del 15 de abril de 2021, 24 al analizar un caso con
circunstancias fácticas similares al presente, negó las pretensiones de la demanda,
la Sala rectifica su posición para acoger el criterio expuesto en esta providencia.

3. Conclusión

Con los anteriores argumentos la Sala amparará los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia del señor José Manuel
Contreras Correa en calidad de accionante y, en consecuencia, dejará sin efectos la
providencia censurada y ordenará al Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, proferir una nueva decisión en la que se tenga en cuenta lo expuesto
en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

Falla:

24
Expediente 11001-03-15-000-2021-05214-00.

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Demandante: José Manuel Contreras Correa

Primero: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia del señor José Manuel Contreras Correa, de acuerdo con
lo expuesto en este proveído. En consecuencia:

Segundo. Dejar sin efectos la providencia del 7 de mayo de 2021, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, dentro del proceso de
reparación directa con radicado 05001-23-33-000-2013-01180 01(60859).

Tercero. Ordenar al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que en el
término de veinte días, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia,
proceda a dictar una nueva decisión en la que se tenga en cuenta lo expuesto en las
consideraciones que anteceden.

Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con salvamento de voto

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

M.E.C.G

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