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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-10707-01

Fecha
11 de mayo de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-10707-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Revócase la sentencia de primera instancia que amparó los derechos fundamentales invocados. En su lugar, se dispone: 1º) Niégase la acción de tutela presentada por la parte actora, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-10707-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

11 de mayo de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, once (11) de mayo de dos mil veintidós (2022).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2021-10707-01
Demandante: JOSÉ MANUEL CONTRERAS CORREA
Demandado: SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN TERCERA DEL
CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN EN
RELACIÓN CON LA CADUCIDAD EN DELITOS DE LESA
HUMANIDAD. DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE.
SE REVOCA LA DECISIÓN QUE AMPARÓ Y, EN SU
LUGAR, SE NIEGA LA SOLICTUD DE TUTELA, PORQUE
TRATÁNDOSE DE DAÑOS RELACIONADOS CON
GRAVES VIOLACIONES A LOS DDHH SÍ OPERA LA
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL.

Síntesis del caso: la parte demandante consideró que la autoridad judicial demandada en el
marco del proceso de reparación directa vulneró sus derechos constitucionales fundamentales
del debido proceso y acceso a la administración de justicia con ocasión del fallo de 7 de mayo
de 2021 por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del
precedente judicial.

La Sala decide las impugnaciones interpuestas por la Subsección A de la Sección Tercera
de esta Corporación y por la Policía Nacional en contra de la sentencia de 3 de marzo de
2022 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la cual se dispuso:

“Primero: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia del señor José Manuel Contreras Correa, de
acuerdo con lo expuesto en este proveído. En consecuencia:

Segundo. Dejar sin efectos la providencia del 7 de mayo de 2021, proferida por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, dentro del proceso de
reparación directa con radicado 05001-23-33-000-2013-01180 01(60859).

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Demandante: José Manuel Contreras Correa
Acción de tutela – Impugnación fallo

Tercero. Ordenar al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que
en el término de veinte días, contados a partir de la ejecutoria de esta
providencia, proceda a dictar una nueva decisión en la que se tenga en cuenta
lo expuesto en las consideraciones que anteceden.

Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.”. (archivo disponible en medio
magnético a través del aplicativo SAMAI- negrillas del original).

I. ANTECEDENTES
1. La demanda

El 18 de noviembre de 2021 el señor José Manuel Contreras Correa, por intermedio de
apoderado judicial, presentó proceso de acción de tutela en contra de la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado con el fin de que se protegieran sus
derechos constitucionales fundamentales del debido proceso y acceso a la
administración de justicia y, por tanto, se accediera a las siguientes súplicas:

“Solicito que de conformidad con lo expuesto y con la prueba obrante en el
expediente se tutelen los Derechos Fundamentales al debido proceso, al
acceso a la Justicia, a las garantías judiciales y a la protección judicial de la
accionante y como consecuencia de lo anterior ruego que se ordene dejar sin
efectos la decisión de segunda instancia proferida por Consejo de Estado dentro
del proceso radicado número 05001233200020190057201 y se continúe el
proceso también por las pretensiones relacionadas con la ejecución extrajudicial
de Hernán Diez Vargas”. (archivo disponible en medio magnético a través del
aplicativo SAMAI).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de la acción ejercida la parte demandante señaló, en síntesis,
lo siguiente:

1) El 23 de julio de 2013 el señor José Manuel Contreras Correa y su grupo familiar
presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra
de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y la Nación – Ministerio
de Defensa Nacional Policía Nacional, con el fin de que se les declarara
administrativamente responsables del daño sufrido por la muerte del señor William de
Jesús Contreras Correa ocurrida el 2 de julio de 1996, en su condición de miembro activo
del sindicato Sintainagro y simpatizante de la Unión Patriótica, hechos que se atribuyeron
a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá -ACCU- y que obligaron al
desplazamiento forzado de los demandantes.

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Demandante: José Manuel Contreras Correa
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2) El asunto correspondió al Tribunal Administrativo de Antioquia quien en providencia
de 17 de octubre de 2017 negó las pretensiones de la demanda, por cuanto no se
demostró que la muerte del joven William de Jesús Contreras Correa y el desplazamiento
de su familia hubiesen sido previsibles para las demandadas.

3) La anterior decisión fue apelada por la parte demandante pues consideró que la
afirmación del tribunal, según la cual la agresión contra el joven William de Jesús
Contreras Correa y su familia resultaba imprevisible para las entidades demandadas
carecía de fundamento, porque era de público conocimiento el ataque sistemático de las
autodefensas contra los miembros de Sintrainagro y la Unión Patriótica en el Urabá
Antioqueño.

4) La apelación fue resuelta por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado en sentencia de 7 de mayo de 20211 en la que revocó la decisión de primera
instancia y, en su lugar, declaró probada de oficio la excepción de caducidad.

3. El fundamento de la vulneración

La parte demandante señaló que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de
justicia con ocasión del fallo de 7 de mayo de 2021 por cuanto, a su juicio, incurrió en los
defectos fáctico y desconocimiento del precedente jurisprudencial.

En cuanto al defecto fáctico indicó que la valoración que hizo el tribunal de los medios de
prueba conllevó a una equivocada aplicación de la sentencia de unificación proferida el
29 de enero de 2020 por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la
cual no podía emplearse para el caso concreto pues se expidió con posterioridad a las
actuaciones procesales, lo que impidió a la parte demandante la posibilidad de sustentar
que el término de caducidad consagrado en el literal i), numeral 2 del artículo 164 no
había operado.

Sostuvo que se desconocieron los medios de prueba que permitían establecer que fue
en el marco del proceso de justicia y paz, después de una exhaustiva investigación

1 La sentencia de segunda instancia fue notificada el 27 de mayo de 2021.

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Demandante: José Manuel Contreras Correa
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realizada por el apoderado de los demandantes, que se tuvo conocimiento de la
imputabilidad de responsabilidad patrimonial del daño al Estado.

Manifestó que no se tuvo conocimiento de la imputabilidad del daño al Estado ni al
momento de la muerte de William Contreras ni al momento de su desplazamiento, ni
menos aun para el momento de su retorno, por el contrario, este se dio cuando el
apoderado judicial transmitió a los demandantes la información que obtuvo en otros casos
de manera informal.

Señaló que se incurrió en un desconocimiento del precedente, por la indebida aplicación
del criterio de unificación jurisprudencial fijado en la sentencia de unificación del 29 de
enero de 2020, expediente no. 61.033, toda vez que ese no era el criterio mayoritario
para la fecha en que se presentó la demanda; además, porque en la referida sentencia
de unificación la Sección Tercera del Consejo de Estado no moduló sus efectos, por lo
que “debía entenderse que operan ex nunc”.

4. Actuación de primer grado

Mediante auto de 3 de diciembre de 2021 la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado dispuso admitir el proceso de acción de tutela y notificar a los
magistrados de la Subsección A dela Sección Tercera del Consejo de Estado, a la
Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y Policía Nacional y a los señores Ninfa
Correa Gómez y Manuel Antonio Contreras Padilla y a sus hijos Ninfa María Contreras
Correa, Marta Cecilia Contreras Correa, Edith Manuela Contreras Correa, Viviana Sirley
Contreras Correa, Sergio Andrés Contreras Correa, Jhonathan Steven Contreras Correa,
Hamilton Jubi Contreras Correa, Wilson Enrique Contreras Correa y Carlos Alberto
Contreras Correa, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron
el ejercicio de la acción.

5. Sentencia de primera instancia

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 3 de
marzo de 2022 amparó los derechos fundamentales invocados.

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Demandante: José Manuel Contreras Correa
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En primer lugar, indicó que, a pesar de que el demandante solo alegó la configuración de
un defecto fáctico, los argumentos formulados se adecuaban también al desconocimiento
del precedente judicial, por lo que el estudio se haría respecto de esos dos.

Adujo que no era procedente el análisis del defecto fáctico invocado, pues se advertía la
configuración del desconocimiento del precedente jurisprudencial.

En esa medida, señaló que era evidente que la autoridad judicial accionada aplicó con
radicalidad la sentencia de unificación y no analizó las circunstancias particulares del
caso, esto es, que para el momento en que se surtieron las actuaciones procesales no
existía un criterio unificado de la Sección Tercera del Consejo de Estado que apuntara a
aplicar la figura jurídica de la caducidad en estos casos.

Advirtió que la sentencia unificadora no moduló sus efectos, de ahí que la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado estaba en la obligación de ponderar los
derechos del debido proceso y acceso a la administración de justicia del demandante, de
cara a las circunstancias del caso concreto, a efectos de no hacer ilusorias las garantías
constitucionales, entre estas, la reparación patrimonial, cuando es claro el daño causado
por el Estado.

6. Impugnación

Tanto la Policía Nacional como la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado impugnaron el fallo de primera instancia, recursos que fueron concedidos en auto
de 8 de abril de 2022.

La Policía Nacional afirmó que el juez constitucional pretende desconocer la sentencia
del 29 de enero de 2020 presuntamente porque no era aplicable, en tanto la demanda
fue radicada antes de ser proferida la misma; sin embargo, omitió que las sentencias de
unificación son proferidas con el ánimo de ser un parámetro que debe incidir al momento
de emitirse un fallo judicial, por lo que son de obligatorio cumplimiento, máxime cuando
son emitidas por los órganos de cierre en aras de unificar posturas dispersas.

Es claro que la parte actora no presentó la demanda en la fecha límite con la cual contaba,
esto es, hasta el 2 de julio de 1998, sino que lo hizo el 15 de junio de 2013, es decir, dejó

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pasar 17 años luego de haber fenecido el término establecido por el legislador, por lo que
había lugar a revocar el fallo impugnado.

La magistrada ponente de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
manifestó que, aunque la oportunidad del medio de control no sea objeto de apelación,
al momento de dictar sentencia el juez tiene el deber de analizar los presupuestos
procesales de la acción, entre ellos, el de la caducidad, la cual no puede ni debe
entenderse saneada por virtud de las omisiones que se hubiesen presentado en el
transcurso del proceso.

Esa Sala de decisión se encontraba habilitada para declarar probada de oficio la
excepción de caducidad del medio de control, con independencia de que se hubiere
abordado en la sentencia de primera instancia o cuestionado en la apelación, en tanto se
trataba de un presupuesto procesal sin el cual no se podía decidir el fondo del asunto.

En cuanto al argumento relacionado con la supuesta aplicación retroactiva del criterio de
unificación jurisprudencial fijado en la sentencia del 29 de enero de 2020, consideró que
carecía de asidero jurídico, puesto que los jueces están obligados a aplicar las sentencias
de unificación de jurisprudencia de los órganos de cierre por tener fuerza vinculante.

Aunque para la para la fecha de presentación de la demanda no había un criterio
unificado sobre la aplicación de la regla de caducidad respecto de daños derivados de
conductas supuestamente constitutivas de delitos de lesa humanidad, esa circunstancia
no le impedía aplicar el criterio jurisprudencial contenido en la sentencia del 29 de enero
de 2020, ya que se trataba de un precedente jurisprudencial de obligatorio cumplimiento
para la Sala; además, porque no era una situación jurídica consolidada.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

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Demandante: José Manuel Contreras Correa
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1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional a
la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado con el fin de que se protejan
los derechos constitucionales fundamentales del debido proceso y acceso a la
administración de justicia presuntamente vulnerados con ocasión del fallo proferido el 7
de mayo de 2021 por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos fáctico y
desconocimiento del precedente jurisprudencial.

En la sentencia de primera instancia la Subsección A de la Sección Segunda de esta
Corporación amparó los derechos fundamentales invocados.

En los escritos de impugnación la Policía Nacional y la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado solicitaron la revocatoria del fallo impugnado, pues los
jueces están obligados a aplicar las sentencias de unificación de jurisprudencia de los
órganos de cierre por tener fuerza vinculante.

Si bien en el proceso de acción de tutela se alegaron los defectos fáctico y
desconocimiento del precedente, lo cierto es que, de la lectura integral del escrito de

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tutela, se tiene que los reparos efectuados tienen relación directa con la inaplicabilidad
del término de caducidad por tratarse de un delito de lesa humanidad y la aplicación del
precedente contenido en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020; por
consiguiente, se procederá a realizar el análisis frente al desconocimiento del precedente
pues los argumentos relacionados con un presunto defecto fáctico en realidad están
dirigidos a demostrar que en este caso debió tenerse por presentada en término la
demanda al tratarse de un delito de lesa humanidad. No sobra recordar que dicho estudio
procederá, si y solo si, se supera el examen de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala revocará la sentencia
de primer grado que amparó los derechos fundamentales invocados y, en su lugar,
negará las pretensiones de la demanda.

El presente caso cumple los requisitos genéricos de procedibilidad enunciados por la
jurisprudencia constitucional, por cuanto: (i) se agotaron todos los medios de defensa
judicial disponibles al alcance de la persona afectada ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo; (ii) se cumplió con el requisito de la inmediatez, si se tiene en
cuenta que la acción fue promovida dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de
la providencia atacada2; (iii) el presente caso no se trata de una irregularidad procesal
que deba ser tenida como un efecto determinante en la sentencia que se impugna y
afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (iv) la parte actora identificó de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que
se transgredieron, (v) no se ataca una sentencia de tutela y, finalmente, (vi) la cuestión
que se discute resulta de relevancia constitucional, por cuanto se alegó la supuesta
vulneración de derechos constitucionales fundamentales con ocasión de la providencia
que declaró probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control de
reparación directa y se debate la aplicación de la jurisprudencia en el tiempo, lo cual tiene
una estrecha relación con las garantías del debido proceso y acceso a la administración
de justicia.

Superado el análisis anterior, pasa la Sala a establecer si la sentencia objeto de tutela
incurrió en el desconocimiento del precedente judicial.

2 La sentencia de segunda instancia fue notificada el 27 de mayo de 2021 y la demanda fue presentada el

18 de noviembre del mismo año.

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1. Desconocimiento del precedente jurisprudencial

1.1 La parte demandante alegó que el fallo no debió sustentarse en la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020, dictada por la Sala Plena de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, toda vez que ese no era el criterio mayoritario para la fecha en que
se presentó la demanda; además, porque en la referida sentencia de unificación la
Sección Tercera del Consejo de Estado no moduló sus efectos, por lo que “debía
entenderse que operan ex nunc”.

1.2 A juicio del demandante, debía privilegiarse el derecho de acceso a la administración
de justicia, puesto que en el proceso de reparación directa se discutió la posible existencia
de un crimen de lesa humanidad.

1.3 La Sala observa que en la providencia cuestionada el Consejo de Estado advirtió que
para resolver si la demanda había sido presentada de manera oportuna debía estarse a
lo unificado por la Sala Plena de la Sección Tercera de esa Corporación en la sentencia
del 29 de enero de 2020, en la que se expresó:

“La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado se unificará en
relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con
ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier
otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad
patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: i) en tales eventos resulta
exigible el término para demandar establecido por el legislador; ii) este plazo,
salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se
computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la
participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de
imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica
cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el
ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr el
plazo de ley.”.

1.4 Así pues, de los hechos y documentos aportados al proceso, la autoridad judicial
accionada consideró que el momento en el que el demandante advirtió la posibilidad de
imputar la responsabilidad al Estado por la muerte del señor William de Jesús Contreras
Correa y el desplazamiento forzado del que fueron víctimas sus familiares, por la
supuesta omisión en su deber de velar por la vida y seguridad de sus asociados, fue el 3
de julio de 1996.

1.5 En lo que interesa, la sentencia cuestionada señaló lo siguiente

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Demandante: José Manuel Contreras Correa
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“De lo expuesto se desprende que, si bien los demandantes salieron
desplazados en diciembre de 1996, lo cierto es que, como lo manifestaron
los testigos Carmen Alicia Silva Villalba y Miguel Isaac Mosquera, al año
siguiente retornaron a su vivienda ubicada en la vereda La Guaca de
Chigorodó; asimismo, que, tiempo después de la muerte de William de
Jesús, dos de sus hermanos empezaron a trabajar en la finca La Alameda,
en donde trabajaron su padre y su hermano.

En ese sentido, toda vez que se encuentra acreditado el retorno al lugar
de origen de los demandantes, considera la Sala que es a partir de ese
momento en que cesó su desplazamiento y, por ende, podían acudir a la
Administración de Justicia para reclamar sus derechos, pues en el expediente
no reposa medio probatorio alguno que dé cuenta de que para ese momento
existían amenazas en contra alguno de los hoy demandantes y de las cuales se
pudiera concluir que no existían las garantías necesarias para su retorno o que
se les impidiera ejercer su derecho de acción.

(…)

Así las cosas, dado que desde el 12 de diciembre de 1997 los referidos señores
se encontraban en la posibilidad de adelantar acciones para la defensa de sus
derechos, el término de dos años que consagraba el numeral 8 del artículo 136
del Código Contencioso Administrativo -norma vigente para la época de los
hechos- para ejercer la acción de reparación directa por la muerte del joven
William de Jesús comenzó a correr a partir del siguiente día -13 de diciembre
de 1997-.

En cuanto al señor José Manuel Contreras Correa, la Sala estima
conveniente señalar que, si bien es cierto que su desplazamiento en 1995
fue corroborado por los testigos Dairo Omar Sánchez Machado y Alfredo
Enrique Jiménez Sariego, también lo es que su destino fue la ciudad de
Medellín, en donde se estabilizó, tal y como él mismo lo confirmó en la
entrevista que le realizó la sicóloga Andrea Cartagena Preciado, tanto así
que al poco tiempo llegó su esposa y desde entonces viven allí con su hijo
(se transcribe de forma literal, con posibles errores incluidos):

(…)

Bajo esas circunstancias, considera la Sala que, al menos desde
diciembre de 1995, cuando el señor José Manuel Contreras Correa
adquirió estabilidad en Medellín, el referido demandante estaba en la
posibilidad de acceder a la jurisdicción en el término que establece la ley
para ejercer el derecho de acción, de modo que, si la muerte de su
hermano William de Jesús ocurrió el 2 de julio de 1996, el plazo de dos
años que tenía para demandar corrió desde el 3 de julio de 1996 hasta el 3
de julio de 1998.”. (archivo disponible en medio magnético a través del
aplicativo SAMAI -negrillas de la Sala).

1.6 Además, la autoridad judicial accionada puso de presente que, si bien en la demanda
se afirmó que “se interrumpió” la caducidad del medio de control, porque en el año 2012
los líderes de las autodefensas Salvatore Mancuso y Raúl Hasbún declararon que hubo
“participación activa de las autoridades del Estado en la muerte de miembros de la UP y

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sindicatos” y, al año siguiente, la Fiscalía Especializada de la Unidad Nacional de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Medellín dictó medida de
aseguramiento contra el último de los mencionados, por el homicidio de varias personas,
entre ellas la del joven William de Jesús Contreras Correa, lo cierto es que dicho
argumento no alteraba la conclusión a la que se arribó, pues la imputación que se hizo
contra el Estado fue por una falla del servicio por omisión que fue conocida por los
demandantes desde la fecha de fallecimiento y, si bien para ese momento sus familiares
se encontraban en una situación de desplazamiento, lo cierto es que dicha circunstancia
cesó y uno de ellos se estabilizó en otro lugar, por lo que, es a partir de allí que
comenzaba a correr el término para demandar.

1.7 Por otra parte, sostuvo que, si eventualmente los interesados se hubiesen visto
expuestos a una situación económica que les impidiera ejercer sus derechos podían
acudir al amparo de pobreza desde el inicio del proceso; sin embargo, dicha circunstancia
no se alegó, por lo que se encontraba demostrado que no demandaron en tiempo.

1.8 Por consiguiente, la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación
concluyó que como el plazo de dos años que tenía el señor José Manuel Contreras
Correa, corrió desde el 3 de julio de 1996 hasta el 3 de julio de 1998, y la demanda se
presentó el 15 de junio de 2013 -cuando habían transcurrido más de 14 años para
demandar- operó la caducidad del medio de control.

1.9 Pues bien, una vez examinado lo anterior, esta Sala evidencia que la decisión
adoptada por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado se ajusta a
los parámetros definidos en la sentencia de Sala Plena del 29 de enero de 2020, pues se
encuentra probado en el expediente que desde el 2 de julio de 1996 el demandante
conoció el hecho y tuvo la posibilidad de imputar la responsabilidad al Estado y acudir a
la administración de justicia para efecto de ejercer el medio de control de reparación
directa.

1.10 La autoridad judicial demandada no podía desconocer la sentencia de unificación
del 29 de enero de 2020, toda vez que se trataba de la interpretación vigente y vinculante
para cuando fue dictado el fallo cuestionado (7 de mayo de 2021), máxime cuando no se
trataba de una situación jurídica consolidada, sino, por el contrario, el caso se encontraba
pendiente de decisión en vía judicial y, por ende, el juez de la reparación estaba obligado
a acatar el fallo de unificación que lo vinculaba.

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1.11 Se recuerda que precisamente ante la disparidad de criterios que existían para la
época entre las diferentes Salas de Subsección en dicha sentencia de unificación la Sala
Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su postura en relación con la
caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de
lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda
solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado.

1.12 Asimismo, si bien es cierto que en este caso la demanda fue presentada antes de
que se profiriera la sentencia de unificación previamente referida, la aplicación de esa
providencia es inmediata y las reglas jurisprudenciales allí establecidas aplican al
presente caso porque, se reitera, se trataba de una situación jurídica no consolidada y en
la medida en que la sentencia desarrolló e interpretó una disposición legal que resulta de
imperioso cumplimiento para todos los jueces de la República.

1.13 Por consiguiente, la Sala advierte que en la providencia acusada el juez de
segunda instancia efectuó un estudio del caso puesto a su consideración supeditado a la
normatividad y la jurisprudencia aplicables, lo cual le llevó a concluir que desde 2 de julio
de 1996 el demandante advirtió la posibilidad de imputar la responsabilidad de los hechos
al Estado y acudir a la administración de justicia, sin que, como lo alega el actor, se haya
demostrado que no tuvo la posibilidad de conocer el daño o su imputabilidad al Estado
en ese momento, pues lo que reclamó fue una falla del servicio por la omisión,
circunstancia que conocía con claridad desde la aludida fecha.

1.14 En ese orden de ideas, para la Sala no existió vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte demandante, pues la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado inició el conteo de la caducidad del medio de control de
reparación directa conforme a los parámetros establecidos en la sentencia de unificación
del 29 de enero de 2020, de lo cual es posible concluir que no se encuentra configurado
el defecto alegado.

1.15 En ese orden de ideas, esta Sala revocará la sentencia de primer grado que
amparó los derechos fundamentales invocados y, en su lugar, negará las pretensiones
de la demanda.

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En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

Revócase la sentencia de primera instancia que amparó los derechos fundamentales
invocados. En su lugar, se dispone:

1º) Niégase la acción de tutela presentada por la parte actora, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.

3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia de la misma.

4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Salva voto

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 del Decreto Legislativo 806 de 2020.

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