Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-10734-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-10734-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-10734-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
10 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-10734-00
Referencia: Acción de tutela
Actores: ÁLVARO MAURICIO ISAZA UPEGUI Y OTROS.
TESIS: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. AUSENCIA DE
DEFECTOS SUSTANTIVO Y VIOLACIÓN DIRECTA A LA CONSTITUCIÓN – SE
PROHIJA EL CRITERIO ADOPTADO EN UN PRECEDENTE CON LOS MISMOS
SUPUESTOS FÁCTICOS Y JURÍDICOS.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, AL TRABAJO,
A LA IGUALDAD, A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por los actores
contra la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO
DE ESTADO1.
I. ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
1 En adelante la Sección Tercera
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Actores: ÁLVARO MAURICIO ISAZA UPEGUI Y OTROS
Los señores ÁLVARO MAURICIO ISAZA UPEGUI, CARLOS
GONZÁLEZ VARGAS y ALBERTO GÓMEZ MEJÍA, quienes actúan
en nombre propio, instauraron acción de tutela contra la SECCIÓN
TERCERA, por estimar que les vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la igualdad, a la honra
y al buen nombre, al haber proferido la providencia de 2 de junio de
2021, dentro del recurso extraordinario de anulación identificado con
el número único de radicación 2020-00048-00.
I.2.- Hechos
Señalaron que el 16 de mayo de 2013, la empresa
DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.2 y la sociedad
contratista DISICO S.A.3, celebraron bajo el régimen del derecho
privado el contrato DG-002 de 2013, cuyo objeto era la
construcción y puesta en servicio de la línea de interconexión
eléctrica de las localidades de Istmina, Paimadó y San Miguel, en
los municipios de Istmina y Medio San Juan del Departamento del
Chocó.
2 En adelante DISPAC
3 En adelante DISICO
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Afirmaron que en la cláusula 9ª se fijó el valor del referido contrato
en $17.861.167.802 con IVA incluido, bajo el sistema de precios
unitarios y se advirtió que el valor definitivo del mismo sería el
resultante de aplicar los precios unitarios establecidos en los
formatos núms. 3 y 4 de la oferta económica presentada por el
contratista, por las cantidades de obra y suministros realmente
ejecutados, de acuerdo con las actas de avance aprobadas por el
interventor.
Indicaron que en el contrato se pactó cláusula compromisoria, con
el fin de que toda controversia o diferencia que surgiera entre las
partes durante el cumplimiento o ejecución del mismo fuera
sometida a un Tribunal de Arbitramento o por la Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la decidiera en derecho.
Alegaron que la contratista DISICO realizó, a satisfacción de
DISPAC, todas las actividades e incurrió en todo tipo de costos que
requirió el proyecto, hasta poner en operación el sistema de
transmisión, el cual, desde entonces, se encuentra en pleno
funcionamiento.
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Argumentaron que DISPAC liquidó el contrato unilateralmente, sin
tener en cuenta el balance de ejecución realizado por la
interventoría, conforme al cual era mayor el valor de la ejecución
realizada por el contratista.
Resaltaron que debido a la insatisfacción con la liquidación realizada
por DISPAC y con los pagos que recibió por la obra, DISICO
convocó a aquella al TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ4, proceso dentro del cual
fungieron como árbitros.
Agregaron que tramitaron dicho proceso arbitral y que profirieron
laudo el 19 de marzo de 2020, el cual fue aclarado, complementado
y corregido el 6 de abril de ese mismo año, por solicitud de las
partes.
Manifestaron que, en el laudo arbitral se concluyó que DISPAC
incumplió el contrato y que la obra ejecutada por DISICO fue
superior a la reconocida por DISPAC, que se enriqueció sin justa
causa, con el correlativo empobrecimiento de aquella por lo cual,
condenaron a DISPAC a pagar a DISICO la suma de
$3’595.010.737,43, correspondientes a las mayores cantidades de
4 En adelante el Tribunal
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material y mano de obra en que DISICO incurrió y que DISPAC no
le reconoció.
Expusieron que el 27 de abril de 2020, DISPAC interpuso recurso
extraordinario de anulación contra el referido laudo arbitral, con
fundamento en las causales previstas en los numerales 2, 7, 8 y 9
del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.
Sostuvieron que mediante providencia de 2 de junio de 2021, la
Sección Tercera declaró parcialmente fundado el recurso
extraordinario de anulación y, en consecuencia, anuló los sub
numerales III y VIII del ordinal tercero y declaró fundada la causal
7ª del artículo 41 del Estatuto Arbitral, al considerar que el Tribunal
no estudió la excepción de “ejecución de los contratos de buena fe,
preclusión de las etapas contractuales e imposibilidad de Disico de
ir en contra de sus actos propios“ ni tampoco la excepción de
“inexistencia de los elementos que configuran el enriquecimiento
sin causa“ .
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I.3.- Fundamentos de derecho
A juicio de los actores, la SECCIÓN TERCERA vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la igualdad, a la honra
y al buen nombre, toda vez que la sentencia cuestionada es
caprichosa y arbitraria.
Sostuvieron que la autoridad judicial accionada incurrió en violación
directa de la Constitución Política, toda vez que no los vinculó al
trámite del recurso extraordinario de anulación, en su calidad de
árbitros y que dicha omisión les impidió controvertir los argumentos
expuestos en ese escenario, máxime aun, teniendo en cuenta que
se ordenó la anulación solicitada, se afirmó que ese Tribunal profirió
un fallo en conciencia o en equidad, debiendo ser en derecho y se
dispuso que los tres árbitros debían reembolsar a las partes el 50%
de los honorarios que habían recibido, lo cual vulneró sus derechos
al debido proceso, al trabajo, al buen nombre y a la honra.
Alegaron que la providencia cuestionada incurrió en defecto
sustantivo por cuanto aplicó de manera incorrecta la causal séptima
del artículo 41 del Estatuto Arbitral, ya que afirmó que el laudo
arbitral había sido un fallo en equidad o a conciencia, lo cual
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desconocía el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado y la
Corte Constitucional en el cual se han establecido las características
esenciales de ese tipo de fallos.
Señalaron que la autoridad judicial accionada se pronunció sobre el
fondo de la controversia y modificó los criterios o interpretaciones
expuestos por el Tribunal arbitral en el laudo, desconociendo que el
artículo 42 de la Ley 1563 de 12 de julio de 20125, le impone unos
límites al juez que conoce del recurso extraordinario de anulación,
conforme a los cuales debe circunscribir su estudio exclusivamente
a proveer sobre los argumentos expuestos por el recurrente, sin
posibilidad alguna de mejorarlos, complementarlos, cambiarlos o
adicionarlos con otros, sin embargo, la autoridad judicial accionada
fundamentó su decisión de anular parcialmente dicho laudo en
argumentos que DISPAC no incluyó en su recurso de anulación,
en virtud de los cuales concluyó de forma errada que había sido un
fallo dictado en equidad o a conciencia.
Afirmaron que el segundo supuesto en el que la autoridad
accionada basó su decisión de que se trataba de un laudo en
conciencia o en equidad se soportó en que el Tribunal no estudió la
5 “Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se
dictan otras disposiciones”.
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excepción de inexistencia de los elementos que configuran el
enriquecimiento sin causa, lo cual no correspondía con la realidad,
toda vez que si el Tribunal decidió que sí había existido un
enriquecimiento sin justa causa, necesariamente había estudiado la
excepción de inexistencia del mismo.
Adujeron que tal y como lo expuso el magistrado Martín Bermúdez
Muñoz en su salvamento de voto, al estudiar si se configuró o no el
enriquecimiento sin causa, el Panel Arbitral necesariamente estaba
resolviendo la excepción que echó de menos la Sala Mayoritaria.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, los accionantes pretenden lo
siguiente:
“[…] PRIMERA- TUTELAR los derechos constitucionales
fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia de los accionantes, así
como los demás que el despacho considere vulnerados o
amenazados por parte de la entidad accionada en el marco del
proceso No. 11001-03-26-000-2020-00048-00 (66031), en
particular, en lo atinente a la sentencia del 2 de junio de 2021
que resolvió el recurso de anulación, en específico los puntos
primero, segundo y consecuenciales de la parte resolutiva.
SEGUNDA- Como consecuencia del amparo pedido y con la
finalidad de hacer cesar la vulneración a los derechos de los
accionantes, que hasta la fecha continúan, se sirva ordenar la
supresión del numeral cuarto de la parte resolutoria de la
sentencia mencionada, de tal forma que no incurra en los
defectos de violación directa de la constitución que motivan la
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presente acción.
SEGUNDA SUBSIDIARIA- En subsidio de la segunda
pretensión principal, y con la finalidad de hacer cesar la
vulneración de los derechos de los accionantes, se sirva
ordenar la corrección de la sentencia recurrida, de tal forma
que no incurra en los defectos sustantivos y violación directa
de la Constitución que motiva la presente acción […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- La Sección Tercera afirmó que la sentencia de anulación y
el expediente del respectivo trámite arbitral contienen los
argumentos y elementos necesarios para que el juez de la acción
de tutela adopte la decisión que en derecho corresponda.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- La sociedad DISICO, por intermedio de su representante
legal, manifestó que la autoridad judicial accionada al decidir el
recurso de anulación, modificó y mejoró oficiosamente las
alegaciones presentadas por la sociedad DISPAC dentro del recurso
de anulación y, conforme a ello, concluyó que el laudo proferido fue
dictado en conciencia o equidad, por lo cual declaró probada la
causal séptima de anulación contenida en el artículo 41 de la Ley
1563 de 2012, por razones que de haber sido ciertas y valederas,
hubieran configurado la causal novena.
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Señaló que la accionada utilizó argumentos propios de la causal
novena de anulación para estructurar y declarar configurada la
causal séptima, puesto que afirmó que el laudo arbitral no estudió
cinco de las excepciones que DISPAC planteó al contestar la
reforma de la demanda, lo cual habría configurado la causal novena
de anulación, más no la séptima.
Alegó que la providencia cuestionada desconoció los límites que le
impone el inciso 4° del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012, al
fallador del recurso de anulación, pues la accionada se pronunció
sobre el fondo de la controversia y, además, calificó las
motivaciones y las interpretaciones expuestas por el Tribunal
arbitral.
I.6.2.- La sociedad DISPAC, a través de su apoderado judicial,
solicitó denegar la solicitud de amparo de la referencia.
Refirió que la parte actora intenta convertir la acción de tutela en
un medio para revivir el proceso inicial y controvertir los
argumentos de la decisión adoptada por la autoridad judicial
accionada, razón por la cual deviene en improcedente por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, máxime si
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se tiene en cuenta que son los árbitros, en su calidad de jueces,
quienes controvierten la decisión del órgano de cierre en materia
judicial.
Resaltó que el procedimiento arbitral no ha llegado a su final, toda
vez que el 1o. de septiembre de 2021, la sociedad DISICO
presentó convocatoria a Tribunal arbitral ante el Centro de Arbitraje
y Conciliación de la Cámara de Comercio Bogotá.
Alegó que la autoridad accionada examinó todo el laudo y lo analizó
en su integridad, con el fin de establecer si había sido adoptado en
derecho o no, para lo cual revisó y realizó trascripciones del mismo
dirigidas a encontrar textos en que los Árbitros hubieran abordado
los temas de derecho que por causal séptima se presentaban como
ausentes, arribando a la conclusión de que los temas de derecho
fueron obviados por los mismos, tal y como fue acusado en el
recurso de anulación.
Sostuvo que el recurso extraordinario de anulación forma parte
integral del trámite del proceso arbitral y a él se encuentran
sometidos los laudos arbitrales que profieren todos los Tribunales
de Arbitramento, lo cual permite que en el trámite y resolución de
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tal recurso, el laudo arbitral sea modificado o anulado total o
parcialmente, eventualidades que son propias del desarrollo del
proceso judicial y aun del arbitral y que en ningún momento dan
lugar a que se vulnere la honra, el buen nombre, el derecho al
trabajo o los demás invocados por los tutelantes, por el hecho de
que otro juez estudie y modifique sus providencias.
Destacó que el hecho de que los árbitros no fueran convocados ni
vinculados por el Consejo de Estado para decidir el recurso de
anulación, no corresponde a una arbitrariedad de la Corporación
sino a la previsión legal expresa en dicho sentido, pues en ningún
trámite para desatar cualquier recurso, bien sea de apelación, de
queja, casación o cualquier otro, el superior jerárquico convoca, ni
hace parte al juez de inferior jerarquía para resolver el recurso.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de
30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo
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número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del
Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de
tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el
conocimiento de las acciones de tutela.
De la acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 20126,
en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras
a unificar la jurisprudencia, consideró que la acción de tutela contra
providencia judicial es procedente cuando se esté en presencia de
la violación de derechos constitucionales fundamentales,
debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el
momento jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,
sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o
6Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de
2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, número de único de radicación 2009-
01328.
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aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo7.
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios
que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción
de tutela como un mecanismo de protección alternativo,
se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta
última.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de
agosto de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01.
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c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6].
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas
ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa
humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y
por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto
los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta
exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela
llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su
naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester
que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la
afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la
haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo
ello al momento de pretender la protección constitucional de
sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados,
para que proceda una acción de tutela contra una sentencia
judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o
causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar
plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha
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señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una
sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los
vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica
una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante
del derecho fundamental vulnerado[11].
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
de texto)
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Caso concreto
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los
derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo
42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991 8. Dicha
acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que
solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio,
con miras a evitar un perjuicio irremediable.
En el presente caso, los señores ÁLVARO MAURICIO ISAZA
UPEGUI, CARLOS GONZÁLEZ VARGAS y ALBERTO GÓMEZ
MEJÍA, actuando en nombre propio, interpusieron acción de tutela
contra la SECCIÓN TERCERA, por estimar que les vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la igualdad,
a la honra y al buen nombre, al haber proferido la providencia de 2
de junio de 2021, dentro del recurso extraordinario de anulación
identificado con el número único de radicación 2020-00048-00.
8 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política».
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Resaltaron que la autoridad judicial accionada incurrió en violación
directa de la Constitución Política, toda vez que no los vinculó al
trámite del recurso extraordinario de anulación, en su calidad de
árbitros y que dicha omisión les impidió controvertir los argumentos
expuestos en ese escenario.
Alegaron que la providencia cuestionada incurrió en defecto
sustantivo por cuanto aplicó de manera incorrecta la causal séptima
del artículo 41 del Estatuto Arbitral, ya que afirmó que el laudo
arbitral había sido un fallo en equidad o a conciencia, lo cual
desconocía el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado y la
Corte Constitucional en el cual se han establecido las características
esenciales de ese tipo de fallos.
Señalaron que la autoridad judicial accionada se pronunció sobre el
fondo de la controversia y modificó los criterios o interpretaciones
expuestos por el Tribunal arbitral en el laudo, desconociendo que el
artículo 42 de la Ley 1563 de 12 de julio de 20129, le impone unos
límites al juez que conoce del recurso extraordinario de anulación,
conforme a los cuales debe circunscribir su estudio exclusivamente
a proveer sobre los argumentos expuestos por el recurrente, sin
9 “Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se
dictan otras disposiciones”.
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posibilidad alguna de mejorarlos, complementarlos, cambiarlos o
adicionarlos con otros, sin embargo, la accionada fundamentó su
decisión de anular parcialmente dicho laudo en argumentos que
DISPAC no incluyó en su recurso de anulación en virtud de los
cuales concluyó de forma errada que había sido un fallo dictado en
equidad o a conciencia.
Afirmaron que el segundo supuesto en el que la autoridad
accionada basó su decisión de que se trataba de un laudo en
conciencia o en equidad, se soportó en que el Tribunal no estudió la
excepción de inexistencia de los elementos que configuran el
enriquecimiento sin causa, lo cual no correspondía con la realidad,
toda vez que si el Tribunal decidió que sí había existido un
enriquecimiento sin justa causa, necesariamente había estudiado la
excepción de inexistencia del mismo.
En este orden, la Sala advierte que las inconformidades de los
actores van dirigidas a controvertir la falta de vinculación y
notificación al trámite del recurso extraordinario de anulación; y,
asimismo, señalar que la autoridad judicial accionada incurrió en
defecto sustantivo, toda vez que declaró parcialmente fundado el
recurso extraordinario de anulación, por haberse fallado en
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conciencia o equidad, debiendo ser en derecho.
Aclarado lo anterior, la Sala procede a determinar, de acuerdo con
los parámetros planteados anteriormente, si se cumplen los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales; y, de ser así, si la Sección Tercera incurrió
en los defectos de violación directa a la Constitución y sustantivo
alegados, los cuales se estudiarán de forma independiente.
La Sala observa que, en el presente caso se cumple con el requisito
de la relevancia constitucional, por cuanto los actores plantean con
suficiente carga argumentativa, las razones por las cuales, en su
criterio, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
endilgados y vulneró sus derechos fundamentales; contra la
decisión cuestionada no proceden recursos y tampoco se
estructuran las causales de los recursos extraordinarios de revisión
(artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de jurisprudencia
(artículo 256 y ss., ídem); la acción de tutela se interpuso en un
plazo razonable10 y, por último, la solicitud identifica los hechos y
derechos que se estiman lesionados.
10 Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201,
Consejero ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
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De la violación directa de la Constitución
Esta causal especial de procedibilidad de la acción de tutela,
encuentra su sustento en el artículo 4° de la Constitución Política,
según el cual “[…] la Constitución es norma de normas. En todo
caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma
jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales […]”.
La referida Corporación Judicial11 ha señalado que este defecto se
estructura cuando una sentencia judicial desconoce o inaplica
determinados postulados del texto superior, bien sea porque los
omite por completo, los contradice, o les atribuye un alcance
insuficiente.
En cuanto a la configuración de esta causal como requisito de
procedibilidad, la Corte12 ha sostenido que el juez ordinario
desconoce la Constitución Política cuando:
«[…]
(i) Deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso
concreto, es decir, cuando (a) en la solución del caso se deja
11Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-490 de 13 de septiembre de 2016, M.P.:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO.
12Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, sentencia T-587 de 21 de septiembre
de 2017, C.P.: ALBERTO ROJAS RÍOS.
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de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad
con el precedente constitucional, (b) se trata de un derecho
fundamental de aplicación inmediata, y (c) el juez en sus
decisiones vulnera derechos fundamentales y no tiene en
cuenta el principio de interpretación conforme con la
Constitución.
(ii) Aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución.
Hace referencia al deber de aplicar las normas
constitucionales con preferencia a las legales, mediante el
ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad.
[…]».
Conforme a lo anterior, la Sala entra a examinar si la autoridad
judicial incurrió violación directa a la Constitución Política al no
haber vinculado y notificado a los árbitros que tramitaron el laudo
arbitral objeto de controversia dentro del recurso de anulación,
para lo cual se precisa analizar el trámite del mismo, que se
encuentra establecido en los artículos 40 y 42 de la Ley 1562 de
2012, así:
“[…] ARTÍCULO 40. RECURSO EXTRAORDINARIO DE
ANULACIÓN. Contra el laudo arbitral procede el recurso
extraordinario de anulación, que deberá interponerse debidamente
sustentado, ante el tribunal arbitral, con indicación de las causales
invocadas, dentro de los treinta (30) días siguientes a su notificación
o la de la providencia que resuelva sobre su aclaración, corrección o
adición. Por secretaría del tribunal se correrá traslado a la otra parte
por quince (15) días sin necesidad de auto que lo ordene. Vencido
aquel, dentro de los cinco (5) días siguientes, el secretario del
tribunal enviará los escritos presentados junto con el expediente a la
autoridad judicial competente para conocer del recurso.
[…]
ARTÍCULO 42. TRÁMITE DEL RECURSO DE ANULACIÓN. La
autoridad judicial competente rechazará de plano el recurso de
anulación cuando su interposición fuere extemporánea, no se
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hubiere sustentando o las causales invocadas no correspondan a
ninguna de las señaladas en esta ley.
Admitido el recurso, el expediente pasará al despacho para
sentencia, que deberá proferirse dentro de los tres (3) meses
siguientes. En ella se liquidarán las condenas y costas a que hubiere
lugar.
La interposición y el trámite del recurso extraordinario de anulación
no suspenden el cumplimiento de lo resuelto en el laudo, salvo
cuando la entidad pública condenada solicite la suspensión.
La autoridad judicial competente en la anulación no se pronunciará
sobre el fondo de la controversia, ni calificará o modificará los
criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones
expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo […]”.
(Subrayas fuera del texto)
Igualmente, una vez consultado el proceso contentivo del recurso
extraordinario de anulación identificado con el número único de
radicación 2020-00048-00 que se encuentra en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial -SAMAI-, se advierte que el 4 de septiembre
de 2020, el Magistrado Ponente profirió auto de admisión del
recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral, en atención a
que se cumplían los presupuestos de oportunidad y de forma
previstos en los artículos señalados en precedencia, contenidos en
la Ley 1563 de 2012, razón por la cual ordenó notificar
personalmente el contenido de dicha providencia al agente del
Ministerio Público y por estado a las demás partes e intervinientes.
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Así, pues, no se observa que la Sección Tercera haya incurrido en
violación directa de la Constitución Política por no haber ordenado
la notificación y vinculación de los árbitros al trámite del recurso
extraordinario de anulación, sino que, por el contrario, aplicó e
interpretó conforme a derecho la norma que rige dicha actuación
habida cuenta que, ordenó la notificación personal del agente del
Ministerio Público y por estado de las demás partes e intervinientes,
lo cual, en manera alguna vulneró los derechos de los aquí
tutelantes, quienes no hacían parte del proceso arbitral, sino que
fungieron como jueces dentro del mismo y aceptar lo contrario
rompería el principio de imparcialidad que debe gobernar las
actuaciones del juzgador, conforme al cual no se puede ser “juez y
parte” en las actuaciones que sean sometidas a su conocimiento.
Resulta claro entonces, que la autoridad judicial no incurrió en
violación directa de la Constitución Política por no haber ordenado
la notificación y vinculación de los árbitros al trámite del recurso
extraordinario de anulación, pues dicha decisión estuvo ajustada a
derecho, toda vez que se sujetó a lo establecido frente al particular
por la norma que rige la actuación, motivo por el cual, la Sala
denegará el amparo solicitado frente a dicho defecto, como en
efecto, lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
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Del defecto sustantivo
Frente al defecto sustantivo, los accionantes afirmaron que la
Sección Tercera incurrió en el mismo en la providencia cuestionada,
toda vez que declaró parcialmente fundado el recurso
extraordinario de anulación, por haberse fallado en conciencia o
equidad, debiendo ser en derecho.
En virtud de lo anterior, a la Sala le corresponde determinar si en el
caso sub examine la autoridad juridicial accionada incurrió en el
mencionado defecto.
Sea lo primero advertir que la Corte Constitucional13 ha precisado
que el defecto sustantivo se presenta cuando “[…] la autoridad
judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de
aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación
que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica
[…]”.
En ese orden de ideas, respecto de los eventos que dan lugar a
conceder el amparo a los derechos fundamentales que resulten
13 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio.
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vulnerados por la configuración del defecto sustantivo, en sentencia
T-949 de 200914, la Corte Constitucional señaló los siguientes:
“[…] (i) cuando la decisión judicial tiene como fundamento una
norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente b) ha
perdido su vigencia por haber sido derogada, c) es
inexistente d) ha sido declarada contraria a la Constitución, e)
a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es
constitucional, “no se adecúa a la situación fáctica a la cual se
aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le
reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por
el legislador”.
(ii) cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto, no se
encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación
razonable o “la aplicación final de la regla es inaceptable por
tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación
contra legem) o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes” o cuando en una decisión
judicial “se aplica una norma jurídica de manera
manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y
de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial […]”
De igual forma, la Corte Constitucional15 ha dicho que al examinar
estos eventos, el Juez de tutela se debe limitar a verificar esa
ruptura con el ordenamiento constitucional o legal, pues su decisión
“[…]no puede constituirse en un escenario para la evaluación acerca
del grado de convencimiento que ofrecen los razonamientos
elaborados por el Juez ordinario, sino que se restringe a identificar
la incompatibilidad entre estos y las normas jurídicas que regulan la
materia debatida en sede jurisdiccional […]”.
14
M.P Mauricio González Cuervo.
15
Sentencia T-310 de 2009, M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
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Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la Corporación
ya tuvo oportunidad de pronunciarse sobre el defecto sustantivo al
que ahora se alude, en sentencia de 15 de diciembre de 2021,
dentro del proceso identificado con número único de radicación
11001-03-15-000-2021-04349-00, Consejera ponente María Adriana
Marín, con ocasión de la acción de tutela promovida contra la
misma providencia objeto de la solicitud de la referencia, por las
mismas razones aquí expuestas, fungiendo como parte demandante
la sociedad DISICO S.A., que fue convocante dentro del laudo
arbitral recurrido en el recurso extraordinario controvertido en la
presente solicitud de amparo.
En dicha providencia se argumentó lo siguiente:
“[…] 4.3. El laudo arbitral y la sentencia de anulación en
cuestión
Mediante laudo del 19 de marzo de 2020, proferido por el Tribunal
de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, se accedió
parcialmente a las pretensiones de la parte convocante y, como
consecuencia, se condenó a la Empresa Distribuidora del Pacífico
S.A. E.S.P. – Dispac a pagar a Disico S.A. la suma de
$3.595.010.737, correspondiente a las mayores cantidades de
obra, material y mano de obra en que tuvo que incurrir esta
última, y que no fueron reconocidas en la liquidación unilateral del
contrato DG-002-2013. El panel arbitral, en lo que tiene que ver
con el objeto de la presente controversia, textualmente consideró:
[…]
Mediante Acta 27 del 6 de abril de 2020, el Tribunal de
Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá aclaró el laudo
y expuso que «solo prosperó la tercera pretensión principal de
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declaración de existencia de incumplimiento por parte de Dispac,
pero no prosperó la sexta pretensión principal de condena por
incumplimiento». Asimismo, manifestó que «cuando en el numeral
4° de la tabla que se encuentra en el acápite cuatro relativo a
“análisis individualizado de las pretensiones” se indica que las
“pretensiones principales de incumplimiento fueron rechazadas”, se
refiere al rechazo de las pretensiones principales condenatorias de
incumplimiento».
De igual modo, señaló que el Panel Arbitral acogió parcialmente la
excepción de incumplimiento propuesta por Dispac «(diferente esta
de una excepción de contrato no cumplido previsto en el artículo
1609 del Código Civil)».
Adujo que la condena pecuniaria corresponde a la compensación
por el enriquecimiento sin causa causado por Dispac en perjuicio
de Disico S.A., pues «prosperó una pretensión declarativa de
incumplimiento que (en razón del incumplimiento recíproco de las
partes) no fue suficiente para que prosperara la pretensión
condenatoria de pago por perjuicios contractuales. Tampoco hubo
condena pecuniaria alguna por conceptos como equilibrio
contractual o incumplimiento a las obligaciones de buena fe».
Finalmente, respecto de la excepción de ejecución de los contratos
de buena fe, el Tribunal Arbitral sostuvo que no fue estudiada
porque no prosperó la pretensión de condena por incumplimiento
contractual a la que aquella se refería. Agregó que, si bien la
pretensión de declaración de incumplimiento de Dispac prosperó
parcialmente, lo cierto es que no prosperó la de condena, debido al
incumplimiento recíproco, por lo que no tenía sentido estudiar
argumentos orientados a enervar una pretensión que, de manera
íntegra, no prosperó.
Dispac interpuso recurso extraordinario de anulación contra el
referido laudo arbitral, con fundamento en las causales previstas
en los numerales 2, 7, 8 y 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de
2012.
Mediante sentencia del 2 de junio de 2021, la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado declaró infundado el recurso
respecto de las causales previstas en los numerales 2, 732 y 833,
mientras que frente a la causal 9 sostuvo que, como prosperó la
anulación del laudo arbitral por la causal 7, no había lugar a emitir
pronunciamiento, dado que «los supuestos presentados bajo esta
causal persiguen que se anulen los apartes de la parte resolutiva
ya anulados, correspondientes al resuelve QUINTO (NUMERALES
II, III Y IV)».
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Para mayor claridad, la Sala transcribirá in extenso los argumentos
expuestos por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado para anular parcialmente el laudo arbitral del 19 de
marzo de 2020, con fundamento en la causal de anulación
establecida en el numeral 7 del artículo 41 del Estatuto de
Arbitraje. Expuso lo siguiente:
[…]
4.4. La excepción propuesta por Dispac denominada
«ejecución de los contratos de buena fe, preclusión de las
etapas contractuales e imposibilidad de Disico de ir contra
sus propios actos»
Como quedó evidenciado, la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado declaró fundada la causal de anulación de
fallo en conciencia, por considerar que el Tribunal de Arbitramento
de la Cámara de Comercio de Bogotá dejó de estudiar, «sin
fundamento jurídico alguno», la referida excepción.
En síntesis, la autoridad judicial accionada señaló que al Panel
Arbitral le correspondía determinar si lo alegado por Dispac estaba
acreditado y, en caso de confirmarlo, estudiar si el contratista
(Disico S.A.) actuó de buena fe al aceptar las prórrogas y acordar
que estas no generarían cargas económicas para las partes, para
después solicitar, mediante una demanda arbitral, la declaratoria
de incumplimiento de la contratante y su consecuencial condena.
Como se refirió, para que se configure la causal establecida en el
numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, es necesario que
el laudo arbitral carezca íntegramente de fundamentación jurídica
o probatoria y, además, que esa circunstancia aparezca
manifiestamente en la decisión. Bajo ese entendimiento, la Sala
considera que la Subsección B de la Sección Tercera de esta
Corporación no incurrió en los defectos endilgados y, por ende, no
vulneró los derechos fundamentales invocados, dado que el
Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá no
explicó jurídicamente las razones por las cuales no estudiaría la
excepción de «ejecución de los contratos de buena fe, preclusión
de las etapas contractuales e imposibilidad de Disico de ir contra
sus propios actos». Esto sostuvo el laudo en cuestión:
[…]
En efecto, el Panel Arbitral consideró que era innecesario abordar
la excepción propuesta por Dispac, pues, a su juicio, como estaba
dirigida a controvertir las pretensiones de incumplimiento
contractual, y estas habían sido negadas en el acápite 2.2. del
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laudo arbitral, debido al incumplimiento recíproco de las partes
involucradas en el conflicto, prescindió del pronunciamiento sobre
la excepción.
Asimismo, en el Acta 27 del 6 de abril de 2020, el Tribunal de
Arbitramento aclaró el laudo y expresamente señaló que «si bien la
pretensión de declaración de incumplimiento de DISPAC prosperó
parcialmente, no prosperó la pretensión de condena en razón del
incumplimiento recíproco. Así, no tenía sentido estudiar
argumentos orientados a enervar una pretensión que, de manera
íntegra, no prosperó».
Entender que la excepción de ejecución de los contratos de buena
fe, preclusión de las etapas contractuales e imposibilidad de Disico
S.A. de ir contra sus propios actos propuesta por Dispac, buscaba
enervar las pretensiones de aquella sociedad, relacionadas con el
incumplimiento del contrato, y decidir que no la estudiaría, debido
a que ya obraba pronunciamiento sobre el incumplimiento
recíproco de las obligaciones, en criterio de la autoridad judicial
demandada, implicó la configuración de un «fallo en conciencia
evidente y ostensible», pues no existía fundamento de derecho
alguno que le hubiera permitido al Tribunal de Arbitramento de la
Cámara de Comercio de Bogotá abstenerse de estudiar dicha
excepción.
Adicionalmente, se le reprochó al Panel Arbitral por no analizar las
circunstancias de hecho y de derecho que permitían determinar si
lo alegado por Dispac estaba acreditado, y en caso de confirmarlo,
establecer si, en efecto, Disico actuó de buena fe al haber aceptado
las prórrogas y acordado que estas no generarían cargas
económicas para las partes.
En criterio de la Sala, los argumentos expuestos por la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la providencia
cuestionada fueron razonables y no merecen reproche alguno
desde el punto de vista constitucional, dado que la omisión en el
estudio de esa excepción implicó que se declarara el
incumplimiento del contrato por parte de Dispac, situación que
pudo ser distinta en caso de que el Panel Arbitral hubiera declarado
probada la excepción. Es pertinente destacar que la autoridad
judicial accionada no se pronunció sobre el fondo del asunto
sometido a arbitraje, por el contrario, lo que hizo fue determinar
que no existía fundamento jurídico alguno para abstenerse de
emitir pronunciamiento de fondo sobre la excepción propuesta por
Dispac, pues fue clara al indicar que «a la Sala le es indiferente la
decisión del Panel, ya que no estudia si tal excepción debió haber
sido declarada o debió haber sido negada».
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Así las cosas, la Sala considera que la autoridad judicial accionada,
al proferir la sentencia del 2 de junio de 2021, no incurrió en
defecto sustantivo, por haber aplicado la causal 7 de la Ley 1563
de 2012 y, de paso, anulado parcialmente el laudo arbitral del 19
de marzo de 2020. Esto, debido a que era razonable concluir que el
Panel Arbitral no expuso argumentos jurídicos para sustentar su
decisión de no analizar la excepción propuesta por Dispac, lo que,
a su vez, indica que era manifiesto o palmario que se hubiera
dictado un fallo en conciencia, como lo exige la norma.
4.5. La excepción propuesta por Dispac denominada
«inexistencia de los elementos que configuran el
enriquecimiento sin causa»
De entrada, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada, al
declarar fundada la causal de anulación de fallo en conciencia
respecto de esta excepción, no incurrió en defecto procedimental
absoluto, pues no excedió los límites de su competencia como juez
de la anulación, ni tampoco desconoció el principio dispositivo.
En efecto, en la providencia cuestionada se consideró que el
Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá no
estudió la excepción y, por tanto, esa decisión se tomó «con
ausencia de fundamento jurídico». Expuso la autoridad judicial
demandada que la argumentación del tribunal «es errada. Su
competencia para resolver la pretensión atinente al
enriquecimiento sin causa implica un análisis distinto al relativo al
estudio de los elementos que configuran el enriquecimiento sin
causa». Asimismo, concluyó que «es equivocada la consideración
de que el análisis de la excepción estaba subsumido en la
definición de su competencia».
Señaló, además, que el Tribunal Arbitral debió haber estudiado si
se reunían los elementos definidos por la jurisprudencia para la
configuración de la institución del enriquecimiento sin causa. En
criterio de la autoridad judicial accionada, «resulta incuestionable
que la ausencia de causa es un elemento esencial para la
configuración del enriquecimiento sin causa» y, en consecuencia,
«resulta contradictorio concebir que un enriquecimiento sin causa
tenga como fuente un incumplimiento contractual, pues el mismo
fundamento de la figura jurídica indica que el enriquecimiento sin
causa debe ser ausente de causa o fuente obligacional».
También sostuvo que hubo fallo en conciencia porque los
fundamentos fácticos y probatorios con base en los cuales el Panel
Arbitral concedió la pretensión subsidiaria de enriquecimiento sin
justa causa «fueron los mismos fundamentos presentados para
declarar el incumplimiento de la entidad. Es decir, los mismos
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fundamentos son usados, a la vez, para declarar un
incumplimiento y un enriquecimiento sin justa causa, sin que esta
contradicción encuentre fundamento jurídico alguno en la decisión
adoptada por el Tribunal».
Finalmente, consideró que el desconocimiento de los elementos del
enriquecimiento sin causa, «cuyo análisis era el fundamento
jurídico en el que el Panel estaba obligado a sustentar su
decisión», conlleva la configuración de un fallo en conciencia
«evidente y ostensible».
Así las cosas, la Sala observa que el Tribunal de Arbitramento de la
Cámara de Comercio de Bogotá en el laudo anulado, sobre esta
excepción indicó que «por considerarlo que es competente, este
Tribunal no estimará la excepción propuesta por la convocada
sobre (...) inexistencia de los elementos que configuran el
enriquecimiento sin justa causa». Luego, en el acápite denominado
análisis individualizado de las excepciones, refirió lo siguiente:
La excepción de ausencia de no configuración de los elementos del
enriquecimiento sin causa se declarará improbada, según las
explicaciones minuciosas dadas por el Tribunal en la sección 2.3
sobre enriquecimiento.
En síntesis, y para no reiterar lo expuesto en el acápite 4.3 de esta
providencia, se tiene que, luego de realizar un análisis del material
probatorio que obraba en el expediente, el Panel Arbitral consideró
que se configuró el enriquecimiento sin justa causa a favor de
Dispac y, por tanto, había lugar a condenar a la convocada al pago
de las mayores cantidades de obra ejecutadas.
No obstante, la autoridad judicial accionada consideró que los
árbitros habían omitido pronunciarse sobre la excepción
denominada «inexistencia de los elementos que configuran el
enriquecimiento sin causa», pues no estudió la falta de del tercer
elemento del enriquecimiento sin causa, correspondiente a su
ausencia de justificación, cuyo incumplimiento, se reitera, fue
alegado por Dispac al proponer la referida excepción en la
contestación de la reforma de la demanda. Ciertamente, la
ausencia de argumentos jurídicos y probatorios que le permitirían
al Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá
descartar o no la configuración de la referida excepción, conllevó
que la autoridad judicial accionada declarara fundada la causal de
anulación de fallo en conciencia.
Así las cosas, no es posible advertir vulneración de derecho
fundamental alguno, ya que la providencia cuestionada fue
razonable al concluir que el laudo del 19 de marzo de 2020 omitió
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pronunciarse sobre la excepción propuesta por la parte convocada
y que esas circunstancias daban lugar a declarar fundada la causal
de anulación por haberse proferido fallo en conciencia o equidad.
Ahora bien, para la Sala no es de recibo el argumento del
accionante según el cual la autoridad judicial accionada se
pronunció sobre el fondo de la controversia al modificar los
criterios y argumentos del Tribunal Arbitral, con el consecuente
desconocimiento del principio dispositivo que rige en materia de
recursos de anulación.
Ocurre que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado realizó un análisis de las consideraciones expuestas por el
Panel Arbitral para determinar si en el caso concreto se había
omitido o no pronunciarse sobre la excepción de inexistencia de los
elementos que configuran el enriquecimiento sin causa propuesta
por Dispac. Luego de realizar ese estudio, la autoridad judicial
accionada concluyó que la argumentación del laudo era
contradictoria, pues no estudió la excepción al considerar que su
análisis «estaba subsumido dentro de la determinación de su
competencia» y tampoco explicó con suficiencia y claridad los
motivos por los cuales, en el caso concreto, se configuraba el
tercer elemento, este es, la ausencia de una causa que justificara
el enriquecimiento de Dispac y el correlativo empobrecimiento de
Disico. Asimismo, la autoridad judicial demandada señaló que el
Panel Arbitral utilizó los mismos fundamentos fácticos y probatorios
para declarar el incumplimiento y el enriquecimiento sin causa,
«sin que esta contradicción encuentre fundamento jurídico
alguno».
Las anteriores consideraciones permiten a la Sala concluir que la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al
proferir la providencia del 2 de junio de 2021, no se pronunció
sobre el fondo de la controversia, ni desconoció el principio
dispositivo, sino que se centró en exponer razonablemente por qué
era obligación del Panel Arbitral explicar, en derecho, su decisión
en el sentido de que la excepción propuesta por Dispac,
denominada «inexistencia de los elementos que configuran el
enriquecimiento sin causa», no estaba llamada a prosperar.
Ciertamente, ante la falta de estudio de esa excepción por parte
del Panel Arbitral con la consecuente determinación sobre el
enriquecimiento sin justa causa a favor de Disico, y teniendo en
cuenta, además, las consideraciones expuestas en el acápite 4.2
de esta providencia, según las cuales en el evento en que el laudo
objeto de anulación se aleje manifiestamente del derecho vigente o
se evidencie la absoluta prescindencia de la normativa jurídica que
gobierna el caso concreto, resulta razonable que, en los términos
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de la jurisprudencia de esta Corporación, la autoridad judicial
accionada hubiera declarado fundada la causal de anulación de
fallo en conciencia.
Aunado a lo expuesto, la Sala considera que no se acreditaron los
requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional para que
proceda la acción de tutela contra un órgano de cierre, dado que
no se advierte que la decisión riña de manera abierta con la
Constitución, pues es compatible con la sentencia de unificación
SU-173 de 2015, que fijó el alcance de los derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia en lo
concerniente a los límites que debe atender el juez del recurso
extraordinario de anulación, cuando analiza la causal de fallo en
conciencia, fallo de unificación en el que se determinó que no es
posible que aquel se pronuncie sobre errores in iudicando o
eventuales desaciertos hermenéuticos o de aplicación normativa
por parte de los árbitros, lo cual, desde luego, implica una
restricción o veto para calificar o modificar las interpretaciones
expuestas por el tribunal al adoptar el laudo, situación que, se
insiste, no se advierte en el presente asunto.
Bajo ese contexto, la Sala concluye que no se vulneraron los
derechos fundamentales invocados por la sociedad Disico S.A.,
toda vez que no se acreditó que la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado hubiera incurrido en los defectos
alegados. Por tanto, se negarán las pretensiones de la tutela de
referencia […]”.
Como quiera que se trata de una situación fáctica y jurídica
idéntica, la Sala prohíja en esta oportunidad las consideraciones
transcritas, por resultar enteramente aplicables al caso concreto y,
en ese orden de ideas, denegará el amparo solicitado respecto del
defecto sustantivo alegado por los actores, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
Por último, la Sala advierte que el nombre de los tutelantes se
encuentra mal registrado en la Sede Electrónica para la Gestión
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Judicial -SAMAI-, por cuanto en el libelo introductorio se señaló que
quienes interponían la presente acción eran los señores ÁLVARO
MAURICIO ISAZA UPEGUI, CARLOS GONZÁLEZ VARGAS y
ALBERTO GÓMEZ MEJÍA; sin embargo, en el sistema se registró
quien funge como demandante era la sociedad DISPAC, que fue
vinculada al presente trámite pero como tercero con interés directo
en las resultas del proceso, por lo que se ordenará corregir los
nombres de los actores en el software de gestión judicial “siglo XXI”
de la Corporación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR el amparo solicitado respecto de los defectos
alegados por los actores, por las razones expuestas en precedencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría General de esta Corporación
que realice las correcciones pertinentes en el software de gestión
judicial “siglo XXI” señalando que los actores de la presente
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solicitud de amparo son los señores ÁLVARO MAURICIO ISAZA
UPEGUI, CARLOS GONZÁLEZ VARGAS y ALBERTO GÓMEZ
MEJÍA
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de febrero
de 2022.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
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