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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10739-01

Fecha
16 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10739-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 6 de mayo de 2022, proferida por la Sección Tercera, Subsección “C”, de esta Corporación, SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-10739-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

16 de septiembre de 2022

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-10739-01
Accionante: Municipio de Pueblo Bello – Cesar

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., dieciséis (16) septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10739-01
Demandante: Municipio de Pueblo Bello – Cesar
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar

Tesis: Incurre en defecto fáctico el Tribunal que rechaza por
extemporáneo el estudio de un proceso, cuando para el computo
de un término establecido en días, no tiene en cuenta la vacancia
judicial.

SENTENCIA DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la impugnación presentada por la Magistrada Dora
Pinzón Amado en su calidad de presidenta del Tribunal Administrativo del
Cesar en contra de la sentencia proferida por la Sección Tercera, Subsección
“C”, de esta Corporación, el 6 de mayo de 2022.

I. SINTESIS DEL CASO

El señor Danilo Duque Barón, en su calidad de Alcalde Municipal de Pueblo
Bello – Cesar, presentó acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo del Cesar, con el fin de que le fueran protegidos sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la buena fe, a la confianza legítima y al
acceso a la administración de justicia, en la que formuló las siguientes
pretensiones:

“4.1. Tutelar los derechos constitucionales fundamentales
Fundamentales (sic) al DEBIDO PROCESO, soportado en los
subprincipios d (sic) Defensa y Contradicción, (Art. 29), a la
IGUALDAD ante la Ley (Art. 13)13, soportado en los principios de
la Buena Fe y Confianza Legítima (Art. 83), AL LIBRE ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (Art. 229); soportado en _ la
prevalencia del Derecho Sustancial sobre las formas, como
pilares del régimen de la Administración de Justicia estatuido en
el (Art. 228), y como consecuencia del amparo se dejen sin efectos
las providencias emitidas, el 16 de septiembre de 2021 y el 18 de

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Accionante: Municipio de Pueblo Bello – Cesar

noviembre de 2021, por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
CESAR, en el cual incurrió en VÍAS DE HECHO con la expedición de las
citadas providencia, en las que se detectaron el defecto fáctico, y la
violación directa de la Constitución, reuniéndose los requisitos generales
y especiales para promover la presente acción constitucional.

4.2. Como consecuencia directa de la protección concedida, se le ordene
al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, dentro de las 48 horas siguientes a
la notificación del fallo, emita un auto de trámite admitiendo las
objeciones por haberse presentado oportunamente y proceda
dentro de los términos establecidos en la ley sustancial a definir el asunto
de fondo.”

El accionante relató como sustento de las pretensiones de amparo lo
siguiente:

I.1. Que el 29 de noviembre de 2020, el concejo Municipal aprobó el
proyecto de acuerdo denominado: “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL
USO DEL ESCUDO DE ARMAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO COMO
ÚNICO LEMA INSTITUCIONAL VÁLIDO PARA LAS COMUNICACIONES,
DIVULGACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LAS
DIFERENTES ENTIDADES MUNICIPALES DE PUEBLO BELLO Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES”. El 4 de diciembre de 2020 le fue notificado para
su sanción.

I.2. Señaló que, el 11 de diciembre de 2020, de conformidad con lo
establecido en el artículo 80 de la ley 136 de 1994, presentó objeciones de
derecho al proyecto de Acuerdo núm. 011 del 29 de noviembre de 2020.

I.3. Expreso que, el 17 de diciembre de 2020, convocó a sesiones
extraordinarias al Concejo, conforme lo indica el inciso final del artículo 78
de la ley 136 de 1994, para que se surtiera el trámite de objeciones.

I.4. El 30 de diciembre de 2020, el Concejo devolvió el proyecto de acuerdo
por considerar infundadas las objeciones presentadas.

I.5. Mencionó que, el 14 de enero de 2021, a través de los correos
sectriadm@cendoj.ramajudicial.gov.co y
ofjudvalledupar@cendoj.ramajudicial.gov.co, presentó solicitud de revisión
de las objeciones en derecho del Proyecto de Acuerdo No. 011 del 29 de
noviembre de 2020.

I.6. El 16 de septiembre de 2021, el Tribunal, mediante sentencia, decidió
rechazar por extemporánea la solicitud de revisión del Acuerdo No. 011 de
29 de noviembre de 2020, expedido por el Concejo Municipal de Pueblo Bello
– Cesar, al considerar:

“(…) El término de 10 días, son hábiles para el alcalde, esto es, mientras
la Alcaldía esté en funcionamiento el término se va agotando. Lo anterior

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se explica en cuanto es la autoridad municipal la que tiene tal tiempo
para el estudio del acuerdo, y de ser el caso, para remitir el escrito con
los cargos que corresponda al tribunal. También se desprende de dicha
afirmación que los días de la vacancia judicial o los que, por cualquier
causa, los Despachos deban permanecer cerrados, tal como ocurre en
ocasión de un paro judicial, no interrumpen el plazo de los 10 días
mientras que estos sean hábiles para el Alcalde, pues si se vencen
durante éstos, para que no precluya el término tendiente al ejercicio de
la función, deberá ser remitido el escrito de solicitud el día en que se
reinicien actividades1 .

Bajo los anteriores presupuestos, esta Corporación encuentra que las
objeciones fueron presentadas en forma extemporánea, ya que cuando
se presentó el escrito de objeción ante este Tribunal ya había fenecido
el término de los 10 días de los que habla la Ley 136 de 1994. Nótese
que el proyecto de acuerdo fue remitió al señor Alcalde Municipal de
Pueblo Bello, Cesar para su sanción el día 4 de diciembre de 2020, como
se extrae del hecho segundo del mismo escrito de objeción.

El Alcalde presentó objeciones ante el Concejo Municipal el día 11 de
diciembre de 2020, siendo devuelto el proyecto de acuerdo el día 30 de
diciembre por haberse declarado infundadas las objeciones. En tanto, el
término de los 10 días hábiles para el ente territorial se cumplía el 15 de
enero de 2021, fecha para cual la Oficina Judicial de la Dirección
Seccional de Administración Judicial Valledupar, se encontraba laborando
normalmente. Sin embargo, la solicitud se allegó el día 9 de febrero de
2021, tal como consta en el acta individual de reparto vista a Documento
pdf#8 del OneDrive.

En este orden, tal como lo conceptuó el Agente del Ministerio Público se
impone el rechazo de la solicitud de la referencia, por haberse
presentado de forma extemporánea, pero baja el análisis efectuado en
esta oportunidad. (…)”

I.7. Inconforme con la anterior decisión, el 21 de septiembre de 2021, el
accionante presentó recurso de reposición en subsidio de apelación o en su
defecto súplica.

I.8. El 18 de noviembre de 2021, el Tribunal Administrativo del Cesar,
mediante auto, declaró la improcedencia de los recursos, al determinar,
que:

“(…) El artículo 151 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, establece la competencia de los Tribunales
Administrativos en Única Instancia, así:

1
El artículo 62 del Código de Régimen Político y Municipal, establece lo siguiente: “ARTICULO 62. COMPUTO DE
LOS PLAZOS. En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los
feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario;
pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil.

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“Los tribunales administrativos conocerán de los siguientes procesos
privativamente y en única instancia:

(…)

4. De las objeciones que formulen los alcaldes a los proyectos de
acuerdos municipales o distritales, por ser contrarios al ordenamiento
jurídico superior.

Por su parte, el artículo 243A Ibídem, dispone que no son susceptibles
de recursos ordinarios las siguientes providencias: “1. Las sentencias
proferidas en el curso de la única o segunda instancia”.

Así entonces, el despacho sin entrar en mayores consideraciones no
realizará el análisis de la procedencia del recurso de reposición y en
subsidio apelación interpuesto por la parte demandante, pues en el
presente caso no es posible dar trámite al mismo, toda vez que la
providencia objeto de recurso es una sentencia proferida en el curso de
asunto tramitado en única instancia y en razón de ello, es claro que
frente a ella no proceden los recursos ordinarios por disposición expresa
de la Ley. ( )”

II. TRAMITE DE LA TUTELA

II.1. El 6 de diciembre de 2021, el despacho sustanciador admitió la acción
de tutela y ordenó la notificación a la accionada.

II.2. El Tribunal Administrativo del Cesar, a través de la presidenta2,
solicitó se deniegue el amparo solicitado, conforme a los siguientes
argumentos:

« […] Correspondió a esta Corporación conocer del escrito que el señor
Alcalde Municipal de Pueblo Bello, Cesar, presentó objetando el Acuerdo
Nº 011 del 29 de noviembre de 2020 expedido por el Concejo Municipal
“Por medio del cual se autoriza el uso del escudo de armas del municipio
de Pueblo Bello como único lema institucional válido para las
comunicaciones, divulgación de políticas, programas y proyectos de las
diferentes entidades municipales de Pueblo Bello y se dictan otras
disposiciones”. Al considerar trasgredido el ordenamiento jurídico que
establece que los actos deben contener una expresa motivación, es decir,
expresar o sustentar en que aparte de la Constitución, o en cual ley se
sustenta un Acuerdo que coarta al Ejecutivo Municipal, el derecho a
implementar y difundir su imagen o logo institucional. Previo a tomar la
decisión de fondo por parte de la Corporación, es de indicar que se surtió
el siguiente trámite dentro de la misma, así: El día 14 de enero de 2021,
el señor Alcalde Municipal de Pueblo Bello, remite a la Corporación, las
objeciones presentadas ala proyecto de Acuerdo de 29 de noviembre de
2020; la cual fue sometida a reparto, correspondiéndole conocer al

2
Magistrada Doris Pinzón Amado - Índice 10 de Samai

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Magistrado, doctor Carlos Alfonso Guechá Medina, quien mediante auto
de fecha 27 de mayo de 2021, previo a decidir sobre la admisión de la
misma, ordenó allegar copia autenticada del proyecto de Acuerdo No.
011 de 29 noviembre de 2020.

Por auto de 5 de agosto de 2021, por reunir los requisitos legales, se
ordena fijar en lista por el término de diez días para que cualquier
persona y el Ministerio Público intervengan en el asunto. Vencido el
término anterior, se procede a decidir el asunto analizado y por medio
de providencia de fecha 16 de septiembre de 2021, la Corporación
rechaza por extemporánea la solicitud de revisión del Acuerdo No. 011
de 29 de noviembre de 2020. […]».

(…)

El Alcalde presentó objeciones ante el Concejo Municipal el día 11 de
diciembre de 2020, siendo devuelto el proyecto de acuerdo el día 30 de
diciembre por haberse declarado infundadas las objeciones. En tanto, el
término de los 10 días hábiles para el ente territorial se cumplía el 15 de
enero de 2021, fecha para cual la Oficina Judicial de la Dirección
Seccional de Administración Judicial Valledupar, se encontraba laborando
normalmente. Sin embargo, la solicitud se allegó el día 9 de febrero de
2021, tal como consta en el acta individual de reparto vista a documento
pdf#8 del OneDrive. Consecuencia de lo antero, se decidió rechazar por
extemporánea la solicitud de revisión del Acuerdo No. 011 de 29 de
noviembre de 2020, expedido por el Concejo Municipal de Pueblo Bello.
Contra la decisión anterior, el Municipio de Pueblo Bello, a través de su
Alcalde Municipal, interpuso recurso de reposición y en subsidio
apelación; con respecto a ello la Corporación profiere el auto de fecha
18 de noviembre de 2021. (…)

Así entonces, la Corporación, sin entrar en mayores consideraciones no
realizó el análisis de la procedencia del recurso de reposición y en
subsidio apelación interpuesto por la parte demandante, pues no era
posible dar trámite al mismo, toda vez que la providencia objeto de
recurso era una sentencia proferida en el curso de asunto tramitado en
única instancia y en razón de ello, fue claro que frente a ella no proceden
los recursos ordinarios por disposición expresa de la Ley; por lo que se
procedió a rechazar por improcedente el recurso de reposición y en
subsidio apelación interpuesto por el alcalde del municipio de Pueblo
Bello.

Conforme a lo expuesto, se colige la ausencia de vulneración de derechos
fundamentales en la decisión tomada por esta Corporación a través de
providencia de fecha 16 de septiembre de 2021 y el auto 18 de
noviembre del mismo año que rechazó por improcedentes los recursos
de reposición y apelación interpuesto en contra de la decisión,
cuestionada por la parte accionante, razón por la cual muy
comedidamente consideramos que lo procedente en este caso es
denegar la acción de tutela impetrada. […]»

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III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Sección Tercera, Subsección “C”, del Consejo de Estado, profirió fallo el 6
de mayo de 2022, por medio de la cual amparó los derechos fundamentales
reclamados, decidiendo:

« […] PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad ante la ley y al libre acceso a la administración de
justicia del Municipio de Pueblo Bello – Cesar.

SEGUNDO: DEJAR sin efecto la providencia emitida por el Tribunal
Administrativo del Cesar del 16 de septiembre de 2021 dentro del
radicado núm. 20001-23-33-000-2021-00024-00.

TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Cesar que, en el
término de treinta (30) días posteriores a la ejecutoria de la presente
providencia, profiera una decisión dentro del trámite de revisión radicado
al número 20001-23-33-000-2021-00024-00, y, en consecuencia,
analice las objeciones presentadas por el Municipio de Pueblo Bello-Cesar
en contra del Proyecto de Acuerdo No. 011 del 29 de noviembre de 2020.
[…]»

Las consideraciones expuestas por la Sección Tercera, Subsección “C” que
dieron sustento a la decisión fueron las siguientes:

« […] El Consejo de Estado en un asunto en el que se discutió la forma
de computar los términos en años, meses y días, indicó 3:

“Las Leyes procesales, como el artículo 121 del Código de
Procedimiento Civil o el mencionado artículo 118 del Código
General del Proceso o el vigente artículo 62 de la Ley 4ª de
1913 o Código de Régimen Político y Municipal, permiten que,
en tratándose de términos dados en meses o años, que son
calendario, cuando éstos finalizan en un día inhábil, se
extiendan al día hábil siguiente. Empero, como ya se dijo, ello
no se aplica al momento del inicio del conteo del término,
como equivocadamente lo asevera la parte actora.

Debe la Sala enfatizar que los términos dados en meses y
años, se cuentan conforme al calendario, por lo tanto, finalizan
en la misma fecha en que comienzan, excepto, si su
vencimiento ocurre en un día inhábil, como ya se explicó; y
difieren de los términos de días y horas, que se
entenderán hábiles, a menos de que se establezca lo
contrario, por lo tanto, es frente a estos últimos que el
carácter hábil o inhábil tiene incidencia en el conteo.[…]”

En igual sentido se ha referido la Corte Constitucional al precisar que los
términos procesales no se interrumpen ni se suspenden, excepto cuando

3
Consejo de Estado, Sección Primera. Auto 31 de agosto de 2015. Consejera Ponente, María Elizabeth García
González. Radicación: 2015-00155.

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expresamente el legislador así lo consagra. A manera de ejemplo la ley
640 de 2001, que establece la suspensión del término de caducidad de
los medios de control contencioso administrativo, cuando se radica una
solicitud de conciliación extrajudicial, en cuyo evento los términos se
reanudan a partir del día hábil siguiente a aquel en el que se expida la
certificación de agotamiento del requisito de procedibilidad y opera
ministerio de la ley.

También está claro que, si el término procesal debe transcurrir en meses
o años y su vencimiento se produce durante una vacancia judicial o por
el cierre del despacho judicial por cualquier causa, el acto procesal se
debe cumplir el primer día hábil siguiente a cuando ha cesado alguna de
las anteriores situaciones.

Pero si el término se ha establecido en días, allí si tiene incidencia que
sean hábiles para su contabilización. En este evento, los días de vacancia
judicial deben considerarse como no hábiles para computar el término
de la actuación que se deba surtir durante dicho lapso.

En sentencia T-1222 de 2004, la Corte Constitucional tuvo oportunidad
de referirse a la excepción del principio de continuidad que rige para la
prestación del servicio público de administración de justicia, así:

“Si bien la regla general es la continuidad y permanencia en la prestación
del servicio público de administrar justicia, esa regla tiene unas
excepciones de orden legal. Así, el servicio puede verse interrumpido
transitoriamente por cierre del despacho los días de vacancia judicial,
durante el período de vacaciones colectivas o individuales, que para el
efecto establece la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en el
artículo 146, o durante los días festivos, o durante el cierre extraordinario
de los despachos judiciales, según lo dispone el artículo 112 del Código de
Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1°, numeral 61, del Decreto
2282 de 1989.

También, en forma eventual los despachos judiciales pueden estar
cerrados y en consecuencia interrumpir temporalmente la prestación del
servicio cuando se trate de casos de fuerza mayor, según lo dispuesto por
el Acuerdo 433 de 1999 expedido por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, como puede suceder, por ejemplo “[e]n una
jornada de protesta de los trabajadores de la Rama que impidiera el acceso
a los edificios en donde funcionan los despachos judiciales.

[…]

Como puede observarse el artículo 121 del Código de Procedimiento Civil
con meridiana claridad establece que no se tendrán en cuenta los términos
de días cuando el despacho judicial se encuentre cerrado, es decir que se
excluyen de su cómputo aquellos de vacancia judicial y, además, los días
“en que por cualquier circunstancia”, el despacho respectivo se encuentre
cerrado. Ello necesariamente ha de ser así, pues resultaría contrario a la
lógica jurídica y a la prestación del servicio público de justicia por parte
del Estado exigir el cumplimiento de un acto procesal cuando ello resulta
imposible para la parte por circunstancias no imputables a ella, es decir,
cuando por disposición legal o por cualquier otro motivo permaneciere
cerrada la oficina del despacho judicial en cuestión.

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Si bien es verdad que uno de los principios fundamentales que rigen los
procesos es el de la preclusión, para lo cual resulta esencial el
establecimiento de términos para la realización de los actos procesales, no
es menos cierto que también el proceso se rige, como todo el derecho, por
un principio de razonabilidad en la exigencia del cumplimiento de deberes,
obligaciones y cargas procesales, pues ha de recordarse que “nadie está
obligado a lo imposible.

Por ello, si un acto procesal que ha de realizar una de las partes en un
despacho judicial determinado no puede llevarse a cabo por el cierre del
despacho dentro del término señalado por la ley o por el juez, resultaría
absurdo sancionar al interesado con las consecuencias negativas que ello
conlleve, cuando el despacho judicial no ha estado abierto al público. En
el trámite de los procesos adelantados ante jueces o tribunales, el principio
de igualdad, rector del ejercicio de la administración de justicia surge como
ineludible ante las autoridades judiciales frente a los sujetos procesales,
de suerte que se garantice idéntico tratamiento frente al trámite de los
procesos en cada despacho judicial.

Con mucho mayor rigor en los eventos de cierre extraordinario de los
despachos judiciales, o en los eventos en que por fuerza mayor ello ocurra,
como quedó visto, pues se trata de circunstancias excepcionales que
pueden ante una diferencia de trato, generar perjuicios para una de las
partes con las consecuencias negativas en el resultado del proceso, que
de ello se derivaría”

El término legal contemplado en el artículo 114 del Decreto Ley 1333 de
1986, para que el alcalde solicite la revisión de un acto expedido por el
Concejo Municipal y obtenga un pronunciamiento judicial sobre su
validez, es de diez (10) días.

De otra parte, la vacancia judicial para el año 2020, que inició el 20 de
diciembre de dicho año, culminó el 11 de enero de 2021, empezando a
contabilizarse los términos desde el 12 de enero de 2021.

Ahora bien, dentro del presente trámite constitucional está demostrado
que el hoy accionante radicó, el 14 de enero de 2021, vía correo
electrónico remitido a la secretaría del Tribunal Administrativo del Cesar
y a la oficina judicial, el escrito que contenía la solicitud de revisión del
proyecto de acuerdo número 011 del 29 de noviembre de 2020, y que el
tribunal rechazó dicha solicitud al concluir que fue presentada de manera
extemporánea, el 9 de febrero de 2021, sin tener en cuenta que esta
última fecha correspondió a la del reparto interno.

En este orden es clara la vulneración del derecho de acceso a la
administración de justicia, pues no existe una razón válida que permita
aceptar los argumentos expuestos por el tribunal para declarar
extemporánea la presentación de las objeciones y por el contrario se
encuentra el desconocimiento del contenido de los documentos que
presentó el accionante cuando recurrió la decisión y que no le merecieron
ninguna referencia al tribunal bajo el argumento de la improcedencia de
los recursos.

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2.6. Conclusión

Por las razones expuestas, esta Subsección concederá el amparo del
derecho de acceso a la administración de justicia del Municipio de Pueblo
Bello – Cesar, en cuanto se configuró el defecto fáctico alegado. […]»

IV. IMPUGNACIÓN

Mediante escrito4 enviado a la secretaría general de esta Corporación, la
presidenta de la entidad accionada presentó impugnación en los siguientes
términos:

«[…] Los fundamentos expuestos por esa Alta Corporación, para
amparar los derechos del accionante fue que lo decidido en la sentencia
del 16 de septiembre de 2021, no tuvo en cuenta que el término legal
contemplado en el artículo 114 del Decreto Ley 1333 de 1986, para que
el alcalde solicite la revisión de un acto expedido por el Concejo Municipal
y obtenga un pronunciamiento judicial sobre su validez, es de diez (10)
días.

De otra parte, la vacancia judicial para el año 2020, que inició el 20 de
diciembre de dicho año, culminó el 11 de enero de 2021 empezando a
contabilizarse los términos desde el 12 de enero de 2021.

Señaló que dentro del trámite constitucional quedó demostrado que el
accionante radicó, el 14 de enero de 2021, vía correo electrónico remitido
a la secretaría del Tribunal Administrativo del Cesar y a la oficina judicial,
el escrito que contenía la solicitud de revisión del proyecto de acuerdo
número 011 del 29 de noviembre de 2020, y que el tribunal rechazó
dicha solicitud al concluir que fue presentada de manera extemporánea,
el 9 de febrero de 2021, sin tener en cuenta que está última fecha
correspondió a la del reparto interno.

No existió una razón válida que permitiera aceptar los argumentos
expuestos por el Tribunal para declarar extemporánea la presentación
de las objeciones y por el contrario se encontró el desconocimiento del
contenido de los documentos que presentó el accionante cuando recurrió
la decisión y que no le merecieron ninguna referencia al Tribunal bajo el
argumento de la improcedencia de los recursos.

Respecto de lo anterior, este Tribunal no comparte los argumentos y
apreciaciones que tuvo el Honorable Consejo de Estado, a través de la
Sección Tercera, Subsección “C”, para tutelar los derechos
fundamentales del accionante.

(…)

La Corte Constitucional, al pronunciarse en una oportunidad sobre la
perentoriedad del término con que cuenta un Gobernador para remitir al

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Tribunal Administrativo con jurisdicción en dicho ente territorial, los
acuerdos que estima contrarían el ordenamiento jurídico, sostiene que
el plazo fijado para el cumplimiento de las funciones que le han sido
atribuidas contribuye al ejercicio eficaz de la función. Apartes que fueron
transcritas.

El término de 10 días, son hábiles para el alcalde, esto es, mientras la
Alcaldía esté en funcionamiento el término se va agotando. Lo anterior
se explicó en cuanto es la autoridad municipal la que tiene tal tiempo
para el estudio del acuerdo, y de ser el caso, para remitir el escrito con
los cargos que corresponda al tribunal.

(…)

El Alcalde presentó objeciones ante el Concejo Municipal el día 11 de
diciembre de 2020, siendo devuelto el proyecto de acuerdo el día 30 de
diciembre por haberse declarado infundadas las objeciones. En tanto, el
término de los 10 días hábiles para el ente territorial se cumplía el 15 de
enero de 2021, fecha para cual la Oficina Judicial de la Dirección
Seccional de Administración Judicial Valledupar, se encontraba laborando
normalmente. Sin embargo, la solicitud se allegó el día 9 de febrero de
2021, tal como consta en el acta individual de reparto vista a documento
pdf#8 del OneDrive. Consecuencia de lo antero, se decidió rechazar por
extemporánea la solicitud de revisión del Acuerdo No. 011 de 29 de
noviembre de 2020, expedido por el Concejo Municipal de Pueblo Bello.
[…]»

Por auto del 1 de agosto de 2022, el despacho del Magistrado sustanciador
concedió la impugnación.

V. CONSIDERACIONES

5.1. COMPETENCIA.

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 19915, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 del 26 de mayo de 20156, modificado por el
artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 20217, así como con fundamento
en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12 de marzo de

5
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la impugnación
el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que
conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el
fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá
el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento,
procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará
[…]”.
6
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
7
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela".

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20198 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.

5.2. Hechos Relevantes

5.2.1. El 11 de diciembre de 2020, el accionante, en su calidad de alcalde
municipal, presentó objeciones9 en derecho al proyecto de Acuerdo
núm.011 del 29 de noviembre de 202010.

5.2.2. El 30 de diciembre de 2020, en sesiones extraordinarias, el Concejo
Municipal decidió devolver las objeciones presentadas al considerarlas
infundadas.

5.2.3. 16 de septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo del Cesar
rechazó por extemporánea la solicitud de revisión de objeciones del
Acuerdo.

5.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Según lo expuesto por el Tribunal Administrativo del César en el escrito de
impugnación, el cual delimita el alcance de la Sala para pronunciarse en
segunda instancia, corresponde establecer si procede revocar la decisión de
primera instancia que revolvió declarar que el Tribunal incurrió en defecto
fáctico, dado que no encontró una razón válida para declarar extemporánea
la solicitud del alcalde, comoquiera que fue presentada el 14 de enero de
2021, fecha que debió ser la tenida en cuenta, y no el 9 de febrero de 2021,
pues esa correspondió al reparto.

Del defecto fáctico.

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el defecto
fáctico tiene lugar “cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que
se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente
inadecuado”11. Así, la jurisprudencia ha entendido que el mencionado
defecto surge: “(…) cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Se
estructura, entonces, siempre que existan fallas sustanciales en la decisión,
que sean atribuibles a deficiencias probatorias del proceso. Según esta
Corporación, el fundamento de la intervención del juez de tutela por

8
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de abril de
2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
9
Art. 78 de la Ley 136 de 1994.
10
“Por medio del cual se autoriza el uso del escudo de armas del municipio de pueblo bello como único lema
institucional válido para las comunicaciones, divulgación de políticas, programas y proyectos de las diferentes
entidades municipales de pueblo bello y se dictan otras disposiciones”
11
Corte Constitucional, Sentencia T-567 de 1998, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.

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deficiencias probatorias en el proceso radica en que, no obstante, las
amplias facultades discrecionales con que cuenta el juez del proceso para el
análisis del material probatorio, éste debe actuar de acuerdo con los
principios de la sana crítica, es decir, con base en criterios objetivos y
racionales (…)”12.

La jurisprudencia constitucional ha identificado dos dimensiones en las que
es posible se configure el defecto fáctico13. La primera de ellas corresponde
a una dimensión negativa que surge cuando el juez niega o valora la prueba
de manera arbitraria, irracional y caprichosa 14, situación que se presenta
cuando (i) no decreta, ignora o hace una valoración defectuosa de la
prueba15 o (ii) sin una razón válida da por no probado un hecho que emerge
claramente, y, una dimensión positiva, que se produce cuando (i) el juez
aprecia pruebas que fueron determinantes en la decisión de la providencia
cuestionada, las cuales no ha debido tener en cuenta porque, por ejemplo,
se recaudaron indebidamente, o (ii) da por ciertas algunas circunstancias
sin que exista material probatorio que fundamente su decisión 16.

En todo caso, para que se verifique la existencia de este defecto, el error
debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y debe tener una
incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede
convertirse en una instancia revisora de la evaluación fáctica de la autoridad
judicial que ordinariamente conoce de un asunto, ya que con ello invadiría
la órbita de la competencia y la autonomía de que son titulares los jueces
ordinarios.

5.3.1. Caso concreto.

El A quo, una vez analizadas las pruebas allegadas, concluyó que el Tribunal
incurrió en un defecto fáctico, dado que la solicitud presentada por el alcalde
fue radicada el 14 de enero de 2021 y no el 9 de febrero de 2021, toda vez
que esta última fecha correspondió al reparto.

Por su parte, el Tribunal, en su escrito de impugnación, reiteró lo expuesto
en la providencia acusada, esto es, que para el alcalde durante la vacancia
judicial los términos no estaban suspendidos y que la solicitud fue radicada
el 9 de febrero de 2021.

Conforme a lo anterior, la Sala debe resolver dos cuestiones. La primera
corresponde a establecer si durante la vacancia judicial el término con el
que cuenta el alcalde para presentar la solicitud de objeciones a los
proyectos de acuerdo sigue corriendo. Una vez resuelto lo anterior, debe

12
Corte Constitucional, Sentencia T-419 de 2011, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
13
Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.
14
Corte Constitucional, Sentencias T-567 de 1998 y T-417 de 2008, entre otras.
15
Cfr. Sentencias T-239 de 1996 y T-747 de 2009.
16
Ver Corte Constitucional, Sentencias T-538 de 1994, T-086 de 2007 y T-747 de 2009, entre otras.

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13

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establecer si la solicitud fue presentada de manera extemporánea.

Para contestar a la primera cuestión basta con revisar lo dispuesto en el
artículo 118 del Código General del Proceso, que dispone que, en los
términos de días, no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial ni
aquellos que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el juzgado, por
lo que, con meridiana claridad, se advierte que no le asiste razón al Tribunal
cuando afirma que para el alcalde el término para presentar su solicitud
seguía corriendo durante el tiempo de vacancia judicial, pues esos días son
inhábiles para la rama judicial, salvo las excepciones legales, a saber, la
jurisdicción penal.

Cuestión diferente es cuando el término está dispuesto en años o meses,
pues en esos casos la contabilización se hace en días calendario, o en
unidades exactas, y si vence durante la vacancia judicial se extiende hasta
el primer día hábil siguiente 17.

Ahora bien, resuelta la primera cuestión, procede la Sala a estudiar las
pruebas obrantes en el proceso con el fin de establecer si le asiste razón al
a quo cuando señala que la providencia acusada incurrió en defecto fáctico.

Según las pruebas obrantes en el proceso, se advierte que el 30 de
diciembre de 2020 el Concejo Municipal resolvió devolver las objeciones
presentadas, por lo cual, según lo dispuesto en el artículo 80 de la ley 136
de 199418, en concordancia con el artículo 114 del Decreto Ley 1333 de
198619, el Alcalde debía presentar la solicitud ante el Tribunal dentro de los
diez (10) días siguientes.

Ahora, la vacancia judicial inició el 20 de diciembre de 2020 hasta el 11 de
enero de 2021, es decir, que el término empezó a correr el 12 de enero
de 2021, cumpliéndose los 10 días el 25 de enero de 2021.

Según la captura de pantalla aportada por el accionante -imagen nro. 01- el
14 de enero de 2021, siendo las 11:09 am, de la dirección electrónica
contactenos@pueblobello-cesar.gov.co, la oficina del alcalde remitió a las
direcciones de correo electrónico sectriadm@cendoj.ramajudicial.gov.co,

17
Cfr. Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 23 de abril de 2015, Radicación 11001-03-15-000-2014-
04398-00(AC). Consejo de Estado. Sección Primera. Auto del 31 de agosto de 2015, Exp. No. 2015- 00155-01:
Expediente núm. 2009-00093-01. C.P. María Elizabeth García González. Sentencia del 1° de diciembre de 2011 radicado 2010-
00160-00 CP Gerardo Arenas Monsalve.
18
Artículo 80º.- Objeciones de derecho. Si las objeciones jurídicas no fueren acogidas, el alcalde enviará dentro
de los diez días siguientes, el proyecto acompañado de una exposición de motivos de las objeciones al Tribunal
Administrativo que tenga jurisdicción en el municipio. Si el Tribunal las considera fundadas, el proyecto se
archivará. Si decidiere que son infundadas, el alcalde sancionará el proyecto dentro de los tres días siguientes al
recibo de la comunicación respectiva. Si el tribunal considera parcialmente vaciado el proyecto, así lo indicará al
Concejo para que se reconsidere.
19
El Alcalde sancionará sin poder presentar nuevas objeciones el proyecto que reconsiderado por el Concejo fuere
aprobado. Sin embargo, si el Concejo rechaza las objeciones por violación a la Constitución, la ley o la ordenanza,
el proyecto será enviado por el alcalde al Tribunal Administrativo, dentro de los diez (10) días siguientes,
acompañado de un escrito que contenga los requisitos señalados en los numerales 2 a 5 del artículo 137 del
Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), para que éste decida conforme al trámite señalado en
el artículo 121 de este Código.

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14

Radicado: 11001-03-15-000-2021-10739-01
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ofjudvalledupar@cendoj.ramajudicial.gov.co, la solicitud de revisión de
objeciones al Proyecto de Acuerdo Municipal núm. 011 del 29 de noviembre
de 2022.

Imagen nro. 01

Adicional a la anterior prueba, se aportó la captura de pantalla -imagen nro
02-, que acredita que la oficina de reparto del Tribunal Administrativo del
Cesar remitió el 26 de enero de 2021 a la oficina de reparto judicial del
Cesar la solicitud presentada por el alcalde.

Imagen nro. 02

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15

Radicado: 11001-03-15-000-2021-10739-01
Accionante: Municipio de Pueblo Bello – Cesar

Conforme las pruebas aquí señaladas se tiene por cierto que el alcalde radicó
la solicitud el 14 de enero de 2021, por lo que resulta evidente el defecto
advertido en la decisión de primera instancia en que incurrió la providencia
acusada, pues no dio por probado un hecho que emerge claramente de las
pruebas allegadas al plenario.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 6 de mayo de 2022, proferida por
la Sección Tercera, Subsección “C”, de esta Corporación,

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la
Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término
legal.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
VALDÉS Consejero de Estado
Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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