Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-10744-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-10744-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-10744-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
3 de febrero de 2022
Demandante: Claudia Bibiana Moreno
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10744-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10744-00
Demandante: CLAUDIA BIBIANA MORENO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN C Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por la señora Claudia
Bibiana Moreno contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C y el Juzgado 48 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud
A través de mensaje de datos remitido al correo electrónico de la Secretaría General
del Consejo de Estado el 26 de noviembre de 20211, la señora Claudia Bibiana
Moreno por conducto de apoderada judicial, instauró acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y el
Juzgado 48 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, con el fin de obtener el
amparo de sus derechos fundamentales “al debido proceso, la igualdad, el principio
general de derecho seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima” .
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La solicitud de amparo fue radicada, en primer lugar, el 25 de noviembre de 2021 a través del
aplicativo tutelasenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co, y fue remitida al correo electrónico de la
Secretaría General del Consejo de Estado el 26 de noviembre de la misma anualidad.
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Demandante: Claudia Bibiana Moreno
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10744-00
Las mencionadas garantías las estimó vulneradas con ocasión de la providencia de
9 de junio de 2021 a través de la cual el referido Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, confirmó lo dispuesto por el
Juzgado 48 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá de 22 de noviembre de
2019, en el sentido de negar las pretensiones de la demanda promovida contra la
Defensoría del Pueblo, en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que se identificó con el radicado 13001-33-42-048-2018-00244-01.
1.2. Hechos
La solicitud de tutela se sustentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala,
son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:
La señora Claudia Bibiana Moreno manifestó que se vinculó a la Defensoría del
Pueblo el 17 de marzo de 1997 en el cargo de técnico administrativo código
3020, grado 11, en el cual fue nombrada en propiedad con Resolución No. 239
de 4 de marzo de 1998.
Indicó que, mediante Resolución No. 638 de 24 de abril de 2014 fue designada
en encargo como técnico administrativo código 3020, grado 15, el cual terminó
con la Resolución No 043 de 16 de enero de 2018; acto a través del cual se
dispuso su retorno al cargo que ostenta en carrera y, a su juicio, se designó en
su reemplazo una persona que no ingresó al servicio mediante concurso de
méritos.
Adujo que ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Defensoría del Pueblo, asunto que le correspondió en primera instancia
al Juzgado 48 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que, mediante
sentencia de 22 de noviembre de 2019 denegó las pretensiones de la demanda
con fundamento en que no se acreditó la ilegalidad del acto demandado, puesto
que el nominador ostenta la facultad discrecional que lo libera de la obligación
de motivar la decisión.
Señaló que el recurso de apelación lo resolvió el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, a través de la sentencia de 9
de junio de 2021, en el sentido de confirmar la decisión del a quo.
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1.3. Petición de amparo constitucional
Si bien en el escrito de tutela no se incluyó un acápite concreto sobre las
pretensiones de la demanda, la Sala infiere que lo requerido consiste en que se
dejen sin efectos las decisiones de primer y segundo grado del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, para que, en su lugar, se ordene proferir una nueva
sentencia en la que se acceda a las súplicas de la demanda.
Lo anterior, en atención a la siguiente manifestación:
“Por ésta potísima razón, habiéndose agotado todas las vías legales ordinarias, es
que procede el mecanismo extraordinario de la ACCIÓN DE TUTELA POR ‘VIAS DE
HECHO’, a efectos de la protección material y efectiva de los Derechos
fundamentales y especialmente, ‘derechos constitucionales’ de mi representada
señora CLAUDIA BIBIANA MORENO, los cuales han sido vulnerados por los
magistrados firmantes de la sentencia de segunda instancia y por la autoridad de
primera instancia.” (Énfasis del texto y sic para toda la cita)
1.4. Fundamentos de la solicitud
A juicio de la tutelante, las autoridades censuradas vulneraron sus derechos
fundamentales con las sentencias de 22 de noviembre de 2019 y 9 de junio de 2021,
por incurrir en desconocimiento del precedente contenido en las decisiones
dictadas por el Consejo de Estado y otras autoridades, consistente en “(…) la
obligatoriedad de motivar la terminación de un encargo (…)”.
Para tal efecto, señaló las siguientes providencias:
Radicado 0439 -2005 Consejo de Estado, de 27 de septiembre de 2007;
Sentencia No. 0562-12; M.P. Alfonso Vargas Rincon.2
Sentencia No. 4192-17 MP. Sandra Lisset Ibarra Vélez; Consejo de Estado.
Sentencia 00064 de 5 de julio de 2018; Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A; M.P. Gabriel Valbuena Hernández; radicado
11001032500020100006400.
Sentencia de 5 de julio de 2018; Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A; M.P. Gabriel Valbuena Hernández; radicado
11001032500020100006400.
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En la tutela se señala erróneamente que el magistrado ponente es Víctor Hernando Alvarado Ardila.
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Sentencia de 20 de noviembre del 2020; Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Sección Segunda, “Subsección 7”; M.P. Patricia Salamanca Gallo;
demandante: Ferley Orlando Benavides; demandado: Defensoría del Pueblo.
Sentencia de primera instancia de 31 de enero de 2019; Juzgado 27 Penal del
Circuito de Bogotá con función de conocimiento; juez: Jorge Alberto Bonilla
Bravo; acción de tutela promovida por Deicy Sánchez Patiño contra la
Defensoría del Pueblo.
Sentencia de segunda instancia de 14 de marzo de 2019; Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal; M.P. Álvaro Valdivieso Reyes; acción de
tutela promovida por Deicy Sánchez Patiño contra la Defensoría del Pueblo.
Sentencia de 29 de septiembre de 2021; Juzgado 29 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá; juez: Enrique Ulises Arcos Alvear; demandante: Leonardo
Bahos Rodríguez; demandado: Defensoría del pueblo.
Sentencia de 16 de abril 2021; Juzgado 3º Administrativo Oral del Circuito de
Quibdó; juez: Freicer Gómez Hinestrosa; demandante: Carmen Tulia Mosquera
de Bastidas; demandado: Defensoría del Pueblo.
Sentencia de 04 de mayo de 2021; Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Cuarta de Oralidad; M.P. Liliana Navarro Giraldo; demandante: Ligia Amparo
Cardona Alzate; demandado: Defensoría del Pueblo.
Sentencia de 19 de marzo de 2021; Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sección C; M.P. César Augusto Torres; demandante: Glenda Patricia Manjarrez
Villamizar.
Sentencia de 11 de junio de 2021; Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B; M.P. Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón.
Sentencia de 27 noviembre de 2019; Tribunal Administrativo de Santander M.P.
Milciades Rodríguez Quintero; demandante: Asociación Nacional de Empleados
de la Defensoría del Pueblo – ASEMDEP).
En ese orden, arguyó que las judicaturas demandadas han transgredido,
concretamente, su derecho a la igualdad al apartarse de la referida tesis del Consejo
de Estado que incluso los jueces de tutela han acogido “(…) sobre la existencia de la
estabilidad relativa del trabajador que pertenece a carrera, cuando quiera que desempeña
cargos en calidad de encargo, que el funcionario que se encuentra en esta situación, si
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bien no es inamovible del mismo, para que sea apartado legalmente, se requiere al
momento de la terminación de este encargo, que la resolución o acto administrativo se
encuentre debidamente motivado, cuando quiera que no se vaya a llenar el mismo, por
funcionario de carrera que haya superado el concurso y se encuentre en lista de elegibles,
como en el evento que nos ocupa ”.
Advirtió que en sentencia de 11 de junio de 2021 dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, ponencia del
magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón, se resaltó: “no puede olvidarse que la
potestad discrecional en materia de función pública se predica, en principio, solo respecto
de los empleos de libre nombramiento y remoción, dada su especial condición de personal
de confianza. Pero, en tratándose de personal escalafonado en carrera o en encargo, la
situación varía sustancialmente y no resultaría ajustado a derecho aplicar, en estricto rigor,
las reglas de la discrecionalidad.”
Agregó que en sentencia de 29 de mayo de 2020, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B dentro del proceso identificado con el
radicado 11001032500020180060500, con ponencia del magistrado César
Palomino Cortés, se advirtió que los servidores en carrera administrativa del sistema
general o especial gozan de un derecho preferencial de encargo previsto en el
artículo 24 de la Ley 909 de 20043, con fundamento en la protección del mérito y la
función pública, por tanto, solo procedía su retiro si el empleo era ocupado por quien
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“ARTÍCULO 24. ENCARGO. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1960 de 2019. El nuevo
texto es el siguiente:> Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera
administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en estos si acreditan los
requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido
sancionados disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño es
sobresaliente.
En el evento en que no haya empleados de carrera con evaluación sobresaliente, el encargo deberá
recaer en quienes tengan las más altas calificaciones descendiendo del nivel sobresaliente al
satisfactorio, de conformidad con el sistema de evaluación que estén aplicando las entidades.
Adicionalmente el empleado a cumplir el encargo deberá reunir las condiciones y requisitos previstos
en la ley.
El encargo deberá recaer en un empleado que se encuentre desempeñando el cargo
inmediatamente inferior de la planta de personal de la entidad.
Los cargos de libre nombramiento y remoción, en caso de vacancia temporal o definitiva, podrán ser
provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre nombramiento y remoción, que
cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño.
En caso de vacancia definitiva el encargo será hasta por el término de tres (3) meses, prorrogable
por tres (3) meses más, vencidos los cuales el empleo deberá ser provisto en forma definitiva.
PARÁGRAFO 1o. Lo dispuesto en este artículo se aplicará para los encargos que sean otorgados
con posterioridad a la vigencia de esta ley.
PARÁGRAFO 2o. Previo a proveer vacantes definitivas mediante encargo o nombramiento
provisional, el nominador o en quien este haya delegado, informará la existencia de la vacante a la
Comisión Nacional del Servido Civil a través del medio que esta indique.”
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hubiese ganado el respectivo concurso y no por un nombramiento en
provisionalidad.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 7 de diciembre de 2021 se dispuso admitir la acción de tutela de
la referencia, notificar a la parte actora, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C y al Juzgado 48 Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá como autoridades judiciales accionadas, y se ordenó vincular en calidad
de tercero con interés a la Defensoría del Pueblo por constituir el extremo pasivo en
el proceso ordinario.
1.6. Contestación
1.6.1. Mediante memorial allegado el 15 de diciembre de 2021 por el profesional
adscrito a la Oficina Jurídica de la Defensoría del Pueblo, solicitó que se declare
la improcedencia de la acción de tutela de la referencia o, en su defecto, que se
denieguen las pretensiones.
Lo anterior, en consideración a que calificó los argumentos de la accionante como
apreciaciones subjetivas, con las cuales demanda que su caso sea fallado
nuevamente en el sentido que lo hicieron las autoridades respecto de las cuales citó
algunas sentencias en el escrito tutelar, omitiendo la otra postura a partir de la cual
distintas judicaturas, incluso algunos jueces en sede constitucional, han resuelto
casos similares al sub examine tal como el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C lo hizo en la providencia
reprochada.
En ese sentido, señaló los siguientes pronunciamientos:
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C;
expediente 11001334204820180024401; caso en el cual se estableció que “(…)
así como es una decisión discrecional del nominador cubrir una vacante a través de la
figura del encargo, una vez concluido el término o cuando lo estime por razones del
servicio, puede proveer su terminación también en forma discrecional, caso en el cual
el empleado encargado regresará de manera automática al empleo respecto del que
ostenta derechos de carrera ”.
Juzgado 10º Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá; expediente
11001333501020190012100; sentencia de 22 de octubre de 2021, en la cual se
señaló que “(…) aceptar la tesis del demandante, que la terminación del encargo
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procede conforme a la norma general, y no conforme a la especial del encargo, sería
escindir el régimen del encargo. El Despacho, considera que la Ley 201 de 1995, se
debe aplicar en su integridad, esto es, tanto al momento de conceder el encargo, como
a su terminación. La razón estriba en que la Ley 201 de 1995 no dejó vacío alguno en
la regulación del encargo”.
Juzgado 30 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, Sección Segunda;
expediente 11001333503020190025500, en la que se resaltó que “(…) acorde
con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, con el precedente
constitucional y contencioso que han invocado quienes representan los intereses de las
partes y a lo esbozado por el juez administrativo, consideró que el acto acusado,
resolución que ponía fin a un ENCARGO, no debía ser nulitado”.
Tribunal Administrativo del Atlántico; expediente 08001233300820180108101;
fallo en el cual se advirtió “(…) que la expedición de los actos administrativos con
infracción de las normar en que debían fundarse, sin competencia, con desconocimiento
del derecho de audiencia y defensa, con desviación de las atribuciones propias de quien
los profirió, mediante falsa motivación, si bien, todas constituyen causal de nulidad, la
misma resulta procedente a través de los mecanismos ordinarios de defensa judicial
(…)”
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá; expediente 002-2019-00011-
01, en el que el fallo denegó las pretensiones de una acción de tutela en similar
al caso concreto.
1.6.2. Pese a que fueron debidamente notificados, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y el Juzgado 48 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá guardaron silencio.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por la señora Claudia Bibiana Moreno contra el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, de conformidad con lo
establecido por el artículo 2.2.3.1.2.1., del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como el Acuerdo 080 de 2019, de la Sala Plena de esta
Corporación.
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2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta la vulneración
de los derechos fundamentales de la accionante “al debido proceso, la igualdad, el
principio general de derecho seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima” , con
ocasión de la sentencia de 9 de junio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, por presuntamente incurrir en
desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado y otras autoridades.
En consideración a lo anterior, es preciso aclarar que si bien la parte tutelante
cuestionó las providencias de primera y segunda instancia dictadas en el marco del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cierto es que de proceder el
análisis del caso concreto, este se realizaría a partir de la providencia de 9 de junio
de 2021 por cuanto esta puso fin al debate ordinario.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de
la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales;
(ii) el análisis de los requisitos adjetivos de procedibilidad de la acción y, de
encontrarse superados; (iii) las generalidades del defecto por desconocimiento del
precedente y; (iv) el análisis del caso en concreto.
2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 4
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 5.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 6.
4
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela
• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
5
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
6
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
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Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el
momento jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 7, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Para la Sala resulta necesario precisar que, el caso objeto de estudio está
revestido de relevancia constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio
origen a la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda,
las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte actora
solicita la protección de sus derechos fundamentales “al debido proceso, la igualdad,
el principio general de derecho seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima” .
De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto, se evidencia una tensión o
contradicción entre la razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial de los
derechos fundamentales alegados por la accionante, en tanto a su juicio, la
autoridad judicial incurrió en desconocimiento del precedente del Consejo de Estado
y otras autoridades judiciales, por lo que se evidencia que trasciende un estudio de
lo meramente legal.
2.4.2. La acción de tutela de la referencia no se dirige contra una sentencia de
la misma naturaleza, puesto que la providencia judicial que censura la parte
accionante fue proferida en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
2.4.3. Respecto al requisito de inmediatez, es preciso señalar que la providencia
que puso fin al proceso ordinario fue proferida el 9 de junio de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y, según la
constancia obrante en el sistema de gestión judicial Siglo XXI, se notificó el 16 de
octubre de 2021, razón por la cual, sin que sea necesario establecer la fecha de
ejecutoria de la referida decisión, resulta ser un término que a juicio de la Sala es
7
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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razonable, por cuanto el mecanismo constitucional fue interpuesto el 26 de
noviembre de 2021, es decir, antes de transcurridos 6 meses.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 8, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20059, para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales
y reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo
de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas.
2.4.4. Por otra parte, en consideración al agotamiento de los mecanismos
judiciales, en el caso concreto, la sentencia que se cuestiona es la proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C el 9 de
junio de 2021, mediante la cual confirmó la decisión del Juzgado 48 Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá que negó las pretensiones de la demanda interpuesta
por la actora contra la Defensoría del Pueblo, en el marco del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 11001-33-42-
048-2018-00244-01, razón por la cual contra la providencia controvertida no
procede ningún recurso ordinario y el cargo alegado no se encuadra en las causales
de procedencia de los recursos extraordinarios de revisión ni de unificación de
jurisprudencia.
Superadas dichas exigencias, la Sala abordará el fondo de la solicitud, sin perjuicio
de resaltar el carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin garantizar la
intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, y la protección
de derechos de terceros.
2.5. Generalidades del defecto por desconocimiento del precedente
Resulta importante precisar la posición de la Sala sobre el concepto de precedente,
el cual se sinteriza en los siguientes términos:
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Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9
“c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión,
se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.”
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Demandante: Claudia Bibiana Moreno
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10744-00
“…es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al juez que debe
pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una similitud en sus
presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la ratio decidendi constituye
la regla… que obliga al operador jurídico a fallar en determinado sentido…”. 10
Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos 11 explicó que el
concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del
sentido de la decisión y su contenido específico, es decir, la ratio decidendi, la cual
no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en
donde se especifique una regla o subregla de derecho.
Cabe resaltar que el carácter vinculante de las reglas o subreglas de derecho
creadas por las Altas Cortes cuando actúan como órganos de cierre, encuentra su
fundamento en la jerarquía del juez, a sus funciones asignadas por la norma
superior y a la garantía de los principios de igualdad y seguridad jurídica, así como,
en la coherencia del ordenamiento jurídico.
2.6. Caso concreto
2.6.1. La señora Claudia Bibiana Moreno considera que el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, transgredió sus derechos
fundamentales “al debido proceso, la igualdad, el principio general de derecho seguridad
jurídica, buena fe y confianza legítima”, al proferir la sentencia de 9 de junio de 2021
mediante la cual confirmó la decisión de 22 de noviembre de 2019 dictada por el
Juzgado 48 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, en el sentido de negar
las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
promovida contra la Defensoría del Pueblo.
Lo anterior, por cuanto a su juicio, dicha judicatura incurrió en desconocimiento del
precedente del Consejo de Estado y de otras autoridades judiciales, consistente en
que el encargo solo puede concluirse con el nombramiento de un empleado que
tenga derechos de carrera con el que se provea el empleo en forma definitiva, así
como con la expresa motivación del acto por el cual se da la terminación del vínculo,
lo cual no ocurrió en su caso.
2.6.2. Como primera medida, esta Colegiatura resalta que, de conformidad con el
marco conceptual expuesto en líneas anteriores, relativo a las generalidades del
defecto por desconocimiento del precedente, se reconocen como tal aquellas
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 19 de
febrero de 2015, M.P. Alberto Yepes Barreiro, rad. 2013-02690-01.
11
Entre otras ver sentencia de 6 de mayo de 2021; expediente 11001-03-15-000-2021-0281-01.
11
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-10744-00
sentencias que son proferidas por las Altas Cortes cuando actúan como órganos de
cierre en la materia, en ese sentido, es claro que las providencias dictadas por los
tribunales y los jueces de la república no constituyen pronunciamientos vinculantes.
Adicional a la anterior precisión, debe tenerse en cuenta que el marco de la presente
acción corresponde a una tutela contra providencia judicial, lo cual implica que el
análisis de los cargos elevados contra una resolutiva judicial sea más riguroso por
cuanto se ponen en riesgo los principios de la seguridad jurídica, la cosa juzgada y
la autonomía judicial.
Así las cosas, las únicas sentencias respecto de las cuales procede el estudio desde
la perspectiva del cargo por desconocimiento del precedente son aquellas que
señaló la accionante que fueron expedidas por el Consejo de Estado 12, mediante
las cuales se estableció que la administración está en la obligación de motivar los
actos de terminación de los nombramientos en encargo cuando se trata de personas
que se encuentran en carrera, así como aquella en la que se señaló que los
servidores en carrera administrativa del sistema general o especial gozan de un
derecho preferencial previsto en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 13.
12
(i) Radicado 0439 -2005 Consejo de Estado, de 27 de septiembre de 2007; sentencia No. 0562-
12; M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; (ii) sentencia No. 4192-17 M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez;
Consejo de Estado; (iii) sentencia 00064 de 5 de julio de 2018; Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A; M.P. Gabriel Valbuena Hernández; radicado 11001032500020100006400; y (iv)
sentencia de 29 de mayo de 2020, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda; expediente
11001032500020180060500; M.P. César Palomino Cortés.
13
“ARTÍCULO 24. ENCARGO. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1960 de 2019. El
nuevo texto es el siguiente:> Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de
carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en estos si
acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, no
han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño es
sobresaliente.
En el evento en que no haya empleados de carrera con evaluación sobresaliente, el encargo deberá
recaer en quienes tengan las más altas calificaciones descendiendo del nivel sobresaliente al
satisfactorio, de conformidad con el sistema de evaluación que estén aplicando las entidades.
Adicionalmente el empleado a cumplir el encargo deberá reunir las condiciones y requisitos previstos
en la ley.
El encargo deberá recaer en un empleado que se encuentre desempeñando el cargo
inmediatamente inferior de la planta de personal de la entidad.
Los cargos de libre nombramiento y remoción, en caso de vacancia temporal o definitiva, podrán ser
provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre nombramiento y remoción, que
cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño.
En caso de vacancia definitiva el encargo será hasta por el término de tres (3) meses, prorrogable
por tres (3) meses más, vencidos los cuales el empleo deberá ser provisto en forma definitiva.
PARÁGRAFO 1o. Lo dispuesto en este artículo se aplicará para los encargos que sean otorgados
con posterioridad a la vigencia de esta ley.
PARÁGRAFO 2o. Previo a proveer vacantes definitivas mediante encargo o nombramiento
provisional, el nominador o en quien este haya delegado, informará la existencia de la vacante a la
Comisión Nacional del Servido Civil a través del medio que esta indique.”
12
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2.6.3. En la sentencia de 9 de junio de 2021, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, se consideró:
(i) En cuanto al régimen especial de carrera administrativa de la Defensoría del
Pueblo, el artículo 138 de la Ley 201 de 199514 establece que, cuando se presenta
una vacante definitiva en un cargo de carrera de la entidad, el nominador está
facultado para proveerlo a través del encargo o en forma provisional, ello, por cuanto
el verbo rector que se usa en la norma es “ podrá”; en ese orden, “(…) tiene la opción
de decidir si encarga o provee en provisionalidad, se presume en razón del buen servicio ”.
(ii) Una vez fenecido el encargo o cuando el nominador lo estime necesario, además
de estar facultado para disponer de su terminación, puede realizarlo de manera
discrecional por razón del buen servicio y en función del interés general; presunción
que no fue desvirtuada por la demandante debido a que no cumplió con la carga
probatoria.
(iii) Si bien la accionante alegó que la persona designada en su lugar fue nombrada
en provisionalidad y no en propiedad, aunado a que tiene menor experiencia en
relación con la acreditada por la demandante, “(…) lo cierto es que, no allegó al plenario
medio de prueba alguno que permita demostrar su afirmación e impugnación. No se conoce
con certeza si la persona que se nombró para cubrir la vacante de Técnico Administrativo,
Código 3020 Grado 15 que ocupaba la actora en encargo, lo fue también en encargo, en
provisionalidad o en periodo de prueba; menos aún se determinó si cumple o no con las
exigencias y requisitos legales para ocupar el cargo ”.
(iv) Por lo anterior, adujo que el cargo de falta de motivación del acto no tiene
vocación de prosperar, debido a que era una decisión discrecional del nominador
terminar el encargo de la actora.
(v) En relación con el argumento consistente en la estabilidad laboral de la cual goza
el empleado encargado hasta que el cargo sea provisto por la persona que tenga
derechos de carrera, resaltó que pueden existir razones asociadas con los principios
que orientan la función pública “ y que impiden continuar con el nombramiento en
14
“ARTÍCULO 138. ENCARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN CARRERA. <Artículo
derogado, salvo lo relacionado con la Defensoría del Pueblo, por el artículo 262 del Decreto 262 de
2000. El texto original de esta norma es el siguiente:> Mientras se efectúa la selección para ocupar
un empleo de Carrera, los Servidores Públicos inscritos en el escalafón de la Carrera de la
Procuraduría y de la Defensoría del Pueblo, podrán ser encargados de dichos empleos, si llenan los
requisitos para su desempeño, hasta por cuatro (4) meses prorrogables por una sola vez y máximo
por el mismo término. En caso contrario, podrán hacerse nombramientos provisionales, que no
podrán tener una duración superior a cuatro (4) meses, salvo que el nominador los prorrogue por
una sola vez, hasta por un término igual.”
13
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encargo, las cuales no tienen que exponerse de manera expresa en el acto; como se dijo
antes, en el marco del sistema especial de carrera de la Defensoría del Pueblo dicha
decisión es discrecional. Y la terminación del encargo, no afecta el derecho a la estabilidad
laboral que en este caso está garantizado, porque la empleada ocupa un cargo de carrera
al que retorna”.
(vi) Finalmente, aseguró que al personal de la Defensoría del Pueblo no le son
aplicables las disposiciones del régimen general que refirió la demandante, esto es,
la Ley 443 de 1998, el Decreto 1572 de 1998 y la Ley 909 de 2004, puesto que solo
opera en forma subsidiaria, toda vez que la previsión de vacantes mediante encargo
está regulada en el artículo 138 de la Ley 201 de 1995.
2.6.4. Frente a la providencia del Consejo de Estado “ No. 4192-17 M.P. Sandra Lisset
Ibarra Vélez; Consejo de Estado ”; es preciso resaltar que tales datos son insuficientes
para efectos de identificar dicho proveído de forma precisa y concreta, de manera
que, el hecho de no acceder a su contenido imposibilita que esta Colegiatura la
analice.
2.6.5. Ahora, en relación con la sentencia de 5 de julio de 2018 dictada por la
Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del
magistrado Gabriel Valbuena Hernández dentro del expediente identificado con el
radicado 11001032500020100006400, a través de la cual el extremo activo
pretende demostrar que la administración está en la obligación de motivar los
actos de terminación de un encargo cuando el motivo no obedece al
nombramiento del titular del cargo, la Sala advierte que no se trata de un caso
con supuestos fácticos y jurídicos similares al asunto de la referencia.
La razón de esta afirmación radica en que, como primera medida, en dicho proceso
se tramitó el medio de control de nulidad del “ artículo 24 del Decreto 2355 del 24 de
junio de 2009 «Por medio del cual se reglamenta la contratación del servicio público
educativo por parte de las entidades territoriales certificadas »”; es decir, se debatió la
legalidad de una decisión del Ministerio de Educación a través de la cual se
determinó que a partir del año 2010 las entidades territoriales certificadas no podrán
tener laborando docentes, directivos docentes o personal administrativo, mediante
la modalidad de contratos de prestación de servicios en instituciones educativas
oficiales en las que también laboren docentes y directivos docentes oficiales.
En el sub lite la controversia ordinaria se surtió a través de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho mediante el cual se pretendía la nulidad de la
Resolución No. 043 de 16 de enero de 2018, acto que dispuso la terminación del
encargo de la señora Claudia Bibiana Moreno en la planta de la Defensoría del
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Pueblo, y se terminó el nombramiento en provisionalidad de la persona que ocupaba
el cargo de carrera de la accionante, para que ésta pudiese retornar a él.
Lo anterior denota causas, objetos, partes, debates y resultados distintos por
cuanto: (i) en el antecedente se demandó la nulidad de un acto administrativo de
carácter general y abstracto que reglamentó la contratación del servicio público
educativo por parte de las entidades territoriales certificadas, mientras que en el
caso de la tutelante la resolución acusada de orden particular dispuso la finalización
de un nombramiento en provisionalidad de quien ocupaba el cargo de carrera de la
actora, así como la terminación del encargo en el que se desempeñaba la señora
Moreno, para que esta retornara al empleo del cual es titular; (ii) las autoridades que
conformaron los extremos pasivos fueron el Ministerio de Educación Nacional y la
Defensoría del pueblo, respectivamente; (iii) las discusiones se basaron en si los
actos cuestionados incurrieron en la irregularidad de falta de motivación frente a la
forma de contratación del personal docente en las instituciones oficiales, por un
lado, y del otro, la procedencia de la clausura de un encargo cuando en él se
desempeña una persona inscrita en carrera; y (iv) el desenlace en el caso que se
dice omitido se circunscribió a no declarar la nulidad de uno de los artículos del
referido decreto que afecta a la comunidad educativa, mientras que en el asunto
objeto de análisis se negaron las pretensiones de nulidad del acto censurado y el
restablecimiento del derecho de la tutelante, consistente en el reintegro al encargo
y el pago de lo dejado de percibir.
Sin bien el argumento de la parte accionante radica en que le asiste a la
administración la obligación de motivar los actos, con fundamento en que, en las
consideraciones de la providencia que alegó como desconocida se avaló tal postura
con base en la SU 250 de 1998 de la Corte Constitucional15 y en la sentencia de 28
de febrero de 2008 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado”16, lo cierto es que,
tal como se indicó en líneas anteriores, al no tratarse de un caso similar en el cual
se analice la obligatoriedad de exponer los motivos en los actos que dan por
finalizado un encargo, mal haría este juez de tutela en acceder al amparo reclamado
15
“La motivación de los actos administrativos es una carga que el derecho constitucional y
administrativo contemporáneo impone a la administración, según la cual ésta se encuentra obligada
a exponer las razones del hecho y de derecho que determinan su actuar en determinado sentido.
Así, el deber de motivar los actos administrativos, salvo excepciones precisas, se revela como un
límite a la discrecionalidad de la administración”.
16
“(...) en tanto se limita a señalar el ejercicio de una facultad oficiosa y el cumplimiento de una
función, pero en si (sic) misma no contiene una fundamentación o explicación fáctica y probatoria
referida al asunto en concreto, indicativa de los motivos de la decisión plasmada en la parte
resolutiva. // (...) la motivación es una exigencia del acto administrativo (...) reclamable (...) de todos
los actos y debe basarse en hechos ciertos y demostrados al momento de la emisión del acto, so
pena de viciarlo de nulidad, por ausencia de uno de sus elementos esenciales (...)”.
15
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por un presunto desconocimiento de un antecedente que no se acompasa fáctica ni
jurídicamente con el expuesto en el trámite de la referencia.
Es por ello que, contrario a lo manifestado por la accionante, la Sala concluye que
el fallo de 5 de julio de 2018 no constituye un precedente vinculante, habida cuenta
que zanjó un asunto que carece de similitud con el que dio origen a este mecanismo
constitucional y, en ese sentido, no contiene reglas o subreglas de derecho
aplicables a la situación jurídica de la señora Claudia Bibiana Moreno.
2.6.6. Asimismo, la demandante indicó como desatendida la providencia de 29 de
mayo de 2020 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, dentro del expediente identificado con el radicado 11001032500020180060500,
promovido por la Superintendencia de Notariado y Registro contra la Comisión
Nacional del Servicio Civil, mediante el cual se pretendía la nulidad de la Resolución
No. CNSC – 20179000000215 de 29 de noviembre de 2017, “Por la cual se resuelven
las reclamaciones en segunda instancia, instauradas por los servidores Rogelio Albarracín
Duarte, Luis Guillermo Botero Tobo, María Claudia Araque Araque, José Daniel Juntinico
Rodríguez, Carlos Alfonso Toscano y Servio Manuel Carrillo Ibáñez, por el presunto
desconocimiento de su derecho preferencial a encargo y se dictan otras disposiciones ”
(Énfasis propio)
Pese a que de manera preliminar se advierte que no es un caso idéntico con el
analizado en esta sede, es preciso destacar que procede el estudio del yerro por
desconocimiento del precedente respecto de la sentencia de 29 de mayo de 2020
dictada por la Subsección B, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
atención a que uno de los problemas jurídicos planteados por la referida judicatura
se circunscribió a verificar si en el acto demandado se incurrió en falsa motivación
por fundamentarse en una norma que no era aplicable (artículo 24 de la Ley 909 de
2004), con base en la cual la Comisión Nacional del Servicio Civil ordenó la
aplicación del derecho preferencial de encargo.
Tal argumentación corresponde con la esgrimida por la tutelante al señalar que la
judicatura reprochada inobservó el artículo 24 de la Ley 909 de 200417, por aplicar
17
“ARTÍCULO 24. ENCARGO. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1960 de 2019. El
nuevo texto es el siguiente:> Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de
carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en estos si
acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, no
han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño es
sobresaliente.
En el evento en que no haya empleados de carrera con evaluación sobresaliente, el encargo deberá
recaer en quienes tengan las más altas calificaciones descendiendo del nivel sobresaliente al
16
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a su caso de manera aislada el régimen especial de carrera administrativa de la
Defensoría del Pueblo, esto es, el artículo 138 de la Ley 201 de 199518 que
establece que, cuando se presenta una vacante definitiva en un empleo de carrera
de la entidad, el nominador está facultado para proveerlo a través del encargo o en
forma provisional.
Ello, debido a que la Defensoría del Pueblo dio por finalizado su nombramiento en
encargo para, designar a otra persona en la modalidad provisional, incluso, sin que
dicho ciudadano superara su experiencia profesional, preparación y habilidades.
Es por esta razón que la señora Moreno advierte el desconocimiento del
mencionado proveído de 29 de mayo de 2020, habida cuenta que allí se señaló:
“(…) De acuerdo con lo anterior, la Sala considera que la normativa que regula el
derecho preferencial de encargo a favor de los empleados públicos de carrera
administrativa, se debe tener en cuenta al momento de definir la provisión de empleos
en los sistemas especiales de carrera, pues como se indicó anteriormente, las pautas
de las normas especiales deben ser complementarias con los presupuestos
esenciales de la carrera general fijados en la Constitución y desarrollados en la ley
general.”
En este punto de la discusión, la Sala resalta que, si bien la postura judicial invocada
por la parte accionante propugna por la garantía del derecho de preferencia para
ocupar los empleos en encargo, no es posible admitir que el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C incurrió en el defecto alegado.
satisfactorio, de conformidad con el sistema de evaluación que estén aplicando las entidades.
Adicionalmente el empleado a cumplir el encargo deberá reunir las condiciones y requisitos previstos
en la ley.
El encargo deberá recaer en un empleado que se encuentre desempeñando el cargo
inmediatamente inferior de la planta de personal de la entidad.
Los cargos de libre nombramiento y remoción, en caso de vacancia temporal o definitiva, podrán ser
provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre nombramiento y remoción, que
cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño.
En caso de vacancia definitiva el encargo será hasta por el término de tres (3) meses, prorrogable
por tres (3) meses más, vencidos los cuales el empleo deberá ser provisto en forma definitiva.”
18
“ARTÍCULO 138. ENCARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN CARRERA. <Artículo
derogado, salvo lo relacionado con la Defensoría del Pueblo, por el artículo 262 del Decreto 262 de
2000. El texto original de esta norma es el siguiente:> Mientras se efectúa la selección para ocupar
un empleo de Carrera, los Servidores Públicos inscritos en el escalafón de la Carrera de la
Procuraduría y de la Defensoría del Pueblo, podrán ser encargados de dichos empleos, si llenan los
requisitos para su desempeño, hasta por cuatro (4) meses prorrogables por una sola vez y máximo
por el mismo término. En caso contrario, podrán hacerse nombramientos provisionales, que no
podrán tener una duración superior a cuatro (4) meses, salvo que el nominador los prorrogue por
una sola vez, hasta por un término igual.”
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Lo anterior encuentra asidero en que, tal como se expuso en la providencia
cuestionada de 9 de junio de 2021, la señora Claudia Bibiana Moreno no demostró
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho la modalidad en que
se realizó el nombramiento de su reemplazo; es decir; más allá de manifestar que
su lugar fue ocupado por un provisional, no aportó elementos de prueba que
acreditaran su alegato.
Así lo arguyó el tribunal demandado, al manifestar que la accionante “(…) no allegó
al plenario medio de prueba alguno que permita demostrar su afirmación e impugnación.
No se conoce con certeza si la persona que se nombró para cubrir la vacante de Técnico
Administrativo, Código 3020 Grado 15 que ocupaba la actora en encargo, lo fue también en
encargo, en provisionalidad o en periodo de prueba; menos aún se determinó si cumple o
no con las exigencias y requisitos legales para ocupar el cargo ”.
En ese sentido, es claro que al no haberse probado en el trámite ordinario que la
Defensoría del Pueblo designó en el lugar que ocupaba la tutelante, a una persona
que no ostentaba derechos de carrera, no es posible concluir que se desconociera
la regla general del derecho de preferencia, razón por la que es dable concluir que
no le asiste razón a la parte actora en relación con esta censura.
2.6.7. Finalmente, con el proveído de 27 de septiembre de 2007 expedida por la
Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, se dirimió una
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por un ciudadano
contra la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá, a través de la cual se
pretendió la nulidad de la Resolución No. 0084 de 16 de abril de 2001 que dio por
terminado un encargo en la planta global de la referida entidad.
2.6.7.1. Como primera medida, en el mencionado proveído se expone que las
personas inscritas en carrera gozan del derecho de preferencia, garantía que la
señora Claudia Bibiana Moreno alegó como desatendida por el tribunal cuestionado.
Al respecto, esta Colegiatura resalta que, de conformidad con los argumentos
expuestos en el numeral 2.6.6., no se advierte la configuración del defecto por
desconocimiento del precedente, habida cuenta que en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que dio origen a este mecanismo
constitucional, el extremo activo no demostró si su reemplazo fue nombrado en la
modalidad de provisional, encargo o en periodo de prueba.
Dicho aspecto se considera necesario para efectos de establecer si se omitió la
garantía de preferencia de quienes están en carrera, puesto que debería ser un
hecho probado que la persona que ocupó el cargo que la actora desempeñaba en
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encargo, no tiene derechos de carrera y que su designación se hizo de forma
provisional.
En ese sentido, es evidente que la decisión del tribunal reprochado no desatendió
tal garantía, pues no es posible que en sede ordinaria se acceda a las pretensiones
de un supuesto que no se soporta en ningún elemento probatorio allegado al
proceso.
2.6.7.2. En segundo lugar, en la sentencia que se analiza de 27 de septiembre de
2007, se advierte:
“No puede olvidarse que la potestad discrecional en materia de función pública se
predica, en principio, sólo respecto de los empleos de libre remoción, dada su especial
condición de personal de confianza. Pero, en tratándose de personal escalafonado
en carrera o en encargo, la situación varía sustancialmente, y no resultaría ajustado
a derecho aplicar, en estricto rigor, las reglas de la discrecionalidad.
Entiende la Sala que si se trata de dar por terminado un encargo sin que se vaya a
proveer con el titular, se vería obligada la entidad a expresar las razones del servicio
que la llevaron a tomar esa determinación.
En efecto se ha establecido como regla general que las decisiones administrativas
sean motivadas, así sea en forma sumaria, si con ella se afectan intereses o derechos
particulares (art. 35 del C.C.A.); y, como excepción, podrán adoptarse decisiones sin
motivación alguna cuando el legislador lo autorice, como en el caso de los actos
discrecionales. Pero aún (sic) así, no podrán las autoridades apartarse de los fines
públicos o sociales propuestos por la norma de derecho positivo que los autoriza. ”
(Énfasis propio)
De conformidad con la cita extraída de la providencia que se adujo como
desatendida, se advierte que, para el caso puntual, la obligatoriedad respecto de la
motivación del acto que dispone la terminación de un encargo, se aplica en los casos
en que el empleo se pretenda proveer con una persona distinta al titular.
Es decir, el nominador está en el deber de exponer los motivos por los cuales, en
virtud de las necesidades del servicio, debe designarse un ciudadano que no
detenta derechos de carrera sobre el empleo, frente al cual se terminó un encargo.
Es por esta razón que, tampoco se advierte desconocida tal regla, en atención a
que, como se ha expuesto es líneas previas, en el proceso ordinario objeto de la
tutela de la referencia no se probó que el reemplazo de la señora Claudia Bibiana
Moreno hubiese sido en la modalidad de provisional u otra distinta al nombramiento
en propiedad.
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Así las cosas, no queda duda que la obligación de cumplir con la carga
argumentativa en estos casos, deriva del supuesto consistente en que el reemplazo
no se provea con el titular del cargo de carrera, aspecto que, se itera, no fue
acreditado en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que promovió la señora Moreno contra la Defensoría del Pueblo, en
consecuencia, este reparo también será denegado.
2.6.8. En este punto del análisis, la Sala encuentra necesario precisar que, tal como
se advirtió en el antecedente de esta Colegiatura de 4 de noviembre de 2021,
dictado dentro del proceso identificado con el radicado 11001-03-15-000-2021-
06661-00, las decisiones de la administración concernientes a la terminación de un
encargo deben ser motivadas cuando esté acreditado que el cargo que se encuentra
en vacancia definitiva se provea con una persona que no tenga la calidad de titular
del empleo; sin embargo, en el asunto objeto de análisis dicho supuesto fáctico no
se demostró, comoquiera que no se tiene certeza de la modalidad en que se surtió
el reemplazo de la tutelante.
2.6.9. Finalmente, desde la perspectiva del derecho a la igualdad, sería del caso
analizar las sentencias de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, de no ser porque estas fueron proferidas por las Subsecciones B y
F de dicha Corporación19, mientras que la decisión reprochada corresponde a la
Subsección C.
Lo anterior encuentra fundamento en el principio de la autonomía judicial de la cual
están revestidos los jueces de la República, puesto que al no existir una postura
unificada en la materia, las diferentes Subsecciones de una Corporación Judicial
pueden optar por una u otra tesis según consideren debe aplicarse al caso concreto,
sin que ello implique la transgresión de alguna garantía fundamental del interesado
al que le fue desfavorable el sentido de la decisión.
19
(i) Sentencia de 20 de noviembre del 2020; Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección
Segunda, Subsección F; M.P. Patricia Salamanca Gallo; demandante: Ferley Orlando Benavides;
demandado: Defensoría del Pueblo; (ii) sentencia de 11 de junio de 2021; Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B; M.P. Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón; (iii) sentencia
de 11 de junio de 2021 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B, ponencia del magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón.
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Demandante: Claudia Bibiana Moreno
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10744-00
2.7. Conclusión
La Sala negará la solicitud de amparo promovida por la señora Claudia Bibiana
Moreno contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C y el Juzgado 48 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, al no
encontrarse configurado el defecto por desconocimiento del precedente judicial del
Consejo de Estado, en la sentencia de 9 de junio de 2021.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la acción de tutela promovida por la señora Claudia Bibiana
Moreno contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C y el Juzgado 48 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, de
conformidad con lo expuesto en este proveído.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
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Demandante: Claudia Bibiana Moreno
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10744-00
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta providencia fue generada con firma electrónica, la tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2354 de 2012.
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