Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-10811-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-10811-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-10811-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
1 de junio de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10811-01
Accionante: Edatel S.A. ‒ E.S.P.
Se revoca la sentencia de primera instancia que negó el amparo solicitado
y, en su lugar, se declara improcedente la acción de tutela
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., primero (1º) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10811-01
Accionante: Edatel S.A. ‒ E.S.P.
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial / Proceso ejecutivo / Título ejecutivo complejo /
Se revoca la sentencia de primera instancia que negó el amparo solicitado y, en su lugar,
se declara improcedente la acción de tutela.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada contra la sentencia proferida
el 31 de enero de 2022 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante la cual se negó el amparo solicitado por Edatel S.A. ‒ E.S.P.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer de la impugnación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86
de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de
2017 y 333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El 29 de noviembre de 2021 Edatel S.A. E.S.P. interpuso acción de tutela contra
la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y el Juzgado 38 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, pues estimó
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia.
2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones, que se
transcriben textualmente:
<< 5.1. Declarar quebrantado el derecho al debido proceso y el derecho de acceso
a la justicia de la sociedad Edatel S.A.S. E.S.P., violación causada por parte de las
accionadas y que se fundamenta en los motivos descritos en el presente libelo.
5.2. Como consecuencia de lo anterior, tutelar los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la justicia de la accionante, ordenando la revocación de la
providencia proferida el 20 de mayo de 2021 por la Sección Tercera, Subsección C
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que en su lugar se libre
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-10811-01
Accionante: Edatel S.A. ‒ E.S.P.
Se revoca la sentencia de primera instancia que negó el amparo solicitado
y, en su lugar, se declara improcedente la acción de tutela
mandamiento de pago en favor de Edatel S.A. E.S.P. y en contra de Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.
5.3. En subsidio que se revoque la providencia proferida el 20 de mayo de 2021
adicionada mediante providencia del 22 de julio subsiguiente por la Sección Tercera,
Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que en su lugar se
indiquen los yerros incurridos y de conformidad con el artículo 170 del CPACA se
inadmita la demanda y se permita su subsanación so pena de rechazo>>.
B. Hechos
3.- La accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:
3.1.- El 20 de noviembre de 1998 la accionante y la Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. suscribieron el contrato 5903 de
<<acceso, uso e intercomunicación>>, en el que se pactó la interconexión entre sus
redes con el fin de asegurar el buen servicio a sus usuarios. Allí se acordó que los
contratantes <<conciliarán mensualmente las cuentas por el per[í]odo de consumo
correspondiente a la información enviada>>.
3.2.- El 21 de junio de 2013 la accionante emitió la factura 66689 cuya destinataria
era la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. por valor de
cuatrocientos cincuenta y siete millones trescientos treinta y un mil quinientos
noventa y nueve pesos ($457.331.599) por los <<cargos de acceso adecuado>>
generados entre septiembre de 2010 y mayo de 2012, suma que debía ser
cancelada el 12 de julio de 2013. Ese documento fue enviado por correo certificado
porque los empleados de la deudora, a juicio de la actora, se negaron a recibirla.
3.3.- Debido a la falta de pago de la referida obligación por parte de la deudora, el
12 de septiembre de 2013 la accionante presentó demanda ejecutiva contra la
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. con el propósito de obtener
el pago de la factura 66689. En su criterio, dicha factura fue aceptada por la deudora
el 8 de julio de 2013, pues en esa fecha la recibió por correo certificado y no realizó
alguna de las conductas previstas en el artículo 4 del Decreto 3327 de 2009.
3.4.- El 4 de septiembre de 2014 el Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá libró
mandamiento de pago, ante lo cual la ejecutada interpuso recurso de reposición en
el que argumentó la inexistencia del título ejecutivo y propuso la excepción previa
por falta de jurisdicción. Al resolver la reposición mediante auto del 19 de marzo de
2015, el juzgado declaró probada la excepción por falta de jurisdicción y dispuso su
remisión a los juzgados administrativos de Bogotá.
3.5.- El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado 38 Administrativo de
Bogotá1, que mediante auto del 15 de septiembre de 2015 repuso el mandamiento
1 Expediente 11001-33-36-038-2015-00313-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-10811-01
Accionante: Edatel S.A. ‒ E.S.P.
Se revoca la sentencia de primera instancia que negó el amparo solicitado
y, en su lugar, se declara improcedente la acción de tutela
de pago que se había librado por el juez civil por inexistencia del título ejecutivo y,
en su lugar, inadmitió la demanda ejecutiva. Lo anterior al considerar que no se
aportó copia auténtica <<del contrato estatal No. 5903 de 1997 [y su] acta de
liquidación>>, entre otros documentos2, omisiones que debían ser subsanadas
dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la decisión.
3.6.- Las partes interpusieron recursos de reposición; la ejecutada, al estimar que
se debía negar el mandamiento de pago porque las irregularidades atañen al título
ejecutivo y no es dable subsanarlas; y la ejecutante, en razón a que los documentos
requeridos eran innecesarios para exigir el cumplimiento de la obligación.
3.7.- Mediante auto del 15 de marzo de 2016 el juzgado de conocimiento declaró la
falta de competencia territorial, y ordenó enviar el expediente a los juzgados
administrativos de Medellín, por cuanto el contrato 5903 se ejecutaba en Antioquia.
3.8.- El 13 de julio de 2016 el Juzgado 28 Administrativo de Medellín propuso
conflicto negativo de competencia.
3.9.- El 8 de mayo de 2018 la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado dispuso que el Juzgado 38 Administrativo de Bogotá era el competente para
conocer el asunto porque algunos de los compromisos contractuales se cumplirían
en esta ciudad y, por tanto, la actora podía escoger la ciudad para presentar la
demanda ejecutiva.
3.10.- Mediante auto del 23 de noviembre de 2018 el Juzgado 38 Administrativo de
Bogotá negó el mandamiento de pago al considerar que si bien entre la ejecutante
y la ejecutada mediaba un vínculo contractual, en el título ejecutivo no había una
obligación clara, expresa y exigible, pues no se acreditó que hubiera sido expedido
en el marco del contrato 5903. Además, no era posible determinar <<quién le debe
a quién>> ni en qué cantidad, pues en el expediente (i) no obraba el acta de
liquidación del negocio jurídico y (ii) no se demostró que la factura hubiera sido
aceptada por la ejecutante.
3.11.- El 30 de noviembre de 2018 la ejecutante interpuso recursos de reposición y
en subsidio de apelación contra el precitado auto. (i) Afirmó que de conformidad con
el artículo 619 del Código de Comercio y la Ley 1231 de 2008 la factura es un título
valor autónomo, por lo que no se podía exigir la presentación de documentos
adicionales; (ii) manifestó que aun si fuera un título ejecutivo complejo, los
documentos aportados con la demanda contienen una obligación clara, expresa y
exigible; (iii) agregó que en esa etapa del proceso no se podía concluir que se trata
de una controversia jurídica sobre la existencia de la deuda, sino hasta cuando la
ejecutada ejerciera su derecho de defensa; (iv) indicó que la cláusula contractual
2 Copia del respectivo certificado de registro presupuestal y del acto administrativo que aprobó la conciliación
de cuentas.
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-10811-01
Accionante: Edatel S.A. ‒ E.S.P.
Se revoca la sentencia de primera instancia que negó el amparo solicitado
y, en su lugar, se declara improcedente la acción de tutela
sobre controversias entre las partes excluía expresamente lo relacionado con las
obligaciones dinerarias susceptibles del proceso ejecutivo.
3.12.- Mediante auto del 22 de julio de 2019 el juzgado de conocimiento confirmó
su decisión en tanto el titulo ejecutivo presentado era complejo <<debido a la
naturaleza estatal del contrato>> y no se allegaron los documentos en los que
<<consta el derecho>>.
3.13.- Mediante auto del 20 de mayo de 2021 la Subsección A de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó el auto de primera instancia.
Consideró que la factura 66689 no contiene una obligación clara, expresa y exigible,
por cuanto no se hace mención al derecho que se incorpora en el título, esto es, no
se especifica a qué conciernen los valores allí consignados; no identifica la persona
que la suscribió, circunstancia que impide determinar si aquella tenía o no
competencia para firmarla; y no se evidencia que se haya agotado la conciliación
de cuentas, a pesar de que así se pactó en el contrato 5903.
3.13.1.- El ad quem precisó que en la demanda ejecutiva se afirmó que la suma
reclamada corresponde a <<cargos de acceso adecuado>> entre septiembre y
octubre de 2012, y en la factura se estipula que los montos atañen a los meses
comprendidos entre septiembre de 2010 y mayo de 2012, inconsistencia que,
sumado a lo anterior, permite inferir que la obligación allí consignada no colma las
exigencias del numeral 3 del artículo 297 del CPACA. Por último, afirmó que no era
necesario pronunciarse sobre las razones que la ejecutada expuso para negarse a
recibir la factura porque esa situación es ajena a las condiciones verificadas en su
decisión3.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- La accionante señala que el auto atacado del 20 de mayo de 2021 incurre en los
defectos sustantivo, procedimental absoluto y fáctico.
4.1.- Aduce que el auto atacado contiene un defecto sustantivo, por cuanto
inobservó el artículo 619 del Código de Comercio que consigna que la factura es un
título ejecutivo autónomo y que su validez no está supeditada a la existencia de
otros documentos, pues para que sea exigible basta con que el deudor la haya
aceptado. Considera que esto ocurrió porque la ejecutada recibió la factura por
correo certificado y no surtió alguna de las actuaciones enunciadas en el artículo 4
del Decreto 3327 de 2009.
3 Esto con ocasión de la defensa de la parte ejecutada frente al recurso de apelación de la ejecutante, la cual
hizo énfasis, entre otros asuntos, en las razones por las que no recibió la factura la primera vez que se intentó
su radicación, las cuales indicó fueron reiteradas el 1º de agosto de 2013.
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Accionante: Edatel S.A. ‒ E.S.P.
Se revoca la sentencia de primera instancia que negó el amparo solicitado
y, en su lugar, se declara improcedente la acción de tutela
4.2.- Afirma que el auto cuestionado también incurre en un defecto procedimental
absoluto al <<rechazar>> la demanda a pesar de que las supuestas irregularidades
eran subsanables. Considera que le dio un trámite inadecuado al proceso ejecutivo,
toda vez que lo pertinente era inadmitirla para que el ejecutante pudiera corregir los
supuestos yerros e incluir los documentos que daban cuenta de la existencia de la
obligación.
4.3.- Precisa que la decisión discutida también contiene un defecto fáctico, en razón
a que de haberse valorado correctamente la respectiva factura, se concluiría que
este documento sí especifica <<los servicios efectivamente prestados>> a la
ejecutada; por tanto, colma los presupuestos consagrados en el sistema normativo
para que se considere título ejecutivo.
D. Oposiciones e intervenciones
5.- En escrito del 16 de diciembre de 2021 la Empresa de Telecomunicaciones de
Bogotá S.A. E.S.P. (tercero con interés) indica que en los recursos de reposición y
apelación del proceso ejecutivo la accionante no reprochó todos los argumentos
que se plantearon en el auto del a quo y, por ende, no fueron objeto de análisis por
parte del ad quem del proceso ejecutivo. Por lo anterior, en el eventual caso que se
concluya que el auto del 20 de mayo de 2021 desconoce el sistema normativo, las
consideraciones del a quo que no se controvirtieron en la apelación quedan
incólumes, lo que impide ordenar que se libre mandamiento de pago.
5.1.- Precisa que las autoridades judiciales accionadas negaron el mandamiento de
pago porque la factura 66689 no contenía una obligación clara, expresa y exigible,
es decir, no cumplía con las exigencias que señala el sistema jurídico para que se
pueda considerar como un título ejecutivo. Aduce que esa aseveración cuenta con
respaldo probatorio y normativo, por lo que no hay vulneración de derecho
fundamental alguno.
6.- El 13 de enero de 2022 el Juzgado 38 Administrativo de Bogotá (accionado)
envió copia del expediente digital del proceso ejecutivo; sin embargo, no rindió
informe.
7.- La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (accionada), pese a estar debidamente notificada, guardó silencio.
E. Fallo impugnado
8.- En sentencia del 31 de enero de 2022 la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado negó las pretensiones de la acción de tutela.
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Se revoca la sentencia de primera instancia que negó el amparo solicitado
y, en su lugar, se declara improcedente la acción de tutela
8.1.- Sobre el defecto sustantivo, precisó que el criterio de las autoridades
accionadas, consistente en que la factura 66689 no presta mérito ejecutivo, no
comporta una interpretación arbitraria del ordenamiento jurídico. Lo anterior, en
razón a que en la referida factura no se estableció que los valores allí consignados
estuvieran relacionados con el contrato 5903, es decir, que hayan sido causados en
virtud de ese negocio jurídico. Esto, pues solo se indicó que correspondían a
<<cargos de acceso adecuado>> entre septiembre de 2010 y mayo de 2012,
omisión que impedía asumir que la parte ejecutada le debía a la tutelante la suma
alegada en atención a dicho acuerdo de voluntades.
8.1.1.- Agregó que la factura 66689 tampoco resultaba exigible pues en el
mencionado contrato se acordó que se ≪conciliar[ía]n mensualmente las cuentas
por el per[i]odo de consumo correspondiente a la información enviada≫, trámite que
la tutelante no acreditó haber agotado, lo que también impedía librar mandamiento
de pago. Consideró que no se desatendió el artículo 619 del Código de Comercio,
pues la premisa allí contenida, según la cual en los títulos valores debe estar
consignada <<la mención del derecho […] que se incorpora>> no se cumple en la
factura 66689, pues no se estipuló que las sumas registradas allí conciernan al
contrato 5903.
8.1.2.- La accionante aduce que las autoridades accionadas no tuvieron en cuenta
que (i) la demandada en la acción ejecutiva aceptó la factura, dado que no adelantó
alguna de las actuaciones señaladas en el artículo 4 del Decreto 3327 de 2009, y
(ii) la incongruencia entre los periodos establecidos en la demanda ejecutiva y en el
referido documento podía ser subsanada. El a quo del proceso de tutela consideró
innecesario pronunciarse sobre esos argumentos pues, en el eventual caso de que
prosperaran, carecían de la entidad suficiente para cambiar el sentido del auto
atacado en tanto el aludido escrito no reviste de la condición de título ejecutivo.
8.1.3.- Por último, precisó que el Consejo de Estado ha dicho que los títulos
ejecutivos relacionados con contratos estatales son complejos, por regla general,
dado que las obligaciones están previstas en varios documentos suscritos durante
las etapas precontractual y contractual4, como sucede en este caso, pues los
compromisos también se consignaron en el contrato 5903.
8.2.- Adujo que no se configuró el defecto procedimental absoluto alegado en tanto
las irregularidades del caso concreto conciernen al título ejecutivo, puesto que no
cumple las exigencias señaladas en el numeral 3 del artículo 297 del CPACA, esto
es, no contiene una obligación clara, expresa y exigible. Por esto, resultaba
improcedente otorgar la posibilidad de constituirlo, pues ello escapa de la naturaleza
jurídica de ese mecanismo judicial. Por esto, las autoridades accionadas actuaron
adecuadamente al negar el mandamiento de pago.
4 Sección tercera, Subsección A, auto de 23 de marzo de 2017, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera,
expediente 68001-23-33-000-2014-00652-01.
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Se revoca la sentencia de primera instancia que negó el amparo solicitado
y, en su lugar, se declara improcedente la acción de tutela
8.3.- Sobre el defecto fáctico, el a quo del proceso de tutela reiteró que en la factura
66689 no obra <<el derecho que se consigna>>, lo que impide asumir que los
montos allí establecidos corresponden a compromisos derivados del contrato 5903.
Resaltó que la conclusión de que el referido escrito no tiene la condición de título
ejecutivo no concierne a una deducción probatoria arbitraria.
9.- El 30 de marzo de 2022 el a quo del proceso de tutela negó la solicitud de adición
presentada por la accionante el 3 de marzo de 20225 contra el fallo de tutela de
primera instancia. (i) Aclaró que sí se pronunció sobre el defecto procedimental
absoluto y lo desestimó al considerar que no era dable subsanar la demanda
ejecutiva porque la factura 66689 no contenía una obligación clara, expresa y
exigible, omisión que no era susceptible de corrección en un asunto de esa
naturaleza, por cuanto no está instituido con el fin de crear o perfeccionar un título
ejecutivo, sino para exigir su cumplimiento, y (ii) afirmó que esta posición estuvo
respaldada en jurisprudencia de la Corte Constitucional6; (iii) agregó que el
interregno que trascurrió entre la aprobación de la sentencia de tutela y su
notificación no implica irregularidad alguna, toda vez que este acto está precedido
de varias gestiones al interior de la Sala (ajustes al proyecto, recolección de firmas,
entre otras). Además, todas las tutelas que cursan en el Consejo de Estado son
tramitadas por su Secretaría General, situación que genera una alta carga laboral
que dificulta comunicar las determinaciones judiciales emitidas en esos trámites al
día siguiente de ser dictadas.
F. Impugnación
10.- Mediante escrito del 26 de abril de 2022 la accionante impugna la sentencia del
31 de enero de 2022 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado. Alega la nulidad del fallo de tutela de primera instancia porque
fue notificado el 3 de marzo de 2022, es decir, treinta y dos días después de haberse
proferido el fallo. En su criterio, esto vulnera su derecho fundamental al debido
proceso de acuerdo con el auto A123-09 del 19 de marzo de 2009, el cual precisó
que la notificación <<debe surtirse en debida forma y de manera eficaz>>.
10.1.- Sobre el defecto sustantivo, reitera que la factura es un título ejecutivo
independiente y autónomo, por lo que no era necesario que los valores allí
consignados se relacionaran con el contrato 5903 de 1998 ni que cumpliera con la
conciliación de cuentas en él estipulada. Menciona que el a quo del proceso de
tutela adujo que el contrato discutido es un contrato estatal, cuando en realidad se
5 A su juicio, no se estudió el defecto procedimental absoluto que invocó, pues (i) no se emitió un
pronunciamiento sobre el supuesto trámite inadecuado de la demanda ejecutiva, derivado de la omisión de
otorgarle la posibilidad de subsanarla, y (ii) tampoco se hizo referencia a los requisitos fijados por la Corte
Constitucional para la configuración de dicha causal específica. (iii) Añade que la sentencia de tutela se notificó
treinta y dos (32) días después de ser proferida, en desconocimiento del artículo 30 del Decreto 2591 de 1991,
que prevé que ello debe acontecer al día siguiente.
6 Sentencias T-620 de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio) y T-386 de 2010 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla)
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Se revoca la sentencia de primera instancia que negó el amparo solicitado
y, en su lugar, se declara improcedente la acción de tutela
rige por derecho privado, lo cual denota desconocimiento sobre la discusión y
condujo a exigir requisitos desmesurados. Añade que el tribunal accionado violó la
presunción de autenticidad del título valor que se cobraba.
10.2.- En cuanto al defecto fáctico, señala que la decisión tuvo por inexistente el
título valor por no contener los servicios cobrados, cuando ello emergía de forma
evidente del título, pues la factura sí contenía los servicios efectivamente prestados
por la ejecutante, y además se obvió el hecho esta fue aceptada tácitamente.
10.3.- Con respecto al defecto procedimental absoluto sostiene que el a quo del
proceso de tutela no analizó el objeto real de la acción de tutela, pues acudió al
argumento errado de que la decisión del tribunal accionado no era una decisión
respecto al trámite procesal, <<sino sustantiva>>, cuando ello no fue alegado por el
accionante. Señala que en el fallo impugnado no se hace un estudio del artículo 170
del CPACA que se alegó violado, ni de los requisitos establecidos en sentencias de
la Corte Constitucional7 para el defecto procedimental absoluto, pues solo reiteraron
los argumentos respecto del defecto sustantivo.
10.3.1.- Aclara que su reparo sobre el defecto procedimental absoluto se divide en
dos argumentos distintos: (i) sostiene que, en vez de negar el mandamiento de pago
(rechazar la demanda), debía inadmitirla de conformidad con los artículos 90 del
CGP y 170 del CPACA, pues los defectos8 que le atribuyó no corresponden a
defectos que afecten al título valor que se cobra, sino a la demanda interpuesta, los
cuales podían ser subsanados9; (ii) añade que si el tribunal accionado consideraba
que la parte ejecutante debía aportar las conciliaciones de cuenta, debió decretar
una prueba de oficio en ese sentido. Considera que dichas conciliaciones no fueron
solicitadas en la primera instancia del ejecutivo y fue sorprendida por el tribunal
accionado cuando éste las solicitó, momento para el cual ya no podía aportarlas.
II. CONSIDERACIONES
G. Cuestión previa
11.- En cuanto al reparo sobre la tardanza en la notificación del fallo de primera
instancia del proceso de tutela, que según la accionante implica la nulidad del
proceso, esta Sala se pronuncia al respecto en este fallo de segunda instancia por
razones de economía procesal y celeridad, máxime en tanto dicho reparo ya fue
7 Sentencias T- 025/18 M.P. Gloria Stella Ortiz; T – 620/13 M.P. Jorge Iván Palacio; T-867/11 M.P. Gabriel
Mendoza Martelo; T- 323/12 M.P. Jorge Iván Palacio.
8 (i) Que la factura no contiene la razón de los servicios prestados; (ii) que hay disimilitud entre las fechas
contenidas en la demanda; (iii) que no se tiene certeza sobre quien firmó la factura; y (iv) que no se aportaron
las conciliaciones de cuentas.
9 Se subsanan con: (i) la presentación de la conciliación de cuentas en la que aparecen los servicios prestados
y cobrados, pues corresponde a un título ejecutivo complejo; (ii) la corrección del hecho No. 1 de la demanda;
(iii) la identificación de la persona y su capacidad jurídica para suscribir la factura; el anexo de las conciliaciones
de cuentas.
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Se revoca la sentencia de primera instancia que negó el amparo solicitado
y, en su lugar, se declara improcedente la acción de tutela
planteado por la accionante en la solicitud de adición presentada el 3 de marzo de
2022, que fue resuelta por el a quo en providencia del 30 de marzo de 2022.
11.1.- Esta Sala observa que el reparo de la accionante no se subsume en alguno
de los supuestos de hecho previstos en el artículo 133 del CGP. En efecto, la
presunta tardanza en la notificación del fallo de tutela de primera instancia no
conduce a la nulidad del proceso en los términos previstos en la mencionada
normativa. Además, la Sala comparte el criterio expuesto por el a quo en la
providencia que negó la solicitud de adición de la accionante, según el cual el
interregno que trascurrió entre la aprobación de la decisión y su notificación no
implica irregularidad alguna, pues corresponde al desarrollo de trámites internos del
Consejo de Estado (ajustes al proyecto, recolección de firmas, envío a Secretaría
General, entre otras), sin que se aprecie anomalía alguna al respecto.
H. Caso concreto
12.- La Sala revocará la decisión de primera instancia, que negó el amparo
solicitado. En su lugar, la Sala declarará improcedente la acción de tutela, pues
advierte que: (i) con respecto a los defectos fáctico y sustantivo, se acogerá la
posición mayoritaria de la Sala y se declararán improcedentes estos cargos en la
medida en que ellos se fundamentan en argumentos que ya fueron planteados por
la accionante y resueltos en el proceso ejecutivo10; (ii) con respecto al defecto
procedimental absoluto, no se acredita el requisito de subsidiariedad, pues dicho
reparo pudo haber sido planteado en los recursos de reposición y apelación
presentados por la accionante el 30 de noviembre de 2018 en contra de la decisión
del a quo del proceso ejecutivo.
12.1.- Aunque la accionante también cuestiona el auto de primera instancia
proferido el 23 de noviembre de 2018 por el Juzgado 38 Administrativo de Bogotá,
el análisis se centrará en el auto del 20 de mayo de 2021 por ser el que, al decidir
el recurso de apelación formulado contra el auto del 23 de noviembre de 2018,
resolvió de manera definitiva el aludido trámite ejecutivo. En relación con dicho auto,
la Sala advierte que, de cualquier manera, la tutela no podía prosperar por las
siguientes razones:
13.- En lo atinente a los defectos sustantivo y fáctico, se observa que la Subsección
A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó de
forma adecuada que la factura 66689 no contiene una obligación clara, expresa y
exigible porque no satisface los requisitos de ley para considerarla como título valor
10 El magistrado ponente advierte que considera que estos cargos sí cumplen con el requisito de relevancia
constitucional porque la accionante alega la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia, y es posible apreciar los defectos que considera configurados en la
decisión atacada: fáctico y sustantivo. Sin embargo, acoge la posición mayoritaria de la Sala, según la cual
cuando se reiteran argumentos que fueron resueltos dentro del proceso ordinario, no se cumple con este
requisito.
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-10811-01
Accionante: Edatel S.A. ‒ E.S.P.
Se revoca la sentencia de primera instancia que negó el amparo solicitado
y, en su lugar, se declara improcedente la acción de tutela
ni es el único documento que las partes pactaron en el contrato para que el pago
del servicio sea exigible.
13.1.- Primero, precisó que la fuente de la obligación materia del cobro, que en este
caso es el contrato suscrito entre las partes, expresamente estableció una condición
para la facturación de los servicios, que consistió en la conciliación de cuentas para
el respectivo periodo, requisito que no fue demostrado. Este criterio se considera
adecuado en tanto parte del negocio jurídico que dio origen a la creación del título
valor en discusión y está conforme con el material probatorio aportado al proceso.
13.2.- Segundo, aclaró que en el texto de la factura 66689 se relacionan 21 ítems
referentes a <<cargos de acceso adeudado>>, que corresponden a los meses
comprendidos entre septiembre de 2010 a mayo de 2012, sin mencionar un dato
adicional que describa la razón de cada uno de esos ítems.
13.3.- Tercero, afirmó que hay una diferencia entre los meses que se indican en la
factura (septiembre de 2010 a mayo de 2012) y los meses que se reclaman en las
pretensiones de la demanda (septiembre y octubre de 2012).
13.4.- Cuarto, anotó que en la factura se insertó una firma y sello en el espacio para
la <<firma autorizada>>, sin que se conozca a quién corresponde y si estaba
autorizado para el efecto. Se considera que el criterio de la autoridad accionada no
es arbitrario o caprichoso, de manera que no se vulnera derecho fundamental
alguno.
13.5.- Por último, afirmó que no era necesario pronunciarse sobre las razones por
las cuales la ejecutada se negó a recibir la factura en tanto esa situación es
intrascendente para la decisión adoptada. La sala considera adecuada la valoración
probatoria de la factura, y esta es consecuente con la normativa y jurisprudencia11
relevante.
14.- Sobre el defecto procedimental absoluto, según el cual el juez de primera
instancia del proceso ejecutivo debió inadmitir el trámite ejecutivo en vez de negarlo,
se observa que dicho reparo no fue elevado en los recursos de reposición y
apelación presentados por la accionante en contra del auto del 23 de noviembre de
2018 del Juzgado 38 Administrativo de Bogotá que negó el mandamiento de pago.
14.1.- En consecuencia, en tanto la accionante no agotó el medio de defensa judicial
que tenía a su disposición, no se encuentra acreditado el requisito de subsidiariedad
con respecto a este cargo y se debe declarar improcedente.
11 Consejo de Estado, Seccion Tercera, Subsección A. Sentencia del 3 de abril de 2020. C.P. Ramiro Pazos
Guerrero. Expediente No. 08001-23-31-000-2009-00600-01(44843).
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-10811-01
Accionante: Edatel S.A. ‒ E.S.P.
Se revoca la sentencia de primera instancia que negó el amparo solicitado
y, en su lugar, se declara improcedente la acción de tutela
14.2.- Sobre el reparo según el cual las conciliaciones de cuentas no fueron
solicitadas en la primera instancia del proceso ejecutivo y la accionante fue
sorprendida por el tribunal accionado cuando éste las solicitó, esta Sala observa
que dicho argumento fue incorporado en el escrito de impugnación, pero no en el
de tutela. Así las cosas, la Sala no puede pronunciarse sobre argumentos nuevos
no planteados desde el escrito inicial de tutela, por lo cual no se analizará este
punto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVÓCASE la sentencia de primera instancia proferida el 31 de enero
de 2022 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que
negó el amparo solicitado y, en su lugar, DECLÁRASE improcedente la acción de
tutela por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO: ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración parcial de voto
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración parcial de voto
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