Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-10872-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-10872-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2021-10872-00
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
3 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10872-00
Accionante: ECOPETROL S.A.
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN CUARTA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
– DECLARA IMPROCEDENTE Y NIEGA LAS
PRETENSIONES DE LA ACCIÓN DE TUTELA. NO SE
CONFIGURARON LOS DEFECTOS DENUNCIADOS EN EL
SUB JUDICE
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada, a través de apoderado judicial, por
la sociedad Ecopetrol S.A. en contra de la sentencia de 20 de mayo de 2021,
proferida por el Consejo de Estado – Sección Cuarta.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La sociedad Ecopetrol S.A., a través de apoderado judicial, solicitó el amparo a
su derecho fundamental al debido proceso, cuya vulneración atribuyó a la
sentencia de 20 de mayo de 2021, proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
número 25000-23-37-000-2017-01453-00/01, mediante la cual se revocó la
sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda, para,
en su lugar, proceder a denegarlas.
II. HECHOS
2. De conformidad con lo planteado por la parte accionante, los hechos que motivan
la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Comentó que la Dirección de Impuesto y Aduana Nacionales – DIAN expidió
las siguientes resoluciones, a través de las cuales determinó y liquidó la
contribución por los contratos de obra celebrados por Ecopetrol en el año 2011:
Resolución de determinación Nro. Resolución que resuelve el
recurso de reconsideración Nro.
312412016000004 de 9 de junio de 2016 3722 de 2 de junio de 2017
312412016000010 de 9 de junio de 2016 3727 de 2 de junio de 2017
312412016000009 de 9 de junio de 2016 3726 de 2 de junio de 2017
312412016000008 de 9 de junio de 2016 3728 de 2 de junio de 2017
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10872-00
Accionante: Ecopetrol S.A.
312412016000017 de 9 de junio de 2016 3729 de 2 de junio de 2017
312412016000011 de 9 de junio de 2016 3863 de 7 de junio de 2017
312412016000005 de 9 de junio de 2016 3864 de 7 de junio de 2017
312412016000016 de 9 de junio de 2016 3867 de 7 de junio de 2017
312412016000003 de 9 de junio de 2016 4122 de 14 de junio de 2017
312412016000007 de 9 de junio de 2016 4378 de 21 de junio de 2017
312412016000002 de 9 de junio de 2016 4380 de 21 de junio de 2017
312412016000014 de 9 de junio de 2016 4445 de 22 de junio de 2017
2.2. Adujo que, con ocasión de lo anterior, promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la DIAN, con el propósito de que se
decretara la nulidad de los actos administrativos demandados.
2.3. Sostuvo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Cuarta
– Subsección B, a través de la sentencia de 8 de marzo de 2019, accedió a las
pretensiones de la demanda y, en consecuencia, dispuso la nulidad de los actos
administrativos demandados.
2.4. Señaló que contra la decisión judicial anterior la DIAN promovió recurso de
apelación.
2.5. Relató que, mediante sentencia de 20 de mayo de 2021, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó
las pretensiones de la demanda, en aplicación de la sentencia de unificación de 25
de febrero de 2020, proferida por la Sala Plena de esta Corporación.
2.6. Afirmó que en la decisión censurada se incurrió en un desconocimiento del
precedente jurisprudencial porque la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
en las sentencias de 31 de mayo de 2018, 3 de mayo de 2018 y 24 de mayo de
2018, entre otras, había fijado como criterio que «los contratos suscritos por
ECOPETROL corresponden a actividades relacionadas con exploración y
explotación de recursos naturales a los cuales no se les puede aplicar la
contribución de obra pública».
2.7. Asimismo, indicó que la autoridad judicial desconoció las reglas
jurisprudenciales que se fijaron en la sentencia de unificación de 25 de febrero de
2020, porque «no analizó ni el objeto ni el fin de cada uno de los contratos
discutidos, simplemente se limitó a enlistar los objetos contractuales y a
determinar que se trataba de actividades materiales sobre bien inmueble,
desconociendo que estos contratos tienen por objeto el desarrollo, producción,
determinación de reservas comercialización de hidrocarburos».
2.8. En cuanto a la violación directa de la Constitución precisó que la sentencia
enjuiciada desconoció el derecho a la igualdad, a la confianza legítima y a la
seguridad jurídica.
2.9. Igualmente, adujo que los salvamentos de voto que se produjeron con ocasión
de la sentencia de unificación de 25 de febrero de 2020, dan cuenta del error de la
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-10872-00
Accionante: Ecopetrol S.A.
posición adoptada por la mayoría de la Corporación. Además, sostuvo que la
providencia objeto de tutela no se pronunció sobre el argumento relacionado con
la prescripción de la acción fiscal por parte de la DIAN, y señaló que, dada la
trascendencia de la decisión, la autoridad judicial accionada debió modular los
efectos del fallo.
2.10. Afirmóque la Sección Cuarta de la Corporación incurrió en un defecto
sustantivo por la falta de aplicación y aplicación indebida del artículo 76 de la Ley
80 de 1993, y en un defecto procedimental absoluto porque no analizó cada
uno de los contratos celebrados por Ecopetrol S.A.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló la siguiente pretensión:
[…] Conceder del amparo a los derechos al Debido Proceso, a la Defensa, a
las Situaciones jurídicas Consolidadas, a la Seguridad Jurídica y los demás
que ese H. Despacho considere vulnerados, de los que es titular
ECOPETROL S.A., y en consecuencia, se DEJE SIN EFECTO la sentencia
del 20 de mayo de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo – Sección Cuarta, dentro del proceso 25000-23-
37-000-2017-01453-01 (24683), pues en ella se adoptan una serie de
consideraciones y decisiones erróneas que afectan a mi representada y la
legitiman en la causa para interponer la presente acción […].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. El consejero a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto de 3 de
diciembre de 2021, admitió la acción de tutela promovida, a través de apoderado
judicial, por la empresa Ecopetrol S.A. en contra de la sentencia de 20 de mayo
de 2021, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
5. En la misma providencia fueron vinculados, como terceros con interés directo en
los resultados del proceso, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -
DIAN y los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección A. Asimismo, se solicitó en calidad de préstamo el
expediente contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado número 25000-23-37-000-2017-01453-00.
V. INTERVENCIONES
6. Efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a las vinculadas,
se produjeron las siguientes intervenciones:
6.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta –
Subsección A, por conducto del magistrado ponente de la decisión de primera
instancia, se opuso a la prosperidad de la presente acción de tutela porque, en su
criterio, era improcedente por las siguientes razones:
4
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10872-00
Accionante: Ecopetrol S.A.
[…] Sobre el particular, me permito expresar que, si bien los jueces están
sometidos al imperio de la Constitución y la ley, también lo es que los
operadores judiciales gozan de un margen de discrecionalidad para apreciar
el derecho aplicable al caso en concreto, en aplicación de los principios de
autonomía e independencia judicial previstos en los artículos 228, 230 y 238
de la Constitución Nacional. En ese sentido, las decisiones adoptadas en el
proceso ordinario tanto por el Tribunal como por el Consejo de Estado, del
cual es demandante ECOPETROL S.A. están sustentadas y fundadas en
razonamientos legítimos basados en una interpretación plausible, más no
única, de la juridicidad aplicable para resolver el caso concreto.
De otra parte, no es de recibo lo expuesto por la sociedad accionante, pues
fueron valoradas las pruebas aportadas en el proceso por las partes, tanto es
así, que se analizaron cada uno de los contratos celebrados por
ECOPETROL S.A., como se demuestra con evidencia documental en la
sentencia de primera instancia, páginas 32 a 33 del documento en formato
PDF y en la sentencia de segunda instancia. Respetuosamente considero que
cuestión diferente es que la parte quede inconforme con el alcance de la
valoración probatoria, circunstancia que no es suficiente para que se
configure la procedencia de la acción de tutela de la referencia, pues
analizadas las sentencias en éstas se efectúa una apreciación adecuada de
las pruebas obrantes en el proceso, sin que se advierta falencia alguna en
ese orden.
Adicionalmente, la acción de tutela de la referencia es improcedente, pues la
misma no puede ser utilizada, como lo pretende la demandante, como una
tercera instancia, o un medio alternativo, adicional o complementario para
resolver la situación jurídica planteada con su demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho […].
6.2. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, a través de la
subdirectora de representación jurídica, solicitó que se negara la presente acción
de amparo por las siguientes razones:
[…] 1. No existe defecto material o sustantivo en el fallo objeto de tutela. De
la lectura de la acción de tutela en estudio es evidente que la pretensión del
accionante es reabrir la discusión jurídica que fue objeto del proceso ordinario
de nulidad y restablecimiento del derecho que fue resuelta de manera
desfavorable por parte de la sección cuarta del Consejo de Estado.
Lo anterior en consideración a que basta con una lectura al escrito de tutela
para evidenciar que los mismos cuestionamientos y cargos de la demanda
presentada en el proceso ordinario se traen como argumentos para
fundamentar el alegado defecto sustantivo.
El artículo 6o de la Ley 1106 del 2006 identifica los elementos esenciales de
la contribución especial, como tributo a cargo de las personas naturales o
jurídicas originado por la suscripción de los contratos de obra pública y de
concesión para la construcción, mantenimiento y operaciones de vías de
comunicación, terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales con
entidades de derecho público, quienes actúan como agentes de retención del
tributo, sin importar el régimen contractual a la que se encuentre sujeta la
entidad pública […].
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-10872-00
Accionante: Ecopetrol S.A.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia de la Sala
7. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la acción de tutela
presentada por la sociedad Ecopetrol S.A., por intermedio de apoderado judicial,
en contra de la sentencia de 20 de mayo de 2021, proferida por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado en virtud de lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en armonía con el Acuerdo 80 de 2013, respecto de la distribución
de negocios al interior de las secciones del Consejo de Estado.
VI.2. Problemas jurídicos
8. De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
b) Si ello es así, determinar si la sentencia de 20 de mayo de 2021, proferida
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, vulneró el derecho
fundamental invocado por la sociedad accionante, en tanto que la referida
providencia judicial incurrió, presuntamente, en una violación directa de la
Constitución, en un desconocimiento del precedente, en un defecto
sustantivo y en un defecto procedimental absoluto.
9. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo
posteriormente a (ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos
alegados, siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias
adjetivas.
VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
10. En sentencia de 31 de julio de 20122, la Sala Plena del Consejo de Estado
cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de
tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos
fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y
su propia jurisprudencia.
1
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
2
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-10872-00
Accionante: Ecopetrol S.A.
11. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
12. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación
clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi)
que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas
en la sentencia SU-627 de 2015.
13. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al
juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial3, la sentencia C-590
de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico,
procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin
motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución4.
14. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión5” que se encaje en
dichos parámetros.
15. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
3
Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
4
«Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una
situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales,
o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta
Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a
las normas establecidas en la Constitución Política»
5
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-10872-00
Accionante: Ecopetrol S.A.
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
16. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.
VIII.4. El caso concreto
17. La empresa Ecopetrol S.A., a través de apoderado judicial, solicitó el amparo a
su derecho fundamental al debido proceso, cuya vulneración atribuyó a la
sentencia de 20 de mayo de 2021, proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
número 25000-23-37-000-2017-01453-01, mediante la cual se revocó la sentencia
de primera instancia que había accedido a las pretensiones de la demanda, para en
su lugar negarlas.
18. La Sala debe precisar que, en su escrito de tutela, el actor afirmó que los
defectos en los que presuntamente habría incurrido la autoridad judicial accionada
eran los siguientes: i) defecto procedimental absoluto, ii) violación directa de
la constitución, y iii) defecto sustantivo por falta de aplicación del artículo 76 de
la Ley 80 de 1993, teniendo en cuenta el alcance que previamente le había dado
la Sección Cuarta del Consejo de Estado a dicha disposición.
19. Ahora bien, en relación con el defecto sustantivo la Sala considera que los
argumentos expuestos por el actor se enmarcan dentro de la órbita del
desconocimiento del precedente jurisprudencial y, por ello, tales argumentos serán
objeto de estudio desde el espectro de esta causal habilitante del mecanismo de
amparo.
VIII.4.1.1. De la falta de relevancia constitucional respecto del defecto
procedimental y de la violación directa de la Constitución en el sub lite
20. En el sub examine la parte actora, como sustento del defecto procedimental
absoluto y de la violación directa a la Constitución, esbozó los siguientes
argumentos:
20.1. Indicó que se violó el derecho fundamental al debido proceso porque en la
sentencia de unificación de 25 de febrero de 2020, la cual sirvió de fundamento a
la decisión enjuiciada, se produjeron doce salvamentos de votos, cuyos
argumentos respaldan la posición jurídica de Ecopetrol S.A.
20.2. Indicó que la DIAN había perdido competencia para determinar y liquidar la
contribución especial.
20.3. Adujo que el juez contencioso administrativo debió modular en el tiempo los
efectos de la sentencia de unificación y de la sentencia objeto de tutela, porque el
8
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10872-00
Accionante: Ecopetrol S.A.
cambio jurisprudencial supuso una modificación significativa en materia tributaria
respecto de la empresa Ecopetrol S.A.
20.4. Precisó que se incurrió en un defecto procedimental absoluto porque la
Sección Cuarta no analizó cada uno de los contratos.
21. En cuanto atañe al requisito de procedencia adjetiva concerniente a la relevancia
constitucional, cabe recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita
que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental6 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente
legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones7.
22. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales8, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o del núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces9.
23. Así, en punto a la relevancia constitucional de la controversia, como uno de
los requisitos generales de procedencia de la acción de amparo, sostuvo la Sala
Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación10, que:
[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia
constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es
menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su
pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se
cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [11].
6 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr.
Jaime Córdoba Triviño.
7 Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
8 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
9 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
10
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
11
«En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional,
contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia
constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión
sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará
atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la
determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
(LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales».
9
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10872-00
Accionante: Ecopetrol S.A.
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede
erigirse en una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que
de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión
será rechazarla o declararla improcedente […] (Destaca la Sala de
Decisión).
24. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda
concluir que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii)
que la discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad
respecto de la mera legalidad de la decisión atacada o sobre cuestiones de
apreciación judicial que no involucre derechos fundamentales12.
25. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que el actor invoque el texto
constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada, puesto que dicho
atentado debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección
que la Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.
26. Porende, en tratándose del tema concerniente a la carga argumentativa,
como presupuesto sine qua non para efectos de la procedencia de la acción de
amparo contra proveídos judiciales, la Sala estima oportuno y pertinente resaltar
que, en tal eventualidad, el deber de sustentar el defecto alegado adquiere una
connotación aún más precisa y exigente, en tanto que quien cuestiona una
decisión de tal naturaleza está obligado a exponer las razones que sustentan
su demanda de amparo y los motivos que, en su criterio, explican la
configuración de la causal específica de procedibilidad.
27. De esta manera se concilia la necesidad de proteger los derechos
fundamentales con el deber de protección de los principios constitucionales
relacionados con la seguridad jurídica, la cosa juzgada y la autonomía judicial, los
cuales podrían comprometerse en el evento en que se generalice la práctica de
utilizar la acción de tutela como una tercera instancia judicial13.
28. Vistala posición que ha construido esta Corporación en su jurisprudencia,
relativa al requisito de relevancia constitucional, la Sala considera que los
argumentos que sustentan los cargos asociados a la eventual configuración del
defecto procedimental absoluto y de la violación directa a la Constitución no
superan el examen de relevancia constitucional porque carecen de una carga
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 8 de octubre de 2015 (C.P.
Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2015-00283-01); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
primera, Sentencia del 3 de noviembre de 2016, (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-002244-00); Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo
Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-01063-00); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera,
Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-02862-00); Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 9 de febrero de 2017 (C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés. Rad. núm.: 2016-03249-00).
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de septiembre de 2019,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación No. 11001-03-15-000-2019-01575-01(AC).
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Accionante: Ecopetrol S.A.
argumentativa mínima, que le permita a la Sección advertir que, efectivamente, el
objeto de discusión tiene incidencia en los derechos fundamentales del
accionante.
29. En tal sentido, se advierte que una de las razones por las que la parte actora
considera que se incurrió en una violación directa de la Constitución Política
obedece a que se produjeron doce salvamentos de votos en el marco de la
discusión y aprobación de la sentencia unificación de 25 de febrero de 2020, que
sirvió de fundamento a la sentencia de 20 de mayo de 2021 -enjuiciada en esta
oportunidad-. La parte actora, en desarrollo de este argumento, transcribió todos los
salvamentos de votos e indicó que una lectura de estos permitía inferir que la
posición aprobada la mayoría de la Sala era la incorrecta y que, por oposición,
este juez de tutela debía validar la posición que los consejeros que se apartaron
de la posición mayoritaria.
30. En ese orden de ideas, la Sala debe recalcar que la carga argumentativa, en
relación con el argumento referido, no tiene la entidad demostrar que con la
expedición de la sentencia de 20 de mayo de 2021 -objeto de la presente acción de
tutela- hubo violación de los derechos fundamentales del actor; sino que
únicamente se hace un contraste entre las distintas posiciones jurídicas adoptadas
por los consejeros que integraron la Sala de Decisión que profirió la sentencia de
unificación de 25 de febrero de 2020, y este simple ejercicio dialéctico es
insuficiente para tener por superado el requisito de relevancia constitucional.
31. En igual sentido, considera la Sala que tampoco supera el requisito de
relevancia constitucional el argumento consistente en que el juez contencioso
administrativo debió modular en el tiempo los efectos tanto de la sentencia de
unificación como de la sentencia objeto de tutela. Ello en tanto que a quien le
corresponde establecer los efectos de los fallos es al juez de lo contencioso, y
dado que tampoco existe en el escrito de tutela un desarrollo argumentativo sólido
que permita advertir cómo y por qué la presunta omisión de modular los efectos
del fallo constituye una afectación a sus garantías fundamentales.
32. Lo mismo ocurre con los argumentos consistentes en que la DIAN había pedido
competencia para realizar la determinación y la liquidación de la contribución
especial, y en que no se analizó el objeto contractual de los negocios jurídicos
celebrados por la empresa Ecopetrol S.A.
33. En relación con el primero de estos argumentos, la Sala encuentra que la parte
actora no expuso cuál fue la norma que no aplicó la Sección Cuarta del Consejo
de Estado cuando, presuntamente, no tuvo en cuenta que la DIAN había perdido
competencia para para realizar la determinación y la liquidación de la contribución
especial.
34. En ese sentido, debe resaltarse que al actor le correspondía identificar,
respecto de este argumento, cuál es la disposición que establece el término con el
que cuenta la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para realizar el
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-10872-00
Accionante: Ecopetrol S.A.
proceso de determinación y liquidación de la contribución especial, y debió
esbozar las razones por las que consideraba que dicha norma había sido
desconocida por el juez de lo contencioso.
35. Por último, y en cuanto al supuesto defecto procedimental absoluto, tampoco se
hizo por la parte actora una construcción argumentativa mínima que le permitiera a
la Sala analizar si se incurrió en un error procedimental en el trámite de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, y establecer que, como
consecuencia de ello, se afectaron los derechos fundamentales señalados como
transgredidos.
36. Así las cosas, la Sala estima que en relación con los defectos procedimental
absoluto y de violación directa a la Constitución, la parte actora no satisfizo la
carga argumentativa mínima y, debido a ello, no se cumple con el requisito de
relevancia constitucional.
VIII.4.1.2. Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela
37. De acuerdo con los parámetros planteados, la Sala considera que en el sub lite
se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, respecto del defecto de desconocimiento del precedente
jurisprudencial, por las siguientes razones:
37.1. Elactor invocó la vulneración de derechos fundamentales de orden
constitucional, como lo son el debido proceso y la igualdad; y, además, expuso
mínimamente las razones que a su parecer dan cuenta del desconocimiento de las
reglas jurisprudenciales construidas por esta Corporación en su precedente.
37.2. Laaccionante no tiene otro medio para la defensa de los derechos
fundamentales que estima vulnerados con la decisión proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, en segunda instancia, pues se agotaron todos los
recursos ordinarios establecidos en el procedimiento común.
37.3. La acción de tutela se presentó dentro de un término razonable, dado que la
providencia censurada fue notificada el 25 de junio de 2021, mientras que esta
solicitud de amparo fue radicada el 24 de noviembre de 2021, es decir dentro de
los 6 meses habilitados por la jurisprudencia para radicar esta modalidad de
amparo.
37.4. La situación a la cual se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales
fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela.
37.5. Nose alega la existencia de una irregularidad procesal en el trámite de la
tutea, por lo que no es necesario efectuar un análisis al respecto.
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37.6. La
acción constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un
proceso de idéntica naturaleza y/o índole.
VIII.4.2. Análisis de los requisitos específicos de la presente acción de tutela
38. Encontrándose satisfechos los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela, la Sala abordará los requisitos especiales frente a la presunta
vulneración de los derechos constitucionales fundamentales invocados por la
accionante. La empresa Ecopetrol S.A., a través de apoderado judicial, manifiesta
que en la sentencia enjuiciada se incurrió en desconocimiento del precedente
jurisprudencial.
VIII.4.2.1. Análisis del desconocimiento del precedente jurisprudencial
39. Se tiene que la jurisprudencia14 ha entendido por precedente, la sentencia o el
conjunto de sentencias proferidas con anterioridad al asunto que debe resolverse
que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de i)
patrones fácticos y ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha
fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el
nuevo caso.
40. Se debe distinguir entre el precedente horizontal y el vertical, teniendo en
cuenta la autoridad que profiere la providencia. Así, el primero hace referencia a
aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o por el mismo
operador judicial y el segundo se relaciona con los lineamientos sentados por las
instancias superiores encargadas de unificar la jurisprudencia dentro de la
respectiva jurisdicción.
41. Un juez -individual o colegiado- no puede separarse, sin una explicación
suficientemente y sustentada del precedente fijado en sus propias sentencias, ni
tampoco del precedente establecido por las autoridades superiores,
específicamente del emanado de las Altas Cortes.
42. En este contexto, se destaca que el desconocimiento del precedente puede ser
alegado de dos formas, a saber: i) como causal autónoma, cuando la providencia
judicial enjuiciada se aparta de un precedente contenido en sentencias proferida
por la Corte Constitucional, y ii) como defecto sustantivo, el cual se configura
cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical
14
Ver entre otras las sentencias T-158 de 2 de marzo de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. “La correcta aplicación
del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s), solo
(i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan
el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del
caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que
modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”. Sentencia T-812 de 28 de septiembre de 2006, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra. T-355 de 10 de mayo de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; y T-309 de 22 de mayo de
2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-10872-00
Accionante: Ecopetrol S.A.
fijado por la jurisdicción contenciosa y sin justificación suficiente, lo cual conduce a
concluir que la providencia adolece de un defecto sustantivo15.
43. Lajurisprudencia constitucional también ha diferenciado los conceptos de
antecedente y precedente, así16:
[…] El antecedente se refiere a una decisión de una controversia anterior a
la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de
vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de
derecho (e.g. conceptos, interpretaciones, preceptos legales, etc.) que guían
al juez para resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los antecedentes
tienen un carácter orientador, lo que no significa (a) que no deban ser tenidos
en cuenta por el juez a la hora de fallar, y (b) que lo eximan del deber de
argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de
transparencia e igualdad […]17”.
44. Por su parte, el precedente, por regla general, es aquella sentencia o conjunto
de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en
materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio
decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también
para solucionar el nuevo caso18.
45. Descendiendo al sub judice, se observa que la parte actora sostuvo que la
autoridad judicial accionada incurrió en un desconocimiento del precedente
porque: (i) no tuvo en cuenta que la Sección Cuarta -a través de las sentencias de 31 de
mayo de 201819, 3 de mayo de 201820, de 24 de mayo de 201821, entre otras- fijó el alcance del
artículo 76 de la Ley 80 de 1993, precisando que: «los contratos suscritos por
ECOPETROL corresponden a actividades relacionadas con exploración y
explotación de recursos naturales a los cuales no se les puede aplicar la
contribución de obra pública», y (ii) no aplicó las reglas jurisprudenciales
contenidas en la sentencia de unificación de 25 de febrero de 2020, ya que «no
analizó ni el objeto ni el fin de cada uno de los contratos discutidos, simplemente
se limitó a enlistar los objetos contractuales y a determinar que se trataba de
actividades materiales sobre bien inmueble, desconociendo que estos contratos
tienen por objeto el desarrollo, producción, determinación de reservas
comercialización de hidrocarburos».
15
Ver entre otras las sentencias T-158 de 2 de marzo de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. “La correcta aplicación
del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s), solo
(i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan
el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del
caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que
modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”. Sentencia T-812 de 28 de septiembre de 2006, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra. T-355 de 10 de mayo de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; y T-309 de 22 de mayo de
2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
16
T-102 de 25 de febrero de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
17
T-292 de 6 de abril de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Vargas.
18
Texto tomado de la sentencia de 27 de noviembre de 2015, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo
de Estado, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
19
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de 31 de mayo de 2018. Exp. No.
25000-23-37-000-2014-00616-01. C.P.: Milton Chávez.
20
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de 3 de mayo de 2018. Exp. No.
25000233700020150131601. C.P.: Stella Janette Carvajal Basto.
21
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de 24 de mayo de 2018. Exp. No.
25000-23-37-000-2015-00771-01. C.P.: Stella Janette Carvajal Basto.
14
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10872-00
Accionante: Ecopetrol S.A.
46. Como último argumento relacionado con el cargo de desconocimiento del
precedente, la sociedad actora adujo que la autoridad judicial accionada aplicó
retroactivamente las reglas jurisprudenciales contenidas en la sentencia de
unificación de 25 de febrero de 2020, desconociendo con ello el principio de
irretroactividad de las normas tributarias y, en consecuencia, su derecho
fundamental al debido proceso.
47. Esbozados los argumentos que sustentan el presunto defecto de
desconocimiento del precedente jurisprudencia en el sub judice, la Sala estima
pertinente poner de relieve los argumentos expuestos por la autoridad judicial
accionada para proferir la decisión objeto de tutela, los cuales son del siguiente
tenor:
[…] En relación con supuestos fácticos y jurídicos similares a los que se
discuten, promovidos entre las mismas partes, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de la Corporación, mediante sentencia de
unificación del 25 de febrero de 2020, consideró que «El hecho generador de
la contribución de los contratos de obra pública se realiza sobre los contratos
de obra que se celebren con entidades de derecho público,
independientemente de su régimen contractual».
Por lo anterior, se acoge el criterio expuesto en la citada providencia, que se
concreta en lo siguiente:
• El artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, establece que en la contribución de
obra pública el contratista realiza el hecho generador y está obligado al pago
de la contribución, en tanto la entidad pública contratante -incluidas las
sociedades de economía mixta como es el caso de Ecopetrol-, es
responsable del tributo y se encarga de retenerlo y consignarlo a la Nación,
los departamentos y los municipios, según el caso.
• El hecho generador de la contribución de obra pública ocurre «cuando se
celebra el contrato de obra, con cualquier entidad de derecho público,
independientemente de su régimen contractual», por lo que su causación
depende de que el contrato se celebre con una entidad de derecho público y
que tenga por objeto la realización de «las actividades descritas en el artículo
32 de la Ley 80 de 1993».
• Los contratos de obra pública no corresponden a la misma categoría de los
contratos de exploración y explotación de recursos naturales amparados por
el artículo 76 de la Ley 80 de 19937, que no están gravados con la
contribución.
• Los contratos de obra pública8 celebrados por las entidades de derecho
público amparadas por un régimen especial, como es el caso de Ecopetrol,
están gravados con la contribución de obra pública.
En esas condiciones, la Sala Plena fijó las siguientes reglas de unificación:
«1.- Para determinar si se realiza el hecho generador de la contribución
de los contratos de obra pública no es determinante el régimen
contractual de la entidad que celebre el contrato de obra pública, sea el
general de la Ley 80 de 1993 o un régimen exceptuado. El elemento de la
obligación tributaria se define en función del contrato celebrado, y no de
la actividad o régimen jurídico de la entidad de derecho público.
15
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10872-00
Accionante: Ecopetrol S.A.
2.- Los contratos de obra pública y los contratos de que trata el artículo
76 de la Ley 80 de 1993 -contratos de exploración y explotación de recursos
naturales, y las actividades comerciales e industriales-, son dos categorías
de contratos diferentes, en tanto tienen características y finalidades
propias, que impiden que se trate de un mismo contrato.
3.- La contribución no grava los contratos referidos en el artículo 76 de
la Ley 80 de 1993, por cuanto no corresponden a los contratos de obra
pública que son objeto de gravamen en el artículo 6 de la Ley 1106 de
2006 […].
48. Ahora bien, descendiendo al estudio del caso concreto, la Sección Cuarta
señaló lo siguiente:
[…] Ecopetrol manifestó que está excluido de la contribución de obra pública,
por tratarse de una entidad estatal dedicada a actividades de exploración y
explotación de recursos no renovables que, además de regirse por una
legislación diferente al régimen de contratación estatal, conforme con el
artículo 76 de la Ley 80 de 1993, no celebra contratos de obra pública, y no le
es aplicable la contribución.
Por su parte, la DIAN consideró que la contribución se causa por la
suscripción de contratos de obra con entidades de derecho público, como es
el caso de los contratos celebrados por Ecopetrol.
Conforme con las reglas de unificación establecidas por la Sala Plena de
la Corporación, y bajo el supuesto de que los contratos cuestionados no
son de exploración y explotación de recursos naturales, resulta
irrelevante determinar si el objeto contractual de los mismos se
relaciona directamente o no con actividades de exploración, explotación,
o con actividades complementarias a aquellas.
En ese sentido, está demostrado que el objeto de los contratos
cuestionados se concreta, entre otros, en la realización de obras de
mantenimiento y adecuaciones generales en instalaciones y sedes de
Ecopetrol, y que ninguno tiene por objeto «la asignación de un área,
para efectos y como su nombre lo indica determinar aspectos como la
existencia, ubicación, reservas, calidad, etc. de los recursos naturales, y
el posterior desarrollo, producción y venta de los recursos
encontrados».
Por ello, como los contratos aducidos son de obra pública, pues la
actividad contratada corresponde a trabajos materiales sobre bienes
inmuebles, en los que la entidad contratante es de derecho público del
tipo sociedad de economía mixta, se causa la respectiva contribución
[…].
49. En cuanto al primero de los argumentos expuestos por la empresa accionante
en desarrollo del defecto de desconocimiento del precedente, la Sala considera
que aunque ciertamente la autoridad judicial se apartó del criterio jurídico
adoptado en las sentencias de 31 de mayo de 201822, 3 de mayo de 201823 y 24
22
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de 31 de mayo de 2018. Exp. No.
25000-23-37-000-2014-00616-01. C.P.: Milton Chávez.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-10872-00
Accionante: Ecopetrol S.A.
de mayo de 201824, entre otras, la realidad es que no se configuró el defecto de
desconocimiento precedente jurisprudencial porque la ratio decidendi contenida en
los aludidos fallos no vinculaban a la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
conforme pasa a explicarlo la Sala.
50. Efectivamente, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, hasta antes de la
expedición de la sentencia de unificación de 25 de febrero 2020, había fijado el
alcance del artículo 76 de la Ley 80 de 1993, en el sentido de señalar que: «los
contratos suscritos por ECOPETROL corresponden a actividades directa y
necesariamente relacionadas con la exploración y explotación de recursos
naturales no renovables, así como los concernientes a la comercialización y
demás actividades comerciales e industriales», por lo que «no se configura el
hecho generador del tributo, por lo que se concluye que no es procedente la
determinación de la contribución de obra pública efectuada por la entidad
demandada en los actos acusados».
51. Sinembargo, la posición anterior fue modificada por la Sala Plena de la
Corporación que, a través de la sentencia de unificación de 25 de febrero de 2020,
precisó lo siguiente:
[…] En conclusión, para efectos del tributo analizado, debe entenderse que,
en términos generales, el contrato de obra pública es el celebrado con
entidades de derecho público para la realización de trabajos materiales sobre
bienes inmuebles, advirtiéndose que en cada caso en concreto,
corresponderá al juez definir si se configura el contrato de obra pública,
atendiendo aspectos tales como, el objeto, las cláusulas contractuales, y las
reglas de interpretación de los contratos.
Agréguese que los contratos de exploración y explotación,
comercialización e industrialización de recursos naturales renovables y
no renovables, son típicos y tienen ciertas particularidades que los
distinguen del contrato de obra pública objeto del tributo.
En efecto, de acuerdo con las regulaciones contenidas en el Código de
Petróleos, de Minas y en algunas disposiciones de la Agencia Nacional
de Hidrocarburos , se encuentra que el contrato de exploración y
explotación de recursos naturales renovables y no renovables tiene por
objeto, fundamentalmente, la asignación de un área, para efectos y
como su nombre lo indica determinar aspectos como la existencia,
ubicación, reservas, calidad, etc. de los recursos naturales, y el
posterior desarrollo, producción y venta de los recursos encontrados.
El citado contrato no tiene el propósito de realizar actividades materiales
para construir, reparar o mejorar ciertos bienes –como los contratos de
obra pública-, sino que su finalidad es la de determinar la existencia,
ubicación, calidad, reservas, extracción, producción, y comercialización
de recursos naturales, previa asignación de un área territorial.
23
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de 3 de mayo de 2018. Exp. No.
25000233700020150131601. C.P.: Stella Janette Carvajal Basto.
24
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de 24 de mayo de 2018. Exp. No.
25000-23-37-000-2015-00771-01. C.P.: Stella Janette Carvajal Basto.
17
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10872-00
Accionante: Ecopetrol S.A.
De modo que, se trata de tipologías contractuales distintas y plenamente
identificables por sus características propias, que permiten establecer
que el contrato referido en el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 no es el
mismo contrato de obra pública gravado con la contribución y, por esa
razón, no se subsume dentro del ámbito del hecho generador dispuesto
en la ley. Algo semejante puede decirse respecto de las actividades que
están delimitadas por la producción, venta, etc. de los recursos
respectivos.
Adicionalmente, no puede perderse de vista que el hecho gravado del tributo
es un contrato específico: el contrato de obra pública, de donde se sigue, que
para establecer si se causa o no el tributo, lo que debe examinarse es el
objeto del contrato que se celebra con la entidad de derecho público, y no el
régimen jurídico de la entidad o el objeto social que la misma desarrolle […]
52. Con fundamento en lo anteriormente expuesto, es claro que el cargo
relacionado con el presunto desconocimiento del precedente judicial que se le
atribuye a la sentencia de 20 de mayo de 2021, carece de vocación de
prosperidad porque lo que ocurrió en el sub examine fue que la Sala Plena de la
Corporación modificó el criterio jurídico y las reglas jurisprudenciales contenidas
en las sentencias judiciales de 31 de mayo de 201825, 3 de mayo de 201826 y 24
de mayo de 201827 que habían sido proferidas por la Sección Cuarta.
53. Así las cosas, y bajo el anterior entendimiento, para la Sala no se incurrió en el
defecto de desconocimiento del precedente jurisprudencial porque la Sección
Cuarta de esta Corporación, en la sentencia enjuiciada, aplicó el precedente
contenido en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, siendo este el precedente
jurisprudencial que resultaba vinculante en el asunto que nos ocupa.
54. Por otra parte, sostuvo la parte actora que la autoridad judicial accionada
desatendió una de las reglas jurisprudenciales contenidas en la sentencia de
unificación de 25 de febrero de 2020 porque «no analizó ni el objeto ni el fin de
cada uno de los contratos discutidos, simplemente se limitó a enlistar los objetos
contractuales y a determinar que se trataba de actividades materiales sobre bien
inmueble, desconociendo que estos contratos tienen por objeto el desarrollo,
producción, determinación de reservas comercialización de hidrocarburos».
55. Alrespecto, la Sala debe indicar que no es cierto que la autoridad judicial
accionada hubiese dejado de analizar el objeto de los contratos celebrados por
Ecopetrol S.A. Por el contrario, se observa que la Sección Cuarta puso de
presente, en la providencia enjuiciada, que: «el objeto de los contratos
cuestionados se concreta, entre otros, en la realización de obras de
mantenimiento y adecuaciones generales en instalaciones y sedes de Ecopetrol, y
que ninguno tiene por objeto la asignación de un área, para efectos y como su
25
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de 31 de mayo de 2018. Exp. No.
25000-23-37-000-2014-00616-01. C.P.: Milton Chávez.
26
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de 3 de mayo de 2018. Exp. No.
25000233700020150131601. C.P.: Stella Janette Carvajal Basto.
27
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de 24 de mayo de 2018. Exp. No.
25000-23-37-000-2015-00771-01. C.P.: Stella Janette Carvajal Basto.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-10872-00
Accionante: Ecopetrol S.A.
nombre lo indica determinar aspectos como la existencia, ubicación, reservas,
calidad, etc. de los recursos naturales, y el posterior desarrollo, producción y venta
de los recursos encontrados».
56. Por último, y en cuanto atañe al argumento relacionado con que se aplicó
retroactivamente el precedente jurisprudencial contenido en la sentencia de
unificación de 25 de febrero de 2020, se pone de relieve que esta Sala ha tenido la
oportunidad de pronunciarse varias ocasiones sobre asuntos similares y ha
distinguido entre los conceptos de aplicación retroactiva y retrospectiva de las
sentencias judiciales.
57. En relación con esta última figura, se ha precisado que por regla general los
cambios de precedentes se deben aplicar de forma retrospectiva, lo que significa
que los casos que se hallen en trámite y respecto de los cuales no se haya
proferido sentencia definitiva, esto es, los que no se encuentren amparados por el
fenómeno de la cosa juzgada, deben ser resueltos conforme con la nueva regla
jurisprudencial28.
58. Así las cosas, la Sala tampoco aprecia que se haya vulnerado el derecho
fundamental al debido proceso ni tampoco los derechos adquiridos de la empresa
accionante como consecuencia de la aplicación retrospectiva del precedente
jurisprudencial, porque no existía una decisión definitiva dentro del proceso judicial
en el cual se profirió la sentencia objeto de tutela.
59. Por todo lo anterior, la Sala negará las pretensiones de la presente acción de
amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, respecto
del defecto procedimental absoluto y de la violación directa a la Constitución,
por las razones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela promovida por la
sociedad Ecopetrol S.A., por las razones expuestas en la parte motiva.
TERCERO: En caso de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la H. Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a
la ejecutoria, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.
28
Ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 23 de septiembre de
2018. Exp. No. 11001-03-15-000-2021-05537-00. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-10872-00
Accionante: Ecopetrol S.A.
CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de
1991.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Salva voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
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