Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-10872-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2021-10872-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-10872-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2021-10872-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
4 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 4 de mayo de 2022
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10872-01
Demandante: Ecopetrol SA
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ cumplimiento de requisitos
generales de procedibilidad/ violación directa de la Constitución – prescripción –
Subsidiariedad/ defectos sustantivo y fáctico - no se configuran
Síntesis del caso: La parte demandante enjuició la Sentencia que revocó la decisión de
primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, en el que se buscaba la nulidad de las resoluciones de
determinación de la contribución por contratos de obra pública.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia de 3 de
febrero de 2022, mediante la cual la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró improcedente la tutela respecto de los defectos
procedimental y violación directa de la Constitución y negó el amparo
solicitado frente al desconocimiento del precedente2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Fallo de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 24 de noviembre de 2021, Ecopetrol SA, por conducto de
apoderado judicial, presentó acción de tutela contra la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso (defensa), “situaciones jurídicas
consolidadas” y seguridad jurídica, con ocasión de la Sentencia de 20 de
mayo de 2021, proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho No. 25000-23-37-000-2017-01453-01 (24683).
1 Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333
de 2021 y el Acuerdo No. 80 de 2019 de esta Corporación.
2 Cabe precisar que en la aludida providencia se efectuó la siguiente consideración (se trascribe): “Ahora bien,
en relación con el defecto sustantivo la Sala considera que los argumentos expuestos por el actor se enmarcan
dentro de la órbita del desconocimiento del precedente jurisprudencial y, por ello, tales argumentos serán
objeto de estudio desde el espectro de esta causal habilitante del mecanismo de amparo”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10872-01
Demandante: Ecopetrol SA
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Modifica
______________________________________________________________________________________________________________
2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):
“1. Conceder el amparo a los derechos al Debido Proceso, a la Defensa, a las
Situaciones Jurídicas Consolidadas, a la Seguridad Jurídica y los demás que
ese H. Despacho considere vulnerados, de los que es titular ECOPETROL S.A., y
en consecuencia, se DEJE SIN EFECTO la Sentencia del 20 de mayo de 2021,
proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo –
Sección Cuarta, dentro del proceso 25000-23-37-000-2017-01453-01 (24683),
pues en ella se adoptan una serie de consideraciones y decisiones erróneas
que afectan a mi representada y la legitiman en la causa para interponer la
presente acción”.
3. Como hechos relevantes fueron narrados los siguientes:
4. 1) En el 2016, la DIAN expidió 13 resoluciones de determinación de la
contribución por contratos de obra pública, mediante las cuales liquidó el
presunto tributo a cargo de Ecopetrol SA por contratos suscritos en el 2011.
Dichas resoluciones fueron confirmadas por la DIAN en 2017, al resolver los
correspondientes recursos de reconsideración.
5. 2) Ecopetrol SA presentó demanda, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra las
mencionadas resoluciones, bajo los siguientes argumentos: (a) fueron
expedidas con infracción a la Constitución Política, al Estatuto Tributario, a
las Leyes 223 de 1995 y 1106 de 2006, a los Decretos 3461 de 2007, 4048 de
2008 y 399 de 2011 y a los Conceptos No. 9714 de 1993, 36803 de 2007,
63832 de 2008 y 100202208-915 de 2014; (b) fueron notificadas
extemporáneamente, esto es, después de cumplido el plazo de 5 años
fijado en los artículos 717 y 817 del Estatuto Tributario; y (c) violaron el
debido proceso por ausencia de actos previos y falta de motivación.
6. 3) El 8 de marzo de 2019, la Subsección A de la Sección Cuarta del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió Sentencia de primera
instancia, en la que declaró la nulidad de los actos administrativos
demandados, tras concluir que los contratos se relacionaban con
actividades de exploración, explotación y refinería de hidrocarburos, los
cuales no estaban gravados en los términos del artículo 76 de la Ley 80 de
1993.
7. 4) La anterior decisión fue apelada por la DIAN, y el 20 de mayo de
2021, la Sección Cuarta del Consejo de Estado la revocó y, en su lugar,
negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en las reglas
jurisprudenciales establecidas en la Sentencia de Unificación de 25 de
febrero de 2020, Rad. 25000-23-37-000-2014-00721-01 (22473), a partir de las
cuales determinó que Ecopetrol SA era responsable de retener la
contribución discutida, ya que (se trascribe) “el objeto de los contratos
cuestionados se concreta, entre otros, en la realización de obras de
2 de 9
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10872-01
Demandante: Ecopetrol SA
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Modifica
______________________________________________________________________________________________________________
mantenimiento y adecuaciones generales en instalaciones y sedes de
Ecopetrol (…) corresponde a trabajos materiales sobre bienes inmuebles”.
8. El fundamento de la vulneración radicó en que, a juicio de la parte
actora, la providencia enjuiciada incurrió en violación directa de la
Constitución, defecto sustantivo y defecto procedimental.
9. En relación con la violación directa de la Constitución, afirmó que
con la decisión cuestionada se desconocieron preceptos constitucionales
como el debido proceso (defensa), las situaciones jurídicas consolidadas y
la seguridad jurídica, dado que en la misma se adoptaron unas
consideraciones y órdenes erróneas, de las que daban cuenta los
salvamentos de voto que se presentaron en la Sentencia de Unificación de
25 de febrero de 2020, cuyos efectos, a su juicio, debieron ser modulados.
También alegó que no hubo pronunciamiento sobre la prescripción de la
acción para proferir el acto de determinación de la contribución de obra
pública por parte de la DIAN.
10. El defecto sustantivo lo fundamentó en la aplicación indebida del
artículo 76 de la Ley 80 de 1993 y en el desconocimiento de la propia
interpretación que, en reiteradas oportunidades, hizo la autoridad judicial
demandada sobre el mismo. Adicionalmente, alegó que tampoco se
analizó el objeto ni el fin de cada uno de los contratos discutidos, sino que
se determinó que se trataba de actividades materiales sobre un bien
inmueble, sin tener en cuenta que dichos contratos tenían por objeto el
desarrollo, producción, determinación de reservas y comercialización de
hidrocarburos, tal y como lo establece el artículo 76 de la Ley 80 de 1993.
11. Sobre el defecto procedimental, señaló que la Sección Cuarta del
Consejo de Estado no hizo un análisis minucioso de cada contrato, sino
que se limitó a aplicar las reglas de la sentencia de unificación,
improcedentes para el presente caso.
12. Afirmó que todo lo anterior causaba un perjuicio irremediable, toda
vez que debía atender las consecuencias económicas y financieras del
cambio jurisprudencial.
1.2. Fallo de primera instancia e impugnación
13. Mediante Sentencia de 3 de febrero de 2022, la Sección Primera del
Consejo de Estado declaró improcedente la tutela respecto de los
defectos procedimental y violación directa de la Constitución por falta de
relevancia constitucional porque carecían de una carga argumentativa
mínima que permitiera evidenciar que la discusión tenía incidencia en los
derechos fundamentales del accionante.
3 de 9
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10872-01
Demandante: Ecopetrol SA
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Modifica
______________________________________________________________________________________________________________
14. Por otra parte, negó el amparo solicitado frente al desconocimiento
del precedente analizado por no configurarse tal defecto. Al respecto,
precisó que lo que ocurrió en el caso analizado fue que la Sala Plena de la
Corporación modificó el criterio jurídico y las reglas jurisprudenciales
contenidas en las sentencias judiciales de 31 de mayo de 2018, 3 de mayo
de 2018 y 24 de mayo de 2018 que habían sido proferidas por la Sección
Cuarta, a través de la Sentencia de unificación de 20 de mayo de 2021, el
cual fue aplicado por ser vinculante con efectos retrospectivos.
15. Además, indicó que no era cierto que la autoridad judicial
demandada hubiera dejado de analizar el objeto de los contratos
celebrados por Ecopetrol.
16. La parte actora impugnó la anterior providencia y sostuvo que, tanto
en el proceso ordinario como en el escrito de tutela, se expusieron los
argumentos jurídicos por los cuales consideró que la DIAN había perdido la
competencia para emitir un acto de determinación y liquidación del
tributo sobre los contratos (prescripción), así como las razones para solicitar
la modulación de los efectos del fallo, lo cual, en su parecer, no fue tenido
en cuenta.
17. Además, insistió en que no se aplicó en debida forma el artículo 76
de la Ley 80 de 1993, ni las reglas establecidas en la sentencia de
unificación, ya que se debía hacer un análisis minucioso de los contratos
para determinar que los mismos no eran de obra pública, tal como lo
establecía la línea jurisprudencial vigente durante el desarrollo del proceso
ordinario. También insistió en la configuración del defecto procedimental
por la falta de valoración probatoria y el cambio intempestivo y sin
fundamento del precedente.
18. Por otro lado, aseguró que su caso sí tenía relevancia constitucional
porque se estaba ante sentencias “injustas” que vulneraban los derechos
fundamentales y los principios de confianza legítima y seguridad jurídica,
dado la aplicación retroactiva de unas reglas de unificación a contratos
que incluso ya estaban liquidados.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Identificación de derechos fundamentales. 2.2. Identificación de defectos.
2.3. Fijación de la controversia. 2.4. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.5. Verificación de defectos alegados y/o vulneración de derechos
fundamentales. 2.6. Conclusiones.
2.1. Identificación de derechos fundamentales
19. Pese a que la parte demandante también señaló en su solicitud de
amparo como violados los derechos fundamentales a “situaciones jurídicas
4 de 9
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10872-01
Demandante: Ecopetrol SA
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Modifica
______________________________________________________________________________________________________________
consolidadas” y el principio de seguridad jurídica, esta Sala centrará su
análisis en la vulneración del derecho al debido proceso, pues ante una
presunta vulneración de garantías constitucionales en el marco de una
actuación judicial, cobra relevancia estudiar si el debido proceso fue
lesionado durante el desarrollo del trámite judicial ordinario. En
consecuencia, en el evento de encontrar lesionado ese derecho, existirá
razón suficiente para conceder el amparo.
2.2. Identificación de defectos
20. En relación con la violación directa de la Constitución, es necesario
indicar que, aunque la parte actora sustentó dicho defecto en el
desconocimiento de los preceptos constitucionales, los salvamentos
contenidos en la Sentencia de unificación de 25 de febrero de 2020, la
aplicación retroactiva y sin modulación de esta última y la prescripción de
la acción de la DIAN para determinar el tributo, se analizará únicamente
los 2 últimos reparos por haber sido objeto de la impugnación. Ahora, sobre
el presunto defecto procedimental por falta de valoración probatoria, la
Sala procederá a estudiar dicho reparo, pero a la luz de un presunto
defecto fáctico. Por último, analizará el defecto sustantivo en los términos
alegados y no como un desconocimiento del precedente, tal como lo hizo
el juez de tutela de primera instancia.
2.3. Fijación de la controversia
21. Corresponde a la Sala determinar, luego de verificados los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela, si la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, como juez de segunda instancia, incurrió en (1)
defecto sustantivo por aplicación indebida del artículo 76 de la Ley 80 de
1993, (2) defecto fáctico por la aplicación de reglas de unificación de
manera retroactiva, sin el análisis probatorio de cada contrato y/o (3)
violación directa de la Constitución por la presunta falta de
pronunciamiento sobre la prescripción de la facultad de la DIAN para
determinar el tributo y la aplicación retroactiva y sin modulación de la
Sentencia de unificación de 25 de febrero de 2020. Como consecuencia
de lo anterior, se procederá a confirmar, modificar o revocar el fallo
impugnado, según sea el caso.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial 3
22. La Sala dista del análisis que efectuó el juez de tutela de primera
instancia sobre el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional
en relación con la violación directa de la Constitución por la presunta falta
de pronunciamiento sobre la prescripción de la facultad para determinar y
3 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la
Sentencia T-66 de 2019.
5 de 9
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10872-01
Demandante: Ecopetrol SA
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Modifica
______________________________________________________________________________________________________________
liquidar la contribución de obra pública por parte de la DIAN, ya que fue
un reparo ampliamente desarrollado y con incidencia en la vulneración de
derechos alegada y, por ende, no se evidencia una ausencia de carga
argumentativa.
23. Para la Sala, tal reparo no cumple es el requisito de subsidiariedad4,
en la medida que 1) existió un mecanismo de defensa judicial idóneo, el
cual no fue agotado por la parte actora y, 2) no se acreditó un perjuicio
irremediable.
24. Lo anterior obedece a que, aunque el reparo de la prescripción se
alegó en la demanda del proceso ordinario y, por ende, fue objeto de
pronunciamiento en la primera instancia, lo cierto es que el actor no lo
apeló en el proceso ordinario, y, por tanto, no resulta admisible que el juez
constitucional se pronuncie sobre algo que no fue objeto de la decisión de
segunda instancia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
Es más, tampoco fue objeto de una solicitud de adición de la sentencia.
25. Frente a los demás defectos y reparos, la Sala advierte que, se
cumplieron los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, porque
no existe recurso idóneo y eficaz, que permitiera a la parte demandante
alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa de los
derechos invocados. Hubo un plazo razonable entre la fecha de
notificación de la providencia enjuiciada (25/6/21) y la de interposición de
la presente acción de tutela (24/11/2021). No se enjuició un fallo de tutela,
pues la controversia se relacionó con una Sentencia de segunda instancia
dictada en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. Se identificaron de manera clara, detallada y comprensible los
hechos y la presunta vulneración derivada de ellos.
26. Por último, se advierte que la controversia sí tiene relevancia
constitucional, comoquiera que la postura asumida por el juez natural de
segunda instancia (Sección Cuarta del Consejo de Estado) tuvo como
fundamento un cambio jurisprudencial sobre el hecho generador de la
contribución de los contratos de obra pública que fue posterior a la
Sentencia de primera instancia de 8 de marzo de 2019, proferida dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
27. En ese orden, no podría entenderse que lo pretendido por esta vía
constitucional fue someter el pleito a una instancia adicional, pues la parte
actora no tuvo la oportunidad de plantear sus argumentos de cara al
aludido cambio jurisprudencial, máxime cuando en primera instancia del
proceso ordinario se accedió a sus pretensiones, siendo ello razón
4 El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló el artículo 86 constitucional, señaló que la tutela resulta
improcedente cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
6 de 9
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10872-01
Demandante: Ecopetrol SA
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Modifica
______________________________________________________________________________________________________________
suficiente para tener por demostrada la necesidad de la intervención por
parte del juez de tutela.
2.5. Verificación de defectos alegados y/o vulneración de derechos
fundamentales
28. La Sala revocará la Sentencia de 3 de febrero de 2022, proferida por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las
siguientes razones:
29. (1) No se configuró el defecto sustantivo alegado, ya que la
conclusión a la que llegó la autoridad judicial demandada, de negar las
pretensiones de nulidad de las Resoluciones que determinaron la
contribución por contratos de obra, no fue irrazonable ni desbordó la
autonomía judicial en materia de interpretación normativa, en la medida
que aplicó el criterio jurisprudencial contenido en la Sentencia de
Unificación de 25 de febrero de 2020, Rad. 25000-23-37-000-2014-00721-01
(22473), en el que se precisó los elementos esenciales de los contratos de
exploración y explotación, comercialización e industrialización de recursos
naturales renovables y no renovables, previstos en el artículo 76 de la Ley
80 de 1993, así:
“(…) se encuentra que el contrato de exploración y explotación de recursos
naturales renovables y no renovables tiene por objeto, fundamentalmente, la
asignación de un área, para efectos y como su nombre lo indica determinar
aspectos como la existencia, ubicación, reservas, calidad, etc. de los recursos
naturales, y el posterior desarrollo, producción y venta de los recursos
encontrados.
El citado contrato no tiene el propósito de realizar actividades materiales para
construir, reparar o mejorar ciertos bienes –como los contratos de obra pública-,
sino que su finalidad es la de determinar la existencia, ubicación, calidad,
reservas, extracción, producción, y comercialización de recursos naturales,
previa asignación de un área territorial”.
30. En el caso concreto, la DIAN determinó que los 13 contratos
celebrados por Ecopetrol SA en 2011 debían ser gravados con el tributo,
por ser de obra. Conforme con esto, la Sección Cuarta describió cada uno
de los objetos de dichos contratos y señaló que estos correspondían a la
realización de obras de mantenimiento y adecuaciones generales en
instalaciones y sedes de Ecopetrol, y no la asignación de un área, para
efectos de determinar la existencia, ubicación, reservas, calidad,
desarrollo, producción y venta de los recursos naturales.
31. Por tanto, la Sala da cuenta de que no hubo una interpretación
indebida del artículo 76 de la Ley 80 de 1993.
32. (2) No se configuró el defecto fáctico, por la presunta indebida
valoración probatoria, ya que la Sección Cuarta del Consejo de Estado sí
7 de 9
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10872-01
Demandante: Ecopetrol SA
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Modifica
______________________________________________________________________________________________________________
apreció cada uno de los contratos involucrados en el caso. En efecto, en
la providencia cuestionada la autoridad judicial, en los antecedentes,
relacionó el objeto contractual de cada uno y, luego, en el estudio del
caso concreto, los valoró a la luz de las reglas jurisprudenciales contenidas
en la sentencia de unificación de 25 de febrero de 20205. Concluyó que los
mismos eran verdaderos contratos de obra pública y no de exploración y
explotación de petróleo, por lo cual Ecopetrol SA era responsable de la
contribución que estos implicaban. Consideración esta que resulta
razonable.
33. (3) Por último, tampoco se estructuró una violación directa de la
Constitución por el reparo sobre aplicación retroactiva y sin modulación de
la Sentencia de unificación de 25 de febrero de 2020, comoquiera que la
Sala Plena del Consejo de Estado advirtió expresamente en esa
providencia que (se trascribe): “los casos respecto de los cuales ya ha
operado la cosa juzgada, en virtud del principio de seguridad jurídica,
resultan inmodificables”, escenario dentro del cual no estaba el caso
objeto de estudio, ya que el mismo se encontraba pendiente de decisión
de segunda instancia para el momento en que se profirió el referido
precedente. En todo caso, a pesar de que los efectos de la aludida
sentencia no fueron modulados expresamente, se entiende que, por regla
general y salvo que se disponga algo diferente, los efectos son inmediatos;
por lo cual, su aplicación era procedente en el fallo cuestionado.
2.6. Conclusiones
34. La Sala modificará la decisión que declaró improcedente la tutela
respecto de los defectos procedimental y violación directa de la
Constitución por falta de relevancia constitucional y negó el amparo
solicitado frente al desconocimiento del precedente, para en su lugar
declarar improcedente la tutela únicamente frente a la violación directa
de la Constitución por el reparo de la prescripción y negar el amparo
solicitado en relación con los defectos sustantivo, fáctico y violación
directa de la Constitución por el reparo de la aplicación retroactiva de la
Sentencia de unificación de 25 de febrero de 2020, porque no se configuró
ninguno.
5 “1. Para determinar si se realiza el hecho generador de la contribución de los contratos de obra pública no es
determinante el régimen contractual de la entidad que celebre el contrato de obra pública, sea el general de
la Ley 80 de 1993 o un régimen exceptuado. El elemento de la obligación tributaria se define en función del
contrato celebrado, y no de la actividad o régimen jurídico de la entidad de derecho público.
2. Los contratos de obra pública y los contratos de que trata el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 –contratos de
exploración y explotación de recursos naturales, y las actividades comerciales e industriales, son dos categorías
de contratos diferentes, en tanto tienen características y finalidades propias, que impiden que se trate de un
mismo contrato.
3. La contribución no grava los contratos referidos en el artículo 76 de la Ley 80 de 1993, por cuanto no
corresponden a los contratos de obra pública que son objeto de gravamen en el artículo 6 de la Ley 1106 de
2006.”
8 de 9
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10872-01
Demandante: Ecopetrol SA
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Modifica
______________________________________________________________________________________________________________
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de 3 de febrero de 2022, mediante la
cual la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la
tutela respecto de los defectos procedimental y violación directa de la
Constitución y negó el amparo solicitado frente al desconocimiento del
precedente.
SEGUNDO: En su lugar, se dispone DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de
tutela presentada por Ecopetrol SA únicamente frente a la violación
directa de la Constitución por el reparo de la prescripción y NEGAR el
amparo solicitado en relación con los defectos sustantivo, fáctico y
violación directa de la Constitución por el reparo de la aplicación
retroactiva de la Sentencia de unificación de 25 de febrero de 2020, por las
razones expuestas.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin6.
CUARTO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con salvamento parcial de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
6 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
9 de 9
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.