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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-10891-00

Fecha
27 de enero de 2022
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-10891-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por Jorge Edilio Duarte Bautista frente al defecto fáctico, por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de amparo presentada por Jorge Edilio Duarte Bautista en lo que respecta al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 31 Núm. único de radicación: 110010315000202110891-00 Actor: Jorge Edilio Duarte Bautista TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-10891-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

27 de enero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202110891-00
Actor: Jorge Edilio Duarte Bautista
Demandado: Sala Primera del Tribunal Administrativo de Antioquia

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial/ cumplimiento del requisito de
relevancia constitucional

Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a la
administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Jorge Edilio Duarte Bautista
contra la Sala Primera del Tribunal Administrativo de Antioquia, porque, a su juicio,
al proferir la sentencia de 15 de septiembre de 2021, dentro del medio de control
de reparación directa identificado con el número único de radicación
050013333018201500256-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados
supra.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de
la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

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Núm. único de radicación: 110010315000202110891-00
Actor: Jorge Edilio Duarte Bautista

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, a través de apoderado1, presentó solicitud de tutela contra la Sala
Primera del Tribunal Administrativo de Antioquia, porque, a su juicio, al proferir la
sentencia de 15 de septiembre de 2021, dentro del medio de control de reparación
directa identificado con el número único de radicación 050013333018201500256-
01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que los señores Jorge Edilio Duarte Bautista y Martha Yaneth
Villamizar Vargas, quienes actuaron en nombre propio y en representación de sus
hijos menores JDDV y YMD2; Carmen Cecilia Bautista Jadies, quien actuó en
nombre propio y en representación de sus hijas menores LALB y DMLB 3; Joan
Sebastián Osorio Bautista, Jean Carlos Osorio Bautista, Francisco Hernando
Osorio Bautista y Jhon Jairo Duarte Moreno, presentaron demanda contra la
Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General
de la Nación, en ejercicio del medio de control de reparación directa, con el fin de
que se les declarara administrativamente responsables por los perjuicios causados
por la presunta privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor Jorge
Edilio Duarte Bautista, entre el 9 de septiembre de 2010 y el 28 de junio de 2012,
por el delito de homicidio en persona protegida.

3.1. Expresó que, como fundamento de dicha demanda, los demandantes
indicaron que, el 26 de junio de 2012, el Juzgado Penal del Circuito de Yarumal –

1 Documento denominado “ED_PODERES_25_11_2021(.pdf) Nr oActua 2”. Archivo aportado en forma digital.
2 Este Despacho adopta como medida de protección a la intimidad de los menores relacionados en este

proceso la supresión de los datos que permiten su identificación.
A la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación, por integrar
la parte demandada dentro del medio de control de la refrencia; y al Juzgado Dieciocho Administrativo del
Circuito de Medellín, por ser la autoridad judicial que resolvió en primera instancia el proceso referido supra.
3 Como se indicó supra a pie de página 2.

3

Núm. único de radicación: 110010315000202110891-00
Actor: Jorge Edilio Duarte Bautista

Antioquia profirió sentencia absolutoria, disponiendo la libertad inmediata del señor
Jorge Edilio Duarte Bautista, por cuanto no existía certeza de que el sindicado había
cometido el hecho punible (principio de in dubio pro reo), lo que, en criterio de los
actores, justificó promover el medio de control de la referencia.

Sentencia de 19 de diciembre de 2016 proferida por el Juzgado Dieciocho
Administrativo del Circuito de Medellín dentro del proceso de reparación
directa identificado con el número único de radicación
050013333018201500256-00

4. El Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Medellín, mediante
sentencia de 19 de diciembre de 2016, decidió:

“[…] PRIMERO. DECLARAR la falta de legitimación material en la causa por pasiva
de la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
conforme las motivaciones expuestas anteriormente.

SEGUNDO. CONDÉNESE a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a
reconocer y pagar a favor de los demandantes las siguientes sumas dinerarias:

• Por concepto de lucro cesante: A favor de JORGE EDILIO DUARTE BAUTISTA,
la suma de OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS
($83,749,780.39).

• Por concepto de perjuicios morales:

TERCERO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por lo expuesto en la
parte motiva […]”.

5. Como fundamento de su decisión expuso que:

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Núm. único de radicación: 110010315000202110891-00
Actor: Jorge Edilio Duarte Bautista

“[…] Respecto de la evolución jurisprudencial cuando se trata de la responsabilidad
del Estado por la privación injusta de la libertad, el Consejo de Estado, en Sentencia
de Unificación del 17 de octubre de 2013, con ponencia del Magistrado Mauricio
Fajardo Gómez, ha indicado […] La jurisprudencia citada de la Máxima Autoridad
Judicial de lo Contencioso Administrativo es clara en afirmar que es posible declarar
la responsabilidad del Estado por la detención preventiva de ciudadanos ordenada
por autoridad competente, en eventos en los cuales se causa un daño antijurídico
derivado de la aplicación del principio in dubio pro reo. De tal suerte que, aunque la
privación de la libertad se haya producido como resultado de la actividad de
instrucción correctamente adelantada e incluso cuando se haya proferido la medida
de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales; si el imputado no resulta
condenado, se abre la posibilidad de imponer al Estado, la obligación de indemnizar
los perjuicios ocasionados en algunos casos […]”.

[…]

“[…] Así mismo, el Órgano de Cierre de esta Jurisdicción ha sostenido que en todos
los casos es posible que el Estado se exonere con la acreditación de que el daño
provino de una causa extraña, esto es, que sea imputable al hecho determinante y
exclusivo de un tercero o de la propia víctima en los términos del artículo 70 de la Ley
270 de 1996 […]”

[…]

“[…] A tal efecto, para esta Agencia Judicial resulta entonces indiferente si el obrar de
las entidades estuvo o no ajustado a derecho, pues los demandantes no se
encontraban en el deber jurídico de soportar el daño irrogado con la detención del
señor JORGE EDILIO DUARTE BAUTISTA, pues lo cierto es que, a la luz de la
jurisprudencia citada en acápites precedentes de esta providencia, ante situaciones
como la que ocupa hoy la atención de esta Agencia Judicial, la responsabilidad del
Estado ha de declararse en tanto no pudo determinarse o establecerse la
responsabilidad penal de éste y por ende se presenta un rompimiento del principio de
igualdad ante las cargas públicas y por ello, ese daño se torna antijurídico, lo que
apareja la consecuente obligación para la Administración, de indemnizar el mismo.

Así pues, cuando una persona es privada de la libertad por virtud de una decisión
carente de sustento probatorio y posteriormente es dejada en libertad en razón de
que existen los presupuestos legales para ello y a su vez el demandante prueba la
existencia de un daño causado por esa privación injusta de la libertad, ese daño es,
sin consideración, antijurídico y por tanto indemnizable por el Estado, como sucede
en el caso bajo análisis […]”.

[…]

“[…] es necesario precisar que la privación de la libertad impuesta al señor JORGE
EDILIO DUARTE BAUTISTA se dio en vigencia de la Ley 600 de 2000, la cual
establecía la titularidad de imposición de medidas de aseguramiento radicaba en
cabeza de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, y en el caso concreto la medida
de aseguramiento de detención preventiva fue ordenada por la Fiscalía 46
Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

En este orden, observa el Despacho que el hecho dañoso es exclusivamente
atribuible a la Fiscalía General de la Nación, debido a que dicha entidad fue la que
profirió las decisiones de restricción de la libertad en contra del procesado, que resultó
injusta, ya que en la sentencia absolutoria se determinó que no existían pruebas para
verificar con certeza la culpabilidad del señor JORGE EDILIO DUARTE BAUTISTA
en el delito que se le imputaba. Por lo tanto el daño antijurídico, consistente en la

5

Núm. único de radicación: 110010315000202110891-00
Actor: Jorge Edilio Duarte Bautista

privación injusta de la libertad del procesado, fue determinado exclusivamente por la
Fiscalía General de la Nación.

En conclusión, el Despacho debe indicar que revisadas las actuaciones y decisiones
judiciales adoptadas en el proceso penal, se concluye que las relacionadas con la
privación de la libertad del señor JORGE EDILIO DUARTE BAUTISTA, no fueron
proferidas por la Nación- Rama Judicial- Consejo Superior de la Judicatura, y contrario
a ello, fue ésta entidad la que ordenó la libertad del procesado; por tanto, se ha de
declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de dicha entidad […]”.

Sentencia de 15 de septiembre de 2021 proferida por la Sala Primera del
Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del proceso de reparación directa
identificado con el número único de radicación 050013333018201500256-01

6. La Sala Primera del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia
de 15 de septiembre de 2021, decidió:

“[…] PRIMERO: REVOCAR la Sentencia del diecinueve (19) de diciembre de dos
mil dieciséis (2016) proferida por el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito
de Medellín, para en su lugar negar las pretensiones de la demanda […]”.

7. En cuanto al título de imputación aplicable a los casos de responsabilidad del
Estado por privación injusta de la libertad, señaló que:

“[…] El Consejo de Estado ha desarrollado diferentes teorías para determinar la
responsabilidad del Estado en los casos de privación de la libertad; la primera de
ellas consistía, en que solo había lugar a reparar, si existía “falla del servicio judicial”,
la segunda amplió esa posibilidad a cuando se está en las hipótesis del artículo 414
del Decreto 2700 de 1991, y por último, amplió, aunque no de manera pasiva la
responsabilidad objetiva en los eventos en los cuales el sindicado fue absuelto por
el principio del in dubio pro reo […]”.

[…]

“[…] De conformidad con las tesis que sostenía el Consejo de Estado, bastaba con
que se diera una privación de la libertad y que el proceso penal no culminara en
condena, cualquiera que hubiese sido la razón, para que el Estado incurriera en
responsabilidad, así la medida de aseguramiento de la que fue objeto la víctima se
haya ajustado a derecho y sin importar que el daño sea antijurídico o no y sin
determinar si fue la conducta del investigado la que llevó a su imposición.

Fue la Corte Constitucional la que en sentencia SU 072 de 2018, al estudiar varias
acciones de tutela interpuestas contra decisiones tomadas por el Consejo de Estado
frente al tema de la privación injusta de la libertad, la que aclaró que, se debe
examinar la actuación que dio lugar a la medida restrictiva de este derecho
fundamental, pues, según su criterio, no resulta viable la reparación automática de
los perjuicios en dichos eventos.

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Núm. único de radicación: 110010315000202110891-00
Actor: Jorge Edilio Duarte Bautista

Concluye la Corte que, en cualquier caso, se deberá analizar todo el procedimiento
llevado a cabo por los diferentes entes jurisdiccionales; con el fin de no condenar
sin antes establecer cómo ocurrieron los hechos y bajo qué circunstancias, vigilando
así tanto los derechos de las personas como la labor investigativa y punitiva del
Estado […]”.

[…]

“[…] Esta tesis fue aplicada en reciente jurisprudencia del Consejo de Estado al
momento de determinar la responsabilidad de la administración debido a una
privación injusta de la libertad4 […]”.

[…]

“[…] También indica la Corte que, los requisitos para imponer la medida de
aseguramiento han variado de uno a otro de acuerdo el momento de ocurrencia de
los hechos, esto, por cuanto el Decreto Ley 2700 de 1991 y la Ley 600 de 2000
exigían uno o dos indicios graves de responsabilidad y la Ley 906 exige de una
inferencia razonable de autoría o participación del imputado.

Con fundamento en la nueva jurisprudencia se tiene entonces que la
responsabilidad en estos casos, ya no es objetiva, sino que se hace necesario
revisar todas las actuaciones con el fin de analizar si las medidas adoptadas por los
entes demandados estuvieron ajustadas a derecho, si la privación de libertad
obedeció a los supuestos normativos que la justifican o si la misma se prolongó más
allá de los límites razonables. En conclusión, se hace necesario hacer un análisis
de todo el proceso penal, tanto en la etapa investigativa como en la de juicio y a ello
se procede […]”.

8. Al abordar el estudio del caso concreto, manifestó lo siguiente:

“[…] Para la Fiscalía, estas declaraciones la llevaron a concluir que, fueron testigos
directos de que el Ejército retuvo a las dos víctimas; pero que ninguno indicó que
haya visto que el Ejército los matara.

A pesar de esto, se consideró, que la muerte del señor HUMBERTO DE JESÚS
LÓPEZ QUIROZ fue ocasionada por miembros del Ejército Nacional, pues varios de
los sindicados (miembros del ejército) manifestaron haber disparado en reacción al
ataque que dijeron haber recibido. Pero concluyó a la vez que la versión del ataque
está desvirtuada en razón de que la víctima fue retenida horas antes de la muerte y
por ese mismo hecho no podría hablarse de un combate o encuentro como lo
denominaron los militares sindicados.

Indicó la Fiscalía, que estas declaraciones, a pesar de tener algunas
inconsistencias, se corroboran con la prueba técnica […]”.

[…]

“[…] Nótese como hasta esta etapa procesal, la fiscalía contaba con más de 2
indicios en contra de los sindicados, lo que era exigido en la ley 600 de 200, la cual
fue aplicable al caso concreto; esto por cuanto tenía las declaraciones de varias

4Cita del texto original: “CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
SECCIÓN TERCERASUBSECCIÓN A, Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO (E) 5 de
marzo de 2020. Radicación número: 50001-23-31-000-2009-00058-01 (50264)”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202110891-00
Actor: Jorge Edilio Duarte Bautista

personas que fueron testigos directos de los momentos previos a la muerte de estos
civiles.

Además, se encontraba la Fiscalía dentro de una clara situación de un falso positivo,
pues las situaciones fácticas encuadran en lo que comúnmente se ha conocido
como tal y lo que se realiza por parte de los miembros del Ejército Nacional, esto es,
principalmente, el material supuestamente encontrado a los cadáveres, que al final
no tenían ningún uso.

De lo anterior, se justifica la necesidad de la Fiscalía de proferir resolución de
acusación, por cuanto en principio contaba con el material suficiente y las pruebas
que encaminaban a la ocurrencia de un delito.

Consideró pues la Fiscalía que existían conocimientos serios y persuasivos que
respaldaran las declaraciones y las pruebas técnicas conseguidas dentro de la
investigación. Que existían elementos materiales probatorios y suficiente evidencia
física que comprometiera la responsabilidad de esa persona.

De los medios de prueba aportados, también se observan las actuaciones del señor
Juez Penal del Circuito, y de la sentencia proferida por este el 26 de junio de 2012
(fl 308-326), se tiene que se tuvieron en cuenta tanto las declaraciones de los
testigos que reposan en el documento de calificación aportado por la Fiscalía, como
la prueba técnica recaudada allí.

Al valorar las declaraciones de los miembros de las FARC, el Juez llegó a la
conclusión de que, contrario a lo indicado por la Fiscalía, efectivamente hubo un
combate, esto por cuanto estas personas manifestaron conocer de la condición de
guerrilleros que ostentaban las víctimas. Asimismo, el señor Juez no le dio
credibilidad a los testimonios de los familiares de las víctimas, pues consideró que
eran contradictorios.

Que, pese a que se tiene certeza de lo sucedido, no se trasciende más allá de la
duda razonable, y que este es un hecho requerido para emitir una sentencia
condenatoria. Que en el caso del señor Jorge Edilio Duarte Bautista, este goza de
presunción de inocencia, luego no está obligado a presentar pruebas que lo puedan
incriminar. Por lo tanto, decidió absolverlo del delito acusado.

Observa la Sala entonces que, con anterioridad a solicitar medida de
aseguramiento, se realizó una investigación previa y en el curso de ella se obtuvo
material probatorio para en un principio investigar a los presuntos delincuentes por
presentarse una clara situación de un falso positivo, por lo que desde el punto de
vista formal se encontraban reunidos los requisitos para dictar resolución de
acusación.

No cabe duda, de que además de existir serios indicios que daban cuenta de la
presunta responsabilidad penal del señor Jorge Edilio en los ilícitos investigados, las
declaraciones de sus familiares y las pruebas técnicas, fueron las que motivaron su
vinculación a la investigación que se adelantó por parte de la Fiscalía (en
cumplimiento de su deber constitucional de investigar las conductas que pudieran
constituir delito), toda vez que, se insiste, todo permitía inferir su participación en la
comisión del delito, situación que sólo se podía esclarecer en el escenario de un
proceso penal.

Para la sala entonces, de conformidad con la línea jurisprudencial citada y el debate
probatorio que existió dentro del proceso penal, es claro que los daños causados
por la privación de libertad de que fue objeto el demandante, no son imputables al
Estado; pues las mismas se ajustaron a las exigencias legales del momento y se

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Núm. único de radicación: 110010315000202110891-00
Actor: Jorge Edilio Duarte Bautista

decretaron en ejercicio de su poder punitivo, el cual tampoco se ejerció de manera
arbitraria, pues obsérvese que el tiempo de privación no se alargó injustificadamente
-teniendo en cuenta que se trataba de un gran número de sindicados- sino que la
misma autoridad luego de analizar todas las pruebas no pudo determinar su
ilegalidad.

Haciendo una comparación de ambas decisiones, la de la Fiscalía y la del Juez
Penal, llega esta Sala de decisión a determinar que, estamos frente a una disparidad
de criterios en cuanto a la valoración probatoria, pues obsérvese como cada uno de
los operadores jurídicos al valorar las mismas pruebas, llegan a diferentes
conclusiones. Lo que para uno sirve como argumento para imputar responsabilidad,
para el otro es precisamente lo que la excluye y esto, desde el punto de vista de la
responsabilidad del Estado, no puede generar en una causal imputable a este […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

9. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1. Se tutele el DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO Y AL
ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

2. Se deje sin efecto la providencia mediante la cual el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA - M.P. JORGE IVAN (sic) DUQUE
GUTIERREZ (sic) revocó la sentencia de primera instancia expedida por el
JUZGADO 18 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, negando las
pretensiones de la demanda dentro del proceso de reparación directa con radicado
05001333301820150025600, iniciado por el señor JORGE EDILIO DUARTE
BAUTISTA Y OTROS contra la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y LA RAMA
JUDICIAL-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

3. Se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA - M.P. JORGE
IVAN (sic) DUQUE GUTIERREZ (sic), proferir una nueva sentencia de reemplazo
teniendo en cuenta el precedente judicial trazado en estos casos, y realizando una
valoración probatoria acorde con la realidad de lo sucedido en la privación injusta
de la libertad de JORGE EDILIO DUARTE BAUTISTA, y por ende confirmar la
sentencia proferida por el JUZGADO 18 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
MEDELLÍN dentro del proceso de reparación directa con radicado
05001333301820150025600, iniciado por el señor JORGE EDILIO DUARTE
BAUTISTA Y OTROS contra la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y LA RAMA
JUDICIAL-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA […]”

10. El actor en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial demandada
incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas. Para tal
efecto, expuso que:

“[…] queda demostrado también que existe un craso error o defecto fáctico en su
dimensión negativa, pues se valoró de manera injustificada la realidad probatoria
determinante en el proceso de reparación directa, ya que en el proceso penal la

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Núm. único de radicación: 110010315000202110891-00
Actor: Jorge Edilio Duarte Bautista

FISCALÍA 46 ESPECIALIZADO (sic) tenía elementos probatorios favorables a
JORGE EDILIO DUARTE BAUTISTA que impedían ordenar la privación de su
libertad, pues tal y como ya se dijo, el ente acusador debe valor (sic) no solo lo
desfavorable sino también lo favorable al procesado, obligación esta que se
pretermitió por parte de la FISCALÍA en el caso bajo estudio, omisión que, o pasó
desapercibida para el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA o
simplemente no fue analizada por dicha Corporación.

22. Ahora bien, existen (sic) otro defecto fáctico o de valoración probatoria en el fallo
que se ataca vía tutela, pues menciona ese Fallador de segunda instancia que “el
tiempo de privación no se alargó injustificadamente – teniendo en cuenta que se
trataba de un gran número de sindicados”; es decir, consideró el despacho del H.
Magistrado JORGE IVAN (sic) DUQUE GUTIERREZ (sic) desde la comodidad de su
oficina que estar privado de la libertad 21,63 meses, es decir casi dos (2) años,
no es un tiempo injustificado, o lo que es lo mismo, estar casi dos (2) años en una
cárcel, colombiana por demás, es un término prudente, afirmación esta que
claramente no se compadece ni con lo probado ni con la realidad de lo vivido
por el señor DUARTE BAUTISTA o por cualquier persona que conozca la realidad
de las cárceles nacionales, pues el tiempo de su encarcelación configuró para él, y
para cualquiera, una pena anticipada, más aun (sic) sabiendo que no era culpable
del grave delito de los que se le acusaba […]”.

[…]

“[…] Así las cosas, este defecto o yerro se presentó en el caso bajo estudio, toda vez
que la valoración del proceso penal por el cual fue declarado inocente JORGE
EDILIO DUARTE BAUTISA no se realizó en debida forma […]”. (Resaltado por
la Sala)

11. Por otra parte, adujo ii) un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente. Para tal efecto, mencionó que:

“[…] La sentencia atacada por vía de tutela adolece a todas luces del
desconocimiento del precedente, pues la sentencia del 17 de octubre de 2013,
radicado interno 23.354, proferida por el Consejo de Estado, unificó la
jurisprudencia sobre las privaciones injustas de la libertad estableciendo que
la responsabilidad del Estado, en las privaciones injustas de la libertad cuando
la absolución se da en virtud del in dubio pro reo o cuando se absuelve porque
el procesado no cometió la conducta tal y como en realidad sucedió en el caso
bajo estudio, es de carácter objetivo, con fundamento en el título de imputación
de daño especial, toda vez que, aun cuando la autoridad judicial haya actuado dentro
del margen ordenamiento jurídico, es decir que su actuación no fue antijurídica ni
ilegal, la víctima no estaba en el deber jurídico de soportar el daño, más aún si se
considera que la privación de la libertad debe ser excepcional.

18. Y este desconocimiento del precedente de unificación cobra especial relevancia
si tenemos en cuenta que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA - M.P.
JORGE IVAN (sic) DUQUE GUTIERREZ (sic) no cumplió con la carga de argumentar
de manera clara, razonada y completa “las razones en las que fundamenta el cambio
de posición jurisprudencial”, para lo cual resultaba obligatorio referirse al precedente,
analizarlo respecto del caso concreto y fundamentar con suficiencia los motivos y las
normas en que se sustenta la decisión de apartarse […]”.

[…]

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Núm. único de radicación: 110010315000202110891-00
Actor: Jorge Edilio Duarte Bautista

“[…] Por otro lado, la Corte Constitucional en la sentencia SU 072 de 2018
dispuso que al estudiar la responsabilidad del Estado por la privación injusta
de la libertad, debe analizarse el procedimiento adelantado por los diferentes
entes jurisdiccionales (Fiscalía y/o judicatura), en aras de establecer si la
actuación que dio lugar a la privación de la libertad fue o no ajustada a derecho,
situación que el caso bajo estudio no se hizo, toda vez que es palmaria la falla
en el servicio de parte de la FISCALÍA 46 ESPECIALIZADA […]”.

[…]

“[…] Como se dijo, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA - M.P. JORGE
IVAN (sic) DUQUE GUTIERREZ (sic) sorprendió a los accionantes, quienes
interpusieron la demanda de reparación directa fundamentando sus pretensiones en
una línea jurisprudencial consolidada y unificada para ese momento, basada
en la responsabilidad objetiva por las privaciones injustas de la libertad,
precedente tan claro que llevó a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a realizar
un ofrecimiento económico en la etapa prejudicial, ante la Procuraduría 32 Judicial II
Administrativa de Medellín, en aras de evitar que se iniciara el proceso de reparación
directa, por lo cual, esta providencia de segunda instancia atenta contra esa
confianza legítima de los administrados, el valorar el proceso contencioso y
decidirlo con base en jurisprudencia que ni se sospechaba someramente podía
aparecer, como intempestivamente lo hizo, en el panorama judicial, sin darle la
oportunidad a los accionantes de realizar una valoración y una argumentación
diferente, basada en la nueva línea jurisprudencial, la cual, tal y como se indicó
en el acápite de los hechos, fue dejada sin efecto por un fallo de tutela y por
ende no podía tenerse en cuenta (así no se haya mencionado directamente la
sentencia que había modificado la providencia de unificación) al momento de proferir
la sentencia de segunda instancia que se reprocha por medio de la presente acción
de amparo […]”. (Resaltado por la Sala)

Actuación

12. El Despacho sustanciador, mediante auto de 7 de diciembre de 2021; i)
admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sala Primera
del Tribunal Administrativo de Antioquia; y iii) vinculó al Juzgado Dieciocho
Administrativo del Circuito de Medellín, a la Nación – Rama Judicial – Consejo
Superior de la Judicatura, a la Fiscalía General de la Nación y a Martha Yaneth
Villamizar Vargas, Carmen Cecilia Bautista Jadies, Joan Sebastián Osorio Bautista,
Jean Carlos Osorio Bautista, Francisco Hernando Osorio Bautista, Jhon Jairo
Duarte Moreno, JDDV, YMD, LALB y DMLB5, en calidad de terceros con interés
legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre
el particular.

5 Como se indicó supra a pie de página 2.

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Núm. único de radicación: 110010315000202110891-00
Actor: Jorge Edilio Duarte Bautista

Intervenciones de la parte demandada y de lo terceros con interés legítimo

13. El Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Medellín solicitó
que se negaran las pretensiones de la tutela, por cuanto, a su juicio, dicho
Despacho no desconoció los derechos fundamentales del actor.

13.1. Expresó que:

“[…] Al respecto, es pertinente precisar que este Despacho profirió sentencia el 19
de Diciembre de 2016, concediendo parcialmente las pretensiones de la demanda
al evidenciarse la existencia de un daño antijurídico, pues la privación de la libertad
realmente ocurrió, sin tener jurídicamente que soportarla, además se precisó que la
privación de la libertad impuesta al señor JORGE EDILIO DUARTE BAUTISTA se
dio en vigencia de la Ley 600 de 2000, la cual establecía la titularidad de imposición
de medidas de aseguramiento radicaba en cabeza de la FISCALÍA GENERAL DE
LA NACIÓN, y en el caso concreto la medida de aseguramiento de detención
preventiva fue ordenada por la Fiscalía 46 Especializada de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario, motivo por el cual se concluyó que el hecho
dañoso es exclusivamente atribuible a la Fiscalía General de la Nación, debido a que
dicha entidad fue la que profirió las decisiones de restricción de la libertad en contra
del procesado, que resultó injusta, ya que en la sentencia absolutoria se determinó
que no existían pruebas para verificar con certeza la culpabilidad del accionante en
el delito que se le imputaba. Por lo tanto el daño antijurídico, consistente en la
privación injusta de la libertad del procesado, fue determinado exclusivamente por la
Fiscalía General de la Nación; lo anterior de conformidad con la línea jurisprudencial
imperante en ese momento […]”.

[…]

“[…] 2.2.5 Ahora bien, resalta esta Judicatura, que no se ha vulnerado los derechos
del accionante, pues se evidencia en las sentencias de instancia que no estamos
ante una falencia grave de relevancia constitucional que torne la decisión tomada
por el órgano Colegiado en injusta, incompatible a la Constitución o arbitraria a
Derecho, por el contrario.

Se concluye que en primer lugar el actor no cumple con los requisitos generales y
especiales para la procedencia de la presente acción constitucional y de lo aquí
probado, solo pone de presente que el Despacho obro (sic) ajustado a derecho y
que NO hay vulneración o afectación alguna a los derechos fundamentales que
considera vulnerados la parte accionante por parte del JUZGADO DIECIOCHO (18)
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN […]”.

14. La Fiscalía General de la Nación solicitó que se negara la solicitud de
amparo. Afirmó que en el presente asunto i) no se cumplía con el requisito de
subsidiariedad, porque el actor contaba con otros medios de defensa judicial; ii) no
se habían sustentado las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, y iii) no se desconoció el precedente judicial.

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Núm. único de radicación: 110010315000202110891-00
Actor: Jorge Edilio Duarte Bautista

14.1. Precisó que:

“[…] Pretende la parte accionante retrotraer, a través del amparo etapas procesales
de un asunto que ya surtió su trámite, para establecer confusión y proyectar que se
transgreden derechos fundamentales, lo cual es inconcebible por el carácter
subsidiario que acompaña tan especial mecanismo constitucional y por cuanto en
ningún momento en el escrito de tutela se demuestra vulneración a derecho
fundamental alguno […]”.

15. La Sala Primera del Tribunal Administrativo de Antioquia, la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura, Martha Yaneth Villamizar Vargas,
Carmen Cecilia Bautista Jadies, Joan Sebastián Osorio Bautista, Jean Carlos
Osorio Bautista, Francisco Hernando Osorio Bautista, Jhon Jairo Duarte Moreno,
JDDV, YMD, LALB y DMLB guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

16. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19916, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto 333 de 6 de
abril de 20217 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20188; y, el
Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20199, que asigna a esta sección el
conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

17. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a

6 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
7 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único

Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
8 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
9 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Núm. único de radicación: 110010315000202110891-00
Actor: Jorge Edilio Duarte Bautista

falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas Jurídicos

18. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la Sala
Primera del Tribunal Administrativo de Antioquia, al proferir la sentencia de 15 de
septiembre de 2021, dentro del medio de control de reparación directa identificado
con el número único de radicación 050013333018201500256-01, incurrió en un
defecto fáctico y en un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial, lo que trajo como consecuencia que no se declarara la
responsabilidad de la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura
y la Fiscalía General de la Nación por la presunta privación injusta de la libertad de
que fue objeto el señor Jorge Edilio Duarte Bautista, entre el 9 de septiembre de
2010 y el 28 de junio de 2012, por el delito de homicidio en persona protegida.

19. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento
de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial; v) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental al debido proceso; vi) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia; vii) análisis del caso
concreto, y finalmente viii) las conclusiones de la Sala.

Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales

20. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello10, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de

2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.

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Núm. único de radicación: 110010315000202110891-00
Actor: Jorge Edilio Duarte Bautista

Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la Ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales

21. Esta Sección11 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.

22. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

23. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590
de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos
especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha
considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia
autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”12.

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012,

C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
12Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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Actor: Jorge Edilio Duarte Bautista

24. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los
siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material
o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente; y viii) violación directa de la Constitución.

25. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”13 que encaje en dichos
parámetros.

26. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

27. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201414.

Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela en el caso concreto

28. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional.

13 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

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Actor: Jorge Edilio Duarte Bautista

29. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con
los requisitos generales de procedibilidad, así:

30. En lo que concierne al requisito de relevancia constitucional, la Sala
considera lo siguiente:

30.1. Frente al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial que propuso el actor, se encuentra que dicha cuestión reviste relevancia
constitucional, comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos
fundamentales del actor al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.

30.1.1. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con
el requisito de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela
contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación de
los derechos fundamentales invocados supra, y además, ii) el actor cumplió con la
carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales las
autoridades judiciales demandadas incurrieron en un posible defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial.

30.1.2. Para la Sala exigirle al actor una carga argumentativa mínima se
justifica, toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica
principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales15, en el escenario
del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el
principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional solo puede remover
dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la
argumentación jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una
providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos
fundamentales.

30.2. En lo que concierne al defecto fáctico, la Sala advierte que no se cumple

15 “Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el
derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado.
Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”

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Actor: Jorge Edilio Duarte Bautista

con el requisito de relevancia constitucional, por la razón que a continuación se
explica:

30.2.1. La Sala observa que si bien el actor señaló que en la sentencia
cuestionada se “[…] valoró de manera injustificada la realidad probatoria
determinante en el proceso de reparación directa […] la valoración del proceso
penal por el cual fue declarado inocente JORGE EDILIO DUARTE BAUTISA no se
realizó en debida forma […]” y que "[…] estar privado de la libertad 21,63 meses, es
decir casi dos (2) años, no es un tiempo injustificado […] afirmación esta que
claramente no se compadece ni con lo probado ni con la realidad de lo vivido por el
señor DUARTE BAUTISTA […]”, lo cierto es que se observa que el tutelante no
cumplió con la carga argumentativa mínima, en la medida en que, el actor
propuso dichos argumentos de maneral general, sin hacer referencia a una prueba
en concreto, ni mucho menos la irregularidad al respecto. En esa medida, el
tutelante no indicó i) específicamente qué medios probatorios obrantes en el
expediente del medio de control de reparación directa fueron valorados de manera
indebida por parte del juez colegiado; ii) que además dichos medios probatorios
eran relevantes para cambiar el sentido de la decisión, es decir, su incidencia; y iii)
demostrar que esa presunta falta de valoración o valoración errónea de las pruebas
constituyó una actuación grosera, arbitraria e irrazonable que trajo como
consecuencia la afectación de derechos fundamentales. Ahora bien, la Sala
analizará el cumplimiento de los demás requisitos generales de procedibilidad:

31. Cumplió con el principio de inmediatez16.

32. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces
y eficientes con los cuales la parte actora pueda lograr la protección de los
derechos invocados.

33. Por no invocar la acción de tutela un defecto procedimental no es necesario
hacer un análisis de este requisito;

16 Puesto que la sentencia de 15 de septiembre de 2021 proferida por la Sala Primera del Tribunal
Administrativo de Antioquia fue notificada el 15 de septiembre de 2021, mientras que la tutela se interpuso el
25 de noviembre de 2021, es decir, se presentó antes de que transcurrieran (6) meses después de notificada
la providencia cuestionada.

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Núm. único de radicación: 110010315000202110891-00
Actor: Jorge Edilio Duarte Bautista

34. La parte actora identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega;
y

35. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial

36. La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento
jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las
siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente
jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la
extensión de la jurisprudencia.

37. Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley
169 de 31 de diciembre de 189617 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201118;
así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 200119; C-816 de
201120; C-179 de 201621; y T-102 de 201422.

38. En relación con esta causal, la Corte Constitucional”23 ha desarrollado,
ampliamente, el concepto del precedente judicial, señalando que es el “[…] conjunto
de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para
la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar
necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar
sentencia […]”, que busca asegurar la eficacia de los principios y derechos
fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza
legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso
efectivo a la Administración de Justicia.

17 “Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
18 “se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de

Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar
jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de
revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de
2009”.
19 Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
20 Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
21 Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
22 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial).
23 Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 13 de junio de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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Actor: Jorge Edilio Duarte Bautista

39. Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte
Constitucional24, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con
fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del
derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que,
en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus
decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado
por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez
(precedente horizontal).

40. Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia
constitucional, cuya doctrina es obligatoria25, la regla del respeto del precedente no
es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente
a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a
resolver una situación concreta.

41. Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en
los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados
jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala26, a
saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el
precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación
significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la
regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden
constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como
precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que debe ser
tomada como referente, y v) la consideración que esa jurisprudencia resulta
errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que
se fundamenta el ordenamiento jurídico.

42. En efecto, la Sala27 ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que
se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud de

24 Sentencia T- 760A de 10 de octubre de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
25 Ver Corte Constitucional, sentencias C-083 de 1 de marzo de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-037 de 5
de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y SU-640 de 5 de noviembre de 1998, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo de

2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02074-00.
27 ibídem.

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Actor: Jorge Edilio Duarte Bautista

la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en las
que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial28”, para lo cual resulta
obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y
fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la decisión
de apartarse.

43. Por último, debe hacerse énfasis, en que la labor judicial que llevan a cabo
los órganos de cierre como lo son: i) la Corte Constitucional, ii) el Consejo de Estado
y iii) la Corte Suprema de Justicia, cuando establecen o fijan el alcance de una
disposición normativa, crean reglas y sub reglas jurisprudenciales, que deben
ser tenidas en cuenta por todos los jueces, cuando: a) se evidencie que los hechos
del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente y b) que la ratio decidendi
resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

44. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

45. Atendiendo a que, la Corte Constitucional29 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,

28 Corte Constitucional, Sentencias T-1625 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez

y T-161 de 8 de marzo de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
29 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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Actor: Jorge Edilio Duarte Bautista

sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia

46. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

47. Atendiendo a que, la Corte Constitucional30 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.

Análisis del caso en concreto

48. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el

30 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto

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Núm. único de radicación: 110010315000202110891-00
Actor: Jorge Edilio Duarte Bautista

caso concreto.

49. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la
certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que
en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por la
parte actora en su respectivo escrito de tutela.

Acervo y análisis probatorios

50. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra el
siguiente documento:

50.1. Copia en medio digital del expediente del medio de control de reparación
directa identificado con el número único de radicación 050013333018201500256-
01.

Solución del caso concreto

Análisis del presunto defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial

51. La parte actora en su escrito de tutela indicó que la Sala Primera del Tribunal
Administrativo de Antioquia incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente, toda vez que, inobservó la “[…] sentencia del 17 de octubre de
2013, radicado interno 23.354, proferida por el Consejo de Estado […]” y, pese a
que hizo referencia a la sentencia SU-072 de 5 de julio de 201831, a su juicio, no
aplicó en el caso concreto el debido análisis dispuesto en esa sentencia de
unificación de la Corte Constitucional.

52. Para la aplicación del precedente judicial al caso concreto es necesario
verificar la procedencia de los siguientes criterios: i) que en la ratio decidendi de la
sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a

31 Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 5 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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Actor: Jorge Edilio Duarte Bautista

resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en
el nuevo caso y, iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos
anteriormente32.

Sentencia de 17 de octubre de 201333

82. La Sala advierte que sería del caso desarrollar los supuestos fácticos y
jurídicos de la sentencia de unificación de la referencia, en la cual la regla de
derecho que estableció la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado
consistió en que: en el supuesto en el que la exoneración de responsabilidad penal
del accionante se haya producido mediante decisión fundamentada en la aplicación
del principio de in dubio pro reo, la responsabilidad patrimonial del Estado debía
analizarse bajo un título objetivo de imputación sustentado en el daño especial que
se le irrogó a la víctima; sin embargo, la Sala considera que, de entrada, dicho
análisis no resulta necesario, en la medida, en que, tal cual como lo puso de
presente la Sala Primera del Tribunal Administrativo de Antioquia, ese criterio de
unificación fue replanteado y al momento en el que se profirió la sentencia de
segunda instancia dentro del proceso de reparación directa cuestionado, se
encontraba vigente y era vinculante para todos los jueces la sentencia SU-072 de 5
de julio de 201834.

83. En todo caso, la Sala observa que, en el caso sub examine si bien el Tribunal
demandado no hizo referencia expresa a la sentencia de unificación que alegó el
actor, lo cierto es que, al estudiar el título de imputación aplicable a los casos de
responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, sí tuvo en cuenta que
en algún momento existió dicha tesis jurisprudencial, en la medida en que al
respecto se pronunció en los siguientes términos:

“[…] El Consejo de Estado ha desarrollado diferentes teorías para determinar la
responsabilidad del Estado en los casos de privación de la libertad; la primera de
ellas consistía, en que solo había lugar a reparar, si existía “falla del servicio judicial”,
la segunda amplió esa posibilidad a cuando se está en las hipótesis del artículo 414
del Decreto 2700 de 1991, y por último, amplió, aunque no de manera pasiva la

32 Frente al tema de la configuración del precedente judicial ver Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006.

Magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
33 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación de 17 de octubre de 2013,

número único de radicación 52001-23-31-000-1996-07459-01(23354), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
34 Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 5 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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Actor: Jorge Edilio Duarte Bautista

responsabilidad objetiva en los eventos en los cuales el sindicado fue
absuelto por el principio del in dubio pro reo […]”.

[…]

“[…] De conformidad con las tesis que sostenía el Consejo de Estado, bastaba con
que se diera una privación de la libertad y que el proceso penal no culminara
en condena, cualquiera que hubiese sido la razón, para que el Estado
incurriera en responsabilidad, así la medida de aseguramiento de la que fue
objeto la víctima se haya ajustado a derecho y sin importar que el daño sea
antijurídico o no y sin determinar si fue la conducta del investigado la que llevó a su
imposición.

Fue la Corte Constitucional la que en sentencia SU 072 de 2018, al estudiar
varias acciones de tutela interpuestas contra decisiones tomadas por el
Consejo de Estado frente al tema de la privación injusta de la libertad, la que
aclaró que, se debe examinar la actuación que dio lugar a la medida restrictiva
de este derecho fundamental, pues, según su criterio, no resulta viable la
reparación automática de los perjuicios en dichos eventos […]”.

[…]

“[…] También indica la Corte que, los requisitos para imponer la medida de
aseguramiento han variado de uno a otro de acuerdo el momento de ocurrencia de
los hechos, esto, por cuanto el Decreto Ley 2700 de 1991 y la Ley 600 de 2000
exigían uno o dos indicios graves de responsabilidad y la Ley 906 exige de una
inferencia razonable de autoría o participación del imputado.

Con fundamento en la nueva jurisprudencia se tiene entonces que la
responsabilidad en estos casos, ya no es objetiva, sino que se hace necesario
revisar todas las actuaciones con el fin de analizar si las medidas adoptadas
por los entes demandados estuvieron ajustadas a derecho, si la privación de
libertad obedeció a los supuestos normativos que la justifican o si la misma
se prolongó más allá de los límites razonables. En conclusión, se hace
necesario hacer un análisis de todo el proceso penal, tanto en la etapa
investigativa como en la de juicio y a ello se procede […]”. (Resaltado por la
Sala)

84. De conformidad con lo expuesto, la Sala encuentra que el Tribunal
demandado sí tuvo en cuenta el criterio que el actor alega como desconocido en
sede judicial; asunto distinto es que, teniendo en cuenta que para el momento en el
que se profirió la decisión de segunda instancia existía una sentencia de unificación
proferida por el máximo órgano judicial en materia constitucional, resolvió el asunto
con fundamento en ese precedente proferido por la Corte Constitucional, el cual se
expondrá a continuación.

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Actor: Jorge Edilio Duarte Bautista

Sentencia SU-072 de 5 de julio de 201835

85. La Sala Plena de la Corte Constitucional analizó dos expedientes de tutela
en los que de un lado, se adelantó investigación penal en contra de un ciudadano a
quien se le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad, no obstante,
fue absuelto en virtud del principio in dubio pro reo, decisión con base en la cual el
ciudadano inició proceso de reparación directa en contra de la Fiscalía General, con
el fin de que se le declarara responsable de los perjuicios que le fueron causados
con la privación de la libertad, la autoridad judicial accedió a las pretensiones de la
demanda y; del otro, a la ciudadana se le impuso medida de aseguramiento de
detención preventiva por el delito de prevaricato por acción en concurso con abuso
de autoridad por acto arbitrario e injusto, con posterioridad se revocó la medida de
aseguramiento al considerar que el delito no existió y se ordenó su libertad
inmediata.

86. El problema jurídico que debía resolver la Corte, en síntesis, consistió en:

“[…] De estos interrogantes se deriva una necesidad común que consiste en
establecer si de acuerdo con el artículo 90 de la Constitución y la interpretación de
la sentencia C-037 de 1996 respecto del artículo 68 de la Ley Estatutaria 270 de
1996, para decidir un proceso de reparación directa por la privación injusta de la
libertad, se debe aplicar un único régimen de responsabilidad […]”.

87. Para resolver el problema jurídico planteado, señaló que el juez
administrativo, al esclarecer si la privación de la libertad se apartó del criterio de
corrección jurídica exigida, debe efectuar valoraciones que superan el simple juicio
de causalidad y ello por cuanto una interpretación adecuada del artículo 68 de la
Ley 270 de 7 de marzo de 199636, sustento normativo de la responsabilidad del
Estado en estos casos, impone considerar, independientemente del título de
atribución que se elija, si la decisión adoptada por el funcionario judicial penal se
enmarca en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad.

88. En efecto, la Corte expresó que:

“[…] Lo anterior significa que los adjetivos usados por la Corte definen la actuación
judicial, no el título de imputación (falla del servicio, daño especial o riesgo

35 Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 5 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
36 “Estatutaria de la Administración de Justicia”.

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Actor: Jorge Edilio Duarte Bautista

excepcional), esto es, aunque aquellos parecieran inscribir la conclusión de la Corte
en un régimen de responsabilidad subjetivo; entenderlo así no sería más que un
juicio apriorístico e insular respecto del compendio jurisprudencial que gravita en
torno del entendimiento del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en tanto, debe
reiterarse, la Corte estableció una base de interpretación: la responsabilidad por la
actividad judicial depende exclusivamente del artículo 90 de la Constitución, el cual
no establece un título de imputación definitivo, al haberse limitado a señalar que el
Estado responderá por los daños antijurídicos que se le hubieren causado a los
particulares.

El artículo 90, debe reiterarse, establece un régimen general de responsabilidad
definiendo exclusivamente la naturaleza del daño que es resarcible –que debe ser
uno antijurídico-, dejando a salvo los demás supuestos constatables a la hora de
definir la responsabilidad, esto es, la necesidad de acreditar que se presentó un
hecho o una omisión atribuible al Estado o a uno de sus agentes, elementos cuya
relación se define a partir de cualquiera de los títulos de imputación.

En ese orden, dicha sentencia ratificó el mandato del artículo 90 Superior y fue
precisa al indicar que no analizaría la naturaleza de la responsabilidad estatal,
consideración realizada sobre el artículo 65 de la Ley 270 de 1996, que es el
fundamento específico de la responsabilidad del Estado en el ámbito judicial, luego,
un análisis sistemático de este fallo y de las demás sentencias que fueron traídas
a colación permite afirmar que la sentencia C-037 de 1996, no se adscribe a un
título de imputación específico.

Por supuesto, lo anterior no impide que se creen reglas en aras de ofrecerle
homogeneidad a las decisiones judiciales; sin embargo, como se advirtió, ello debe
corresponder a un análisis concienzudo de las fuentes del daño y no a una
generalización apenas normativa que no tome en cuenta las diversas posibilidades
que giran en torno de dichas fuentes […]”.

[…]

“[…] De esta manera, dependiendo de las particularidades del caso, es decir,
en el examen individual de cada caso, como lo han sostenido el Consejo de
Estado y la Corte Constitucional, el juez administrativo podrá elegir qué título
de imputación resulta más idóneo para establecer que el daño sufrido por el
ciudadano devino de una actuación inidónea, irrazonable y
desproporcionada y por ese motivo, no tenía por qué soportarse […]”.

[…]

“[…] 112. En suma, la aplicación de cualquier de los regímenes de responsabilidad
del Estado mantienen incólumes la excepcionalidad y los juicios de
necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, así como la presunción de
inocencia que preceden a la imposición de una medida de aseguramiento
[…]”. (Resaltado por la Sala)

89. En consecuencia, concluyó que, con independencia del régimen de
responsabilidad estatal que utilice el juez administrativo, la conducta de la víctima
es un aspecto que debe valorarse y que tiene la potencialidad de generar una
decisión favorable al Estado, es decir, que puede generar una declaratoria de
irresponsabilidad administrativa.

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Actor: Jorge Edilio Duarte Bautista

90. De conformidad con lo expuesto, la Sala encuentra que la sentencia de
unificación objeto de análisis reconoce la posibilidad de abordar el análisis de la
responsabilidad del Estado desde un criterio objetivo, pero también desde uno
subjetivo; y en todo caso, en la aplicación de cualquiera de los regímenes de
responsabilidad del Estado se mantienen incólumes la excepcionalidad y los juicios
de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, así como la presunción de
inocencia que preceden a la imposición de una medida de aseguramiento.

91. En esa medida, los casos puestos a consideración de las respectivas
autoridades judiciales han considerado que hay lugar a declarar la responsabilidad
del Estado y ordenar la indemnización de las víctimas de su actuar, sin embargo,
no han desconocido que dicho análisis corresponde al juez de la causa,
dependiendo del caso en concreto.

92. En efecto la Sección Tercera del Consejo de Estado ha indicado que “[…]
será el juez de la responsabilidad del Estado quien determine, de acuerdo con las
circunstancias del caso, si ese daño antijurídico debe ser o no atribuido a la
demandada o a un tercero que no haya venido al proceso, si esa atribución se
impone de la aplicación de un criterio subjetivo (falla del servicio) o de un criterio
objetivo (daño especial), o si dado el caso el criterio de atribución es legal; y quien
determine, si hay o no lugar a declarar la responsabilidad […]”.37

93. En el caso sub examine, el actor señaló que la Sala Primera del Tribunal
Administrativo de Antioquia pese a que hizo referencia a la sentencia SU-072 de 5
de julio de 201838, a su juicio, no aplicó en el caso concreto el debido análisis
dispuesto en esa sentencia de unificación de la Corte Constitucional.

94. Al respecto la Sala advierte que, en la sentencia de 15 de septiembre de
2021, el Tribunal realizó un estudio pormenorizado del proceso penal, del cual tomó
en consideración i) “el informe baja bandolero” suscrito por el ST. Combita Eslava
Cesar Augusto, comandante de la contraguerrilla “CORDOBA 3”; ii) las
declaraciones de los familiares de las víctimas en la justicia penal militar; iii) la

37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Providencia de

29 de julio de 2019, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, número único de radicación 18001 23 31 000 2006
00323 01.
38 Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 5 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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Actor: Jorge Edilio Duarte Bautista

Resolución de Acusación expedida por la Fiscalía, iv) la prueba técnica de absorción
atómica realizada a las manos de la víctima; v) las versiones de los sindicados; y vi)
las declaraciones de descargos, realizadas por personas adscritas al frente 36 de
las FARC que reposan dentro de esta misma investigación, quienes indicaron que
las personas asesinadas hacían parte de dicho grupo. Análisis a partir del cual, la
autoridad judicial demandada concluyó lo siguiente:

“[…] Así, continuó la Fiscalía analizando y desvirtuando cada una de las pruebas
que quisieron hacer valer los sindicados, concluyendo esta investigación en una
resolución de acusación frente a unos como coautores del delito de homicidio en
persona protegida incluyendo al demandante; de preclusión frente a otros y
ordenando la libertad inmediata de los demás.

Nótese como hasta esta etapa procesal, la fiscalía contaba con más de 2
indicios en contra de los sindicados, lo que era exigido en la ley 600 de 200
(sic), la cual fue aplicable al caso concreto; esto por cuanto tenía las
declaraciones de varias personas que fueron testigos directos de los
momentos previos a la muerte de estos civiles.

Además, se encontraba la Fiscalía dentro de una clara situación de un falso
positivo, pues las situaciones fácticas encuadran en lo que comúnmente se
ha conocido como tal y lo que se realiza por parte de los miembros del Ejército
Nacional, esto es, principalmente, el material supuestamente encontrado a los
cadáveres, que al final no tenían ningún uso.

De lo anterior, se justifica la necesidad de la Fiscalía de proferir resolución de
acusación, por cuanto en principio contaba con el material suficiente y las
pruebas que encaminaban a la ocurrencia de un delito.

Consideró pues la Fiscalía que existían conocimientos serios y persuasivos que
respaldaran las declaraciones y las pruebas técnicas conseguidas dentro de la
investigación. Que existían elementos materiales probatorios y suficiente evidencia
física que comprometiera la responsabilidad de esa persona.

De los medios de prueba aportados, también se observan las actuaciones del señor
Juez Penal del Circuito, y de la sentencia proferida por este el 26 de junio de 2012
(fl 308-326), se tiene que se tuvieron en cuenta tanto las declaraciones de los
testigos que reposan en el documento de calificación aportado por la Fiscalía, como
la prueba técnica recaudada allí.

Al valorar las declaraciones de los miembros de las FARC, el Juez llegó a la
conclusión de que, contrario a lo indicado por la Fiscalía, efectivamente hubo
un combate, esto por cuanto estas personas manifestaron conocer de la
condición de guerrilleros que ostentaban las víctimas. Asimismo, el señor
Juez no le dio credibilidad a los testimonios de los familiares de las víctimas,
pues consideró que eran contradictorios.

Que, pese a que se tiene certeza de lo sucedido, no se trasciende más allá de la
duda razonable, y que este es un hecho requerido para emitir una sentencia
condenatoria. Que en el caso del señor Jorge Edilio Duarte Bautista, este goza de
presunción de inocencia, luego no está obligado a presentar pruebas que lo puedan
incriminar. Por lo tanto, decidió absolverlo del delito acusado.

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Actor: Jorge Edilio Duarte Bautista

Observa la Sala entonces que, con anterioridad a solicitar medida de
aseguramiento, se realizó una investigación previa y en el curso de ella se
obtuvo material probatorio para en un principio investigar a los presuntos
delincuentes por presentarse una clara situación de un falso positivo, por lo
que desde el punto de vista formal se encontraban reunidos los requisitos para
dictar resolución de acusación.

No cabe duda, de que además de existir serios indicios que daban cuenta de la
presunta responsabilidad penal del señor Jorge Edilio en los ilícitos
investigados, las declaraciones de sus familiares y las pruebas técnicas,
fueron las que motivaron su vinculación a la investigación que se adelantó por
parte de la Fiscalía (en cumplimiento de su deber constitucional de investigar las
conductas que pudieran constituir delito), toda vez que, se insiste, todo permitía
inferir su participación en la comisión del delito, situación que sólo se podía
esclarecer en el escenario de un proceso penal.

Para la sala entonces, de conformidad con la línea jurisprudencial citada y el
debate probatorio que existió dentro del proceso penal, es claro que los daños
causados por la privación de libertad de que fue objeto el demandante, no son
imputables al Estado; pues las mismas se ajustaron a las exigencias legales
del momento y se decretaron en ejercicio de su poder punitivo, el cual
tampoco se ejerció de manera arbitraria, pues obsérvese que el tiempo de
privación no se alargó injustificadamente -teniendo en cuenta que se trataba de un
gran número de sindicados- sino que la misma autoridad luego de analizar todas las
pruebas no pudo determinar su ilegalidad […]”. (Resaltado por la Sala).

95. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que el Tribunal tuvo en
cuenta la sentencia SU-072 de 201839 y, precisamente, como consecuencia de la
metodología allí establecida, abordó el análisis del caso concreto y, en esa medida,
estudió la legalidad de la medida adoptada por la Fiscalía, de lo cual concluyó que
no había lugar a reconocer responsabilidad patrimonial alguna por parte del Estado,
teniendo en cuenta que “[…] con anterioridad a solicitar medida de aseguramiento,
se realizó una investigación previa y en el curso de ella se obtuvo material probatorio
para en un principio investigar a los presuntos delincuentes por presentarse una
clara situación de un falso positivo, por lo que desde el punto de vista formal se
encontraban reunidos los requisitos para dictar resolución de acusación […] se
insiste, todo permitía inferir su participación en la comisión del delito, situación que
sólo se podía esclarecer en el escenario de un proceso penal […]”.

96. Para la Sala, la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que al

39 Enrelación con el análisis del desconocimiento de la sentencia SU-072 de 2018, esta Sección se ha
pronunciado, entre otras, en las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de diciembre de 2020, número único de radicación
110010315000202004462-00 (AC), C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de octubre de 2020, número único de radicación
110010315000202003858-00 (AC), C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

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Actor: Jorge Edilio Duarte Bautista

resolver el caso, tuvo en cuenta la regla jurisprudencial, consistente en, i) la
posibilidad de abordar el análisis de la responsabilidad del Estado desde un criterio
objetivo, pero también desde uno subjetivo; ii) la excepcionalidad y los juicios de
necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, iii) la presunción de inocencia que
preceden a la imposición de una medida de aseguramiento, independientemente
del régimen jurídico de responsabilidad del Estado; y iv) el deber del juez de analizar
las circunstancias que rodearon el proceso penal.

97. En ese sentido, la providencia objeto de la solicitud de amparo fue proferida
teniendo en cuenta el criterio vigente de la Sección Tercera del Consejo de Estado
y de la Corte Constitucional, lo cual descarta la configuración del defecto alegado.

Conclusiones de la Sala

98. En suma, la Sala i) declarará la improcedencia de la solicitud de amparo frente
al defecto fáctico que alegó el actor, por no cumplir con el requisito de la relevancia
constitucional; y ii) negará la acción de tutela frente al defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por Jorge
Edilio Duarte Bautista frente al defecto fáctico, por no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de amparo presentada por Jorge Edilio Duarte
Bautista en lo que respecta al defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

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Núm. único de radicación: 110010315000202110891-00
Actor: Jorge Edilio Duarte Bautista

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del
Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de
esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en sesión de la fecha.

(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

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