Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-10892-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-10892-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2021-10892-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
17 de marzo de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10892-00
Demandante: PARTIDO SOCIAL DE LA UNIDAD NACIONAL
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10892-00
Demandante: PARTIDO SOCIAL DE LA UNIDAD NACIONAL
Demandado: CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN QUINTA
Temas: Tutela contra autoridad judicial. Medio de control de nulidad
electoral en el que se invocó la causal de doble militancia
política. Legitimación en la causa por activa de partido político
para cuestionar la decisión judicial que declaró la nulidad de la
elección de un diputado
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el Partido Social de la Unidad Nacional (en adelante Partido de la
“U”), quien actúa por intermedio del representante legal, contra la Sección Quinta
del Consejo de Estado, con el objeto de que se amparen los derechos
fundamentales al debido proceso, “a la autonomía del Partido de la “U” y al
principio democrático, los cuales consideró vulnerados con la sentencia de 20 de
mayo de 2021, que revocó parcialmente el fallo de 18 de diciembre de 2020,
proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, declaró la
nulidad del acto de elección del señor Rodrigo Alberto Mendoza Vega, como
diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La parte actora relató que en ejercicio del medio de control de nulidad electoral,
los señores Santiago Manuel Martínez Mendoza, Gustavo Adolfo Prado Cardona y
Luis Humberto Guidales García demandaron el acto de elección del señor Rodrigo
Alberto Mendoza Vega, como diputado de la Asamblea Departamental de
Antioquia para el periodo 2020-2023. Las demandas fueron presentadas de
manera individual, pero posteriormente, fueron acumuladas en el Tribunal
Administrativo de Antioquia para decidir en una misma sentencia, cuyo radicado
principal fue el No. 2019-03141-00.
Manifestó que mediante sentencia de 18 de diciembre de 2020, el Tribunal
Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda, decisión que
fue apelada por los demandantes.
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Demandante: PARTIDO SOCIAL DE LA UNIDAD NACIONAL
Por último, afirmó que por medio de la sentencia de 20 de mayo de 2021,
notificada el 25 del mismo mes y año, la Sección Quinta del Consejo de Estado
revocó parcialmente la decisión apelada y declaró la nulidad del acto de elección
del señor Rodrigo Alberto Mendoza Vega, quien fue elegido en los comicios de 27
de octubre de 2019, en representación del partido de la “U”.
2. Fundamentos de la acción
El demandante presentó acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de
Estado, al considerar que la sentencia de 20 de mayo de 2021, que revocó
parcialmente el fallo de 18 de diciembre de 2020, proferido por el Tribunal
Administrativo de Antioquia y, en su lugar, declaró la nulidad del acto de elección
del señor Rodrigo Alberto Mendoza Vega, como diputado de la Asamblea
Departamental de Antioquia para el periodo 2020-2023, vulnera el derecho al
debido proceso, “la autonomía del Partido de la “U” y al principio democrático.
Hizo referencia al cumplimiento de los presupuestos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales. En concreto, expresó que se
cumple el requisito de la relevancia constitucional, por cuanto se alega la violación
de derechos fundamentales, el de subsidiariedad porque se agotaron todos los
mecanismos de defensa judicial ordinarios, no se dirige contra un fallo de tutela y
la demanda se presentó antes de que venciera el plazo de seis meses establecido
por la Corte Constitucional, como razonable en estos casos.
Del mismo modo, de manera general indicó que se cumple el presupuesto de la
legitimación en la causa por activa, porque la decisión judicial cuestionada afecta
los derechos fundamentales del partido político. En ese orden de ideas, alegó la
configuración de los siguientes defectos:
• Violación directa de la Constitución. Al respecto, expresó que esta
causal se configura por el desconocimiento de garantías consagradas en la
Constitución Política “como son la libertad y objeción de conciencia, el
principio democrático y el derecho a elegir y ser elegido, al declarar la
nulidad del acto contentivo de la elección del candidato Rodrigo Alberto
Mendoza Vega, como Diputado del Departamento de Antioquia en
representación del Partido de la U; al amparo de la aplicación de una
interdicción que se concibió al margen de los derechos fundamentales de
los ciudadanos vinculados al trámite electoral, y que fueron ampliamente
respaldados por los electores en los comicios territoriales de 2019”.
Explicó que con el fin de garantizar el derecho a disentir y respetar la
objeción de conciencia de los militantes del Partido de la “U”, los autorizó
para respaldar en los comicios a candidatos diferentes a los seleccionados
por el partido.
En ese sentido, señaló que el artículo 18 de la Constitución Política
consagra el derecho fundamental a la libertad de conciencia que
comprende, entre otras, la garantía de no ser obligado a actuar en contra
de su conciencia o sus convicciones. Adujo que la objeción de conciencia,
entendida como “la facultad que tiene una persona para actuar en
determinado sentido, o para abstenerse de hacerlo, se ve determinada en
grado sumo por sus convicciones, por su propia ideología, por su manera
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de concebir el mundo1”, se encuentra estrechamente ligada al ejercicio de
ese derecho.
Del mismo modo, refirió que el derecho a la libertad de conciencia se
encuentra consagrado en instrumentos internacionales, como la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 12), la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (art. 18) y Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (art. 8).
En ese marco, aseveró que la autoridad judicial accionada desconoció el
derecho de objeción de conciencia al señor Rodrigo Alberto Mendoza Vega.
También alegó el desconocimiento del principio democrático consagrado en
el artículo 1° de la Constitución Política, al no respetarse la voluntad de la
mayoría de los simpatizantes del Partido de la “U” en el departamento de
Antioquia, manifestada a través del voto popular por aquellos candidatos de
su preferencia.
• Desconocimiento del precedente judicial. Manifestó que la autoridad
judicial accionada desconoció el precedente judicial relativo a la libertad de
conciencia. Sin embargo, no expresó en concreto cuáles sentencias
habrían sido desconocidas en la decisión objeto de reproche constitucional.
3. Pretensiones
El accionante formuló las siguientes:
“De conformidad con las razones de hecho y de derecho antes esbozadas, solicito
respetuosamente a los Honorables Magistrados se sirvan acceder al amparo
deprecado, por cuanto con la providencia judicial objeto de esta acción tuitiva se
incurrió en una vía de hecho por desconocimiento del precedente y violación directa
de la Constitución Política que comporta la vulneración de derecho y garantías
fundamentales”.
4. Pruebas relevantes
Obra en el expediente los siguientes documentos:
• Copia de la sentencia de 20 de mayo de 2021, emanada de la Sección
Quinta del Consejo de Estado.
• Copia del fallo de 18 de diciembre de 2020, proferido por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
De la misma manera se allegó copia digitalizada de los expedientes 05001-23-33-
000-2019-03141-01 (principal) 05001-23-33-000-2019-03248-00, 05001-23-33-
000-2020-00002-00 -acumulados-, correspondientes al medio de control de
nulidad electoral promovido por los señores Santiago Manuel Martínez Mendoza,
Luis Humberto Guidales García y Gustavo Adolfo Prado Cardona.
1 Sentencia T-409 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
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5. Trámite procesal
5.1. Por auto de 7 de diciembre de 2021, la Magistrada Sustanciadora dispuso
requerir al señor Jorge Luis Jaraba Díaz, representante legal delegado del Partido
de la “U”, para que indicara el interés que le asiste para presentar la acción de
tutela.
Al respecto, en escrito radicado el 17 del mismo mes y año, el secretario general
de la parte demandante informó que le asiste un interés legítimo para presentar la
solicitud con el fin de defender los intereses de la colectividad política que
representa, en tanto “todas las circunstancias que generan algún impacto a
nuestra militancia o al partido directamente, tienen importancia para esta
Secretaría General”.
Además, indicó que la decisión cuestionada afectó al Partido de la “U” porque se
sustrajo en la Asamblea Departamental de Antioquia la representatividad a través
del diputado respecto de quien recayó la nulidad de la elección, a lo que agregó
que se ha desmejorado la imagen de la colectividad.
5.2. Por auto de 7 de febrero de 2022, se admitió la demanda de tutela y se
ordenó notificar a la parte demandante, a la autoridad judicial demandada, así
como al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, al Consejo
Nacional Electoral y a los señores Rodrigo Alberto Mendoza Vega, Jairo Enrique
Ruiz Tamayo, Santiago Manuel Martínez Mendoza, Luis Humberto Guidales
García y Gustavo Adolfo Prado Cardona, como terceros interesados en el
resultado del proceso.
Del mismo modo, ordenó oficiar al Consejo de Estado, Sección Quinta y al
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, en el evento que el
expediente hubiese sido devuelto, para que allegara copia digitalizada del proceso
con radicado No. 05001-23-33-000-2019-03141-01, demandante: Santiago Manuel
Martínez Mendoza.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 15643 a 15647 de 10
de febrero de 2022 y 18107 a 18111 de 15 de febrero de 2022, con el fin de darle
cumplimiento a la referida decisión2.
6. Oposición
6.1. Respuesta de la Sección Quinta del Consejo de Estado
La Magistrada ponente de la decisión objeto de reproche constitucional pidió que
se declare improcedente la acción de tutela, al considerar que existe falta de
2
La accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados en el resultado del proceso fueron
notificados a las siguientes direcciones de correo electrónico: info@partidodelau.com,
jjaraba@partidodelau.com,
notifraraujo@consejodeestado.gov.co;locampos@consejodeestado.gov.co;fbarrerag@consejodeestado.gov.c
o;jgomezr@consejodeestado.gov.co, cnenotificaciones@cne.gov.co,
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, sectribant@cendoj.ramajudicial.gov.co,
Pradoabogados23@hotmail.com, dime.litigante@gmail.com, jaenruiztamayo@gmail.com,
direccion@veeduriatransparencia.org, rodrigo.mendoza@une.net.co, santymm73@gmail.com.
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legitimación en la causa por activa, toda vez que el Partido de la “U” no es el titular
de las garantías constitucionales alegadas como desconocidas, pues quien resultó
afectado con la decisión cuestionada fue el diputado a quien se le declaró la
nulidad de la elección, es decir, el señor Rodrigo Alberto Mendoza Vega. De
manera subsidiaria, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda.
Señaló que el actor no manifestó que se estuviera actuando bajo la figura de la
agencia oficiosa y tampoco se demostraron los requisitos para tal efecto, en tanto
no se acreditó la imposibilidad del directamente afectado para acudir al trámite
constitucional, a lo que agregó que no existe una relación entre la decisión
cuestionada y los derechos fundamentales del Partido de la “U”.
También consideró que se adoptó una decisión razonable y proporcional frente a
los hechos que fueron probados en el proceso, y manifestó que los reproches
efectuados en la acción de tutela fueron analizados en la sentencia objeto de
demanda, al resolver todos los aspectos del recurso de apelación.
En relación con lo anterior, sostuvo que en la sentencia objeto de tutela se analizó
la viabilidad de aplicar la objeción de conciencia como excepción a la figura
prohibitiva de la doble militancia y sobre la posibilidad de ponderar la objeción de
conciencia frente al bien jurídico que protege dicha restricción. En ese marco,
indicó que explicó que resulta válido no apoyar a los candidatos que la colectividad
avala, pero no lo es realizar campaña o actos de apoyo respecto de partidos,
movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos diferentes, a lo que
agregó que ello tampoco se habilita por el hecho de que la colectividad no hubiere
inscrito candidato propio sino en el marco de una coalición, pues eso es contrario
al fin perseguido por el legislador al consagrar la prohibición de la doble militancia.
En ese marco, precisó que no se desconoció la libertad de conciencia, pues “si
bien pudo no apoyar al candidato que coavaló su colectividad a la gobernación de
Antioquia, derecho que se reconoce a lo largo de la argumentación expuesta por
la providencia que ahora se cuestiona en esta sede constitucional como parte de
la libertad de conciencia que ahora se expone como desconocida, ello no le
otorgaba la legítima posibilidad de adherirse a otra candidatura amparada por los
postulados ideológicos y programáticos de otros partidos”.
Explicó que no resulta acertado el argumento expuesto por el actor referente a que
al interior del Partido de la “U”, por medio de la Resolución No. 063 de 2019, se
autorizó el apoyó de otras aspiraciones, pues la autonomía de los partidos no
puede desconocer los presupuestos constitucionales y legales sobre la prohibición
de la doble militancia.
Igualmente, aseveró que no se desconoció el derecho a elegir y ser elegido toda
vez que el ejercicio de estos derechos tiene restricciones válidas como el de la
doble militancia, que busca mantener la vigencia del sistema político democrático,
el cual debe ser respetado por los partidos y movimientos políticos estableciendo y
exigiendo el cumplimiento de los estándares de disciplina de sus miembros e
integrantes.
Adujo que la decisión cuestionada no desconoce el principio democrático, pues la
aplicación de la prohibición de la doble militancia materializa su cumplimiento, en
tanto asegura que en el desarrollo de la actividad política se garanticen propuestas
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coherentes y amparadas bajo la postura de la disciplina partidista lejana a
caudillismos. Agregó que el hecho de haber recibido un apoyo popular no permite
inobservar el ordenamiento jurídico que rige la actividad del respectivo candidato.
Finalmente, puso de presente que no se indicaron las sentencias que el actor
considera fueron desconocidas en la sentencia cuestionada, pues a las que hizo
referencia no tiene relación fáctica con el caso analizado, por lo que considera que
lo que pretende el actor es reabrir el debate ya superado.
6.2. Intervención del señor Rodrigo Alberto Mendoza Vega (tercero con
interés)
El señor Rodrigo Alberto Mendoza Vega, vinculado al trámite constitucional como
tercero interesado en el resultado del proceso, manifestó que los hechos narrados
en la demanda son ciertos y que coadyuva las pretensiones de la acción de tutela
promovida por el Partido de la “U”.
Señaló que además de los argumentos expuestos en la demanda constitucional,
se debe tener en cuenta que la autoridad judicial accionada incurrió en los
siguientes defectos:
• Sustantivo. Al respecto alegó la indebida interpretación de los artículos 2 y
29 de la Ley 1475 de 2011, que regulan la doble militancia política sin incluir
expresamente su aplicación en los casos de coaliciones. Adujo que esa
interpretación fue adoptada en la sentencia de 30 de agosto de 2021,
proferida por la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado3 y
la sentencia de 9 de septiembre de 2021, emanada de la Sección Segunda,
Subsección “A” de esta Corporación4.
Asimismo, alegó la inaplicación del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, que
entre otros, establece “la obligación legal de apoyar al candidato de
coalición [que] recae directamente en el partido o movimiento y sus
directivos, no en sus miembros, o aspirantes”. Agregó que de ese precepto
no se desprende que la consecuencia de no apoyar el candidato de la
coalición sea la nulidad del acto electoral por doble militancia.
También, adujo que se desconoció la normatividad que regula las cinco
modalidades de doble militancia, dentro de las cuales se encuentra aquella
que se configura cuando se apoyan candidatos diferentes a los inscritos por
el propio partido, y que no se tuvieron en cuenta las diferencias entre los
artículos 2 y 29 de la Ley 1475 de 2011.
Consideró que se desconoció el derecho a elegir y ser elegido, en tanto
desconoce que el diputado respecto de quien se declaró la nulidad de la
elección actuó bajo la autorización del propio partido con fundamento en lo
establecido en el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011.
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M.P. Alberto Montaña Plata. Expediente 2020-05102-01.
4 M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Expediente 2021-05205-00.
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Señaló que en virtud del principio pro electoratem, en caso de duda sobre la
interpretación de una norma debe primar el derecho a ser elegido, la
eficacia del voto y de la elección.
Explicó que la Resolución No. 063 de 2019, expedida por el Partido de la
“U”, responde al principio de autonomía y no desconoce preceptos
constitucionales ni legales que regulan la doble militancia, a lo que agregó
que esa decisión no podía ser cuestionada en el trámite del medio de
control de nulidad electoral, porque no es un acto administrativo que sea
susceptible de control judicial. Al respecto, expresó:
“Con fundamento en las razones expuestas, no debió la Ad quem, como
elemento de su decisión frente a la supuesta doble militancia de RODRIGO
MENDOZA, estimar que la Resolución No. 63 fue una autorización inválida o
ilegal para apoyar un candidato diferente al avalado en coalición con un grupo
significativo de ciudadanos que por firmas legitimó la candidatura del Aníbal
Gaviria.
Se trata de un Acto de Disentimiento válido, acorde con el artículo 29 de la Ley
Estatutaria 1475 de 2011 y expedido dentro de los límites constitucionales y
legales de la autonomía de los partidos políticos. Por lo demás, no se trata,
ontológicamente, de un acto administrativo expedido en ejercicio de función
pública, sino, a lo sumo de un acto de contenido electoral que no es en sí mismo
pasible del medio de control de nulidad, o por lo menos, no puede serlo
directamente sin que antes se haya intentado ese control frente al CNE, en los
términos del artículo 7 de la ley 130 de 1994”.
• Violación directa de la Constitución. Mencionó que se desconoció
el artículo 29 de la Constitución Política al imponer una sanción que
no se encuentra consagrada en el ordenamiento jurídico, en tanto no
incurrió en doble militancia en modalidad de apoyo que sanciona la
Ley Estatutaria 1475 de 2011, toda vez que la conducta no se adecua
al supuesto de hecho establecido en el artículo 2°, esto es, no apoyar
a un candidato inscrito por el partido.
En el mismo sentido, adujo que se desconoció el artículo 23 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por último, aseveró que no estaba obligado a apoyar a un candidato
de coalición y para haberse configurado la causal de doble militancia
establecida en el artículo 2° de la Ley 1475 de 2011, era necesario
demostrar que se dejó de apoyar el candidato inscrito por el partido lo
que no ocurrió, pues la colectividad no tuvo candidato propio.
6.3. Los demás vinculados al trámite constitucional, aun cuando fueron
debidamente notificados guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
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2. Planteamiento del problema jurídico
De manera previa, la Sala debe determinar si el Partido de la “U” cumple el
requisito de legitimación en la causa por activa, teniendo en cuenta que cuestiona
una decisión judicial en la que se declaró la nulidad de la elección de un diputado
de la Asamblea Departamental de Antioquia, a lo que se agrega que la autoridad
judicial accionada alegó el desconocimiento de esta condición de procedencia de
la acción de tutela.
En caso de que se llegarse a superar ese presupuesto, le corresponde a la Sala
determinar si la Sección Quinta del Consejo de Estado vulneró los derechos
fundamentales al derecho al debido proceso, a la autonomía del Partido de la “U” y
al principio democrático, con la sentencia de 20 de mayo de 2021, que revocó
parcialmente el fallo de 18 de diciembre de 2020, proferido por el Tribunal
Administrativo de Antioquia y, en su lugar, declaró la nulidad del acto de elección
del señor Rodrigo Alberto Mendoza Vega como diputado de la Asamblea
Departamental de Antioquia para el periodo 2020-2023, por cuanto incurrió en
violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente judicial.
3. La legitimación en la causa por activa en la acción de tutela
La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política faculta
a toda persona para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento
preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos fundamentales,
cuando sean vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos en que así se autoriza.
Este mecanismo constitucional tiene como una de sus características esenciales
la informalidad al momento de presentar la acción, pues no limita su ejercicio a los
sujetos de derecho que pretendan hacerla valer como solicitud de amparo
constitucional.
No obstante, se hace exigible como requisito indispensable la legitimación e
interés del actor de acuerdo como lo estipula el artículo 10º del Decreto 2591 de
1991, de la siguiente manera:
“Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté
en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra,
deberá manifestarse en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.
En términos generales, la legitimación en la causa determina quiénes pueden
obtener una decisión de fondo sobre las pretensiones formuladas en la demanda.
La Corte Constitucional ha establecido unos presupuestos con respecto a la
legitimación en la causa por activa, señalándolos así:
“La legitimación en la causa por activa en los procesos de acción de tutela se predica
siempre de los titulares de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados, sin
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embargo la Sala encuentra que a partir de las normas de la Constitución y del decreto
2591 de 1991, el ordenamiento jurídico colombiano permite cuatro posibilidades para
la promoción de la acción de tutela: (i) la del ejercicio directo de la acción. (ii) La de su
ejercicio por medio de representantes legales (caso de los menores de edad, los
incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas). (iii) La de su ejercicio por
medio de apoderado judicial (caso en el cual el apoderado debe ostentar la condición
de abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar el poder especial para el
caso o en su defecto el poder general respectivo). Y (iv) la del ejercicio por medio de
agente oficioso”5.
Si se actúa por medio de apoderado judicial, debe aportarse el poder especial que
lo faculta para actuar6, pues, de lo contrario, se configurará un auténtico caso de
carencia de poder. Y si se actúa en calidad de representante legal de una
empresa, debe aportarse el respectivo certificado de existencia y representación.
En conclusión, están legitimados para interponer la acción de tutela: i) el
interesado directamente, ii) el representante legal o judicial y iii) el agente oficioso,
siempre que se demuestre la imposibilidad de que el interesado ejerza su propia
defensa.
Ahora, así como en las demás acciones judiciales, en la acción de tutela el juez
cuenta con la facultad de revisar, en cualquier momento del proceso, si la persona
que ejerció la acción está legitimada para obtener una decisión de fondo. Si el juez
de tutela comprueba que quien ejerció la solicitud de amparo está legitimado
continuará con el análisis de los presupuestos de procedencia con el fin de realizar
estudio de fondo. No así, si comprueba la falta de legitimación en la causa por
activa, caso en el cual deberá declararla.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. En el asunto bajo examen, el Partido de la “U” presentó acción de tutela
contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, con el objeto de que se amparen
los derechos fundamentales al derecho al debido proceso, a la autonomía del
Partido de la “U” y al principio democrático, los cuales consideró vulnerados con la
sentencia de 20 de mayo de 2021, que revocó parcialmente el fallo de 18 de
diciembre de 2020, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su
lugar, declaró la nulidad del acto de elección del señor Rodrigo Alberto Mendoza
Vega, como diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia para el periodo
2020-2023.
Para fundamentar la solicitud de amparo constitucional, la parte demandante
señaló que el artículo 18 de la Constitución Política consagra el derecho
fundamental a la libertad de conciencia que comprende, entre otras, la garantía de
no ser obligado a actuar en contra de su conciencia o sus convicciones, el cual no
fue teniendo en cuenta al momento de efectuar el análisis de la nulidad de la
5 Sentencia T-531 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
6
Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia T 531 de 2002, precisó que el acto por el que se
confiere poder tiene las siguientes características: “(i) es un acto jurídico formal que debe realizarse por
escrito; (ii) se presume auténtico; (iii) debe ser especial con el fin de interponer una acción de tutela; (iv) es
para la promoción o para la defensa de los intereses en un determinado proceso, por lo que no se entiende
conferido para la promoción de procesos diferentes, así los hechos que le den fundamento tengan origen en
un proceso ordinario; y (v) el destinatario del acto de apoderamiento solo puede ser un profesional del
derecho habilitado con tarjeta profesional”.
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elección del diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia. Adujo que la
objeción de conciencia, entendida como “la facultad que tiene una persona para
actuar en determinado sentido, o para abstenerse de hacerlo, se ve determinada
en grado sumo por sus convicciones, por su propia ideología, por su manera de
concebir el mundo7”, se encuentra estrechamente ligada al ejercicio de ese
derecho.
Del mismo modo, refirió que el derecho a la libertad de conciencia se encuentra
consagrado en instrumentos internacionales, como la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (art. 12), la Declaración Universal de Derechos
Humanos (art. 18) y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 8).
En ese marco, aseveró que la autoridad judicial accionada desconoció ese
derecho al declarar la nulidad de la elección del señor Rodrigo Alberto Mendoza
Vega. Al respecto, señaló que el Partido de la “U” autorizó a los militantes de la
colectividad para respaldar los comicios a candidatos diferentes a los
seleccionados por el partido, ello con el objeto de garantizar el derecho a disentir y
respetar la objeción de conciencia, esto es, no obligar a nadie a actuar en contra
de sus convicciones y creencias.
Del mismo modo, alegó el desconocimiento del principio democrático consagrado
en el artículo 1° de la Constitución Política, al no respetarse la voluntad de la
mayoría de los simpatizantes del Partido de la “U” en el departamento de
Antioquia, manifestada a través del voto popular por aquellos candidatos de su
preferencia.
4.2. De manera previa a cualquier consideración, la Sala observa que el requisito
de la legitimación en la causa por activa no se encuentra cumplido en esta
oportunidad, en tanto no se vislumbra un interés legítimo del Partido de la “U” para
promover la acción de tutela en aras de controvertir la decisión judicial proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el marco de una demanda de
nulidad electoral, cuyos efectos no recaen sobre esa colectividad, teniendo en
cuenta que la decisión gravitó en declarar la nulidad de la elección del señor
Rodrigo Alberto Mendoza Vega, como diputado de la Asamblea Departamental de
Antioquia.
En efecto, la Sala observa que los señores Santiago Manuel Martínez Mendoza,
Gustavo Adolfo Prado Cardona y Luis Humberto Guidales García, en ejercicio del
medio de nulidad electoral, solicitaron que se declarara la nulidad parcial del
formulario E- 26 ASA del 6 de noviembre de 2019, mediante el cual la comisión
escrutadora departamental declaró la elección del señor Mendoza Vega, como
diputado de Antioquia.
En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia por sentencia 18 de
diciembre de 2020, negó las pretensiones de la demanda de nulidad electoral
promovida contra la elección del señor Rodrigo Alberto Mendoza Vega8, al
considerar que el demandado no incurrió en doble militancia, toda vez que
mediante la Resolución No. 63 de 2019, expedida por el Partido de la “U”, se
7
Sentencia T-409 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
8
También fue objeto de demanda el aval otorgado al señor Jairo Enrique Ruiz Tamayo, pero esa
circunstancia no fue objeto de la acción de tutela.
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autorizó que apoyara al candidato a la Gobernación de Antioquia “que mejor
interprete su fuero ideológico y de conciencia”, por lo que con fundamento en ello,
el señor Mendoza Vega respaldó a un candidato distinto al avalado de manera
oficial en coalición por su partido.
En segunda instancia, la Sección Quinta del Consejo de Estado por sentencia de
20 de mayo de 2021, revocó la decisión apelada en lo que respecta a la elección
del señor Rodrigo Alberto Mendoza Vega como diputado de la Gobernación de
Antioquia y, en su lugar, declaró su nulidad.
Descendiendo al asunto bajo examen, la Sala considera que si bien el Partido de
la “U” intervino en el trámite del proceso de nulidad electoral para pronunciarse
sobre los hechos y las pretensiones de la demanda, a los que se opuso, esa
circunstancia per se no habilita este mecanismo de protección constitucional para
controvertir la decisión adoptada de la cual no es el destinatario, en tanto la
decisión de nulidad de la elección del señor Rodrigo Alberto Mesa Vega como
diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia efectuada por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, en nada involucraría una posible afectación a los
derechos fundamentales de la colectividad demandante.
Ahora bien, es preciso resaltar que el Partido de la “U” actuó en nombre propio y
no como agente oficioso del directamente afectado con la decisión objetada,
conclusión a la que es posible arribar teniendo en cuenta que por auto de 7 de
diciembre de 2021 se dispuso requerir al señor Jorge Luis Jaraba Díaz,
representante legal delegado del Partido, con el fin de que indicara el interés que
le asistía para presentar la acción de tutela, quien informó que tenía un interés
legítimo para presentar la solicitud con el fin de defender los intereses de la
colectividad política que representa, en tanto “todas las circunstancias que
generan algún impacto a nuestra militancia o al partido directamente, tienen
importancia para esta Secretaría General”.
Además, indicó que la decisión cuestionada afectó al Partido de la “U” porque se
sustrajo en la Asamblea Departamental de Antioquia la representatividad a través
del diputado respecto de quien recayó la nulidad de la elección, a lo que agregó
que se ha desmejorado la imagen de la colectividad.
En esas condiciones, no se vislumbra ni se infiere que la parte demandante tenga
como propósito actuar como agente oficioso del señor Mendoza Vega, para lo cual
se deben cumplir unas precisas condiciones que ha señalado la jurisprudencia
constitucional, las cuales, se insiste, no fueron mencionadas ni sustentadas por la
parte actora en el requerimiento efectuado en la mencionada providencia.
Sobre la agencia oficiosa, la Corte Constitucional ha señalado que esa figura tiene
como fundamento la imposibilidad de defensa de la persona en cuyo nombre se
actúa y, además, busca evitar que se continúe con la vulneración de un derecho
fundamental, de acuerdo con ello, establece que debe acreditarse dos elementos:
“(i) que el agente oficioso manifieste explícitamente que actúa como tal; y (ii) que
el titular de los derechos invocados no se encuentre en condiciones para instaurar
la acción de tutela a nombre propio9”.
9 T-192 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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En definitiva, no se encuentra cumplido el presupuesto de legitimación en la causa
por activa, porque no se evidenció un interés legítimo del Partido de la “U” para
promover la acción de tutela en aras de controvertir la decisión judicial proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado cuyos efectos no recaen sobre esa
colectividad, teniendo en cuenta que la decisión gravitó en declarar la nulidad de la
elección del señor Rodrigo Alberto Mendoza Vega, como diputado de la Asamblea
Departamental de Antioquia.
Finalmente, la Sala se relevará de efectuar algún análisis o pronunciamiento en
relación con los argumentos adicionales expuestos por el señor señor Rodrigo
Alberto Mendoza Vega, quien fue vinculado a este trámite constitucional como
tercero con interés en el resultado del proceso y manifestó coadyuvar la acción de
tutela, en razón a la falta de legitimación del Partido de la “U”.
Por las razones expuestas, la Sala declarara la falta de legitimación en la causa
por activa del Partido de la “U”.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- DECLÁRASE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
ACTIVA, por las razones expuestas.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
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(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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