Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-10894-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-10894-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-10894-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
10 de febrero de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10894-00
Demandante: José Ilvar Salas Alarcón
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2021-10894-00
Demandante JOSÉ ILVAR SALAS ALARCÓN
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META
Temas Tutela contra providencia judicial. Defecto por
desconocimiento del precedente y error procedimental.
Reintegro de miembro de la Fuerza Pública retirado del
servicio por disminución de capacidad psicofísica. Descuentos
sobre pagos de salarios y prestaciones sociales dejados de
percibir.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por José Ilvar Salas Alarcón, de conformidad con lo dispuesto por los
Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 23 de noviembre de 20211, actuando en su propio nombre, el señor José Ilvar
Salas Alarcón interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Meta,
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y al debido proceso.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“Honorables Consejeros de Estado, ruego (sic) se REVOCAR O DEJE SIN EFECTOS el
ordinar Primero de la providencia de fecha Septiembre 22 de 2021, que modifico el ordinal
Cuarto de la sentencia de fecha Mayo 29 de 2019, proferida por el Juzgado Noveno
Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio al indicar “…descontando de ese monto
las sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o
independiente, haya recibido la demandante en ese mismo lapso, así como las deducciones
de ley a que haya lugar”, proferida por la Sala de Escritural No. 5 del Tribunal Administrativo
del Meta, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho que se tramito
bajo el radicado No. 50001333100220100001401 y, en su defecto, dentro de un término
prudencial se ordene rehacer la sentencia acogiendo el Precedente jurisprudencial funcional
Vertical, para que no se ordene descontar suma alguna del sector público o privado
dependiente o independiente de lo ordenado a cancelar durante el tiempo de mi
desvinculación de servicio activo en el Ejército Nacional, dada mi condición de sujeto de
protección constitucional”.
1 Índice 2 Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-10894-00
Demandante: José Ilvar Salas Alarcón
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor José Ilvar Salas Alarcón presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional, solicitando la nulidad de la Orden Administrativa Nro. 1367 del 15
de julio de 2009, por medio de la cual fue retirado del servicio activo del
ejército por disminución de su capacidad psicofísica.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara su reintegro
a la Institución sin solución de continuidad y que se ordenara el pago de
todas las acreencias laborales que dejó de percibir desde la fecha de su
retiro y hasta cuando se hiciera efectivo su reintegro.
2.2. Del asunto conoció en primera instancia el Juzgado Noveno Administrativo
del Circuito de Villavicencio que, mediante sentencia del 29 de mayo de 2019
accedió a las pretensiones de la demanda, para lo cual, ordenó: (i) el
reintegro del actor como soldado profesional; (ii) su reubicación en un cargo
del mismo rango o superior, con la misma remuneración o superior,
atendiendo sus capacidades físicas, y (iii) en el ordinal 4º, condenó a la
demandada pagar al actor todos los sueldos y prestaciones sociales dejados
de percibir desde el momento del retiro hasta su reincorporación.
La anterior decisión fue apelada por la Nación, Ministerio de Defensa,
Ejército Nacional, para que se revocara y, en su lugar, se negaran las
pretensiones de la demanda.
2.3. Mediante sentencia del 22 de septiembre de 2021, la Sala escritural Nro. 5
del Tribunal Administrativo del Meta decidió el recurso.
En la decisión, se modificó el ordinal 4º de la decisión de primera instancia
que condenó a la parte demandada a pagar los salarios y prestaciones
sociales dejados de percibir por el demandante, en el sentido de acoger el
criterio de la Sección Primera del Consejo de Estado sobre la aplicación de
las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015, que autorizan el
descuento de las sumas que por cualquier concepto laboral, público o
privado, dependiente o independiente hubiera recibido el demandante
durante el tiempo que permaneció desvinculado de la Institución. Señaló la
parte resolutiva:
“PRIMERO. – MODIFICAR el ordinal CUARTO de la sentencia proferida el 29 de
mayo de 2019 por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Villavicencio el
cual quedará de la siguiente manera:
“CUARTO. - CONDENAR a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO
NACIONAL a reconocer y pagar al señor José Ilvar Salas Alarcón, todos los salarios y
prestaciones dejados de percibir desde el retiro del servicio hasta cuando se haga el
reintegro, descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto laboral,
público o privado, dependiente o independiente, haya recibido la demandante en ese
mismo lapso, así como las deducciones de ley a que haya lugar. […]”. (subrayas
ajenas al texto trascrito).
La sentencia del Tribunal se notificó por edicto fijado el 6 de octubre de 2021.
Ese edicto obra en el expediente digitalizado del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho (índice 10 Samai).
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3. Fundamentos de la acción
Expone el actor que la autoridad judicial accionada vulnera los derechos
fundamentales cuyo amparo invoca, porque incurre en defecto por
desconocimiento de precedente y en defecto procedimental.
3.1. Defecto por desconocimiento de precedente, porque omitió la aplicación del
precedente jurisprudencial vertical señalado por la Sección Segunda,
Subsecciones A y B, en las sentencias de tutela del 2 de julio de 2016
(Radicado Nro. 11001-03-15-000-2016-01627-00, C.P. Luis Rafael Vergara
Quintero), y del 16 de enero de 2019 (Radicado Nro. 11001-03-15-000-2018-
04124-00, C.P. César Palomino Cortés), en las que el órgano de cierre ha
dicho que las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015, relativas a los
topes indemnizatorios y descuentos, solo aplican para casos de reintegro de
miembros de la Fuerza Pública que hubieran sido retirados del servicio en
ejercicio de la facultad discrecional, pero que no se extienden a casos en que
el retiro haya sido por una causal diferente, como lo es el retiro por
disminución de capacidad psicofísica.
Sostiene que “las providencias SU-556 de 2014 y la 053 de 2015, y que fueron traídos a
colación por la Sala de Escritural No. 5 del Tribunal Administrativo del Meta, en el fallo
incurso en la vía de hecho judicial, no se pueden aplicar, atendiendo que [su] retiro del
servicio activo del Ejercito Nacional se dio por Disminución de la Capacidad psicofísica y no
como se encuentra planteado en las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015 por la
facultad discrecional”.
Explicó que su caso debe ser decidido conforme esos fallos de la Sección
Segunda, toda vez que se encuentra en los mismos supuestos, teniendo en
cuenta que fue retirado del servicio por disminución de capacidad psicofísica.
3.2. Defecto procedimental, porque el Tribunal accionado no podía efectuar el
estudio de ordinal 4º de la sentencia del Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito de Villavicencio, para modificarlo, en lo referido a la condena de
pagar salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, ya que, en el
recurso de apelación la entidad demandada no hizo mención expresa a la
condena impuesta en ese ordinal ni a las sentencias de la Corte
Constitucional.
Por tanto, concluye que el Tribunal excedió su competencia funcional al
analizar situaciones que no hicieron parte del recurso de apelación.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 10 de diciembre de 2021 se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar a las partes. Asimismo, en calidad de terceros con interés, se
dispuso notificar a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, parte
demandada en el proceso ordinario radicado con el Nro. 2010-00014-01, y al
Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Villavicencio, que dictó
sentencia de primera instancia.
4.2. A pesar de haber sido notificados de la existencia de la presente acción de
tutela, el Tribunal Administrativo del Meta (en calidad de accionado), el
Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Villavicencio y la
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Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional (vinculados como
terceros con interés), no rindieron informe en el presente trámite.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin
embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos
generales3 y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se
deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o
requisitos especiales la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen
de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para
no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de
legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al
debido proceso.
Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un
mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.
2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son:
i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya
utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de
sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término
prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de
una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia
atacada.
4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y
viii) defecto por violación directa de la Constitución.
5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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3. Planteamiento del problema jurídico y delimitación del análisis
3.1. Por encontrar satisfechos los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencia judicial y teniendo en cuenta los
antecedentes del caso, corresponde a la Sala determinar, si al proferir la
sentencia del 22 de septiembre de 2021 dentro de proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho Nro. 50001-33-31-002-2010-00014-01 el
Tribunal Administrativo del Meta incurrió en los defectos por desconocimiento
de precedente y procedimental, al modificar el ordinal 4º de la decisión de
primera instancia, para ordenar descuentos del monto a pagar al accionante
José Ilvar Salas Alarcón.
3.2. Al margen de la postura que esta Sala de Decisión pueda tener, en relación
con la aplicación de la regla fijada por la Corte Constitucional en la sentencia
de unificación SU-556 de 2014 en cuanto a los descuentos de las sumas que
por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o
independiente, haya recibido el miembro de la Fuerza Pública durante el
tiempo que estuvo retirado del servicio, en razón del acto que se declara
ilegal en el respectivo medio de control, el análisis del defecto por
desconocimiento del precedente propuesto en el caso concreto, se
restringirá únicamente a los argumentos planteados por el accionante,
respecto de las providencias invocadas como desconocidas.
La anterior precisión se hace, porque en la actualidad existen dos líneas
jurisprudenciales en relación con la materia, no solo al interior de la Sección
Segunda del Consejo de Estado (como órgano de cierre en asuntos de
naturaleza laboral)6, sino también de las distintas Secciones y Subsecciones
de la Corporación como jueces constitucionales en las acciones de tutela
contra las providencias judiciales en las que se ha optado por una u otra
tesis, lo cual ha generado un sinnúmero de debates sobre cuál es el
precedente aplicable: el de la Corte Constitucional o, el del Consejo de
Estado7.
Al punto que, la Sala Plena de la Corporación consideró necesario adoptar
una posición unificada en lo relativo al restablecimiento del derecho de los
servidores públicos que han sido desvinculados ilegalmente de sus cargos y
a la procedencia de los descuentos de las sumas que hayan podido percibir
6 Al respecto: a) Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de septiembre de 2015, Expediente:
050012331000199800554 01, (0917-2012), en esta oportunidad se estudió el caso de un retiro del servicio
de un miembro de la Fuerza Pública por voluntad de la Dirección General; b) Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 09 de marzo de 2017, radicación: 11001-03-25-000-2013-01217-00 (3065-
13), en la que se analizó la destitución e inhabilidad de un miembro de la Policía Nacional, como
consecuencia de un proceso disciplinario.
Por su parte, la Sección Segunda, Subsección A, a) sentencia del 7 de mayo de 2020, Expediente
270012333000201300338 01 (4885-2014); b) sentencia del 11 de junio de 2020, Expediente 25000-23-42-
000-2016-03623-01(2838-19), en ambos casos, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, ejerce la facultad de apartamiento judicial frente al precedente de la Corte Constitucional sobre
este tema, señalando que para tal efecto debe exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos
que justifican la decisión.
7 Ver entre otras: a) Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de septiembre de 2015, radicación:
11001-03-15-000-2015-01161-01(AC); b) Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de mayo de
2016, Radicación: 11001-03-15-000-2016-00661-00 (AC); c) Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 27 de abril de 2016, radicación: 11001-03-15-000-2016-00779-00 (AC); d) Sección Cuarta, sentencia
del 11 de mayo de 2017, radicación: 11001-03-15-000-2016-03509-01 AC), e) Sección Primera, sentencia
del 25 de mayo de 2017, radicación: 11001-03-15-000-2017-00429-01(AC); f) Sección Quinta, sentencia
de 23 de marzo de 2017, radicación: 11001-03-15-000-2017-00470-00(AC).
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del Erario, o del sector privado o como trabajadores independientes, para lo
cual, mediante auto del 9 de agosto de 2017, avocó el conocimiento del
asunto para proferir la sentencia de unificación de jurisprudencia en el
expediente con radicación Nro. 11001-03-25-000-2017-00151-00 (0892-
2017). Decisión que a la fecha no se ha emitido.
En el auto del 9 de agosto de 2017, por el que la Sección Segunda solicitó a
la Sala Plena de la Corporación que asumiera a competencia para decidir el
asunto, por la importancia jurídica y económica que reviste, se expusieron las
siguientes justificaciones:
“…Con sentencia proferida el 28 de agosto de 1996, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo8 sostuvo que no eran procedentes los descuentos por razón de la
relación legal y reglamentaria que hubiesen tenido los empleados públicos durante el
lapso en que permanezcan desvinculados del servicio y que hayan dado lugar al pago
de salarios y prestaciones sociales por su trabajo, con fundamento en los siguientes
argumentos:
[…]
Pese a ello, la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 16 de mayo
de 20029 consideró que cuando se ordene el reintegro de un servidor público, debe
disponerse el descuento de todo lo percibido por él, con ocasión de los salarios
recibidos de otras entidades públicas, siempre y cuando sean incompatibles con el
servicio y no estén autorizados por la Ley.
Por lo anterior, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia proferida el día 29 de
enero de 200810, rectificó el criterio jurisprudencial de la Sección Segunda y reiteró la
tesis, según la cual, cuando la sentencia ordene el reintegro de un servidor público, no
es procedente el descuento de lo percibido por el demandante por concepto de
salarios recibidos de otras entidades públicas, al considerar que no se configuraba la
prohibición constitucional contemplada en el artículo 128, como quiera que las causas
de uno y otro pago son diferentes, pues mientras una es la efectiva prestación del
servicio, la otra ostenta un carácter indemnizatorio que deviene del restablecimiento
del derecho.
Desde entonces, esta línea jurisprudencial ha sido aplicada de manera unánime y
reiterada por la Sección Segunda de esta Corporación.
En el año 2011, la Corte Constitucional profirió la sentencia SU-691, en la cual acogió
la línea jurisprudencial del Consejo de Estado contenida en la sentencia de la Sección
Segunda del 16 de mayo de 2002, atrás aludida y dejó de lado la posición de la Sala
Plena de esta Corporación, al considerar que la orden de pagar al servidor público los
emolumentos dejados de percibir durante todo el tiempo que estuvo desvinculado del
servicio, debía acompañarse con una previsión acerca de la necesidad de descontar
de dicho pago, lo que la persona hubiere percibido del tesoro público por concepto de
desempeño de otros cargos públicos en ese período.
En la aludida sentencia, la Corte señaló que ordenar «[…] el descuento de lo percibido por
el actor, por concepto de desempeño en otros cargos públicos durante el intervalo de tiempo
que estuvo desvinculado, resulta ajustado a derecho, puesto que de lo contrario no sólo se
estaría generando un enriquecimiento sin causa, sino que además se vulneraría el artículo 128
Superior […]». Frente al punto, indicó que la indemnización a la que se tiene derecho
fruto del restablecimiento de un derecho por nulidad del acto acusado «[…] debe ser
tasada con base en parámetros objetivos que respondan a la justicia material. De tal suerte
que, mal puede tasarse la indemnización con base en salarios y prestaciones dejados de
percibir cuanto éstos y éstas se percibieron en total o relativamente medida Tesoro Público
[…]».
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de agosto de 1996.
Expediente S-638. C.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, sentencia del 16 de mayo
de 2002. Rad. 19001-23-31-1998-00397-01 (1659-01). C.P. Ana Margarita Olaya Forero.
10 Consejo de Estado, Sala plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 29 de enero de 2008. Rad.
76001-23-31-000-2000-02046-02, C.P. José María Lemos Bustamante.
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Posteriormente, en sentencia SU-556 de 2014, la Corte Constitucional precisó los
parámetros que debían tenerse en cuenta para los casos de las indemnizaciones de
quienes hubiesen sido desvinculados de un cargo de carrera que ocupaban en
provisionalidad. En efecto, en tal providencia la Corte amplió las reglas de decisión
contenidas en la sentencia SU-691 y dispuso que debían descontarse no solo los
salarios y prestaciones sociales que la persona desvinculada hubiese percibido del
Tesoro Público por concepto del desempeño de otros cargos públicos, durante el
tiempo que estuvo desvinculada, sino también los que hubiese percibido del sector
privado, ya sea como trabajador dependiente o independiente.
Adicionalmente, la Corte estableció que, en todo caso, la indemnización a ser
reconocida no podrá ser inferior a los seis (6) meses que según la Ley 909 de 2004 es
el término máximo de duración de la provisionalidad, ni superar los veinticuatro (24)
meses, puesto que operó la ruptura del nexo causal entre la ausencia de ingresos o el
nivel de los mismos y la desvinculación del servicio.
Por su parte, en la sentencia SU-054 de 2015, la Corte reiteró las reglas de reintegro y
montos de la indemnización aplicables en el caso de servidores públicos
desvinculados de cargos de carrera que ocupaban en provisionalidad.
Recientemente, la Corte Constitucional profirió la sentencia SU-354 de 2017, en la
cual abordó el caso de la desvinculación de un servidor público que aprobó un
concurso de méritos llevado a cabo por la entidad. En dicha providencia, la Corte
reiteró su posición en relación con los descuentos, y dispuso que al accionante debían
cancelársele todos los salarios y prestaciones dejadas de percibir, descontando de
ese monto las sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado,
dependiente o independiente haya recibido la persona, precisando que no aplicaba la
subregla, según la cual, la indemnización no podía ser inferior a 6 meses ni superior a
24, en virtud a que el cargo que desempeñaba era de carrera.
Las diferencias jurisprudenciales entre el Consejo de Estado y la Corte
Constitucional respecto del monto de la indemnización de los empleados
desvinculados de cargos de carrera que ocupaban en provisionalidad, y en lo
atinente a la procedencia de los descuentos por concepto de salarios y
prestaciones percibidos, han generado no solo inseguridad jurídica, sino
también un número creciente de acciones de tutela tendientes a que se aplique
uno u otro precedente. (Resaltos intencionales de la Sala)
Lo anterior, en la medida en que como sucedió en el presente asunto, algunos
despachos judiciales acogen el criterio plasmado en las decisiones de esta
Corporación, como lo hizo el a quo; otros jueces, como el tribunal de segunda
instancia, adoptan la línea trazada desde hace algún tiempo por la Corte
Constitucional, sin que dicha situación sea unánime en el Territorio nacional. Todo ello
no solo origina la interposición de acciones constitucionales como la de tutela, que
ocupan gran parte del tiempo de las altas cortes, sino que acrecienta el número de
recursos extraordinarios como el presente, lo cual implica una mayor inseguridad
jurídica y congestión judicial.
Adicionalmente, es importante señalar que el artículo 103 de la Ley 1437 de 2011, en
el inciso 3.º dispone «[…] en virtud del principio de igualdad, todo cambio de jurisprudencia
sobre el alcance y contenido de la norma, debe ser expresa y suficientemente explicado y
motivado en la providencia que lo contenga […]».
Por las razones anteriormente expuestas, y teniendo en cuenta que el precedente de
esta Corporación es de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, se considera
que es esta la competente para conocer del presente recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia, el cual, por demás, reviste la mayor importancia jurídica
y económica”.
[…]
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4. Defecto por desconocimiento del precedente judicial: alcance y su
análisis en el caso concreto
4.1. El precedente judicial alude a que un caso similar ya ha sido resuelto en el
pasado y sirve como referente para que se decidan otros conflictos
semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el
juez al momento de decidir el nuevo caso. Por lo anterior, la aplicación del
precedente busca armonizar y salvaguardar los principios de igualdad y
seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma
y, consecuentemente, se garantice el debido proceso del ciudadano.
La Corte Constitucional ha sostenido que la aplicación del precedente judicial
implica que11, “…un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con
el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de
fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la
consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del
caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una
distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”.
Para la Sala12, puede plantearse la transgresión del precedente si se
demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan
identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación; (ii)
que tales decisiones eran vinculantes para la autoridad judicial demandada,
tanto por ser el precedente vigente, como por tener la fuerza vinculante
suficiente; (iii) que la decisión judicial que se cuestiona en sede de tutela es
contraria al precedente vinculante, (iv) y que el juez de instancia no presentó
una justificación razonable para apartarse del precedente vinculante.
El desconocimiento del precedente constitucional, es una causal autónoma y
específica de procedibilidad, que se configura, entre otros motivos: (i) cuando
se contraría la ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad y/o (ii)
cuando se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado a
través de la ratio decidendi de sus sentencias de tutela, mucho más cuando
se trata de sentencias de unificación.
4.2. En la Sentencia SU-556 de 2014, la Corte Constitucional abordó lo
relacionado con los límites que deben ser tenidos en cuenta al momento de
definir el restablecimiento del derecho en casos en los que se ordena el
reintegro de personas que ocupaban cargos en provisionalidad. En esta
decisión, la Corte dispuso que:
«A título indemnizatorio, sólo se debe pagar el equivalente a los salarios y
prestaciones dejados de percibir hasta el momento de la sentencia, descontando de
ese monto las sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado,
dependiente o independiente, haya recibido la persona, sin que la suma a pagar
por indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de
veinticuatro (24) meses de salario.» (Resaltos intencionales).
Posteriormente, en Sentencia SU-053 de 2015, la Corte Constitucional
extendió esa pauta a los miembros de la Fuerza Pública que, con ocasión de
la declaratoria de nulidad del acto de retiro, debían ser indemnizados como
resultado del acto ilegal que ocasionó su retiro de la respectiva institución.
11 Corte Constitucional. SU-573 de 2017.
12 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 23 de abril de 2014. Expediente No. 11001-03-15-000-
2013-02625-00. C.P. Jorge Octavio Ramírez.
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4.3. Sostiene el actor que, al modificar el ordinal 4º de la decisión del juzgado y
disponer que sobre los pagos de salarios y prestaciones dejados de percibir,
se descuenten las sumas que por cualquier concepto laboral, dependiente o
independiente, haya recibido durante el lapso que estuvo desvinculado, y las
deducciones de ley a que haya lugar, el Tribunal accionado desconoció el
precedente sentado en fallos de tutela del 2 de julio de 2016 y 16 de enero
de 2019 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, referenciados en
acápite anterior.
A juicio del actor, en esos fallos se indicó que la regla señalada en la
sentencia SU-556 de 2014, que la sentencia SU-053 de 2015 extendió a
miembros de la Fuerza Pública, no aplica en caso de reintegro de miembros
desvinculados por disminución de capacidad psicofísica, como es su caso.
4.4. Frente al presunto desconocimiento del precedente que alega el actor, debe
decirse que, tanto la Sección Segunda del Consejo de Estado como órgano
de cierre en asuntos de naturaleza laboral, como las distintas Secciones y
Subsecciones de la Corporación como jueces constitucionales en las
acciones de tutela contra las providencias judiciales, han expuesto criterios
disímiles frente al precedente aplicable respecto del restablecimiento del
derecho en casos de reintegro de servidores públicos, como consecuencia
de la nulidad del acto de desvinculación, y más concretamente, frente a la
procedencia o no de descuentos de las sumas reconocidas en razón del
reintegro, de allí que el juez de la causa, se encontrara habilitado para
acoger alguna de las posturas existentes, exponiendo motivadamente las
razones de su decisión.
Para el efecto, se ilustra lo siguiente:
4.4.1. Actuando como juez ordinario, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado ha acogido el precedente
constitucional en las sentencias del 10 de septiembre de 2015,
Expediente: 05001-23-31-000-1998-00554-01 (0917-2012), y del
sentencia del 9 de marzo de 2017, Expediente: 11001-03-25-000-
2013-01217-00 (3065-13).
Por su parte, la Subsección A ha ejercido la facultad de
apartamiento judicial frente al precedente de la Corte Constitucional
sobre este tema, señalando que para tal efecto debe exponer clara y
razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican la decisión,
en las sentencias del 7 de mayo de 2020, Expediente 27001-23-33-
000-2013-00338-01 (4885-2014); y del 11 de junio de 2020,
Expediente 25000-23-42-000-2016-03623-01(2838-19).
4.4.2. En las providencias de tutela que se alegan como desconocidas, la
Sección Segunda ha considerado que “no es posible la aplicación del
precedente jurisprudencial fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-
053 de 2015, comoquiera que los topes de indemnización se previeron para los
miembros de la Fuerza Pública retirados en ejercicio de la facultad discrecional y
no para aquellos retirados por disminución de su capacidad psicofísica” (fallo de
tutela de la Subsección B, del 16 de enero de 2019, radicado 2018-
04124-00, CP. César Palomino Cortés).
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4.4.3. Por su parte la Sección Cuarta, en casos con iguales contornos a los
del actor, ha sido del criterio que las reglas señaladas por la corte en
la sentencia SU-556 de 2014, que extendió a miembros de las
Fuerza Pública la sentencia SU-053 de 2015, aplica en todos los
eventos, no solo para cuando se trata del reintegro de miembros que
habían sido retirados del servicio discrecionalmente, sino también
para los eventos que lo hubieran sido por disminución de capacidad
psicofísica.
Así, por ejemplo, en fallo de tutela del 22 de marzo de 2018
(Radicado Nro. 2017-01344-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez), sobre el tema esta Sala dijo que “Independientemente del
motivo por el cual fue retirado el servidor público, si el Juez declara la nulidad
del acto administrativo de su desvinculación al establecer que es contrario al
orden legal y ordena su reintegro, no puede desconocer los referidos topes
señalados por la Corte Constitucional”.
Posición reiterada en fallo de tutela del 24 de abril de 2019 (Radicado
Nro. 2018-04648-00, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto), en el que,
respecto a la aplicación de las sentencias de la Corte, dijo:
“[…] la subregla de derecho que allí se establece se extiende, sin distinción
alguna, a los casos en los que se declara la nulidad del acto administrativo
de retiro de los miembros de Fuerza Pública, por lo que la causal que motivó
el retiro, así como el tipo de vinculación con la institución, no tienen
incidencia directa en la aplicación de la misma. Al respecto, se resalta que la
finalidad que se persigue con las sentencias de unificación cuya regla se
aplicó por parte de las autoridades judiciales demandadas es proteger el
erario y evitar pagos excesivos y desproporcionados en relación con el daño
sufrido a causa de la desvinculación […]”.
4.4.4. Por su parte, la Sección Primera del Consejo de Estado ha
considerado que los topes indemnizatorios, mínimo de seis meses y
máximo de veinticuatro meses de salario, señalados en la sentencia
SU-556 de 2014, solo aplican en caso en caso de reintegros por
retiro discrecional.
No obstante, es del criterio que, en casos de retiro por disminución
de capacidad psicofísica, aplica la sentencia de unificación SU-556
de 2014 en cuanto a los descuentos de las sumas que por cualquier
concepto laboral, dependiente o independiente, haya recibido el
miembro de la Fuerza Pública durante el tiempo que estuvo retirado,
indemnizando de ese modo el daño realmente causado.
En fallo de tutela del 4 de octubre de 2018 (Radicado Nro. 2018-
01327-01, CP. Hernando Sánchez Sánchez), que decidió el caso de
un miembro de la Fuerza Pública retirado por disminución de
capacidad psicofísica, la Sección Primera precisó lo siguiente:
“116. Para la Sala, al igual que lo planteó el a quo en el presente caso, la
regla jurisprudencial establecida en la sentencia SU-556 de 2014, con
respecto a los descuentos de lo percibido por la parte actora, por concepto
de salarios recibidos en otras entidades privadas o públicas, independiente o
dependiente, si es aplicable al caso concreto, toda vez que:
[…]
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117. En las anteriores condiciones esta Sala considera que en el caso sub
examine si es procedente ordenar los descuentos de lo percibido por la parte
actora, por concepto de salarios recibidos en otras entidades privadas o
públicas, independiente o dependiente, durante el tiempo en que estuvo
desvinculado del servicio activo de la Policía Nacional”.
4.5. Como puede verse, en la decisión cuestionada el Tribunal Administrativo del
Meta expresamente acogió el criterio señalado por la Sección Primera, en el
sentido que el tope mínimo y máximo indemnizatorio señalado por la Corte
en la sentencia SU-556 de 2014 no aplica al caso del actor, pero sí aplica lo
señalado en ella en cuanto a ordenar los descuentos que por cualquier
concepto laboral haya recibido durante el tiempo que estuvo desvinculado de
la institución militar.
Además, el Tribunal señaló que en sentencia del 26 de agosto de 2021 ya
había decidido un caso con similares supuestos al del actor, en el que aplicó
el criterio de la Sección Primera.
Textualmente, en la providencia cuestionada, dijo el Tribunal:
“En este punto, la Sala pone presente que el Consejo de Estado 13 ha concluido que en
los casos de retiro del servicio por diminución de la capacidad laboral no se aplica el
precedente jurisprudencial respecto del límite indemnizatorio fijado en la sentencia
SU-556 de 2014, el cual se hizo extensivo a los miembros de la Fuerza Pública en la
providencia SU-053 de 2015, en el entendido que los casos allí analizados
corresponden a personal de la Policía Nacional que fue retirado de la institución a
través de actos administrativos de retiro discrecional, circunstancia que difiere de la
aquí estudiada que obedeció a la disminución de la capacidad laboral del
demandante.
No obstante, explicó que el precedente establecido en la sentencia SU-556 de 2014
resultaba aplicable, exclusivamente para establecer los montos a descontar en virtud
de las sumas que por cualquier concepto laboral público o privado, independiente o
dependiente haya recibido la persona desde el momento que fue desvinculada y hasta
cuando se haga el reintegro. Pues “independientemente de la expectativa de
permanencia en el cargo o de la estabilidad que se predica en mayor o en menor
medida en una u otra clase de vinculación, la premisa sigue siendo la misma, esto es,
que el reintegro se realice sin solución de continuidad, con el pago de los salarios y
prestaciones efectivamente dejados de percibir, descontando de ese monto las sumas
que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente,
haya recibido la persona, indemnizando de ese modo el daño realmente causado.”
Postura que fue reiterada por la misma Corporación en sentencia de tutela del 16 de
enero de 201914, en la que se concluyó que el precedente jurisprudencial SU-053 de
2015 no era aplicable en los casos de retiro por disminución de la capacidad
psicofísica, en razón a que los topes indemnizatorios se “previeron para los miembros
de la Fuerza Pública retirados en ejercicio de la facultad discrecional y no para
aquellos retirados por disminución de su capacidad psicofísica.”
De igual manera, esta Corporación, en sentencia del 26 de agosto de 2021 15, al
resolver asunto similar concluyó que en los eventos en los cuales se ordenaba el
reintegro de miembros de la Fuerza Pública que han sido retirados por disminución de
la capacidad laboral, era procedente aplicar el precedente jurisprudencial de la Corte
Constitucional SU-556 de 2014 a efectos de ordenar los descuentos que por cualquier
13 “Consejo de Estado - Sección Primera - sentencia del 4 de octubre de 2018 - Rad. 11001-03-15-000-2018-
01327-01 - MP. Hernando Sánchez Sánchez”.
14 “Consejo de Estado - Sección Segunda -Subsección B -sentencia del 16 de enero de 2019 - Rad. 11001-
03-15-000-2018-04124-00 - MP. César Palomino Cortés”.
15 “Tribunal Administrativo del Meta - Sentencia del 26 de agosto de 2021 - Rad. 500013333002-2015-00424-
01, MP. Héctor Enrique Rey Moreno”.
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concepto haya recibido el militar durante el lapso de tiempo que estuvo desvinculado
de la institución. Al respecto indicó:
“En este punto se precisa que el H. Consejo de Estado en sentencia de tutela del 4 de
octubre de 2018 señaló que el precedente fijado en la sentencia SU- 556 de 2014 de la
Corte Constitucional, en lo que atañe al tope a pagar por concepto de los salarios y
prestaciones dejados de percibir, no resulta aplicable en los casos de retiro por
disminución de la capacidad psicofísica; no obstante, se estipuló que sí es procedente la
aplicación de dicha sentencia de unificación en lo que respecta al descuento de las
sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado, independiente o
dependiente, se hayan recibido, toda vez que la esencia del restablecimiento del derecho
es retrotraer las cosas a su estado inicial, luego de hacer cesar los efectos jurídicos del
acto administrativo que lesionó los derechos del ciudadano y, por consiguiente, ese tipo
de condenas están dirigidas a reintegrar al funcionario al cargo que venía
desempeñando y al pago de los salarios y las prestaciones dejados de percibir, creando
una ficción jurídica de que aquel nunca fue retirado del servicio .”
Conforme a lo indicado y al precedente jurisprudencial, la Sala considera viable a título
de restablecimiento del derecho ordenar el reintegro del señor José Ilvar Salas
Alarcón en el grado que ostentaba al momento de su retiro, reubicándolo en un cargo
del mismo rango o superior, con la misma remuneración o superior atendiendo sus
capacidades físicas y de acuerdo con las recomendaciones que realice la Junta
Médica Laboral y el Tribunal Médico Laboral; así mismo, a que se le pague el
equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir, descontando de ese
monto las sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o
independiente, haya recibido durante dicho lapso de tiempo; así como las deducciones
de ley a que haya lugar”.
4.6. Para la Sala es claro que en el presente caso no se puede hablar de
desconocimiento de precedente jurisprudencial, habida consideración que
luego de proferidas las sentencias de la Corte Constitucional no existe un
criterio unificado del Consejo de Estado, respecto de la aplicación total o
parcial de la regla señalada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-
556 de 2014, y que la sentencia SU-053 de 2015 extendió a miembros de la
Fuerza Pública, cuando el retiro ocurrió por disminución de capacidad
psicofísica, al punto, que el asunto se encuentra pendiente de ser resuelto
por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación.
Por eso, los fallos de tutela de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
que se alega como desconocidos, carecen de la fuerza vinculante suficiente
que se requiere para plantear la transgresión del precedente. De ahí que la
Corporación judicial accionada podía, dentro de su autonomía e
independencia, acoger y aplicar cualquiera de los criterios existentes en el
Consejo de Estado sobre el tema. En este caso, aplicó el criterio que en sede
de tutela ha desarrollado la Sección Primera del Consejo de Estado.
5. Defecto procedimental: alcance y su análisis en el caso concreto
5.1. La Corte Constitucional ha señalado que se incurre en defecto procedimental
“…cuando el funcionario judicial encargado de adoptar la decisión no actúa ciñéndose a los
postulados procesales aplicables al caso y, a contrario sensu, desconoce de manera
evidente los supuestos legales, lo cual finalmente deriva en una decisión manifiestamente
arbitraria que, [de manera directa], vulnera derechos fundamentales” 16.
Igualmente, la Corte ha reconocido dos modalidades de este defecto: 1)
absoluto, que se configura cuando el funcionario judicial se aparta por
completo del procedimiento legalmente establecido, y 2) por exceso ritual
16 Sentencia T-388 de 2015. En similar sentido se pueden consultar las sentencias T-096 de 2014; T-160, T-
444, T-620 y T-674 de 2013, entre otras.
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manifiesto, que tiene lugar cuando hay una renuncia consciente de la verdad
jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de
las normas procesales.
5.2. En el caso examinado, una de las pretensiones que a título de
restablecimiento solicitó el actor en la demanda ordinaria (que obra en índice
10 Samai), como resultado de la nulidad del acto administrativo por el cual
fue retirado del servicio, es que se ordenara pagarle salarios y prestaciones
dejados de percibir desde su retiro hasta cuando se hiciera efectivo su
reintegro.
En la sentencia de primera instancia, el Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito de Villavicencio, accedió a las pretensiones de la demanda, entre
ellas, lo que dispuso en el ordinal 4º de su decisión, condenó a pagarle al
actor, “todos los sueldos, prestaciones sociales y emolumentos dejados de percibir desde
el momento del retiro hasta su reincorporación”. (Índice 10 Samai, donde obra el
expediente digitalizado del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho).
En su decisión, el Juzgado analizó cada una de las causales de nulidad que
invocó el demandante para cuestionar la legalidad del acto de retiro, pero, a
efectos de imponer la condena en el ordinal 4º, no hizo referencia alguna a
las sentencias de la Corte Constitucional sobre los límites indemnizatorios.
Finalmente, debe decirse que en su apelación, la Nación, Ministerio de
Defensa, Ejército Nacional, solicitó que se revocara totalmente el fallo de
primera instancia y que, en su lugar, se negaran las pretensiones de la
demanda (índice 10 Samai), expuso las razones por las que consideraba que
el acto de retiro del señor José Ilvar Salar Alarcón se encontraba ajustado a
la legalidad, y controvirtió los argumentos del juez de primera instancia para
declarar su nulidad.
5.3. El Consejo de Estado ha dicho que, para efectos de resolver la apelación,
resulta imprescindible analizar puntos que, si bien no constituyen objeto del
recurso, guardan estrecha relación con aquellos que sí lo son.
Así lo recordó la Sección Tercera, Subsección A, en sentencia del 24 de
mayo de 2018 (Radicado Nro. 56.371, CP. Marta Nubia Velásquez Rico), que
reiteró lo que había dicho esa Sección en fallo de unificación17, al indicar “que
cuando el apelante único impugna un aspecto global de la sentencia, el juez de segunda
instancia está facultado para revisar todos los aspectos que estén intrínsecamente
relacionados con su recurso de apelación”, aunque de manera expresa no se haya
referido a ellos el apelante.
En el presente caso, para la Sala resulta evidente que el aspecto relacionado
con el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir está
intrínsecamente relacionado con la apelación, toda vez que el propósito
global del recurso de apelación era que se revocara en su totalidad el fallo
del juzgado y se negaran las pretensiones de la demanda, y entre esas
pretensiones está la condena a pagar salarios y prestaciones dejados de
percibir durante el tiempo que estuvo desvinculado el actor, por lo cual el
17 Sentencia de unificación jurisprudencial del 6 de abril de 2018, expediente 46.005, CP. Danilo Rojas
Betancourth.
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Tribunal podía revisar la condena que en tal sentido impuso la primera
instancia en el ordinal 4º de su decisión, y modificarla, en los términos que lo
hizo. Así lo señaló el Tribunal en su decisión:
“7. Del restablecimiento del derecho.
Debe mencionarse en este punto, que en el fallo recurrido se dispuso que a título de
restablecimiento del derecho la entidad demandada debía reintegrar al señor José
Ilvar Salas Alarcón en el grado que ostentaba al momento de su retiro, reubicándolo
en un cargo del mismo rango o superior, con la misma remuneración o superior
atendiendo sus capacidades físicas y le ordenó pagar todos los “sueldos, prestaciones
sociales y emolumentos dejados de percibir desde el momento del retiro hasta su
reincorporación..”
No obstante, en atención a que el recurso de apelación se encamina a la revocatoria
de la totalidad de la sentencia de la primera instancia, es posible analizar el aspecto
de la condena en esta instancia, teniendo en cuenta los parámetros fijados por la
Corte Constitucional en la Sentencias SU-556 del 24 de julio de 2014. […]”. (subrayas
ajenas al texto trascrito).
5.4. Contrario a lo que sostiene el actor, el Tribunal accionado no excedió su
competencia funcional, por el hecho de abordar la revisión de la condena
impuesta en el ordinal 4º del fallo apelado, no solo por tratarse de un aspecto
planteado en las pretensiones de la demanda, sino por estar íntimamente
ligado con el recurso de apelación, máxime que, como lo precisó la
Corporación judicial accionada, el propósito de la alzada fue la revocatoria
total de la sentencia de primera instancia.
Es más, considera esta Sala que la condena impuesta en la decisión de
primera instancia, se trata de un asunto consustancial a la declaratoria de
nulidad del acto de retiro, por ende, no podría sostenerse que no estaba
relacionada con el objeto del recurso de apelación. Por lo tanto, el Tribunal
estaba facultado para revisar no solo las causales por las cuales el juez de
primera instancia declaró la nulidad del acto demandado, sino lo atinente a la
condena impuesta en el ordinal 4º del fallo apelado.
En consecuencia, en la providencia cuestionada, el Tribunal no incurrió en el
defecto por error procedimental alegado.
6. Conclusión
Por las razones expuestas, concluye la Sala que en el presente asunto no se
encuentran configurados los defectos por desconocimiento de precedente
jurisprudencial y por error procedimental alegados por la parte actora, motivo por
el cual se negarán las pretensiones de la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por José Ilvar Salas
Alarcón, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
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Demandante: José Ilvar Salas Alarcón
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
15
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