Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-10902-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2021-10902-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-10902-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2021-10902-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
29 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintidós (2022)
Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2021-10902-011
Actora : Perenco Oil and Gas Colombia Limited
Demandados : Magistrados de la sección cuarta del Consejo de Estado
Tema : Tutela contra providencia judicial; derecho constitucional
fundamental al debido proceso
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la demandante contra
la sentencia de 4 de marzo de 2022, proferida por el Consejo de Estado
(subsección A de la sección tercera), que declaró improcedente la acción de
tutela.
I. ANTECEDENTES
1.1 La solicitud de amparo. La empresa Perenco Oil and Gas Colombia
Limited, por conducto de su representante legal, presenta acción de tutela con
el fin de obtener la protección de su derecho constitucional fundamental al
debido proceso, presuntamente quebrantado por los señores magistrados de la
sección cuarta del Consejo de Estado.
Como consecuencia de lo anterior, pide se deje sin efectos el fallo de 26 de
agosto de 2021, mediante el cual el Consejo de Estado (sección cuarta)
confirmó el de 9 de octubre de 2019, con el que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (subsección A de la sección cuarta) accedió parcialmente a las
pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido contra la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales (DIAN) [expediente 25000-23-37-000-2014-00435-
00]; en su lugar, se ordene a las autoridades accionadas que emitan una nueva
providencia en la que concedan la totalidad de las súplicas formuladas en el
aludido asunto contencioso-administrativo.
1.2 Hechos. Relata la accionante que el 15 de abril de 2010 presentó a la
DIAN declaración de renta correspondiente al año gravable 2009, por un
valor a cancelar de $68.737ʼ071.000, y el 2 de abril de 2012 recibió el
1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10902-01
Actora: Perenco Oil and Gas Colombia Limited
requerimiento 312382012000043 de la división de gestión de fiscalización de
la dirección seccional de grandes contribuyentes del ente estatal, en el que se
señaló que debió pagar por ese tributo $13.080ʼ988.000 más y era procedente
imponerle sanción por inexactitud equivalente a $20.929ʼ581.000.
Que el 29 de junio de 2012 se opuso al cobro de «la deducción por valor de
$39.639ʼ356.924», toda vez que correspondía a gastos relacionados con la
exploración de hidrocarburos (sísmica, geología y geofísica), «valores que no
deben ser registrados como cargos diferidos y amortizados año tras año», no
obstante, el 19 de diciembre de ese año el ente estatal dictó la liquidación
oficial de revisión 312412012000107, en el que confirmó la suma establecida
en el precitado requerimiento.
Dice que contra la mencionada liquidación interpuso recurso de
reconsideración, habida cuenta de que las modificaciones que hizo la DIAN a
su declaración de renta del año gravable 2009 eran contrarias al ordenamiento
jurídico, desatado por la subdirección de gestión de recursos jurídicos del
nivel central del referido organismo, con Resolución 900.005 de 15 de enero
de 2014, en el sentido de confirmar la decisión administrativa recurrida.
Que el 2 de mayo de 2014 promovió medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la DIAN (expediente 25000-23-37-000-
2014-00435-00), con el propósito de (i) obtener la anulación de la liquidación
oficial de revisión 312412012000107 de 19 de diciembre de 2012 y de la
Resolución 900.005 de 15 de enero de 2014, (ii) que se declare que no tiene
obligación pendiente por cancelarle a la parte demandada y (iii) se archive el
procedimiento administrativo surtido en su contra.
Sostiene que del asunto ordinario conoció el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (subsección A de la sección cuarta), que el 9 de octubre de
2019 declaró la nulidad de los actos administrativos enjuiciados, únicamente
en lo referente al monto de la sanción por inexactitud, dado que debía ser el
100% de la diferencia entre lo pagado y lo que se debió cancelar por concepto
de impuesto a la renta y no el 160%, como se estableció en sede
administrativa. No obstante, se imponía negar las demás súplicas, en razón a
que los costos de sísmica, geología y geofísica no fueron reportados como
activos diferidos, pese a tener esa condición, por cuanto comportan
inversiones de las cuales se espera obtener rendimientos económicos.
Que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación, con el
2
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10902-01
Actora: Perenco Oil and Gas Colombia Limited
argumento de que como no se tiene certeza de que los gastos de la
exploración petrolera generen rentabilidad, porque es posible que no sea dable
explotar hidrocarburos en determinado sitio, no era factible catalogarlos como
activos diferidos, alzada desatada el 26 de marzo de 2021 por el Consejo de
Estado (sección cuarta), en el sentido de confirmar la sentencia de primera
instancia, toda vez que en el eventual caso de que las aludidas inversiones no
conlleven rendimiento económicos, pueden ser amortizables, es decir,
deducibles, de acuerdo con los artículos 142 y 143 del Estatuto Tributario.
Afirma que la providencia censurada incurre en defecto sustantivo, por cuanto
aplicó los artículos 142 del Estatuto Tributario y 35 y 67 del Decreto 2649 de
1993, pese a que esas normas no regulan la situación fáctica y jurídica objeto
de controversia, comoquiera que regulan los activos diferidos y esa condición
no la tienen los costos propios de la exploración de hidrocarburos, en razón a
que no generan prima facie un provecho monetario futuro susceptible de ser
gravado, pues es probable que, luego de incurrir en ellos, se determine que no
se puede explotar petróleo en el área estudiada.
Que el fallo reprochado también involucra la mencionada causal específica de
procedibilidad, puesto que se concluyó que debía ser sancionada por
inexactitud en la declaración de renta, sin advertir que el artículo 647 del
Estatuto Tributario prevé que no es procedente imponer ese correctivo,
cuando la presunta irregularidad se deriva de interpretaciones razonables del
ordenamiento jurídico, supuesto que la cobija, dado que la inferencia de que
los gastos de exploración petrolera no son activos diferidos, corresponde a
una deducción plausible del sistema normativo.
Agrega que la sentencia atacada está viciada por defecto fáctico, habida
cuenta de que no analizó las pruebas allegadas al proceso ordinario 25000-23-
37-000-2014-00435-00, en particular, los conceptos de expertos contables, de
los cuales se infería que la sísmica, geología y geofísica no comportan
actividades que inevitablemente generen rendimiento económico, porque son
tareas incipientes cuyo resultado es incierto.
Que la decisión judicial cuestionada desconoce el precedente, por cuanto
inobservó el criterio expuesto en salvamentos de voto de sentencias emitidas
por el Consejo de Estado (sección cuarta)2, según el cual no pueden «cargarse
2
Fallos de (i) 24 de junio de 2021, expediente 25000-23-37-000-2015-00846-00; (ii) 26 de agosto siguiente,
expediente 25000-23-37-000-2014-00435-01; y (iii) 9 de septiembre de ese año, expediente 25000-23-37-
000-2016-01653-01.
3
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10902-01
Actora: Perenco Oil and Gas Colombia Limited
en el activo diferido» los gastos sobre los que no se tiene certeza de que
generarán rentabilidad, en consecuencia, cuando no se consignen como tal en
la declaración de renta, resulta improcedente la imposición de la sanción por
inexactitud.
1.3 Contestaciones de la acción.
1.3.1 El señor director general de la DIAN, a través de la señora subdirectora
de representación externa del organismo que regenta, pide declarar
improcedente la tutela de la referencia, comoquiera que la actora la emplea
con la finalidad de revivir la controversia desatada mediante el fallo
censurado, es decir, como una tercera instancia, lo que desnaturaliza este
mecanismo constitucional.
Que la providencia enjuiciada se dictó en atención a una interpretación
razonable del artículo 142 del Estatuto Tributario y luego de que se valoraran,
bajo los criterios de la sana crítica, los medios de convicción obrantes en el
expediente 25000-23-37-000-2014-00435-00, lo que impide atribuirle
quebranto del derecho fundamental al debido proceso. Asimismo, carece de
asidero jurídico el presunto desconocimiento del precedente, dado que se
funda en una supuesta desatención de salvamentos de voto de sentencias del
Consejo de Estado, no obstante, estos carecen de fuerza vinculante, de manera
que no merece reproche alguno que las autoridades accionadas los hayan
inobservado.
1.3.2 Los señores magistrados de la sección cuarta del Consejo de Estado, por
conducto de la ponente de la sentencia atacada, aseveran que la presente
acción carece de relevancia constitucional, en razón a que la demandante
utiliza esta acción como una instancia adicional al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 25000-23-37-000-2014-00435-00, tal como lo
demuestra el hecho de que en la solicitud de amparo plantea los mismos
argumentos desestimados en ese asunto contencioso-administrativo.
Que en el fallo acatado interpretaron razonablemente los artículos 67 del
Decreto 2649 de 1993 y 142 del Estatuto Tributario, pues de los ellos se
infiere que los gastos propios de la exploración de hidrocarburos comportan
activos diferidos, toda vez que tienen la entidad de aumentar el patrimonio de
la empresa que la realiza, por consiguiente, la actora debió reportarlos en la
declaración de renta del año gravable 2009, lo que no aconteció, motivo por el
cual la DIAN contaba con la potestad de incrementar el monto del tributo e
4
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10902-01
Actora: Perenco Oil and Gas Colombia Limited
imponer la sanción por inexactitud.
1.4 Providencia impugnada. El Consejo de Estado (subsección A de la
sección tercera), mediante sentencia de 4 de marzo de 2022, declaró
improcedente la tutela por carecer de relevancia constitucional, puesto que la
actora la utiliza con el fin de obtener un nuevo pronunciamiento sobre el
litigio dirimido por medio de la determinación judicial cuestionada, tal como
lo acredita el hecho de que los argumentos planteados en sede ordinaria y
desestimados por las autoridades accionadas, son los mismos expuestos en la
solicitud de amparo.
1.5 Impugnación. Inconforme con la anterior decisión, la tutelante la
impugnó, con fundamento en las mismas aseveraciones consignadas en el
escrito inicial, a las que agrega que el asunto debatido tiene relevancia
constitucional, por cuanto emplea la tutela con el propósito de obtener la
protección de la garantía superior al debido proceso, trasgredida por una
interpretación inadecuada del marco jurídico, mas no con la finalidad de
convertir este instrumento judicial en una tercera instancia.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia. En virtud de los artículos 323 del Decreto ley 2591 de
19914 y 255 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20196 expedido por la sala
plena del Consejo de Estado, esta subsección es competente para conocer de
la presente impugnación.
2.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de
la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992,
1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera
3
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro
de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente […]».
4
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
5
«[…]
Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán
a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán
resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el
reparto.
[…]».
6
«Reglamento interno del Consejo de Estado».
5
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10902-01
Actora: Perenco Oil and Gas Colombia Limited
que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la
tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional
fundamental que pueda comportar la sentencia de 26 de agosto de 2021, por
cuyo conducto el Consejo de Estado (sección cuarta) confirmó la de 9 de
octubre de 2019, con la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
(subsección A de la sección cuarta) accedió parcialmente a las pretensiones
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido
por la tutelante contra la DIAN (expediente 25000-23-37-000-2014-00435-
00); y, en caso afirmativo, si se ha vulnerado la garantía superior al debido
proceso invocada en la solicitud de amparo.
2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate
jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que
declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la
amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en
sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en
apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de
hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y
desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la
acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el
reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la
administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos
fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia
fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura
cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos
protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión
controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii)
defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de
6
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10902-01
Actora: Perenco Oil and Gas Colombia Limited
sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el
que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del
proceso establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de
unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las
cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional
destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de
manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos
porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora. (v) Que el actor identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial
siempre que esto hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.
Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
7
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10902-01
Actora: Perenco Oil and Gas Colombia Limited
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta
procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de
competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto
fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto
material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo
adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante
del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la
Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de
vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una
burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan
derechos fundamentales.
Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo
del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales7, rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 20128, en el sentido de disponer
que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando
7
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-
administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2)
31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P.
Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de
junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-
0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia
López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
8
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
8
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10902-01
Actora: Perenco Oil and Gas Colombia Limited
vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los
parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con
anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos9.
2.5 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que
(i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la
presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso de la
actora10; (ii) contra el fallo acusado no procede recurso alguno, por cuanto fue
emitido en segunda instancia y se encuentra ejecutoriado; (iii) se
establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de la aludida
garantía superior; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, toda vez que la
determinación judicial atacada se profirió el 26 de agosto de 2021 y la
solicitud de amparo se instauró el 24 de noviembre siguiente, es decir, dentro
de un término prudencial (2 meses y 28 días); y (v) la providencia acusada no
desató una acción de tutela.
En razón a que se colman los presupuestos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, esta Sala examinará el fondo
del asunto, conforme a las causales específicas denominadas defectos
sustantivo y fáctico y desconocimiento del precedente.
2.5.1 Hechos probados. Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el
expediente, se destaca:
a) El 15 de abril de 2010 la demandante presentó declaración de renta
correspondiente al año gravable 2009, en la que reportó «otras deducciones»
e «impuesto a cargo» por valores de $314.770ʼ380.000 y $77.419ʼ227.000,
9
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008,
exp. 2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P.
Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de
febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp.
2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp.
2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve.
10
En ese sentido, no se compadece de la situación de la demandante la determinación adoptada en el fallo de
primera instancia, emitido dentro del asunto de la referencia, por cuanto los argumentos invocados en el
escrito inicial conciernen a la posible configuración de las causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales denominadas defectos sustantivo y fáctico y desconocimiento del
precedente, que de demostrarse afectarían garantías superiores de la accionante, lo que impone efectuar un
análisis del fondo del presente asunto.
9
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10902-01
Actora: Perenco Oil and Gas Colombia Limited
respectivamente, y canceló por concepto de impuesto sobre la renta la suma
de $68.737ʼ071.000.
b) La división de gestión de fiscalización de la dirección seccional de grandes
contribuyentes de la DIAN, mediante auto de apertura 312820110000293 de
18 de abril de 2010, ordenó iniciar investigación contra la actora, con el fin de
verificar las bases gravables del año 2009, la cual arrojó como resultado que
los gastos atañederos a la exploración petrolera (sísmica, geofísica y geología)
no fueron reportados como cargos diferidos, pese a que de ellos se esperaba
recibir un rendimiento económico, motivo por el cual el ente estatal expidió el
requerimiento 312382012100043 de 2 de abril de 2012, con el fin de que la
demandante se pronunciara sobre el particular, frente a lo que esta indicó que
no se tenía certeza de que esos emolumentos generarían rentabilidad futura,
por ende, no tenían que reportarse como activos en la declaración de renta.
c) Mediante liquidación oficial de revisión 312412012000107 de 19 de
diciembre de 2012, la referida dependencia de la DIAN estableció que por el
impuesto a la renta del año gravable 2009 la accionante debió pagar
$102.747ʼ640.000 (valor al que se le incluyó los costos de exploración de
petrolero como cargos diferidos) y no $68.737ʼ071.000, por lo que le ordenó
cancelar la respectiva diferencia y la sancionó por inexactitud en la
declaración con $20.929.581.000, determinación administrativa contra la cual
interpuso recurso de reconsideración, con el mismo argumento planteado en
la contestación del requerimiento 312382012100043 de 2 de abril de 2012,
esto es, que los precitados costos no constituyen activos.
d) Con Resolución 900.005 de 15 de enero de 2014, la subdirección de
gestión de recursos jurídicos de la dirección de gestión jurídica de la DIAN
desató el aludido recurso, en el sentido de confirmar la decisión inicial,
habida cuenta de que los mencionados costos son activos diferidos, en razón a
que de ellos se espera recibir un usufructo, por tanto, tenían incidencia en el
impuesto a la renta del año gravable 2009, pero como no se incluyeron en la
declaración bajo aquella condición, resultaba necesario imponer la sanción
por inexactitud y realizar la corrección de la suma a cancelar.
e) La accionante promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la DIAN (expediente 25000-23-37-000-2014-00435-00), con
el propósito de obtener la anulación de los actos administrativos enunciados
en las letras c y d y la declaración de que los gastos de sísmica, geofísica y
geología no son cargos diferidos, porque no generan certeza de rentabilidad,
10
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10902-01
Actora: Perenco Oil and Gas Colombia Limited
por ende, no debían consignarse como activos en la declaración de renta del
año gravable 2009, situación que hacía improcedente aumentar el monto a
sufragar como impuesto a la renta en esa anualidad y sancionarla por
inexactitud.
Con la demanda se adosaron conceptos del señor Ricardo Téllez Trujillo, del
área de auditoría de la empresa Deloitte & Touche Ltda. y de la Universidad
Externado de Colombia y certificado de «KPMG de 30 de mayo» de ese año,
en las que se indican en qué consisten las actividades de exploración de
hidrocarburos y que no involucran un inminente provecho económico,
premisa de la que se infiere que los costos de ellas no son un activo.
f) Del asunto contencioso-administrativo conoció el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca (subsección A de la sección cuarta), que el 15 de
septiembre de 2016 lo admitió y el 18 de julio de 2017 celebró audiencia
inicial11, en la que desestimó las excepciones opuestas por la allí demandada y
decretó como pruebas los documentos allegados con la demanda ordinaria y
que dan cuenta de los hechos expuestos en precedencia.
g) El 9 de octubre de 2019 el aludido Tribunal accedió parcialmente a las
pretensiones, toda vez que anuló los actos administrativos, únicamente en lo
atañedero al monto de la sanción por inexactitud, puesto que la redujo del
160% al 100% de la diferencia entre lo pagado y lo que le correspondía
cancelar a la actora por concepto de impuesto a la renta del año gravable
2009, en virtud del principio de favorabilidad, dado que ese último porcentaje
fue fijado en la Ley 1819 de 2016.
Que los costos que pagó por concepto de exploración de hidrocarburos fueron
fijados como gastos en la respectiva declaración de renta, pero no como
activos diferidos, a pesar de tener esta condición, en razón a que de ellos se
espera recibir un provecho económico futuro, y, en el eventual caso de que
«los pozos sean improductivos», operan las deducciones de que tratan los
artículos 142 y 143 (inciso 2º) del Estatuto Tributario, motivo por el cual
debían reportarse como tal en la declaración de renta del año gravable 2009.
Indicó que los documentos allegados al proceso, que también fueron adosados
al procedimiento administrativo surtido por la DIAN, corresponden a meras
11
De que trata el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA).
11
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10902-01
Actora: Perenco Oil and Gas Colombia Limited
opiniones doctrinales que carecen de fuerza vinculante. Asimismo, señaló
que, de acuerdo con el artículo 647 del Estatuto Tributario, era procedente la
sanción por inexactitud contra la tutelante, toda vez que consignó datos
equivocados en la declaración de renta, lo que causó que pagara un monto
inferior al que debía sufragar por ese concepto.
h) Contra la anterior providencia la actora interpuso recurso de apelación, con
el argumento de que los costos de exploración de hidrocarburos no comportan
cargos diferidos, por cuanto no colman los requisitos previstos en el artículo
67 del Decreto 2649 de 1993 para ser considerados como tal, pues no
involucran inminencia de un provecho económico, porque es factible que
luego de efectuar actividades de sísmica, geofísica y geología se determine
que en el lugar objeto de estudio no hay petróleo.
Que no era dable sancionarla por inexactitud, comoquiera que los motivos por
los cuales no consignó en la declaración de renta los aludidos costos como
activos, corresponden a interpretaciones razonables del sistema normativo,
evento en el que dicho castigo resulta desacertado, de acuerdo con el artículo
647 del Estatuto Tributario.
i) La precitada alzada fue desatada el 26 de agosto de 2021 por el Consejo de
Estado (sección cuarta), en el sentido de confirmar la sentencia de primera
instancia, habida cuenta de que, conforme a los artículos 67 del Decreto 2649
de 1993 y 14 del Decreto 2650 de ese año, las inversiones en sísmica,
geología y geofísica deben registrarse como activos diferidos, dado que no
tiene relevancia «el éxito o no de la actividad». Además, los conceptos
allegados carecen de fuerza vinculante, de ahí que no tengan incidencia en el
asunto contencioso-administrativo.
Que a la demandante debía imponérsele la sanción por inexactitud, toda vez
que registró gastos «a los cuales no tenía derecho, lo que derivó en un menor
impuesto a pagar», y «no se presenta diferencia de criterio sobre la
interpretación del derecho aplicable».
2.5.2 Defecto sustantivo. El artículo 230 de la Constitución Política prevé
que los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de ese
mandato, las autoridades judiciales deben decidir las discusiones conforme a
las normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.
12
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10902-01
Actora: Perenco Oil and Gas Colombia Limited
La jurisprudencia constitucional12 ha precisado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el
denominado defecto sustantivo, que se configura cuando el litigio es desatado
con fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien
porque fue derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no
tiene relación con el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es
paradójica o simplemente se omite aplicarla.
Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo que este defecto implica «[…] la
existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial, originada en
el proceso de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas al
caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la
procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta
trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la
efectividad de los derechos constitucionales»13.
En el sub lite la demandante sostiene que la sentencia atacada incurre en
defecto sustantivo, comoquiera que (i) decidió el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 25000-23-37-000-2014-00435-00 con
fundamento en los artículos 142 del Estatuto Tributario y 35 y 67 del Decreto
2649 de 1993, pese a que no resultaban aplicables en ese asunto, pues los
gastos de sísmica, geología y geofísica no son activos o cargos diferidos,
motivo por el cual no era dable reportarlos como tal en la declaración de renta
del año gravable 2009; y (ii) no interpretó adecuadamente el artículo 647 del
aludido estatuto al imponerle la sanción por inexactitud.
Con la finalidad de determinar si los anteriores reproches tienen o no asidero
jurídico, es oportuno indicar que el artículo 95 de la Constitución Política
establece que toda persona está obligada a «[c]ontribuir al financiamiento de
los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y
equidad», mandato en virtud del cual se funda el impuesto sobre la renta, que
«consistente en entregarle [a aquel] un porcentaje de [las] utilidades fiscales
obtenidas durante un período gravable, con el fin de coadyuvar a sufragar
las cargas públicas»14.
Dentro de las personas jurídicas sujetas al referido tributo se encuentran las
12
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
13
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
14
Corte Constitucional, sentencia C-129 de 2018, Gloria Stella Ortiz Delgado.
13
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10902-01
Actora: Perenco Oil and Gas Colombia Limited
sociedades de responsabilidad limitada, por mandato del artículo 1315 del
Estatuto Tributario, y su monto se determina con fundamento en los ingresos,
egresos e inversiones, los cuales deben declararse ante la DIAN, por ser el
organismo encargado de administrarlo, conforme al artículo 3º (numeral 116)
del Decreto 4048 de 200817 (vigente al momento en que se instauró la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 25000-23-37-000-2014-
00435-00).
Ahora bien, en la declaración de renta se deben reportar una serie de
emolumentos, como los activos, dentro de los que se encuentran los cargos
diferidos, sobre los que el artículo 67 del Decreto 2649 de 1993 prevé:
Deben reconocerse como activos diferidos los recursos, distintos de los
regulados en los artículos anteriores, que correspondan a:
[…]
2. Cargos diferidos, que representan bienes o servicios recibidos de los
cuales se espera obtener beneficios económicos en otros períodos. Se
deben registrar como cargos diferidos los costos incurridos durante las
etapas de organización, construcción, instalación, montaje y puesta en
marcha. Las sumas incurridas en investigación y desarrollo pueden
registrarse como cargos diferidos únicamente cuando el producto o
proceso objeto del proyecto cumple los siguientes requisitos:
a) Los costos y gastos atribuibles se pueden identificar separadamente;
b) Su factibilidad técnica está demostrada;
c) Existen planes definidos para su producción y venta, y
d) Su mercado futuro está razonablemente definido.
[…]
15
«Las sociedades de responsabilidad limitada y asimiladas están sometidas al impuesto sobre la renta y
complementarios, sin perjuicio de que los respectivos socios, comuneros o asociados paguen el impuesto
correspondiente a sus aportes o derechos y sobre sus participaciones o utilidades, cuando resulten gravadas
de acuerdo con las normas legales.
Se asimilan a sociedades de responsabilidad limitada: las sociedades colectivas, las en comandita simple,
las sociedades ordinarias de minas, las sociedades irregulares o de hecho de características similares las
anteriores las comunidades organizadas, las corporaciones y asociaciones con fines de lucro y las
fundaciones de interés privado.
Los consorcios son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y para tal efecto, se
asimilan a las sociedades limitadas».
16
«Corresponde a la DIAN ejercer las siguientes funciones:
1. Administrar los impuestos de renta y complementarios […]».
17
«Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales».
14
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10902-01
Actora: Perenco Oil and Gas Colombia Limited
Se debe contabilizar como impuesto diferido débito el efecto de las
diferencias temporales que impliquen el pago de un mayor impuesto en
el año corriente, calculado a tasas actuales, siempre que exista una
expectativa razonable de que se generará suficiente renta gravable en
los períodos en los cuales tales diferencias se revertirán […].
Por su parte, el artículo 74-1 (letra b del numeral 4) del Estatuto Tributario
señala que las inversiones amortizables, es decir, de las que se espera tener un
usufructo futuro, relacionadas con «[e]studios sísmicos, topográficos,
geológicos, geoquímicos y geofísicos, siempre que se vinculen a un hallazgo
del recurso natural no renovable» (como lo es el petróleo), comportan un
cargo fiscal, es decir, un activo con valor para efectos tributarios.
Asimismo, los aludidos emolumentos son inversiones amortizables, porque
son necesarios para la actividad petrolera y se espera que generen
rentabilidad, de manera que, de acuerdo con el artículo 14218 del Estatuto
Tributario, tienen la condición de activos o cargos diferidos. Sobre el
particular, el Consejo de Estado19 precisó:
Tratándose de la industria petrolera, las inversiones amortizables,
pueden estar representadas en costos y gastos necesarios para la
exploración y explotación de yacimientos petrolíferos, que se amortizan
para ser deducibles en períodos gravables posteriores a su realización o
causación.
De acuerdo con el artículo 142 del Estatuto Tributario y la técnica
contable, estas inversiones se registran como activos diferidos y así
mismo se declaran fiscalmente.
Según el reglamento general de contabilidad –Decreto 2649 de 1993-
los activos diferidos hacen parte de los activos de la empresa, y
corresponden a gastos anticipados o bienes y servicios de los cuales se
espera obtener beneficios en otros períodos. Estos rubros se
contabilizaran como activos hasta que el correspondiente beneficio
económico esté total o parcialmente consumido o perdido.
18
«Son deducibles […] las inversiones necesarias realizadas para los fines del negocio o actividad, si no lo
fueren de acuerdo con otros artículos de este capítulo y distintas de las inversiones en terrenos.
Se entiende por inversiones necesarias amortizables por este sistema, los desembolsos efectuados o causados
para los fines del negocio o actividad susceptibles demérito y que, de acuerdo con la técnica contable, deben
registrarse como activos, para su amortización en más de un año o período gravable; o tratarse como
diferidos, ya fueren gastos preliminares de instalación u organización o de desarrollo; o costos de
adquisición o explotación de minas y de exploración y explotación de yacimientos petrolíferos o de gas y
otros productos naturales […].
19
Sección cuarta, sentencia de 10 de octubre de 2018, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expediente
25000-23-27-000-2011-00064-02.
15
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10902-01
Actora: Perenco Oil and Gas Colombia Limited
En otras palabras, en la medida que se vayan utilizando los activos
diferidos se va trasladando al gasto amortizado. Los gastos que no se
hayan utilizado por la empresa se deben mantener en los activos.
En virtud de lo expuesto en precedencia, se concluye que los gastos
atañederos a las actividades de exploración de hidrocarburos (sísmica,
geología y geofísica) son inversiones amortizables e involucran un activo o
cargo diferido, por tanto, así deben ser declaradas en el impuesto a la renta, so
pena de las consecuencias que ello genere.
Por otra parte, el artículo 647 del Estatuto Tributario estipula que cuando la
DIAN determina, previo agotamiento del procedimiento pertinente, que el
contribuyente declaró un monto inferior que derive en una disminución en el
impuesto o sumas superiores que le generen un saldo a favor, procede una
sanción por inexactitud, «equivalente al 160% de la diferencia entre el saldo
a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial,
y el declarado por el contribuyente o responsable»20.
No obstante, dicho correctivo resulta improcedente en el evento en que la
declaración del menor valor «se derive de errores de apreciación o de
diferencias de criterio entre las Oficinas de impuestos y el declarante,
relativas al derecho aplicable […]»21.
Efectuadas las anteriores precisiones jurídicas, la Sala observa que en la
providencia cuestionada se indicó que los gastos destinados a la exploración
petrolera son activos diferidos y deben reportarse como tal en la declaración
de renta, premisa que para la Sala goza de respaldo normativo, habida cuenta
de que artículo 74-1 (letra b del numeral 4) del Estatuto Tributario establece
que los «[e]studios sísmicos, topográficos, geológicos, geoquímicos y
geofísicos, siempre que se vinculen a un hallazgo del recurso natural no
renovable» tienen un costo fiscal para efectos del impuesto sobre la renta.
Asimismo, el artículo 67 del Decreto 2649 de 1993 prevé que los activos
diferidos «representan bienes o servicios recibidos de los cuales se espera
obtener beneficios económicos en otros períodos», condición que tienen los
costos de exploración petrolera, dado que de ellos se espera recibir una
compensación monetaria, de lo que se colige que son inversiones que deben
reportarse en la correspondiente declaración de renta, en virtud del artículo
20
Norma vigente para el momento en que se le impuso la sanción por inexactitud a la actora.
21
Artículo 647 del Estatuto Tributario.
16
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10902-01
Actora: Perenco Oil and Gas Colombia Limited
142 del Estatuto Tributario.
En ese orden de ideas, la Sala observa que la providencia cuestionada no
desconoce el ordenamiento jurídico, sino que, por el contrario, lo atiende,
pues se funda en los artículos 74-1 (letra b del numeral 4) y 172 del Estatuto
Tributario y 67 del Decreto 2649 de 1993 y en la postura jurisprudencial del
Consejo de Estado, según la cual los gastos relacionados con la exploración
petrolera son activos diferidos y deben reportarse como tal en la respectiva
declaración de renta.
Ahora bien, la demandante arguye que no debe asumirse que los costos de
sísmica, geofísica y geología son activos diferidos, porque no se tiene certeza
de que vayan a generar rendimiento económico, no obstante, dicha aserción
comporta una interpretación que desatiende el principio de la hermenéutica
jurídica, consistente en que «donde el legislador no distingue, no es dable
hacerlo al intérprete»22, pues las normas estudiadas en precedencia no
estipulan que solo tengan dicha condición las sumas que involucran un
inevitable rendimiento económico, sino que basta con esperar a que este se
obtenga.
En atención a lo expuesto, tampoco merece reproche alguno que las
autoridades accionadas no hayan invalidado la sanción por inexactitud
impuesta a la demandante, por cuanto si bien el artículo 647 del Estatuto
Tributario indica que es improcedente cuando «se derive de errores de
apreciación o de diferencias de criterio entre las Oficinas de impuestos y el
declarante, relativas al derecho aplicable», el ordenamiento jurídico es claro
en señalar que los gastos de exploración petrolera son activos diferidos, por
tanto, no es factible asumir una posición diferente, máxime cuando no solo
tienen la referida condición los costos de los que se tiene seguridad que
generaran usufructo, sino también de los que se espere devengar un
incremento monetario.
En ese orden de ideas, no comporta defecto sustantivo la sentencia acusada al
abstenerse de anular la sanción por inexactitud impuesta a la accionante
(reducida en virtud de la modificación del artículo 647 del Estatuto
Tributario, realizada a través de la Ley 1819 de 2016, y del principio de
favorabilidad), dado que la interpretación de la precitada disposición por parte
de las autoridades accionadas es razonable y se adoptó en atención al
22
Corte Constitucional, sentencia C-317 de 2012, M. P. María Victoria Calle Correa.
17
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10902-01
Actora: Perenco Oil and Gas Colombia Limited
principio de autonomía judicial, lo que impide al juez de tutela cuestionarla,
conforme lo precisó la Corte Constitucional23 así:
[…] la interpretación de la ley es un campo en el que se manifiestan
con especial intensidad los principios de independencia y autonomía
judicial. En efecto, en la tarea de aplicación de las normas, el juez se
enfrenta a diversas posibilidades hermenéuticas que derivan de la
interpretación de las disposiciones normativas, y no corresponde al
juez constitucional señalar cuál es la “correcta”, o la más conveniente
para la resolución de un caso específico, porque con fundamento en el
artículo 230 de la Constitución Política, el funcionario judicial al
administrar justicia goza de una libertad interpretativa, producto del
respeto de la independencia y la autonomía judicial, que lo ponen a
salvo de injerencias indebidas que afecten su imparcialidad y la
sujeción al orden jurídico, y que únicamente encuentran límite en la
desviación caprichosa y arbitraria de la ley […].
Así las cosas, la Sala concluye que las afirmaciones de que (i) los gastos de
exploración petrolera son activos diferidos, por ende, deben incluirse como tal
en la declaración de renta; y (ii) era procedente imponerle la sanción por
inexactitud a la actora, al no tener en cuenta aquellos al calcular el monto del
impuesto sobre la renta, comportan deducciones razonables de las normas que
rigen la materia, motivo por el cual la providencia acusada no incurre en
defecto sustantivo.
2.5.3 Defecto fáctico. Una providencia judicial se encuentra viciada por
defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «[…] surge cuando carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión»24.
La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba
no apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto
negativo que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se
configura en los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente,
pese a obrar suficiente material probatorio que lo demuestra25.
23
Corte Constitucional, sentencia T-192 de 2015, M. P. María Victoria Calle Correa.
24
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
25
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
18
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10902-01
Actora: Perenco Oil and Gas Colombia Limited
En el asunto sub examine la demandante asevera que el fallo acusado incurre
en defecto fáctico, porque no tuvo en cuenta los conceptos del señor Ricardo
Téllez Trujillo, del área de auditoría de la empresa Deloitte & Touche Ltda. y
de la Universidad Externado de Colombia y el certificado de «KPMG de 30
de mayo» de ese año, en los que se señalan que las actividades de exploración
de hidrocarburos no involucran un inminente provecho económico, premisa
de la que se colige que los gastos propios de aquellas no son un activo
diferido.
Sobre el particular, en el fallo acusado se indicó que no era dable tener en
cuenta los anteriores documentos, dado que son apreciaciones que carecen de
fuerza vinculante, conclusión que para la Sala no resulta reprochable, por
cuanto aquellos se fundan en interpretaciones del marco jurídico que
contrarían la postura del Consejo de Estado (que es fuente formal de
derecho26, en consecuencia, de obligatoria observancia) y las normas
aplicables, que prevén que los costos de exploración petrolera son activos
diferidos y deben reportarse como tal en la declaración de renta.
Cabe aclarar que el hecho de que los señores magistrados demandados no
hayan valorado los medios de prueba adosados al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 25000-23-37-000-2014-00435-00 como lo
pretendía la demandante, no comporta la causal específica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales denominada defecto
fáctico, en razón a que en acatamiento de sus competencias jurisdiccionales,
tienen la potestad de examinar la pertinencia, utilidad y conducencia de los
elementos probatorios obrantes en el expediente, así como la de brindarles
diferentes grados de certeza, siempre que lo hagan de manera integral y bajo
los criterios de la sana crítica, como aconteció en el asunto materia de
controversia.
Por ende, las inferencias del funcionario judicial (natural) acerca de la
condición de activos diferidos de los gastos de la exploración de
hidrocarburos y la omisión de la demandante de reportarlos, están precedidas
de una valoración integral del marco jurídico y de las pruebas arrimadas al
proceso ordinario, lo que imposibilita al juez de tutela cuestionarlas, salvo que
26
Consejo de Estado, sección tercera, sentencia de 25 de septiembre de 2018, C. P. Ramiro Pazos Guerrero,
expediente 11001-03-15-000-2007-00136-00: «[…] la jurisprudencia se convirtió en una fuente formal del
derecho, que es reconocida como tal por el derecho mismo, y de la cual derivan su validez distintas reglas de
rango jurisprudencial. En ese orden, la jurisprudencia entra a complementar el concierto de fuentes del
derecho y, en consecuencia, se le reconoce fuerza vinculante que irradia sus efectos a todas las autoridades
que tienen la obligación de observarla».
19
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10902-01
Actora: Perenco Oil and Gas Colombia Limited
sean evidentemente contrarias a las garantías superiores, supuesto que no se
da en el sub lite. En lo que atañe a este aspecto, la Corte Constitucional27
sostuvo:
Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de
una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos.
Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien
debe determinar, conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud
de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso
concreto.
El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo
sino que sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena
fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en
principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración
de las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima.
Para que la acción de tutela pueda proceder por error fáctico, “[e]l error
en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia
directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en
una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez
que ordinariamente conoce de un asunto” […].
En virtud de lo anterior, se colige que la providencia acusada no comporta
defecto fáctico, porque las aseveraciones de las autoridades accionadas de que
los gastos de la exploración petrolera son activos diferidos y la demandante
debía reportarlos como tal en la declaración de renta del año gravable 2009 y
no lo hizo, se reitera, son deducciones razonables tanto de los elementos de
convicción allegados al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
25000-23-37-000-2014-00435-00, como del ordenamiento jurídico.
2.5.4 Desconocimiento del precedente. El desconocimiento del precedente
tiene dos modalidades: (i) como causal autónoma de procedencia de la tutela
contra providencia judicial cuando se trata del precedente constitucional, y (ii)
como defecto sustantivo por el desconocimiento del precedente judicial. La
primera tiene su origen en el artículo 241 superior y se predica
exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte Constitucional en su
jurisprudencia28, y la segunda hace referencia a cuando la autoridad
27
Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
28
Sentencia T-360 de 2014: «[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a
desconocerse cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por
20
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10902-01
Actora: Perenco Oil and Gas Colombia Limited
jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin justificación
suficiente, lo que lleva a concluir que la providencia adolece de un defecto
sustantivo29 conforme a los principios del debido proceso, igualdad y buena
fe30.
En el asunto sub judice el accionante afirma que la sentencia atacada incurre
en desconocimiento del precedente, porque no tuvo en cuenta los salvamentos
de voto de sentencias emitidas por el Consejo de Estado (sección cuarta)31, en
los que se indicó que como no se tiene certeza de que los gastos de la
exploración petrolera generen rentabilidad, no es dable considerarlos activos
diferidos.
No obstante, para la Sala el aludido reproche carece de asidero jurídico,
comoquiera que los salvamentos de voto no tienen fuerza vinculante, es decir,
no son de obligatorio cumplimiento, toda vez que su finalidad es que el
magistrado que no está de acuerdo con la decisión mayoritaria pueda
apartarse de ella y exponer los motivos por los que no la comparte, pero no
constituyen precedente, por tanto, no son fuente de derecho.
En ese orden de ideas, no se evidencia irregularidad alguna en que las
autoridades accionadas no hayan atendido lo expuesto en los salvamentos de
voto enunciados en el escrito inicial, máxime cuando la jurisprudencia del
Consejo de Estado32 (que sí es de carácter vinculante) señala que los gastos de
exploración de hidrocarburos son activos diferidos.
A partir de los anteriores prolegómenos y comoquiera que el fallo censurado
no comporta defectos sustantivo y fáctico ni desconocimiento del precedente,
sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de
constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe
acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad
condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte
Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión
de tutela».
29
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995
M. P. Carlos Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P.
Jorge Iván Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo.
30
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M.
P. Jorge Iván Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
31
Fallos de (i) 24 de junio de 2021, expediente 25000-23-37-000-2015-00846-00; (ii) 26 de agosto siguiente,
expediente 25000-23-37-000-2014-00435-01; y (iii) 9 de septiembre de ese año, expediente 25000-23-37-
000-2016-01653-01.
32
Sección cuarta, sentencia de 10 de octubre de 2018, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expediente
25000-23-27-000-2011-00064-02.
21
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-10902-01
Actora: Perenco Oil and Gas Colombia Limited
se impone revocar el fallo impugnado, que declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia, para en su lugar, negar el amparo deprecado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
1º. Revócase la sentencia de 4 de marzo de 2022, proferida por el Consejo de
Estado (subsección A de la sección tercera), que declaró improcedente la
acción de tutela de la referencia; en su lugar, niégase el amparo del derecho
constitucional fundamental al debido proceso invocado por la empresa
Perenco Oil and Gas Colombia Limited, conforme a lo indicado en la
motivación.
2º. Notifíquese esta determinación judicial a las partes por el medio más
expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
3º. Comuníquese el presente fallo a la subsección A de la sección tercera de
esta Corporación y remítasele copia.
4º. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991 envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
22
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.