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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10946-00

Fecha
17 de febrero de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10946-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela invocada por el señor William Fortich Díaz, por las consideraciones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-10946-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

17 de febrero de 2022

Demandante: William Fortich Díaz
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10946-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación N.o: 11001-03-15-000-2021-10946-00
Demandante: WILLIAM FORTICH DÍAZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – Improcedencia de la acción
de tutela por no superar el requisito de procedibilidad adjetiva
de la inmediatez – Reitera posición de la Sala1.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la solicitud de amparo constitucional presentada por el señor
Willliam Fortich Díaz, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo
86 de la Constitución Política y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 26 de mayo de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado el 26 de noviembre de 2021 y remitido al buzón web de la
Secretaría General de esta Corporación el 29 de noviembre siguiente, actuando
por intermedio de apoderado judicial, el señor William Fortich Díaz ejerció acción
de tutela contra el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Montería
y el Tribunal Administrativo de Córdoba, con el fin de que le sean amparados sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.

1 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
Sentencia 24.09.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-03322-00; Sentencia
24.09.20, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-03912-00; Sentencia 10.09.20,
M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-03679-00; Sentencia 03.09.20, M.P. Rocío Araújo
Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-01320-01; Sentencia 03.09.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-
15-000-2020-03473-00; Sentencia 03.09.20, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-
03511-00; Sentencia 27.08.20, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-
02272-01; Sentencia 27.08.20, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-03041-00;
Sentencia 20.08.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-01244-01; Sentencia 06.08.20,
M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-02109-00.

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2. El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales con
ocasión de la providencia proferida el 30 de enero de 2020 por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, mediante la cual confirmó la decisión de primera
instancia, dictada por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de
Montería el 31 de julio de 2019, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, instaurada en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, promovido por la Universidad de Córdoba contra el
señor William Fortich Díaz, identificado con radicación 23001-33-31-005-2013-
00073-00.

1.2. Pretensiones

3. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó:

“1. Tutelar el derecho fundamental del debido proceso, en conexión con el derecho
de acceso a la administración de justicia, del señor William Fortich Díaz, vulnerado
por el Tribunal Contencioso Administrativo de Córdoba y el Juzgado Quinto
Administrativo de Montería, al momento de proferir las providencias de treinta (30)
de enero de 2020 y treinta y uno de julio de 2019, respectivamente, dentro del
proceso judicial radicado en el mencionado juzgado, con el No.
23001333100520130007300.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicito ORDENAR al Juzgado Quinto
Administrativo de Montería, decretar la NULIDAD de la sentencia expedida dentro
del proceso judicial de radicado No. 23001333100520130007300 y emitir una nueva
sentencia, con base en las razones generales y específicas de procedencia de esta
acción de tutela”. (…)

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

4. La Universidad de Córdoba presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho (lesividad) en contra del señor William
Fortich Díaz, con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución N.o 0182
del 28 de abril de 2004 que reconoció al demandado la pensión de jubilación a
partir del 1º de mayo de la referida anualidad, en cuantía equivalente al 100% del
salario promedio devengado en el último año de servicio.

5. El 31 de julio de 2019 el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de
Montería dictó sentencia en la que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda por considerar que, al reconocerle la pensión al demandado con
fundamento en la convención colectiva celebrada en el año 1975 vulneró normas
de carácter superior, toda vez que el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos le corresponde fijarlo al gobierno nacional.

6. La parte demandada interpuso recurso de apelación que fue resuelto por el
Tribunal Administrativo de Córdoba en sentencia dictada el 30 de enero de 2020

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en la que confirmó la decisión de primera instancia, por considerar que incurrió en
causal de nulidad por infracción de las normas en las que debía fundarse.

7. Sin embargo, no accedió al restablecimiento del derecho consistente en la
devolución de las sumas de dinero pagadas, por considerar que no existió mala fe.

8. La sentencia se notificó por edicto que se fijó entre el 5 de febrero de 2020 y el
7 de febrero de la misma anualidad, según constancia visible en el índice 10 del
aplicativo SAMAI.

1.4. Sustento de la vulneración

9. La parte actora señaló que, en el presente caso concurren los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, incluido el de relevancia
constitucional, por cuanto se pretende la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

10. Sobre el cumplimiento del requisito de inmediatez señaló que “La última
actuación procesal realizada dentro del trámite de la instancia tuvo ocurrencia el día
treinta y uno (31) de mayo de 2021, fecha en que se notificó por edicto la decisión final de
segunda instancia, por lo tanto, no han transcurrido seis meses desde la última actuación
procesal, por lo que se ha cumplido con el requisito de inmediatez.”

11. Afirmó que el juez de instancia “no es imparcial al analizar y valorar las pruebas y
argumentos de defensa, por lo que el proceso tampoco es imparcial, ni justo, como lo
exige la ley.”

12. Se refirió in extenso a los argumentos de defensa expuestos en el proceso,
referidos al principio de seguridad jurídica y a la confianza legítima generada por
las convenciones colectivas y transcribió apartes de los alegatos de conclusión
que presentó en el proceso ordinario, al tiempo que se refirió a las normas
jurídicas que regulan las pensiones de los docentes de las universidades públicas.

13. Del amplio examen de las normas jurídicas que han regulado la materia
concluyó afirmando que “el principio de la confianza legítima, en conexión con los
principios constitucionales de la seguridad jurídica y la buena fe, garantizan a los
docentes que estaban vinculados el día 3 de septiembre de 1992, a algunas de las
universidades oficiales nacionales, diferentes de la Universidad Nacional de Colombia, y
que no se acogieron al decreto 1444 de 1992, que después de los noventa (90) días
calendario siguientes a la publicación del nuevo Estatuto de Personal Docente de la
respectiva universidad, se les seguiría aplicando el régimen salarial y prestacional
diferente al especificado por el decreto 1444 de 1992, y conocido como el “que
efectivamente se les reconoció y pagó a los docentes de cada universidad del orden
nacional, hasta el 31 de diciembre de 1991”, aunque tanto la parte salarial de este último
régimen, como la prestacional, que incluía la pensión de jubilación y los servicios de
salud, hubieran tenido inicialmente un origen extralegal.”

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14. Como causales específicas de procedencia, alegó la existencia de un defecto
fáctico, por cuanto se falló “sin solicitar como pruebas” las cartas mediante las cuales
el accionante manifestó que se acogía a los Decretos 1444 de 1992, 15 de 1996 y
1279 de 2002, cuyo contenido normativo explicó.

15. Alegó también el defecto sustantivo por considerar que “la decisión de la
sentencia se hizo con base en normas que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión, ya que como vimos se decide con base
en la ley 100 de 1993, y por régimen de transición, aplicando la ley 33 de 1985, normas
que no eran aplicables, al caso en comento.”

1.5. Actuaciones procesales relevantes

1.5.1. Auto admisorio de la demanda

16. Mediante auto de ponente, dictado el 3 de diciembre de 2021, se admitió la
demanda de tutela y se ordenó notificar a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Córdoba y al Juez Quinto Administrativo del Circuito Judicial de
Montería.

17. En la misma providencia se ordenó vincular como tercero con interés jurídico
en el resultado del proceso a la Universidad de Córdoba. Igualmente, se dispuso
la publicación del auto admisorio en las páginas web del Consejo de Estado y en
la del Tribunal Administrativo de Córdoba, para permitir la intervención de quienes
tuvieran interés en el resultado del proceso.

1.5.2. Intervenciones de las autoridades accionadas y del tercero vinculado

18. Ni las autoridades accionadas ni la Universidad de Córdoba, que fue vinculada
como tercero interesado presentaron informes, a pesar de estar debidamente
notificados como consta en el índice 7 del SAMAI.2

19. El juzgado se limitó a remitir copia digitalizada del expediente.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

20. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el
señor William Fortich Díaz, con fundamento en los artículos 86 de la Constitución
Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación.
2

https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=11001031500020211094
6001100103

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21. Lo anterior, por cuanto la acción se dirige, entre otros, contra el Tribunal
Administrativo de Córdoba y, por ende, le corresponde el conocimiento al superior
funcional, en virtud de lo consagrado en el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1. del
Decreto 1069 de 2015.

2.2. Problemas jurídicos

22. Con fundamento en la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y el cargo presentado en la demanda de tutela, el primer
problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en establecer si
concurren los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige
contra providencia judicial.

23. En el evento de encontrar superados tales requisitos, se establecerá si la
autoridad judicial vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia de la parte actora, con ocasión de la
decisión de acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurada por la Universidad de Córdoba contra el
accionante.

24. Por razones de orden metodológico, se analizarán los siguientes temas i)
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) cumplimiento de
los requisitos de procedibilidad adjetiva; y iii) análisis del caso concreto, con
fundamento en los argumentos expuestos en el libelo introductorio y las
intervenciones de la parte accionada y la tercera interesada.

2.3. Razones jurídicas de la decisión

2.3.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

25. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
20123 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema4 y declaró su
procedencia.5

26. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se
trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento
de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos
y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado; y iv) de

3 Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery
Germania Álvarez Bello. M.P.: María Elizabeth García González.
4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
5 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

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relevancia constitucional. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno
de estos presupuestos, se deber declarar la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.

27. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

28. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.3.2. Requisitos de procedibilidad adjetiva

2.3.2.1. Tutela contra tutela

29. La Sala observa que no existe reparo alguno en cuanto hace referencia al
juicio de procedibilidad, toda vez que, frente al primero de estos aspectos, no se
trata de una tutela contra decisión de la misma naturaleza, pues la sentencia
censurada fue dictada en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.6

2.3.2.2. Inmediatez

30. Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe ejercerse
en un plazo razonable7, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso, pues
de lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el constituyente y se

6 En igual sentido, se encuentran las siguientes: Consejo de Estado, Sección Quinta: sentencia del
27.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00014-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; sentencia del
27.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00400-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; sentencia del
20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00092-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; sentencia del
20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00179-00, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia del
20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00141-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; sentencia del
20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-04788-01, M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia del 13.02.2020, Exp.
11001-03-15-000-2020-00137-00, M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia del 13.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-
2020-00037-00, M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia del 6.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05346-00,
M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia del 6.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05202-00, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez.
7 Dicho criterio fue expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 05.08.14, Rad.

11001-03-15-000-2012-02201-01, Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios,
M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Así mismo, reiterado entre otras en: Consejo de Estado, Sección
Quinta, Sentencia 26.02.15, Rad. 11001-03-15-000-2015-00045-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 15.10.15, Rad. 11001-03-15-000- 2015-01605-01,
M.P. Alberto Yepes Barreiro.

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desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual, inmediato y
efectivo8.

31. De acuerdo con lo anterior, esta Sección9, con fundamento en la posición
fijada por la Sala Plena del Consejo de Estado, ha considerado como plazo
prudencial el de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador –el cual
es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada– que da lugar a la solicitud
de protección y la presentación de esta, y cuando este es excesivo se declara su
improcedencia.

32. No obstante lo anterior, se debe analizar en cada caso si median razones
suficientes que justifiquen el retardo y permitan flexibilizar este requisito para
garantizar derechos fundamentales previo juicio de ponderación.

33. En relación con aquellas circunstancias que justifican el retardo para promover
la acción de tutela en un término razonable, la Corte Constitucional en sentencia
T-256 de 201510, cuya tesis es acogida por esta Sala como criterio auxiliar, indicó
que la acción de tutela será procedente:

“cuando fuere promovida en un extenso espacio entre el hecho que generó
la vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de
los accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción,
abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad
injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados
con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la
acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv) cuando se
demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que
el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la
tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus
derechos, continúa y es actual11”.

34. En el sub lite, la parte actora aseguró que se vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia con
ocasión de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba el 30 de enero de 2020, la cual fue notificada por edicto
fijado el 5 de febrero de 2020 y desfijado el 7 de febrero de la misma anualidad, de
tal manera que la sentencia cobró ejecutoria el 12 de febrero siguiente, según
consta en el siguiente documento.

8 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-290 14.04.11., M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
9 Ver, entre otras, Sentencia 18.04.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P. Susana Buitrago

Valencia; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01891-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro;
Sentencia 21.09.16, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
10 Corte Constitucional, Sala Octava de Decisión, Sentencia T-256 05.05.15, M.P. Martha Victoria Sáchica

Méndez.
11 “Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de 2005, T-158

de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010”.

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35. Lo anterior implica que en el presente caso no concurre el requisito de
inmediatez que permita estudiar el fondo del asunto por haber transcurrido más de
un año y nueve meses desde la ejecutoría de la sentencia hasta la interposición
de la acción de tutela, que se realizó el 26 de noviembre de 2021.

36. La acreditación de la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia,
que marca el inicio de la contabilización del plazo razonable para ejercer la acción
de tutela, desvirtúa la afirmación que realiza la parte actora de comparecer
oportunamente a ejercerla, pretendiendo contar el plazo razonable desde la última
actuación que se surtió en el proceso, que corresponde al auto de obedecimiento
a lo dispuesto por el superior, el cual se dictó el 27 de mayo de 2021 y se notificó
el 31 del mismo mes y año.

37. Cabe destacar que la vulneración se predica de la sentencia de segunda
instancia y no de las actuaciones posteriores a ella y el referido fallo hizo tránsito a
cosa juzgada y goza de la doble presunción de legalidad y acierto, de tal manera
que no es posible en este caso revisarla, sin afectar con ello tales garantías.

38. Por otro lado, de la revisión del expediente, la Sala no advierte una explicación
válida para que el ejercicio de la acción de tutela se diera por fuera del tiempo
proporcional y razonable adoptado por la Corporación, pues la parte actora no se
encuentra en alguna de las situaciones que la Corte Constitucional 12 ha
establecido como justificación, es decir, que: (i) no existe un motivo válido para la
inactividad de la accionante; (ii) su falta de iniciativa no vulnera el núcleo esencial
de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) no existe un nexo
causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos
12 Al respecto consultar sentencias T-1229 de 07.09.00, T-684 de 08.08.03, T-016 de 25.01.06., T-1044 de

04.12.07, T- 1110 de 28.10.05., T-158 de 02.03.06., T-166 de 08.03.10., T-502 de 17.06.10., T-574 de
15.07.10, T-576 de 21.07.10.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: William Fortich Díaz
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10946-00

fundamentales del interesado; (iv) el fundamento de la acción de tutela no surgió
después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de
cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición.

39. De ahí que se reproche el hecho de haber transcurrido un lapso considerable
hasta la interposición de la solicitud de amparo, pues se desconoce el alcance
jurídico establecido por el constituyente a la misma y se desvirtúa su finalidad de
medio de protección actual, inmediato y efectivo.

2.4. Conclusiones

40. Las anteriores razones son suficientes para considerar que no concurre en el
caso concreto el requisito de inmediatez, por lo que se deberá declarar
improcedente la presente acción de tutela.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela invocada por el
señor William Fortich Díaz, por las consideraciones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia, REMITIR el presente asunto a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

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Demandante: William Fortich Díaz
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10946-00

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http//relatoria.consejodeestado.gov.co.8081

10
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