Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-10963-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2021-10963-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-10963-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-10963-00
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
3 de febrero de 2022
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10963-00
Accionantes: JOSÉ ANTONIO RINCÓN.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D. C. tres (03) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10963-00
Accionantes: JOSÉ ANTONIO RINCÓN Y OTRA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCION TERCERA –
SUBSECCION B Y OTRO
Tema: Derechos fundamentales al debido proceso,
defensa, trabajo y acceso a la administración de
justicia / Defecto sustantivo y fáctico /
Incumplimiento del requisito de inmediatez
ACCIÓN DE TUTELA - SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por el señor
José Antonio Rincón y la señora María Zoraida Nausa, a través de
apoderado judicial , en contra de la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – subsección A, por la presunta vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, defensa, trabajo y acceso a
la administración de justicia, ocurrida con ocasión de la expedición de
las providencias de 18 de enero de 2017, 5 de octubre de 2020 y 2 de
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10963-00
Accionantes: JOSÉ ANTONIO RINCÓN.
junio de 2021, proferidas dentro del medio de control de reparación
directa radicado con 25000-23-36-000-2012-00214-01.
I. ANTECEDENTES
La solicitud de protección a los derechos fundamentales al debido
proceso, defensa, trabajo y acceso a la administración de justicia se
fundamenta en los siguientes:
1. HECHOS
Los accionantes instauraron demanda en ejercicio del medio de control
de reparación directa en contra del Distrito Capital, la Alcaldía de Suba y
otros, con la finalidad de que les fueran reparados los perjuicios como
consecuencia el daño que se causó a un bien inmueble de su propiedad,
afectado por una obra contigua.
Inicialmente, el proceso correspondió a la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual, en
sentencia de 18 de enero de 2017, accedió a las pretensiones de la
demanda y, en consecuencia, dispuso:
« PRIMERO.- DECLARAR a la sociedad Construhabitar Edificio Calle
137 S.A.S. y a la Secretaría Distrital de Gobierno - Alcaldía Local de
Suba responsables por los perjuicios causados a los demandantes José
Antonio Rincón y María Zoraida Nausa como consecuencia de la
destrucción del bien inmueble de su propiedad ubicado en la Calle ¡37
No. 45 – 54.
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10963-00
Accionantes: JOSÉ ANTONIO RINCÓN.
SEGUNDO.- CONDENAR a la sociedad Construhabitar Edificio Calle 137
S.A.S. y a la Secretaría Distrital de Gobierno - Alcaldía Local de Suba, a
pagar a los demandantes de manea concurrente en proporción de 50% a
cargo de la Constructora y 50% a cargo de la Alcaldía Local de Suba, la
suma de trescientos siete millones setecientos noventa y cuatro mil
ochocientos setenta y nueve pesos con treinta y nueve centavos (
$307.794.879,39) por concepto de perjuicio material en la modalidad
de daño emergente, la cual se pagará conforme lo establece el artículo
192 del CPACA.
TERCERO.- CONDENAR a la sociedad Construhabitar Edificio Calle 137
S.A.S. y a la Secretaría Distrital de Gobierno - Alcaldía Local de Suba, a
pagar la suma equivalente a veinticinco salarios mínimos mensuales
legales vigentes (25 SMMLV) por concepto de perjuicio mora, en la
misma proporción indicada en el numeral anterior».
Insatisfechas con la decisión, las partes interpusieron recurso de
apelación que resolvió la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado con providencia de 5 de octubre de 2020, a través de la cual
modificó lo dispuesto en primera instancia para en su lugar:
«PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca del 18 de enero de 2017 por medio de
la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en
consecuencia, quedará así:
PRIMERO: DECLARAR a la sociedad Construhabitar Edificio Calle
137 S.A. S.A.S. Y al Distrital de Bogotá- Alcaldía Local de Suba,
responsables por los perjuicios causados a los demandantes José
Antonio Rincón Carrión y María Zoraida Nausa como consecuencia
de la destrucción del bien inmueble de su propiedad ubicado en la
Calle 137 No. 45-54. Las condenas que aquí se ordenen se
deberán pagar a los demandantes en proporción de 70 % a cargo
de la Constructora Construhabitar y 30 % a cargo de Distrito,
conforme lo establece el artículo 140 del CPACA.
SEGUNDO: CONDENAR EN ABSTRACTO a la sociedad
Construhabitar Edificio Calle 137 S.A.S. y al Distrito de Bogotá,
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10963-00
Accionantes: JOSÉ ANTONIO RINCÓN.
Alcaldía Local de Suba, a pagar a los demandantes por concepto
de perjuicio material en la modalidad de daño emergente la suma
que resulte de determinar pericialmente el valor de la demolición
más en valor de la reconstrucción de un inmueble de idénticas o
similares cualidades y cantidades a las que tenía el inmueble
afectado. El resultado de esta operación constituirá la condena
final a pagar, por daño emergente, que será sufragada 70 % a
cargo de la Constructora Construhabitar y 30 % por el Distrito de
Bogotá.
La liquidación y el dictamen, se realizará con base en las
siguientes pautas:
La respectiva liquidación se hará mediante el trámite incidental
previsto en el artículo 129 del Código General del Proceso, con
base en un dictamen pericial que determine de manera objetiva y
sustentada los siguientes valores: i) el de la demolición y ii) la
reconstrucción de un inmueble de idénticas o similares cualidades
y cantidades a las del inmueble afectado.
Seguidamente, lo que resulte de sumar los costes (sic) de la
demolición más el valor que tendría la reconstrucción de una
edificación de iguales o similares características a las que tenía la
edificación afectada, deberá ser pagado al demandante en la
proporción de responsabilidad indicada (70% a cargo de la constructora y
30% por el Distrito). En la liquidación de este perjuicio solo se pagarán los
costes (sic) asociados a la demolición y al valor de la reconstrucción de la
edificación del bien, tal como estaba construido, mas no el valor del terreno
o lote, ya que nunca ha salido del patrimonio del demandante. Con el fin de
promover este incidente, se otorga a la parte interesada un término
perentorio de 60 días contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia.
TERCERO: CONDENAR a la sociedad Construhabitar Edificio calle 137
S.A.S. y al Distrito de Bogotá-Alcaldía Local de Suba, a pagar la suma
equivalente a treinta salarios mínimos mensuales legales vigentes (30
SMMLV) a cada uno, por concepto de perjuicio moral para José Antonio
Rincón Carrión y 30 SMLMV para María Zoraida Nausa, es decir, 42
SMLMV pagará la constructora Construhabitar y 18 SMLMV el Distrito de
Bogotá D.C.
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10963-00
Accionantes: JOSÉ ANTONIO RINCÓN.
CUARTO: CONDENAR, a la sociedad Construhabitar Edificio Calle 137
S.A.S. y al Distrito de Bogotá, Alcaldía Local de Suba, a pagar a los
demandantes por concepto de perjuicio material en la modalidad de lucro
cesante la suma de $336.485.442. De esta suma, $235.539.809
corresponden pagar a la Constructora Contruhabitar (70%) y $100.945.633
al Distrito de Bogotá (30%).
QUINTO: Se condena en costas a la parte demandada sociedad
Construhabitar Edificio Calle 137 S.A.S. y Distrito Capital de Bogotá -
Alcaldía Local de Suba. Por Secretaría de la Sección liquídense los gastos
procesales causados, devuélvase el monto remanente por gastos
procesales a la parte actora. El 70 % estará a cargo de la Constructora
Construhabitar y 30 % a cargo de Distrito de Bogotá, D.C.
SEXTO: Fijar como agencias en derecho a favor de la parte demandante y
cargo de las demandadas, la suma equivalente a cinco salarios mínimos
legales mensuales vigentes (5 S.M.L.M.V.) es decir, 3.5 SMLMV pagará la
constructora Construhabitar y 1,5 SMLMV el Distrito de Bogotá D.C.».
El 5 de octubre de 2020, el señor José Rincón solicitó corrección y adición
de la sentencia por los siguientes aspectos:
Corrección del numeral 1 de la palabra "distrital" por "distrito" y la
dirección “Calle 137 No. 45-54” por “Calle 137 No. 47-54”.
Adición en el valor del lucro cesante vencido, toda vez que fue
indexado por año, es decir, hasta el 16 de enero de 2012 y
considera que se debe indexar desde el 16 de enero de 2012
hasta la fecha de la sentencia o fecha que la entidad de
cumplimiento de la misma.
Adición de la sentencia, en el sentido de ordenar que el lucro
cesante se debe liquidar y pagar hasta que las entidades
condenadas den cumplimiento total a la sentencia.
Que se adicione la expresión que se "se dé cumplimiento a la
sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA”.
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10963-00
Accionantes: JOSÉ ANTONIO RINCÓN.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
auto de 2 de junio de 2021 resolvió lo siguiente:
Frente a la solicitud de Corrección del numeral 1 de la palabra
"distrital" por "distrito" y la dirección “Calle 137 No. 45-54” por
“Calle 137 No. 47-54”, accedió a la petición por cuanto se trataba
de un error de digitación en la providencia.
Frente a las solicitudes de adición en el lucro cesante, no accedió al
considerar que la petición era improcedente por cuanto la sentencia
de 5 de octubre de 2020 se pronunció clara y expresamente sobre
la liquidación de lucro cesante y no es posible que el demandante
pretenda controvertir la decisión por medio de la solicitud de
aclaración o adición como si se tratara de un recurso.
Finalmente, adicionó la sentencia en el sentido de ordenar el
cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192 y
195 del CPACA.
2. PRETENSIONES
Solicita la parte accionante lo siguiente:
«PRIMERA: Se CONCEDA el amparo y protección de los derechos
fundamentales de los accionantes: JOSÉ ANTONIO RINCÓN CARRIÓN Y
MARÍA ZORAIDA NAUSA; al debido proceso, derecho a la defensa, al
trabajo y acceso efectivo a la administración de Justicia, vulnerados en
las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Tercera - Subsección “A” y Consejo de Estado– Sección
Tercera – Subsección “B”.
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10963-00
Accionantes: JOSÉ ANTONIO RINCÓN.
SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS, las sentencias de primera y segunda
instancia, proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección “A” de fecha 18 de enero de 2017 y
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección “B” de fecha 05 de
octubre de 2020 y auto de corrección y adición del 02 de junio de 2021,
dentro del proceso de radicado Nº 25000 233 60 00 2012 00214 01, en
la cual figuran como demandantes el señor JOSÉ ANTONIO RINCÓN
CARRIÓN y la señora MARÍA ZORAIDA NAUSA.
TERCERA: se ORDENE a los accionados dictar una nueva sentencia
dentro del medio de control de reparación directa, fallo que se debe
ajustar a los lineamientos que sobre el particular han dispuesto la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado; accediendo a todas las
pretensiones solicitadas en la demanda».
3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
La parte accionante considera que la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, al proferir la sentencia de 5 de octubre de 2020,
incurrió en:
Defecto sustantivo: La parte accionante sostiene que (i) La
actuación controvertida desconoce una ley adaptable al caso. (ii).
El contenido de la disposición no tiene conexidad material con los
presupuestos del caso. (iii). Un grave error en la interpretación de
la norma. (iv). La decisión judicial se apoya en una interpretación
contraria a la Constitución. (v). La providencia judicial tiene
problemas determinantes relacionados con una insuficiente
sustentación o justificación de la actuación que afecta derechos
fundamentales.
Lo anterior, al considerar que la entidad judicial accionada no siguió
los lineamientos del inciso final del artículo 140 de la Ley 1437 de
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10963-00
Accionantes: JOSÉ ANTONIO RINCÓN.
2011 en el que se establece que la causación del daño en el que
estén involucrados particulares y entidades públicas, se debe
determinar la proporción sobre la cual debe responder cada una
conforme a la influencia de su acción u omisión en la ocurrencia del
daño.
No obstante, en la providencia de segunda instancia no se explicó
por qué se llegó a la conclusión de que el particular debía cancelar
70% y la entidad pública el 30% y desconoció que esta última
incumplió su deber legal de vigilar la obra urbanística.
El hecho de que la entidad pública no hubiese ejercido
oportunamente sus funciones de adoptar medidas preventivas y
sancionatorias y permitiera que la constructora finalizara la obra es
la razón fundamental para que se le hubiese condenado con el
100% del pago de los perjuicios.
Se desconoció además que la constructora terminó la obra, vendió
los apartamentos e inmediatamente se declaró en liquidación, razón
por la cual la condena que se le impuso solo quedará en el papel y
no habrá una efectiva reparación de los daños
Defecto fáctico: El Consejo de estado consideró que sufrieron
una pérdida de oportunidad de arrendar el inmueble; no obstante,
desconoció los contratos de arrendamiento que reposaban en el
expediente, se demostró que los apartamentos estaban arrendados
en el momento del daño, pruebas suficientes para determinar que
el lucro cesante debía ser pagado con el 100% de los cánones de
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10963-00
Accionantes: JOSÉ ANTONIO RINCÓN.
arrendamiento entre el periodo del 16 de enero de 2012 al 5 de
octubre de 2020 y no el 50% como lo determinó.
En cuanto al lucro cesante vencido, fue indexado solo por un año
desde el 16 de enero de 2011 al 16 de enero de 2012. Sin
embargo, debía indexarse desde el 16 de enero de 12 hasta la
fecha de la sentencia o la fecha en que la entidad de cumplimiento.
4. TRÁMITE PROCESAL
Mediante auto de 7 de diciembre de 2021, fue admitida la presente
acción de tutela y se ordenó notificar a la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado y al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A, como accionados, y a
la Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Hábitat, a la
Alcaldía Local de Suba, Construhabitar Edificio Calle 137 S.A.S., a la
Curaduría Urbana No. 4, a la Procuraduría Primera Delegada ante el
Consejo de Estado y al señor José Antonio Rincón Carrión y a la señora
Lilian Rincón Nausa, como terceros interesados en las resultas del
proceso, para que dentro del término de los tres (3) días siguientes al
recibo de la notificación, se pronunciaren sobre los hechos que
originaron la solicitud de tutela, si a bien lo tuviesen.
Por último, notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
para que, de considerarlo necesario, interviniese en el asunto.
5. INTERVENCIONES
5.1. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
por conducto del magistrado ponente de la decisión objeto de reproche,
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10963-00
Accionantes: JOSÉ ANTONIO RINCÓN.
consideró que la presente tutela debe rechazarse por improcedente por
cuanto no se cumple con el requisito de relevancia constitucional ni con
la inmediatez por cuanto la decisión cuestionada fue proferida el 5 de
octubre de 2020, notificada el 9 de febrero de 2021 y la acción
constitucional fue presentada el 2 de diciembre de 2021, se superó el
plazo razonable previsto por la jurisprudencia constitucional.
Por otro lado, sostuvo que no existió en la decisión cuestionada un
defecto sustantivo, por cuanto se interpretó, justificó y aplicó
correctamente el artículo 140 del CPACA y se llegó a la conclusión de
que no era posible condenar exclusivamente al Distrito, más cuando se
demostró que en la irrogación del daño el actuar de la constructora fue
determinante y preponderante y frente al defecto fáctico, manifestó que
realizó una valoración probatoria desde el punto de vista fáctico,
jurídico y probatorio.
5.2 La Secretaría Distrital de Gobierno - Alcaldía Local de Suba
manifestó que existe una falta de legitimación en la causa por pasiva y
sostuvo que no se evidencia que haya vulnerado derecho alguno de la
parte accionante.
II. CONSIDERACIONES
1. COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1ero del Decreto
2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política:
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10963-00
Accionantes: JOSÉ ANTONIO RINCÓN.
«Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento
preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión
de cualquier autoridad pública o de los particulares en los
casos que señala este decreto».1
2. PROBLEMA JURÍDICO
De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder si:
¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos generales
establecidos por la jurisprudencia para la procedencia del
mecanismo constitucional contra providencia judicial?
¿La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
incurrió en Defecto sustantivo y fáctico, por consiguiente, en la
vulneración de derechos fundamentales de la parte accionante, al
proferir el fallo de 5 de octubre de 2020, a través de la cual
modificó lo resuelto por el a quo, y el auto de 2 de junio de 2021
que accedió parcialmente a la solicitud de corrección y aclaración de
la sentencia?
1Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10963-00
Accionantes: JOSÉ ANTONIO RINCÓN.
Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se analizará: i) la
procedencia de la acción de tutela contra las providencias judiciales, ii)
el defecto fáctico y sustantivo y iii) el análisis del caso concreto.
3. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL APLICABLE AL
CASO
3.1. LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente2 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello,
atendiendo a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en
esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda
los límites que la carta le impone.
Ahora bien, al ser la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
2 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
3 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-
03-15-000-2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García
González.
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10963-00
Accionantes: JOSÉ ANTONIO RINCÓN.
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad
jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la
ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos
constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son:
i. Que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente
relevancia constitucional. Sobre este punto, corresponde al juez
de tutela, señalar de forma clara y precisa las razones por las
cuales el asunto a resolver tiene tal entidad que afecta derechos
fundamentales de alguna de las partes.
ii. Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa,
tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al
alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se
busque evitar un perjuicio irremediable.
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10963-00
Accionantes: JOSÉ ANTONIO RINCÓN.
iii. Que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez. Esto significa que el término de interposición de la
tutela sea “razonable y proporcionado” entre el momento en que
se presentó la presunta vulneración y el tiempo de presentación
de la acción de tutela. Lo anterior, con el fin de velar por los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
iv. Que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la
Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión
de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de
pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa
humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
v. Identificación de la situación fáctica que devino en la vulneración
de derechos: que quien acciona identifique de manera razonable
tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible.
vi. Que no se trate sentencias de tutela.
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10963-00
Accionantes: JOSÉ ANTONIO RINCÓN.
3.3. DEL DEFECTO FÁCTICO
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el
particular la Corte Constitucional4 ha identificado dos dimensiones en las
que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa5, que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su
valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta
dimensión, comprende las omisiones en la valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por
el juez.
b. Una dimensión positiva6, que se presenta generalmente cuando el
juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.
Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención
del juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es,
y debe ser, de carácter extremadamente reducido, toda vez que:
4
Véase: Sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998, T-
456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
5
Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.
6
Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10963-00
Accionantes: JOSÉ ANTONIO RINCÓN.
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se
presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su
especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis
individual y conjunto de los elementos probatorios»7.
En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa
realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.
3.4. DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO
De conformidad con la jurisprudencia constitucional8, el defecto material
o sustantivo se origina en primer término, cuando la autoridad judicial,
ya sea juez o tribunal que dicta sentencia, fundamenta su decisión en
normas que son inexistentes o inconstitucionales 9, es decir, se da en los
casos en que la autoridad judicial se basa en, «(i) una norma no
aplicable al caso, ya sea, porque la norma,(a) no es pertinente de
aplicación, (b) se empleó cuando fue derogada y como consecuencia
perdió su vigencia, (c) es inexistente, (d) ha sido declarada contraria a
la Constitución, (e) está vigente y es constitucional pero no se adecua a
la situación fáctica a la cual se aplicó, (ii) su interpretación no se
encuentra dentro del margen de interpretación razonable o es errada,
(iii) no se da aplicación a las sentencias con efecto erga omnes, que son
aquellas de aplicación general, (iv) la norma aplicada se torna
7 Corte Constitucional. Sentencia SU-222 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.
8
Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-567 de 2015,
entre otras.
9 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10963-00
Accionantes: JOSÉ ANTONIO RINCÓN.
injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución, y finalmente,
(v) cuando un poder concedido al juez por el ordenamiento jurídico se
utiliza para un fin no previsto en la disposición»10.
En segundo lugar, el defecto material o sustantivo se origina cuando en
la estructura de la sentencia se presenta una contradicción evidente y
grosera entre la decisión y los fundamentos que la explican. En este
orden de ideas, se produce cuando la decisión «(vi) se funda en una
hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con omisión del
análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii) cuando
desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en
concreto,(viii) no se encuentra debidamente justificada y por ende
afecta derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de
argumentación se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el juez
no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una manifiesta
violación de la Constitución»11. Este defecto se presenta ante
situaciones excepcionales, por lo que se debe demostrar que la decisión
judicial es irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa, pues
de no ser así, la acción de tutela resultaría improcedente 12.
4. CASO CONCRETO
De conformidad con el marco normativo y jurisprudencial expuesto y
orientados por el primer problema jurídico planteado, la Sala de
Subsección evidencia de las pruebas obrantes en el plenario que:
10 Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
11 Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
12 Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger.
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10963-00
Accionantes: JOSÉ ANTONIO RINCÓN.
(i) La pretensión de amparo es de marcada relevancia constitucional, en
la medida en que se contrae a establecer de manera central si la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en un
defecto fáctico y sustantivo, por consiguiente, en la vulneración de los
derechos fundamentales de la parte accionante;
(ii) se agotaron todos los medios de defensa porque contra la decisión
que resolvió la solicitud de aclaración y adición del fallo proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado no procedía
recurso alguno;
(iii) cumplió con el requisito de inmediatez toda vez que la presentación
de la acción se dio en un lapso «razonable y proporcionado», por cuanto
la decisión con la que cobró ejecutoria el fallo reprochado fue proferida
el 2 de junio de 2021 y la tutela de la referencia se radicó el 2 de
diciembre de 2021.
(iv) de encontrarse probados los defectos alegados, este tiene la
vocación de vulnerar las garantías fundamentales invocadas en
protección;
(v) se identificaron los hechos que sustentan la acción y los derechos
que se consideran vulnerados en razón a la actuación de la parte
accionada, motivo por el cual este requisito se encuentra cumplido, y
(vi) no se trata de una tutela contra tutela, toda vez que la decisión
reprochada fue proferida por la jurisdicción contencioso administrativa
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10963-00
Accionantes: JOSÉ ANTONIO RINCÓN.
dentro de un proceso de simple nulidad.
De acuerdo con lo expuesto, la acción de la referencia cumple con todos
los requisitos de la tutela contra providencia, de tal forma que a
continuación se resolverá el segundo problema jurídico propuesto.
En el presente asunto, se resuelve la acción de tutela presentada por la
parte accionante en contra de la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, defensa, trabajo y acceso a la
administración de justicia, ocurrida con ocasión de la expedición de las
providencias de 18 de enero de 2017, 05 de octubre de 2020 y 02 de
junio de 2021, proferidas por la Subsección A de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del medio de control de
reparación directa promovido por el señor José Antonio Rincón y la
señora María Zoraida Nausa.
En las decisiones cuestionadas, se declaró a la sociedad Construhabitar
Edificio Calle 137 S.A.S. y a la Secretaría Distrital de Gobierno - Alcaldía
Local de Suba, responsables por los perjuicios causados a los
demandantes José Antonio Rincón y María Zoraida Nausa como
consecuencia de la destrucción del bien inmueble de su propiedad
ubicado en la Calle ¡37 No. 45 – 54.
Asimismo, se condenó en abstracto a la sociedad Construhabitar Edificio
Calle 137 S.A.S. y al Distrito de Bogotá, Alcaldía Local de Suba, a pagar
por concepto de perjuicio material en la modalidad de daño emergente
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10963-00
Accionantes: JOSÉ ANTONIO RINCÓN.
la suma que resulte de determinar pericialmente el valor de la
demolición más en valor de la reconstrucción de un inmueble de
idénticas o similares cualidades y cantidades a las que tenía el inmueble
afectado, sufragada 70 % a cargo de la Constructora Construhabitar y
30 % por el Distrito de Bogotá.
Por otro lado, fueron condenados a pagar la suma equivalente a 30
SMMLV a cada uno, por concepto de perjuicio moral, 42 SMLMV a cargo
de la constructora y 18 SMLMV el Distrito de Bogotá D.C. En la
modalidad de lucro cesante se les ordenó pagar $336.485.442,
$235.539.809 corresponden pagar a la Constructora Contruhabitar
(70%) y $100.945.633 al Distrito de Bogotá (30%).
Esta decisión, a criterio de la parte accionante, incurrió en un defecto
sustantivo al considerar que la autoridad judicial accionada desconoció
los lineamientos del inciso final del artículo 140 de la Ley 1437, el cual
establece que cuando existe una causación del daño en el que estén
involucrados particulares y entidades públicas, la proporción sobre la
cual debe responder cada parte se debe determinar conforme a la
influencia de su acción u omisión.
Conforme a lo anterior, la parte accionante considera que el Distrito de
Bogotá, tuvo toda la influencia ya que si hubiese ejercido su poder de
vigilancia y control de la obra urbanística no se habría causado el daño.
Así las cosas, no se explica como la providencia de segunda instancia
concluyó que el particular debía cancelar 70% y la entidad pública el
30%.
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10963-00
Accionantes: JOSÉ ANTONIO RINCÓN.
En ese orden de ideas, el hecho de que la entidad pública no adoptara
medidas preventivas y sancionatorias y permitiera a la constructora
finalizar la obra, es motivo suficiente para que la condena al distrito
fuera en una proporción del 100%.
Por otro lado, también sostuvo que se incurrió en un defecto fáctico al
desconocer la existencia de los contratos de arrendamiento que
reposaban en el expediente a través de los cuales se demostró que el
bien inmueble se encontraba arrendado al momento del daño y con base
en ello debía determinar que el valor del lucro cesante debía pagarse en
un 100% entre el periodo de 16 de enero de 2012 al 5 de octubre de
2020 y no en un 50% por considerarlo una pérdida de oportunidad.
Finalmente, señaló que también hubo un error al contabilizase el lucro
cesante vencido ya que el mismo fue indexado solo por el periodo de
2011 y 16 de enero de 2012,cuando el mismo debió indexarse desde el
16 de enero de 2012 hasta la fecha de la sentencia o en que la entidad
diera cumplimiento.
Al respecto, en la providencia objeto de tutela, la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, consideró lo siguiente:
«[…]
126. La Sala confirmará la tesis del tribunal de primera instancia
según la cual la sociedad constructora Construhabitar edificio calle
137, quebrantó las normas urbanísticas consagradas en la Ley 810 de
2013, porque se encuentra probado que la Sociedad demandada
extralimitó los parámetros dados en la licencia de construcción LC 09
-4-0-143, pues se evidenció que se hicieron modificaciones
estructurales, arquitectónicas y se excedió la altura permitida en
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10963-00
Accionantes: JOSÉ ANTONIO RINCÓN.
pisos. Lo anterior a todas luces constituye una infracción urbanística
por desconocer la referida licencia de construcción (Licencia de
construcción LC 09 -4-0-143, Resolución 563 de 2010, dictamen
pericial, párrafos 72, 86, 98, 99)
(…)
139. De las referidas normas jurídicas la Sala concluye que resulta
claro y evidente que el Distrito a través de la Alcaldía Local de Suba
tenía la competencia y facultad de:
140. i) Ejercer la función de inspección, vigilancia y control durante la
ejecución de las obras con el fin de asegurar el cumplimiento de las
licencias urbanísticas y de las normas contenidas en el Plan de
Ordenamiento territorial.
141. i) Conocer de los procesos relacionados con violación de las
normas sobre construcción de obras y urbanismo e imponer las
sanciones correspondientes
142. ii) Disponer de oficio o a petición de parte, la medida policiva de
suspensión inmediata de obras hasta que cesen las causas que
hubieren dado lugar a la medida en relación a actuaciones
urbanísticas que no acrediten la existencia de una licencia o que no
se ajuste a ellas.
143. Teniendo en cuenta estas competencias y facultades de la
Alcaldía la Sala pasa a analizar según lo probado en el proceso si se
incurrió en una omisión que haya transgredido el ordenamiento
jurídico y, por lo tanto, haya generado una falla en el servicio.
(…)
144. II) En el presente caso se encuentra acreditada la falla a
título de omisión en relación al Distrito de Bogotá, Alcaldía
Local de Suba, por no ejercer sus competencias de inspección,
vigilancia y control urbano
145. La Sala considera que el Distrito a través de la Alcaldía Local de
Suba, omitió, por un lado, ejercer correcta y oportunamente la
función de inspección, vigilancia y control urbano sobre la obra
contigua al inmueble del demandante con el fin de asegurar el
cumplimiento de la licencia de construcción y, por otro, no ejerció la
facultad de suspensión inmediata de la misma, pese que tuvo
conocimiento de la violación de la licencia de construcción de manera
temprana.
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10963-00
Accionantes: JOSÉ ANTONIO RINCÓN.
(…)
147. Así las cosas, para la Sala es claro que el Distrito de Bogotá,
Alcaldía Local de Suba incurrió en una doble omisión:
(…)
149. La primera omisión consiste en que, pese a que la Alcaldía Local
tenía la competencia de disponer la medida policiva de suspensión
inmediata de la obra, por lo menos, hasta que esta se ajustare a la
licencia de construcción, no lo hizo, no obstante conocer la grave
afectación del inmueble, la cual fue corroborada por la administración
en múltiples visitas de inspección (párrafos 75 y 79) y a que el hecho
fue advertido por el demandante en múltiples oportunidades (párrafo
76). Por ello, el daño le fue previsible a la administración.
150. Esta situación- de violación de la licencia y los parámetros de
construcción- se constató y verificó desde, al menos, el 2 de
diciembre de 2009 cuando fue realizada una visita administrativa por
parte de la Alcaldía Local de Suba al predio y "se observó en el
andén, primer, segundo y tercer piso grietas, hundimiento de las
placas y fisuras que pueden comprometer la estabilidad del edificio”(
párrafo 79) y ,posteriormente, el 4 de marzo de 2010 y el 26 de abril
de 2010 ( párrafos 81 y 82) cuando se emitieron sendos informes
concluyentes en relación al incumplimiento de la licencia de
construcción, que incluso dio pie a la evacuación de algunos
apartamentos del inmueble afectado. Luego, una vez determinada la
violación de la licencia se debió ejercer la facultad de control e
imponer las sanciones respectivas. Empero, pese a tener el deber y
las facultades de hacerlo no lo hizo sino hasta el 21 de junio de 2010,
cuando el daño ya se había materializado.
150. La segunda omisión consiste en que cuando finalmente la
administración sancionó al constructor Construhabitar por medio de la
Resolución 536 del 21 de junio de 2010 (párrafo 86), impuso una
multa y le dio un plazo para conseguir una cuestionable nueva
licencia de construcción, so pena de ordenar la demolición; no
obstante, ni aun en ese momento (cuando la construcción estaba ya
casi finalizada) ordenó su suspensión, soslayando los graves daños y
peligros que se habían ocasionado. Así lo advirtió el personero el 21
de mayo de 2010 al señalar “[e]sta agencia observa con extrañeza
que no se tomaron las medidas preventivas, correctivas y
sancionatorias de manera oportuna ya que teniendo en cuenta el
álbum fotográfico anexo se tuvo conocimiento de los hechos una vez
se inició la obra y actualmente se encuentra en la construcción
prácticamente finalizada”. Por lo tanto, la sanción fue tardía y carente
de lógica, ya que ordenó conseguir una nueva licencia desconociendo
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10963-00
Accionantes: JOSÉ ANTONIO RINCÓN.
la primera (párrafo 84)
151. Aunado a lo anterior, una vez impuesta la referida sanción de
multa a través de la Resolución 536 del 21 de junio de 2010 (párrafo
86), se le dio un plazo de 60 días para conseguir una nueva licencia
de construcción, so pena de ordenar la demolición. Empero, frente al
incumplimiento de esta resolución no se inspeccionó, vigiló ni
controló, ya que la construcción siguió su marcha hasta culminar y
acabar (sic) deteriorar por completo el inmueble del demandante.
Prueba de ello es que el 9 de mayo de 2011, el actor presentó
derecho de petición solicitando una nueva visita por parte de la
Dirección de Prevención y Atención de Desastres, ya que la
constructora no había realizado ningún tipo de arreglo (párrafo 90).
(…)
153. Estas omisiones fueron determinantes y tienen una relación
causal con la irrogación del daño, ya que si la administración distrital
hubiese actuado de manera diligente y asertiva en el sub lite
ejerciendo las competencias y deberes en materia de inspección,
vigilancia, control y sanción urbanística, se hubiese evitado, en parte,
el daño antijurídico que el administrado no está en la obligación
jurídica de soportar.
(…)
156. En conclusión, se encuentra acreditado que el Distrito de
Bogotá, Alcaldía Local de Suba incumplió los deberes que le
correspondían respecto de la inspección, vigilancia y control de la
obra y, por lo tanto, estas omisiones a sus obligaciones legales tienen
un nexo de causalidad directo con los perjuicios producidos al
inmueble de propiedad de los demandantes.
(…)
191.En la modalidad de lucro cesante, reclaman la suma de ciento
noventa y tres millones cuatrocientos cincuenta y tres mil quinientos
pesos ($193.453.500), valor liquidado hasta el 30 de junio de 2012,
por concepto de cánones de arrendamiento de 3 locales comerciales,
3 apartamentos terminados y 3 apartamentos sin terminar, valor que
a su juicio, se debe pagar desde las fechas en las cuales dejaron
recibir los cánones de arrendamiento, hasta la ejecutoria de la
sentencia, con sus correspondientes aumentos legales y totalmente
indexados.
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10963-00
Accionantes: JOSÉ ANTONIO RINCÓN.
(…)
195. Empero, tal como lo alega el apelante, si se encuentra probado
dentro del proceso que los demandantes percibían un valor por
concepto de arrendamientos en relación al bien afectado, ya que para
tal efecto obran en el expediente: i) los contratos de arrendamiento
de los apartamentos y locales (folios 78-97. c.ppal), ii) los
testimonios de Maria Teresa Colmenares, José Miguel Sánchez e Iván
Darío Porras que fueron contestes en señalar que el demandante
tenía arrendados esos bienes ( folios 618 y ss, c.2) , iii) la orden de
desalojo del 16 de enero de 2011 en donde se constata que había 4
apartamentos, 1 garaje y 2 locales comerciales, de uso residencial y
comercial ( folio 62, c. ppal) y iv) Diagnostico (sic) técnico DI 5386
del 17 de noviembre de 2010 donde se habla de la presencia de 6
familias 14 adultos y 4 niños (folio65, c. ppal). Lo anterior, acredita
que el inmueble estaba habitado y alquilado por el propietario del
inmueble.
196. Así las cosas, se encuentra probado que al momento que
debieron desalojar los inmuebles los inquilinos (16 de enero de 2011)
estaban vigentes 6 contratos de arrendamiento, por un valor de
$4.190.000 (folios 78-97, c.ppal).
197. Por lo tanto, para el cálculo del lucro cesante vencido se tendrá
en cuenta la siguiente información: i) se tomará el valor de los
contratos de arrendamiento que se encuentran aportados y probados
en el proceso (y que percibía en el año de 2011, el demandante), por
un valor de $4.190.000; ii) adoptará como fecha de inicio de conteo
del lucro cesante, el momento en el cual el Distrito recomendó el
desalojo definitivo de los bienes, esto es, el 16 enero de 2011 (
hechos probados, párrafo 89); iii) la liquidación se hará hasta el 5 de
octubre de 2020(fecha de la sentencia), es decir, por un lapso de
tiempo de 116,6 meses; iv) el primer periodo de lucro cesante se
concederá el 100 % de lo que correspondería a los cánones de
arrendamiento firmados; v) los años siguientes se reconocerá el 50
% del valor de aquellos, en equidad, ya que la Sala estima que el
demandante sufrió una pérdida de oportunidad de arrendarlos, pues
no se puede afirmar con certeza que los bienes del demandante iban
a estar alquilados el 100% del tiempo, ya que eso depende del alea
del mercado.
(…)
199. Las condenas que aquí se ordenen se deberán pagar a los
demandantes en proporción de 70 % a cargo de la Constructora y 30
% a cargo de Distrito, conforme lo establece el artículo 140 del
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10963-00
Accionantes: JOSÉ ANTONIO RINCÓN.
CPACA., en la medida que la acción dañosa de la constructora tiene
una influencia causal mayor y preponderante en relación a la omisión
de la administración distrital. Lo anterior, porque fue la constructora
quien con su acción ocasionó el daño de manera directa, violó la
licencia de construcción y continuó con la obra hasta su finalización.
Por su parte, el Distrito con la omisión de no ejercer de manera
correcta sus facultades de inspección, vigilancia y control, contribuyó
en un grado menor en la irrogación del daño».
Sobre el asunto, en primera medida, la Sala de Subsección se
pronunciará sobre el defecto sustantivo alegado por la parte accionante.
Al respecto, el inciso final del artículo 140 del CPACA, dispone lo
siguiente:
«[…]
En todos los casos en los que en la causación del daño estén
involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se
determinará la proporción por la cual debe responder cada una de
ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión
en la ocurrencia del daño».
Al respecto, la autoridad judicial accionada conforme a su autonomía
judicial explicó los motivos por los cuales consideró que (i) sí existió
una participación en el daño por parte de la autoridad judicial
accionada al no ejercer sus poderes de vigilancia y control, (ii)
expuso el por qué consideró que la constructora tuvo una mayor
incidencia al ocasionar el daño de manera directa, violar la licencia de
construcción y continuar con la obra hasta su finalización, razón por
la cual no se configuró el defecto sustantivo alegado por los
accionantes.
Ahora, en lo que tiene que ver con el defecto fáctico, observa la Sala
que, contrario a lo manifestado por la parte accionante, el Tribunal sí
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10963-00
Accionantes: JOSÉ ANTONIO RINCÓN.
tuvo en cuenta los contratos de arrendamiento aportados al
expediente y con base en ello determinó que el primer periodo de
lucro cesante debía concederse en un 100 % de lo que
correspondería a los cánones de arrendamiento firmados.
Sobre los años siguientes, expuso los motivos por los cuales
reconoció un 50 % pues consideró que la parte demandante sufrió
una pérdida de oportunidad, en la medida de que no se podía afirmar
con certeza que los bienes iban a estar arrendados el 100% del
tiempo.
Así las cosas, resulta claro que la sentencia cuestionada no incurrió
en los defectos alegados, por cuanto al resolver en segunda instancia,
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
sustentó su decisión con fundamento en las normas y jurisprudencia
aplicable, y cumplió con la motivación requerida.
En conclusión, según los argumentos que anteceden, el amparo
solicitado por el señor Jose Antonio Rincón y otros, será negado toda
vez que los defectos alegados contra la decisión judicial cuestionada
no se configuraron.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda, Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10963-00
Accionantes: JOSÉ ANTONIO RINCÓN.
IV. FALLA
PRIMERO. – NEGAR el amparo solicitado por el señor José Antonio
Rincón y otro, en contra de la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
decisión.
SEGUNDO. – LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.
TERCERO. – De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO. - REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPL ASE
La anterior provid encia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión celebrada en la f echa.
G ABRIEL V ALBUEN A HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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