Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10970-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2021-10970-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10970-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-10970-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
26 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D. C., 26 de abril de 2022
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10970-01
Demandante: Gustavo Esteban Delgado Viteri
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial/ Relevancia constitucional.
Síntesis del caso: La parte demandante enjuició la providencia que, en apelación, confirmó
la decisión de primera instancia de declarar probadas las excepciones de indebida
escogencia de la acción y excepción de caducidad frente al medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a decidir la
impugnación interpuesta por la parte accionante, en contra de la Sentencia
de 4 de febrero de 2022, mediante la cual la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo
por no superar el requisito de relevancia constitucional.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Fallo de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte demandante
1. Gustavo Esteban Delgado Viteri, por intermedio de apoderado
judicial, presentó acción de tutela contra el Juzgado 8 Administrativo de
Pasto y el Tribunal Administrativo de Nariño, por la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales a la dignidad humana, debido proceso,
igualdad, seguridad jurídica y trabajo, con ocasión de las providencias de
17 de febrero de 2020 y 30 de junio de 2021, proferidas dentro del proceso
de reparación directa No. 52001-23-33-000-2016-00190-00/01.
2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):
1 El artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y
333 de 2021 y el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10970-01
Demandante: Gustavo Esteban Delgado Viteri
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Confirma – declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________
“PRIMERA: Que se amparen los derechos constitucionales fundamentales
invocados en esta acción constitucional, los cuales gozan en nuestro Estado
Social de Derecho y en el actual ordenamiento constitucional de una
perspectiva histórica de protección prevalente.
SEGUNDA: DECLARAR sin efecto jurídico alguno la sentencia de Segunda
Instancia proferida el 30 de junio de 2021, por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
NARIÑO – SALA PRIMERA DE DECISIÓN, mediante la cual se CONFIRMÓ la
providencia del 17 de febrero de 2020, proferida por el Juzgado Octavo
Administrativo de Pasto, mediante la cual se declaró probadas las excepciones
de Indebida Escogencia de la Acción, Imposibilidad de Acudir en Reparación
Directa y Caducidad.
TERCERA: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO – SALA PRIMERA
DE DECISION, que en el término de los quince días siguientes a la notificación
del fallo de tutela, profiera una nueva sentencia revocando la providencia de
primera instancia y ordenando que el trámite procesal continúe su curso
normal, teniendo en cuenta los parámetros que se señalen en ese mismo fallo
de tutela, que protege los derechos constitucionales fundamentales que se
invocan en este líbelo introductorio.
CUARTA: DISPONER lo que esa Honorable Sala considere lo más pertinente y
conducente, a efectos de garantizar la protección de los derechos invocados
y la protección del acceso a la administración de justicia que se ejerció a través
de la demanda de Reparación Directa.”
3. Como hechos relevantes fueron narrados los siguientes:
4. 1) Gustavo Esteban Delgado Viteri, mediante Resolución No. 2119 de
3 de septiembre de 2012, fue nombrado por la Contraloría General de la
República, para desempeñar el cargo de Profesional Universitario – Nivel
Profesional – Grado 01 de la Gerencia Departamental Colegiada de Nariño,
y se posesionó el 6 de septiembre de 2012.
5. 2) Posteriormente, se expidió la Ley 1640 de 2013, la cual en su artículo
15 revistió al Gobierno Nacional de facultades extraordinarias, por el término
de 6 meses, para modificar la Planta Temporal de Regalías de la Contraloría
General de la República, incorporar a la Planta de Personal de la Contraloría
General de la República cargos del DAS en liquidación y unificar la Planta
de Regalías con la Planta Ordinaria.
6. 3) De conformidad con esas facultades, el Departamento
Administrativo de la Función Pública (DAFP) expidió el Decreto 2025 de 2013
y, a través del mismo, ordenó la supresión de 12 cargos de Profesionales
Universitarios Grado 01 de la Planta de Personal de la Contraloría General
de la República. En cumplimiento de este decreto, la Contralora General de
la República, Sandra Morelli Rico, mediante Resolución No. 2699 de 10 de
octubre de 2013, suprimió 12 cargos de Profesional Universitario Grado 1 de
la Planta de Personal, dentro de los cuales se encontraba el señor Delgado
Viteri.
7. 4) Posteriormente, la Corte Constitucional, a través de las Sentencias
C-386 y C-506 de 2014, declaró inconstitucionales los artículos 15 de la Ley
2 de 7
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10970-01
Demandante: Gustavo Esteban Delgado Viteri
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Confirma – declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________
1640 de 2013 y 5 del Decreto 2025 de 2013. Con fundamento en lo anterior,
el señor Delgado Viteri presentó un derecho de petición ante la Contraloría
General de la República, mediante el cual solicitó su reintegro al cargo que
desempeñaba antes de la vigencia de la Ley 1640 de 2013 y del Decreto
2025 de 2013.
8. 5) La Contraloría General de la República, a través de Oficio No.
2014EE0132237(81117) de 9 de agosto de 2014, negó el reintegro con
fundamento en que la Corte Constitucional no otorgó efectos retroactivos
a las Sentencias C-386 y C-506 de 2014.
9. 6) En consecuencia, el 17 de febrero de 2015, el señor Delgado Viteri
presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho2, que
correspondió por reparto al Juzgado 2 Administrativo de Pasto, el cual
mediante Auto de 22 de agosto de 2015, rechazó la demanda pues
consideró que el acto administrativo sobre el cual debió ejercerse el medio
de control era la Resolución No. 2699 y no el Oficio No.
2014EE0132237(81117), como lo propuso el accionante. Además, mencionó
que frente al primero ya había operado el fenómeno de caducidad. Esta
providencia fue apelada por el accionante y el Tribunal Administrativo de
Nariño la confirmó, a través de Auto de 18 de noviembre de 2015.
10. 7) El 24 de enero de 2017, el señor Delgado Viteri presentó demanda
de reparación directa3, orientada a obtener el reconocimiento y pago de
los perjuicios materiales y morales causados por la supresión del cargo de
Profesional Universitario – Nivel Profesional – Grado 01 de la Gerencia
Departamental Colegiada de Nariño. En primera instancia, conoció el
Juzgado 8 Administrativo de Pasto y, en audiencia inicial, declaró probada
la excepción de indebida escogencia de la acción o imposibilidad de
ejercer la acción. Contra dicha providencia, el demandante interpuso
recurso de apelación.
11. 8) Mediante providencia de 30 de junio de 2021, el Tribunal
Administrativo de Nariño confirmó la decisión del juzgado, pues el medio de
control procedente era el de nulidad y restablecimiento de derecho, ya que
el daño que se quería reparar era consecuencia directa de la Resolución
No. 2699 de 10 de octubre de 2013.
12. Como fundamento de la vulneración, la parte actora afirmó que las
autoridades judiciales demandadas profirieron decisiones que no advirtieron
la ilegalidad sobreviniente y la imposibilidad del accionante de ejercer el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y que optaron
por interpretar de manera restrictiva sus derechos.
2 Rad. 52001-33-31-002-2015-00287-00
3 Rad. 52001-23-33-000-2016-00190-00.
3 de 7
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10970-01
Demandante: Gustavo Esteban Delgado Viteri
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Confirma – declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________
1.2. Fallo de primera instancia e impugnación
13. Mediante Sentencia de 4 de febrero de 2022, la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de
tutela, tras determinar que el asunto no superó el requisito de relevancia
constitucional, en la medida que los argumentos que adujo el accionante
no cumplieron con la carga argumentativa requerida al no exponer en qué
defectos incurrieron presuntamente las autoridades accionadas. En
conclusión, advirtió que las falencias argumentativas impidieron determinar
de manera tangible la amenaza o vulneración que invocó el accionante.
14. La parte actora impugnó la decisión anterior y adujo que la relevancia
constitucional era evidente, en ese sentido, alegó que la controversia
trasciende varios derechos fundamentales e insistió en sostener que los
hechos que narró en el escrito de tutela fueron claros, contundentes y
suficientes. Por otro lado, expuso que negar la tutela por improcedente era
un atentado contra la eficaz y cumplida impartición de justicia.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Conclusión.
2.1. Fijación de la controversia
15. Establecer si la acción de tutela presentada por el señor Delgado
Viteri contra el Juzgado 8 Administrativo de Pasto y el Tribunal Administrativo
de Nariño cumplió con el requisito de relevancia constitucional. Solo en el
evento en el que se supere dicho presupuesto y sean verificados los demás
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial, se entrará a determinar si las autoridades judiciales accionadas,
vulneraron los derechos fundamentales a la dignidad humana, debido
proceso, igualdad, seguridad jurídica y trabajo, con ocasión de las
providencias de 17 de febrero de 2020 y 30 de junio de 2021, proferidas
dentro del proceso de reparación directa No. 52001-23-33-000-2016-00190-
00/01. Como consecuencia de lo anterior, se confirmará, modificará o
revocará la decisión de tutela de primer grado.
2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial4
16. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, mediante la cual
se declaró la improcedencia de la acción de tutela por no satisfacer el
requisito de relevancia constitucional, pues se advierte que la parte actora
4 Este análisis se hace conforme a lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-66 de 2019
4 de 7
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10970-01
Demandante: Gustavo Esteban Delgado Viteri
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Confirma – declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________
no desplegó la carga argumentativa que justificara la intervención del juez
de tutela.
17. Al respecto, debe indicarse que, la relevancia constitucional es uno
de los requisitos que deben concurrir para que resulte procedente la acción
de tutela contra providencias judiciales, pues, en los términos de la Corte
Constitucional, (se trascribe) “el juez constitucional no puede entrar a
estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones”5.
18. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de
5 de agosto de 20146, adujo expresamente que el requisito que se analiza
requiere la conjunción de 2 elementos: (1) la carga argumentativa por parte
del demandante en la que explique la relevancia de la controversia para el
juez de tutela7 y que la solicitud de amparo no se presente con objeto de
obtener una nueva instancia8; y (2) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de mera legalidad9.
19. Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia
constitucional tiene por finalidades preservar la competencia e
independencia del juez ordinario, restringir la acción de tutela a asuntos
donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se
convierta en una instancia adicional10.
20. En el presente caso, se logró evidenciar que, tal como lo puso de
presente el juez constitucional en primera instancia, el asunto no superó el
requisito de relevancia constitucional, como pasa a explicarse.
21. La parte actora no desplegó, en el escrito de tutela ni en la
impugnación, la carga argumentativa suficiente para explicar por qué esta
controversia tiene una marcada trascendencia constitucional que amerita
la intervención del juez de tutela.
5 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
6 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
7 Ídem. “El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela
que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
8 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal
adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
9 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales.
No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
10 Corte Constitucional, Sentencias T-422 de 2018 y T-555 de 2019.
5 de 7
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10970-01
Demandante: Gustavo Esteban Delgado Viteri
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Confirma – declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________
22. Lo anterior obedece a que, pese a que el accionante manifestó que
el asunto superaba el requisito en comento11, se limitó a insistir en las
inconformidades contra la providencia enjuiciada, sin explicar por qué esos
reparos podrían, eventualmente, conllevar a la vulneración de derechos
fundamentales o explicar por qué era necesaria la intervención del juez de
tutela.
23. Además, el accionante no encuadró sus reparos dentro de ningún
defecto, simplemente se limitó a exponer los mismos argumentos que dio a
conocer al juez natural, tanto en la demanda de reparación directa que
conoció el Juzgado 8 Administrativo de Pasto, como en el recurso de
apelación que conoció el Tribunal Administrativo de Nariño. Para la Sala es
claro que, ambas autoridades judiciales tuvieron la oportunidad de advertir
la situación fáctica y determinaron que el medio de control no fue idóneo
para reclamar lo que el actor invocaba.
24. De lo anterior, se tiene entonces que, la parte actora, ante el juez de
tutela, alegó aspectos que fueron sometidos al conocimiento del juez
natural, los cuales, a su turno, fueron resueltos de forma razonable.
25. En ese sentido cabe mencionar que las diferencias interpretativas que
existieren entre el demandante y el juez natural de la causa no constituyen,
por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones
del juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión vía tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por qué
el asunto es constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela
contra providencia judicial, pues este es un mecanismo constitucional de
amparo de derechos fundamentales de carácter excepcional12.
26. Así las cosas, de cara a la insuficiencia argumentativa, esta Sala
concluyó que lo que se pretendió con la solicitud de amparo fue reabrir el
debate jurídico y someterlo a una instancia adicional.
2.3. Conclusión
27. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela es
improcedente, en tanto, los reparos alegados no revisten relevancia
constitucional. En consecuencia, se abstendrá de estudiar los demás
11 El accionante manifestó (se trascribe): “El fondo del problema jurídico por el cual acudimos a la acción de tutela,
se relaciona con el control de constitucionalidad que ejerció la Honorable Corte Constitucional a la ley 1640 de
2013 en su artículo 15, y por extensión al Decreto 2025 del 17 de septiembre de 2013, aplicable también a la
Resolución No. 2699 del 10 de octubre de 2013; normatividad que quedó revestida del fenómeno de
inconstitucionalidad, conforme a las Sentencias C – 386 del 25 de junio de 2014 y C – 506 del 16 de julio de 2014, lo
que demuestra a todas luces que el tema objeto de la acción constitucional tiene total RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL, claro está siempre y cuando que observando las reglas de la sana crítica, se haga un análisis
de la demanda”.
12 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659
de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
6 de 7
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10970-01
Demandante: Gustavo Esteban Delgado Viteri
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Confirma – declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________
requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
y el fondo del asunto, y confirmará la improcedencia de la misma.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia proferida el 4 de febrero de 2022,
mediante la cual, la Subsección C, de la Sección Tercera del Consejo de
Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma, deberán dirigirla, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin13.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
CUARTO. Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente
providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Con salvamento de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
13 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
7 de 7
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.