RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2021-10994-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10994-00

Carácter general: se declara improcedente – la parte

Fecha
25 de marzo de 2022
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10994-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR improcedente la presente acción de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. TERCERO: En caso de no ser impugnado REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-10994-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

25 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10994-00
Accionantes: JUAN SEBASTIÁN CHÁVEZ COLORADO Y OTROS
Accionados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS DE
CARÁCTER GENERAL – se declara improcedente – la parte
accionante dispone de otro medio de defensa judicial para la
salvaguarda de los derechos fundamentales que aduce
transgredidos con la expedición del acto administrativo acusado y
no demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable que habilite
la intervención del juez constitucional como mecanismo transitorio

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el extremo accionante en contra
del Presidente de la República1 y de los ministerios del Interior, de Salud y
Protección Social y de Comercio, Industria y Turismo.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Los ciudadanos Juan Sebastián Chávez Colorado, Karen Lorena Álvarez
Carvajal, Ana Patricia Ortiz Herrera y Uriel Manuel Úsuga Guisao, a través de
escritos separados, solicitaron la protección de sus derechos fundamentales a la
libertad de locomoción, a la libertad de conciencia, reunión y manifestaciones
públicas, al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad, a la vida
digna, a la dignidad humana, a la libertad de expresión e información, a la
intimidad, de asociación y a la honra, los cuales fueron presuntamente
transgredidos por las autoridades accionadas, como consecuencia de la
expedición y aplicación de los decretos números 1408 y 1615 de 2021.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestaron que, a través del Decreto número 1408 de 3 de noviembre de 2021,
se dispuso que las entidades territoriales debían adicionar a los protocolos de
bioseguridad la presentación del carné o el certificado digital de vacunación contra la
enfermedad coronavirus Covid-19, para eventos presenciales que impliquen
asistencia masiva y para el ingreso a «[…] bares, gastrobares, restaurantes, cines,
1
La Sala entiende que la demanda de tutela se presentó en contra del Presidente de la República.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10994-00
Accionante: Juan Sebastián Chávez Colorado

discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así
como escenarios deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos, y ferias
[…]».

2.2. Afirmaron que, desde la expedición del Código de Nüremberg de 20 de agosto de
1947, la autonomía del paciente es un derecho esencial y debido a esto «[…] ningún
procedimiento médico, suministro de medicamentos, vacunas o tratamientos puede
aplicarse a un paciente […]» sin su consentimiento previo e informado.

2.3. Señalaronque, debido a las medidas adoptadas en el referido decreto, las
entidades accionadas están coaccionando a todos los habitantes que, por razones
médicas, de conciencia o de culto, han decido autónomamente no aplicarse la
vacuna contra el coronavirus Covid-19.

2.4. Adujeron que estas medidas desconocen las siguientes normas: i) los artículos 5°
y 6° de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos; ii) el literal d)
del artículo 10 de la Ley Estatutaria de la Salud número 1751 de 2015, y iii) el literal
a) del artículo 152 de la Constitución Política.

2.5. Indicaron que la evidencia científica permitía concluir que: «[…] las vacunas
contra el COVID 19 no gozan de una eficacia relevante en lo que se refiere a
prevención del contagio, sino que están encaminadas a evitar la agravación de
síntomas propios de esta enfermedad […]». Por tal motivo, a su juicio, resulta
arbitrario, discriminatorio e inconstitucional que se adopten las medidas consagradas
en el Decreto 1408 de 2021, ya que se está partiendo de la premisa consistente en
que las personas no vacunadas son un peligro para la sociedad.

2.6. Expusieron, además, que resulta inconstitucional que el Gobierno nacional adopte
esta medida pese a que «[…] no ha garantizado el acceso a primera, segunda y
tercera dosis en todo el territorio colombiano […]».

2.7. Sostuvieron
que el Decreto 1408 de 2021 resulta lesivo para sus derechos
fundamentales, en síntesis, por las siguientes razones:

i) Como primer argumento adujeron que el decreto enjuiciado era inconstitucional
porque el ejecutivo carecía de competencia para limitar, regular y restringir el
ejercicio de derechos fundamentales. En ese orden de ideas, señalaron que a la
luz del literal a) del artículo 152 constitucional «los derechos fundamentales de las
personas deben regularse y únicamente pueden limitarse por medio de leyes
estatutarias».

Por lo anterior, indicaron que únicamente el Congreso de la República, a través de
una ley estatutaria, era el órgano facultado para establecer la medida obligatoria
de presentación del carné de vacunación contra el coronavirus Covid-19.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10994-00
Accionante: Juan Sebastián Chávez Colorado

ii) En segundo lugar, argumentaron que la exigencia del carné vulneraba su
derecho a la libertad de locomoción, en tanto que les impide acudir a espacios
públicos para desarrollar las actividades cotidianas de relacionamiento social y de
ocio.

iii) En tercer lugar, señalaron que el decreto enjuiciado transgredía el derecho a
la reunión porque no permite: «reunirnos en espacios públicos y privados que
impliquen aglomeración», a menos que se encuentren vacunados.

iv) En cuarto lugar, manifestaron que se vulneraba el derecho fundamental a la
libertad de conciencia porque, bajo el amparo del artículo 18 constitucional, se
consideraban objetores de conciencia en relación con la aplicación de la vacuna.

v) Como quinto argumento, sostuvieron que se vulneraba el derecho al trabajo,
ya que están ante el perjuicio real e irremediable de no realizar con normalidad las
actividades laborales que a diario desarrollan y que, en muchos casos, las realizan
en los espacios en que se requiere que se presente el carné de vacunación.

vi) En sexto lugar, afirmaron que se vulnera el derecho al libre desarrollo de la
personalidad, toda vez que el decreto censurado está impidiendo que decidan
libremente no vacunarse contra el coronavirus Covid-19.

vii) En séptimo lugar, manifestaron que se vulnera el derecho a la igualdad entre
las personas vacunadas y las que libremente han decidido no vacunarse porque
se les está dando un trato diferenciado y discriminatorio por el simple hecho de
haber decidido de manera autónoma y libre no recibir la vacuna contra el
coronavirus Covid-19.

También indicó que las medidas adoptadas eran desproporcionadas e
irrazonables, ya que estaba comprobado científicamente que la vacuna no
previene el contagio y, además, causa efectos secundarios, y por ello resulta
innecesario el trato discriminatorio.

viii) Como octavo argumento señalaron que el decreto vulnera el derecho
fundamental a la vida digna y a la dignidad humana porque ellos
autónomamente decidieron no vacunarse y las medidas adoptadas los sometía «a
una discriminación pública y privada», desconociendo que como sujetos morales
tienen el derecho a decidir sobre sus vidas, sin ser discriminados por tal motivo.

ix) En noveno lugar indicaron que se transgredía el derecho a la información
porque el decreto acusado: a) omitía señalar que la vacuna causa efectos
secundarios graves como la miocarditis aguda, la pericarditis, etc; b) se abstenía
de señalar que en la actualidad se desconocen los efectos secundarios de la
vacuna en el mediano y en el largo plazo; y, además, c) el Gobierno nacional

4

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10994-00
Accionante: Juan Sebastián Chávez Colorado

ocultaba las cifras de personas fallecidas como consecuencia de la aplicación de
la vacuna.

2.8. Por último, argumentaron -mediante escrito de ampliación- que el Decreto 1615 de
2021, al regular la obligatoriedad de la exigencia del carné de vacunación o
certificado digital para ingresar a ciertos lugares, también vulneraba sus derechos
fundamentales, en tanto que mantuvo las medidas adoptadas inicialmente en el
Decreto 1408, razón por la que solicitaron que aquel acto administrativo se tenga
como nueva norma cuestionada por esta vía constitucional.

III. PRETENSIONES

3. Elextremo accionante fue unánime en solicitar el amparo de sus derechos
fundamentales a la libertad de locomoción, a la libertad de conciencia, reunión y
manifestaciones públicas, al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad, a la
igualdad, a la vida digna, a la dignidad humana, a la libertad de expresión e
información, a la intimidad, de asociación y a la honra y que, como consecuencia
de ello, se deje sin efectos los decretos 1408 y 1615 de 2021.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. El magistrado de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
que inicialmente tuvo a su cargo la sustanciación de este proceso, mediante auto
de 7 de diciembre de 20222, resolvió: (i) admitir el mecanismo de amparo
promovido por el señor Juan Sebastián Chávez Colorado en contra de la
Presidencia de la República y de los ministerios del Interior, de Salud y
Protección Social y de Comercio, Industria y Turismo, (ii) negar la medida
prosivional solicitada por el referido ciudadano, y (iii) remitir el expediente con el
propósito de que se resolviera de su acumulación al proceso con radicado número
11001-03-15-000-2021-07578-00 (Actora: Ana de Jesús Gallo).

5. El presente expediente fue remitido e ingresó al Despacho del magistrado que
actúa como ponente en esta providencia el 18 de enero de 20223.

6. Mediante auto de 24 de enero de 20224, el Despacho sustanciador del proceso
dispuso acumular el mecanismo de amparo promovido por el señor Chavéz
Colorado al proceso con radicado número 11001-03-15-000-2021-11177-00
(Actor: Miller Manrique Saavedra). En la misma providencia se admitieron y
acumularon, entre otras, las acciones de tutela presentadas por los ciudadanos
Karen Lorena Álvarez Carvajal (expediente 11001-03-15-000-2021-10547-00),
Ana Patricia Ortiz Herrera (expediente 11001-03-15-000-2021-10560-00) y Uriel
Manuel Úsuga Guisao (expediente 11001-03-15-000-2021-10472-00).

2
Índice 4 del aplicativo Samai.
3
Índice 10 del aplicativo Samai.
4
Índice 15 del aplicativo Samai.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10994-00
Accionante: Juan Sebastián Chávez Colorado

7. El 25 de febrero de 2022, la Sala de Decisión de la Sección Primera del Consejo
de Estado dictó fallo de primera instancia dentro del expediente número 1001-03-
15-000-2021-11177-00 -principal-. En dicha decisión, se dispuso, entre otros
asuntos, «[…] la DESACUMULACIÓN del presente expediente de las acciones de
tutela números 11001-03-15-000-2021-10994-005, 11001-03-15-000-2021-10547-
006, 11001-03-15-000-2021-10560-007 y 11001-03-15-000-2021-10472-008, […]»,
ello en la medida en que los actores dentro de los referidos procesos presentaron
ampliación del escrito inicial de amparo.

8. Como consecuencia de lo anterior, el Despacho sustanciador del proceso a
través de auto de 7 de marzo de 20229, resolvió admitir los escritos de ampliación
presentados por los actores y acumular al expediente de la referencia los
mecanismos de amparo con radicados números 11001-03-15-000-2021-10547-00,
11001-03-15-000-2021-10560-00 y 11001-03-15-000-2021-10472-00.

V. INTERVENCIONES

9. Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas y vinculadas, se
produjeron las siguientes intervenciones:

9.1. El Presidente de la República, a través de apoderado judicial, rindió informe
en el que desarrolló los siguientes temas: i) el estado actual de la pandemia; ii) los
avances en las coberturas de vacunación en el país; iii) la transmisión del virus y
entornos de mayor riesgo; iv) la efectividad y seguridad de las vacunas; v) la
inmunidad de rebaño; vi) la evidencia sobre la necesidad de alcanzar altas
coberturas de vacunación para evitar nuevos picos; vii) Seguridad de las vacunas;
viii) el certificado de vacunación, y ix) el aumento de casos de Covid-19 en niños
(as) y adolescentes.

9.2. Seguidamente indicó que la solicitud de amparo no cumplía con el requisito de
la subsidiariedad, en tanto que:

[…] 1. La parte accionante sí cuenta con un mecanismo de defensa judicial
que le permite controvertir la constitucionalidad y legalidad del Decreto 1615
de 2021, el cual se encuentra regulado por la normatividad contenciosa
administrativa.

2. Con la expedición del Decreto 1615 de 2021, se fijan restricciones
razonables para que la determinación personal de los anti vacunas no afecte
la vida del resto de la población y haga viable la vida en sociedad en tiempos
de pandemia. Es decir, que la norma impugnada propende por la protección
de derechos fundamentales de todos los ciudadanos y residentes en
Colombia, por cuanto procura la garantía de derechos como la protección a la
vida y la salud.

5
Promovido por el señor Juan Sebastián Chávez Colorado.
6
Promovido por la señora Karen Lorena Álvarez Carvajal.
7
Promovido por la señora Ana Patricia Ortiz Herrera.
8
Promovido por el señor Uriel Manuel Úsuga Guisao.
9
Índice 18 del aplicativo Samai.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10994-00
Accionante: Juan Sebastián Chávez Colorado

3. En el desarrollo de la presente contestación, se pondrá de presente que con
la expedición del Decreto 1615 de 2021, así como con las múltiples decisiones
adoptadas por el gobierno nacional en el marco de la emergencia sanitaria,
producto de la pandemia del COVID 19, se propende por la garantía de
derechos de todo el colectivo, para evitar o para mitigar los daños irreparables
que ya hemos padecido, como las pérdidas humanas, o las nefastas
consecuencias en la sostenibilidad financiera de un sin número de hogares
[…].

9.3. En sustento de lo anterior, puso de presente que la Sección Primera del
Consejo de Estado, en sentencia de 14 de febrero de 2022, resolvió declarar
improcedente las acciones de tutela que pretendían dejar sin efectos el Decreto
1615 de 2021, por lo que en aras de «[…] garantizar el respeto al precedente
judicial, la acción de tutela presentada por la parte actora debe ser resuelta en el
mismo sentido en el que ya se pronunció el Consejo de Estado sobre este asunto
[…]».

9.4. Con base en los argumentos expuestos, arribó a las siguientes conclusiones:

[…] 1. La acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial con un
carácter residual y subsidiario, en consecuencia, se advierte que en el caso
particular y concreto no se cumple con el criterio de subsidiariedad, por cuanto
la parte actora no demuestra una afectación directa y subjetiva a sus derechos
presuntamente vulnerados con la expedición del Decreto 1615 de 2021, en
tanto realiza suposiciones generales e incluso inciertas, que no se proyectan
hacia la materialización de un perjuicio irremediable.

[…]

4. La acción de tutela no es el mecanismo idóneo para controvertir la legalidad
de un acto administrativo de carácter general e impersonal como lo es el
Decreto 1615 de 2021 y ahora el Decreto 1615 del 30 de noviembre de 2021.

[…]

6. En el caso particular y concreto no obra prueba siquiera sumaria de la
presunta obligatoriedad de la inoculación, mucho menos de la vulneración de
los derechos deprecados.

7. La presidencia de la república no ha vulnerado derecho fundamental alguno
al actor, por el contrario, las medidas adoptadas en el Decreto 1615 de 2021
procuran por el cuidado de la salud y la vida en comunidad.

8. De los Hechos expuestos y soportes presentados con la acción no se
concluye la vulneración al derecho al trabajo y vida digna del actor […].

9.5. Como consecuencia de todo lo anterior, solicitó lo siguiente:

[…] Con fundamento en lo expuesto, comedidamente solicito a su Despacho
NEGAR por IMPROCEDENTE el amparo solicitado por ausencia del requisito
de subsidiariedad, en tanto la parte actora cuentan con otras vías de acción
para cuestionar la legalidad y constitucionalidad del Decreto 1615 de 2021,

7

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10994-00
Accionante: Juan Sebastián Chávez Colorado

norma de carácter general, impersonal y abstracto que cumple las condiciones
del numeral 5º del artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991.

En su defecto, negar el amparo solicitado por cuanto no es cierto que se
hayan vulnerado los derechos fundamentales que se invocan en la acción, por
cuanto: (i) Las medidas restrictivas para las personas que no quieren
vacunarse están justificadas constitucionalmente, atienden al principio de
solidaridad y razonabilidad para preservar la vida en sociedad y la dignidad
humana, necesarios para garantizar el goce de los derechos humanos; (ii) la
vacunación contra la Covid-19 no obliga a ningún ciudadano colombiano y
están encaminadas a permitir la vida en sociedad y económica en medio de la
pandemia, protegiendo la salud en conexidad con la vida de todos los
colombianos y residentes en el país, y en ese sentido se justifica la limitación
al derecho a la libertad de locomoción; (ii) desarrolla el principio de solidaridad
que sustenta la prestación de servicios de salud -artículos 48, 49 Y 95 de la
Constitución Política-; y (iii) no es discriminatoria y encuentra plena
justificación en el hecho de que no se interviene en la decisión de no
vacunarse, pero acude a la restricción como único mecanismo para evitar que
la población no vacunada facilite la circulación del virus y el riesgo de
mutación, lo que gravemente sí afecta o al menos pone en riesgo la vida de
todos los colombianos y residentes en el país […].

9.6. Losministerios del Interior, de Salud y Protección Social, de Comercio,
Industria y Turismo, por intermedio de sus apoderados judiciales y a través de
escritos separados, rindieron informes en los que plasmaron argumentos
coincidentes con aquellos expuestos por el Presidente de la República e,
igualmente, solicitaron que se declarara improcedente el mecanismo de amparo
de la referencia o que, en su defecto, el mismo se negara, ante la ausencia de
vulneración de los derechos que se afirman transgredidos.

9.7. Eldirector del Departamento Administrativo de la Función Pública rindió
informe en el que solicitó que se declarara improcedente el mecanismo de amparo
de la referencia, en tanto que, de conformidad «[…] con lo establecido en el
numeral 5 del artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991, según el cual “la acción de
tutela no procederá cuando se controviertan actos de carácter general, impersonal
y abstracto”, como lo es el Decreto 1615 de 2021 […]».

9.8. Pusode presente que la actora no acredita la ocurrencia de un perjuicio
irremediable que habilitara la intervención del juez de tutela, ya que no allegó ni
siquiera prueba sumaria de la supuesta afectación de sus derechos
fundamentales.

9.9. Porlo anterior, concluyó que: «[…] Las reclamaciones de la accionante, en
razón a su naturaleza deben ser resueltas en ejercicio de las acciones o medios
ordinarios de defensa, con solicitud de suspensión de los efectos jurídicos del
Decreto 1615 de 2021 […]».

9.10. Porúltimo, aseguró que: «[…] la finalidad del Decreto 1615 de 2021 se
constituye en actuar legitimo del Gobierno Nacional, de cara a la prevención del

8

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10994-00
Accionante: Juan Sebastián Chávez Colorado

COVID-19, mediante la adición a la implementación de protocolos de
bioseguridad, en los términos establecidos en el art. 2 del referido Decreto. De
manera tal que cuestionar estas actuaciones es un poco desacertado en la medida
que solo son apreciaciones subjetivas del accionante, por ende, no se cuenta con
presupuestos facticos y jurídicos que arriben a tal apreciación, máxime cuando lo
que se pretende es contar con esquemas de vacunación completos y evitar de
esta manera la propagación del COVID-19 […]».

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

10. EstaSala de Decisión es competente para pronunciarse sobre la acción de
tutela presentada por la parte accionante, en virtud de lo previsto en el Decreto
2591 de 19 de noviembre de 199110, en concordancia con el artículo 1º del
Decreto 333 de 6 de abril de 202111 y en armonía con el Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de
tutela.

VI.2. Problemas jurídicos

11. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de carácter
general.

b) Si las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la parte actora como consecuencia de la expedición y
aplicación de los decretos 1408 y 1615 de 2021.

12. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: i) la procedencia de la acción de tutela contra actos
administrativos de carácter general, para posteriormente proceder a ii) resolver el
caso concreto.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de
carácter general

13. Sobre el particular, la Sala advierte que, por regla general, la acción de tutela no
procede para controvertir actos administrativos de carácter general, por expresa

10
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
11
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10994-00
Accionante: Juan Sebastián Chávez Colorado

disposición del numeral 5° del artículo 6° del Decreto Ley 2591 de 1991, cuyo
tenor literal dice lo siguiente:

[…] ARTÍCULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La
acción de tutela no procederá:

(…)

5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto […]

14. A partir de lo anterior, la jurisprudencia de la Corte Constitucional12 ha sido
reiterativa en sostener lo siguiente:

[…] en relación con la acción de tutela frente a actos dotados de carácter
general, impersonal y abstracto, ha sido abundante la jurisprudencia
constitucional que ha señalado la improcedencia de la misma para controvertir
tal modalidad de actos, al tenor de lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 6º
del Decreto 2591 de 1991, e independientemente del contenido de los
mismos. Lo anterior, obedece justamente a la necesidad de que el
mecanismo tuitivo de los derechos fundamentales mantenga su
naturaleza como un medio de defensa judicial subsidiario y residual, y
que se conserve el orden regular de asignación de competencias a las
jurisdicciones, en aras de asegurar la plena vigencia del principio de
seguridad jurídica […]13. (Se destaca)

15. Lamisma jurisprudencia de la Corte Constitucional14 ha reconocido que, en
algunas circunstancias especiales, procede la acción de tutela contra actos
administrativos de carácter general, siempre y cuando «[…] se trate de conjurar
la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable y, además, sea posible
establecer que el contenido del acto de carácter general, impersonal y
abstracto afecta clara y directamente un derecho fundamental de una
persona determinada o determinable. Solo en estos casos el juez puede hacer
uso de la facultad excepcional consistente en ordenar la inaplicación del acto para
el caso concreto, con un carácter eminentemente transitorio mientras se produce
la decisión de fondo por parte del juez competente […]»15. (Negrillas originales del
texto citado)

16. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.

17. En relación con tales criterios interpretativos se ha definido lo siguiente:

12
Ver, entre otras, las sentencias SU-037 de 2009, T-111 de 2008, T-1073 de 2007, T-645 de 2006, T-1015 de 2005, T-435
de 2005, T-1098 de 2004, T-1497 de 2000, SU-1052 de 2000, T-815 de 2000, T-287 de 1997, T-31 de 1993.
13
Sentencia SU 037 de 2009, proferida por la Corte Constitucional, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
14
Ibidem.
15
Sentencia C-132 de 2018, proferida por la Corte Constitucional el 28 de noviembre de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10994-00
Accionante: Juan Sebastián Chávez Colorado

[…] la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto
de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que
hace evidente la impostergabilidad de la tutela como un mecanismo necesario
para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La
concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de
considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, como mecanismo
transitorio y como medidas precautelativas para garantizar la protección de los
derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados
[…].16

18. Así las cosas, resulta dable concluir que, en principio, la acción de tutela resulta
improcedente para controvertir la legalidad de actos administrativos de carácter
general, a menos de que se esté en presencia de una flagrante vulneración de
derechos fundamentales y se busque evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, caso en el cual procedería el amparo de manera transitoria.

VI.4. Caso concreto

19. Los ciudadanos Juan Sebastián Chávez Colorado, Karen Lorena Álvarez
Carvajal, Ana Patricia Ortiz Herrera y Uriel Manuel Úsuga Guisao, a través de
escritos separados, solicitaron la protección de sus derechos fundamentales a la
libertad de locomoción, a la libertad de conciencia, reunión y manifestaciones
públicas, al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad, a la vida
digna, a la dignidad humana, a la libertad de expresión e información, a la
intimidad, de asociación y a la honra, los cuales fueron presuntamente
transgredidos por las autoridades accionadas, como consecuencia de la
expedición y aplicación de los decretos números 1408 y 1615 de 2021.

20. En este punto, es oportuno resaltar que si bien es cierto en el asunto de la
referencia inicialmente se había cuestionado el contenido del Decreto 1408 de
2021, la realidad es que con ocasión del escrito de ampliación presentado por la
parte accionante se tuvo como nueva norma acusada el Decreto 1615 de 2015,
por lo que el presente análisis únicamente se centrará en determinar si el referido
Decreto 1615 de 2021 resulta lesivo de las garantías fundamentales que considera
transgredidas la parte accionante.

VI.4.1. La improcedencia de la acción de tutela en el caso sub examine.

21. Sobre el particular, es de recordar que, tal como se señaló en el acápite VI.3. de
esta providencia, tanto la jurisprudencia de esta Corporación como la de la Corte
Constitucional ha sido reiterativa en sostener que la acción de tutela resulta
improcedente cuando se pretende controvertir la legalidad de actos administrativos
de carácter general debido a que los asociados cuentan con distintos medios de
defensa, como lo son: el medio de control de nulidad e incluso el de nulidad por
inconstitucionalidad, los cuales son mecanismos idóneos para solicitar la
anulación y la suspensión de los actos de la administración que, según se afirma,

16
Sentencia T-225 de1993, reiterado en la sentencia SU-617 de 2013.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10994-00
Accionante: Juan Sebastián Chávez Colorado

lesionan el ordenamiento jurídico y, debido a esto, afectan derechos
fundamentales.

22. Partiendo de la anterior premisa y comoquiera que la parte actora le atribuye la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al Decreto número 1615 de
2021, la Sala advierte que dicho acto administrativo es pasible de control judicial, a
través del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 de la Ley 1437
de 2011, por lo que es innegable que disponen de otro medio de defensa para
solicitar la protección de los derechos fundamentales que aduce como
transgredidos.

23. Tan cierto es lo anterior que, actualmente, en esta Sección cursan 15
demandas que buscan dejar sin efectos el Decreto número 1615 de 2021, siendo
la primera en ser admitida la promovida por el señor José Ignacio Morales
Arriaga, con radicación 11001-03-24-000-2021-00884-0017, proceso en el que el
demandante solicitó medida provisional, la cual fue negada mediante auto de 23
de febrero de 2022; providencia que en su parte resolutiva es del siguiente tenor:

[…] DENEGAR la suspensión provisional de los provisional de los efectos
jurídicos de los artículos: 2° -parágrafos del 1 al 3- y 3° del Decreto 1615 de
30 de noviembre de 2021, acto administrativo suscrito por el Presidente de
la República, el Ministro del Interior, el Viceministro de Salud Pública y
Prestación de Servicios encargado de las funciones del despacho del
Ministro de Salud y Protección Social, la Ministra de Comercio, Industria y
Turismo y el Director del Departamento Administrativo de la Función
Pública […].

24. En ese contexto, la Sala de Decisión advierte que, tal como se consideró en
reciente pronunciamiento de 14 de febrero de 202218 -cuyo objeto era que se dejara sin
efectos del Decreto 1615 de 2021-, la presente solicitud de amparo deviene
improcedente porque la parte accionante cuenta con otro medio de defensa
judicial, como lo es el medio de control de nulidad, oportunidad en la que, se
reitera, podrá solicitar el decreto de medidas cautelares.

25. Sumado a ello, debe resaltarse que, tal como lo expuso la Subsección B de la
Sección Tercera de esta Corporación en pronunciamiento de 16 de julio de 2021,
«la acción de amparo no es procedente por el simple hecho de que su resultado
pueda ser más ágil y rápido, pues aceptar dicha tesis implicaría desnaturalizar su
sentido y alcance, de ahí que si el juez evidencia que existen otros mecanismos
de defensa judiciales y que su fin no es evitar un perjuicio irremediable, está
llamado a declarar la improcedencia de la tutela»19.

26. En conclusión, la Sala advierte que en el sub examine no se demostró que el
perjuicio irremediable alegado no podía ser protegido en forma oportuna a través

17
Fue admitida mediante auto de 15 de diciembre de 2021, por el Consejero Roberto Augusto Serrato Valdés.
18
Expediente 11001-03-15-000-2021-10157-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 16 de julio de
2021, expediente 11001-03-15-000-2021-03200-00, C.P. Alexander Jojoa Bolaños (e).

12

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10994-00
Accionante: Juan Sebastián Chávez Colorado

del medio de defensa judicial ordinario, motivo por el cual el juez constitucional no
puede reemplazar al juez natural de la causa y, en ese sentido, no puede
adentrarse en el fondo del presente asunto.

27. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Sala de Decisión declarará
la improcedencia del mecanismo de amparo de la referencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la presente acción de amparo, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de
1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnado REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a
la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 31 del Decreto
Ley No. 2591 de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

P:(18)

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.