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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-11018-00

Fecha
17 de febrero de 2022
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-11018-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declárase la improcedencia de la la acción de tutela promovida por la sociedad Alimentos Polar de Colombia SAS, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2021-11018-00

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

17 de febrero de 2022

Demandante: Alimentos Polar de Colombia SAS
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Rad: 11001-03-15-000-2021-11018-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D. C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11018-00
Demandante: ALIMENTOS POLAR DE COLOMBIA SAS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA
Temas: Tutela contra providencia judicial – incumplimiento del
requisito de subsidiariedad - procedencia del recurso
extraordinario de revisión

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela promovida por la
sociedad Alimentos Polar SAS en contra del Consejo de Estado, Sección
Cuarta, con el fin de que se proteja su derecho fundamental al debido
proceso, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1º del numeral 2º del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

La sociedad comercial Alimentos Polar de Colombia SAS, actuando a través
de apoderada, presentó acción de tutela1 con el fin de obtener la protección
del derecho fundamental al debido proceso.

La mencionada garantía la consideró trasgredida con la sentencia de
segunda instancia del 13 de mayo de 2021, dictada por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, por la cual se confirmó el proveído de primer grado
proferido el 17 de mayo de 2018 por la Sección Cuarta, Subsección “B” del

1 La acción de tutela se presentó el 1º de diciembre de 2021 en el buzón web de la Secretaría

General del Consejo de Estado.

1

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Demandante: Alimentos Polar de Colombia SAS
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Rad: 11001-03-15-000-2021-11018-00

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho impetrada en contra de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en el proceso con
radicación 25000-23-37-000-2016-00337-01.

La demanda tenía como finalidad solicitar la nulidad de la Resolución 6283-
0006 del 12 de agosto de 2014, expedida por la División de Gestión de
Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes,
por la cual se negó la devolución de $467.573.000, por pago en exceso de la
retención en la fuente del periodo 1 de 2013, al igual que de la Resolución
007695 del 13 de agosto de 2015, emitida por la Subdirección de Gestión de
Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, que
confirmó la negativa de la devolución al resolver el recurso de
reconsideración formulado en contra del acto inicial.

En consecuencia, la actora solicitó:

“1. TUTELE el derecho fundamental al debido proceso del cual
ALIMENTOS POLAR COLOMBIA S.A.S. es titular.
2. Que como consecuencia de lo anterior, REVOQUE el fallo de
segunda instancia proferido por el Consejo de Estado de fecha trece
(13) de mayo de 2021.
3. Que se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA – SECCIÓN CUARTA, a revocar el fallo de primera
instancia remitir y a la DIAN a recibir y dar trámite a la documentación
que soporta la postulación de ALIMENTOS POLAR DE COLOMBIA
S.A.S.
4. Como consecuencia a lo anterior, acceder integralmente a las
pretensiones expuestas en la demanda de Nulidad y restablecimiento
del derecho correspondiente a la devolución de:
a. Sanción extemporaneidad.
b. Sanción moratoria” (Sic para toda la cita – mayúsculas
sostenidas del texto original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones narró, en síntesis, los
siguientes supuestos:

Indicó que en el año gravable 2012 presentó declaración de renta y tuvo un
saldo a favor de $6.225.718.000, valor que fue solicitado en compensación
con la declaración de retención del periodo 1 de 2013 y de otras obligaciones
fiscales.

2

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Mencionó que el 15 de julio de 2013 diligenció vía electrónica la solicitud de
devolución, de acuerdo con lo previsto en la Resolución 151 del 30 de
noviembre de 2012 expedida por la DIAN, sin que hubiera sido posible
acceder a la página de la entidad, pues siempre arrojó el reporte “en
construcción”. Finalmente, quedó diligenciado el formato 010, el 23 de
septiembre de 2013.

Adujo que la petición de devolución fue inadmitida en dos oportunidades, a
través de autos 12257000040250 y 122557000036477, los cuales fueron
subsanados en tiempo.

Alegó que la DIAN le informó que las declaraciones de retención en la fuente
del primer y segundo periodo de 2013 eran ineficaces, como consecuencia de
presentar la solicitud de compensación con posterioridad al término de seis
meses previsto en el artículo 580-1 del Estatuto Tributario.

Manifestó que, durante el trámite de la compensación, esto es, el 4 de febrero
de 2014, presentó una nueva declaración de retención en la fuente para el
primer periodo de 2013 por $779.288.000 y liquidó la sanción por
$467.573.000, pero solo fue pagado este último concepto.

Expresó que el 7 de febrero de 2014, la DIAN le notificó la resolución2 que
resolvió la solicitud de compensación del saldo a favor de renta del año
gravable 2012, con periodos de retención en la fuente e IVA 3, en la que se
ordenó compensar los periodos de marzo, abril, mayo y junio de retención en
la fuente 2013; así mismo, el IVA para los periodos sexto de 2012 y 2013, y
se tuvieron como ineficaces las declaraciones presentadas para los periodos
de enero y febrero de 2013 de retención en la fuente, y se ordenó devolver la
suma de $1.504.407.000.

Señaló que el 30 de mayo de 2014 solicitó la devolución por pago de lo no
debido y por pago en exceso en relación con el periodo materia de
controversia (enero y febrero de 2013), para un total de $3.769.084.000.

Sostuvo que interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del acto administrativo que negó la
solicitud de devolución presentada por concepto de retención en la fuente del
mes de enero de 2013, la cual fue decidida a través de sentencia de primera
instancia del 17 de mayo de 2018, por la Sección Cuarta, Subsección “B” del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el sentido de negar las

2 No se indicó la referencia.
3 Impuesto de Valor Agregado.

3

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pretensiones, y confirmada en sede de apelación por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado mediante fallo del 13 de mayo de 2021, por cuanto la
DIAN, mediante acto administrativo en firme, no autorizó la compensación del
saldo a favor en renta del año gravable 2012.

3. Sustento de la petición

A juicio de la parte actora, la sentencia objeto de cuestionamiento adolece de
“error judicial de hecho y de derecho en contravía del contribuyente”, pues,
aún bajo el supuesto de que se aceptara que fue inválida la segunda
declaración, lo cierto es que no se devolvió el monto de la sanción pagada en
esa oportunidad, lo que constituyó un pago de lo no debido.

Arguyó que en el proveído se dio a entender que el mayor valor pagado en la
segunda declaración de retención en la fuente por el periodo de enero de
2013, con radicación 3507766305739 del 4 de febrero de 2014, por
$467.573.000, fue devuelto a través de la Resolución 6282-0597 del 12 de
agosto de 2014, cuando en realidad dicho acto corresponde al expediente DI-
201320141095, cuyo proceso judicial se tramitó con la radicación 25000-23-
37-000-2016-00336-01, en el que se dictó sentencia el 11 de febrero de
2021, por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

Esbozó que en esa resolución se reconoció la devolución de la suma de
$473.600.000, por el mayor valor pagado en la declaración de retención en la
fuente de enero de 2013, correspondiente a la declaración 91000221381262
del 26 de febrero de 2014, y, al propio tiempo, se negó la devolución de
$992.966.000.

Acotó que el fallo bajo censura confundió los dos procesos administrativos. El
primero, identificado con el radicado 201320141094, cuyo conocimiento en
sede judicial le correspondió a la Sección Cuarta del Consejo de Estado con
el radicado 25000-23-37-000-2016-00337-01. El segundo, se tramitó en sede
administrativa con la referencia 2012201327698, y, en sede judicial con el
número 25000-23-37-000-2016-00336-01.

Aclaró que, si bien ambos procesos están relacionados con la declaración de
retención en la fuente de enero de 2013, el que es materia de controversia
corresponde a la declaración presentada el 4 de febrero de 2014 para ese
periodo, de manera que las reclamaciones versan sobre el monto de
$467.500.000, mientras que en el otro proceso la solicitud de devolución fue
por valor de $1.466.596.000.

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Enfatizó en el hecho de que la página de la DIAN colapsó el día en que se
debía presentar la solicitud de compensación, lo que impidió que se radicara
en término por razones atribuibles a la administración.

Resaltó que el defensor del contribuyente, en el proceso administrativo,
presentó recomendaciones en el sentido de señalar que “no era procedente
exigir a un contribuyente la presentación oportuna de una petición, cuando el
sistema no le permite radicar la solicitud correspondiente, lo contrario
implicaría una vulneración al principio del derecho, según el cual nadie está
obligado a lo imposible”.

Refirió que en la sentencia cuestionada no hubo pronunciamiento acerca de
las recomendaciones dadas por el defensor del contribuyente para determinar
la existencia de una causal eximente de responsabilidad subjetiva en cuanto
a la aplicación de la sanción administrativa, cuando lo cierto es que tal
aspecto fue presentado como un cargo de la demanda.

Puntualizó que la primera declaración presentada por el contribuyente era
válida, comoquiera que la demora en la radicación obedeció a falla
sistemática de la página web de la DIAN y, una vez se reanudaron los
servicios, fue allegada la petición.

Precisó que, “si se fue enfático en todo momento, hasta la saciedad, en la
validez de la segunda declaración, no se entiende cómo, el Consejo de
Estado, saliéndose de este carácter rogado, viene a señalar, a (sic) contrario
de lo que ya ha aceptado la DIAN, que la declaración es ineficaz, tal hecho
constituye una ostensible violación al debido proceso y un desbordamiento
absoluto del marco constitucional y legal de actuación del juez en la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa”.

Hizo alusión a que el juez de segunda instancia desconoció la validez de la
declaración presentada el 4 de febrero de 2014, es decir, ese punto nunca fue
materia de debate procesal, pues la DIAN lo reconoció expresamente, de
manera que no podría afirmar que era ineficaz.

4. Actuación procesal en primera instancia

Mediante auto del 25 de enero de 2022, se admitió la solicitud de amparo y se
ordenó notificar esta decisión a los magistrados que integran la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, como parte demandada.

Además, por tener interés en el resultado de la presente tutela se decidió
comunicar la iniciación del presente trámite a los magistrados que conforman

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la Sección Cuarta, Subsección “B” del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y al director de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

5. Contestaciones e intervenciones

5.1. Sección Cuarta del Consejo de Estado

El magistrado ponente de la decisión censurada refirió que la demanda de
tutela pretende revivir el mismo debate jurídico ya analizado en el proceso
ordinario y, por consiguiente, es improcedente instrumentalizar la acción de
tutela como una tercera instancia, además de que carece de relevancia
constitucional.

Sostuvo que en el fallo se realizó un estudio detallado de cada una de las
declaraciones presentadas por la contribuyente para el primer periodo de
retenciones (enero) del año gravable 2013, de los pagos realizados en cada
una de ellas, y de la imputación que de los mismos hizo la administración,
porque la obligación del periodo era una sola y no podía fragmentarse -como
lo sugirió la accionante al invocar una confusión inexistente de procesos.

Aclaró que, en cuanto a la «aplicación de criterios de responsabilidad
objetiva» sobre el pago de la sanción por extemporaneidad, se explicó que
los actos que negaron la compensación de saldos a favor de la declaración
de renta del año 2012, con los cuales Alimentos Polar de Colombia SAS
pretendía acreditar el pago de retenciones de diferentes periodos, incluido el
de enero de 2013, quedaron en firme, lo cual afectó el pago de la sanción por
extemporaneidad autoliquidado por la misma contribuyente en su declaración
del 4 de febrero de 2014.

Adujo que, si bien la sentencia cuestionada no calificó de «ineficaz» la
declaración del 4 de febrero de 2014, fue el mismo legislador quien dispuso
en el artículo 580-1 del Estatuto Tributario, que «las declaraciones de
retención en la fuente presentadas sin pago total no producirán efecto legal
alguno, sin necesidad de acto administrativo que así lo declare».

Manifestó que la firmeza de los actos administrativos que negaron la
compensación de saldos a favor en renta a las obligaciones de retenciones
del periodo discutido implicó que la primera declaración del 13 de febrero de
2013 se presentara sin pago y se entendiera ineficaz y, por consiguiente, la
sanción por extemporaneidad liquidada por la actora en la declaración del 4
de febrero de 2014, formara parte de la obligación tributaria a su cargo y no
fuera objeto de devolución.

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5.2. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

A través de la subdirectora de Gestión de Representación Externa de la
Dirección de Gestión Jurídica de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN), hizo referencia a que “no existe un ostensible error judicial
en contravía del contribuyente”, en consideración a que los actos mediante
los cuales se negó la compensación de la obligación del periodo 1 de
retenciones del año gravable 2013, con el saldo a favor registrado en la
declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2012, se encuentran
en firme porque no fueron discutidos por la contribuyente, lo cual afectó el
pago de la obligación del periodo 1 de retención y la eficacia de las
declaraciones presentadas el 12 de febrero de 2013 y el 4 de febrero de
2014.

Afirmó que, comoquiera que la declaración del 12 de febrero de 2013 se
presentó sin pago, fue ineficaz, sin que se requiriera la expedición de un acto
administrativo que así lo dispusiera, en aplicación del artículo 580-1 del
Estatuto Tributario. Por ello, las declaraciones presentadas por fuera del
término para declarar, que para el periodo cuestionado ocurrió el 14 de
febrero de 2013, según el artículo 24 del Decreto 2634 de 2012, debían
liquidar sanción por extemporaneidad.

Indició que mediante la Resolución 6282-0597 del 12 de agosto de 2014, se
ordenó la devolución de $473.600.00034, lo cual indica que los valores
pagados en exceso fueron devueltos a la sociedad actora.

Advirtió que la Sección Cuarta del Consejo de Estado no confundió el objeto
del litigio, toda vez que no se podía analizar de manera aislada con las otras
solicitudes de compensación y devolución que había intentado la actora con
respecto a la retención en la fuente del período 1 de 2013.

Advirtió que la acción de tutela carece de relevancia constitucional, en la
medida en que se pretende controvertir la valoración jurídica de la decisión
atacada.

5.3. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección “B”

La magistrada ponente del fallo de primera instancia del proceso ordinario
intervino para afirmar que la decisión se ajusto a la normativa aplicable al
caso y con sustento en la valoración de las pruebas aportadas al expediente.

Advirtió que, respecto del cargo basado en la “confusión” en que

7

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supuestamente incurrió el fallo cuestionado, no era posible emitir
pronunciamiento, pues es la Sección Cuarta del Consejo de Estado la
autoridad judicial competente para enmendarlo, en caso de que se
compruebe su existencia.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 19914 y el numeral 2°
del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 20155, modificado por el Decreto
333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena del
Consejo de Estado.

2.2. Problema jurídico

En el asunto bajo estudio corresponde a la Sala determinar si la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, con la sentencia de segunda instancia dictada
el 13 de mayo de 2021 en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho impetrado por la actora, se vulneró el derecho fundamental al
debido proceso.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales; ii) estudio sobre los requisitos adjetivos de
procedibilidad; y, finalmente, de encontrarse superados se abordará, iii) el
fondo del reclamo.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio
de 20126, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales7, y en ella
concluyó:

4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política.”
5 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del

Derecho”.
6 Sala Plena del Consejo de Estado. Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de

tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. M.P. María Elizabeth
García González.
7 El recuento de esos criterios se encuentra de páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñado.

8

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“(…) si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la
acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han
abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional,
cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse
el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando
al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.”8 (Negrilla fuera de texto)

Conforme con el anterior precedente, es claro que la Corporación ha
modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en
consecuencia, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten
contra providencias judiciales y analizar si ellas vulneran algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará
ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “fijados hasta el
momento jurisprudencialmente”. En efecto, es sabido que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales, como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no
puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia9 a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo
–procedencia sustantiva– y cuáles impiden adentrarse en el fondo del asunto
–procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se
trate de tutela contra una decisión de la misma naturaleza; ii) subsidiariedad,
es decir, que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del
derecho que se dice vulnerado; iii) la inmediatez y iv) la relevancia

8 Ibídem.
9 Entre otras en las T-949 del 16 de octubre de 2003, T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-

590 de 2005.

9

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constitucional.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala analizar
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i)
que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal
entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción
no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva

2.4.1. No se trata de una tutela contra otra decisión de igual naturaleza,
puesto que la providencia que censura la parte actora fue proferida dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió la sociedad
Alimentos Polar Colombia SAS en contra de la DIAN, con radicación 25000-
23-37-000-2016-00337-01 (23924).

2.4.2. De igual manera, en el presente asunto se cumple con el requisito de
inmediatez, pues la acción de tutela pretende cuestionar el fallo proferido el
13 de mayo de 2021 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, notificado el
1º de junio de esa anualidad, mientras que la petición de amparo se presentó
el 1º de diciembre siguiente, es decir que fue interpuesta dentro del plazo
razonable de seis (6) meses, sin que para ello se requiera determinar la fecha
de ejecutoria de la referida sentencia.

Lo anterior, en atención a la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014,
providencia en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en
la sentencia C-590 de 2005, para determinar la procedencia de la acción
constitucional contra providencia judicial y reiteró que seis (6) meses es el
término razonable para acudir y solicitar el amparo de los derechos
fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de providencias
judiciales.

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2.4.3. Respecto de la subsidiariedad10, la Sala encuentra que dicho requisito
no se encuentra satisfecho por las razones que pasan a explicarse.

El fundamento central de la petición de amparo está relacionado con un
supuesto “error de hecho y de derecho” en la sentencia de segunda instancia,
toda vez que en sentir de la parte actora la decisión es opuesta a los hechos
que obran en el expediente, si se tiene en cuenta que se abordó el estudio de
la validez de la declaración de retención en la fuente presentada el 4 de
febrero de 2014, cuando es lo cierto que ese preciso aspecto no formó parte
de la controversia, además de que dicho error generó un “pago en exceso”.

Asimismo, insistió en que la Sección Cuarta del Consejo de Estado
“confundió” dos procesos administrativos. Señaló que el primero se identificó
en sede administrativa con el radicado 201320141094, y en sede judicial con
el número 25000-23-37-000-2016-00337-01. El segundo, se tramitó con la
referencia 2012201327698, y, en sede judicial con el número 25000-23-37-
000-2016-00336-01, en el que se profirió sentencia el 21 de febrero de 2014.

Sobre el particular añadió que ambos procesos están relacionados con la
declaración de retención en la fuente de enero de 2013, pero el que es objeto
de censura (25000-23-37-000-2016-00337-01) corresponde a la declaración
presentada el 4 de febrero para ese periodo, de manera que las
reclamaciones versan sobre el monto de $467.500.000, mientras que en el
otro proceso la solicitud de devolución fue por valor de $1.466.596.000.

Finalmente, la sociedad demandante arguyó que la autoridad judicial
demandada omitió pronunciarse acerca de las recomendaciones dadas por el
defensor del contribuyente para determinar la existencia de una causal
eximente de responsabilidad subjetiva en cuanto a la aplicación de la sanción
administrativa.

En ese orden, la Sala advierte que lo que subyace de los reproches
expuestos en el escrito de tutela es el desconocimiento del principio de
congruencia de la sentencia, en la medida en que, de un lado se resolvieron
aspectos que no fueron propuestos como cargos de nulidad y, de otro lado,

10 A través de la sentencia del 14 de octubre de 2021, proferida en el proceso con radicación

11001-03-15-000-2021-05532-00, actor: Alimentos Polar Colombia S.A., MP Luis Alberto
Álvarez Parra, en un asunto de similares supuestos fácticos a los planteados en el proceso
que se analiza, esta Sala de Decisión declaró la improcedencia de la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad, toda vez que de aquellos se advirtió que la
parte actora lo que pretendía controvertir era la falta de incongruencia de la sentencia, para
cuyo propósito procede el recurso extraordinario de revisión. La decisión fue confirmada en
segunda instancia por la Sección Primera de esta Corporación mediante fallo del 27 de enero
de 2022, MP Roberto Augusto Serrato Valdés.

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no se efectuó el respectivo análisis frente a algunos que sí fueron planteados.

Se reitera que la parte actora, a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho pretendía cuestionar la legalidad de las
Resoluciones 6283-0006 del 12 de agosto de 2014 y 007695 del 13 de agosto
de 2015, bajo la tesis de que era procedente la devolución del pago en
exceso de la declaración de retención en la fuente del periodo 1 de 2013,
porque la entidad nunca cuestionó la eficacia de la presentada el 4 de febrero
de 2014.

El reproche atinente a que no se tuvo en cuenta que “la primera declaración
presentada por el contribuyente era válida, comoquiera que la demora en la
radicación obedeció a falla sistemática de la página web de la DIAN y, una
vez se reanudaron los servicios, fue allegada la petición”, también está
directamente relacionado con la negativa de la devolución del pago en
exceso, aspecto que, según lo manifestado, vulnera el derecho al debido
proceso por incongruencia de la sentencia, y con la supuesta confusión de la
autoridad judicial demandada de los dos procesos administrativos ya
mencionados.

Así pues, se tiene que, al margen de la razonabilidad de este argumento, lo
cierto es que esta Sala, investida como juez constitucional, no es competente
para determinar si el proveído bajo cuestionamiento adolece de
incongruencia, ya que tal análisis corresponde al juez natural en instancias
del recurso extraordinario de revisión.

Por lo tanto, la Sala advierte que la demanda de tutela no supera el requisito
de subsidiariedad, toda vez que de acuerdo con la postura de la Sala
Veintidós Especial de Decisión de esta Corporación, la incongruencia da lugar
a la nulidad originada en la sentencia, que es una de las causales que abre
paso a la procedencia del recurso extraordinario de revisión, en los términos
del numeral 5° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

La tesis de la referida Sala Especial de Decisión, es la siguiente:

“El artículo 250 del CPACA consagra en su numeral 5º, como causal de
procedencia del recurso extraordinario de revisión “existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación”.

(…)

Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de

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la Sala Plena Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal
6ª del artículo 188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por
nulidad originada en la sentencia, se configura, entre otras razones,
cuando al demandado se le condena por cantidad superior, o por objeto
distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada
en la misma.
(…)

Ello significa que es procedente el recurso extraordinario de revisión
contra los fallos dictados por esta jurisdicción en segunda instancia o
única, si se alega el desconocimiento del principio de la congruencia, que
en últimas implica una actuación sin competencia.

(…)

En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la sentencia.
Se puede identificar porque en líneas generales es lo que preceptuaba
el artículo 170 del C.C.A., y las normas del procesal civil, según los
cuales el fallo debe estar en armonía con lo pedido y alegado tanto por
la parte demandante como por la parte demandada. Y, en el segundo
evento, corresponde a la congruencia interna, que es la coherencia que
ha de existir entre lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la
parte motiva de la providencia.
(…)

En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo
expuesto, que la causal de revisión contenida en el numeral 5º del
artículo 250 del CPACA -antes 6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, la
nulidad originada en la sentencia, se puede configurar cuando el fallo
objeto de revisión ha desatendido la congruencia interna y/o la externa,
pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en una clara violación del
debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que la providencia
proferida en esos términos resulta contraria a las formas propias de
cada juicio, en específico, la falta de competencia del juez para abordar
asuntos frente a los cuales no se podía pronunciar (…)” (Destacado
por la Sala).

En consideración a la anterior tesis, la inobservancia del principio de
congruencia da lugar a que se configure la causal de revisión prevista en el
numeral 5° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, esto es, “existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación”.

Sobre el punto, es importante insistir en que la acción de tutela constituye un
mecanismo preferente y sumario de defensa judicial para la protección de

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derechos fundamentales, como lo señala el artículo 86 constitucional, al cual
puede acudir cualquier persona para asegurar la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, ante la vulneración o amenaza por la acción u
omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que
defina la ley.

A partir de tal definición, se debe anotar que, tratándose de trámites
judiciales, la tutela no constituye un mecanismo supletorio ni reemplaza los
medios de defensa ordinarios consagrados en la normatividad vigente que
regula el respectivo proceso, tendientes a cuestionar las distintas actuaciones
desplegadas por el funcionario judicial.

Desde esa perspectiva, al juez constitucional no le corresponde efectuar un
estudio oficioso de los trámites que se surten en el marco de un proceso
judicial tendiente a verificar si están conformes con el ordenamiento jurídico o
si se encuentran viciados de alguna irregularidad, toda vez que, para esos
específicos propósitos, el legislador ha consagrado los mecanismos de
defensa idóneos y eficaces encauzados a que se subsanen las anomalías o
yerros de los que pueda adolecer una determinada actuación y de que se
cumplan las decisiones judiciales.

Sin embargo, la Sala aclara que dicho requisito de procedibilidad puede ser
superado cuando se demuestre la existencia de un perjuicio irremediable, el
cual se configura, en términos de la Corte Constitucional, “…cuando el peligro
que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta
con inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo por tanto de
medidas impostergables que lo neutralicen…”11.

Al momento de analizar si en un caso particular se está ante un perjuicio
irremediable que justifique el amparo transitorio, deben evaluarse en conjunto
los siguientes elementos, los cuales han sido definidos de forma reiterativa
bajo los siguientes términos12:

i) Que el perjuicio sea inminente, lo cual implica que la amenaza exista o esté
por existir.

ii) Que este sea grave y tenga la suficiente entidad para comprometer un bien
moral o material de la persona.

11 Corte Constitucional, sentencia T-636 de 2006, con ponencia de la magistrada Clara Inés

Vargas Hernández.
12 Corte Constitucional, sentencias T-225 de 1993, T-809 de 2013, T-695 de 2014 y T-884 de

2014.

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iii) Que haya necesidad de adoptar medidas urgentes para superar la
condición de amenaza del derecho fundamental.

iv) Que no se pueda postergar la acción de tutela, pues de lo contrario el
mecanismo de protección sería ineficaz.

Por tanto, este perjuicio irremediable debe ser inminente o actual, y además
ha de ser grave, y requerir medidas urgentes e impostergables13.
En los argumentos esbozados en el escrito de tutela la parte actora mencionó
que la decisión objeto de censura le causa un detrimento económico, lo cual
podría generar una afectación del desarrollo de la actividad que ejerce.

Al respecto, se tiene que en el asunto que se analiza no se aportó ningún
medio de convicción que permita establecer la situación alegada y, menos
aún, mencionó cuál sería el perjuicio irremediable e inminente ni en qué
consiste la amenaza de sus derechos.

En razón de lo expuesto, comoquiera que los argumentos de la petición de
amparo apuntan a la falta de consonancia entre el fundamento del fallo y el
objeto de la litis, debido a los “errores de hecho y de derecho”, así como por
la confusión entre los dos procesos administrativos y la omisión en el
pronunciamiento respecto de las recomendaciones del defensor del
Contribuyente, es claro que no supera el requisito de subsidiariedad, en la
medida en que para la discusión de tales aspectos procede el recurso
extraordinario de revisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

13 Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron delimitados por la

Corte Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993, con ponencia del magistrado
Vladimiro Naranjo Mesa. Dicha línea fue reconocida por la Sala Plena de la Corte en la
sentencia C-531 de 1993. A continuación se reseña, en síntesis lo pertinente: “… son
elementales para la comprensión de la figura del perjuicio irremediable,… A).El perjuicio ha
de ser inminente: "que amenaza o está por suceder prontamente"…. || B). Las medidas que
se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes,… || C). No basta
cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del
daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona… || D).La urgencia y la
gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser
adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay postergabilidad
de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna… Se trata del sentido de
precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de las
autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y garantías
básicos para el equilibrio social”.

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FALLA

PRIMERO: Declárase la improcedencia de la la acción de tutela promovida
por la sociedad Alimentos Polar de Colombia SAS, de acuerdo con lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086”

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