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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11025-00

Fecha
4 de marzo de 2022
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11025-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela ejercida por el señor Rafael Arturo Plazas Vega, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-11025-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

4 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., cuatro (4) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 11001-03-15-000-2021-11025-00
Demandante: RAFAEL ARTURO PLAZAS VEGA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Rafael Arturo Plazas
Vega en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

I. ANTECEDENTES
1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 20 de noviembre de 2021, el señor Rafael Arturo Plazas Vega interpuso acción
de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, porque
consideró vulnerado su derecho fundamental al debido proceso. Formuló las
siguientes pretensiones:

Se reconozca que el Consejo de Estado, Subsección B de la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha cometido un error en la sentencia
(fallo) del Expediente 50047 con Radicación 250002326000201100790.

• Como consecuencia, se ordene que sea revocada dicha sentencia o fallo y sea
aceptada la apelación por “Acción de Reparación Directa”.

• Que el Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional me reparen
(INDEMNIZACIÓN y demás formas de reparación que considere el Honorable
Consejo de Estado), por los daños causados al ordenar ese traslado en el cual
quedaba en condiciones desiguales de carga pública, en contra de mi dignidad
como oficial superior del Ejército (coronel) al estar bajo el mando de un
subalterno y poner en riesgo mi vida al ser ubicado en una región con clima
extremo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-11025-00
Demandante: Rafael Arturo Plazas Vega
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B
Referencia: Sentencia de tutela de primera instancia

• La reparación directa que se ordene, que sea integral como bien lo establece
la legislación colombiana en cumplimiento de los tratados de derechos humanos
a los cuales está vinculado el país. Asimismo, que sea aplicada esa integralidad
de la reparación directa como bien lo establece el Consejo de Estado en su
sentencia 291273ª del año 2007.

1.2. Hechos

Los supuestos fácticos de la solicitud de amparo se resumen así:

El señor Rafael Arturo Plazas Vega, en ejercicio de la acción de reparación directa,
presentó demanda en contra de a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional, con el fin de que se indemnizaran los perjuicios derivados de un acto
administrativo que aceptó su retiro de la institución.

Aseveró que a pesar de que se retiró del Ejército Nacional, lo cierto era que dicho
retiro no se habría hecho de manera voluntaria, sino como consecuencia de la orden
de traslado a una sede en donde sus condiciones de salud no le permitían estar y
por cuestiones de jerarquía militar. Por tanto, la demanda de reparación directa
estaba dirigida a obtener la indemnización de los perjuicios sufridos al tenerse que
retirar de la institución, debido a un mal manejo del personal.

Así, en sede de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante sentencia de 30 de junio de 2013, declaró probadas las excepciones
denominadas «inexistencia del hecho que da origen al daño» y la de «carencia de
material probatorio que endilgue la responsabilidad invocada» y, en consecuencia,
denegó las pretensiones de la demanda.

La decisión fue apelada por el demandante y, en sentencia del 2 de junio de 2021, la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado revocó la decisión
anterior y se declaró inhibida para decidir de fondo las pretensiones de la demanda,
al considerar que el señor Plazas Vega estaba atacando la legalidad del acto de
desvinculación porque argumentó que este contenía una arbitrariedad y, por eso, la
acción procedente era la de nulidad y restablecimiento del derecho.

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Demandante: Rafael Arturo Plazas Vega
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
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Referencia: Sentencia de tutela de primera instancia

1.3. Argumentos de la tutela

Concretamente, la parte actora indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en
un defecto fáctico dado que, según las consideraciones de la sentencia cuestionada,
se indicó que la acción de reparación directa resultaba excepcionalmente
procedente cuando medie un acto administrativo que cause perjuicios, pero, siempre
que atente contra el principio de igualdad frente a las cargas públicas y no se
controvierta su legalidad y, a juicio del accionante, la demanda estaba dirigida a que
se declarara probada la falla del servicio en la que incurrió la Escuela Superior de
Guerra de Bogotá consistente en la «omisión» de «decidir colocarme con una carga
desigual que no es permitida en ningún ejército regular del mundo como es quedar
bajo el mando de un subalterno» y «debido a la orden de traslado a la Escuela de
Guerra del Caguán porque las condiciones laborales iban en contra de mi salud y de
mi dignidad como militar en actividad». Así, aseguró que no estaba controvirtiendo la
legalidad de ningún acto administrativo.

Seguidamente, señaló que la sentencia de 4 de noviembre de 2011, radicado 34254,
expedida por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, constituía
un antecedente jurisprudencial que había determinado que era posible demandar vía
reparación directa los perjuicios derivados de un acto administrativo, decisión que se
desconoció por parte de la entidad accionada al proferir la sentencia cuestionada.

2. Trámite impartido e intervenciones

Inicialmente, le correspondió por reparto el conocimiento de la presente acción de
tutela al Juzgado Segundo Penal Municipal de Chía, pero comoquiera que esta se
encuentra dirigida a cuestionar una providencia expedida por esta Corporación,
ordenó su remisión mediante auto del 18 de noviembre de 2021. Por lo que,
mediante auto de 9 de diciembre de 2021, se admitió la presente acción y se ordenó
notificar a en calidad de parte demandada, a los magistrados que integran la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, como terceros con
interés, al comandante del Ejército Nacional de Bogotá. También se ordenó notificar
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.1. El consejero ponente de la sentencia cuestionada señaló que la acción
resultaba improcedente porque la supuesta irregularidad advertida por el actor no

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Demandante: Rafael Arturo Plazas Vega
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Referencia: Sentencia de tutela de primera instancia

cumplía con la exigencia jurisprudencial de relevancia constitucional debido a que lo
pretendido es utilizar la tutela como una tercera instancia frente a una sentencia que
hizo un correcto análisis fáctico, probatorio y jurídico ya que la providencia fue
sustentada en derecho y con base en los medios de prueba valorados de manera
conjunta y racional.

2.2. Los demás sujetos procesales guardaron silencio, a pesar de haber sido
notificados del auto admisorio de la demanda.

II. CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública o por un particular, en el último caso, cuando así lo
permita expresamente la ley.

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En
todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo
impetrado, siempre que esté acreditada la razón para conferir la tutela.

En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de tutela
era improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir del año
20121, cambió su postura, de conformidad con las reglas que ha fijado la Corte
Constitucional, en el sentido de estudiarlas cuando exista violación flagrante de
algún derecho fundamental.

Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del

1 Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente No. 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth García

González.
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Demandante: Rafael Arturo Plazas Vega
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Referencia: Sentencia de tutela de primera instancia

ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de los
mismos.

Entonces, para aceptar la procedencia de esta acción constitucional contra
providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los
requisitos generales y específicos que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-
590 de 2005.

Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones
en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado todos los
mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección
de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera
interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente
relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de
tutela.

En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte
Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela
contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos
excepcionales.

El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por ejemplo,
en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a terceros que
podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece cuando
con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental que habría sido
vulnerado en el trámite del incidente de desacato.

Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas
genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia
de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii)
defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error
inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii)
violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales causales,
así:
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Referencia: Sentencia de tutela de primera instancia

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución.

Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar la
causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la violación
de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar
inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de instancia,
sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia cuestionada
ha incurrido en alguna de las causales específicas para la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario, la tutela carecería de
relevancia constitucional.

Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y
que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la
tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran
discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los
argumentos que dejaron de proponer oportunamente.

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Referencia: Sentencia de tutela de primera instancia

Por último, cabe anotar que, en recientes pronunciamientos2, la Corte Constitucional
ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de tutela, las
providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En
ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los requisitos
generales y la configuración de una de las causales específicas antes mencionados,
la acción de tutela contra providencias proferidas por los denominados órganos de
cierre, «sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la
Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la
Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o
cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se
configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez
constitucional».

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la solicitud de amparo cumple los requisitos
generales de la tutela contra providencia judicial, particularmente, el de relevancia
constitucional. De ser así, deberá abordarse el estudio de fondo del asunto, con el
fin de establecer si la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al
proferir la sentencia del 2 de junio de 2021, vulneró los derechos fundamentales del
señor Rafael Arturo Plazas Vega.

3. Análisis de la Sala

3.1. De la relevancia constitucional

En sentencia del 5 de agosto de 20143, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la
autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en
asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para
determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional,
es necesario examinar dos elementos.

2 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.
3 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Referencia: Sentencia de tutela de primera instancia

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es,
que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger
derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus
discrepancias con las providencias que allí se dicten.

Ciertamente, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores excepciones,
la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

3.2. Caso concreto y solución del problema jurídico

En el caso bajo estudio, el señor Rafael Arturo Plazas Vega alegó que la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado vulneró sus derechos
fundamentales, al proferir la sentencia del 2 de junio de 2021, que declaró probada
la excepción de indebida escogencia de la acción al considerar que la acción
procedente era la de nulidad y restablecimiento del derecho y, en consecuencia, la
Sala se declaró inhibida para decir de fondo la controversia.

A juicio del demandante, la sentencia no tuvo en cuenta que a su caso le era
aplicable la jurisprudencia desarrollada por la Sección Tercera que fue señalada en
la misma providencia que se ataca mediante la presente acción, esto es, en el
acápite 1.2.2. titulado «Procedencia excepcional de la acción de reparación directa
cuando median actos administrativos», y la sentencia del 4 de noviembre de 2015,
radicado No. 34254, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera, que
indican que es procedente la reparación de perjuicios causados por la ejecución de
actos administrativos siempre que no se controvierta su legalidad; no obstante, la
Sala advierte que la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional pues,
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como se explicará, no contiene una carga argumentativa coherente con la cual se
pueda analizar las decisiones cuestionadas y resolver de fondo la controversia
constitucional.

Así, debe advertirse que el demandante se limitó a enunciar que en algunos casos
es posible reclamar perjuicios derivados de un acto administrativo, sin que sea
necesario atacar la legalidad del mismo; pero no sustentó ni explicó las razones por
las cuales se desconoció ese pronunciamiento en el caso concreto o por qué se
configuraba dicha causal en este asunto. La parte demandante no se preocupó por
desarrollar el cargo de desconocimiento del precedente, con miras a evidenciar, por
ejemplo, cuáles eran las reglas o subreglas jurisprudenciales desatendidas y por qué
resultaban vinculantes en el caso particular.

De conformidad con lo expuesto, si bien el accionante está en desacuerdo con la
decisión proferida por la autoridad judicial accionada, lo cierto es que en la tutela de
la referencia se dedicó a plasmar, en forma general y abstracta, las razones por las
cuales consideraba que se debían amparar sus derechos fundamentales, sin
sustentar el defecto o causales específicas de procedibilidad con la suficiencia
exigida por la jurisprudencia constitucional para controvertir providencias judiciales
mediante la acción de tutela.

En todo caso, observa la Sala que la decisión atacada es razonable en el sentido de
que lo pretendido por el señor Rafael Arturo Plazas Vega, según los argumentos
expuestos en la demanda de reparación directa, así como en el recurso de apelación
y los argumentos de esta tutela, es controvertir el acto administrativo que aceptó su
retiro voluntario del Ejército Nacional, lo que, en su esencia cuestiona la legalidad de
la decisión, dado que los demandantes consideran que el acto administrativo se
derivó de una irregularidad y arbitrariedad por parte del Ejército Nacional y, por lo
tanto, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho resultaba procedente.

A juicio de la Sala, no existen motivos que den cuenta del desconocimiento del
procedente que pretendía sustentar el demandante; no basta con afirmar que en la
demanda de reparación directa no se estaba atacando la legalidad del acto y que
por ello le era aplicable la jurisprudencia indicada, pues, esta Corporación ha
señalado que en la demanda de tutela no se puede señalar situaciones fácticas, sin
invocar y sustentar alguna de las causales específicas de procedencia de la tutela
contra providencias judiciales para obligar al juez constitucional que revise las

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decisiones que estiman contrarias a los derechos fundamentales. Como se sabe,
detrás de las causales específicas de prosperidad que ha fijado la Corte
Constitucional existen fuertes razones para limitar el uso abusivo y desmesurado de
la acción de tutela contra las providencias judiciales4.

En ese sentido, se declarará improcedente la acción de tutela de la referencia por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
F A L L A:

PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela ejercida por el señor Rafael
Arturo Plazas Vega, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante
el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema
permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el siguiente
enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

4 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de 2015, expediente No. 2014-00552-01, M.P.

Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
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