Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11028-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11028-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-11028-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
21 de abril de 2022
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11028-00
Demandante: MODERLINE S.A.S
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11028-00
Demandante: MODERLINE S.A.S
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN "C" Y JUZGADO
SESENTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
BOGOTA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Desconocimiento del precedente
judicial. Requisito general de la relevancia constitucional
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la sociedad Moderline SAS, a través de apoderado judicial, contra
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C” y el
Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá, en la que pide el
amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad, así como de los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada, buena fe
y confianza legítima, vulnerados, supuestamente, por las sentencias de 11 de
agosto de 2021 y 29 de noviembre de 2019, en su orden, mediante las cuales las
autoridades judiciales accionadas negaron las pretensiones de la demanda, en el
marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que
promovió contra la Policía Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad de la
resolución mediante la que se adjudicó el proceso contractual Nº PN DIBIE LI 049-
2015 en el que participó.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La accionante manifestó que la Policía Nacional abrió el proceso contractual Nº
PN DIBIE LI 049-2015, cuyo objeto era “Contratar bajo la modalidad de precios
unitarios sin formula de reajuste la adecuación, remodelación y/o mantenimiento
integral, preventivo correctivo para unas instalaciones de la policía Nacional -
Dirección de Bienestar”, proceso contractual al que presentó propuesta.
Sostuvo que el 29 de julio de 2015 se publicó el acta de verificación y evaluación
de las ofertas allegadas al proceso de selección, en el que figuró en el primer lugar
con un puntaje de 916,67, a lo que el Consorcio Construmantenimiento Dibie 2015
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Demandante: MODERLINE S.A.S
realizó observación, en la que manifestó que Moderline SAS no había presentado
el aval de un ingeniero para la propuesta teniendo en cuenta que el representante
legal no era ingeniero civil.
Afirmó que, dado lo anterior, antes de la adjudicación presentó el documento de
aval de un ingeniero civil, subsanando así el requisito habilitante no evaluable, no
obstante la Policía Nacional “sin aplicar las reglas legales (Parágrafo 1 del Artículo
5 de la Ley 1882 de 2018), procedió [a] publicar la evaluación final el 11 de agosto
de 2015, manifestando que consideraba que el aval del ingeniero civil era un
componente técnico evaluable”, por lo que la inhabilitó en el proceso.
Refirió que por considerar que la resolución Nº 01390 de 20 de agosto de 2015,
adolecía de falsa motivación e incurría en error de hecho y de derecho al estimar
que el aval de la propuesta por un ingeniero civil o arquitecto no era un requisito
subsanable por tener relación con la verificación de los aspectos técnicos y
asignaba puntaje en la evaluación de las ofertas, el 24 de mayo de 2016 presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho “y la acción contractual
solicitando la nulidad del contrato No.086-16198-2015 del 27 de agosto de 2015”.
Manifestó que, en primera instancia, el Juzgado Sesenta y Cuatro administrativo
del Circuito de Bogotá en fallo de 29 de noviembre de 2019, negó las pretensiones
de la demanda tras considerar que la parte actora no satisfizo su deber probatorio
de demostrar la ilegalidad de la resolución, “basado en que el despacho concluyó
que el requisito de aval de la oferta por parte de ingeniero civil o arquitecto tenía
que ver con factores técnicos ponderables y por lo tanto no podía subsanarse”.
Refirió que luego de que presentara recurso de apelación, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”, en fallo de
segunda instancia de 11 de agosto de 2021, confirmó la sentencia apelada a
excepción de las costas, tras considerar que no se desvirtúo la presunción de
legalidad de la Resolución Nº 01390 de 20 de agosto de 2015, y afirmó que se
podía rechazar la oferta “así no estuviera contemplado en las causales de los
pliegos pero que fuera de origen constitucional o legal y que la exigencia de avalar
la propuesta de obra por un ingeniero o arquitecto era de orden legal y además es
necesario para la comparación objetiva de las ofertas y considera que así fuera
presentado el ingeniero dentro de los profesionales propuestos, la suscripción del
aval no fue presentado en el momento del cierre y hacerlo posterior es subsanar
un requisito insubsanable por no demostrarse que el ingeniero se hacía
responsable técnicamente de la propuesta” (sic).
Finalmente, indicó que la sentencia de segunda instancia contó con un salvamento
de voto, en el que se adujo que si bien la propuesta presentada por Moderline
S.A.S, no contaba con el aval de un ingeniero al tiempo de su presentación, “i) tal
circunstancia no comprendía insatisfecho un requisito habilitante de carácter
insubsanable, ii) no afectaba la comparación objetiva de las propuestas, iii) siendo
subsanable hasta la adjudicación del contrato, iv) como objetivamente sucedió, y
por tal razón se apartaba de la decisión mayoritaria”.
2. Fundamentos de la acción
La sociedad accionante presentó acción de tutela con el fin de que el juez
constitucional ampare sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad, así como los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada, buena fe y
confianza legítima, los cuales considera vulnerados por las sentencias de 11 de
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agosto de 2021 y 29 de noviembre de 2019, por medio de las cuales las
autoridades judiciales accionadas negaron las pretensiones de la demanda, en el
marco de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra
la Policía Nacional.
En su criterio, las providencias objetadas incurren en i) desconocimiento del
precedente judicial “contenido en las sentencias enunciadas en el salvamento
de voto presentado ante la decisión objetada”, esto es, las sentencias del Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” de 2 de agosto de 2018, radicación
número 25000-23- 36-000-2013-01293-01 (53506)1 y de la Subsección “C” de la
Sección Tercera, de 10 de marzo de 2021, radicación número 15001-23-31- 000-
1997-17077-01 (33080)2, en las que se consideró que el requisito consistente en
que las propuestas debían contar con el aval de un ingeniero al tiempo de su
presentación no conduce a afirmar que la entidad demandada, en vez de requerir
su cumplimiento, hubiera debido proceder a su rechazo, habida consideración que
no se evidencia que “i) ante la ausencia de ese requisito legal la propuesta fuera
inexistente, ii) se hubiera insatisfecho un requisito habilitante de carácter
insubsanable y iii) se hubiera afectado la comparación objetiva de las propuestas.
Por lo anterior, la falta de ese documento no impedía la ponderación de las
propuestas, es decir, existía la posibilidad de subsanarlo hasta la adjudicación, de
acuerdo con el parágrafo primero del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007”.
Agregó que, en su criterio, las sentencias objetadas incurren también en ii)
defecto sustantivo, por “no aplicar el parágrafo 1º del artículo 5º de la Ley 1882
de 2018, y darle una interpretación totalmente alejada de la realidad a la norma,
considerando que el aval de ingeniero en la propuesta es un requisito necesario
para la ponderación de las ofertas”, norma que, aduce, indica que la ausencia de
requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al
proponente no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de
título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“PRIMERO: CONCEDER EL AMPARO de los derechos fundamentales al Debido
proceso, derecho a la igualdad y los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada,
buena fe, confianza legítima y de racionabilidad del sistema jurídico, a MODERLINE
S.A.S, teniendo en cuenta que no existe otro mecanismo para amparar los derechos
vulnerados.
SEGUNDO: REVOCAR la Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C, del 11 de agosto de 2.021, dentro del proceso 11001-
33-43-064-2016-00313-00 (01), y en su defecto fallar:
1. Revocar la Sentencia del Juzgado 64 Administrativo de Oralidad del Circuito
Judicial de Bogotá, Sección tercera, y declarar la nulidad de la Resolución No.
01390 del 20 de agosto de 2.015, proferida por la Dirección de Bienestar Social de
la Policía Nacional, en la cual se adjudica el proceso de selección PN DIBIE LI 049 -
2015, cuyo objeto es "Contratar bajo la modalidad de precios unitarios sin formula
de reajuste la adecuación, remodelación y/o mantenimiento integral, preventivo
correctivo para unas instalaciones de la policía Nacional - Dirección de Bienestar",
por falsa motivación.
1 Consejera Ponente: Marta Nubia Velásguez Rico.
2 Consejero Ponente: Guillermo Sánchez Lugue.
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2. Como consecuencia de la anterior nulidad, decretar la nulidad absoluta del
contrato No.086-16198-2015 del 27 de agosto de 2015, si fuere el caso.
3. Como consecuencia de las nulidades reconocer a MODERLINE S.A.S,
identificado con NIT. No.830.036.940-5, en calidad de reparar los perjuicios
materiales por no haber sido escogida su propuesta como la más favorable, en la
licitación No.pn-dibie-li-049-2015, en calidad de lucro cesante, la suma de
264.124.941.
4. Que las sumas reconocidas sean indexadas en los términos del artículo 192 de la ley
1437 de 2011.
5. Que se dé el cumplimiento del fallo en los términos del artículo 192 del CPACA.
6. Que se condene en costas al demandado”.
4. Pruebas relevantes
Se allegó copia digital del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado Nº 2016- 00313-01, actor: Moderline S.A.S.
5. Trámite procesal
Por auto de 31 de enero de 2022, el despacho admitió la solicitud de tutela. En la
misma decisión se ordenó notificar a la accionante, a las autoridades judiciales
accionadas, así como a Policía Nacional y a la Agencia de Defensa Jurídica del
Estado, como terceros interesados en el resultado del proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nº
12610 a 12617, todas de 7 de febrero de 2022, con el fin de darle cumplimiento a
la referida decisión3.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección “C”
En oficio de 9 de febrero de 2022, la ponente de la decisión objetada rindió
informe en el que solicitó que solicitó que se declare improcedente la solicitud de
amparo o, en su defecto, se nieguen las pretensiones de la acción.
Sostuvo que, en el presente asunto, si bien encuentran satisfechos los requisitos
genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial, de la pluralidad
de argumentos que se invocan en sustento de la pretensión de amparo tutelar se
observa que ninguno configura o adecua a alguna de las causales específicas
necesarias para su estudio de fondo.
Afirmó que la accionante argumenta contra la providencia de la que se pretende
cesar sus efectos incurre en desconocimiento del precedente judicial trayendo a
colación dos pronunciamientos del Consejo de Estado citados en el salvamento
de voto de la sentencia respecto de la que se pretende amparo tutelar, y agrega
que se incurrió en un defecto material o sustantivo al no aplicar el parágrafo 1º del
3 La notificación se efectuó a las siguientes direcciones electrónicas: rprabogadoss@gmail.com;
sgtadminrcun@notificacionesrj.gov.co; sg02tadminrcund@notificacionesrj.gov.ro,
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co,
adm64bog@cendoj.ramajudicial.gov.co; deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co
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artículo 5º de la Ley 1882 de 2018, argumentación de la que se aparta, por cuanto
la sentencia cuestionada estuvo sustentada en la jurisprudencia del Consejo de
Estado, Sección Tercera, de 26 de abril de 2006, radicado 16.041, que si bien
difiere de las señaladas en salvamento de voto, evidencia que el órgano de cierre
de la jurisdicción contencioso administrativa no tiene unificado su criterio en el
tema, y en modo alguno ello comporta la configuración de un defecto fáctico o
desconocimiento del precedente judicial.
Luego de hacer referencia a los términos en los que se resolvió el caso concreto
en el fallo objetado, de los que resaltó la referencia a la jurisprudencia del Consejo
de Estado sobre la materia, indicó que la decisión judicial objeto de controversia
justificó de manera extensa y precisa las razones por las cuales no consideraba
que el acto atacado se encontrará viciado de nulidad, en concordancia con los
medios de prueba aportados al plenario.
Respecto del defecto sustantivo alegado, sostuvo que la aplicación de la Ley 1882
de 2018, como lo pretende la accionante, es imposible, en tanto se trata de una
ley posterior a los hechos de la demanda, por lo que no rigió la convocatoria
pública PNIDEBIEL/Lll04912015, ni tampoco el acto de adjudicación, el rechazo
de oferta ni el contrato del cual se pretendió la nulidad.
Para terminar, adujo que, en este sentido, se torna improcedente el amparo tutelar
solicitado, por lo que deben negarse las pretensiones de la solicitud.
6.2. Respuesta del Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo del Circuito de
Bogotá
En oficio de 7 de febrero de 2022, el titular del despacho rindió informe en el que
solicitó que declarara la improcedencia de la acción, por cuanto, adujo, el amparo
solicitado pretende reabrir el debate que ya fue surtido en doble instancia en el
marco del proceso contencioso ordinario.
6.3. Respuesta de la Policía Nacional
En oficio de 9 de febrero de 2022, el apoderado de la institución rindió informe en
el que solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de la solicitud, por
cuanto, adujo no se está ante el acontecimiento de un perjuicio irremediable o de
una amenaza inminente e injustificada que amerite la procedencia de la tutela
como mecanismo para acceder al reconocimiento de las pretensiones solicitadas
por la accionante, máxime cuando la misma hizo uso de otras vías de protección
jurisdiccional idóneas para resolver la litis propuesta en la presente acción.
Sostuvo que, en el caso que originó la controversia, la Policía Nacional se ciñó a
los fundamentos jurídicos establecidos para la contratación estatal, pues la parte
actora no cumplía con el factor de evaluación AIU OFERTADO, contenido en el
pliego de condiciones, por cuanto la propuesta no se encontraba debidamente
suscrita o avalada por un profesional en ingeniería civil o arquitectura.
Indicó que, por lo anterior, al no existir dentro de la oferta presentada el requisito
establecido en el Anexo 1 del proceso de contratación, el cual establecía que si el
representante legal no era arquitecto o ingeniero civil, la propuesta tendría que ser
abonada y avalada por un profesional en las disciplinas referidas, “se concluye
dentro del mismo proceso contractual que la propuesta no cumple con lo solicitado
toda vez que el ofrecimiento del AIU otorga puntaje y no puede ser subsanado por
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el oferente, conllevándolo a ser INHABILITADO TÉCNICAMENTE por parte del
comité técnico”.
Luego de hacer una extensa referencia a la sentencia objeto de tutela, sostuvo
que se puede precisar que el representante legal de Moderline SAS presentó su
oferta al proceso sin el lleno de los requisitos exigidos en el Anexo 1 del pliego de
condiciones, pues inobservó la salvedad realizada dentro del mismo en lo que
respecta a la presentación de la propuesta por un profesional en ingeniería civil o
arquitectura o, en su defecto, contar con el aval de personal idóneo en las mismas
carreras, situación que conllevó declarar inhabilitada técnicamente a la entidad
accionante.
Finalmente, adujo que, a su juicio, el defecto sustantivo alegado no se configura,
en tanto la decisión se profirió dentro de los lineamientos establecidos en la
Constitución Política de Colombia, las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, así como
el Decreto 1082 de 2015.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
En primer lugar, en tanto su desconocimiento fue alegado por la autoridad judicial
accionada, la Sala debe verificar si la solicitud de amparo presentada por la
sociedad actora cumple con el requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional.
En caso de que la respuesta a este interrogante sea afirmativa, y se constate el
cumplimiento de los restantes requisitos de procedencia, corresponde a la Sala
determinar si la sentencia de 11 de agosto de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”, que confirmó
la de 29 de noviembre de 2019 emanada Juzgado Sesenta y Cuatro
Administrativo del Circuito de Bogotá, en el sentido de negar las pretensiones de
la demanda, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que la accionante promovió contra la Policía Nacional, vulneran sus
derechos fundamentales, en tanto incurre en i) desconocimiento del precedente
judicial contenido en las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección “A” de 2 de agosto de 2018, radicación número 25000-23- 36-000-
2013-01293-01 (53506)4 y de la Subsección “C” de la Sección Tercera, de 10 de
marzo de 2021, radicación número 15001-23-31-000-1997-17077-01 (33080)5, en
las que supuestamente se consideró que el requisito consistente en que las
propuestas debían contar con el aval de un ingeniero al tiempo de su presentación
no conduce a afirmar que la entidad demandada, en vez de requerir su
cumplimiento, hubiera procedido a su rechazo, y en ii) defecto sustantivo, por
4 Consejera Ponente: Marta Nubia Velásguez Rico.
5 Consejero Ponente: Guillermo Sánchez Lugue.
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“no aplicar el parágrafo 1º del artículo 5º de la Ley 1882 de 2018, y darle una
interpretación totalmente alejada de la realidad a la norma, considerando que el
aval de ingeniero en la propuesta es un requisito necesario para la ponderación de
las ofertas”.
3. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y
(ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde
resolver a otras jurisdicciones6.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20057, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional8.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como
criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como
requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de
la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala9, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela
no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir
asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de
discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que
6 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
7 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria
Calle Correa.
8 la Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
9 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la
decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo
que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el
sentido de la propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en
el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no
está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar,
completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o
proponerse ante el juez natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por
más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda
de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de
interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las
decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir,
no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe
insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues
ya fueron decididos por los jueces competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que,
en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. En el presente caso, la sociedad actora alega que la sentencia de 11 de
agosto de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección “C”, que confirmó la de 29 de noviembre de 2019
emanada Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá, en el
sentido de negar las pretensiones de la demanda, en el marco del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho que la accionante promovió
contra la Policía Nacional, vulnera los derechos fundamentales invocados, en
tanto incurre en i) desconocimiento del precedente judicial contenido en las
sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” de 2 de
agosto de 2018, radicación número 25000-23- 36-000-2013-01293-01 (53506)10 y
de la Subsección “C” de la Sección Tercera, de 10 de marzo de 2021, radicación
número 15001-23-31-000-1997-17077-01 (33080)11, en las que se consideró,
supuestamente, que el requisito consistente en que las propuestas deban contar
con el aval de un ingeniero al tiempo de su presentación no conduce a afirmar que
la entidad demandada, en vez de requerir su cumplimiento, hubiera procedido a su
rechazo, y en ii) defecto sustantivo, por “no aplicar el parágrafo 1º del artículo 5º
10 Consejera Ponente: Marta Nubia Velásguez Rico.
11 Consejero Ponente: Guillermo Sánchez Lugue.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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realidad a la norma, considerando que el aval de ingeniero en la propuesta es un
requisito necesario para la ponderación de las ofertas”.
Del estudio del expediente ordinario, la Sala anticipa que los argumentos que
soportan la presunta vulneración ius fundamental en la presente acción de tutela
se limitan a extender el debate legal propuesto por la sociedad accionante en el
proceso ordinario que originó la controversia, discusión que ya fue considerada y
resuelta por el juez ordinario de la causa en dos instancias, lo que configura la
falta de relevancia constitucional de la solicitud de amparo, porque se trata de una
reiteración de aspectos puramente legales que ya fueron sometidos a estudio y
sobre los que ya se profirió una decisión de fondo.
4.2. En efecto, del expediente ordinario se puede evidenciar que, en la demanda
originaria, la sociedad accionante sustentó el concepto de la violación de la
resolución acusada en los siguientes términos12:
“Esta falsa motivación de la que se acusa al acto administrativo en cuestión
radica en las graves irregularidades que tienen que ver con la decisión que
toma la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional al rechazar la
propuesta de MODERLINE S.A.S, toda vez que el requisito de simple forma
que consistía en una firma para avalar la propuesta, fue entregado dentro del
término legal (antes de la audiencia de adjudicación).
La Resolución 01390 del 20 de agosto de 2015 de manera ilegal, antepone la
simple formalidad del aval de un documento sobre los aspectos
sustanciales en el proceso de adjudicación del referido contrato estatal.
Por lo que la resolución este viciada de nulidad por falsa motivación.
(…)
De conformidad con esta norma, para evitar el rechazo in limine de la
oferta de MODELINE S.A.S, la Dirección de Bienestar Social de la Policía
Nacional, debía buscar que se complementara el requisito omitido, la
entidad debía solicitar “a los proponentes las aclaraciones y
explicaciones que se estimen indispensables”, comportamiento que
debía realizarse en aplicación del principio de economía vertido en el art.
25.15 de la Ley 80 de 1993 de manera que la entidad no podía rechazar
de plano la propuesta sin solicitar previamente que se aclare.
De esta manera, la posibilidad de aclarar y corregir la oferta no es un derecho
que tenía la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional, sino un
derecho que tenía MODERLINE S.A.S. Por tanto, la Dirección de Bienestar
Social de la Policía Nacional al no conceder al proponente la oportunidad de
corregir la oferta incompleta violó el derecho del mismo a hacerlo, e incumplió
la obligación que les asigna la ley.
De otra parte, del contenido del parágrafo 1º del artículo 5 de la Ley 1150 de
2007, el cual dispone que “la ausencia de requisitos o la falta de documentos
referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la
comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo
de los ofrecimientos hechos”. Por consiguiente, se trata de defectos
subsanables, porque al no afectar su falencia la asignación de puntajes,
“ellos pueden ser solicitados por las entidades en cualquier momento,
hasta la adjudicación.”
12 Cuaderno de demanda, expediente ordinario.
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“Art. 5. De la selección objetiva. Es objetiva la selección en la cual la
escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines
que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y,
en general, cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los
factores de escogencia y calificación que establezcan las entidades en los
pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes
criterios: (…)
“Parágrafo 1°. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a
la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de
las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los
ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la
propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por
las entidades en cualquier momento, hasta la adjudicación. No obstante lo
anterior, en aquellos procesos de selección en los que se utilice el mecanismo
de subasta, deberán ser solicitados hasta el momento previo a su
realización.” (Negrillas fuera de texto)
Así las cosas, las oferta de MODERLINE S.A.S a la que no tenía el
requisito del aval de un ingeniero civil o arquitecto, no debía ser
rechazada automáticamente; lo que debía haber realizado la Dirección
de Bienestar Social de la Policía Nacional en cumplimiento de la Ley era
concederle a mi representada la oportunidad de subsanar su propuesta,
para luego admitirla y evaluarla.”. (Resaltado de la Sala).
En primera instancia el Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo del Circuito de
Bogotá en sentencia de 29 de noviembre de 2019, luego de analizar las pruebas
obrantes se refirió sobre la relación del requisito del aval de un ingeniero con los
factores técnicos ponderables, de la siguiente manera:
“Revisada la actuación anterior y analizados los argumentos de la demandante
en los que funda el cargo de falsa motivación, no observa el Despacho vicio
alguno en la Resolución 01390 de 20 de agosto de 2015.
Los argumentos esbozados en el libelo se limitaron a sustentar por qué el
requisito del aval de la oferta por parte de ingeniero civil o arquitecto era un
requisito subsanable por cuanto no otorgaba puntaje, de ahí el supuesto yerro
de la entidad al no haberle permitido subsanarlo y no haberle otorgado puntaje.
Pero no se detuvo la demanda en indicar con claridad en qué consistía la falsa
motivación, si en un error de hecho o de derecho; si, en el primer caso, hubo un
desconocimiento de los supuestos fácticos en los que se fundó el acto
administrativo; o, por el contrario, se inaplicaron los supuestos jurídicos que
debía soportar la decisión de adjudicar el proceso de selección a un
proponente diferente.
A raíz de lo anterior, concluye el Despacho que no resultó probada la falsa
motivación en que supuestamente incurrió la entidad demandada al expedir el
acto administrativo de adjudicación, es decir, la Resolución 01390 de 20 de
agosto; de 2015. No se pudo derribar por parte de Moderline S.A.S., la
presunción que legalidad de que goza en virtud del artículo 88 de la Ley 1437.
No se aportaron los elementos suficientes para alcanzar la convicción
necesaria para declarar la nulidad de dicho acto de adjudicación.
Al contrario, observa el Despacho que se ha cumplido a cabalidad con todos
los presupuestos establecidos jurisprudencialmente respecto de la selección
objetiva en el desarrollo del proceso de licitación pública PN DIBIE U 049 2015
adelantado por la Policía Nacional, la expedición de la Resolución 01390 de 20
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de agosto de 2015 y la posterior suscripción por parte de esta entidad del
contrato de obra No. 08-6-16198-2015.
La escogencia del contratista Consorcio Construmantenimiento DIBIE 2015,
estuvo desprovista de consideraciones subjetivas; se encontró dentro del
proceso que esa era la propuesta más favorable atendiendo puntualmente los
factores de selección previamente establecidos y puestos en conocimiento
oportunamente a todos los interesados a través del portal oficial de
contratación del Estado colombiano, el SECOP; igualmente, la ponderación de
dichos factores: precio de la oferta económica y de descuento sobre el AIU, se
hizo de manera precisa, detallada y concreta: 500 a cada factor, para un total
de 1000 puntos; la adjudicación hecha a través de la Resolución 01390 de 20
de agosto de 2015, tal como se desprende de la revisión de todo lo actuado
dentro del proceso y del desarrollo de la audiencia pública de adjudicación
adelantada para el efecto, se hizo luego del examen y comparación objetiva de
las propuestas presentadas. Y puntualmente, el no otorgamiento de puntaje
a la oferta presentada por Moderline S.A.S., se hizo con base en lo
establecido en el pliego de condiciones definitivo a partir del cual se
concluyó que el requisito del aval de la oferta por parte de ingeniero civil
o arquitecto tenía que ver con factores técnicos ponderables y por tanto
no podía subsanarse.” (Resaltado de la Sala).
De igual forma, consta en la transcripción que del recurso de apelación realizó el
juez de segunda instancia, que la sociedad actora insistió en su argumento de
que se trataba de un requisito habilitante no ponderable y, por lo tanto,
subsanable hasta antes de la adjudicación, de la siguiente manera:
“La activa pretende se revoque la sentencia objeto de alzada por error de
hecho, y en su lugar, se estimen las pretensiones de la demanda, y
argumenta en sustento que, no es correcto el criterio del Juzgador de
Primera instancia, respecto a que el aval de la propuesta era un requisito
que asignaba puntaje en la evaluación de las ofertas, y que refuerza en esta
tesis, el hecho que la experiencia de MODERLINE S.A.S estaba acreditada,
siendo la mejor calificada, y advierte que, fue el fundamento del cargo de falsa
motivación contra el acto de adjudicación acusado, que en este orden, incurre
también en error de hecho, al concluir del requisito de abonado de la oferta que,
tenía relación con los factores técnicos y considerar equivocadamente que, no
era subsanable; conjugado además que, el Pliego de Condiciones Definitivo, no
contenía este presupuesto de forma explícita, y por lo tanto, fue una apreciación
subjetiva de la accionada.
Refuta además la activa apelante que, obviando que la propuesta fue presentada
de forma irrevocable e incondicional, y se comprometieron a ejecutar la obra en
los términos y condiciones exigidos por la entidad contratante, la sentencia
objeto de alzada, concluye como acreditadas, sin el debido sustento, dos
causales de rechazo de la propuesta presentada por MODERLINE S.A.S, a
saber, (i) subordinación de la oferta a cualquier condición o modalidad, y (ii) no
presentación de condiciones ponderables exigidas en el pliego de condiciones.
Argumenta también la activa - apelante que, contrastado el artículo 5° de la Ley
1150 de 2007, deviene probado que, la POLICÍA NACIONAL, incurrió
concurrentemente en error de derecho, configurándose la alegada falsa
motivación por fundarse el acto atacado sobre razones fácticas y jurídicas
inexistentes y contrarias a la realidad, dado que el requisito que se adujo
incumplido para rechazar la oferta de MODERLINE S.A.S. no era
ponderable, no siendo su omisión suficiente para excluir su ofrecimiento, y
se subsanó en debida forma antes de la audiencia de adjudicación.
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En sustentación de esta última consideración, activa retoma una pluralidad de
sentencias del Consejo de Estado, en reseña de las que concluye, que la Alta
Corporación ha determinado que, la falta de aval de la propuesta no es un factor
técnico objetivo, sino un requisito formal, que no compromete el componente
sustancial, técnico o esencial de la oferta.
Bajo el mismo tamiz, adujo la Circular No. 13 del 13 de junio de 2014, de la
Agencia Nacional de Contratación Pública, que afirma enuncia sobre los
requisitos subsanables, y comprende el requisito génesis de la presente
controversia”. (Resaltado de la Sala).
En relación con esos argumentos el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección “C”, los resolvió en los siguientes términos:
“6.5. CASO CONCRETO
(…) el requisito de aval de la oferta por un profesional de Ingeniería Civil o
Arquitecto, cuando el representante legal del oferente, no estuviera
acreditado en las referidas profesiones, contenido en la página 75 del
pliego de condiciones definitivo, Anexo No. 1, como requisito habilitante, y
conjugado que, el objeto de la licitación pública PN-DIBIE-Ll-049-2015, fue
la celebración de un contrato de obra; la propuesta de MODERLINE S.A.S.,
no satisfizo el enunciado requisito en oportunidad de su presentación y,
corresponde a requerimiento consagrado en el artículo 20 de la Ley 842 de
2003, que se encontró por la Corte Constitucional, como exigencia razonable en
sentencia C-191 de 2005, y que consigna textualmente: (…)
Por consiguiente, conforme finiquitó la Juez de Primera Instancia, resulta
fundada la valoración de la POLICIA NACIONAL y en consecuencia, desvirtuado
el cargo de falsa motivación formulado por MODERLINE S.A.S contra su
Resolución No. 1390 del 20 de agosto de 2015, por la adjudicó al CONSORCIO
CONSTRUMANTENIMIENTO DIBIE 2015 el objeto de la licitación PN-DIBIE-Ll-
049-2015; como quiera que en términos de la accionada, el referido aval de
la propuesta, asumía como arista de la acreditación de las condiciones
técnicas, con necesaria incidencia en la calificación de los factores
ponderables, y en consecuencia no subsanable.
6.5.2.1.5- En este orden es de puntualizar en desestimación de los
argumentos de la activa - apelante, reiterado que en su tesis, el requisito de
abonado de la propuesta por ingeniero civil o arquitecto, no era
ponderable, ni tenía incidencia en factor calificable y era en consecuencia
subsanable, que si bien en hermenéutica del antes citado artículo 5° de la
Ley 1150 de 2007, que consigna textualmente: (…)
Se ha precisado por el Consejo de Estado, "hay que diferenciar entre lo que
significa cumplir los requisitos habilitantes y probar o acreditar que los mismos se
cumplen: lo que se puede subsanar o sanear es la prueba de las condiciones
habilitantes, pero no el requisito como tal, porque resultaría materialmente
imposible tratar de subsanar algo que no existe", y en principio la tesis de
MODERLINE, asumiría de recibo, es igualmente cierto y asume categórico para
descorrer su fundamento para el 15 de julio de 2015, fecha en la que
MODERLINE S.A.S. presentó su propuesta, no contaba con el aval de ingeniero
civil o arquitecto, y por consiguiente, el abonado que presentó, suscrito por el
Ingeniero Francisco Javier Arrigui Arbeláez, el 12 de agosto siguiente, una hora
antes del inicio de la audiencia de adjudicación, era prueba de un hecho ocurrido
con posterioridad al cierre del proceso licitatorio u oportunidad para presentar
ofertas y no existente para el 15 de julio de 2015, y enfatiza en el hecho antes
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decantado, respecto a que no se enunció ni acredito. sobre la participación que
tuvo el mencionado profesional de la ingeniería en la elaboración de la oferta.
En este orden, la tesis de la activa apelante, desconoce la premisa
normativa del transcrito parágrafo 1) del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007,
y doctrina del Consejo de Estado, y su apartamiento no avizora superado,
por el hecho que el Ingeniero Francisco Javier Arrigui Arbeláez, se hubiera
enlistado en la planta de personal de su propuesta, advertido además, que
el concepto de avalar o abonar, tiene un alcance muy superior, ello es,
hacerse responsable, de la idoneidad técnica de la oferta.
Asimismo y como quiera que la preceptiva del artículo 20 de la Ley 842 de 2003,
encuentra incorporada en el pliego de condiciones de la licitación PN- DIBIE-Ll-
049-2015, aunque no se haya consignado explícitamente en texto del mismo,
evidencia no correcta la estimación de la activa apelante, respecto a que el
abonado de la propuesta por ingeniero civil o arquitecto, no tenía
incidencia en factor ponderable; como quiera que emerge en contrario,
contrastado que el contrato por celebrar implicaba el desarrollo de
actividades catalogadas como ejercicio de ingeniería en la rama civil, o
arquitectura, y por consiguiente, con incidencia en la posibilidad legal de
ponderar en la oferta de MODERLINE S.A.S, el factor de evaluación técnica,
calificable con hasta 500 puntos, por cuanto conforme a la realidad
precontractual existente para el 15 de julio de 2015, cuando cerró el
proceso licitatorio, se había presentado por un ingeniero químico”.
4.3. Es decir, en el caso que originó la controversia, el juez natural del asunto, en
dos instancias, del análisis de la jurisprudencia aplicable y las pruebas obrantes en
el expediente ordinario consideró que, en tanto el contrato por celebrar implicaba
el desarrollo de actividades relacionadas con la ingeniería civil y la arquitectura, el
aval de la propuesta por un ingeniero civil o arquitecto tenía incidencia en los
factores ponderables de la licitación, entre estos, el factor de evaluación técnica,
por lo que su ausencia en la oferta presentada por la sociedad accionante
justificaba su inhabilitación en el proceso, como en efecto ocurrió.
Así las cosas, aun cuando en la solicitud de amparo la accionante afirme que en el
caso se vulneran derechos fundamentales con esas decisiones y que se incurre
en un desconocimiento del precedente judicial, lo cierto es que las
inconformidades que soportan dicho defecto pretenden darle continuidad a una
discusión de naturaleza legal sobre aspectos que ya fueron resueltos
suficientemente en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, por lo que insistir sobre ella en esta sede de naturaleza constitucional y
residual desconoce el requisito de relevancia constitucional necesario para el
estudio de la tutela contra providencias judiciales, en tanto se trata de
determinaciones legales que no involucran la amenaza o vulneración de derechos
fundamentales.
De tal evidencia es la pretensión de darle continuidad al debate propuesto en el
debate ordinario, que la pretensiones de la presente solicitud coinciden con las de
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, por cuanto se solicita
“declarar la nulidad de la Resolución No. 01390 del 20 de agosto de 2.015, por
falsa motivación, decretar la nulidad absoluta del contrato No.086-16198-2015 del
27 de agosto de 2015, y reconocer a MODERLINE S.A.S, la reparación de los
perjuicios materiales soportados por no haber sido escogida su propuesta como la
más favorable, en la licitación en la que participó”.
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Dicha pretensión también se observa en el escrito que la accionante denomina
“descorro el traslado”, allegado al presente trámite con posterioridad a la
contestación de la demanda, en el que se reitera los argumentos relacionados con
el desconocimiento del desarrollo jurisprudencial relacionado con la ausencia de
documentos referentes a la futura contratación no necesarios para la comparación
de las propuestas, y el análisis del aval de un ingeniero en una propuesta, de cara
al artículo 5º de la Ley 1150 de 2007.
La Sala reitera que la acción de tutela no está concebida para hacer estudio de
fondo de decisiones judiciales que sustentan su inconformidad en apreciaciones
subjetivas o interpretaciones propias que, en últimas, solo buscan imponer al juez
natural una determinada interpretación de las normas aplicables al caso concreto,
pues ello desconocería que su estudio se habilita únicamente para hacer juicios de
validez, mas no de corrección.
Para la Sala es claro que entrar de nuevo en la discusión planteada por la
sociedad accionante significaría reproducir el debate sobre la afectación en la
comparación objetiva de las ofertas que supone la ausencia de los documentos
dispuestos por el ordenamiento jurídico para otorgar un aval técnico y
especializado, lo que evidencia claramente la falta de relevancia constitucional que
se declarará en la parte resolutiva de esta providencia.
Ahora bien, de la lectura del salvamento de voto que fue manifestado en la
decisión objetada, la Sala evidencia que lo que realmente hace la sociedad actora
en el presente trámite es hacer propios los argumentos allí planteados,
relacionados con el desconocimiento de jurisprudencia relativa al tema de debate,
lo que no es suficiente para habilitar el estudio de fondo, ni superar el requisito de
relevancia constitucional, por lo que al juez de tutela le está vedado pronunciarse
sobre los mismos, pues con ello transgrediría los principios de autonomía y cosa
juzgada que guían la función judicial.
4.4. Por lo demás, en lo relacionado con el defecto sustantivo alegado, conforme
con el cual en el caso se dejó de aplicar el parágrafo 1º del artículo 5º de la Ley
1882 de 2018, la Sala, en concordancia con lo expresado por la autoridad judicial
accionada en la contestación, encuentra que este no está llamado a prosperar, en
tanto dicha la norma no es aplicable al caso, pues se trata de una norma expedida
con posterioridad a los hechos que no hace referencia a la etapa precontractual
del caso que originó la controversia.
En conclusión, aun cuando en el escrito de tutela la sociedad actora indica que el
asunto tiene relevancia constitucional, lo cierto es que, como se evidenció, su
propósito es darle continuidad a la misma discusión de naturaleza legal que ya fue
resuelta suficientemente en el marco del proceso ordinario, por lo que insistir
sobre esta en sede de tutela desconoce el mencionado requisito de procedibilidad.
Es decir, en el caso se observa que no existe un real cuestionamiento
constitucional en relación con una decisión judicial, sino, simplemente, una
reiteración de los argumentos expuestos en sede ordinaria y una inconformidad
con el sentido de la decisión, por lo que el asunto carece de relevancia
constitucional.
En este punto, resulta pertinente citar un pronunciamiento de la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación de agosto 5 de 2014, en el que se
indicó que:
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“(…) el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal
adicional. En consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive
que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla
improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno
a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera
legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional”13.
De este modo, las discrepancias respecto de las decisiones adoptadas en el caso
no ameritan per se, la revocación por vía de tutela de una providencia judicial,
porque hacerlo llevaría a desconocer los principios de autonomía e independencia
judicial y cosa juzgada.
Como lo ha sostenido la Corte Constitucional, la relevancia constitucional requiere
que el asunto sometido al juez de tutela tenga trascendencia superior y no
solamente legal, contractual o de otra naturaleza, como sería la exclusivamente
económica. Pero en todo caso, corresponde al juez de tutela verificar si “…se
debaten derechos fundamentales, a partir del estudio de elementos que hacen
parte de la dimensión objetiva de los derechos afectados, así como, de las
circunstancias subjetivas de las partes que solicitan la protección constitucional,
de tal manera que se garantice el “efecto de irradiación” de la Carta sobre el
14
ordenamiento jurídico (…)” .
En ese sentido, lo que se evidencia en el caso es el desacuerdo con el hecho de
que, a partir de las normas y la jurisprudencia aplicables, se hubiera decidido
negar las pretensiones de nulidad de la resolución por la que se adjudicó un
contrato estatal en el que la accionante participó, por lo que un estudio de fondo
conllevaría, se reitera, abordar asuntos de naturaleza litigiosa, lo cual desborda el
marco de referencia de la acción de tutela contenido en el artículo 86 de la
Constitución Política.
En conclusión, la acción de tutela fue presentada con desconocimiento del
requisito de relevancia constitucional y, en esa medida, se debe declarar su
improcedencia.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
sociedad Moderline S.A.S, a través de apoderado judicial, contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C” y el Juzgado
Sesenta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá, por las razones
expuestas.
13 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de agosto 5 de 2014. Radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-
01 (IJ). C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14 Sentencia SU-041 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual
revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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