Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11038-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11038-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-11038-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
18 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11038-00
Accionante: Electrificadora del Caribe S.A E.S. P -Electricaribe-
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE
CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / RECHAZO
DE DEMANDA - Vulneración del derecho al debido proceso / CONFIGURACIÓN
DEL DEFECTO FÁCTICO – No se valoraron de manera integral las pruebas
documentales allegadas.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia
dentro de la acción de tutela formulada por la Electrificadora del Caribe S.A E.S.P.
-Electricaribe- contra el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de
Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección C.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 30 de noviembre 2021, la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P -
Electricaribe-, a través de apoderada judicial, interpuso demanda de tutela contra
el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla y el Tribunal
Administrativo del Atlántico – Sección C, con el fin de que se le protejan sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, al
proferir los autos de 13 de noviembre de 2020 y 8 de junio de 2021,
respectivamente, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
(rad. 08001-33-33-014-2020-00011-01) que promovió contra la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
2.- Según se ilustra en la demanda, la pretensión en ella contenida se contrae a
lo siguiente:
1
Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y
2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho,
referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11038-00
Accionante: Electrificadora del Caribe S.A E.S. P -Electricaribe-
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
<<1. Que se tutelen los Derechos Fundamentales al Debido proceso, Defensa y Acceso
a la Administración de Justicia, en cabeza de ELECTRICARIBE S.A E.S.P EN
LIQUIDACIÓN, vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO
SALA DE DECISIÓN C MP CESAR AUGUSTO TORRES ORMAZA, al confirmar la
providencia dictada por el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla,
mediante auto fechado 13 de noviembre de 2020, a través de la cual rechazó la
demanda presentada por ELECTRICARIBE S.A. E.S.P en contra de la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.
2. Que se tutelen los Derechos Fundamentales al Debido proceso, Defensa y Acceso
a la Administración de Justicia, en cabeza de ELECTRICARIBE S.A E.S. P, vulnerados
por el JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DE BARRANQUILLA mediante auto
fechado 13 de noviembre de 2020, a través de la cual rechazó la demanda presentada
por ELECTRICARIBE S.A. E.S.P en contra de la SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.
3. Como consecuencia de la protección de los derechos constitucionales
fundamentales, solicito se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO
SALA DE DECISIÓN C MP CESAR AUGUSTO TORRES ORMAZA revoque lo
decidido en la providencia del 8 de junio de 2021 y al JUZGADO CATORCE
ADMINISTRATIVO DE BARRANQUILLA revoque lo decidido en la providencia del 13
de noviembre de 2020>>2.
3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada
con base en el artículo 86 Superior, el actor expuso que3:
3.1.- La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante
Resolución SSPD 20188000102005 de 3 de agosto de 2018, sancionó a
Electricaribe S.A. E.S.P. por la acumulación de 34 investigaciones por silencio
administrativo positivo y le impuso una multa por $247.959.630 con base en el
artículo 81 de la ley 142 de 1994, modificado por el artículo 208 de la Ley 1753
de 2015.
3.2.- La empresa Electricaribe S.A. E.S.P. presentó recurso de reposición contra
la anterior resolución, el cual fue resuelto por la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, a través de la Resolución SSPD 20198000028785 de 15
de agosto de 2019, en el sentido de modificar la sanción impuesta a $39.062.100,
equivalente a 7 casos en los que la entidad sancionada incurrió en silencio
administrativo positivo.
3.3.- Inconforme con lo anterior, Electricaribe S.A. E.S.P. en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con el fin de que se
declarara la nulidad de las anteriores resoluciones y, a modo de restablecimiento,
se indicara que la entidad no está obligada a pagar la multa impuesta.
3.4.- El asunto le correspondió, en primera instancia, al Juzgado Catorce
Administrativo del Circuito de Barranquilla, autoridad judicial que, mediante auto
2
Expediente digital, folio 12 del escrito de demanda.
3
Expediente digital, folios 1 a 4 del escrito de demanda.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11038-00
Accionante: Electrificadora del Caribe S.A E.S. P -Electricaribe-
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
de 17 de julio de 2020 inadmitió la demanda, por estimar que carecía de: i) los
requisitos de procedibilidad del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, al haber
realizado una indebida acumulación objetiva de pretensiones, sin el cumplimiento
de lo previsto en el artículo 165 ibidem, ii) presentación de la constancia de
conciliación extrajudicial y, iii) las constancias de notificación, publicación y/o
comunicación de los actos administrativos enjuiciados; concediéndole a la parte
demandante el término de 10 días para corregir tales falencias, so pena de
rechazo.
3.5.-En desacuerdo con esto, la parte demandante interpuso recurso de
reposición, al considerar improcedente la carga procesal impuesta por el
Juzgado, pues no existe una acumulación de pretensiones, toda vez que se
pretende la nulidad de un solo acto administrativo. No obstante, el Juzgado
Catorce Administrativo del Circuito Barranquilla, a través de auto de 21 de
septiembre de 2020, resolvió no reponer su decisión.
3.6.- Posteriormente, por auto de 13 de noviembre de 2020, el Juzgado Catorce
Administrativo del Circuito Barranquilla rechazó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho presentada por Electricaribe S.A E.S.P., al
considerar que la demanda no había sido subsanada.
3.7.- En virtud de lo anterior, Electricaribe S.A. E.S.P. presentó solicitud de
ilegalidad y recurso de apelación contra el auto que rechazó la demanda, al
considerar que dicha providencia impone una carga al demandante imposible de
cumplir y que afecta derechos fundamentales como el debido proceso, defensa
y acceso a la administración de justicia.
3.8.- Seguidamente, el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Barranquilla
negó la solicitud de declarar la ilegalidad del auto de 13 de noviembre de 2020 y
concedió el recurso de apelación.
3.9.- El Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección C, mediante auto de 8 de
junio de 20214, confirmó la decisión del A quo, al considerar que, al margen de la
discusión sobre la acumulación de pretensiones, se debía subsanar la demanda
en el sentido de aportar las constancias de haber agotado la conciliación
extraprocesal y de la notificación, publicación y/o comunicación de los actos
administrativos enjuiciados. Agregó que el actor en el escrito de subsanación solo
se pronunció acerca de uno de los motivos de inadmisión, omitiendo cumplir con
los otros dos requerimientos, dentro de la oportunidad legalmente establecida.
4.- Como fundamento de derecho de las pretensiones5, el tutelante indica que las
autoridades accionadas incurrieron en un defecto fáctico, toda vez que omitieron
y desconocieron por completo las pruebas que reposaban en el expediente, las
cuales fueron radicadas en conjunto con la presentación de la demanda y
4
Notificado por aviso el 10 de junio de 2021.
5
Folios 9 a 12 del escrito de tutela.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11038-00
Accionante: Electrificadora del Caribe S.A E.S. P -Electricaribe-
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
reposaban desde un principio dentro del expediente judicial y sobre las cuales
tuvieron acceso en todo momento las autoridades accionadas.
4.1.- Aduce que el Juez Catorce Administrativo de Barranquilla, al momento de
la inadmisión y rechazo de la demanda, señaló que no se había aportado la
constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad, así como el acta de
notificación del acto administrativo Resolución SSPD 20198000028785 de 15 de
agosto de 2019. Sin embargo, dichos documentos sí se encontraban adjuntos
con la demanda y estaban visibles a folios 124-125 (foliatura original); además,
que el juez de segunda instancia confirmó la decisión del A quo omitiendo
también la debida valoración probatoria.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
5.- El despacho sustanciador, por auto de 9 de diciembre de 2021, dispuso admitir
la acción de tutela y notificar a las autoridades demandadas, al tiempo que vinculó
a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios como tercero
interesado en las resultas del proceso, “para que se pronunciaran en relación con
los hechos contenidos en la solicitud de amparo y ejercieran los derechos de
contradicción y defensa”6.
5.1. Igualmente, ofició al Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de
Barranquilla para que remitiera, en calidad de préstamo, el expediente del
proceso contencioso administrativo de nulidad y restablecimiento del derecho,
identificado con el radicado número 08001-33-33-014-2020-00011-00.
(i) Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla7
6.- Relató todos los antecedentes del proceso ordinario; para después indicar
que, en el caso concreto, no existe ninguna vulneración de derechos
fundamentales, pues Electricaribe tuvo la oportunidad procesal para controvertir
las decisiones que se adoptaron.
6.1. Manifiesta que el asunto carece de subsidiariedad e inmediatez, pues si bien
Electricaribe interpuso recurso de apelación contra el auto que rechazó la
demanda, en aquel no manifestó inconformidad alguna respecto al cumplimiento
del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial y a las constancias
de notificación, publicación y/o comunicación de los actos administrativos
enjuiciados, temas que el accionante no puede en sede de tutela trasladar para
revivir oportunidades y cuestionar lo que no logró controvertir en su debida
oportunidad procesal. Además, no ejerció el mecanismo constitucional dentro de
un plazo razonable, en cuanto “la tesis del accionante no ha variado en el
presente asunto, ha sido sostenida en el tiempo y no han agregado elementos
que permitan inferir un grado mayor de complejidad que sustenten y convaliden
6
Expediente digital, Folio 1 del mencionado proveído, notificado el 16 de diciembre de 2021.
7
Expediente digital, intervención contenida en 7 folios, enviada el 12 de enero de 2021.
4
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Accionante: Electrificadora del Caribe S.A E.S. P -Electricaribe-
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
esa dilación de un semestre para acudir al Juez de Tutela”.
(ii) Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios8
7.- Solicitó su desvinculación del presente asunto, toda vez que carece de
legitimación en la causa por pasiva, por cuanto los derechos que la parte actora
alega como vulnerados no fueron transgredidos por dicha autoridad y, a su vez,
las decisiones que tomen los jueces escapan de la esfera de competencia de
dicha superintendencia, por lo que no tiene ninguna injerencia alguna en el
asunto cuestionado.
(iii) Remisión del expediente digital del proceso contencioso administrativo
de nulidad y restablecimiento del derecho.
8.- El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla se sirvió allegar
al presente trámite el expediente digital radicado con el número 08001-33-33-
014-2020-00011-00, contentivo del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que adelantó Electricaribe S.A E.S.P. contra la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios.
II. CONSIDERACIONES
C. Cuestión Previa
9.- La Sala accederá a la solicitud de desvinculación que hace la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, al considerar que, en
efecto, dicha entidad carece de legitimación en la causa por pasiva, pues fue el
Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección C quien profirió la providencia
acusada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho (rad.
08001-33-33-014-2020-00011-01), por consiguiente, no le es dable responder
por las pretensiones elevadas en la presente acción de tutela.
D. Análisis del caso concreto
10.- En los términos precedentes, esta Sala se ocupará de verificar si los hechos
que se alegan en la presente causa cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales. Solo en el evento de
acreditarse, pasará a abordar el estudio de los demás criterios con el propósito
de establecer si el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección C incurrió en
los yerros o vicios alegados por la parte actora y si se justifica la adopción de
medidas de protección de los derechos fundamentales invocados.
E. Estudio sobre el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
8
Expediente digital, intervención contenida en 9 folios, enviada el 11 de enero de 2021.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11038-00
Accionante: Electrificadora del Caribe S.A E.S. P -Electricaribe-
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
11.- Sobre el análisis específico de la relevancia constitucional del asunto, es de
precisar que la Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que para
determinar si una acción de tutela satisface dicho requisito es necesario entrar a
examinar dos elementos, a saber9:
• Que el actor cumpla su carga argumentativa de motivar la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales, escenario en el
que no basta enunciar los derechos presuntamente vulnerados, sino que tal
vulneración ha de estar justificada, esto es, desde la carga argumentativa, debe
expresar con suficiencia las razones y motivos de índole constitucional que
revelan un juicio de desvalor frente a los derechos fundamentales de quien
promueve la acción de tutela, de cara a la definición que ha adoptado el juez,
encargado por mandato constitucional de definir el derecho, bajo la sacramental
fórmula de administrar justicia por mandato de la Constitución y la ley. En este
caso, tal ejercicio debe permitir una acción valorativa de la justeza de la decisión,
asunto que se superpone aún a la justicia que envuelve el mandato de ley en que
se basa la sentencia.
• Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, en la medida en
que este mecanismo constitucional fue instituido para proteger derechos
fundamentales y no para discutir toda discrepancia que el actor tenga frente a
una decisión judicial, aspecto que se vincula en perfecta armonía con el anterior
elemento, en tanto la acción de tutela no se presenta como garantía para la
confrontación entre la decisión del juez y la opinión, criterio, dicho y aún raciocinio
de quien con la determinación contenida en la sentencia no se ve favorecido,
pues sin lugar a dudas de lo que se trata es de verificar la justeza constitucional
de la decisión judicial.
12.- En la línea de las consideraciones plasmadas, encuentra la Sala que, en el
presente asunto, pueden tenerse como cumplidos los requisitos generales de
procedencia establecidos por la jurisprudencia constitucional.
12.1.- Que la cuestión sometida a estudio por parte del juez de tutela resulte
de evidente relevancia constitucional. Previa constatación de la suficiencia
argumentativa ofrecida en la demanda por haberse identificado con un riguroso
nivel de detalle los motivos de la violación que se le atribuye al pronunciamiento
judicial objeto de reproche, esta Sala considera que la cuestión que se debate en
la presente oportunidad trasciende el ámbito de la mera legalidad y posee
indiscutible relevancia constitucional, en la medida en que se persigue la efectiva
protección de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia en relación con una presunta actuación arbitraria del
Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección C, que ha adquirido firmeza y que
9
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-11038-00
Accionante: Electrificadora del Caribe S.A E.S. P -Electricaribe-
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
supone la eventual configuración del defecto fáctico, al desconocer unas pruebas
que obraran en el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho y que
fundado en su “ausencia” se rechazó la demanda.
12.2.- Que se hayan agotado todos los recursos judiciales -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se advierta la ocurrencia de un perjuicio de carácter irremediable.
Frente a esta particular exigencia, es claro que dentro del proceso contencioso
administrativo de nulidad y restablecimiento del derecho se agotaron todos los
medios ordinarios y extraordinarios de defensa que el actor tenía a su disposición
para procurar la salvaguarda de los derechos fundamentales que considera
transgredidos, pues contra el auto proferido por el Juzgado Catorce
Administrativo del Circuito de Barranquilla interpuso recurso de apelación.
12.3.- Que la solicitud de amparo tutelar cumpla con el requisito de
inmediatez. En esta oportunidad, la Sala encuentra que el recurso de amparo
constitucional fue promovido dentro de un término razonable y proporcional al de
la ocurrencia del hecho que presuntamente originó la vulneración, pues este se
formuló con un promedio de 5 meses de diferencia luego de haberse surtido la
notificación del auto de segunda instancia proferido por el Tribunal Administrativo
del Atlántico – Sección C. Esto último, en vista de que la acción de tutela se radicó
por vía de correo electrónico el 30 de noviembre de 2021, y la decisión judicial
censurada se dictó el 8 de junio de 2021 y se notificó a las partes el 10 de junio
de esa anualidad.
12.4.- Que, en caso de tratarse de una irregularidad procesal, esta tenga
incidencia directa en la decisión que resulta lesiva de las prerrogativas
iusfundamentales. Sin duda alguna, este presupuesto no es exigible en el
presente asunto, dado que los alegatos contenidos en el escrito demandatorio
son de índole sustantivo y, por ende, no están enderezados a poner de manifiesto
ningún tipo de irregularidad desde el punto de vista procesal.
12.5.- Que quien pretende el amparo identifique, de forma razonable, tanto
los hechos que generan la violación como los derechos que resultan
infringidos y que ello haya sido alegado en el proceso judicial, siempre que
esto fuese posible. Para el caso concreto, se tiene que el accionante, obrando
por conducto de apoderado judicial, identificó en su respectivo escrito de
demanda las razones puntuales por las que estima vulneradas garantías de
orden superior a raíz de la decisión adoptada en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo del Atlántico – Sección C. Así las cosas, puede afirmarse que logró
identificar con claridad los hechos que generaron la violación planteada por vía
de tutela y los derechos que resultaron transgredidos, así como la incidencia del
defecto adjetivo en la decisión judicial que reprocha, sin que ello haya sido posible
invocarlo en el curso del trámite ordinario.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11038-00
Accionante: Electrificadora del Caribe S.A E.S. P -Electricaribe-
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
12.6.- Que el fallo impugnado no se trate de una acción de tutela. Por último,
debe puntualizarse que, de los hechos expuestos en la demanda, no se trata de
una solicitud de amparo promovida contra una sentencia de tutela.
F. Verificación de la existencia de la causal específica de procedibilidad
atribuida en la acción de tutela contra la providencia judicial acusada en el
caso concreto.
13.- Al acreditarse, entonces, el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales le corresponde
a la Sala estudiar la causal específica de procedibilidad que fue alegada por el
actor.
13.1.- En el caso bajo estudio, la parte actora sostiene que el Tribunal
Administrativo del Atlántico, con la decisión de 8 de junio de 2021, a través de la
cual confirmó la providencia del Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de
Barranquilla, en el sentido de rechazar la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho presentada por Electricaribe S.A E.S.P., al considerar que la misma
no había sido subsanada, vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso
y acceso a la administración de justicia, toda vez que incurrió en un defecto
fáctico, en cuanto no valoró las pruebas que reposaban en el expediente,
específicamente, la constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad y
el acta de notificación del acto administrativo acusado, documentos que sí fueron
aportados con la demanda y son visibles a folios 124-125 (foliatura original).
13.2.- En este punto, debe traerse a colación que la causal de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales por la configuración de un
defecto fáctico surge cuando la autoridad judicial carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación objetiva y racional del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión. En definitiva, esta es la premisa tras la cual subyace el fundamento
justificante de la intervención del juez de tutela por deficiencias probatorias en el
proceso, a pesar de las amplias facultades con que cuenta el juez ordinario en la
materia10.
13.3.- De ahí que en la jurisprudencia constitucional se haya explicado que las
deficiencias probatorias pueden generarse con motivo de: (i) una omisión judicial,
como puede ser la falta de práctica y decreto de pruebas conducentes al caso
debatido, presentándose una insuficiencia probatoria; (ii) o por vía de una acción
positiva, como puede ser la errada interpretación de las pruebas allegadas al
proceso, o la valoración de pruebas que son nulas de pleno derecho o que son
totalmente inconducentes al caso concreto, presentándose, en el primer evento,
un defecto por interpretación errónea, y en el segundo, un defecto por ineptitud e
ilegalidad de la prueba. Pero también una deficiencia de tipo probatorio
sobreviene como consecuencia de (iii) una actuación negativa consistente en
10
Cfr. Sentencias T-055 de 1997, T-008 de 1998 y T-809 de 2014 de la Corte Constitucional.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11038-00
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
omitir o ignorar en su integridad el material probatorio, principalmente aquellos
elementos de juicio determinantes para tomar una decisión.
13.4.- En todo caso, en cualquiera de las anotadas circunstancias, para que la
acción de tutela pueda proceder por un error fáctico, la deficiencia en el juicio
valorativo de la prueba debe ser de tal entidad “que sea ostensible flagrante y
manifiesto”, y que “el mismo tenga una incidencia directa en la decisión”, pues el
juez de tutela “no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto”11.
13.5.- Valoradas las circunstancias fácticas que dieron lugar a que se formulara
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, las pruebas
aportadas al proceso y el contenido en sí mismo considerado de la providencia
dictada en segunda instancia, encuentra esta Sala que el Tribunal Administrativo
del Atlántico efectivamente incurrió en el defecto específico que acaba de
caracterizarse.
13.6.- Ciertamente, de la lectura del auto objeto de censura puede extraerse que
allí se concluyó que era procedente rechazar la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho presentada por Electricaribe S.A E.S.P., toda vez
que, al margen de la discusión sobre la acumulación de pretensiones, se debía
subsanar la demanda en el sentido de aportar las constancias de haber agotado
la conciliación extraprocesal y de la notificación, publicación y/o comunicación de
los actos administrativos enjuiciados. Sin embargo, el actor solo se pronunció
acerca de uno de los motivos de inadmisión, omitiendo cumplir con los otros dos
requerimientos, dentro de la oportunidad legalmente establecida.
13.7.- A tal inferencia se arribó luego de simplemente indicar que:
<<Ahora bien, las razones expuestas por el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito
de Barranquilla para inadmitir la demanda y buscar el saneamiento del proceso, fueron
la indebida acumulación objetiva; la falta de presentación de la constancia de
conciliación extrajudicial entre las partes y, la omisión de aportar las constancias de
notificación, publicación y/o comunicación de los actos administrativos enjuiciados. Por
tanto, al margen de la discusión sobre la acumulación de pretensiones, debía
subsanarse la demanda en el sentido de aportar la constancia de haberse intentado la
conciliación extraprocesal, así mismo, aportar las constancias de notificación,
publicación y/o comunicación de los actos administrativos enjuiciados…
Bajo esta perspectiva, la Sala advierte que estando en trámite de ejecutoria del auto
de fecha 17 de julio de 2020 proferido por el Juzgado Catorce Administrativo del
Circuito de Barranquilla, en el que inadmitió la demanda, el actor debía subsanar la
demanda en los puntos anotados, y en caso de existir en uno de ellos una problemática
que resultare imposible para el actor cumplir, debía, sin embargo, subsanar los otros
anotados por el juez Ad-quo>>.
11
Cfr. Sentencia T-590 de 2009 de la Corte Constitucional.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11038-00
Accionante: Electrificadora del Caribe S.A E.S. P -Electricaribe-
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
13.8.- Así las cosas, para el Tribunal resultó acreditado que Electricaribe S.A.
E.S.P. no subsanó su demanda, pues, a su juicio, “el actor debía subsanar la
demanda en los puntos anotados, y en caso de existir en uno de ellos una
problemática que resultare imposible para el actor cumplir, debía, sin embargo,
subsanar los otros anotados por el juez Ad-quo”. En tal virtud, procedió a
confirmar el auto de primera instancia proferido por el Juzgado Catorce
Administrativo del Circuito Barranquilla, en el sentido de rechazar la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, sin hacer un pronunciamiento sobre la
indebida acumulación objetiva.
13.9.- Pues bien, esta Sala considera que el Tribunal Administrativo del Atlántico
pretermitió el escrutinio de las constancias de haber agotado la conciliación
extraprocesal y de la notificación, publicación y/o comunicación de los actos
administrativos enjuiciados, las cuales como bien lo señaló la parte actora, se
encontraban visibles a folios 124-125 (foliatura original); pues a pesar que se
hallaban desde el inicio en la demanda ordinaria de nulidad y restablecimiento
del derecho, la autoridad judicial accionada no hizo una revisión completa y
juiciosa del proceso puesto a su consideración, para notar a primera vista que las
pruebas que el A quo “echó de menos” siempre estuvieron en el expediente. Lo
anterior, por cuanto el demandante no formuló ningún reparo al respecto en el
recurso de apelación, sin que para la Sala esto sea un obstáculo para reconocer
la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal12.
14.- Verificada entonces la citada omisión, que se proyecta sobre los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia del
actor, al incurrir, como ya tuvo la oportunidad de indicarse, en un defecto fáctico
por no haberse valorado de forma integral la documentación obrante en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la Sala amparará los
derechos fundamentales invocados por Electricaribe S.A E.S.P., de suerte que
se dejará sin efectos el auto de 8 de junio de 2021, proferido por el Tribunal
Administrativo del Atlántico – Sección C, para que, en el término de treinta (30)
días contados a partir de la notificación de la presente providencia, se sirva
proferir una nueva decisión en la que valore la totalidad de las pruebas
documentales allegadas al proceso contencioso administrativo de nulidad y
restablecimiento del derecho, radicado con el número 08-001-33-33-014-2020-
00011-01, en particular, las constancias de haber agotado la conciliación
extraprocesal y de la notificación, publicación y/o comunicación de los actos
administrativos enjuiciados.
15.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
12
El principal objetivo del Estado Social de Derecho es garantizar la eficacia de los derechos. Por
consiguiente, no se puede dar prevalencia a los procedimientos, ni a los instrumentos procesales,
sobre el derecho sustancial12. Corte Constitucional, Sentencia T- 421 de 2017.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11038-00
Accionante: Electrificadora del Caribe S.A E.S. P -Electricaribe-
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
III.- FALLA
PRIMERO. - DESVINCULAR a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios del trámite de tutela, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva
de la presente sentencia.
SEGUNDO. - AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia invocados por Electricaribe S.A E.S.P. por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO. - DEJAR SIN EFECTOS el auto de 8 de junio de 2021 proferido por
el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección C para que, en el término de
treinta (30) días contados a partir de la notificación de la presente providencia,
PROFIERA una nueva decisión en la que valore la totalidad de las pruebas
documentales allegadas al proceso contencioso administrativo de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado con el número 08-001-33-33-014-2020-
00011-01.
CUARTO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
QUINTO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE13
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
13
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
11
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